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Con un bloqueo frente a la Codehum becarios de la STPS exigen sus pagos

Becarios del programa Bécate, de la Secretaría del Trabajo del estado, acompañados de integrantes de la organización Trabajando con Honestidad Por El Ciudadano Que Menos Tiene AC (Tocmet) de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, bloquearon unas tres horas la avenida Benito Juárez en el Centro de Chilpancingo, para exigir el pago del beneficio que se les adeuda desde abril a 25 trabajadores.
Desde las 9 de la mañana, unos 20 manifestantes se instalaron en la avenida Benito Juárez, esquina con la calle Galo Soberón y Parra, frente a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para bloquear de manera total el paso vehicular; además, portaban pancartas en las que se leía, “Exigimos que presenten a las personas responsables del conflicto que han maquilado esta mentira para favorecer sus intereses personales como la señor Nancy Vega López y el señor Guerrero de Contraloría y los cómplices de este complot”.
El becario Felipe Sámano Solís declaró que los 25 beneficiaros del programa Bécate acudieron a un curso durante marzo que duró ocho horas diarias, para capacitarse como supervisores de distintas empresas, por lo que recibirían una compensación de 2 mil pesos para cada uno, lo que suma un total de 50 mil pesos.
Dijo que el pago de beca debió hacerse la primera semana de abril, pero las autoridades les informaron a los becarios que la dependencia atravesaba por una auditoría, por lo que no podrían hacer el pago según lo acordado.
Señaló que los becarios son desempleados y que se les prometió que trabajar en las empresas en las que tomaron su capacitación, pero no recibieron ni el apoyo ni el empleo que esperaban.
A las 11 de la mañana, llegó el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, quien dialogó con los manifestantes para convencerlos de que el bloqueo fuera intermitente y no total, de manera que se restableciera la circulación en la avenida que es una de las principales en la capital.
Tras el diálogo, una comisión de los manifestantes se reunió con Navarrete Magdaleno, quien estableció una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría del Trabajo, Oscar Rangel Miravete, quien se comprometió a pagarles los siguientes días.
Tras el acuerdo, la circulación en la avenida Benito Juárez se restableció de manera normal y los manifestantes se retiraron después del mediodía.

Pidió la SEG una prórroga para atender las necesidades educativas en El Coyul: Codehum

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, expuso que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) pidió una prórroga para atender el envío de maestros al preescolar 30 de Abril y primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano en El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, y dijo que está en tiempo para atender la demanda.
Autoridades de la comunidad na’savi, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunciaron que la SEG no ha cumplido la recomendación de la Codehum para garantizar el derecho a la educación.
Al respecto, en consulta telefónica el ombudsman dijo que la SEG está en tiempo, que solicitó una prórroga por el periodo vacacional de Semana Santa que pasó, aunque dijo que no tenía a la mano la fecha exacta de vencimiento, pero refirió que está por vencerse. “Hemos tenido comunicación muy fluida con la Secretaría de Educación, esperemos que sí la atiendan (la recomendación) y si no, en la hipótesis contraria tenemos que hacer lo necesario porque se cumpla, y bueno no quisiera irme a la hipótesis del Congreso, (éste) tiene la facultad de previa notificación, muestra de distarlo a comparecer, pero estamos en tiempo y estamos esperando. Y yo tengo la confianza en que no se le niegue el derecho a los niños”, detalló Navarrete Magdaleno.

Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.

En la Montaña los hombres se resisten al diálogo sobre los derechos de las mujeres: Codehum

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno manifestó que aún es un problema acceder a la Montaña y auxiliar en materia de derechos humanos, que los hombres se resisten a dialogar cuando saben que les hablarán de los derechos de las mujeres.
Detalló que Acapulco es el municipio donde hay más violaciones a los derechos humanos de las mujeres, debido a la cantidad de habitantes.
Consultado en las instalaciones del organismo en el Día Internacional de la Mujer, el presidente aseguró que la Codehum trabaja de forma permanente para que ya no haya violencia en el hogar.
“Lugares como la Montaña, lugares alejados de la zona Centro del estado, estamos trabajando para difundir todos los derechos de las mujeres para que estén en la posibilidad de cuando se les sean vulnerados sus derechos puedan exigirlos”, indicó.
El martes la investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosa Icela Ojeda Rivero señaló que Guerrero tiene 20 años de estar entre el tercer y cuarto lugar de violencia contra la mujer, y el resto del país “nos ve como una sociedad donde hay muchísima violencia, donde se expresa la violencia contra las mujeres, donde hay muchos feminicidios”.
–¿En qué región se presentan más violaciones a los derechos humanos de las mujeres?
–Nosotros focalizamos Acapulco, porque es la población mayor que tenemos, es la población que tenemos más gente junta, o sea, es una población urbana que tiene que vigilarse los derechos humanos de ellas en libertad, y además los más de 2 mil internos que tenemos en la cárcel de Acapulco, entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa afuera pero también lo que pasa con las mujeres adentro (de la cárcel).
De acuerdo a los datos publicados en el  Informe de homicidios dolosos de mujeres del estado de Guerrero 2005-2015, del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hannah Arendt (Ovicom), Acapulco concentró el 39.4 por ciento del total que son mil 449 asesinato dolosos de mujeres.
“Tiene características muy especiales, nosotros estamos trabajando para que desaparezca la mentalidad de que el hombre es el que tiene todos los derechos y la mujer es la que tiene que estar en el hogar, (que) tiene que estar abnegada”, dijo de la situación en la Montaña.
Navarrete Magdaleno agregó que desde que se creó la delegación de la Codehum en 1986, en la Montaña tienen un programa que trabaja permanentemente en esa zona en todas las lenguas para que la mujer conozca sus derechos.

