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Cancelan mineras 22 de las 44 concesiones registradas hasta diciembre de 2016 en la Costa Chica-Montaña

 

De 44 concesiones mineras registradas hasta diciembre de 2016 en la zona conocida como Costa Chica-Montaña, 22 fueron canceladas por las propias empresas mineras, de acuerdo con datos oficiales recabados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En seguimiento al monitoreo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, contra el proyecto de la biosfera y minería, informó que las 44 concesiones ocupan 142 mil 430 hectáreas, y fueron entregadas sin el aval de los pueblos, que ni siquiera fueron informados. Las 22 concesiones que siguen vigentes ocupan 32 mil 616 hectáreas.
En consulta, el organismo explicó que la cancelación que han hecho las mineras de las 22 concesiones, es un comportamiento poco común en el estado, donde hasta finales de 2016 sumaban más de 894 concesiones para exploración y explotación de minerales.
El periodo es coincidente con el proceso informativo y de organización que comenzó en la región en 2012, cuando las autoridades comunitarias y agrarias comenzaron la defensa de su territorio.
A la fecha, indicó, el Consejo está integrado por 21 núcleos agrarios, en cinco municipios, y que todos han aprobado actas de rechazo a las mineras.
Recordó que uno de los permisos que requieren las mineras para comenzar el trabajo de campo es la autorización de los pueblos, así como otras más de 30 de organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque, las mineras y las instituciones públicas omiten informar y consultar a las comunidades sobre la actividad minera en sus tierras comunes, recordó que en la Montaña hay un precedente en la comunidad de San Miguel del Progreso, que solicitó un amparo contra dos concesiones mineras, Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antes de que la Suprema Corte se pronunciara respecto a la legalidad de las concesiones, las empresas Hochschild y La Salamera, cancelaron las concesiones más amplias de la microrregión, con unas 37 mil hectáreas.

Aún hay cuatro concesiones vigentes en territorios del Consejo, dicen

Tlachinollan aclaró que hay una nueva concesión, denominada España, cercana a la cancelada Corazón de Tinieblas, que se otorgó a la empresa Metalúrgica Reyna SA de CV en 2007, de 513 hectáreas, de la que apenas supieron tras hacer de solicitudes de información.
Sin embargo, esta concesión está en el municipio de Acatapec, fuera del territorio del Consejo Regional de Autoridades, que continúan la discusión de la defensa del territorio por la vía jurídica.
Dentro del Consejo, indicó que hay cuatro concesiones vigentes, la de Toro Rojo, cedida a la empresa Montero Minas SA de CV, en Iliatenco; la concesión de San Gabriel a la empresa Santa Claws Minas, en el ejido y los bienes comunales de Iliatenco, la mayor cesión de terrenos con mil 800 hectáreas; la concesión Galeana y San Miguel, de la minera Camsim minas, en Paraje Montero, Malinaltepec y Zitlaltepec, donde los pueblos han mostrado rechazo.
Distintos a las regiones Centro, Tierra Caliente y Costa Grande, aclaró que la Costa Chica-Montaña es la única región donde se defiende el territorio con un bloque amplio de resistencia, donde no permiten que transiten los trabajadores de las empresas ni siquiera para hacer exploración. Tampoco tienen problemas de inseguridad como los que padecen las mineras en los municipios de Cocula y Eduardo Neri.

Es lenta y sólo de maíz y sal la entrega de granos en La Montaña, señala el Consejo de Damnificados

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificados de La Montaña señalaron que la entrega de granos a las comunidades damnificadas por la tormente Manuel en 2013 es lenta y sólo es de maíz y sal, porque las autoridades no han consolidado la compra del arroz y frijol, según les argumentaron.
De acuerdo con la integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Martha Ramírez Galeana, quien acompaña en la gestión al Consejo, la entrega ya se hizo en las sedes de Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec, así como en los municipios de Acatepec y Atlixtac, pero queda pendiente una parte de Malinaltepec.
Las comunidades de los municipios faltantes son de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Atlamajalcingo y Tlapa.
Es la tercera entrega convenida con las autoridades federales; la segunda concluyó el 20 de noviembre de 2016.
El argumento del atraso en el resto de las comunidades es que, según Diconsa, no se ha hecho el convenio de compra con las empresas del norte del país que los abastecen.
El próximo sábado harán una reunión de evaluación para la cuarta, quinta y sexta entrega de los granos básicos, que ahora son sólo maíz y sal, anunciaron.
Dijo que de la primera a la tercera etapa fueron subsidiadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y para las restantes lo hará el gobierno estatal priista de Héctor Astudillo Flores, por lo que deben ponerse de acuerdo para que no haya retrasos que los obliguen a movilizarse.
Agregó que en las comunidades entregan las listas de las familias beneficiadas, acorde a lo que les solicitan las dependencias.

