La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, afirmó que se han recuperado bitácoras y declaraciones de pilotos para profundizar sobre la investigación de los desaparecidos de la denominada Guerra sucia, que pudieron ser lanzados al océano Pacífico desde aviones, los llamados vuelos de la muerte.
“Algunos de los desaparecidos forzadamente durante la Guerra Sucia podrían haber sido lanzados al Océano Pacífico en vuelos que partían de la Base Aérea Militar en Acapulco (Pie de la Cuesta). La CNB ha recuperado bitácoras de los vuelos y declaraciones de pilotos para profundizar sobre esta línea de búsqueda”, indicó la Comisión.
Mediante un comunicado de prensa, el organismo informó que se tiene registro de que de 1974 a 1979 se utilizaron elementos de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado de prisioneros y su posterior lanzamiento al mar.
“De acuerdo con declaraciones de los pilotos, el avión IAI 201 Arava 2005 fue utilizado por el Grupo Aéreo 208 de Búsqueda, Rescate y Evacuación (208 BRE) de la Fuerza Aérea Mexicana entre 1974 y 1979 para trasladar prisioneros y posteriormente arrojarlos al mar”, manifestó la institución.
De igual forma, señalaron que personal de la Base Aérea Militar confirmó la realización de vuelos de la Ciudad de México a Guerrero para el trasladar a personas cautivas, mientras que otras personas eran arrojadas al mar.
“Además, indicó que los vuelos tendrían por lo menos dos particularidades: nocturnos y locales. Esto permite identificar vuelos de interés en la bitácora”, explicaron.
Agregaron que la Comisión se encuentra estudiando las características del avión Arava, para conocer la distancia máxima a la que es capaz de adentrarse al océano y mediante esa información, trazar una ruta de búsqueda y después hacer una asesoría en aeronáutica, oceanografía y arqueología suba cuántica, para mejorar la aproximación.
“Nunca antes una institución de búsqueda de personas se ha planteado este tipo de operación, por lo que la orientación de las personas expertas será crucial para determinar si es viable”, aseveró la CNB.
Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas, enjuga sus lágrimas mientras la consuela el comisionado Abel Barrera, en el segundo día de la mesa del Diálogo por la Verdad Guerrero, instalada por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos de 1965 a 1990 Foto: Jessica Torres Barrera
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Víctimas y sobrevivientes de la guerra sucia relataron entre lágrimas las violaciones que sufrieron de soldados del Ejército, y manifestaron en la Mesa del Diálogo por la Verdad Guerrero instalada por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos de 1965 a 1990 (Comisión para la Verdad), que con la reparación del daño las secuelas no se van a reponer.
“Justicia y verdad, cero impunidad”, “ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, “justicia y verdad y no a la impunidad”, corearon las personas durante el término de cada participación en el auditorio de la Unidad Deportiva, (antes CREA) de Chilpancingo.
Iniciaron las participaciones sobrevivientes y familiares de la comunidad de El Quemado, municipio de Atoyac, quienes exigieron al gobierno federal la reparación del daño.
Arminda Morales Pano, hija de uno de los sobrevivientes, Blas Morales Salas, relató que en 1972 su papá se dirigía a la comunidad de Cacalutla, y ahí los militares lo detuvieron y lo golpearon junto a dos personas más.
Los llevaron a una cueva, los vendaron y no les dieron de comer. Después los subieron a una camioneta y se los llevaron, pero desconocía dónde estaban. Los militares los acusaban de pertenecer a la guerrilla.
Por su avanzada edad, su hija tuvo que relatar lo que Blas vivió. Dijo que su padre estuvo 28 días sin tener comunicación con su familia, “un día le dijeron que ya no anduviera matando guachos (militares) y que se pusiera a trabajar”, posteriormente los militares lo dejaron libre.
“El Quemado pide justicia y la reparación del daño porque ahí las detenciones fueron masivas”, manifestó Morales Pano.
“Hermanos, padecemos aquí el mismo dolor”, externó Saúl Martínez Palacio, una víctima indirecta, porque en ese periodo de la guerra sucia quedaron en la comunidad niños y ancianos, a los demás el Ejército se los llevó a la cárcel, donde fueron brutalmente torturados y otros están desaparecidos.
En El Quemado unos 90 campesinos fueron llevados a la cárcel acusados de pertenecer a la guerrilla del profesor rural Lucio Cabañas Barrientos, quien exigía mejores condiciones de vida para todo el país.
Externó que el gobierno busca la parte más débil y arremerió en contra de las familias que no tenían armas, y una de ellas fue la comunidad de El Quemado, de donde se llevaron a la cárcel a casi todo el pueblo.
Saúl Martínez Palacio dijo que las familias confían en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que son aliados del presidente de la República y de los comisionados de la Comisión para la Verdad, “esto será un gran mensaje para que el mundo sepa lo que pasó en El Quemado”.
En 1972 el Ejército era “bestial” y actualmente lo sigue siendo, porque pese a su uniforme sigue golpeando al pueblo y destruyendo a muchas familias, “los pobladores de El Quemado siempre han exigido justicia y reparación del daño, porque así nos den el dinero que nos den, estas secuelas no se van a reponer, las vamos a llevar hasta la tumba, es un trauma”.
Otra víctima indirecta, Bernan de Jesús Piza recriminó que les dieron poco tiempo para expresar sus sentimientos. Dijo que su padre fue asesinado por el Ejército cuando él tenía 10 años.
“Lo mataron sentado, quedó agarrado de un alambre. Mi papá era un hombre responsable con sus hijos y su esposa, no sufríamos, lo teníamos todo”, el hombre hizo una pausa y lloró al recordar a su padre.
Además pidió un minuto de silencio por los muertos y desaparecidos en el periodo de la guerra sucia. Solicitó que los hechos no se vuelvan a repetir por el Ejército.
El dinero “no puede sanar las heridas en el alma”
Otra familiar dijo que no pedía la reparación del daño, porque no hay dinero que alcance para sanar las heridas que les quedaron, “ni un peso puede sanar las heridas en el alma”.
