Trabajadores de la Comisión estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) fueron desalojados debido a una fuga de gas en sus oficinas, ubicadas en el primer cuadro de la capital.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 12:20 del día de ayer recibieron un reporte de que dentro de las oficinas de la Codehum había una fuga de gas.
Testigos señalaron que a las 12 del día percibieron un olor a gas dentro de las instalaciones, lo que provocó que, en grupos de seis o siete trabajadores, desalojaran el edificio para evitar un incidente.
Los trabajadores de la Codehum se quejaron porque hicieron la llamada a la Secretaría de Protección Civil estatal para reportar la fuga de gas, pero no llegaron a atender el llamado, por lo que llamaron a Protección Civil municipal.
A las oficinas de la Codehum, llegaron bomberos municipales a revisar el edificio para detectar dónde se originó la fuga de gas.
Después de la revisión, los bomberos informaron que un carro que estaba en el estacionamiento de la Codehum “olía a gas, y que el olor entraba a las oficinas”.
Los trabajadores de la comisión entraron reanudaron sus labores después de más de una hora y media.
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Ya tiene la Codehum el expediente completo de la denuncia por la falta de maestros en Cochoapa
El delegado regional de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en la región Montaña, Celso Vázquez informó que el expediente de la falta de siete maestros en un preescolar y una primaria de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, ya se entregó a las oficinas centrales, y se espera que en, máximo, mes y medio se obtenga la resolución.
El 8 de diciembre, después de la denuncia de la falta de maestros, acudió a la comunidad el coordinador auxiliar de la Codehum en la Montaña, Iván Nochebuena Bravo, para escuchar las quejas de los padres, profesores, y autoridades municipales, que dijeron que no se está garantizando el derecho a la educación. Después se desahogaron las pruebas para emitir recomendaciones a las instituciones implicadas, como la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
En consulta telefónica, el delegado regional de la Montaña dijo que el 16 de enero se entregó la resolución del expediente a las oficinas centrales en la capital del estado, y se espera la resolución a favor de los habitantes de El Coyul para luego notificar a la SEG. Dijo que este proceso durará no más de mes y medio.
En El Coyul, precisó que, para el Centro de Educación Preescolar Indígena 30 de Abril, donde estudian 100 niños, se requieren dos profesores; mientras que en la Escuela Primaria Federal Bilingüe Ignacio Manuel Altamirano, se requieren cinco maestros.
Denuncian ante la Codehum hostigamiento a trabajadoras de Prospera despedidas y a médicos
La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para denunciar despidos injustificados de trabajadoras del programa federal Prospera, el hostigamiento a trabajadores que se oponen a la reforma del sistema de salud del país, y el nulo avance en la liberación de Patricio Margarito Rivera, acusado de despojo por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
A las 11 de la mañana, integrantes de las organizaciones que forman parte de la Dirección Colectiva acudieron a la Codehum, donde las trabajadoras de Prospera, Roselia Franco Tranqulino y Mayra Morales contaron que el pasado jueves denunciaron su despido injustificado, por instrucciones del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
En la reunión con el presidente de la Codehum, pidieron que su caso sea remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Denunciaron que fueron despedidas cuando se negaron a ser parte de actos de corrupción, como firmar a nombre de aviadores para avalar que sí trabajan en la delegación. Dijeron que son 29 trabajadores los que fueron despedidos, pero los demás temen denunciar ante la posibilidad de represalias.
A la reunión acudieron también miembros del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud en Guerrero, el médico Hilario Zúñiga y la trabajadora administrativa de la jurisdicción 03 de Chilpancingo, Érika Salgado, quienes denunciaron hostigamiento por participar en el movimiento de los médicos contra la reforma del sistema de salud mexicano.
Érika Salgado manifestó que está siendo hostigada y amenazada por el jefe de la jurisdicción, Saúl Romero Téllez, y el área de Recursos Humanos, por participar en conferencias que impartió un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la universalización de los servicios de salud.
El médico Hilario Zúñiga dijo que también los ha hostigado el jefe jurisdiccional, luego de que el Frente convocó a la marcha del Día del Médico (20 de octubre), y ahora lo acusan de dirigirla.
