Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
Las dos primeras jornadas en el Campo Militar Número 1-A en las que participan sobrevivientes de la guerra sucia, familiares de víctimas e integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990, han sido “intensas, enriquecedoras y alentadoras”, de acuerdo con Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y comisionado del Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico.
Los participantes –61 personas, entre sobrevientes, familias y funcionarios, precisó la Secretaría de Gobernación– recorren desde el martes pasado las instalaciones de la zona militar para reconocer los lugares donde se cometieron torturas, detenciones ilegales e incluso desapariciones de disidentes políticos y líderes sociales.
El propósito es recabar información que ayude a esclarecer los crímenes cometidos en el periodo de 25 años conocido como guerra sucia.
“Se ha generado un ambiente muy favorable para poder ingresar”, comentó Barrera a El Sur. “Ha sido muy representativa la presencia tanto de familiares como de sobrevivientes de distintos estados”. En el caso de Guerrero, añadió, el primer día asistieron las activistas Micaela Cabañas y Tita Radilla, además de Arturo Miranda.
“Son grandes luchadoras que han exigido justicia”. Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas, estuvo presa en el Campo Militar no. 1, junto con su mamá Isabel Ayala, cuando apenas era una niña.
“Hemos tenido la presencia de grandes hombres y mujeres, con un corazón de acero por lo que han logrado”, dijo el director de Tlachinollan. “Creo que son muy trascendentes estos días para ellos y ellas porque se logra un objetivo: acceder a las instalaciones militares, que en otras circunstancias históricas y coyunturas políticas se veía muy difícil”.
–Se ha calificado a estas visitas como “hecho histórico”.
–Tiene toda esta fuerza que le imprimió el movimiento de sobrevivientes y familiares. Es algo que les ha significado muchas batallas. Por otro lado, con el decreto presidencial del año pasado, algunos de los compromisos fueron que se accediera a las instalaciones militares, lo que se ha ido materializando. Desde mediados de este año se logró establecer un acuerdo con personal del Ejército para poder ingresar a las instalaciones.
“Que el Ejército facilite, se valora”
Abel Barrera enfatizó la fortaleza de los colectivos y sobrevivientes. “Su entereza y deseo de ingresar. Ellos tienen historias muy claras y precisas sobre cómo fueron detenidos e ingresados al Campo Militar”.
Asimismo, destacó la disposición de los mandos militares a facilitar el acceso. Las reuniones en que se definió el protocolo sobre cómo se entraría comenzaron en junio, dijo.
La selección de los espacios que se están inspeccionado –según se indica en un comunicado de la Segob difundido ayer– “se basó en documentación militar, así como en testimonios de sobrevivientes y personas que han formado parte del servicio público”.
Al Campo Militar Número 1-A, localizado en los límites del Estado de México y Ciudad de México, fueron trasladadas entre las décadas de los sesenta y noventa del siglo XX personas detenidas de forma arbitraria y sometidas a interrogatorios, torturas, prisión clandestina o cuyo destino final, en muchos casos, aún se desconoce. Se habla de al menos 500 personas que fueron llevadas ahí, entre políticos opositores y dirigentes de distintos ámbitos sociales.
“Este lugar ha sido muy señalado por decenas de familiares como lúgubre, un lugar de la infamia. Que facilite (el ingreso) el mismo Ejército, es algo que se valora”, reconoció Barrera.
La Comverdad de la guerra sucia está conformada por cinco mecanismos integrados por civiles y servidores públicos. El primer día de recorrido estuvieron presentes elementos de tres de esos mecanismos, los involucrados con las búsquedas y el esclarecimiento histórico, y cuya presencia en los espacios castrenses es importante.
Ese martes, acompañó a familiares y sobrevivientes personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, dependencia donde fue creada la Comverdad. También hubo representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En opinión del director de Tlachinollan, es importante la presencia los funcionarios “para que sea más efectiva la cobertura de los recorridos, la ubicación de los lugares”.
Una comisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del área de Derechos Humanos ha sido la encargada de recibir y guiar los recorridos.
Barrera mencionó que los participantes acordaron no hablar con detalle, por ahora, de las visitas al Campo Militar. Este jueves o el viernes se difundirá un comunicado conjunto de todos los involucrados “para informar de manera objetiva sobre las actividades realizadas”.
Sobre el primer día, abundó, estuvieron en dos sitios “donde las mismas familias han dado testimonio de que fueron donde los ingresaron. En general, fue “un reconocimiento que seguirá más a detalle en estos días”.
–¿Se cumplió la expectativa?
–Fue un ambiente favorable para facilitar el recorrido, (hubo) buena comunicación para implementar el protocolo. Las personas estaban expectantes, interesadas en entrar, en recorrer, ubicar, hacer reflexiones y preguntar. Las unía el interés de ubicar los lugares. Impacta a uno como comisionado.
–¿Cuál ha sido el protocolo para los tres días?
–Hay un plan al que se le ha dado seguimiento, un programa que se acordó con las autoridades militares. Tiene que ver con el recorrido de las instalaciones. Iniciar temprano y terminar después de las seis de la tarde.
Barrera insistió en que ha habido “un gran ánimo entre quienes participan. Se ha mantenido ese ambiente de entendimiento y respeto para esta labor”.