Una víctima directa contó que el Ejército lo encarceló, lo torturó física y emocionalmente, todo el tiempo lo tiene en su mente, y que cuando su esposa lo buscaba porque no sabía dónde estaba, murió su hijo de seis meses.
“Ese es un dolor grande”, el adulto mayor comenzó a llorar, por lo que el integrante de la comisión y director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández lo abrazó para tratar de tranquilizarlo.
Después contó que el Ejército no los dejaba que compraran muchos insumos de la canasta básica, porque pensaban que era para apoyar a la guerrilla.
En su intervención, la hija de Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas contó la historia entre su papá y su mamá, “esa historia de guerrilla y también de amor, esa historia de mucha lucha”.
Relató que a su madre le tocó vivir muchas cosas en la sierra, estuvo en muchos enfrentamientos a balazos, “vivió la guerrilla muy de cerca”.
Micaela lamentó que la lucha armada de su padre y de muchos otros que están vivos y otros muertos no terminó bien, “la familia de Lucio fuimos muy perseguidos y violentados, finalmente terminamos en las garras del Ejército y en las del mal gobierno”.
Un 27 de noviembre de 1974 fueron llevados al campo militar número 1, Micaela lloró, los presentes le aplaudieron para darle ánimos. Continuó y dijo que fueron secuestrados por el gobierno, estaban su abuela y su tía, quienes sólo por ser familiares sufrieron represiones.
“Sufrimos la desaparición forzada por parte del gobierno y del Ejército. Yo llegue al Campo (Militar) 1 a los dos meses de nacida, salimos de ahí gracias a Dios con vida”, relató.
Contó que para ser liberados su madre tuvo que estar sujeta al gobernador de aquel tiempo, “fue violada por él”, cuando salió del campo militar llevaba un hijo en su vientre, después lo tuvo y fue producto de una violación, el niño nació con malformaciones y a los seis meses de nacido murió.
Después su mamá le quiso cambiar el nombre porque fue amenazada que no se volvieran a inmiscuir con una guerrilla o una organización social, “mi mamá no me dejó ser ni jefa de grupo en la escuela, tenía mucho miedo”.
Entre lágrimas Micaela dijo que su madre se fue de migrante a los Estados Unidos, por lo que se sintió libre y comenzó a rendirle homenaje a su padre, de quien se siente orgullosa.
“Cuando se nombra la Comisión de la Verdad en el estado de Guerrero asesinaron a mi madre a balazos en la calle, saliendo de un templo Evangélico, es un dolor que no se pueden imaginar, porque mi madre sobrevivió a la tortura y unos bandidos la asesinaron porque creyeron que era un testigo fundamental para el esclarecimiento, y saber la verdad de los casos de la guerra sucia”, reprochó.
Desde el 2011 externó que ha vivió con más miedo de salir a la calle, de llevar a su hijo a la escuela, pero que de tres años a la fecha decidió no ser más una víctima, determinó ser una sobreviviente.
“Estoy aquí para dar mi testimonio, salir a la calle y contar lo que me pasó y lo que pasó con mi familia. Seguiremos exigiendo justicia pero ya me cansé de esperar al igual que ustedes, cuántos años hemos esperado, yo 48 y ustedes, es una lástima que no fuimos escuchados antes”, lamentó.
La hija de Lucio manifestó que se sentía en confianza de contar su testimonio porque “ustedes tienen relatos y han vivido la represión igual que yo”, como lo padeció con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex presidente Enrique Peña Nieto, “siempre han estado atrás de mí porque me ven como una amenaza, es todo lo contrario yo sólo reivindicó la lucha del maestro Lucio”.
Dijo que le duele cuando su familia le pregunta cómo han avanzado los casos de la guerra sucia y ella responde que no hay nada, “todavía quieren seguirnos escuchando que seguimos quejándonos de lo mismo, ya no, tenemos que hacer algo, pero para eso tenemos que estar todos juntos”.
En un comunicado se informó que el primer Diálogo por la Verdad reúne en Chilpancingo a más de 200 sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia.
El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico recibió sus testimonios como parte de los trabajos de la Comisión para la Verdad.
En este ejercicio de construcción social de la verdad realizado los días 9 y 10 de diciembre, participaron con sus testimonios públicos integrantes de la familia Cabañas como Guillermina, Pablo y Erasmo, hermanos de Lucio Cabañas, Arturo Miranda, ex militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y Onésimo Sánchez, por mencionar a algunos.
“Para esta primera edición se convocó a más de 200 asistentes provenientes de seis de las ocho regiones que conforman el estado de Guerrero. Se escucharon públicamente los testimonios de 40 víctimas, sobrevivientes y sus familiares, quienes al mismo tiempo, remarcaron y reiteraron la confianza depositada, siendo su participación la prueba más fehaciente de las expectativas que se tiene en las personas expertas comisionadas, en la Comisión para la Verdad, e incluso, en el mismo gobierno”, se informó.
Además el equipo de investigación testimonial registró en forma paralela al evento y de manera privada, las narrativas de casi 60 personas de la sierra de Atoyac, cuyos relatos se retomarán para enriquecer su informe final.
Se indicó que en estos dos días de reivindicación, dolor y esperanza, se escuchó la memoria viva de personas que por más de cuatro, cinco y hasta seis décadas han buscado justicia para ellas, para sus familiares y comunidades.
“Estas historias han quedado registradas en la memoria colectiva de nuestro país, ya son parte del proceso de esclarecimiento de la verdad y de la construcción de una nueva narrativa para estos hechos”, se indicó.
Guillermina Cabañas Alvarado, prima del líder guerrillero Lucio Cabañas platica su testimonio de la represión de la guerra sucia, ayer en Chilpancingo Foto: Tlachinollan
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Guillermina Cabañas Alvarado afinó su puntería disparándole primero a las calabazas, y cuando estuvo preparada entró a la guerrilla de su primo Lucio Cabañas obligada por la represión que en la década de 1970 sufría la familia del líder guerrillero.
