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Denuncian ante la Codehum hostigamiento a trabajadoras de Prospera despedidas y a médicos

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para denunciar despidos injustificados de trabajadoras del programa federal Prospera, el hostigamiento a trabajadores que se oponen a la reforma del sistema de salud del país, y el nulo avance en la liberación de Patricio Margarito Rivera, acusado de despojo por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
A las 11 de la mañana, integrantes de las organizaciones que forman parte de la Dirección Colectiva acudieron a la Codehum, donde las trabajadoras de Prospera, Roselia Franco Tranqulino y Mayra Morales contaron que el pasado jueves denunciaron su despido injustificado, por instrucciones del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
En la reunión con el presidente de la Codehum, pidieron que su caso sea remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Denunciaron que fueron despedidas cuando se negaron a ser parte de actos de corrupción, como firmar a nombre de aviadores para avalar que sí trabajan en la delegación. Dijeron que son 29 trabajadores los que fueron despedidos, pero los demás temen denunciar ante la posibilidad de represalias.
A la reunión acudieron también miembros del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud en Guerrero, el médico Hilario Zúñiga y la trabajadora administrativa de la jurisdicción 03 de Chilpancingo, Érika Salgado, quienes denunciaron hostigamiento por participar en el movimiento de los médicos contra la reforma del sistema de salud mexicano.
Érika Salgado manifestó que está siendo hostigada y amenazada por el jefe de la jurisdicción, Saúl Romero Téllez, y el área de Recursos Humanos, por participar en conferencias que impartió un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la universalización de los servicios de salud.
El médico Hilario Zúñiga dijo que también los ha hostigado el jefe jurisdiccional, luego de que el Frente convocó a la marcha del Día del Médico (20 de octubre), y ahora lo acusan de dirigirla.
Ramón Navarrete dijo que buscaría una reunión con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para revisar el caso, y pidió definir una reunión conjunta con otros trabajadores de Salud que están en la misma situación, para que expongan sus casos.
Plantearon el caso de Josefina Margarito Rosendo, hija de Patricio Margarito Rivera, que se unió a la Dirección cuando el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame acusó a su padre de invadir un predio, pese a que existe un contrato de compra-venta.
La joven explicó que su papá lleva ya dos meses recluido en el penal de la capital; y que inicialmente les pidieron una fianza de 124 mil pesos que no pudieron pagar.
Agregó que han intentado exhibir pruebas de la inocencia de su padre en el penal, pero no se las reciben por orden del secretario general Salazar Adame.
Navarrete Magdaleno se comprometió a que abogados de la Codehum se encargarían del acompañamiento, para darle una explicación jurídica clara, y para revisar el expediente que no le han mostrado a la familia.
El ombudsman dijo que también buscará una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y con el juez que lleva el caso, para que el proceso sea transparente y no haya intromisión de terceras personas.

 

Retienen pagos a líderes de la Dirección de Organizaciones que rompieron con Astudillo, denuncian

 

Los integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame y Alfonso Simón Tavira denunciaron que por instrucciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, les retuvieron sus salarios quincenales y aguinaldos.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Normal Margarita Viguri, en compañía de integrantes de la Dirección, denunciaron la retención de sus quincenas y aguinaldos.
Recordaron que en 2007, en el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo, a Chávez Adame le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía, mientras que a Simón Tavira le borraron 36 horas de música. Tras un acuerdo, desde 2011 les comenzaron a pagar por honorarios, mientras se resolvía el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.
El 7 de diciembre, la Dirección Colectiva rompió su diálogo con el gobernador, luego de que Héctor Astudillo Flores se molestó cuando le cuestionaron la infiltración de la delincuencia en su gabinete y le exigieron la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero. Chávez Adame denunció que comenzó a recibir amenazas después del desencuentro con el gobernador.
Recordaron que cuando Astudillo Flores comenzaba su periodo, les retuvieron cinco quincenas y también el aguinaldo, lo que relacionan con el rompimiento del diálogo.
“El gobernador ha estado actuando más con las vísceras que con la inteligencia política para resolver este conflicto”, sostuvo Nicolás Chávez.
“El gobernador vuelve a cometer un error porque está influenciado por los zeferinistas, por un lado, José Luis González de la Vega Otero”, refirió el dirigente.