Ramón Navarrete dijo que buscaría una reunión con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para revisar el caso, y pidió definir una reunión conjunta con otros trabajadores de Salud que están en la misma situación, para que expongan sus casos.
Plantearon el caso de Josefina Margarito Rosendo, hija de Patricio Margarito Rivera, que se unió a la Dirección cuando el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame acusó a su padre de invadir un predio, pese a que existe un contrato de compra-venta.
La joven explicó que su papá lleva ya dos meses recluido en el penal de la capital; y que inicialmente les pidieron una fianza de 124 mil pesos que no pudieron pagar.
Agregó que han intentado exhibir pruebas de la inocencia de su padre en el penal, pero no se las reciben por orden del secretario general Salazar Adame.
Navarrete Magdaleno se comprometió a que abogados de la Codehum se encargarían del acompañamiento, para darle una explicación jurídica clara, y para revisar el expediente que no le han mostrado a la familia.
El ombudsman dijo que también buscará una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y con el juez que lleva el caso, para que el proceso sea transparente y no haya intromisión de terceras personas.
Dan la Codehum y la Ssa seguimiento a dos recomendaciones tras negligencias: ombudsman
La Secretaría de Salud (Ssa) y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) trabajan en el seguimiento de dos recomendaciones, una sobre la muerte por negligencia de un niño en Atoyac, y otra en el Hospital General de Coyuca de Benítez, de la muerte de un bebé antes de nacer.
Consultado telefónicamente, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno detalló que las mesas de trabajo se instalaron el martes, y que están a cargo de la secretaria ejecutiva del organismo, Mónica Castro Contreras.
Contó que la Ssa y la Codehum firmaron un convenio de colaboración para echar a andar un mecanismo que permita abatir las violaciones a los derechos humanos en el sector Salud.
Refirió que en la última mesa que se instaló trabajaron en dos recomendaciones, una es del expediente de la muerte de un niño a causa de una negligencia médica, en el Hospital General Juventino Rodríguez García de Atoyac, que llegó con un dolor estomacal y fue atendido por una pediatra, el año pasado.
Según el expediente, el abdomen del niño comenzó a hincharse, y lo trasladaron al Hospital General de Acapulco en Renacimiento, donde no lo recibieron porque no había camas. De ahí lo trasladaron al Hospital General Vicente Guerrero, donde murió al llegar, contó el ombudsman.
El segundo caso es la muerte de un bebé antes de nacer, “el 17 de enero de 2015; inició siendo atendida (la madre) en Coyuca de Benítez, y también por su complicación se trasladó a Acapulco para su intervención en el Hospital General, fue ingresada al quirófano, se le practicó la cesárea, pero ya había fallecido el producto, antes de ser ingresada a ese hospital”, relató.
En ambos caso se emitieron recomendaciones y se instalaron las reuniones de carácter conciliatorio y para la reparación del daño.
Explicó que, “como son recomendaciones de hechos que sucedieron en el gobierno anterior, lo que hacemos primero es que este gobierno las acepte de manera institucional… y además se comprometa a la reparación del daño”.
Navarrete Magdaleno abundó que la reparación del daño, esencialmente cuando fallece una persona, se trata en lo económico, porque no cumple con una reparación del daño eficaz, sino que resarce “un poco” el daño causado. Dijo que, además, se recomienda a la institución dar cursos sobre respeto a los derechos humanos, e integrar expedientes para concluir con la responsabilidad que resulte de los sectores involucrados en los hechos.
Sostuvo que estas recomendaciones quedan en manos de médicos especialistas que puedan dictar exámenes periciales que permitan conocer, de manera técnica, si los médicos se sujetaron a los protocolos de atención para el tratamiento del padecimiento, o hicieron caso omiso de algún protocolo, causando la muerte del paciente.
“Acabamos de firmar un convenio con la Comisión de Arbitraje Médico, para que nos hagan ellos también los exámenes periciales, pero son asuntos complejos, incluso pedimos la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que sus médicos… (revisen) los expedientes para que los médicos especialistas en diferentes temas puedan emitir un dictamen” en la Ciudad de México, detalló.