El testimonio de Guillermina fue uno de los que recibió ayer la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (Comisión para la Verdad), durante el Dialogo por la Verdad.
Ahora de 74 años, la ex guerrillera originaria de San Juan de las Flores, municipio de Atoyac, contó que en ese pueblo la represión más fuerte se vivió entre 1970 y 1972 cuando fue ocupado por los militares.
Entonces había señalamientos contra los familiares del guerrillero Cabañas Barrientos y los militares llegaban a los pueblos y sacaban a la gente a la cancha de básquetbol, y quienes no se apellidaban Cabañas los ponían a un lado y los que sí en otro.
Muy jovencita entonces, Guillermina vio cuando militares se llevaron a su sobrino Antolín Cabañas Fierro, después a Joaquín Cabañas.
“Se sentía mucha impotencia, mucho coraje, no podíamos hacer nada ante las fuerzas armadas”, contó Guillermina, para entonces ya tenía desaparecido a su hermano Humberto y era ella quien lo buscaba.
Dijo que la mayoría de su familia, incluidos sus padres, salieron desplazados para Acapulco y ella se quedó al frente de los trabajos que le correspondían a su papá, pero también, por eso, fue hostigada por la misma gente del pueblo y empezaron a amenazarla.
De eso se enteró Lucio, quien le mandó una carta en la que le decía que se preparara para salir, antes le mandó a unas personas para que le enseñaran a usar armas.
“Yo le tenía miedo a las pistolas, sentía que me iban a explotar en la cara, pero de tanto y tanto me pusieron a prueba con una calabaza a 100 metros y hasta que le pegué me sentí segura”, contó.
Entonces le mandó avisar a sus padres que se iba a la guerrilla porque se estaban llevando a la familia Cabañas, “y no podemos hacer nada”.
Recordó que sus padres lloraron: “No te puedes ir, allá hay puros hombres, te van a tener de cocinera y no sabemos que más vaya a pasar”, le objetaron.
Pero Guillermina insistió, les dijo que prefería irse a que la agarraran con las manos cruzadas, “me tengo que defender, además yo coincido con las ideas de Lucio”, les insistió y se fue.
Dificultades en la sierra
Contó que el primer mes la acompañó su hermano Silvestre para constatar que ahí (en la guerrilla) había respeto.
“Tuve que estar aprendiendo las reglas, los trabajos se hacían parejo por hombres y mujeres. Los hombres tenían que aprender a hacer tortillas, lavar su ropa e igual las mujeres tenían que arrimar leña y los alimentos que se llevaban de otros pueblos”.
En los primeros días Guillermina se dio cuenta de que la vida en la sierra no era como la había imaginado, en el tiempo de lluvias dormían con la ropa mojada y con las botas puestas.
“A veces no podíamos ni prender la lumbre para preparar café o hacer la comida”, y dijo que lo peor fue cuando los militares los bloquearon y no los dejaban pasar alimentos ni pastillas para los enfermos.
Vio a compañeros que les llegaron a picar alacranes o animales ponzoñosos y no tenían antibióticos, ni pastillas para curarse.
Recordó una anécdota: Un día se le prendió una garrapata de las conocidas como del tigre en la entrepierna y le tuvieron que sacar la cabecita con un cuchillo, y la herida se infectó porque no había antibióticos, sólo se lavaba con jabón o con hojas de yerbas que creía eran curativas.
Además por el bloqueo del Ejército cuando no tenían suficiente comida comían raíces, una de ellas la oreja de burro que hervían para ablandarla.
En una ocasión cuando estaban en Los Piloncillos, no tenian alimentos y comieron cola de león que crece cerca de los arroyos. Contó que hervían el camote y en las noches no aguantaban los dolores de estómago por el frío, o porque lo que comían no era suficiente.
“Pasábamos hambre, frio, dolores, calores, diarreas.
Añadió que por esos días subieron unos médicos a apoyarlos y ella aprovechó para acompañarlos a las comunidades para dar consultas y aprendió a inyectar, poner suero, entablillar y a curar las heridas.
Después, cuando algún compañero se enfermaba ella estaba al pendiente de ellos.
Cuando los médicos se fueron le dejaron a su esposo el directorio para saber cómo se aplicaban las medicinas y los antibióticos, y mientras él daba las consultas ella era la enfermera, así apoyaban a las comunidades y los pobladores, a cambio, les daban huevos, frijol, maíz, a veces pollo que se repartían de a pedacitos.
Recordó que a finales de 1973 salió embarazada y se preocupó porque le daba hambre y no había qué comer, a tal grado que cuando le daba vómito lo que arrojaba era espuma.
Recordó que un compañero cercano a Lucio era “muy bondadoso” con ella y cuando salía de comisión pedía en las comunidades comida para llevarle.
Un día llegó y le dijo: “me da pena Hortensia (así la conocían en el grupo) te traje un pan pero viene bien mojado en mi morral, nos llovió y no sé si te lo quieras comer así. Vio que el pan lo llevaba envuelto en hojas verdes; “el hambre es canija, dámelo”, le respondió.
En otra ocasión se enfermó de gripa, tos y temperatura, mero cuando les avisaron que tenían que irse porque se acercaban los soldados.
Para salir tenían que cruzar un río y su esposo tuvo que cargarla para que no se mojara, pero a medio arroyo resbaló y cayeron los dos quedando totalmente empapada. Ambos tuvieron que seguir mojados porque no llevaban más ropa debido a que habían dejado sus mochilas para avanzar más rápido.
La empapada le agravó el dolor de cabeza, la temperatura y hasta quedó sorda.
Sonriente y divertida, contó que se hizo unos calzones de manta con las bolsas de arroz y a su esposo unos calzoncillos, y a éstos le quedaron el letrero de: “suprema” (la marca del arroz).
Dijo que en broma le pidió a su esposo: “no los vayas a tirar, guárdalos, porque ese calzoncillo va a ir a dar al Castillo de Chapultepec cuando termine esto (la guerrilla), pero en el primer arroyo los tiró y ella se enojó; “porque tenía historia ese calzón”, dijo ayer sonriente, contagiando al público.