Presentan organizaciones a un juzgado de Chilpancingo sugerencias para evitar concesiones mineras en Malinaltepec

Organismos internacionales presentaron este viernes un amicus curiae (amigo de la corte) ante el Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo en contra de la declaratoria de libertad del terreno, emitida por la Secretaría de Economía federal en el núcleo agrario de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, que abre la posibilidad de que se autoricen nuevas concesiones para la exploración minera en la zona.
La declaratoria de la dependencia federal se dio a pesar de que el pueblo de San Miguel del Progreso obtuvo un amparo el año pasado que canceló las concesiones que ya había en la zona.
El escrito fue presentado por la Fundación para el Debido Proceso (PDLF), con sede en Washington DC; la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Center de la Universidad de Ottawa, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).
El amicus curiae tiene el propósito de contribuir a la decisión del Juzgado Primero de Distrito en torno a la demanda de amparo que fue presentado por la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso.
Dicho amparo es contra la emisión de la declaratoria de libertad de terreno 02/2015 que emitió la Secretaría de Economía federal para que particulares obtengan concesiones de licencias para la exploración y, en su caso explotación, de recursos naturales en territorios ancestralmente ocupados por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso.
La presentación del escrito se hizo la mañana de ayer por el integrante de PDLF, Daniel López Cerqueira, quien se entrevistó por la mañana con la jueza Estela Platero, a quien le entregó el documento.
Después, en conferencia de prensa, se informó que en el amicus curiae se resalta los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional comparado sobre la consulta previa, libre o informada, así como los derechos territoriales de los pueblos indígenas, aplicables a la concesión de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales susceptibles de afectarles.
En la conferencia de prensa estuvieron el mismo López Cerqueira de PDLF; Matilde Pérez Romero, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y Alejandro Ramos Gallegos, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa.
En la conferencia de prensa, estuvieron asimismo, como invitadas, autoridades del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, encabezadas por el presidente del Comité de Bienes Comunales, Valerio Muro Amado Solano.

Incumpliría el Estado mexicano sus obligaciones internacionales si se acepta la declaratoria

Allí se dijo que las organizaciones signatarias del amicus curiae esperan que el Juzgado Primero de Distrito anule la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, y argumentaron que la decisión de la dependencia federal no fue precedida de un proceso de consulta a la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyos integrantes han manifestado estar en contra de megaproyectos de minería en su territorio.
“Una decisión que se aparte de los estándares internacionales detallados en el escrito de amicus curiae no sólo desconocería los derechos fundamentales del pueblo me’phaa de San Miguel del Progreso, sino que deslindaría en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, se establece en un boletín de prensa emitido por los representantes de los organismos que respaldan el escrito entregado al juzgado federal.
En la conferencia de prensa, López Cerqueira explicó que el escrito entregado al Juzgado Primero de Distrito tiene el propósito de “alertar a la ciudad judicial de lo que establecen los parámetros internacionales, y para que la juez incorpore y tome en cuenta estos parámetros en la resolución del amparo que emitirá próximamente.
Dijo que el principal argumento que debe tomar en cuenta la juez es que la declaratoria de la Secretaría de Economía no fue consultada al pueblo indígena me’phaa y que con ello se les privó de su derecho de incidir en las políticas estatales.
Asimismo, informó que los organismos que promovieron el escrito, “nos ponemos a disposición del Juzgado y de la Secretaría de Economía para seguir aportando elementos”. Además propuso una mesa de negociación en la que se permita a la comunidad incidir en los proyectos del gobierno.
A su vez, Matilde Pérez, de Fundar, declaró que existe preocupación de los organismos por el incumplimiento del Estado y la constante violación a la consulta previa en los pueblos indígenas, que en el caso de San Miguel del Progreso tome en cuenta los argumentos que se establecen en el amicus curiae, “y se pueda garantizar una justicia efectiva que siente precedente para otros casos similares”.