El ombudsman agregó que, “encontramos en la Secretaria de Salud problemas complejos no actuales, sino que se ha venido arrastrando de muchos años… En el caso del Seguro Popular, por supuesto que esto impacta, en los servicios hace más complejo el beneficio que tiene que dar”.
Sin embargo, aseguró que la Ssa, a pesar de las complicaciones ha estado al pendiente de las recomendaciones y de la reparación del daño.
Encuentran una osamenta humana en Chilpancingo
La tarde de ayer fue encontrada una osamenta en un predio en la colonia Zimapa en el asentamiento San Juan al oriente de la capital.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la 1:37 de la tarde recibieron un reporte de que estaba un cuerpo cerca de la tienda Bodega Aurrerá en la colonia Galeana al norte de la ciudad.
Agentes de la Policía Municipal, estatal y ministeriales llegaron a la zona y les informaron que habían restos óseos en un predio en la mencionada colonia.
Según testigos, un hombre hacía limpieza en su predio y halló los restos óseos.
Trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) recogieron los restos humanos, después fueron enviados para hacer las pruebas de ADN y ser identificados.
Las autoridades de la Fiscalía no precisaron cuántos huesos recolectaron, además una perito se cayó al hacer las diligencias y fue atendida por paramédicos de Protección Civil (PC) estatal.
Exigen familiares del comandante muerto en un accidente indemnización al gobierno de Tlapa
Familiares del comandante de la Policía Municipal de Tlapa, Humberto Ramírez Lara, muerto en un accidente automovilístico cuando regresaba de una capacitación en Chilpancingo, exigieron al presidente municipal el priista, Jesús Noé Abúndiz García, que cumpla con el pago de sus derechos laborales, ya que murió mientras trabajaba.
Según un escrito, el hermano del comandante, Josafat Ramírez Lara; sus ex parejas, Natividad Bartolo Sierra y Antonia Morán Ceballos; y su pareja actual, Blanca Flor Francisco Francisco solicitaron al Ayuntamiento de Tlapa que les garantice los derechos salariales y prestaciones individuales y sociales, derecho a la indemnización, seguro del trabajador, fondo o de caja obligatoria de pensión, y pensión de sobrevivencia en alimentación en orfandad de los seis hijos menores de edad del comandante, pero no han tenido respuesta, pese a que fue recibido por el Ayuntamiento el 4 de agosto.
La mujer con quien vivía al momento de su muerte, Blanca Flor Francisco dijo que el presidente ofreció en el funeral todo el apoyo a los familiares y que se le entregaría una indemnización y pensión para los hijos, pero de ese día a la fecha nada ha cumplido.
Dijo que en el funeral les entregó 15 mil pesos, pero fue todo el apoyo económico que recibieron, y desmintió que a un familiar le entregaron 50 mil pesos como supuesta indemnización, “por eso estamos luchando, para que nos entreguen lo que le corresponde y nos ayuden con educación, salud, vivienda, vestido y calzado para los hijos que perdieron a su padre en un accidente de trabajo”.
Remarcó que, como familiares, están unidos y a nadie le han entregado nada, como han dicho trabajadores del Ayuntamiento, porque lo único que llegaron a cobrar fue la quincena que el finado trabajó, 5 mil 144 pesos, que fue repartida entre las tres mujeres, a quienes les daba mil 500 para sus hijos y, en ocasiones, apoyaba económicamente a su padre.
Blanca Flor Francisco lamentó la falta de respuesta y apoyo del Ayuntamiento, pese a que su pareja murió en el accidente mientras volvía de un curso de capacitación al que se fue con gastos propios.
No los atienden en el MP de Coyuca de Benítez, dicen los comerciantes que denunciarían al alcalde
Ayer culminó la demolición de los locales en el Mercado Morelos en Coyuca de Benítez, sin que el presidente municipal, Javier Escobar Parra se acercara a ellos, reclamaron dueños de los locales.
Los comerciantes manifestaron que quienes intentaron levantar una denuncia en el Ministerio Público (MP) de Coyuca de Benítez, no fueron atendidos, lo que calificaron como un acto de corrupción entre los gobiernos estatal y municipal.