El 14 de agosto de 1974, cuando tenía cinco meses de embarazo, Lucio le dijo que tenía que salir de la sierra porque ya era peligroso que enduviera en el monte.
De camino a Acapulco por el monte, una noche se cayó de la hamaca y rodó unos dos metros y su embarazo se le complicó, la tuvieron que sacar rápido, pues ya no podía aguantar más.
Explico que esa vez desbarató una bolsa de manta y se hizo una venda larga con la que se envolvió para avanzar más rápido porque ya para entonces los caminos estaban llenos de militares.
Otras parejas aprovecharon para salir con ellos y hubo lugares que atravesaban “como Tarzán, porque no podíamos ir por el camino, teníamos que ir rompiendo el monte para llegar donde pudiéramos dormir y al otro día seguir rumbo a Acapulco”.
Al final pudieron llegar “con muchos trabajos” a Acapulco, “desafiando los retenes y dando muchas vueltas”.
Explicó que en Acapulco ya tenian un lugar convenido donde se iban a reunir todos los que habían salido.
Informó que llegaron todos, y se abrazaron, rieron, lloraron y se despidieron, cada quien le dio por su rumbo, pero días después se iban enterando “que a fulano lo agarraron, y al otro también”.
Una de las que detuvo el Ejército días después fue Migue, a quien Guillermina dijo que quiso mucho; “siempre anduve pegada a ella, nos queríamos mucho”, contó y dijo que, incluso, a una de sus hijas le puso Migue, en recuerdo a ella que sigue desparecida.
Las dos primeras jornadas en el Campo Militar Número 1-A en las que participan sobrevivientes de la guerra sucia, familiares de víctimas e integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990, han sido “intensas, enriquecedoras y alentadoras”, de acuerdo con Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y comisionado del Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico.
Los participantes –61 personas, entre sobrevientes, familias y funcionarios, precisó la Secretaría de Gobernación– recorren desde el martes pasado las instalaciones de la zona militar para reconocer los lugares donde se cometieron torturas, detenciones ilegales e incluso desapariciones de disidentes políticos y líderes sociales.
El propósito es recabar información que ayude a esclarecer los crímenes cometidos en el periodo de 25 años conocido como guerra sucia.
“Se ha generado un ambiente muy favorable para poder ingresar”, comentó Barrera a El Sur. “Ha sido muy representativa la presencia tanto de familiares como de sobrevivientes de distintos estados”. En el caso de Guerrero, añadió, el primer día asistieron las activistas Micaela Cabañas y Tita Radilla, además de Arturo Miranda.
“Son grandes luchadoras que han exigido justicia”. Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas, estuvo presa en el Campo Militar no. 1, junto con su mamá Isabel Ayala, cuando apenas era una niña.
“Hemos tenido la presencia de grandes hombres y mujeres, con un corazón de acero por lo que han logrado”, dijo el director de Tlachinollan. “Creo que son muy trascendentes estos días para ellos y ellas porque se logra un objetivo: acceder a las instalaciones militares, que en otras circunstancias históricas y coyunturas políticas se veía muy difícil”.
–Se ha calificado a estas visitas como “hecho histórico”.
–Tiene toda esta fuerza que le imprimió el movimiento de sobrevivientes y familiares. Es algo que les ha significado muchas batallas. Por otro lado, con el decreto presidencial del año pasado, algunos de los compromisos fueron que se accediera a las instalaciones militares, lo que se ha ido materializando. Desde mediados de este año se logró establecer un acuerdo con personal del Ejército para poder ingresar a las instalaciones.
“Que el Ejército facilite, se valora”
Abel Barrera enfatizó la fortaleza de los colectivos y sobrevivientes. “Su entereza y deseo de ingresar. Ellos tienen historias muy claras y precisas sobre cómo fueron detenidos e ingresados al Campo Militar”.
Asimismo, destacó la disposición de los mandos militares a facilitar el acceso. Las reuniones en que se definió el protocolo sobre cómo se entraría comenzaron en junio, dijo.
La selección de los espacios que se están inspeccionado –según se indica en un comunicado de la Segob difundido ayer– “se basó en documentación militar, así como en testimonios de sobrevivientes y personas que han formado parte del servicio público”.
Al Campo Militar Número 1-A, localizado en los límites del Estado de México y Ciudad de México, fueron trasladadas entre las décadas de los sesenta y noventa del siglo XX personas detenidas de forma arbitraria y sometidas a interrogatorios, torturas, prisión clandestina o cuyo destino final, en muchos casos, aún se desconoce. Se habla de al menos 500 personas que fueron llevadas ahí, entre políticos opositores y dirigentes de distintos ámbitos sociales.
“Este lugar ha sido muy señalado por decenas de familiares como lúgubre, un lugar de la infamia. Que facilite (el ingreso) el mismo Ejército, es algo que se valora”, reconoció Barrera.
La Comverdad de la guerra sucia está conformada por cinco mecanismos integrados por civiles y servidores públicos. El primer día de recorrido estuvieron presentes elementos de tres de esos mecanismos, los involucrados con las búsquedas y el esclarecimiento histórico, y cuya presencia en los espacios castrenses es importante.
Ese martes, acompañó a familiares y sobrevivientes personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, dependencia donde fue creada la Comverdad. También hubo representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En opinión del director de Tlachinollan, es importante la presencia los funcionarios “para que sea más efectiva la cobertura de los recorridos, la ubicación de los lugares”.
Una comisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del área de Derechos Humanos ha sido la encargada de recibir y guiar los recorridos.
Barrera mencionó que los participantes acordaron no hablar con detalle, por ahora, de las visitas al Campo Militar. Este jueves o el viernes se difundirá un comunicado conjunto de todos los involucrados “para informar de manera objetiva sobre las actividades realizadas”.
Sobre el primer día, abundó, estuvieron en dos sitios “donde las mismas familias han dado testimonio de que fueron donde los ingresaron. En general, fue “un reconocimiento que seguirá más a detalle en estos días”.
