Han pasado 23 años desde que autoridades y habitantes de la comunidad nahua San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, construyeran dos aulas de la Secundaria Técnica 229 Roberto Mejía Guzmán, para que estudiaran sus hijas e hijos.
Marcados por el olvido de las autoridades estatales y educativas, se organizaron para velar por el derecho de la educación de sus hijos. Después de varios años solicitando infraestructura para la escuela, en una asamblea del año 2000 decidieron cooperar mil pesos por persona mayor de edad, para la compra de materiales. El logro fue de la comunidad, sin la intervención de las autoridades que siempre estuvieron ausentes.
De acuerdo con las autoridades comunitarias, la comunidad nahua se fundó en 1650. Desde el dominio colonial ha estado marginada. El poblado se encuentra a una hora de Tlapa. De un total de 741 habitantes, 193 son niños y niñas, de 6 a 17 años; 18 tienen computadoras, 29 internet y línea telefónica, y 159 saben leer y escribir, es decir, el 21.5 por ciento. Menos de la mitad de las personas que viven en ese lugar tiene vivienda con piso de cemento, luz eléctrica, agua entubada, refrigerador y algunos electrodomésticos. Se cuenta con un preescolar, una primaria y una secundaria.
El 13 de febrero de 2024, el comité de padres de familia, integrado por el presidente Antonio Reyes, vicepresidente Aurelio Calleja, secretaria Leticia Méndez, tesorera Lucía Estrada y las vocales Antonia Rodríguez, María Guadalupe, Marcelina Gálvez, Eufemia Gálvez, Conrada Rojas y Enahu Martínez, presentó una demanda de amparo ante el juez de distrito en Chilpancingo. Fue admitido con el número 236/2024 el 16 de febrero, “en forma colectiva, contra actos de la gobernadora constitucional del estado de Guerrero y otras autoridades responsables”, al afectar el derecho de la educación de 51 estudiantes.
El 22 de febrero de este año, un juez negó a los padres de familia la medida cautelar, de contratar con urgencia a los maestros que impartan las materias de educación física, historia, geografía, formación cívica y ética, “para que nuestros hijos no sigan perdiendo clases”, así como que las autoridades a la brevedad realicen un estudio técnico y un proyecto de seis aulas, una cancha de usos múltiples, una cancha de futbol y un centro de cómputo con internet.
Sin embargo, el 27 de febrero otro juez concedió la medida cautelar, porque al negarse estaría afectando el derecho a la educación de los niños indígenas, pero las autoridades educativas a la fecha no han acatado la sentencia.
En 1997 se fundó la Secundaria Técnica 229 Roberto Mejía Guzmán, con clave 12DST0249D. Las primeras generaciones de estudiantes tomaron clases en las oficinas del comisariado de Bienes Comunales, la comisaría municipal y la tienda Conasupo. Los pizarrones y gises los puso la comunidad, mientras las sillas y las mesas corrieron a cuenta de los alumnos. A pesar de que las autoridades comunitarias realizaron múltiples solicitudes, en la oficina del gobernador, para aulas y muebles, nunca los atendieron.
Ante la desatención sistemática de las autoridades, las familias se organizaron en 2000 y 2001 para construir dos aulas, aun así, un grupo de alumnos siguió recibiendo clases en la comisaria municipal. Cada año se les solicitaba a las autoridades educativas que construyeran un aula, pero prevaleció la inacción. “Nuevamente nos cooperamos económicamente para comprar materiales, para la construcción de dos aulas más sobre las que ya estaban”. Un aula es al mismo tiempo bodega, sala de juntas, biblioteca escolar y oficina de dirección. Otra se usa para comedor del albergue y también sirve para reunión de padres de familia.
En 2013 se gestionó con el presidente municipal de Tlapa la construcción de dos aulas más para la Secundaria Técnica, pero sólo se comprometió con una, argumentando que la obligación les corresponde a las autoridades educativas. Al no quedarles alternativa, volvieron a cooperar para hacer una mezcla de recursos con el presidente municipal y sólo así se construyeron otras dos aulas.
En la actualidad, “el primer edificio, que construimos en 2001 para la escuela, se encuentra en muy mal estado y representa un peligro para las niñas y niños, así como la plantilla docente. Hay fisuras muy pronunciadas en sus paredes a consecuencia de los temblores en el estado. Hay goteras y hundimiento significativo en el techo de concreto. Se desprenden pequeños trozos de concreto que se desmoronan y genera polvo blanco que inhalan los niños y niñas”.