Ya interpusieron una queja ante la Codehum, dicen

Los dirigentes manifestaron que ya interpusieron su queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), pero que les llama la atención que el ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno, primero dijo que es una cuestión laboral que no compete al organismo, pero que después dijo que sí, pues no fueron notificados de la retención, y además no se ha resuelto el problema de sus plazas.

 

Denuncian que 90 mujeres y 25 niños fueron confinados en un área en el penal de la capital

 

Casi 90 mujeres de la prisión de Chilpancingo y unos 25 niños menores de tres años fueron confinados a un área femenil reducida y sin condiciones para la convivencia, se informó en una denuncia anónima en la redacción de El Sur.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno confirmó este problema en la prisión pero consideró que no se puede señalar una ilegalidad dado que en las recomendaciones para los centros penitenciarios está la separación de procesados, de sentenciados, detenidos por delitos del fuero común con los del fuero federal, así como los hombres de las mujeres.
Sin embargo, añadió que la medida obliga a las autoridades penitenciarias a separar adecuadamente los espacios o construir una cárcel femenil, ya que la última década, con el conflicto de la delincuencia, se incrementó la detención de mujeres.
Vía telefónica, una mujer denunció que hace un mes el jefe de seguridad de la prisión les impide el paso al área de población general, donde la mayoría tienen medios de trabajo, y el confinamiento es en un área reducida, lo que comenzó a provocar problemas entre ellas.
Demandó la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y de la Secretaría de la Mujer (Semujer) para que conozca de primera mano los problemas provocados en esta forma de encierro. Reveló que la mayoría de mujeres no reciben visitas de sus familiares y en el área de población general la mujeres tenían oportunidad de emplearse en los talleres para mantenerse.
La denunciante aclaró que en el área femenil sólo hay una cancha al aire libre y es insuficiente para casi 90 mujeres, sólo tienen un tipo de comida al día la que proporciona el penal, y perdieron la oportunidad de comprar algo distinto que sí encuentran en el área de población general.
Advirtió que las inconformes fueron amenazadas por el jefe de seguridad con castigos sobre “si alborotaban a las demás”.
En consulta telefónica, Navarrete Magdaleno informó que un visitador estuvo ayer en la prisión precisamente para conocer este problema. Explicó que las normas básicas que deben regir en las prisiones es la separación de espacios y que obliga a las autoridades a acondicionar sus instalaciones.
Señaló que en las prisiones del estado no hay condiciones para dividir las áreas, ni siquiera para colocar áreas verdes en la población general, por la sobrepoblación que caracteriza a los prisiones. Estimó que tal vez en Acapulco, que es el más grande, es posible dividir los espacios pero en las cárceles de Chilpancingo como Iguala es muy limitado, “habría que ir pensando en cárceles de mujeres”, adelantó.
Recordó que cuando se diseñaron los penales en el estado, la población femenil era muy reducida.
Ahora, indicó que son “muchísimas” las mujeres recluidas, unas sin condena, otras ya fueron sentenciadas, y en este sentido “se podría ir pensando en tener centros penitenciarios exclusivos de mujeres”. Aunque agregó que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio está pensado para que los procedimientos legales sean más ágiles, y de oportunidad de que la gente cumpla pena fuera de prisión.