El nuevo modelo de desarrollo del país no toma en cuenta a los indígenas, señala Abel Barrera

Abel Barrera declaró que los pueblos indígenas “son los que enorgullecen al estado de Guerrero, pero que lamentablemente son los más pisoteados, marginados y segregados”.
Agregó que, por eso son los que constantemente apelan a instrumentos internacionales para obligar a las autoridades a que respeten sus derechos como pueblos, y destacó que apelando a esos instrumentos internacionales han ganado los casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que sólo así han obligado a las autoridades a que respeten los derechos que tienen, como el de poseer la tierra de la que son dueños, como el caso de San Miguel del Progreso.
“Pero hoy resulta que, en el nuevo modelo de desarrollo del país nuevamente no son tomados en cuenta”.
Destacó que, en su informe el gobernador Héctor Astudillo Flores habló de cinco proyectos, y que el segundo de ellos es el de la minería. Al respecto, se preguntó a qué costo, puesto que implica destruir el habitad y contaminar el medio ambiente.
Citó el caso de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, en donde la minera Media Luna no sólo está contaminando el medio ambiente, sino que llegó a dividir al pueblo al instalar por la fuerza su proyecto. Explicó que este es el costo de no hacer consultas previas en los pueblos.
Subrayó que, en el caso de San Miguel del Progreso la secretaría de Economía, con su declaratoria de libertad de terreno, deja abierta la posibilidad para que se autoricen más concesiones a empresas y particulares que las soliciten, pero que espera que el amicus curiae ayude mucho para que el Juzgado Primero resuelva a favor de los pobladores.
En tanto, Manuel Olivares Hernández expresó que preocupan estos intentos y estrategias del gobierno federal para sacar adelante proyectos extractivistas, sobre todo en la Montaña de Guerrero, pero que esperan que la jueza pueda resolver con el apoyo del amicus curiae en beneficio de San Miguel del Progreso.

Exigen estudiantes del Tec de la Montaña al gobernador que resuelva la falta de director


Estudiantes del  Instituto Tecnológico Superior de La Montaña (ITSM) exigieron solución a la designación del director y al pliego petitorio que acordaron el 22 de febrero, cuando se movilizaron para pedir que el directivo tuviera perfil académico y no respondiera a favores políticos.
Anunciaron que si este viernes no les dan una fecha de reunión con carácter resolutivo, el lunes se movilizarán en autobuses a Chilpancingo hasta que les resuelvan la designación del director, luego de que el acuerdo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, fue que el gobierno enviaría una terna y ellos otra, y que ésta sería evaluada por integrantes de Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Los estudiantes, en conferencia de prensa frente a las instalaciones del Tecnológico, que tienen tomadas hace más de 20 días, dijeron que se sienten engañados por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien les dijo que resolvería el problema y les programó una reunión para el 8 de noviembre, que fue cancelada.
Los estudiantes contaron que se reunieron con Astudillo Flores el 31 de octubre durante sólo tres minutos, y les dijo que el problema sería resuelto en una semana, sin que hasta la fecha se haya concretado, “les falta voluntad porque desde marzo debieron hacer las gestiones con los del IPN y presentar la terna, es un tema académico que no necesita dinero”, dijeron.
Contaron que debieron estar el martes en Chilpancingo, pero les cancelaron la reunión, y esperan que este viernes les den una cita con carácter resolutivo, ya que el secretario de Educación, el de Gobierno y el gobernador, “nos prometieron solución y hasta difundieron en periódicos que estaba resuelto, sin ser cierto”, se quejaron.
Mencionaron que en su pliego está la implementación de un comedor, de una casa de estudiantes para los cientos de jóvenes indígenas que acuden a esta ciudad a estudiar en el ITSM, y un autobús para sus prácticas.
La movilización de los estudiantes inició en enero de 2016, cuando comenzó el semestre y el gobernador designó a Eugenio González Rodríguez como director del plantel, pero este fue recibió con un paro de profesores  y luego rechazado por los alumnos, al entrar  por la fuerza  a tomar posesión de la dirección con apoyo de algunos maestros y alumnos.
A eso se sumó que es hermano del diputado local Eusebio González Rodríguez y no tiene ninguna experiencia laboral, por lo que su designación es un favor político y eso no abonaba a la vida académica del Tecnológico, por lo que salió del lugar entre gritos.
Esa movilización duró más de un mes, y el 22 de febrero firmaron una minuta con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar y, como interlocutor, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, estableciendo que la designación sería mediante una terna para que se eligiera al que tuviera mejor perfil académico.
Sin embargo, a más de siete meses del acuerdo no les dieron repuesta para cambiar al director interino Rafael Rojas Herrera con quien no pudieron establecer acuerdos, por lo que reiniciaron su movilización el 11 de octubre para exigir que se cumpla la minuta y se designe al director.
Los jóvenes acusaron al director y a algunos profesores de hostigamiento ante la toma de las instalaciones, y los hicieron responsables de su integridad.
Más tarde, informaron por teléfono que se entrevistaron en esta ciudad con el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Arreaga Solano, quien les dijo que les tendría una fecha para atenderlos, y que quien se negaba a acatar los cambios era el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, porque el gobernador ya había dado indicaciones de que se atendieran de manera resolutiva las demandas de los estudiantes.