Llaman organizaciones de la Montaña a diputados y al gobernador a trabajar su iniciativa de ley

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec) anunciaron que se movilizarán este martes en Chilpancingo para exigir que los diputados retomen la iniciativa popular de Ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero.
Ante la cercanía del 15 de marzo, cuando fenece la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, las organizaciones llamaron a los diputados y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que reciban a una comisión en una reunión de trabajo en la que expondrán el contenido de la ley, solicitud que les hicieron llegar mediante un oficio el 1 de marzo de 2017.
Asimismo, pidieron la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
Los integrantes de las organizaciones, Ilaviel Cantú, Maribel Soto Jerónimo y Abel Bruno Arriaga dijeron que en los oficios enviados también se les informó a las autoridades que los pueblos acordaron movilizarse este martes 7 de marzo, para respaldar la iniciativa popular que reunió 6 mil 122 firmas de indígenas.
Agregaron que esperan la representación de 73 comunidades de 14 municipios de La Montaña en la manifestación, “aunque pueden ser muchos o pocos, porque cada comunidad se mueve con recursos propios, no hay grupos, no hay padrinos, sólo el objetivo de mejorar una ley que contemple ampliamente a los pueblos”.
Indicaron que la iniciativa popular es pionera en el estado y cumplió los requisitos que se necesitaban al ser verificada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que hizo la muestra al azar del 10 por ciento de los firmantes, al visitar a 591 de ellos que ratificaron su firma y con ello se cumplieron los requisitos de iniciativa popular propuesta por el Consejo de Comunidades y el Frecodec en su resolución 001/SE/03/03-2017.
Abel Bruno explicó, de manera general, que la iniciativa busca que se reconozcan los diversos sistemas de justicia en los pueblos, “ya que la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) ya no es el único cuerpo de seguridad comunitaria que existe en el estado; pero también con candados que se sujeten a los principios comunitarios y se defina en asambleas, legitimados para evitar grupos armados al servicio de algo”.
Dijo que la ley 701 tiene 70 artículos, y que es la base de la iniciativa popular que propusieron, ahora con 115 artículos en los que consideran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, “lo que se busca es que esté más amplia, no sólo que se ratifique la 701, y por eso hay apartados específicos como los derechos políticos electorales para su inclusión en las instituciones políticas”.
Agregó que se pide que los pueblos elijan a su presidente o diputados, y que haya curules especiales para pueblos indígenas me’phaa, na savi, nahua y ñomnda, ya que los diputados que llegan por la vía partidista no representan a los indígenas, traicionándolos.
Además, se pide la revocación de mandato si así lo solicita el 5 por ciento de la población, porque el actual sistema político encubre a los diputados y presidentes, y lo mejor es que el pueblo decida.
Piden que se institucionalice el programa de granos básicos, viviendas, y que haya escuelas de nivel superior en la región, porque cada año hay miles de jóvenes rechazados; que los servicios de salud sean gratuitos; se paguen los precios justos en los productos como el café, que bajó un peso, contrario al aumento de la canasta y los servicios básicos.
Comentó que se pide el derecho a la consulta para evitar que empresas mineras entren al territorio sin autorización de la comunidad, y de igual manera para las actividades militares y policiales, que deben acordar con los pueblos.
Pidieron que los diputados hagan su trabajo y aprueben la propuesta, pues en el IEPC los representantes de los partidos dijeron que la respaldaban y que estaba bien, por lo que invitaron a quienes quieran sumarse a la propuesta a que lo hagan y si tienen agregados también, pero que no pretendan obstaculizarla.
Lamentaron que instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se presten al juego del gobierno al promover una consulta en donde no se invitó ni se pidió la opinión de las organizaciones ni pueblos indígenas.

