Etiqueta: Guerra sucia

Carean a familias de desaparecidos con Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo

*  Los militares se negaron a contestar preguntas

 * Sólo participaron en 22 casos, aseguran inculpados por asesinatos durante la guerra sucia * Muestran afectados una lista con 147 desaparecidos, entre los cuales destacan dos mujeres

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Familiares de desaparecidos de la llamada guerra sucia informaron que durante el careo que sostuvieron con los militares Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, en la ciudad de México, éstos les indicaron que en 22 casos sí participaron.

Los familiares de las víctimas señalaron que acudieron al exhorto castrense de comparecer en el Campo Militar número 1 de la ciudad de México, donde llegaron con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Reconocieron que los actuales militares no son culpables de los que hicieron sus antecesores, “contra ellos no tenemos nada, sólo queremos que se aplique justicia”.

Dijeron que en el careo se les asignó un abogado de oficio, a quien le aclararon que no eran 22 los casos de los que se inculpan a Acosta Chaparro y a Quirós Hermosillo, quienes sonrieron al comenzar la audiencia.

Allí, los afectados mostraron una lista con 147 desaparecidos, entre los cuales destacan dos mujeres, Aída y Perla Patiño.

Los familiares indicaron que preguntaron a los acusados dónde estaban sus familiares, quién y dónde los dejó vivos o muertos.

Dijeron que ellos son campesinos que viven todavía con el dolor de no saber dónde están sus parientes.

Señalaron que varias de las madres de los desaparecidos viven enfermas desde la fecha en que se los llevaron, “no somos nadie para juzgarlos porque ustedes todavía tienen el poder, pero existe una justicia divina que se hará sentir”, mientras que los militares se mantenían en silencio ante los comentarios.

Explicaron que posteriormente el abogado de oficio les informó, por medio de una lectura, la declaración que dieron los militares.

Con lágrimas, expresaron que Acosta Chaparro señala que fue un aviador militar –que está preso por delito de narcotráfico–, el que asesinó y lanzó a sus familiares al mar de Pie de la Cuesta.

Los deudos señalaron que el supuesto aviador ya declaró que él trasladaba a los desaparecidos, pero que Acosta Chaparro les daba el tiro de gracia en la nuca, con una pistola que tenia silenciador a la que llamaba La justiciera.

Narraron que a los secuestrados los subían al avión y allí les daban el tiro de gracia, para posteriormente tirarlos, y que tiempo después fueron encontrados algunos cuerpos por pescadores.

A otros –recordaron– los encostalaban y los echaban al mar, con bases de cemento.

Indicaron que de los 22 familiares reconocidos ante la Procuraduría Militar sólo cinco acudieron al careo, y que si no se presentan los demás a poner la denuncia el juicio será a favor de los militares.

Los deudos mostraron, con documentos, que sus parientes fueron detenidos por militares y no murieron en combate, como dio a conocer en un principio la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Piden que en el próximo careo, donde estará el aviador y los otros militares, se permita que un observador de algún organismo no gubernamental esté presente.

Denuncia Gallegos que es hostigado por desconocidos que vigilan su casa

*  La PGJE o emisarios de la guerra sucia, posible origen

 * El presidente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales atribuye el acoso a las denuncias que ha hecho de la guerra sucia, en particular por el caso de Nazar, o contra las detenciones injustas por el asesinato de Zacarías Barrientos

 El presidente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales, José Arturo Gallegos Nájera, denunció que es hostigado por parte de personas que vigilan su casa.

Atribuyó este acoso a las declaraciones que ha hecho en contra de la detención de cinco personas a las que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero involucra en el asesinato del testigo de la guerra sucia Zacarías Barrientos Peralta, o a las denuncias de casos de desaparecidos de la guerra sucia.

Consideró que esa acción pudiera venir de dos fuentes: de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), o de “emisarios del pasado relacionados con la detención de (el ex jefe de la Dirección Federal de seguridad procesado por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra y de Ignacio Salas Obregón). Agregó que esos dos grupos “son los únicos que pueden perjudicar a los que reclaman justicia y castigo a los responsables”.

En el caso

Gallegos ha denunciado la desaparición de seis de sus familiares, en la época de la guerra sucia en Acapulco y un asesinato, pero además, dice, “ser presidente de una asociación nacional             me obliga a tomar la defensa de todos los casos”.

Informó que ante el hostigamiento va a levantar un acta contra quien resulte responsable, ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, “a efecto de que se entere de lo que está resultando después de las declaraciones hechas por mí, y por las comparecencias que hice exigiendo justicia por los desaparecidos”.