En la mañana, un visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) les notificó a los comerciantes que ya se inició la investigación de su queja contra el alcalde.
Los locatarios manifestaron que sus negocios fueron derribados con máquinas retroexcavadoras pese a que aún tenían mercancías dentro, y que algunos de ellos perdieron hasta más de un millón de pesos. La locataria, María Martha Barrera Lagunas, dueña de los locales 51 y 53 dijo que ella fue sola al Ministerio Público pero la ignoraron, no insistió y se retiró, y que prefirió dejarlo así porque, “me han amenazado varias personas de diferentes áreas del Ayuntamiento, amenazándome con armas”.
En visita a las ruinas del mercado, la vendedora se quejó de que intentó levantar una denuncia en el Ministerio Público de Coyuca por el despojo del gobierno municipal, debido a que ellos estaban amparados; sin embargo, la autoridad se negó a atenderla.
La mujer, que vendía pasta de mole rojo y verde, tostadas, chalupas, semillas y otros productos de una tienda de abarrotes, manifestó que estaba lleno de coronas que no vendió en las festividades del Día de Muertos, “ahí quedó todo, aplastadas en medio de todos los escombros”. Calcula que perdió casi 2 millones de pesos, porque su negocio era uno de los más surtidos.
Entre los escombros, algunos locatarios sacaban cortinas de metal que podían reutilizarse o piezas de metal para venderlas como fierro viejo. En la esquina del mercado que colinda con la carretera, vendedores de pollo y pescado ofrecían sus productos.
Por su parte, el comisario ejidal Homero Popoca, recordó que en 2009 entregó una constancia de posesión a los locatarios, “para agilizar sus escrituras, y están en el Registro Público de la propiedad”. Para ese año, expidió 302 oficios que acreditaban a los dueños legítimos del mercado. Dijo que desconocía con qué argumentos el Ayuntamiento destruyó los locales.
La autoridad comunal criticó que el alcalde Javier Escobar no se acercó a los propietarios de los locales que se negaban a salir, y ahora se quedaron sin patrimonio.
Por su parte el representante legal de los comerciantes del mercado Morelos, Fulgencio Cruz López recordó que dos veces visitaron el Congreso local y diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRD, PT y PRI para que solicitaran una tregua al presidente municipal Javier Escobar, para que no entraran las máquinas desde el miércoles de la semana pasada, pero no ocurrió.
El sábado, el diputado por MC fue al mercado y les dijo a los locatarios que se habían violado los acuerdos que los diputados plantearon y que hoy martes subiría a tribuna para inconformarse con el alcalde de Coyuca de Benítez.
El comerciante manifestó que, después de que se fue Ricardo Mejía las máquinas llegaron a terminar de destruir el mercado.
El sábado también les cortaron el suministro de energía eléctrica. Ayer, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una camioneta estacionada a un costado del mercado, terminaban de hacer la reconexión del cableado.
Ante la falta de respuesta de la Codehum, dijo que escalarán su denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Aunque mostró un oficio firmado por el visitador Concepción Bedolla Vega en el que se les notifica que ya inició la admisión de la queja.
Fulgencio Cruz López dijo confiar en que con el acompañamiento de la CNDH y el Congreso local se les regrese ese espacio destruido por el gobierno municipal, para que se levante un nuevo mercado.
Señaló que el gobernador Héctor Astudillo Flores protege al alcalde de Coyuca porque ambos son priístas, “Héctor Astudillo está tapando la gran corrupción desde que estuvo el anterior presidente”.
Los últimos 23 locales, fueron destruidos con el consentimiento de algunos, pero no de la mayoría, lamentó el dirigente de los comerciantes, quien reiteró que el alcalde no se ha acercado a ellos pese a que declaró el miércoles de la semana pasada, que dialogaría con quienes se negaban a salir.
Ya en la tarde, fuentes oficiales reportaron que 70 comerciantes se presentaron en el Ministerio Público de Coyuca de Benítez para denunciar el despojo, además de daños y lesiones a los locatarios el fin de semana, cuando terminaron de destruir el mercado Morelos.