El 27 de septiembre de 2023 el comisario municipal, el comité de padres de familia y la directora de la secundaria realizaron una solicitud oficial, con número 15/2023-2024, a Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación, para que les asignaran dos maestros de geografía, historia y formación cívica y ética, así como la construcción de tres aulas, una dirección, 15 computadoras e internet; 12 tambores y 12 cornetas para la banda de guerra, cinco escritorios y sillas para maestros, tres pizarrones blancos, 12 mesas binarias, 24 sillas didácticas, material para oficina y para el aseo, así como uniformes escolares. No hubo respuesta.
También dirigieron un oficio a Benjamín Guinto Nava, director general del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), para solicitar la construcción de tres aulas y una dirección, la realización de un dictamen para que certifique el estado real del edificio, constituir el expediente y atender de manera urgente las necesidades de infraestructura de la escuela.
El funcionario les pidió un acta de asamblea general de comuneros, que le fue entregada para iniciar los trabajos. Personal del IGIFE fue en junio de este año, pero no volvieron para darle seguimiento.
Las autoridades del estado y la misma SEG violan el artículo tercero constitucional, donde se señala que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado debe garantizarlo. “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. Este principio constitucional obliga a las autoridades a trazar políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, sin que las madres y padres tengan que gastar para que sus hijos estudien. Las niñas y niños deben tener suficientes maestros, aulas adecuadas y en buenas condiciones, becas, alimentos y todo lo necesario para su aprendizaje.
Las madres y padres de familia tienen la esperanza de que sus hijos continúen estudiando, pero las autoridades educativas los tienen en el abandono. La gobernadora Evelyn Salgado y otras autoridades permanecen ausentes. Lejos de proteger el derecho superior de la niñez ponen trabas para garantizarlo. Es lamentable que a las autoridades no les interesa la educación de las niñas y niños indígenas de la Montaña.

La reunión que tuvieron las madres y padres con el presidente de la República en Palacio Nacional, fue desangelada y sin mayor trascendencia. Andrés Manuel López Obrador repitió lo que en sus conferencias mañaneras ha publicitado casi cada semana.
Después del primer encuentro que tuvieron en junio pasado hizo llegar su informe a las madres y padres para que conocieran directamente lo que él ha indagado. Leyeron temas que no abordan los avances de las investigaciones sino cuestiones que tienen que ver con el descrédito de sus representantes jurídicos. Se dieron cuenta de que su postura es infranqueable e inamovible. Sus planteamientos están fuera de lugar, porque nada dice de los 800 folios que en reiteradas ocasiones le han solicitado para que el Ejército los entregue. Habló de un complot urdido por gobiernos extranjeros y por la misma DEA. También se centró en la investigación de la periodista Anabel Hernández para deducir que, de ese libro los representantes legales armaron la consigna de que el Ejército tuvo que ver con la desaparición de los 43 estudiantes.
Las madres y padres pacientemente escucharon la perorata del presidente. Fue un diálogo que después de atender los informes de rutina del subsecretario de Derechos Humanos y del fiscal especial, el presidente tomaba el micrófono para explayarse más de una hora repitiendo sus propias elucubraciones. Han sido encuentros infructuosos y desgastantes para las mamás y papás, porque son horas de escuchar temas irrelevantes. Esta situación los llevó a evaluar que sus traslados de sus comunidades a la Ciudad de México les generaba mucha frustración y enojo porque son horas perdidas. Se trataba de reuniones rutinarias para cubrir las formalidades y mostrar a la opinión pública el interés del presidente por atender a los familiares de los 43. Constataron que el Ejecutivo no estaba de su lado, sino que cada vez que se reunían sentían su postura en favor del Ejército. La decisión de las madres y padres fue firme, le expresaron sin tapujos que ya no querían acudir a Palacio Nacional. Valoraron además que a escasos 33 días de que fenezca su gobierno, ven muy difícil que pueda remontar una investigación que desde hace meses se encuentra estancada.
