* Ocho ONG tratan en un informe el caso de Escalerilla

* Señalan cinco conflictos agrarios que requieren tratamiento integral: Zapotitlán Tablas con Acatepec, Xitopontla con ganaderos de Olinalá, Amatlicha con ganaderos de Olinalá, Alcatlatzala con Cuatzoquitengo y Arroyo San Pedro con Tilapa

La violencia en Zapotitlán Tablas, que el 11 de mayo dejó cinco muertos, estaba anunciada; era un riesgo derivado del conflicto político entre dos organizaciones, ante el cual el gobierno del estado no hizo lo necesario para evitarla y la alentó, permitiendo la creación de una comisaría               en Escalerilla Laguna, que funcionó prácticamente como Presidencia Municipal paralela.

Este análisis fue planteado por ocho organizaciones no gubernamentales integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en un informe que dieron a conocer a representantes de 12 embajadas en México, en una visita que hicieron a la capital del estado el 19 y 20 de mayo.

En el documento hablan de cinco conflictos agrarios que requieren de un tratamiento integral profundo, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, las desapariciones forzadas y la militarización y persecucición de ciudadanos.

El documento que la Red presentó a los representantes de embajadas se divide en apartados, que se refieren a los problemas más graves en la entidad en relación con los derechos humanos, como ejecuciones estrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, y militarización.

En cuanto a los conflictos agrarios, menciona como casos más graves los de Zapotitlán Tablas con Acatepec; Xitopontla, municipio de Olinalá, con ganaderos de la misma cabecera municipal; Amatlicha con otros ganaderos de Olinalá; Alcatlatzala con Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec y Arroyo San Pedro con Tilapa, del mismo municipio.

Plantea que éstos “son casos que requieren un tratamiento integral donde las autoridades deben entender que existen agravios muy profundos que tienen la obligación de reparar para poder entrar a una etapa blanda de diálogo y reconciliación”.

En los días en que se presentó el documento el hecho de más reciente impacto fue la reyerta en la comosaría municipal de Escalerilla Laguna, municipio de Zapotitlán Tablas, el 11 de mayo, donde murieron cinco campesinos integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), y se señala como agresores a miembros de Antorcha Campesina, al presidente municipal de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso, y a policías municipales.

En el documento, las ONG dicen: “Las cuatro muertes (después murió en el hospital uno de los heridos) de Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas, fueron desgraciadamente muertes anunciadas que las autoridades no hicieron lo necesario para evitarlas. Se trata de un conflicto político que fue alentado desde el centro al permitir la creación de una delegación política con sede en Escalerilla Laguna, que en la práctica funcionó como una Presidencia Municipal paralela.

“Se quiso sobrellevar a las dos organizaciones sociales a la usanza tradicional, dosificándoles los apoyos para poder mantener las clientelas bajo control.

“Lo que en realidad ha pasado es que se han dividido varias comunidades a causa del control político y económico que cada organización quiere imponer. Se han dado casos de desconocimiento y cambio de comisarios o de la creación de comisarías paralelas que sólo están incubando de manera gratuita más conflictos, que lo único que hacen es empeorar las precarias condiciones de vida de los tlapanecos”.

Detenciones arbitrarias, una práctica sistemática

Algo que se practica de manera sistemática en Guerrero son las detenciones arbitrarias. Este acto marca el inicio de una cadena de violaciones a otros derechos relacionados con la integridad personal y las garantías judiciales. Este tipo de detenciones no están respaldadas por una orden judicial; se acostumbra a detener y luego se procede a investigar. Muchas detenciones arbitrarias tienen una motivación política: se detiene a lideres o miembros de organizaciones campesinas o indígenas como la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) o los del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero (FODEG), que por su lucha social y política son catalogados como gente que se organiza para cometer delitos. Se les criminaliza por su activismo político. Anexan 26 casos de detenciones arbitrarias.

Afirman que la tortura sigue siendo una práctica sistemática para las investigaciones judiciales que tiene como fin someter a la víctima y obligarlo a que se declare culpable y que confiese todo lo que sabe. A pesar de la normatividad internacional y el derecho interno, en nuestro estado no existe el delito de tortura; por lo tanto, no se castiga a los torturadores que son un gran número de expertos que se estrenaron con los desparecidos de la guerra sucia.

Entre los casos de tortura que se mencionan en el informe están los cometidos por miembros del Ejército contra Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chavez, sobrevivientes de El Charco; los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y los 10 de la recomendación 100/97 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se pide al procurador de Justicia Militar que investigue los casos donde presumiblemente miembros del Ejército torturaron a civiles, identificados como supuestos miembros de los grupos armados.

En el informe se destaca que por estos crímenes “no existe ningún militar sentenciado por torturador”.

Situación de los pueblos indios

En La Montaña y la Costa Chica se da un ambiente de hostigamiento, persecuciones y detenciones contra las poblaciones indígenas, primero, tras el levantamiento armado en Chiapas y después ante la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Las ONG señalan que “oficialmente se maneja que el Ejército está en Guerrero para combatir el narcotráfico y para aplicar la ley de armas de fuego y explosivos; sin embargo, es notorio el asedio a las comunidades donde existe la organización independiente”.

En febrero y marzo de 2002 en las comunidades tlapanecas de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, y Barranca Tecoani, en Ayutla, fueron violadas por miembros del Ejército las indígenas Valentina Rosendo Cantú de 17 años e Inés Fernández Ortega de 26 años.             A las dos las interrogaron sobre las personas que andan con los encapuchados y los que siembran amapola.

En el documento de afirma que estas violaciones “son actos cobardes que buscan provocar la reacción violenta de las poblaciones indígenas para reprimirlos y desmovilizarlos”.

Conflictos agrarios

Dicen las ONG que preocupa hondamente los conflictos agrarios y políticos que enfrentan los pueblos indígenas desde hace décadas y que las autoridades estatales y municipales no han querido resolver.

“Existen casos donde las partes en conflicto, al no encontrar una adecuada interlocución con las autoridades y al constatar que no hay seguimiento a los acuerdos firmados, emprenden acciones unilaterales para imponer su postura y forzar una negociación que sólo los coloca en el filo de la navaja. Los conflictos agrarios de Zapotitlán Tablas con Acatepec; Xitopontla, municipio de Olinalá, con ganaderos de la misma cabecera municipal; Amatlicha con otros ganaderos de Olinalá; Alcatlatzala con Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec; Arroyo San Pedro con Tilapa, del mismo municipio, son casos que requieren un tratamiento integral donde las autoridades deben entender que existen agravios muy profundos que tienen la obligación de reparar para poder entrar a una etapa blanda de diálogo y reconciliación”.

En el informe señalan que los defensores de derechos humanos no tienen ninguna garantía para su trabajo, lo que se puso en evidencia con el asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Menciona las amenazas de muerte que han recibido Abel Barrera Hernández y el hostigamiento del Ejército a la directora de La Voz de los Sin Voz, de Coyuca de Benítez, Hilda Navarrete Gorjón.