Gallegos detalló vía telefónica que el pasado miércoles en la tarde frente a su casa ubicada en la colonia San Isidro, de la ciudad de Acapulco, su familia observó que en un auto marca Stratus color negro sin placas, iban cuatro personas una de ellas mujer, que iban muy despacio a diferencia del resto de los vehículos que por ahí circulan.

Dijo que del sospechoso vehículo se bajó un hombre a tomar fotografías de la fachada de su casa, y después el grupo se retiró ese día pero horas más tarde volvieron las personas en el auto negro, y en esa ocasión no se bajaron del auto.

Gallejos ha denunciado las “detenciones injustas” de Isaías Martínez Gervasio, Benito Salgado Aguirre, María de Jesús Martínez Reyes, Ramiro Rosas Contreras y Apolinar Martínez Barrientos, ocurridas el 6 de enero, señalados por la Procuraduría de Guerrero como responsables del asesinato de Zacarías Barrientos, que era testigo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Socales y Políticos del Pasado, en diciembre de 2003.

Consideró que el objetivo del hostigamiento es “silenciar las voces de denuncia”, situación “que no lograrán” porque el arma principal “es la denuncia”. Manifestó su temor de que continúe el hostigamiento y no descartó la posibilidad de que “sucediera un hecho lamentable” originado por el acoso.

Gallegos mencionó que en Guerrero existe mucha incertidumbre, y no existen garantías al asegurar que “se quedó corto” el informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el sentido de que en Guerrero, existe un pobre respeto a los derechos humanos. (Raquel Santiago)

Recomienda la Codehum el regreso a Tecpan de los presos del caso Zacarías Barrientos

* Foro en defensa de los cinco detenidos de Atoyac

 * Acuerdan familiares y organizaciones sociales demandar que se invalide el proceso que se basa en las torturas, castigo a los judiciales que torturaron a los detenidos, y castigo a los verdaderos responsables del asesinato del testigo de la guerra sucia

 El director de asesoría, orientación y quejas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije Martínez, informó que la dependencia emitirá una recomendación por el traslado indebido de los cinco presuntos involucrados en el asesinato del testigo de la guerra sucia, Zacarías Barrientos.

El funcionario participó en el Foro por el dolor de los pueblos, donde familiares de los encarcelados leyeron los testimonios de su captura, donde denuncian que fueron torturados y obligados a declarar su culpabilidad.

Con la asistencia de casi 100 personas se llevó a cabo el foro en un salón del hotel Las Hamacas, donde familiares narraron la forma en que Isaías Martínez, Ramiro Rosas, Apolinar Martínez, María de Jesús Martínez y Benito Salgado fueron detenidos y torturados para hacerlos declarar que son responsables de la muerte de Zacarías Barrientos.

El 26 de noviembre, fue asesinado Zacarías Barrientos de 65 años de edad, en una emboscada cuando regresaba de trabajar de su huerta en la sierra de Atoyac. Días después, fueron presentados cinco personas como los responsables de su muerte –entre ellos su esposa– y se calificó su muerte como un crimen pasional.

Inicialmente, los cinco detenidos, que son originarios de Atoyac, fueron encarcelados en Tecpan de Galeana, pero días después, sin aviso previo, fueron trasladados a la cárcel de Acapulco, lejos de sus familiares, de su abogado y de la comunidad que los apoya.

Los presos presentaron una queja ante la Codehum contra el traslado, con el argumento de que esta medida viola sus garantías y representa más dificultades para su defensa.

En declaraciones posteriores al foro, Memije Martínez aseguró que la Codehum ya emitió una recomendación para que los detenidos sean regresados nuevamente al Cereso de Tecpan de Galeana porque “consideramos que se violaron los derechos humanos”.

Indicó que aún no se ha notificado a las partes involucradas para que se ejecute la recomendación, pero espera que hoy lunes se efectúe para “que se avance este asunto”.

Sobre la otra queja que existe en el organismo por la tortura y detención arbitraria, que los familiares de los detenidos argumentan que se efectuó, dijo que está por resolverse esta semana la queja que se encuentra en proyecto de análisis, aunque no se ha firmado.

Resoluciones

En el foro estuvieron los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del         Sur (OCSS), Hilario y Norma Mesino; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), Tita Radilla Martínez, y el secretario general, Julio Mata Montiel; el presidente del Consejo Federal Ejecutivo del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Benjamín Laureano Luna; del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos (CCCLCB), María Félix Blanco; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, el diputado Rómulo Reza Hurtado y el director de asesoría, orientación y quejas de la Codehum, Adelaido Memije Martínez, así como dos jóvenes de Brigadas Internacionales de Paz.

