Pondera activista la ley 3 de 3, que implica “muerte civil y política” a agresores de mujeres

Daniel Velázquez

La activista Yndira Sandoval Sánchez destacó que la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres es para dar “muerte civil y política” a los hombres violentos en el servicio público, pero las llamó a denunciar, porque sin ello no se podrá actuar contra los agresores.
La ley establece que quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres o sean deudores alimentarios, tendrán suspendidos sus derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público. Con la ley se busca garantizar que todo ciudadano que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los alimentos de los menores.
Sandoval Sánchez dio ayer en la Universidad Americana de Acapul-co la conferencia La Reforma Fe-minista que está Transformando la Democracia Mexicana en la que convocó a las mujeres a defender la reforma constitucional que se logró, “porque a cada avance de las mujeres hay una resistencia del patriarcado para que no avancemos”.
Y dijo a las mujeres que la reforma aprobada no es una ley contra los hombres sino contra los agresores.
En su intervención también alertó que la reforma no debe usarse como guerra sucia en las campañas políticas para quitar adversarios y se debe vigilar que quien haga señalamientos contra un agresor tenga en cuenta el respeto a los derechos humanos de las víctimas.
“La 3 de 3 no quiere acabar con la carrera política, administrativa, judicial de nadie. No es cacería de brujas ni le hacemos la chamba a nadie y menos la chamba sucia”.
“Que (la ley) sea un gran muro de contención, que sea un filtro de contención, de confianza y no una coladera cómplice, porque tan culpable es el que haya cometido un delito como el que le abra la puerta y lo postule y le dé el boleto para que participe y entre al poder. Tiene que ser sancionado el partido que lo postule, la instancia gubernamental que lo contrate o aquel gobernante que le dé un nombramiento directo”.

La factura se cobra en urnas

Sandoval narró que para lograr la reforma tuvieron que presionar a los diputados que planeaban enviarla a la congeladora en el Senado.
Contó que en la Cámara de Diputados la reforma se aprobó en marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer y “todo mundo se pone moños violetas, naranjas, rosas y ‘bravo, bravo’”. Pero la envió un escrito al Senado donde manifestaban su inconformidad con el dictamen y pedían que lo mandaran a la congeladora.
Dijo que las activistas pasaron 40 horas en el Senado en medio de la disputa de los senadores del PRI-PAN-PRD que tomaron la tribuna, y se aprobó por unanimidad la noche del 28 de abril, y la protege de cualquier impugnación. Ya fue avalada por 31 Congresos estatales, aunque eran necesarios 17.
Agregó que el siguiente reto es que la reforma avance para replicarse en otras áreas de la vida pública, para que los agresores tengan vergüenza, y destacó que la reforma es única en el mundo y por eso van a impulsar que se incluya en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Un parteaguas

En declaraciones a reporteros, destacó que la reforma ya está vigente y deberá aplicarse en el proceso electoral de 2024, federal y local.
Recordó que la 3 de 3 colocó la linterna para que violadores no fueran gobernadores y ahora establece que ese escrutinio deberá pasar por lo municipal, estatal, federal y órganos autónomos.
Precisó que para que se haga efectivo el derecho los acusados tienen que tener una sentencia firme por tanto ahora corresponde al Tribunal Superior de Justicia sancionar omisiones de quienes intencionalmente dilaten un caso de violencia, y ahora corresponde armonizar las leyes con la reforma aprobada que va dirigida a todos los que reciban un salario del erario.
Yndira Sandoval es la defensora de los derechos de las mujeres que en septiembre de 2017 fue agredida sexualmente por una agente en los separos de la policía de Tlapa, y por ese abuso en junio de 2021 las autoridades del municipio le dieron una disculpa pública.
En la conferencia estuvo acompañada por la dirigente de Nueva Izquierda en Guerrero, Azucena Salazar Pineda y la directora académica de la UAA Carolina Jaspe López. Y asistieron las diputadas locales Gabriela Bernal Reséndiz y Julieta Fernández Márquez y la ex diputada Guadalupe Gómez Maganda.

 

La ponen a disposición de Personal por denunciar a acosador, señala empleada

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La trabajadora supernumeraria del gobierno del estado desde hace 13 años,  Magdalena Romero Julián, fue puesta a disposición de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, como si hubiera cometido falta, por denunciar a un acosador con función de sicólogo en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, informó.
Consultada en el Congreso local, donde participó en una reunión con la Red para el Avance Político de las Mujeres, de la que también es parte, explicó que supo por una integrante de un colectivo de personas desaparecidas de las conductas del trabajador de nombre Jorge a usuarias víctimas que fueron canalizadas a través de su organización.
Desde el 19 de octubre de 2022, la representante del colectivo le dijo que informó de esta situación al comisionado estatal, Arturo Solís Felipe, a través de un oficio de esa fecha, donde señala “trato de acoso”,  y de hablar “sólo de sexo”.
En el documento que se tuvo a la vista, la buscadora de personas dice que “esperaban que  (la terapia) realmente ayudaría con los problemas emocionales que estamos viviendo, pero realmente está provocando todo lo contrario, más problemas en las personas y por ende en las familias. Como representante del Colectivo no voy a tolerar que esta persona que se dice sicólogo siga tratando a las personas de esa manera, sin ética”.
Romero Julián aclaró que ella supo de este caso a principios de enero, cuando de la Secretaría General de Gobierno fue enviada a dicha  Comisión, y la representante del colectivo fue más explícita al hablar que en las del sicólogo también hubo tocamientos.
De acuerdo con el registro nacional de profesionistas, el agresor tampoco está calificado para atender a las víctimas, porque no está titulado, no aparece con cédula profesional y su ejercicio es un delito.
Sin embargo, la representante del colectivo sólo pedía que separaran al presunto sicólogo de la atención a víctimas. Quería evitar complicaciones adicionales a las que ya enfrentan las familias de personas desaparecidas
Romero Julián aclaró que buscó al delegado y le respondió que ya estaba atendiendo este asunto. Sin embargo generó disgusto en quienes lo metieron a laborar a la Comisión. Luego de unos días fue puesto a disposición de la Dirección de Personal para cambiarlo de área.
La activista, quien cambió el año pasado su puesto laboral de la Secretaría de la Mujer a la Secretaría General de Gobierno, y el 9 de enero de 2023 a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, indicó que también recibió un oficio de la delegada Administrativa para informarle que terminaba su comisión en esa área y se pusiera a  disposición de la Dirección de Personal.