–¿Se cumplió la expectativa?
–Fue un ambiente favorable para facilitar el recorrido, (hubo) buena comunicación para implementar el protocolo. Las personas estaban expectantes, interesadas en entrar, en recorrer, ubicar, hacer reflexiones y preguntar. Las unía el interés de ubicar los lugares. Impacta a uno como comisionado.
–¿Cuál ha sido el protocolo para los tres días?
–Hay un plan al que se le ha dado seguimiento, un programa que se acordó con las autoridades militares. Tiene que ver con el recorrido de las instalaciones. Iniciar temprano y terminar después de las seis de la tarde.
Barrera insistió en que ha habido “un gran ánimo entre quienes participan. Se ha mantenido ese ambiente de entendimiento y respeto para esta labor”.
El oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos señaló que Guerrero representa “dos momentos lacerantes” de la desaparición forzada de personas: la guerra sucia y la actualidad, durante su participación en la Tercera Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido en la Facultad de Filosofía y Letras.
Precisó que las diferencias de hace cuatro décadas con la fecha actual es que hace 40 años dos instancias federales ejercían la desaparición forzada como método de represión política, particularmente contra las disidencias de izquierda. Ahora se está perpetrando por una multiplicad de actores del Estado, incluso agentes de Tránsito y de Inmigración que han entregado a gente detenida a grupos de la delincuencia.
El funcionario participó como ponente en el segundo y último día de la jornada conmemorativa del Día del Estudiante que organiza el Colectivo Revueltas desde 2014, y coincidió con la denuncia de estudiantes de la escuela de Artes del asesinato de su compañero Raymundo Darwin Barrientos, ocurrido el día anterior.
García Campos expresó su conmoción por el homicidio dado que en su anterior visita a Guerrero, en el foro Las voces de la víctimas de un Estado fallido, hace dos semanas, conoció el asesinato de otro alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jahaziel Gálvez.
En la conferencia señaló que “desgraciadamente” Guerrero expresa la síntesis de dos momentos lacerantes por la desaparición forzada, “una práctica que se cometió desde los años 70 (la década de 1970), que no ha sido atendida por el Estado y que ha permitido el resurgimiento de la misma con niveles particularmente consternadores”.
En el contexto de la guerra sucia se puede hablar de la desaparición forzada como método de represión política contra disidencias de izquierda que optaron por la lucha armada o por el ejercicio de las libertades democráticas, y como brazo ejecutor a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Dirección General de Seguridad, explicó.
Consideró que entonces la descentralización política bastó para que el método de control y temor “cesara en su intensidad”, pero fue insuficiente para que los actores responsables rindieran cuentas, se revelara la verdad de lo ocurrido y se hiciera la reparación del daño.
Ahora ya no son hechos exclusivos de la Sedena o de Gobernación, sino de una multiplicidad de actores estatales omisivos, en un contexto de mayor complejidad que en los años 70.
“Las autoridades que perpetran de manera directa la conducta o la cometen de manera indirecta por consentimiento o aquiescencia, hacen posible que actores privados sean los que cometan actos de aprehensión de las víctimas. Esta dualidad de autoridades indolentes que han dejado de atender la función primaria de ofrecer seguridad, se ha convertido en factor de permisibilidad para que actores privados realicen actos de desaparición”.
Añadió que se estima que 30 por ciento de las desapariciones que ocurren en el país son niños y niñas, detenidos con distintos modos de operación. Como ejemplo señaló que hay registros de que agentes de Tránsito que entregan a personas a bandas de la delincuencia, y que agentes migratorios aprenden a migrantes centroamericanos a los que no se les vuelve ver, y que se presume son blancos de las redes de trata de personas.
Se necesitan respuestas estructurales ante la inoperancia del sistema de justicia
El oficial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alan García confirmó que Guerrero fue epicentro de la desaparición forzada y que el problema permanece y se extendió a otras entidades de la República, como un “brote endémico”.
Opinó que México precisa respuestas estructurales para resolver la inoperancia del sistema de justicia, para identificar a las personas que han sido desaparecidas y decir cuál fue su destino o paradero.
“En el caso de que hayan sido ultimadas que se verifique con mecanismos científicos la identidad, y que los restos sean de manera dignificada entregados a familiares, que se mantenga viva la memoria y se honre el legado de estas víctimas”.
Sin embargo, en el país las búsquedas “son fundamentalmente de escritorio” y en los servicios forenses “la ciencia está ausente”, denunció.
Advirtió que el Estado mexicano está jugando su reputación en la elaboración de una estrategia de cambios institucionales y normativos, “que aún no están a la altura del gran desafío”.
Destacó la contribución actores fundamentales en este proceso: las víctimas que reivindican sus demandas con protestas, organizaciones de la sociedad civil que promueven y entienden los derechos humanos, organismos internaciones que ya iniciaron un ciclo intenso de escrutinio y que han dado al Estado un catálogo amplio de recomendaciones para remontar el momento crítico que enfrenta, y la academia que está colocando sus saberes y conocimiento al servicio de la causa. En este último bloque colocó también a la población estudiantil.
Respaldo a los presos de la CRAC y a la universitaria Lucy Baltazar
A la actividad en Ciudad Universitaria acudieron también la esposa e hija del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, para dar su testimonio de la lucha de los familiares desde la aprehensión del luchador social ocurrida el 6 de noviembre de 2013.
La señora Ausencia Honorato Vázquez dijo que antes de la detención de su esposo ella no conocía nada de la lucha social, pero a él siempre le gustó apoyar a los campesinos y a los maestros, gestionar apoyos al campo y servicios en su barrio El Fortín, en Tixtla.
Recordó que como promotor de la CRAC acudió a los pueblos a organizar a la gente, que se interesó en formar policías comunitarias porque cuando llamaban a las policías municipal o estatal por problemas en los pueblos nunca llegaban, no obstante fue detenido en una excesiva operación de la Policía Estatal en Tixtla.
Añadió que durante tres días no supo en dónde se encontraba recluido, hasta que recibió una llamada del penal federal de Miahuatlán, Oaxaca.