Algo imperceptible o intrascendente para el presidente y el subsecretario de derechos humanos fue el daño que ocasionaron a las mamás y papás al convocar a estos encuentros al pequeño grupo de padres que se han alineado a los intereses del expresidente municipal de Iguala José Luis Abarca. Llegaron al extremo de marchar con sus familiares y uno de ellos tomó el micrófono para exigir su liberación. Empoderaron al grupito y lo llevaron a las reuniones con la clara idea de golpear, de generar más confrontación y una mayor revictimización. Algunas mamás dijeron que en Palacio Nacional tenían dos adversarios, por una parte, al presidente y por la otra, al pequeño grupo de padres. Era evidente la intención de acentuar la división del grupo y que el gobierno saliera ganando al sentar a las dos partes confrontadas. Con mayor razón las madres y madres decidieron no volver a sentarse. Aprovecharon el momento para decirle al presidente que ya no volverían a Palacio Nacional. Dejaron abierta la posibilidad de reencontrarse siempre y cuando hubiera alguna información relevante. El presidente aceptó y expresó que respetaba su posición. Comentó que de cualquier forma les mandaría a sus domicilios su último reporte.
Este desgaste y alejamiento con las madres y padres viene desde el 2022, cuando se lograron avances sustantivos en las investigaciones. En ese tiempo se encontraron algunos restos de estudiantes en la Barranca de la Carnicería, echando por tierra la versión del gobierno de Peña Nieto de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Con pruebas científicas corroboradas por la Universidad de Innsbruck se logró la identificación de dos estudiantes y al mismo tiempo, se libraron órdenes de aprehensión contra 20 militares, a quienes posteriormente se les procesó. Fue justamente cuando se ejercitan las acciones penales contra los elementos castrenses cuando se da una crisis con el gobierno federal. Es un punto de quiebre que marcó un cambio en la narrativa del presidente. El Ejército expresó su molestia por el número de militares que tenían órdenes de aprehensión. Se dan fuertes presiones contra el fiscal especial Omar Gómez por haberse atrevido a ejercitar estas acciones penales. También Alejandro Encinas dejó de ser el subsecretario de las confianzas del presidente por señalar al Ejército como parte de los perpetradores. Ante el enojo de la cúpula militar el fiscal especial Omar se vio obligado a renunciar y en consecuencia Alejandro Encinas dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La investigación quedó a la deriva y se fue a pique. El presidente anunció que tomaría en sus manos el caso dejando en segundo plano al nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra. Hubo un golpe de timón en las líneas de investigación al grado de que la nueva narrativa del presidente se centró en desacreditar todo el trabajo que hizo el GIEI en sus seis informes, señalando a las organizaciones que representamos jurídicamente a las mamás y papás como deshonestas, que contribuimos para que quedaran libres varios detenidos que participaron en la desaparición de los 43, que firmamos un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto a espaldas de las mamás y papás y que nos coludimos con gobiernos extranjeros para conspirar contra el Ejército. En esta confrontación se intentó excluirnos de las reuniones con el presidente, sin embargo, las madres y padres en todo momento manifestaron su confianza en el acompañamiento integral que les hemos brindado a lo largo de una década.
Una información rescatable que se tuvo en la última reunión en Palacio Nacional fue la que compartió el fiscal especial sobre la detención de 2 personas que son claves para la investigación que quedó trunca en el 2022. La primera detención fue de Erick Román alias El Ranchero que dirigió un grupo de sicarios de la zona de Apetlanca, municipio de Cuetzalan del Progreso. Se comentó que a su rancho fueron llevados 6 o 7 estudiantes. Se sabe que los jóvenes fueron disueltos en ácido. Algunos testigos refieren que algunos restos no fueron disueltos y que por ese motivo prefirieron enterrarlos en el mismo rancho. Se informó que hay varios equipos que están haciendo las búsquedas en el rancho de Apetlanca.
La segunda detención fue de Marco Antonio Ríos, quien era el jefe de sicarios de Guerreros Unidos que operaron en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Es una pieza clave para saber el destino de los 43 porque se sabe que en buena medida coordinó las acciones criminales. Tiene información privilegiada de los hechos que aún no se conoce. Puede convertirse en un testigo importante si la autoridad logra identificar con datos precisos y contundentes sobre la forma cómo operó la desaparición de los 43 normalistas.
En estas últimas semanas se han intensificado las búsquedas en los municipios de Iguala, Cocula, Cuetzalan y Tepecuacuilco. Se conformaron siete equipos distribuidos en varios puntos. Los resultados de las excavaciones y los estudios de los pequeños restos han sido negativos. Las declaraciones de los últimos testigos no han arrojado resultados favorables en las búsquedas. La presencia del subsecretario y del fiscal especial en los puntos que se excavan es un intento desesperado por encontrar algún indicio que pueda dar la campanada en este último mes. La preocupación de las madres y padres y de sus representantes jurídicos es que no comparten la información de estos hallazgos al Equipo Argentino de Antropología Forense ( EAAF) cuyos miembros fungen como sus peritos en las investigaciones penales. Por esa rezón las mamás y papás han declarado que no reconocerán algún resultado presentado por las autoridades si antes no es cotejado por los peritos del EAFF.
