El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se comprometió a que este año el gobierno federal va a reparar el daño al equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, tras el ataque la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
El funcionario se reunió con las víctimas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), y al final del encuentro indicó que los padres de los futbolistas sobrevivientes de la agresión pidieron ser informados del curso de las investigaciones del atentado que ocurrió la misma noche de los ataques a alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa por sicarios y policías municipales.
Esa noche fueron asesinadas seis personas: tres normalistas, el chofer del camión de Los Avispones y un adolescente de ese equipo de tercera división, así como una mujer que pasó por el lugar en un taxi. También hubo una veintena de heridos y 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos por agentes que siguen desaparecidos.
En entrevista anunció que habrá penas más severas en desapariciones forzadas que en homicidios, porque en los últimos años “delincuentes y algunas corporaciones de seguridad consideraron que les convenía más matar y desaparecer que sólo matar”.
Adelantó que en Washintong tuvieron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para el seguimiento de las desapariciones forzadas en el país, cuando se mencionó que una organización civil de derechos humanos internacional informó que a Guerrero se le conoce en Europa con el mote de fosalandia, debido a los cientos de entierros clandestinos que se han descubierto desde los crímenes de Iguala.
En entrevista colectiva informó que en el encuentro presentaron una relación de 31 víctimas del camión de Los Avispones, algunas mortales, algunas heridas y que estuvieron en los hechos (sobrevivientes).
Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dan seguimiento a la investigación, se dio la orden de evitar la salida de todos los camiones de Iguala, y a este autobús lo atacaron a balazos desde ambos lados de la carretera, en movimiento.
Campa Cifrián añadió que se programaron reuniones de trabajo de aquí a fin de año para atender todas las obligaciones del Estado, entre otras, con los subprocuradores para que les den cuenta de la investigación, porque los padres cuestionaron el trato diferenciado que han tenido respecto de las víctimas de Ayotzinapa.
De la reparación del daño precisó que van a comenzar con las víctimas mortales, y el compromiso es que sus familiares serán atendidos antes de que termine el año. El adolescente de 15 años muerto en el tiroteo fue David García Evangelista.
Aclaró que las indemnizaciones serán de acuerdo a los parámetros de ley y los estándares internacionales, entre las acciones de reparación se encuentra un acercamiento con la federación de fútbol para los jóvenes cuyo proyecto de vida es ese deporte.
Confirmó que el caso de los Avispones se llevó con el caso de Ayotzinapa a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y la investigación está en marcha.
Campa Cifrián dijo que el viernes se reunió con el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el procurador.
De la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que responsabilizó a los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez de la violencia en el estado porque no formaron nuevas policías, añadió que ha sido dificil la coordinación en el caso de Guerrero.
No obstante destacó la nueva coordinación con el estado y los municipios, y que el gobernador Héctor Astudillo Flores estuvo al comienzo del encuentro con los familiares del equipo de Los Avispones.
En cuanto a la versión de que Guerrero es conocido como Fosalandia en Europa, Campa reconoció focos rojos en términos de desaparecidos, que presumiblemente están en las fosas clandestinas.
Declaró que “en algún momento los delincuentes y en algunos casos corporaciones de seguridad no sólo se coludieron, consideraron que les convenía, más que matar, desaparecer personas y desde entonces hemos tenido en los últimos años un problema grave de desapariciones”.
Se le recordó que las desapariciones forzadas en Guerrero vienen desde la guerra sucia de la década de 1970, y respondió que se está trabajando desde la experiencia internacional en una nueva ley.
La política pública de este gobierno es que el castigo por desaparición forzada debe ser mucho peor incluso que al castigo del homicida, porque hace un enorme daño a la sociedad.
Explicó que las desapariciones forzadas son el único caso donde la certidumbre de la muerte representa una parte de la solución de un problema, “siendo terrible la muerte de un familiar, estar seguro de que el desaparecido murió es un consuelo, pues estamos trabajando para hacer todas las modificaciones a la ley, de manera tal que para el infractor sea más gravoso una desaparición que un homicidio”.
Dijo que se tuvo una reunión bilateral con Estados Unidos, donde estuvo el responsable de la integración del registro de desaparecidos en Estados Unidos, que trabaja en el área de investigación (El FBI), donde se convino apoyo técnico para tener un registro confiable de desaparecidos.
Agregó que en EU se han registrado a la fecha unas 86 mil personas desaparecidas (no del tipo forzado como en México, que se establece cuando hay intervención de funcionarios públicos), de esa cifra, en los últimos años ubicaron a 44 mil.
De la llamada telefónica de un normalista donde mencionan que un grupo de narcotraficantes que opera en Tixtla quiso entrar a la Normal Rural de Ayotzinapa por estudiantes, dijo que la obligación del Ministerio Público es investigar todos los elementos que “legalmente se obtengan” para llegar a la verdad y que se haga justicia.
Al insistir si el espionaje telefónico a un dirigente estudiantil no representa una violación a sus derechos humanos, respondió que los estudiantes ni los representantes lo han planteado a los funcionarios de gobierno.
Aseguró que todas las medidas que dictó la CIDH para los padres y los estudiantes se están atendiendo, y quien se encarga de investigar sobre todo este tema son los expertos.
Detalló que el trabajo de los expertos incluye la investigación, las tareas de búsqueda donde convinieron allegar todos los medios tecnológicos para fortalecer la localización, incluso con fosas y con restos, así como la atención a las víctimas.

Aguirre y Ortega tuvieron “otras prioridades” en vez de combatir a la delincuencia, afirma

El subsecretario Campa Cifrián, señaló que en varias regiones de Guerrero hay focos rojos por la violencia y las desapariciones forzadas.
Aseguró, como acusó el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, que Ángel Aguirre y después Rogelio Ortega como gobernadores tuvieron otras “prioridades locales” en vez de establecer líneas de acción para combatir a la delincuencia.
Insistió en que en los últimos años el gobierno federal tuvo dificultades para establecer una coordinación con el gobierno de Guerrero en tareas de seguridad pública.
Al hablar sobre el caso del municipio de Chilapa, en donde este martes en la noche fueron asesinadas seis personas, cinco de ellas, familiares del ex director de la Policía Municipal, Silvestre Carreto, mencionó que en las investigaciones de la PGR a raíz de las denuncias de las desapariciones forzadas que se dieron en mayo pasado tras la incursión de 300 hombres armados que se identificaron como policías comunitarios, hay información relacionada con el desempeño del ex jefe policiaco.
“En la investigación que se realiza del caso Chilapa se investiga una vinculación del funcionario del Ayuntamiento”, señaló Campa.
Familiares de los desaparecidos acusan al ex director de la Policía Municipal de estar vinculado con un grupo de la delincuencia.