“Desde que lo conozco a él le ha gustado la lucha y eso no le gusta al gobierno”, denunció con sencillez.
La mamá de la estudiante Lucy Baltazar Miranda, la señora Hermininia Miranda pidió apoyo a la comunidad universitaria para conseguir la libertad de su hija, una joven detenida y trasladada a un penal de máxima seguridad a pocos días de concluir la licenciatura de Artes, en 2014, como alumna de excelencia de la UAG.
En un escrito leído por una joven a su lado, señaló el origen humilde de la universitaria, que trabajó desde pequeña para sostenerse y apoyar a sus hermanos menores, descargando fruta, elaborando alimentos, vendiendo discos y en últimas fechas, tomando fotografías.
Está detenida en el penal federal de Coatlán del Río en el Estado de México, y se sabe muy poco de su detención porque la familia no tiene información del caso.
Informó que buscaron apoyo en las instituciones estatales pero un caso de humanidad fue complemente politizado, y Lucy continúa escribiendo cartas, pintando cuadros, escribiendo poesía, “sigue dándole al arte como un método de resistencia, seguimos organizándonos para que lo que le ha pasado a ella no quede en olvidó”.
Uno de los organizadores de la Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido recriminó que ayer habría verbenas en Ciudad Universitaria para celebrar con música y alcohol el día del estudiante, auspiciadas por los directivos y el rector Javier Saldaña Almazán, quien no se pronunció por la joven detenida ni por los estudiantes asesinados en días recientes. No obstante llevó a la prensa la denuncia del ataque a su camioneta.
La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.
El encuentro se tornó ríspido
Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.
En Atoyac exigen seguridad
En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.
A siete años de la sentencia del caso Rosendo Radilla vs el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el gobierno sigue protegiendo al Ejército, pues no reformó como debería el artículo 47 sobre el fuero militar.
En conferencia de prensa en sus oficinas en la ciudad de los servicios de Atoyac la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en voz de su vicepresidenta Tita Radilla Martínez denunció que la desaparición forzada siga siendo una práctica en la actualidad.
Recordó que existe el antecedente de más de 500 desaparecidos durante la guerra sucia y de cientos de familias desplazadas por militares, que hoy demandan la reparación integral del daño.
Radilla Martínez, hija del campesino Atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido por militares, manifestó que desaparición forzada ha sido una práctica del Estado mexicano para eliminar a los que considera sus enemigos “principalmente a quienes se organizan para exigir sus demandas económicas, políticas y sociales”.
Reseñó que fue así como a finales de la década de 1960 cientos de jóvenes se organizaron y tomaron las armas para luchar por la justicia, trabajo y educación después de ver cerradas las opciones democráticas.
Indico que después de años de “pedir, exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de estos lamentables hechos la Afadem, la Confederación Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la familia Radilla decidimos llevar a instancias internacionales el caso de Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido por el Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 junto con cientos de personas que también corrieron con la misma suerte”.
Abundó que a siete años de emitida la histórica sentencia contra el Estado mexicano no ha habido cumplimiento en los puntos principales, como la investigación, búsqueda y reparación.
Demandó que se cumplan las modificaciones constitucionales ordenadas por la Corte Interamericana, además de que se investigue con carácter científico para dar con la ubicación de Rosendo Radilla y de todos los desaparecidos en México.
Agregó que la reparación integral del daño para todos los familiares de los detenidos desaparecidos es procurando verdad, justicia y garantías de no repetición.
Insistió en que “desafortunadamente el Ejército ha gozado de impunidad, la autoridad siempre lo ha protegido no se ha podido llegar, hubo precisamente por la sentencia una reforma al artículo 47 constitucional para la acotación del fuero militar que no se dio como debería de darse, como lo ordenó la Corte”.
Lamentó que se hizo una modificación que es insuficiente, ya que los militares que hayan tenido participación en violación a los derechos humanos con civiles “van a determinar si el fuero civil o militar será quien lo vea”.
Abundó que parte de la lucha constante es que sean los militares que estuvieron en las acciones de “terrorismo de Estado” los que digan qué pasó con todos los desaparecidos, ya que no se trata sólo del caso de Rosendo Radilla, sino que son cientos los que están luchando.
El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata mencionó que los organismos internacionales son los que han estado exigiendo justicia en los casos de violaciones de derecho humanos en México, como el caso de los 43 normalistas que el Estado se niega a reconocer que es una desaparición forzada.
Dijo que el Estado mexicano nunca ha hecho una investigación real, “simula ante la comunidad internacional que investiga y lleva el proceso, es bien sabido que firma y ratifica tratados internacionales pero les pone candados y declaraciones interpretativas para que no se cumpla”.
Uno de esos tratados fue el de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada que no ha ratificado el comité de seguimiento, “igualmente está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que tiene una reserva y declaración interpretativa que afortunadamente en el caso Radilla, esas se echaron abajo y la Corte determinó que no funcionaban esos candados como los querían aplicar en México”.
Indico que si no es por la presión internacional al interior del país no pasa nada, pero en el caso Rosendo Radilla ya no lo pudo negar el Ejército ni el Estado mexicano que lo reconoció, “pero aún así no hacen la investigación, deberían de estar citando a militares a declarar y decir ‘nosotros los tenemos’ porque igual a todos los bajaron de la sierra y trajeron a lo que es hoy la Ciudad de los Servicios, ellos saben donde los tienen”.
Reprochó el Ministerio Público no tenga la capacidad para obligar al Estado mexicano, que no quiere que se sepa la verdad porque los criminales son sus agentes militares.
Agregó que hay varios casos donde militares se han inmiscuido en casos de civiles como Rosenda Cantú y las jóvenes que fueron violadas por soldados, “pero no se ha hecho nada, los están protegiendo, es un contubernio de impunidad y actitud criminal del Ejército en contra de la población, no hay voluntad política para que se conozca la verdad”.