En el último informe que leyó el presidente de la República en el Zócalo de la Ciudad de México patentizó los grandes logros que alcanzó durante su mandato. Se regodeó por dar cumplimiento a la casi totalidad de compromisos asumidos durante su administración. Habló de resultados que no necesariamente coinciden con lo que experimenta la población. Comentó que la estrategia nacional de seguridad pública se enfocó en atender las causas de la violencia y que logró reconstruir el tejido social de comunidades afectadas por este flagelo, así como recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones policiales. Asegura que hay una disminución sostenida de la incidencia delictiva.
Sobre la pacificación del país destaca las misiones del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, así como de la Armada de México que orientaron sus acciones a garantizar la paz y la tranquilidad.
En materia de atención a víctimas se destacan las políticas públicas para otorgar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño. En especial, las relacionadas a fomentar la igualdad y no discriminación, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el combate a la violencia conta las mujeres. Los temas de seguridad, atención a víctimas y los derechos básicos como la salud y la educación, desde la óptica de Guerrero, la realidad está muy alejada de la visión presidencial. La carencia de recursos ha sido la principal excusa de las autoridades para no dotar de medicamentos a los pacientes de escasos recursos, para no contratar médicos ni maestros y maestras en las regiones más abandonadas. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de las décadas de los 60 a los 90 son maltratados e ignorados por la titular de la CEAV. Pasó todo el sexenio con argumentos falaces para no reparar los daños a centenares de familias que bien en condiciones deplorables.
Las víctimas de la violencia delincuencial tienen que arriesgar su vida para buscar a sus familiares desaparecidos, tienen que mendigar los apoyos para sus traslados y compra de medicamentos.
Un tema pendiente que reconoció el presidente de la República no haber cumplido fue dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. No obstante, afirmó que las investigaciones avanzan y que las búsquedas continúan hasta que concluya su mandato. El tema de las desapariciones que suman más de 116 mil personas a nivel nacional, es una deuda que deja AMLO en miles de familias que sobrevivieron al olvido gubernamental.

Desde muy joven, Rosendo Radilla Pacheco mostró sus dotes de un defensor comunitario. Cuando tenía dinero se las ingeniaba para comprar libros. La Constitución Política fue el texto que más consultaba. Se transformó en el libro de su cabecera. Le apasionaba documentarse y ser parte del gran movimiento agrario que se gestó desde 1924 con el levantamiento armado encabezado por Alberto Téllez y Feliciano Radilla en Atoyac. La lucha por la tierra marcó la etapa de su juventud. Creció en el borbollón de los movimientos agrarios y guerrilleros. Rosendo formó parte de la estirpe de hombres decididos a levantar la voz y el machete, y a defender los derechos del pobre.
Fue un hombre de campo. En el arado forjó su carácter recio y su gran temple para luchar. En la comunidad de Clavellinas, en la sierra de Atoyac, aprendió de su padre Felipe a sembrar maíz y frijol y a darle mantenimiento a la huerta de cocos. Tuvo la fortuna de que le regalaran una becerra que fue como una bendición, porque tuvo la oportunidad de dedicar parte de su tiempo a estudiar y a brindar asesoría jurídica a la gente que tenía conflictos agrarios. Como buen autodidacta aprendió a elaborar oficios a máquina. La práctica le fue dando seguridad en su rol de defensor. Acompañaba a la gente ante el ministerio público al mismo tiempo que se instruía en derecho penal.
Su liderazgo adquirió reconocimiento en la región. De la Ciudad de México lo visitaba Genaro Vázquez. Tenían su círculo de estudios. Se trataba de impulsar la organización de la gente del campo que padecía el maltrato y la explotación de los caciques acaparadores. En estas reuniones participaban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y representantes de varias comunidades. En este círculo también participó Lucio Cabañas. Fueron tiempos de mucha efervescencia social y política. Los bajos precios del café y la copra, el acaparamiento de tierras y la sobre explotación de la fuerza de trabajo. La falta de servicios públicos como clínicas y hospitales, escuelas, caminos.