Dan la Codehum y la Ssa seguimiento a dos recomendaciones tras negligencias: ombudsman

 

La Secretaría de Salud (Ssa) y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) trabajan en el seguimiento de dos recomendaciones, una sobre la muerte por negligencia de un niño en Atoyac, y otra en el Hospital General de Coyuca de Benítez, de la muerte de un bebé antes de nacer.
Consultado telefónicamente, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno detalló que las mesas de trabajo se instalaron el martes, y que están a cargo de la secretaria ejecutiva del organismo, Mónica Castro Contreras.
Contó que la Ssa y la Codehum firmaron un convenio de colaboración para echar a andar un mecanismo que permita abatir las violaciones a los derechos humanos en el sector Salud.
Refirió que en la última mesa que se instaló trabajaron en dos recomendaciones, una es del expediente de la muerte de un niño a causa de una negligencia médica, en el Hospital General Juventino Rodríguez García de Atoyac, que llegó con un dolor estomacal y fue atendido por una pediatra, el año pasado.
Según el expediente, el abdomen del niño comenzó a hincharse, y lo trasladaron al Hospital General de Acapulco en Renacimiento, donde no lo recibieron porque no había camas. De ahí lo trasladaron al Hospital General Vicente Guerrero, donde murió al llegar, contó el ombudsman.
El segundo caso es la muerte de un bebé antes de nacer, “el 17 de enero de 2015; inició siendo atendida (la madre) en Coyuca de Benítez, y también por su complicación se trasladó a Acapulco para su intervención en el Hospital General, fue ingresada al quirófano, se le practicó la cesárea, pero ya había fallecido el producto, antes de ser ingresada a ese hospital”, relató.
En ambos caso se emitieron recomendaciones y se instalaron las reuniones de carácter conciliatorio y para la reparación del daño.
Explicó que, “como son recomendaciones de hechos que sucedieron en el gobierno anterior, lo que hacemos primero es que este gobierno las acepte de manera institucional… y además se comprometa a la reparación del daño”.
Navarrete Magdaleno abundó que la reparación del daño, esencialmente cuando fallece una persona, se trata en lo económico, porque no cumple con una reparación del daño eficaz, sino que resarce “un poco” el daño causado. Dijo que, además, se recomienda a la institución dar cursos sobre respeto a los derechos humanos, e integrar expedientes para concluir con la responsabilidad que resulte de los sectores involucrados en los hechos.
Sostuvo que estas recomendaciones quedan en manos de médicos especialistas que puedan dictar exámenes periciales que permitan conocer, de manera técnica, si los médicos se sujetaron a los protocolos de atención para el tratamiento del padecimiento, o hicieron caso omiso de algún protocolo, causando la muerte del paciente.
“Acabamos de firmar un convenio con la Comisión de Arbitraje Médico, para que nos hagan ellos también los exámenes periciales, pero son asuntos complejos, incluso pedimos la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que sus médicos… (revisen) los expedientes para que los médicos especialistas en diferentes temas puedan emitir un dictamen” en la Ciudad de México, detalló.
El ombudsman agregó que, “encontramos en la Secretaria de Salud problemas complejos no actuales, sino que se ha venido arrastrando de muchos años… En el caso del Seguro Popular, por supuesto que esto impacta, en los servicios hace más complejo el beneficio que tiene que dar”.
Sin embargo, aseguró que la Ssa, a pesar de las complicaciones ha estado al pendiente de las recomendaciones y de la reparación del daño.

 

Denuncia amenazas Chávez Adame ante la Codehum; comenzaron tras su ruptura con el gobernador, declara