Señalo que los mismos militares que han sido responsables de desapariciones “hoy están reciclados en diferentes instituciones, grupos paramilitares, grupos de policías bancarios e incluso después del Ejército mexicano se convirtieron en Zetas, y ahora después son muchos de ellos los que están desapareciendo, masacrando y desmembrado”.
En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.
El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz
Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.
Familiares, amigos e integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) velaron ayer en las oficinas de la organización, ubicadas en Tepetixtla, Coyuca de Benítez, el cuerpo de su fundador, Benigno Guzmán Martínez, que a petición de los pobladores será sepultado hoy.
El luchador social murió el martes en su casa de Acapulco, por la tarde su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, y después fue trasladado a Tepetixtla.
Amigos y compañeros de Benigno Guzmán relataron sus vivencias con el luchador campesino, a quien reconocieron la defensa de los derechos humanos en la sierra y en municipios de la Costa Grande del estado.
El primo de Benigno Guzmán, Oscar Guzmán, de 58 años, relató que a Benigno no le gustaba que a la organización sólo se le nombrara por sus siglas. Oscar Guzmán resumió así la lucha de los campesinos que se organizaron el 14 de enero de 1994, “no ha habido ningún cambio en el trato de los gobiernos con la organización, al gobierno priista tenías que irle a exigir, a pedir, a rogar, al gobierno perredista igual, y a veces resultaba peor, tratar con Zeferino, era una persona intratable; ahora se la da de una blanca palomita, pero es déspota como él solo”, y dice que nada cambió la política del régimen caciquil-priista con la transición de la partidocracia, con el PRD en el poder.
El mayor anhelo de quienes integran la OCSS, pero sobre todo de Benigno, es el respeto del gobierno a la forma de organización que tenía la agrupación, que no fue registrada ni constituida frente a un notario público como una figura jurídica, lo que provocó que los gobiernos no los reconocieran y que los desatendieran.
Oscar Guzmán contó que en la primera reunión del fundador de la organización con el gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, en septiembre de 1994 en Casa Guerrero, los integrantes de la OCCS solicitaron molinos y machetes, la presentación con vida de los desaparecidos y la liberación de los presos políticos, pero la respuesta de gobernador fue, “esto ya ni lo pidan, a éstos ya se los llevó la chingada”.
Después, el gobernador fue hasta la localidad a entregar los apoyos y, como lo dijo, no cumplió la petición de presentar a los desaparecidos ni de liberar a los encarcelados. Meses después, desapareció Gilberto Romero Vázquez, uno de los representantes de la sierra de Atoyac, que fue visto por última vez el 24 de mayo de 1995.
Días después, el 28 de junio de 1995, fueron asesinados 17 campesinos y heridos 21, por efectivos de la Policía Motorizada y Judicial del estado que pusieron un retén, por órdenes del gobernador Figueroa Alcocer, para impedir una manifestación de la OCSS, lo que le costó el puesto al gobernador.
“Hoy que nos abandona el compañero Benigno tenemos proyectos definidos, estamos trabajando con la Universidad de Chapingo”, que aprobó una unidad ganadera en la población de unos 7 mil habitantes, dijo con lágrimas en los ojos.
Uno de los logros de las gestiones de la OCCS es la construcción de los puentes de Atollaquilla, Santa Cruz y Aguas Blancas, que desde hace cuatro años se gestionaron y desde hace dos comenzaron a funcionar.
Reivindicar los derechos humanos de los campesinos fue el objetivo que persiguió Benigno, sostuvo su primo, buscar que se garantizará la alimentación, la salud, la educación, tener una vivienda, un trabajo, exigir los insumos necesario para que los campesinos pudieran trabajar sus tierras.
Pero en la marcha encontraron la manipulación del gobierno para que los campesinos desistieran de la organización, mediante el chantaje y la división, para que la gente olvidara del problema de fondo.
Reconocen organizaciones, amigos y familiares al luchador social, campesino, esposo y padre
De los siete hijos que procreó Benigno Guzmán Martínez sobreviven cinco, y su esposa Sofía Bustamante, quienes lo acompañaron durante los últimos tres años críticos del cáncer que invadió su estómago.
El mayor de los hijos, Vicente Guzmán de 36 años, recordó que acompañó a su padre a muchas de las marchas y protestas que organizó la agrupación. Pero desde hace 13 años vive con su propia familia y se apartó del movimiento.
Ayer, reunidos en las oficinas de la OCCS en Tepetixtla, una comunidad ubicada en las faldas de la sierra, recibieron a los conocidos del papá y esposo. Para llegar allí, hay que viajar una hora desde la cabecera municipal y, antes de llegar, uno debe ser revisado por un destacamento de militares del 68 Batallón de Infantería que se instaló ahí desde hace 10 años.
A petición de los compañeros y conocidos del fundador de la OCCS, el cuerpo no fue sepultado ayer, sino hasta hoy. En el transcurso del día llegaron representantes de organizaciones sociales, y de derechos humanos como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia Mi Patria Es Primero, de Tixtla, del Frente de Defensa Popular (FDP), y de la Red Guerrerense de Derechos Humanos. También acudieron sus compañeros fundadores de la OCSS Hilario Mesino y Marino Sánchez.
El ataúd que contenía los restos del luchador social fue colocado en un espacio de la casa que sirve como oficina de la organización. El inmueble mide unos 4 metros de ancho por 10 de largo; en un rincón fueron amontonados libros, documentos y archivos de la organización.
Hace poco que fue rehabilitado el techo de la oficina que, desde que enfermó Benigno se abrió poco. Luce láminas de aluminio, se construyó la barda. El terreno de unos 20 metros de largo por 15 de ancho lo ocupó la organización en 1994; en un inicio fue destinado para un destacamento de la ex policía montada, pero después los vecinos lo donaron a la organización.
El señor Juan Adame de 76 años, dice que se unió a la organización luego de la matanza de Aguas Blancas, de la que dos de sus hijos son sobrevivientes, pero uno fue encarcelado por el gobierno. Él se convirtió en una de las personas cercana a Benigno, “siempre que venía o que se iba (del pueblo), me pasaba a ver, nunca me separé de él”.