Solicitan vecinos de Nuevo Balsas que gestione la Codehum un nuevo diálogo con la minera y el gobierno
Representantes de los habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, solicitaron este lunes la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para tener un nuevo acercamiento con los representantes de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold.
El grupo de inconformes de ese pueblo demanda de la empresa una indemnización de 500 mil pesos anuales ante la contaminación al medio ambiente y la disminución de la pesca, que era su principal ingreso y que ha disminuido hasta en un 70 por ciento.
La reunión más reciente que tuvo una comisión de habitantes de Nuevo Balsas con el gobierno del estado y la minera, fue el 14 de octubre pasado. En esa reunión estuvieron el subsecretario para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, y el encargado de relaciones comunitarias de Media Luna, Alejandro Bello Gómez.
En esa ocasión no llegaron a ningún acuerdo y los integrantes de la comisión de Nuevo Balsas se retiraron molestos; anunciaron incluso que bloquearían los accesos a la minera, ante la cerrazón a su demanda de indemnización.
Sin embargo ayer, acompañados por el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, demandaron la intervención del presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno para que el gobierno estatal y la empresa reanuden la mesa de diálogo.
El representante de Nuevo Balsas dijo al presidente de la Codehum que el gobierno del estado se ha colocado del lado de la minera debido a que recibió 50 millones de pesos para que la dejaran trabajar, mientras que los habitantes están sufriendo las consecuencias de la contaminación que provoca en el aire y en al agua.
Aseguró que el centro de salud está saturado de pacientes con enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel, y que los médicos les recetan medicinas que no hay.
Informó que para paliar un poco la situación, hace dos semanas la misma empresa minera envió a un grupo de médicos generales, cuando lo que se requiere son toxicólogos para que hagan estudios especializados a los pacientes.
Agregó que están seguros de que esas enfermedades son provocadas por la contaminación del aire generada por los trabajos de la minera, pues informó que el pueblo se encuentra a 2 kilómetros en línea recta de donde se hace la extracción a cielo abierto.
“Todo el polvo que producen lo lleva el viento al pueblo, si por la noche se lava un carro por la mañana amanece totalmente cubierto de polvo, que va mezclado con metales pesados”, y es ese mismo polvo el que respiran los habitantes del poblado, subrayó.
Dijo que los trabajos de la minera también contaminan el agua del río Balsas, que pasa a orillas del pueblo, de donde los peces han emigrado y la pesca ha disminuido hasta en un 70 por ciento.
Añadió que esto ha ocasionado que Nuevo Balsas, se convierta en un pueblo pobre, porque se ha terminado la principal fuente de ingresos.
El vocero de los inconformes denunció que la minera, “obviamente no va a reconocer” que está contaminando. Explicó que en las reuniones con sus representantes, éstos han dicho que hasta que tengan resultados científicos que comprueben que están contaminando van a aceptar su demanda de una indemnización de 500 mil pesos anuales.
El representante informó que actualmente un equipo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) hace estudios para comprobar si existe contaminación, pero que los habitantes desconfían de estos trabajos porque están financiados por la propia minera, “y desgraciadamente nosotros no contamos con recursos para mandar a hacer unos estudios imparciales”, dijo.
Demandó que los trabajos los hagan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), “que son instituciones más serias”.
El presidente de la Codehum respondió que la minera es una empresa particular y que el organismo no tiene facultad para intervenir, sin embargo se comprometió a gestionar una nueva reunión de los representantes de la compañía y el gobierno del estado con una comisión de los habitantes para reanudar el diálogo.
No les han avisado nada a vecinos a manzana de El Mirador donde se demolerán 32 casas
Alfonso Marín Amezcua
Chilpancingo
El dirigente de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocoarha), Gumaro Guerrero Gómez, aseguró que las 60 familias que habitan en el sitio aledaño a la manzana 2-B del fraccionamiento El Mirador, donde serán demolidas 32 casas ante las afectaciones que presentan sus estructuras, no han sido notificadas de que tendrán que dejar sus viviendas.