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) que su familia y él han recibido amenazas telefónicas, después de que se rompió el diálogo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, sobre la filtración de la delincuencia organizada en su gabinete, y de que le exigiera la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
El 6 de diciembre, la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el gobernador en Casa Guerrero, después de que marcharon para solicitar una audiencia para plantear sus demandas.
Ese día, a Astudillo Flores le plantearon 10 puntos, entre ellos que atienda la seguridad en el municipio, la filtración de la delincuencia en el gabinete y la destitución del secretario de Educación, lo que molestó al gobernador, que abandonó la reunión.
Tras el rompimiento de diálogo, la Dirección Colectiva se reunió con el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, para exponerle la situación, minutos después de la 1 de la tarde en la oficina del ombudsman.
Durante la reunión, Chávez Adame expuso a Navarrete Magdaleno la inquietud de la Dirección sobre la reunión sostenida con el gobernador.
El dirigente resaltó que, en aquella reunión, Astudillo Flores se molestó cuando le pidieron la destitución del secretario de Educación y le plantearon la filtración de la delincuencia en su gabinete.
Después de esa reunión, Chávez Adame dijo que el gobernador, “ya lo agarró personal”, y de lo que les había pasado con de la Vega Otero le dijo que, “ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie, y si tú tienes pruebas de que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas”.
Después de esa reunión, Chávez Adame ha recibido amenazas telefónicas, así como su esposa y su hija, lo que le dijo le preocupa y le hace temer por su vida.
Después de la reunión, Chávez Adame fue consultado por reporteros, y detalló las amenazas que ha recibido. Aseguró que las llamadas no son algo nuevo, pero que ahora ya se dirigen a su familia, “después del 6 (de diciembre)… he visto esas personas (sospechosas que portan radios), por eso yo mandé la alerta a los compañeros, de lo que pudiera ocurrir; pero sí, nosotros creemos que son derivados de ese incidente”, expuso.
Narró que, en una ocasión, supuestos policías federales citaron a su esposa y a su hija cerca de la tienda Comercial Mexicana, diciéndoles que él estaba detenido, lo que resultó falso.
Añadió que las llamadas que recibe son cortas y le dicen frases como, “hijo de tu puta madre, vamos a ir contra ti, contra tu familia; si no le bajas, pues aquí vas a quedar”, además, su esposa recibe llamadas preguntándole por su hija.
Dijo que interpondrán una denuncia penal “contra José Luis González de la Vega Otero; en esa denuncia vamos a señalar, de lo que nos pueda pasar a nosotros, a… Astudillo, al secretario de Gobierno (Florencio Salazar Adame) y a De la Vega Otero, porque ya lo conocemos”.
Nicolás Chávez contó que la situación que prevalece en el estado tiene que ver con que no se ha podido parar la violencia, y que el gobernador también sabe qué grupos delincuenciales están operando en Chilpancingo.
Dijo que en el asesinato del dirigente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, la delincuencia y estado son lo mismo, que se ponen de acuerdo para determinar quién les estorba.
“Yo creo que aquí hay algo interesante que se tiene que resolver, y que las instituciones, con las secretarías de Estado, están coludidas con la delincuencia organizada, eso lo hemos dicho porque algunos funcionarios del propio gabinete, siendo ellos los responsables para resolver los asuntos, te mandan a negociar con la delincuencia organizada”, ahondó el dirigente de la APPG.
Ejemplificó que esto sucede en Transportes, en Seguridad y en la Secretaría General de Gobierno; que uno de los involucrados es el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, que tiene mucho que ver con lo que sucede en estado, lo que también dijo en la reunión con el gobernador.
Sostuvo que, “si a nosotros nos pidieran un careo con el gobernador y los propios funcionarios, nosotros les diríamos que ellos mismos están avalando ese procedimiento inusual que se ha dado en estas administraciones”. Indicó que los gobiernos pasados y los actuales son aliados para mantener el poder, y que son capaces de matar con tal de seguir conservado el poder.

 

Encuentran una osamenta humana en Chilpancingo

La tarde de ayer fue encontrada una osamenta en un predio en la colonia Zimapa en el asentamiento San Juan al oriente de la capital.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la 1:37 de la tarde recibieron un reporte de que estaba un cuerpo cerca de la tienda Bodega Aurrerá en la colonia Galeana al norte de la ciudad.
Agentes de la Policía Municipal, estatal y ministeriales llegaron a la zona y les informaron que habían restos óseos en un predio en la mencionada colonia.
Según testigos, un hombre hacía limpieza en su predio y halló los restos óseos.
Trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) recogieron los restos humanos, después fueron enviados para hacer las pruebas de ADN y ser identificados.
Las autoridades de la Fiscalía no precisaron  cuántos huesos recolectaron, además una perito se cayó al hacer las diligencias y fue atendida por paramédicos de Protección Civil (PC) estatal.