Con una voz pausada, cuenta que Benigno le enseñó a luchar por sus derechos cómo campesino. Rememoró que en una ocasión, en Coyuca de Benítez el presidente municipal, Merced Valdovinos Diego les dijo que se apartaran de él (Benigno), “yo a todos ustedes los voy a atender, menos a Benigno, porque él no respeta mi investidura… Yo le dije al presidente: dígame usted quien le dio esa investidura, si usted no respeta la investidura del pueblo”, después, todos salieron del Ayuntamiento. “Benigno era una persona que ayudaba a la gente, pero no faltaba la gente que maneja el gobierno, que decía que sólo pedía por él y que no repartía la ayuda”, comentó.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández dijo que Guzmán Martínez “pertenece a una generación de los luchadores más antiguos. Son de la generación de luchadores que lamentablemente se está terminando”.
Expresó que es una perdida irreparable para la organizaciones sociales, pero el legado que dejó el fundador de la OCCS es importante porque, “como campesino fue un hombre sencillo, y alguien inclaudicable, a Benigno se le puede colocar en ese nivel de un defensor de derechos humanos”.
Uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez murió este martes en Acapulco a los 66 años de cáncer de pulmón.
El luchador social falleció en su casa, según informaron sus familiares; su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, ubicada en la avenida Ruiz Cortines y hoy será trasladado a Tepetixtla, donde lo sepultarán.
Benigno Guzmán fue uno de los campesinos que se reunieron el 14 de enero de 1994 para conformar la OCSS, para que las autoridades atendieran sus demandas de fertilizante para producir maíz, despensas, materiales para vivienda, respeto a los derechos humanos de los campesinos que constantemente violaban las policías y el Ejército y la presentación de los desaparecidos durante la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas.
Benigno Guzmán falleció de cáncer de pulmón en su casa, luego de que su familia lo sacó del hospital general, donde fue internado días antes, y donde les dieron el pase para que lo trasladaran al Hospital de Cancerología, al que ya no ingresó.
Sus familiares informaron que hace tres años le detectaron cáncer de estómago, el cual controló, sin embargo hizo metástasis en el pulmón, el último año se fue debilitando, y desde noviembre del año pasado su condición empeoró.
El luchador social originario de Otatlán, municipio de San Miguel Totolapan, fue perseguido en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer porque denunció desde el primer momento la masacre de Aguas Blancas, que ocurrió el 28 de junio de 1995, cuando fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos, hecho por el que Figueroa Alcocer fue obligado a separarse del cargo al año siguiente.
Guzmán Martínez fue preso político acusado de diversos delitos que el gobierno le fabricó, con motivo de las movilizaciones de la OCSS, principalmente en Coyuca de Benítez. Fue detenido en enero de 1997 en la ciudad de México, donde se había refugiado para evitar la persecución de Figueroa, y encarcelado por los delitos de sedición, motín y daños al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por los que fue sentenciado a 13 años de prisión y enviado en 1999 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde salió libre el 8 de marzo del 2001.
El luchador social fue acusado bloquear el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en 1995 para exigir fertilizante y obras para las comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez. También fue señalado por la Secretaría de Gobernación como uno de los principales integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
A un mes de salir del penal, Benigno Guzmán denunció la existencia de un grupo paramilitar en la sierra de Coyuca de Benítez, que se hacía pasar por una facción del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y que lo amenazó; hecho del cual responsabilizó al entonces alcalde perredista, Rafael Ariza Bibiano.
En diciembre del 2010, nuevamente, Benigno Guzmán fue detenido por policías ministeriales, acusado de ataque a las vías de comunicación, según la denuncia presentada por el entonces alcalde, Merced Valdovinos Diego. Fue puesto en libertad el mismo día porque la orden ya había sido cumplida.
Entre sus últimas actividades, participó en reuniones de la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014; integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) recordaron que llegó a visitarlos en algunas ocasiones al plantón que mantuvieron cuatro meses en el Ayuntamiento de Acapulco.
El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, compañero de lucha y preso a la par que Benigno Guzmán, lo calificó como alguien muy serio, respetuoso, duro con el Estado, y consideró su muerte como una gran pérdida para la lucha social.
Martínez Cruz recordó que entre los objetivos de la fundación de la OCSS estuvo la búsqueda de insumos para los campesinos y detener la tala de árboles. Con la masacre de Aguas Blancas, Benigno Guzmán Martínez fue uno de los que principalmente denunciaron el hecho, lo que generó una persecución en su contra.
Martínez Cruz recordó a otros compañeros de lucha que también fueron presos en esa época, entre ellos, Pedro Nava Rodríguez, que recientemente falleció.
En su fundación la OCSS estuvo encabezada por Benigno Guzmán y Marino Sánchez Flores, de Tepetixtla, en la sierra de Coyuca de Benítez, y por Hilario Mesino en Atoyac. La organización estaba integrada por campesinos pobres de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión, Coahuayutla, Zihuatanejo, Petatlán y Benito Juárez (San Jerónimo).
Desde su creación, los miembros de la OCSS, así como sus familiares, han sido víctimas de graves violaciones del gobierno a sus derechos humanos, porque se caracterizó por dar una lucha frontal contra la impunidad y la represión, lo que llevó a Benigno Guzmán a desconfiar de toda institución, incluso las de salud, y a vivir con el constante temor de ser asesinado por el Estado.
El cuerpo de Benigno Guzmán fue velado anoche en una de las capillas de la funeraria Siglo XXI en Acapulco, sus familiares determinaron que a las 7 de la mañana de hoy sería trasladado a Tepetixtla, en Coyuca de Benítez.
A las 9 de la noche sus familiares estaban a la espera de saber si los integrantes de la organización, familiares y conocidos querían velarlo un día más allá o lo sepultarían hoy. De ser así, el sepelio está programado para las 11 del día, luego de despedir el cuerpo en su casa.
Por la noche, al funeral asistieron Bertoldo Martínez; Raymundo Sánchez Taboada del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) e integrantes del MPG.
