Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Si las instituciones de seguridad no garantizan el acceso a documentos y archivos para esclarecer sucesos históricos como la guerra sucia, pero también otros como el movimiento del 68 y el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estamos ante una gran oportunidad perdida, sentencia el abogado Carlos Pérez Vázquez, ex integrante del Comité de Impulso a la Justicia de la Comverdad de la guerra sucia.
Con el gobierno actual, dice el consultor experto en temas de justicia, “se veía un cambio al sistema de justicia, atendiendo a dos temas emblemáticos, pero eso no ha ocurrido por la opacidad de las instituciones”.
A mediados de agosto pasado, integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, denunciaron la reiterada negativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) a permitir la revisión de documentos históricos relativos a la guerra sucia.
–Pareciera que no hay posibilidad de acceder a la verdad.
–Mi colega Fabián Sánchez Matus y yo renunciamos en mayo pasado (al Comité para el Impulso a la Justicia de la Comverdad) fundamentalmente porque nunca tuvimos apoyo de la Secretaría de Gobernación ni de la propia comisión, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Me refiero a apoyos financieros, de material y de tipo político para hacer el trabajo que teníamos que hacer, que tenía dos vertientes, según el decreto presidencial que creó la comisión. Una era poder entrar a la FGR a revisar las averiguaciones previas sobre la guerra sucia que están pendientes. Dos, hacer una propuesta de diseño de fiscalía especial, al interior de la Fiscalía General (de la República), centrada en los casos.

Sin respuesta de fiscalías de Guerrero, Oaxaca, Cdmx

Esto último, continúa Pérez Vázquez en entrevista con El Sur, “fue imposible porque nunca tuvimos un contacto oficial con la FGR, mandamos oficios en su momento para que a través del presidente de la Comisión para la Verdad pudiéramos tener ese contacto y lograr un convenio de colaboración con la FGR. Hicimos lo mismo con las fiscalías de Oaxaca, de Guerrero y de la Ciudad de México.
“Nunca recibimos respuesta, por lo que era imposible revisar las averiguaciones previas. La parte más sustantiva del trabajo para que el cual fuimos designados, era imposible realizarla. Tomemos en cuenta que la comisión termina sus funciones en septiembre de 2024. En un año, cuando termine el sexenio del presidente (Andrés Manuel) López Obrador”.
–Más de un año y medio sin lograr nada –se le comenta al abogado.
–Para evitar dar un trabajo final indigno para las víctimas –explica–, decidimos separarnos, pensando que el tiempo ya no era suficiente y que no existió ese apoyo. En la parte más sustantiva de nuestra encomienda, nosotros teníamos que idear estrategias de judicialización con las averiguaciones previas abiertas y proponer rutas para que las víctimas alcancen la justicia que llevan esperando durante 50 años.
“Pero eso no lo podíamos hacer nosotros solos, porque no teníamos ningún tipo de representación al exterior de la Comisión para la Verdad. Hicimos nuestro trabajo con nuestros recursos como ciudadanos por más de un año y medio. No es lo correcto. Porque la deuda histórica no es nuestra, es del Estado mexicano”.

Interesados en rasurar o eliminar pruebas

Eugenia Allier, Carlos Pérez Ricart, David Fernández y Abel Barrera, integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad, son quienes denunciaron el desacato a la orden presidencial de acceder a los archivos de la época.
“Vi el comunicado y me preocupa. Ellos alegan que hay documentos del Archivo General de la Nación (AGN) que han sido rasurados, o que hay archivos diezmados de alguna manera. Es grave porque los documentos del AGN pueden considerarse pruebas documentales, públicas, uno podría alegar jurídicamente que son documentos que hacen prueba plena ante autoridades administrativas, jurisdiccionales. Son documentos oficiales que están en un archivo oficial y que fueron trasladados desde el 2000 por un decreto de Vicente Fox.
“En todos estos años, la institución que estuvo a cargo de todos estos documentos que son muy importantes y delicados, fue el Cisen. No sé si ahora se trasladaron al Centro Nacional de Inteligencia, pero es importante saberlo porque muchos de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia eran de la policía secreta, la antigua Dirección Federal de Seguridad, que luego fue el Cisen.
“Si ellos estuvieron a cargo de los propios documentos que los incriminaban, uno podría pensar que no es tan descabellado lo que dicen los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento en el sentido de que eran los primeros interesados en rasurar documentos y quitar pruebas. Eso es lo más delicado”.