Investiga la Codehum desde hace 20 días intoxicación de niños en la Casa Hogar de Chilpancingo

 

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que desde hace 20 días la casa hogar del DIF en Chilpancingo está bajo investigación debido a casos de intoxicación de los niños a causa de los alimentos que les sirven.
“Detectamos cuestiones de salud en los niños y niñas, hicimos dictámenes y exámenes de laboratorio para saber qué causaba las dificultades de salud, y tenemos en curso la investigación y esta situación que se presentó apuntaba directamente a la desatención de la directora”, contó.
Este domingo, 22 niños huyeron de la casa hogar del DIF en Chilpancingo tras denunciar que han sufrido de violencia de la directora, además de enfermarse con la comida.
La mañana de ayer, el ombudsman participó en el acto protocolario de izamiento de la bandera en el Zócalo capitalino, donde puntualizó que la desatención de la directora, Jazmín Terrazas Valente, provocó la protesta de los menores y su fuga de la institución.
Agregó que se le informó que de los 22 niños que se fugaron durante la protesta, no han regresado tres, pero que están en contacto con sus hermanos.
Aunado a esto, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) será responsable de investigar a la directora, debido a las denuncias de los menores sobre el maltrato físico del que han sido víctimas.
“Desde hace 20 días detectamos que había problemas de salud entre los niños y las niñas… gastrointestinales por lo que comían ahí, entre agua y alimentos que comían ahí, pusimos a disposición de los laboratorios todo para que nos dijeran que producía la enfermad”, agregó.
Detalló que la investigación inició ante los problemas de salud, y no por el maltrato físico que denunciaron los menores en la prensa.
“Desde antenoche estuvimos en el lugar y mantuvimos a una abogada de la comisión para que estuviera atenta ahí, además de que hoy en la mañana incorporamos a dos abogados más”, agregó.
Navarrete Magdaleno señaló que ya tiene los testimonios grabados de los menores que han sufrido de violencia, además de imágenes sobre las condiciones en las que viven dentro de la institución.
Insistió que en las declaraciones, los menores que han sido víctimas de violencia señalan a la directora, lo que provocaría que si la investigación determina su responsabilidad en el caso, la comisión alertaría para que, en el caso de que ocupara otro puesto, no lo desempeñara.
Insistió en que la investigación continuará su curso, y si la directora ya no ocupara algún cargo, será el Ministerio Publico quien tendrá que actuar, por la responsabilidad en la que haya incurrido.
Aseguró que sólo faltan tres menores de regresar a la casa hogar, quienes ya hicieron contacto con familiares y conocidos.

No les han avisado nada a vecinos a manzana de El Mirador donde se demolerán 32 casas

Alfonso Marín Amezcua

Chilpancingo

El dirigente de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocoarha), Gumaro Guerrero Gómez, aseguró que las 60 familias que habitan en el sitio aledaño a la manzana 2-B del fraccionamiento El Mirador, donde serán demolidas 32 casas ante las afectaciones que presentan sus estructuras, no han sido notificadas de que tendrán que dejar sus viviendas.
El lunes pasado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello aseguró que la dependencia federal cuenta con “todos los elementos necesarios” para demoler al menos 32 viviendas de la manzana 2-B del fraccionamiento El Mirador, declarada como zona inhabitable.
A causa de los daños en el predio, ese día acudió el doctor en estructuras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberto Arroyo Matus, para evaluar los daños y reconocer alguna otra zona de riesgo dentro del fraccionamiento.
En su diagnóstico, Arroyo Matus recomendó que los habitantes de manzanas aledañas a la 2-B, debían evacuar cuanto antes el fraccionamiento.
Consultado por teléfono, el dirigente de la Cocoarha, del que son miembros 107 familias que habitan el fraccionamiento, externó que no tienen información sobre la posible evacuación de las manzanas aledañas a la zona afectada.
“Solamente sabemos lo que hemos leído en los medios, que serán demolidas 32 viviendas en la manzana afectada, pero de una reubicación o evacuación no sabemos nada hasta el momento”, dijo.
De la manzana 1-A, donde habitan unas 60 familias, Guerrero Gómez externó que “prácticamente no cuentan con grandes problemas estructurales” en los edificios, y las casas no corren riesgo de derrumbarse.
Señaló que en el fraccionamiento se está avanzando con las pruebas hidrostáticas para la introducción del servicio de agua potable, y que en unos 10 días todo el predio cuente con el suministro.
El dirigente recordó que el doctor Arroyo Matus acudió al fraccionamiento el lunes pasado, “y nosotros permanecemos esperando el dictamen para conocer lo que ocurrirá en la manzana 2-B, pero el problema no es en nuestras viviendas”.
Reiteró que, por el momento no hay información oficial para una reubicación temporal o una evacuación, “pero habrá que ver lo que ocurre los días siguientes, y analizarlo con toda la gente porque es nuestra integridad”, concluyó.