Revisará el gobierno el padrón de damnificados de la Montaña antes de entregarles los granos, acuerdan

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que, de manera oficial se acordó una segunda etapa del programa Que Llueva Maíz en la Montaña, en la que se hará una revisión del padrón de las 16 mil familias beneficiarias, para después entregar granos básicos, como maíz, frijol y arroz, y sal a los campesinos, luego de las afectaciones que dejó la tormenta Manuel en 2013 en la región.
Asimismo, indicó que formarán un equipo de trabajo con las dependencias federales involucradas en el programa, como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) para la revisión del padrón de beneficiarios.
Detalló que de los 122 millones de pesos autorizados para el programa, el gobierno estatal aportará 30 millones, la Cdi otros 61 millones de pesos y el gobierno federal aportará unos 30 millones.
A las 11:30 de la mañana, unos 60 integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y el director de Tlachinollan se reunieron en la sala de la República de Casa Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo Flores, funcionarios estatales y federales para tratar el asunto de la entrega de los granos básicos a los campesinos beneficiarios del programa Que Llueva Maíz en la Montaña.
De acuerdo con Barrera Hernández, ese programa lo obtuvieron los pueblos gracias a que lucharon para hacer valer su derecho a la alimentación, lo que no está garantizado en la región de la Montaña, donde hay un gran déficit alimentario y la gente tiene que emigrar para cubrir esa necesidad o, en otros casos, no les queda otra más que sembrar cultivos ilícitos.
Consultado al término de la reunión, que fue privada y duró casi una hora y media, Abel Barrera expuso que, formalmente acordaron la segunda etapa del programa Que Llueva Maíz, impulsado por el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.
Explicó que quedó definido el mecanismo de operación, pues fue entregado el padrón de familias beneficiarias que será revisado en el transcurso de la semana para que en la próxima reunión se defina si atiende a las familias más afectadas tras la tormenta.
Recordó que en reuniones pasadas con representantes de la Sagadegro, fue excluida la sal para las 16 mil familias; sin embargo, externó que luego de la reunión fue reconsiderada la petición de integrarlo al paquete, lo que asciende a unos 7 millones de pesos.
Detalló que hasta que se depure el padron, que se verifique que no haya duplicidad de nombres, que no haya más de dos miembros de una familia y que realmente están en pobreza extrema, se programará la distribución de los granos.
También agregó que se prevé una distribución en seis entregas de 100 kilos de maíz, 20 kilos de frijol, 20 kilos de arroz y un kilo de sal, preferentemente de manera anual y no mensual.
El director de Tlachinollan informó que en la reunión estuvieron pobladores de los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Atlamajatzingo del Monte, San Luis Acatlán, Tlapa, Alcozauca e Iliatenco.
Remarcó que los acuerdos con los tres niveles de gobierno son gracias a la movilización del Consejo, ante la falta de atención a los pueblos y comunidades de la Montaña, “donde un punto central es cómo garantizar el derecho a la alimentación, y una alimentación suficiente y adecuada”.
“Se debe hacer un programa compensatorio con compromisos muy concretos, donde las familias deben habilitar con este apoyo sus parcelas para que a mediano plazo sean autosuficientes, ya que la apuesta es por la autosuficiencia”, expresó Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan mencionó que otro punto a tratar es el problema de la vivienda en la Montaña, pues luego de las contingencias de Ingrid y Manuel en 2013, casi 2 mil 900 casas resultaron afectadas.
Agregó que en la reunión estuvieron el titular de Sagadegro Juan José Castro Justo, el delegado de la Cdi, Julio César Licona y el secretario de Finanzas y Administración estatal, Héctor Apreza Patrón.
Barrera Hernández reiteró la exigencia de que haya un manejo transparente de los recursos económicos, y que se amplíe el apoyo a los municipios más marginados.