Entre las conclusiones del foro están que las organizaciones documentarán los hechos, de manera independiente de la investigación que efectúa la Procuraduría de Justicia del Estado, para dar a conocer, en el ámbito nacional e internacional, la información que consigan.

También acordaron crear un fondo especial de los representantes populares para llevar el caso.

Además, solicitar que se invalide el proceso por haber sido firmadas las confesiones bajo tortura.

Asimismo, se formará una comisión de personalidades que visiten periódicamente a los detenidos en la cárcel.

Otra resolución del foro es demandar una investigación, juicio y destitución contra el comandante de la Policía Judicial del Estado en Tecpan, Bertoldo Delgado Bahena, así como de otros policías que participaron en las torturas a los cinco detenidos.

Testimonios de las torturas

Uno a uno, cada familiar de los detenidos fue leyendo el testimonio.

El primero en hablar fue Ramiro Rosas Hernández, hijo de Ramiro Rosas Contreras, quien exigió al gobierno del estado la libertad de los detenidos y la destitución del comandante de la Policía Judicial en Tecpan. Dijo que el comandante de la Policía Judicial, Bertoldo Delgado, lo amenazó “con un arma larga, me preguntó por el arma, le dije que no tenía nada y pregunté por la orden de aprehensión y de cateo, no llevaban nada, no supe de mi papá hasta el cuarto día que lo vi en malas condiciones”.

Ramiro Rosas leyó el relato de su padre donde menciona que el 7 de enero a las 3 de la mañana tocaron la puerta de su casa y preguntaron si vivía Manuel Barrientos, después se lo llevaron a un carro, lo esposaron y le dijeron “hijo de la chingada me vas a decir la verdad, cuánto dinero recibiste por la muerte de Zacarías, me preguntaron conoces por don Isaías Martínez, yo contesté sí lo conozco y al señor Apolinar y me dieron un puñete en la cabeza y yo les dije que no, y me volvieron a golpear, eso fue en el camino llegando rumbo al cuartel de policías”.

Después continuó Rocío Salgado, hija de Benito Salgado Aguirre, de 66 años, quien dijo que a su padre los judiciales sin orden de aprehensión y sin motivo lo trasladaron a la comandancia de la Policía Judicial.

Dice el testimonio: “Fui esposado y empezaron a torturarme con bolsas de plástico que me pusieron al grado de asfixiarme”.

Dijo que a su padre lo obligaron a decir que era amante de María de Jesús, incluso que los judiciales le dijeron que lo iban a ayudar a salir y afuera le iban a “dar una lana o de lo contrario lo iban a matar”.

Andrea Martínez, hija de Apolinar Martínez, también pidió la destitución de Bertoldo Delgado, y mencionó que su padre fue detenido, vendado y metido a un cuarto, donde le preguntaron si conocía a Isaías Martínez, y él contestó que no. Entonces, dice, “me dieron una manotada en el pecho”.

Margarita Barrientos, hija de Zacarías Barrientos y de María de Jesús Martínez Reyes –que se encuentra presa– pidió justicia, y que aparezcan los verdaderos culpables de la muerte de su padre.

Leyó en el testimonio de su madre: “Me obligaron a decir los judiciales que yo estaba de acuerdo en que mataran a mi esposo Zacarías Barrientos”.

Estela Martínez Pérez, hija de Isaías Martínez, de 82 años de edad, dijo que unas 30 personas vestidas de color negro, con armas llegaron gritando que abrieran la puerta que iban a agarrar a Rogelio, y se les contestó que no vivía ahí. Después de la detención, lo acusaron de haber entregado 70 mil pesos a los asesinos de Zacarías Barrientos.

Los presos políticos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco enviaron una carta a los asistentes al foro para manifestar su apoyo a los cinco involucrados en el asesinato de Zacarías Barrientos.

Por su parte, el diputado local Rómulo Reza Hurtado dijo que es una práctica común el abuso del poder y la desaparición forzada en el estado, que se busca como responsables a gente humilde, para que no tengan medios de defensa, como contratar médicos para que puedan detectar las huellas de las torturas.

Criticó que faltan peritos, y los que hay, están al servicio del poder, y que un error grave que existe en los dictámenes, es que “no asiente los signos vitales de las personas, ni siquiera son revisados (los detenidos)”.(Magdalena Cisneros)

Plaza Pública

 * Guerra sucia  

Miguel Angel Granados Chapa

Avanza con extrema lentitud el trabajo de la fiscalía creada ex profeso para investigar los crímenes de la guerra sucia mexicana. La Suprema Corte de Justicia acaba de recibir la petición de la Procuraduría General de la República para enfrentar el primer revés que esa oficina especializada del ministerio público recibió hace dos meses.