Se reúnen familiares de desaparecidos de Iguala y el presidente de la Codehum, donde existen 150 quejas

 

El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno se reunió con Los Otros Desaparecidos de Iguala para hablar de las 150 quejas que han interpuesto las familias de desaparecidos, y a las que el organismo no les ha dado seguimiento.
Este viernes, el ombudsman de Guerrero sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta y la representante de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena Cruz, en Chilpancingo.
Consultada al finalizar la reunión, Bahena Cruz informó que es la primera vez que se reúne con el presidente de la Codehum, “desde que se formó la comisión de Los Otros Desaparecidos, el presidente no se había reunido con nosotros”, comentó.
Bahena Cruz dijo que la reunión fue para que la Codehum le dé seguimiento a las quejas que han interpuesto los familiares de los desaparecidos en Iguala.
Detalló que, en total son 150 quejas que se interpusieron desde que se formó el grupo de familiares de los desaparecidos, a las que las autoridades no les han dado seguimiento.
Dijo que el presidente de la Codehum está en la mejor disposición de ayudar, y acordaron proporcionar los números de las quejas para que se pueda trabajar. Bahena Cruz explicó que todas las quejas son porque, “ la autoridad no le ha dado el seguimiento debido a cada una de las averiguaciones que se han levantado en la desaparición de los familiares”.
Por separado, consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno informó que fue un encuentro de presentación de trabajo, “no fue de carácter resolutivo en cuanto a la exigencia que traen los familiares de los desaparecidos”.
Se le preguntó desde cuándo la Codehum no ha tenido contacto con los familiares, y respondió que lo han tenido con los representantes de la Codehum en Iguala, “pero es la primera vez que me siento a dialogar con los familiares de los desaparecidos”, reconoció.
Navarrete Magdaleno explicó que en esta reunión se repartieron algunas responsabilidades, y corresponderá a la líder hablar de los desaparecidos, porque es un tema delicado.
En un boletín de prensa la dependencia se limitó a informar que, “el día de hoy (ayer) el ombudsman se reunió con el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta, y Adriana Bahena Cruz, representante de los otros desaparecidos de Iguala, con quienes se busca trabajar de manera coordinada en la planificación de estrategias que permitan avanzar en los trabajos por la justicia y paz social”.

 

Pide la APPG a la Codehum que mande observadores a vigilar la caravana de Raúl Vera en Chilpancingo

Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para solicitar observadores en la caravana que encabezará el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, este domingo en Chilpancingo.
Por otro lado la hija del asesinado dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena criticó ayer la falta de justicia pronta y expedita a casi tres años del caso de la Unidad Popular (UP) y señaló que la próxima visita del obispo Vera López a Guerrero será emblemática porque se reunirá con las familias de las víctimas.
Este jueves, la APPG y Navarrete Magdaleno se reunieron en las instalaciones de la Codehum para hablar de la visita a la capital del obispo Raúl Vera.
El representante de la APPG, Nicolás Chávez Adame explicó al presidente de la Codehum que este 7 de febrero llegará el obispo, y pidió que se instalara una comisión de observadores desde su llegada.
Detalló que, a las 9 de la mañana una comisión de representantes de organizaciones sociales esperará a Vera López en la caseta de Paso Morelos para recibirlo.
Desde las 9:30, en el teatro hundido de la alameda de la capital lo esperarán miembros de otras organizaciones y los ciudadanos que deseen sumarse para salir en una marcha hasta el Zócalo.
En el Zócalo, a las 11 de la mañana, entre el kiosco y las escalinatas ofrecerá una misa, luego desayunará y saldrá rumbo a Acapulco, donde pernoctará.
El 8 de febrero saldrá al municipio de Tecoanapa, donde en una cancha encabezará un encuentro masivo con organizaciones sociales y pueblos originarios, además de que oficiará una misa, y posteriormente regresará a Acapulco para tomar un avión a Monterrey.
Chávez Adame pidió que en todo el trayecto del obispo los observadores de la Comisión estén presentes.
Ramón Navarrete indicó que su objetivo será avalar como institución defensora de derechos humanos la presencia del obispo, “luchador incansable en el tema de los derechos humanos de hombres y mujeres, y desde luego que a nosotros nos satisface mucho que en este estado de cosas que están sucediendo en Guerrero recibamos una figura como la del obispo, que siempre nos da confianza, irradia paz… entonces cuentas con la comisión”.
Además, apuntó que pondrá a disposición los vehículos de la Codehum en los que se trasladarán y podrán trasladar a participantes de la caravana.
El presidente de la Codehum manifestó que tratará de estar presente en todas las sedes que visite el obispo, y dijo que la APPG cuenta con su apoyo porque han conjuntado esfuerzos, y que además fueron una parte importante en el impulso del ombudsman en el estado.
Dijo a Nicolás Chávez que reconocía su lucha y que por eso siempre encontraría apoyo y solidaridad en la Codehum.
Por su parte, Chávez Adame informó que acudirá la organización Década Contra la Impunidad como parte de la Caravana por la Paz contra la Violencia, que exige el esclarecimiento de desapariciones, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pidió que la Codehum coadyuvara en la difusión del evento para que vecinos se unan este domingo a las actividades.

Reconoce la hija del líder de UP Arturo Hernández la iniciativa del obispo al visitar Guerrero

Por separado en declaraciones vía telefónica la tarde de ayer, Soledad Hernández reconoció la iniciativa del obispo y presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Raúl Vera para atender a las víctimas de Guerrero, especialmente el de su padre Arturo Hernández Cardona, el caso de la masacre de El Charco y del asesinato del ex diputado Armando Chavarría, entre otros casos de violación a los derechos humanos en el estado.
Informó que el obispo Vera no visitará la zona Norte del estado ante el alto riesgo que esto implica, “sobre todo cuando no hay un compromiso del Estado mexicano de resguardar y prever algún acontecimiento como los que ya han ocurrido de violación a los derechos humanos, y no queremos llevarnos una sorpresa”.
Dijo que es “emblemático” que el obispo visite Guerrero tras de que se ha difundido a nivel internacional el caso de la UP y otros casos que lleva la Red Solidaria, cuando el Estado mexicano ha demostrado apatía y desinterés en dar justicia a estos casos.
Consideró que con la visita del obispo se espera que se dé agilidad a una falta de respuesta de justicia pronta y expedida del caso, “ya que con el Estado mexicano no se ve para cuándo vaya a dar justicia, no sólo en el ámbito municipal, se han tardado demasiado en actuar en el caso Arturo Hernández Cardona”.
Lamentó que a tres meses de que se cumplan tres años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de su padre, el Ejecutivo federal no haya dado una respuesta pronta, expedita e imparcial en este caso.
Hernández Mena convocó a otras víctimas de Guerrero a que se acerquen al obispo Vera en su visita el 7 de febrero en Chilpancingo, y el 8 de febrero en Tecoanapa.