Bloquean campesinos de La Montaña las carreteras de Tlapa a Puebla y a Chilpancingo; exigen diálogo

Na savi, me’phaa, nahuas y mestizos que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña bloquearon las carreteras federales de Tlapa a Puebla y de Tlapa a Chilpancingo para exigir una mesa de diálogo con los gobiernos federal y estatal que acepten sus peticiones de granos básicos, y la reconstrucción de viviendas e infraestructura de inmuebles como escuelas, y centros de salud, así como la rehabilitación de caminos y puentes afectados por la tormenta Manuel y las lluvias de marzo.
Los inconformes iniciaron este jueves la jornada Contra el hambre y la discriminación, con una reunión en la Casa del Jornalero, donde acordaron bloquear las carreteras, en lugar de marchar como anunciaron.
En la carretera Tlapa-Chilpancingo, el primer bloqueo fue en el crucero de Atlamajalcingo del Río, donde participaron campesinos de los municipios de Tlacoapa, Alpoyeca, Acatepec y San Luis Acatlán, pero al ver que los conductores buscaban salidas alternas, una parte del grupo se trasladó a la salida del balneario Paraíso Escondido, en la carretera vieja, para cerrarla totalmente.
En la carretera Tlapa-Puebla ocurrió algo similar; primero se plantaron en La Nopalera, y de ahí, al ver que se usaba el cauce del río Tlapaneco como vía alterna, se trasladaron al puente de El Otate para cerrar el paso. Aquí estuvieron vecinos de Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Xalpatláhuac, Atlixtac e Iliatenco, entre otros.
En ambos sitios se permitió el paso a quienes llevaban enfermos. En el bloqueo participaron más de 3 mil indígenas de 185 comunidades.
El líder Moisés Solano Cano dijo que esperaban que se cumplieran los acuerdos con el gobierno federal, ya que las mesas de trabajo no se han concretado y se postergan unos días antes de las fechas, como ocurrió este 30 de marzo, cuando no les confirmaron la reunión.
Dijo que la petición es que en 2016 les doten granos básicos como maíz, frijol y arroz, y sal en el programa Que llueva maíz en La Montaña, para más de 16 beneficiarios, ante las afectaciones a sus tierras de labor, y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) responda a su compromiso de reconstruir 4 mil 800 viviendas y las escuelas, caminos y puentes afectados por la tormenta.
Además exigen que se atienda de manera emergente a los cafetaleros que en su mayoría son parte del Consejo, ante las afectaciones que dejó la plaga de la roya que no les permitió obtener cosechas.
Mencionó que no se levantaría el bloqueo si no recibían a la comisión y que ya llevan más dos años y medio exigiendo que cumpla al gobierno federal, que minimiza a los delegados, comisarios y principales de las comunidades que acuden en representación de sus pueblos.
Alfonso Ayala Vicario, de Malinaltepec, lamentó que las autoridades sólo engañen a la gente y que los apoyos lleguen tarde, como ocurrió con las lluvia y los vientos del 8 de marzo, cuando decenas de casas se quedaron sin techos, y la poca ayuda llegó 20 días después cuando políticos se aprovecharon de la miseria al entregarles a algunos unas cuantas láminas y una despensa, “con eso pisotean la dignidad de la gente y no nos resuelven las necesidades, porque las casas que hicieron ya están mal, se fueron las láminas, nos dan atole con el dedo”, lamentó.
Los comentarios fueron por la visita del gobernador, Héctor Astudillo Flores, a la comunidad na savi de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec, el 29 de marzo, “sólo llamaron a la gente y no le dieron nada, actuaron de mala fe para llenar una cancha y sólo le dieron los apoyos a unos cuantos, fue otra jugada contra nosotros”, denunció.
El bloqueo fue levantado a las 9 de la noche y recibieron la propuesta de una fecha para reunirse con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Al cierre de esta edición continuaban en reunión deliberando sobre continuar o no su jornada de lucha.
En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan apunta que ante la grave crisis productiva que enfrentan las familias indígenas, los pueblos cuya economía se basa en la agricultura de temporal y en la comercialización del café están al borde de una situación de gravedad.
Por eso pedían el programa Que llueva maíz en la Montaña, como una medida emergente que compense el déficit de producción de granos básicos que ha obligado a decenas de familias a salir de la región para contratarse como jornaleras agrícolas.
Exigieron que las autoridades cumplan con la construcción de vivienda, que de acuerdo con el censo del Consejo, suman 4 mil 250 casas dañadas tras las tormentas Manuel e Ingrid.
Menciona que la lucha de los pueblos es para hacer que las autoridades se comprometan a cumplir sus compromisos.
El Consejo emplaza a los gobiernos estatal y federal a retomar la mesa de diálogo que quedó trunca desde diciembre de 2015, y ante el vacío que generan las autoridades, el Consejo protesta masivamente y exige el cumplimiento de la segunda etapa del programa Que llueva maíz en la Montaña, y que se atienda la construcción de viviendas.
Llamaron al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores a que asuma su compromiso de proteger los derechos fundamentales de la población más olvidada de Guerrero.