Revisa Tlachinollan el caso del encarcelado por una denuncia del secretario de Gobierno

Beatriz García

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan está revisando el expediente del caso de Patricio Margarito Rivera, preso tras acusaciones de invadir un terreno propiedad del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para determinar si retoma el caso, pues antes dos abogados desistieron.
El lunes, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para quejarse de la falta de solución a demandas de sus compañeros.
Ese día, la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo expuso al ombudsman que el abogado que seguía el caso de su padre desistió, pues les dijo que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general. Recordó que, del primer abogado que tuvo su papá se supo que no hizo nada para defenderlo, y Navarrete Magdaleno le propuso que dialogara con Tlachinollan, para ver la posibilidad de que retomaran el caso.
Consultada telefónicamente, Josefina Margarito informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra le dijo que revisarían el caso y que la próxima semana confirmarían si lo retomaban.
Josefina Margarito de 21 años de edad, originaria de Cuapala, municipio de Atlixtac, dejó de ir a la escuela desde el 1 de noviembre, cuando su padre fue detenido sin orden de aprehensión en su domicilio, en la colonia Temixco 2.
Ella era la mayor y la única de sus dos hermanos que estudiaba, iba en séptimo semestre de Ingeniería Civil, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), contó.
Desde la aprehensión de su padre no volvió a la escuela, pues su madre, Guadalupe Rosendo Sonora, y su hermana, Rosa Margarito Rosendo, con quienes vive, hablan poco el español, su lengua materna es el náhuatl. Josefina tuvo que ponerse al frente de la familia y seguir el proceso jurídico de su padre.

Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.

 

Se quejan en la Codehum por la muerte de un bebé debido a medicamento no apto en el Iecan

El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que un familiar interpuso una queja ante la muerte de su bebé, luego de que le suministraron medicamento en el Instituto Estatal de Cancerología (Iecan) que le provocó reacciones que no soportó.
El familiar puso la queja en el expediente 2VG/004/2017-I, después de que se enteró de las declaraciones de médicos, de que se adquirió medicamento no apto para suministrar quimioterapias a pacientes del Iecan.
Navarrete Magdaleno dijo que no quería aventurarse a emitir un posicionamiento y dictaminar quién tiene la responsabilidad porque antes el organismo que preside tiene que tomar en cuenta el dolor de la gente, que la Comisión no se va a prestar a hacer comunicados a la ligera, porque además los familiares confiaron en ella.
El 28 de noviembre, oncólogos denunciaron que funcionarios del gobierno de Héctor Astudillo Flores adquirieron medicamento no apto para suministrar quimioterapias a pacientes que presentan cuadros de “intoxicación con riesgo de muerte”, porque no cumplen con los estándares de calidad. La Secretaría de Salud del estado aseguró que el medicamento sí cumple con la normatividad federal, mientras que la jefa de Servicio de Oncología Pediátrica del Iecan, Ana Bertha Rivera Ramírez reconoció que los paciente no reaccionaban al tratamiento, por lo que iniciaron una investigación y encontraron que se cambió el proveedor de algunos antibióticos y fármacos de quimioterapia, y que ya se había hecho la observación por escrito al director.

 

En Guerrero se violan constantemente los derechos humanos y no hay justicia, dice la Codehum ante abogados