La Fiscalía solicitó a fines de abril a un juez federal en Monterrey órdenes de aprehensión contra dos ex directores federales de seguridad, es decir ex jefes de la policía política. Al cabo de una paciente labor, la Fiscalía reunió los elementos a su juicio necesarios para procesar a esos antiguos funcionarios por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra. A gran velocidad, que permite suponer que no leyó siquiera el expediente, el juzgador rehusó el pedido de la fiscalía alegando que el delito de privación ilegal de la libertad ya prescribió. El ministerio público se inconformó con esa decisión, sobre la base del carácter continuo del delito de que se acusa a los indiciados, que sólo cesaría cuando se tenga noticia cierta de la suerte de Piedra Ibarra. El tribunal de segunda instancia tiene en sus manos la apelación y ha tomado su tiempo, a diferencia de su inferior, para estudiar el caso.

La negativa a girar la única orden de aprehensión hasta ahora solicitada por la Fiscalía Especial, y la lentitud del trámite en la segunda instancia fueron malas noticias para esa oficina investigadora y para el Consejo Ciudadano que, conforme a la instrucción presidencial de noviembre del 2001 fue convocado para dar seguimiento al trabajo de la fiscalía. Otros factores de orden político, por lo demás, aparecieron en el horizonte de trabajo de la oficina de que es titular Ignacio Carrillo Prieto. Y sin que nadie pretendiera interferir en la esfera de las autoridades judiciales, el Consejo estimó que una muestra de apoyo presidencial a la fiscalía, que no se ha hecho explícito desde la creación de la misma, contribuiría a establecer que efectivamente está vigente la voluntad para indagar esa porción de nuestro pasado.

El Presidente Fox recibió el 20 de mayo al consejo ciudadano de la fiscalía y a su titular. En presencia también del secretario de Gobernación y del procurador general de la República, Fox no dejó duda de su decisión de ir adelante, echando mano de los recursos legales posibles para encontrar la verdad y sancionar a quienes resulten responsables de delitos.

Como consecuencia de esa renovada posición, el procurador general de la República pidió la intervención del máximo tribunal. Según la fracción III del artículo 105 constitucional, la Corte “de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal unitario de circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de las sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascedencia así lo ameriten”.

Esta posibilidad de que la Corte atraiga la apelación será resuelta según la interpretación que el propio tribunal asigne a la palabra sentencia. En sentido estricto, el vocablo designa a la resolución judicial que pone fin a un proceso. No es este el caso de que hablamos ya que precisamente la negativa del juez impidió el que tal proceso siquiera comenzara. Se trata de una resolución, un auto que no reviste rigurosamente el carácter de sentencia. Pero ya que es un acto procesal susceptible de producir efectos definitivos y que además es apelable, podrían pesar en la decisión           de la Corte los otros términos del texto constitucional, que le permiten atraer el caso por su “interés y trascedencia”.

La Fiscalía está urgida de un paso definitorio del curso de sus tareas. Si la apelación, resuelta que sea por el tribunal regiomontano o por la Corte, no reconoce el argumento de imprescriptibilidad aducido por el ministerio público, parecerán confirmarse las reticencias, suspicacias y resistencias de quienes vieron en la creación de la Fiscalía una decisión meramente cosmética, y aun engañosa, para evitar la investigación y el castigo a quienes infringieron sus deberes legales en la persecución a las diversas formas de insurgencia armada de los años setenta y ochenta y se convirtieron de ese modo en delincuentes.

La Fiscalía no enfrenta sólo la renuencia de quienes la suponen ineficaz, sino paradójicamente también la resistencia de quienes la temen eficaz. Ese es el caso, probablemente del ex presidente Echeverría. A él mismo, o a su entorno se puede achacar una maniobra por el momento frenada, que pretendió dinamitar desde dentro la tarea de la Fiscalía. Dos agentas del ministerio público sacaron de la nada una serie de observaciones críticas al desempeño de la oficina a la que habían sido convocadas, y buscaron convertirlas en un señalamiento penal. Carecía de fundamento su intento y por eso fue desechado. Pero a las presuntas denunciantes se les vio más de una vez en conversaciones con miembros de la defensa de Echeverría, a cuyo interés conviene desprestigiar y más aún desmontar el aparato de procuración de justicia que puede producir, eventualmente, una acusación en su contra.

La Fiscalía es autónoma según el acuerdo de su creación, pero depende en mucho de la PGR. Entre los varios obstáculos que pueden frenar y hasta impedir su desarrollo, la falta de apoyo del procurador resultaría insuperable. Conseguir que la Corte intervenga en el caso mostrará que ese obstáculo no existe.