Exige el Consejo de Damnificados de La Montaña que se amplíen los apoyos de granos básicos

 

El Consejo de Damnificados de la Montaña marchará hoy en Tlapa “contra el hambre y el olvido”, para que se amplíen los apoyos de granos básicos, se atienda el desplazamiento de comunidades, las viviendas dañadas y a los cafeticultores damnificados por la tormenta tropical Manuel en 2013.
En entrevista, la asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Martha Ramírez Galeana informó que la marcha es una continuación de la caravana de noviembre de 2015, porque ahí se había acordado con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, que en enero de 2016 se analizarían las necesidades de las comunidades que integran el Consejo para determinar los tipos de apoyo que recibirían, y aún no se ha visto nada.
Explicó que otro asunto a discutir es la reconstrucción de las casas, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ya reconoció que hay obras que están mal hechas, y aunque cuenta con cifras y montos, no tiene presupuesto asignado.
Agregó que también hablarán de las viviendas afectadas por los fuertes vientos y lluvias del 8, 9 y 10 de marzo, porque casi son las mismas comunidades que fueron afectadas con la tormenta Manuel.
Criticó que aunque el gobernador Héctor Astudillo Flores acudió a la comunidad de Alacatlatzala a entregar enseres, estos son insuficientes y no responden a un proyecto integral, “por ejemplo, cuánto le va a durar esa despensa o la colchoneta a la gente”; explicó que es necesario implementar programas para este tipo de emergencias.
Dijo que hay más municipios en el Consejo, de 13 pasó a 17, porque los problemas y necesidades han aumentado.
Explicó que la primera etapa de entrega de maíz, frijol, arroz y sal a los damnificados ya concluyó, pero que pedirán la segunda etapa incluida en el proyecto original, y es urgente ante las continuas afectaciones a las tierras de los indígenas causadas por el cambio climático, que provoca fuertes lluvias, y vientos que han deslavado y hundido sus tierras de labor, además de la plaga de la roya a los cafetales que eran parte del sustento de las familias.
Indicó que urge implementar el programa Que llueva maíz en la Montaña, y un programa especial para los cafetaleros, porque la mayoría de los integrantes del Consejo se dedican a la producción del café que implica un ingreso más.
Declaró que el Consejo decidió esta marcha el 12 de marzo en una reunión, y que le apostaban al diálogo, mediante la interlocución del antropólogo Abel Barrera, con el gobierno federal, pero no fue posible.
En la convocatoria, el Consejo anunció que marcharán ante la crítica situación de los pueblos indígenas por el desplazamiento de los programas sociales, la devastación que causó el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, por el olvido, la violencia, la falta de oportunidades y la estrategia bélica del Estado.
El Consejo de Comunidades Damnificadas se constituyó el 22 de septiembre de 2013, ante la devastación de las lluvias provocadas por la tormenta Manuel, que integra a 200 comunidades de los 17 municipios de alta marginación de la Montaña de Guerrero, la población más discriminada y olvidada, y por eso exigen el cumplimiento del programa Que llueva maíz en La Montaña.
Ayer se observó a algunos integrantes del Consejo que llegaban a las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI) del programa de Jornaleros Agrícolas de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), donde se reunirán para marchar este jueves a las 10 de la mañana.

Registra el Consejo de Comunidades 4 mil 355 casas dañadas en 2013 en la Montaña, informa Tlachinollan

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que, en un recorrido, integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña registraron 4 mil 355 casas dañadas en la Montaña en 2013 por la tormenta Manuel, tres mil viviendas están reportadas con daño parcial y más de mil 200 casas con daño total.
Consultado vía telefónica, Abel Barrera dijo que con la tormenta Manuel, que ocurrió en 2013, vecinos de varias partes de La Montaña se quedaron sin viviendas, y que pese a que ya pasaron más de dos años, continúan en la misma situación.
Explicó que, las cifras que registraron en su recorrido se reportaron a las autoridades de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero dijeron que ya habían hecho un recorrido por su cuenta.
El director de Tlachinollan indicó que más de 3 mil viviendas están reportadas con daño parcial y más de mil 200 casas tienen daño total, en 12 municipios ubicados de la La Montaña como Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Ecatepec, Tlacoapa, Atlixtac, San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas y Tlapa, entre otros.
Lamentó que las autoridades no registraron oficialmente los daños de las casas y apenas se está haciendo la valoración de los daños. “Todo el proceso está retrasado porque no se quería reconocer el sub registro que presentaron los del Consejo, y la negativa de la Sedatu de hacer recorridos”, explicó Barrera Hernández.
Reiteró que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.