El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno dijo que los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, durante los que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa mantienen al estado “en el ojo mundial”.
Expuso que en Guerrero se violan los derechos humanos de manera constante y que las autoridades han descuidado la impartición de justicia, aunque también expresó que los guerrerenses no son los mejores a la hora de resolver los conflictos.
En la sesión del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero Julio César Hernández Serna en la que se nombró a los representantes de Chilpancingo, Navarrete Magdaleno expuso la ponencia Los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, en la que resaltó los más de 500 desaparecidos y recordó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando supo sobre los ataques en Iguala.
Denunció que en el estado no se cumplen los derechos básicos ya que en el tema educativo, los habitantes de las comunidades marginadas del estado no cuentan con escuelas cercanas, mientras que en salud el servicio no es gratuito si no que se cobra a los trabajadores mediante seguros médicos, tampoco se garantiza el derecho a la seguridad y a la paz, ya que de manera constante ocurren hechos violentos.
Dijo que la Codehum se creó hace 20 años con sustento constitucional, contrario a otro tipo de comisiones que eran del gobierno, además de que cuenta con “características únicas” como la Comisión del Ministerio Público.
Expuso que en Guerrero “deberíamos estar más adelante en el estudio de derechos humanos y no enfrascados en casos que nos llevan tiempo”, ya que la Codehum no cuenta con suficientes abogados como para resolver todos los casos de manera inmediata, aunque ha disminuido el número de quejas.
Dijo que cuando hay choques entre manifestantes y policías en alguna protesta, la Codehum tiene que escuchar a las dos partes, pero la versión de los uniformados es distinta a la de los inconformes, por lo que tiene que hacer una investigación de fondo para determinar qué fue lo que pasó.
Luego dijo que en Guerrero la violación a los derechos humanos es histórica y señaló como íconos de la omisión de los derechos la matanza de Aguas Blancas, el caso Ayotzinapa en el 2011 y luego en el 2014, el asesinato del líder guerrillero Lucio Cabañas, la desaparición del líder del Movimiento Revolucionario del Magisterio Jacob Nájera Hernández, y del líder social de Atoyac Rosendo Radilla Pacheco durante la guerra sucia que dejó más de 500 desaparecidos.
Navarrete Magdaleno recordó que estuvo en el acto del perdón en Atoyac en noviembre de 2011, cuando el Estado Mexicano reconoció su responsabilidad en la desaparición de Radilla Pacheco, pero “un perdón nunca será suficiente”.
En la ronda de preguntas se le pidió a Navarrete Magdaleno que mencionara cuál era el caso más representativo en la omisión de los derechos humanos en Guerrero, a lo que contestó que, pese a que evitar hablar Ayotzinapa en los foros de discusión porque es reiterativo su discurso, la desaparición de los 43 normalistas “nos ha marcado”.
Recordó que la noche del 26 de septiembre estaba cenando solo cuando supo de los ataques en Iguala, y de inmediato fue al lugar de los hechos, “en un arranque inexperto” ya que apenas 8 meses antes había asumido la presidencia de la Codehum”.
Dijo que acompañó a los normalistas y documentó los casos de los desaparecidos, pero hace más de dos años que no se esclarecen los hechos.
Agregó que hay quienes consideran que no debe haber más reformas a la Constitución, mientras que otros opinan que se debe crear una nueva, luego reflexionó “si el 90 por ciento de la población no la conoce (la Constitución) ¿para qué crear otra? Hay millones de mexicanos esperando justicia y paz”.
La sesión se llevó a cabo en el Salón Cuicalli y estuvo el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero Julio César Hernández Serna, Hugo Hernández Martínez, y unos 30 integrantes de esa organización.

Registra la Codehum en 17 años 114 casos de tortura; es una mínima parte, reconoce

Desde 1990 la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) ha registrado 114 casos de tortura desde su creación, hace 17 años, que es una mínima parte de los hechos reales, expuso el ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno.
Opinó que tendría que desaparecer la tortura como método de investigación para que las víctimas puedan acceder a la justicia.
Por su parte, la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Clementina Rodríguez García aclaró que la tortura sólo se aplica jurídicamente a las lesiones provocadas por funcionarios públicos, y que en el caso del crimen organizado se tipifican como otro tipo de delitos.
Durante la conferencia Derechos humanos y prevención de la tortura, impartida en las instalaciones de la Codehum, Navarrete Magdaleno expuso que desde que se creó el organismo, hace 17 años, sólo ha registrado 114 casos por tortura, pues antes la tortura implicaba la amenaza de que no se denunciara.
“No refleja en nada lo que realmente sucede, y si volteamos a lo más reciente, en 2015 tenemos 25 quejas, ha subido, pero ha subido porque ya hay más difusión, ya hay reformas que nos permiten conocer de casos”, dijo el ombudsman.
Dijo que en ocasiones se niega la justicia cuando se aplica la tortura en aras de beneficiar a las víctimas, porque permite que se cancele la posibilidad de que se aplique la justicia.
Indicó que, “nosotros investigamos y emitimos resoluciones como un sistema no jurisdiccional, porque finalmente nuestras recomendaciones llevan aparejada la sugerencia a la Fiscalía (General del Estado), a las procuradurías, para el inicio de una averiguación previa para que entonces sí haya la obligatoriedad de aplicar una sanción, como la cárcel”.
El presidente de la Codehum dijo que se debe llevar al análisis la discusión, porque una de las formas de terminar la tortura es mostrar a los servidores públicos qué es, en el caso de los derechos humanos hacer la difusión, para que las víctimas sepan cuándo se han violado sus derechos humanos y puedan reclamar su cumplimiento o denunciar.
“En el caso de la tortura, igual habrá todavía alguien que tome como válido el mecanismo de investigación de torturar a un detenido, pero ya no lo es, está beneficiando al propio torturado”, que puede salir libre alegando la violación de sus derechos humanos, declaró.
Por su parte, la visitadora general de la CNDH abundó que la tortura es una violación de derechos humanos que cometen servidores públicos, pero cuando son problemas entre particulares, como en el caso de la delincuencia organizada, se tipifica como delito de lesiones o maltratos, pero no como tortura.
Recalcó que los trabajadores al servicio del Estado tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos y que las personas tengan una vida sin violencia.