Archivos inaccesibles que viven
del erario

Respecto al tiempo en que fue parte del mecanismo donde le tocó participar, se le pregunta a Pérez Vázquez si notó entonces falta de transparencia de las instituciones involucradas en la custodia del archivo histórico.
“Absolutamente –afirma–. Siempre ha sido mejor revisar los documentos de las propias víctimas, platicar con ellas. Es lo que ha hecho el Mecanismo de Esclarecimiento: diálogos por todo el país con víctimas y sobrevivientes, más que con las autoridades. El AGN es un archivo público, pero no es de fácil acceso. Antes del gobierno del presidente López Obrador era complicado acceder a los archivos”.
–El director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, dice que han recibido documentos “históricos” del Cisen.
–Una cosa es tener acceso a todo lo que existe en el AGN y otra cosa tener a acceso a todos los documentos en poder del CNI que no están en el AGN. El punto es lo que no está en el AGN –remarca.
Los archivos de la FGR, precisa el especialista, “por ley son confidenciales . No hay manera de acceder a las averiguaciones previas a menos que uno sea una parte interesada, es decir, denunciante, denunciado, autoridad vinculante. Son documentos que, por su naturaleza, deben tener mucha información muy valiosa”.
En cuanto a los documentos de la Sedena, el Ejército “ha sido particularmente opaco, no sólo con la guerra sucia sino con su actuación cotidiana. Estoy seguro de que los archivos militares deben de ser los más completos del país, pero son también los más inaccesibles. Hay una tradición en las fuerzas armadas en general de mantener confidenciales las historias de los sucesos en los que participan. Esto se debe a su naturaleza vertical. Hay cadenas de mando muy claras, en donde las responsabilidades se delimitan con mucha claridad, dependiendo del cargo de cada actor”.
Pero, señala, “ese archivo es inaccesible para la gente en general aunque se sostiene con recursos públicos”.

“Le deben al país un acto de contrición”

Carlos Pérez Vázquez comprende que existan documentos que se reservan por seguridad nacional, “pero cuando se trata de archivos históricos sobre la guerra sucia, donde hay delitos de desaparición forzada y muchos perpetradores militares han muerto, no entiendo por qué esta inercia cultural de las fuerzas armadas por mantener su trabajo en la opacidad.

 

“A uno no le queda más que sospechar que han sido perpetradores y violadores de derechos humanos. Esa no es una imagen pública que el Ejército quisiera asumir. Ya hay una narración social, política, sobre lo que sucedió en esos años. Son muchas fuentes: de víctimas, investigaciones independientes, periodísticas, que hacen inevitable que las fuerzas armadas puedan exculparse del acto de contrición que le deben al país.
“Hay un consenso de que las fuerzas armadas actuaron como un elemento de represión en esos años, y, sin embargo, del lado del Ejército prevalece el silencio, la opacidad. Cincuenta años después, en un México completamente distinto, la carga de la prueba está de su lado. Les corresponde a ellos probar que actuaron correctamente, aunque parece que el juicio de la historia sí se inclina a sostener que obraron de manera incorrecta, con completo desapego a la Constitución”.
–Las fuerzas armadas se aferran a mantener una buena imagen, con base en la alta aprobación que tienen a nivel nacional.
–Es parte de la función que deben cumplir las instituciones el tener una buena aprobación, pero la gente debe de simpatizar con las instituciones sobre la labor que hacen, no por una labor de imagen de relaciones públicas –dice Pérez Vázquez–. Tras años de presupuesto y recursos públicos que siempre van en ascenso desde la Revolución mexicana, ¿qué le ha dado el Ejército a la sociedad? Si hablamos del desastre en el país, que no hay seguridad para nadie, las cuentas que tienen que dar son bastantes negativas. Si a eso se añade que hubo un comportamiento atroz en periodos identificados, en los sesenta, durante la guerrilla, entonces salen debiendo.

Acabar con “el germen
de la impunidad”

Pérez Vázquez ve con preocupación que pasen los años, las generaciones, “y no seamos capaces de abrir la bóveda de los secretos. Hay una gran cantidad de gente en el país que no sabe qué pasó en aquellos años. Algunos saben un poco, pero tienen una buena imagen del Ejército. Es un lastre que vamos cargando y explica prácticas institucionales que se mantienen al día de hoy”.
–¿Por qué nos conviene saber la verdad, que las víctimas del 68 y la guerra sucia tengan justicia?
–Se necesita modificar inercias institucionales, formas de actuar de las instituciones de seguridad que vienen de mucho tiempo atrás. Mientras eso no se logre, los patrones se van a seguir repitiendo y son patrones de abuso. Las ejecuciones extrajudiciales de Nuevo Laredo no son casuales, obedecen a un patrón institucional. Ahí puede rastrearse el germen de la impunidad.
La conclusión del abogado, ya desde afuera de la Comverdad, es que “es una gran y enorme oportunidad perdida. Si hablamos de los decretos de Ayotzinapa y de la guerra sucia, se veía un cambio al sistema de justicia, atendiendo a dos temas emblemáticos. Si el sexenio termina y esos dos acuerdos firmados por el presidente no concluyen de manera satisfactoria, pese al reclamo de las víctimas, serán, definitivamente, dos oportunidades perdidas”.
–¿Qué debería hacerse ahora?
–Resta una movilidad social de indignación de las víctimas. El problema es que están cansadas, cada vez tienen menos tiempo y energía. Pero quizá serviría llevar el asunto a las campañas electorales próximas, confrontar respecto a las promesas que se hicieron. La próxima elección tiene mucha fuerza mediática. No se ha abordado el tema de la guerra sucia como tema de campaña –plantea.
“Es grave y frustrante lo que pasa. Los cuatro comisionados del Mecanismos para Acceso a la Verdad están haciendo todo lo que pueden. Es muy fácil que te topes con pared. Lo que yo vi es que el subsecretario Encinas nunca tuvo la fuerza política suficiente para llevarnos a donde teníamos que ir, para entrar a los archivos militares y de la Fiscalía. Si no la tuvo por voluntad o porque su peso político específico no se lo permite, ese es un problema del presidente, porque él es el jefe tanto de Encinas y del Ejército, se supone. Tiene políticamente una ascendencia sobre el fiscal general. Y él va a tener que rendir cuentas.