Gestionará Tlachinollan fondos para reconstruir casas dañadas en la Montaña en 2013, anuncia

 

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Barrera Hernández, en entrevista telefónica dijo que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció que los datos del padrón que le entregó el Consejo de Damnificados de La Montaña es real en un 80 por ciento, ya que lo confirmaron en los recorridos que hicieron en las comunidades, de agosto a diciembre de 2015.
“Ahora ya está claro que hay un sub registro y que en su momento no se programó el presupuesto correcto porque desde el Fonden se hizo otro registro, y más de dos años y medio se ha complicado la entrega”, explicó Barrera Hernández.
Barrera Hernández precisó que se reunió con Armenta Tello en las instalaciones de Tlachinollan, este miércoles 23 de marzo, en lo que llamó una reunión ejecutiva para darle seguimiento a la vivienda que no han podido resolver porque no hay avances claros y porque se retrasó el cambio de delegados en la Sedesol y la Sedatu.
Agregó que la Sedatu ya tiene resultados del padrón de viviendas que el Consejo les presentó y que las autoridades no aceptaban, “pero ya hicieron los recorridos y ahora saben que la información que presentó el Consejo es veraz (…) aunque no sea al 100 (por ciento)”.
Dijo que 896 casas se tienen que construir en las comunidades; 287 se tienen que reubicar, es decir, conseguir el terreno y construirlas; 392 viviendas tienen daños parciales, y mil 134 daños menores, en los 12 municipios que se deben atender; “pero no hay fondos”, lamentó.
Barrera Hernández dijo que era bueno que la Sedatu reconociera el sub registro, aunque ahora viene el desafío de, “como conseguir esos recursos, y que son aproximadamente 185 millones de pesos” según valoraciones.
Agregó que se tendrán que buscar en el gobierno federal, en instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo); “el consejo tendrá que gestionar y tocar puertas para resarcir esos daños”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que buscarán reunirse con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, para que los atienda como lo hizo en diciembre, cuando se habló del programa Que llueva maíz en La Montaña, que se entregaría en seis meses, pero se entregó más de un año después.
Agregó que volverán a plantear la necesidad del suministro de maíz, ante la crisis del precio del café, la plaga de roya en los cafetales, los fuertes vientos y las lluvias que siguen afectando las tierras de los indígenas.
Manifestó que era un compromiso político y social la dotación de granos básicos para las 185 comunidades afectadas, que ahora son más de 200.
Remarcó que la tarea será la búsqueda de fondos, las reuniones de alto nivel para que les resuelvan, ya que no hay un presupuesto asignado para construir viviendas rezagadas en los municipios de Acatapec, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Cochoapa el Grande, entre otros.

Exigen en un mitin en la Ciudad Judicial en la capital la libertad de los presos de la CRAC

Familiares de los policías comunitarios presos en Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron ayer en un mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, la libertad de todos los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La protesta comenzó a las 12 y media de la tarde, mientras en el interior, en la Cuarta Sala penal, había una audiencia de vista relacionada con el proceso que se sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, por el delito de secuestro en agravio de Katia Espinoza Bolaños y Pedro Gil Apreza Salmerón.
La causa penal 59-I/2015 y las presuntas víctimas que acusan a Campos Herreras son las mismas que acusaron a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien la mañana de ayer quedó en libertad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, quien da seguimiento al caso de Campos Herrera, informó que la Cuarta Sala Penal deberá resolver en 15 días el auto de formal prisión o de libertad.
Otro de los abogados de Tlachiniollan, Vidulfo Rosales Sierra reclamó a las autoridades que manifiesten la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los otros ocho presos de la CRAC, y que también sean liberados, puesto que los delitos de los que se les acusa y los supuestos agraviados son los mismos que enfrentó Nestora Salgado, que ya fue liberada.
Los ocho presos a los que se refirió Rosales Sierra son Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, así como el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, y cinco policías comunitarios de esta misma casa, presos en el penal de Ayutla.
Arturo Campos Herrera es consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla y fue detenido el 1 de diciembre de 2013, al final de un acto con el que Tlachinollan inició la campaña 12 días por la libertad de los presos políticos, en la Alameda de Chilpancingo. El detenido fue trasladado inmediatamente al penal del Altiplano, en el Estado de México.
El 28 de mayo de 2015 el juez Cuarto penal de Acapulco le dictó el auto de formal prisión, pero la defensa interpuso el recurso de apelación, del que derivó la audiencia de vista en la Cuarta Sala penal de ayer.
El abogado Téliz García, quien entró a la audiencia, informó que los supuestos agraviados que la administración de Ángel Aguirre Rivero presentó como víctimas para acusar a Campos Herrera son Pedro Gil Apresa Salmerón y Katia Espinoza Bolaños, quienes no acudieron ayer a la audiencia.
“Esperábamos que vinieran; ellos presentaron un escrito en el que manifestaron que iban a estar pendientes en el desahogo de la audiencia, pero no estuvieron, porque saben que son falsas sus acusaciones”, dijo.
Pero informó que la audiencia tuvo lugar y que él presentó un escrito de agravios “donde combatimos el auto de formal prisión; decimos que en ningún momento hay el delito de secuestro, que él (Campos Herrera) como perteneciente a la Policía Comunitaria, todos los actos que realiza se asemejan a actos de autoridad amparados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, además, por la Constitución federal en su artículo 2º, que establece que los pueblos indígenas pueden organizarse, ver y resolver la forma interna de sus pueblos.