El lunes pasado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello aseguró que la dependencia federal cuenta con “todos los elementos necesarios” para demoler al menos 32 viviendas de la manzana 2-B del fraccionamiento El Mirador, declarada como zona inhabitable.
A causa de los daños en el predio, ese día acudió el doctor en estructuras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberto Arroyo Matus, para evaluar los daños y reconocer alguna otra zona de riesgo dentro del fraccionamiento.
En su diagnóstico, Arroyo Matus recomendó que los habitantes de manzanas aledañas a la 2-B, debían evacuar cuanto antes el fraccionamiento.
Consultado por teléfono, el dirigente de la Cocoarha, del que son miembros 107 familias que habitan el fraccionamiento, externó que no tienen información sobre la posible evacuación de las manzanas aledañas a la zona afectada.
“Solamente sabemos lo que hemos leído en los medios, que serán demolidas 32 viviendas en la manzana afectada, pero de una reubicación o evacuación no sabemos nada hasta el momento”, dijo.
De la manzana 1-A, donde habitan unas 60 familias, Guerrero Gómez externó que “prácticamente no cuentan con grandes problemas estructurales” en los edificios, y las casas no corren riesgo de derrumbarse.
Señaló que en el fraccionamiento se está avanzando con las pruebas hidrostáticas para la introducción del servicio de agua potable, y que en unos 10 días todo el predio cuente con el suministro.
El dirigente recordó que el doctor Arroyo Matus acudió al fraccionamiento el lunes pasado, “y nosotros permanecemos esperando el dictamen para conocer lo que ocurrirá en la manzana 2-B, pero el problema no es en nuestras viviendas”.
Reiteró que, por el momento no hay información oficial para una reubicación temporal o una evacuación, “pero habrá que ver lo que ocurre los días siguientes, y analizarlo con toda la gente porque es nuestra integridad”, concluyó.
Se reúnen familiares de desaparecidos de Iguala y el presidente de la Codehum, donde existen 150 quejas
El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno se reunió con Los Otros Desaparecidos de Iguala para hablar de las 150 quejas que han interpuesto las familias de desaparecidos, y a las que el organismo no les ha dado seguimiento.
Este viernes, el ombudsman de Guerrero sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta y la representante de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena Cruz, en Chilpancingo.
Consultada al finalizar la reunión, Bahena Cruz informó que es la primera vez que se reúne con el presidente de la Codehum, “desde que se formó la comisión de Los Otros Desaparecidos, el presidente no se había reunido con nosotros”, comentó.
Bahena Cruz dijo que la reunión fue para que la Codehum le dé seguimiento a las quejas que han interpuesto los familiares de los desaparecidos en Iguala.
Detalló que, en total son 150 quejas que se interpusieron desde que se formó el grupo de familiares de los desaparecidos, a las que las autoridades no les han dado seguimiento.
Dijo que el presidente de la Codehum está en la mejor disposición de ayudar, y acordaron proporcionar los números de las quejas para que se pueda trabajar. Bahena Cruz explicó que todas las quejas son porque, “ la autoridad no le ha dado el seguimiento debido a cada una de las averiguaciones que se han levantado en la desaparición de los familiares”.
Por separado, consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno informó que fue un encuentro de presentación de trabajo, “no fue de carácter resolutivo en cuanto a la exigencia que traen los familiares de los desaparecidos”.
Se le preguntó desde cuándo la Codehum no ha tenido contacto con los familiares, y respondió que lo han tenido con los representantes de la Codehum en Iguala, “pero es la primera vez que me siento a dialogar con los familiares de los desaparecidos”, reconoció.
Navarrete Magdaleno explicó que en esta reunión se repartieron algunas responsabilidades, y corresponderá a la líder hablar de los desaparecidos, porque es un tema delicado.
En un boletín de prensa la dependencia se limitó a informar que, “el día de hoy (ayer) el ombudsman se reunió con el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta, y Adriana Bahena Cruz, representante de los otros desaparecidos de Iguala, con quienes se busca trabajar de manera coordinada en la planificación de estrategias que permitan avanzar en los trabajos por la justicia y paz social”.