Tienen que aplicar en el caso de Campos Herrera el mismo criterio que usaron en el de Nestora, insiste el abogado

El abogado dijo que el delito y quienes acusan a su defendido son los mismos que acusaron de secuestro a Nestora Salgado, a quien el juzgado de Ayutla le resolvió el auto de libertad, “y ese mismo criterio tiene que aplicar la Cuarta Sala penal y emitir la resolución inmediatamente”.
Explicó que existe un plazo de 15 días para que la Sala emita su resolución, “pero no podemos esperar más ante un hecho de injusticia, cruel e inhumano y la Sala penal tiene que emitir un fallo rápidamente para que Arturo Campos pueda recobrar su libertad y se una a la impartición de justicia en sus pueblos”.
Dijo que los agravios están bien sustentados y que está seguro de que “se va a caer” el auto de formal prisión, porque no se tipificó el delito de secuestro; “el secuestro tiene la finalidad de que se prive a una persona de su libertad con el objeto de pedir un rescate, y aquí no se dio esto”, dijo.
Mientras se realizaba la audiencia de vista, afuera, en la entrada principal de la Ciudad Judicial, más de 50 personas, entre familiares de los presos en el penal de Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, participaron en un mitin y exigieron la libertad de todos los presos de la CRAC.
En declaraciones afuera, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra expresó que esperan que la resolución de la Cuarta Sala penal sea por el auto de libertad de Arturo Campos, como ocurrió con Nestora Salgado.
Reclamó a las autoridades la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los ocho presos de la CRAC, dijo que los magistrados y jueces deben ceñirse a los mismos criterios que utilizaron en el caso Nestora, pero que pareciera que, por el contrario, “hay consigna” para que los otros ocho presos de la CRAC sigan en prisión.
Recordó que los miembros de la CRAC fueron detenidos por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando el movimiento iba en ascenso y la Policía Comunitaria mantenía sus vínculos con ese movimiento en contra de las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Añadió que, por eso los gobiernos federal y estatal pretenden mantener presos a los miembros de la CRAC.
Explicó que en el caso de Nestora Salgado pesó más la presión política, porque se convirtió en un emblema nacional e internacional, y por eso el gobierno determinó su libertad, pero que la están condicionando para que abandone el país, “al parecer ella ha aceptado, aunque dice que sale por motivos de salud”.
Rosales Sierra explicó que, en el caso de los ocho presos de la CRAC siguen su propio procedimiento jurídico, y que aunque con la libertad de Nestora se abre una posibilidad para que salgan libres, “si en términos políticos no hay una voluntad como la hubo con Nestora, no saldrán libres”, dijo.
Reconoció que se han dificultado la liberación de estos ocho presos, porque no han sido “visibilizados” como Nestora, a quien benefició la presión de los organismos nacionales e internacionales, por lo que el gobierno se vio obligado a liberarla.
En el mitin también habló Minerva Donaciano de Jesús, esposa del comandante de la Policía Comunitaria preso en Ayutla, Ángel García García, que dijo que es injusto el encarcelamiento de su compañero y del resto de los policías comunitarios, “no porque sean indígenas y nos humillan, sino porque los detuvieron cuando buscaban justicia y seguridad para los pueblos, lo que no puede ofrecer este maldito gobierno”.
Agregó que, si el gobierno pensaba que con su detención “ya no nos íbamos a levantar, se equivocó, seguimos luchando ahora también por la libertad de nuestros esposos porque sabemos que son inocentes”.
Denunció que para mantenerlos presos les fabricaron delitos, “los acusan de delitos que nunca cometieron”.
Añadió que, como indígenas se sienten orgullosos y felices de que haya salido libre Nestora Salgado, “pero si ya reconocieron que ella es inocente, ahora también que liberen a nuestros esposos, acusados de lo mismo que ella”, dijo.