Los presidentes municipales eran nombrados por los caciques. Ellos mismos se encargaban de destituirlos si no respondían a sus intereses. En 1955 Rosendo Radilla fue electo presidente municipal. Asumió el cargo con el compromiso de impulsar un cambio en favor de la población en general. Tomó la iniciativa de comprar un terreno para construir el mercado y también se dio a la tarea de gestionar el hospital rural. Ante el argumento del gobierno del estado de que no había recursos para construirlo, animó a la gente para que cooperara con el fin de contar con un hospital. Gracias a esta contribución Atoyac cuenta con un hospital, que con el tiempo vino a ser el centro de salud.
A pesar de estos logros alcanzados, Rosendo no fue del agrado de los caciques porque con su simpatía y liderazgo temían perder sus privilegios y el control de los bienes que ostentaban. Rosendo prefirió renunciar al cargo que supeditarse a decisiones de quienes no velaban por el bien de la gente más pobre. Sin pretenderlo, logró forjar un liderazgo social más allá de la cabecera municipal. Al mismo tiempo que asesoraba y acompañaba a la gente ante las diferentes instancias del gobierno, se daba tiempo para vender su ganado o mataba puercos y reces para vender la carne. Con el tiempo pudo comprar algunos terrenos para construir algunas casas y luego venderlas. A pesar de su capacidad para hacer negocios nunca abandonó su trabajo como defensor comunitario ni se desligó de la lucha social.
Cerca de los 27 años se casó con Victoria Martínez Neri procreando 12 hijas y un hijo. Trató de que todas sus hijas estudiaran, pero en Atoyac no había posibilidades porque solo funcionaba la primaria. Varias jóvenes que querían estudiar entraban a una academia para terminar como secretarias. Varias de las hijas de Rosendo se fueron a Chilpancingo a estudiar secundaria, bachillerato y la universidad. Doña Victoria tuvo que irse a vivir a la capital del estado para apoyar a sus hijas. Rosendo tuvo que redoblar sus esfuerzos para sacar adelante a sus hijas. Además de la matanza, también sembraba maíz y frijol. Cosechaba café y con su huerta de cocos extraía la copra para su venta.
Con los círculos de estudio fue adquiriendo mayor conciencia de la lucha social y de la organización independiente de los pueblos. Las movilizaciones de campesinos que se dieron en la década de los 60 fueron apoyadas por estudiantes y maestros que participaban en estos espacios de reflexión para la acción. En Atoyac tuvo presencia la confederación nacional campesina independiente (CCI) impulsada por el expresidente Lázaro Cárdenas con el fin de reivindicar la lucha por la tierra de los campesinos, por garantizar créditos a los pequeños productores y respeto cabal a la reforma del artículo 27 constitucional. Los bajos precios de la copra y el café movilizaron a muchos campesinos de la Costa Grande. Cuando se realizaban las movilizaciones en Atoyac todas salían del domicilio de Rosendo. Le gente se concentraba en el patio grande que tenía y ahí se organizaba en contingentes para marchar al centro de la ciudad. Tita Radilla, recuerda que tenía 4 años cuando su papá fue presidente. Con orgullo recuerda que siempre lo acompañó en las marchas que abanderaba.
En Guerrero la década de los 60 es cruenta por las matanzas que se suscitaron ante el endurecimiento del gobierno de Caballero Aburto. En Chilpancingo el Ejército reprime al movimiento estudiantil y popular dejando un saldo sangriento de 15 personas asesinadas. En 1962 el Ejército masacra en Iguala a siete víctimas y obliga a que la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) se radicalice. En la víspera del 18 de mayo de 1965 hubo una marcha con antorchas que salió de la casa de Rosendo que llegó hasta la escuela primaria Juan N Álvarez. La gente tenía información de que serían reprimidos por los judiciales. En esa reunión algunas personas plantearon que fueran armadas. La intervención del maestro Lucio Cabañas fue en sentido contrario, porque sería más fuerte la represión. El acuerdo final era resistir de manera pacífica.
Lamentablemente cuando inició el mitin los policías judiciales se parapetan para disparar y matar a 5 padres de familia (4 hombres y una mujer). La reacción de las madres y padres fue arremeter contra los agresores, privando de la vida a dos policías judiciales. La represión escaló para atemorizar a una población que se oponía al pago de cuotas altas impuestas arbitrariamente por la directora de la escuela. En esa fecha cuando hablaba el padre de familia Arcadio Martínez Javier, tío de Tita Radilla, el comandante Enrique Castro Arellano abrió fuego contra la multitud. Asesinaron a Arcadio, a Javier Donaciano, a María Isabel que se encontraba embarazada, Regino Rosales y Prisciliano Téllez. El gobierno de inmediato culpó a Lucio Cabañas de la masacre. Ante este señalamiento temerario se vio forzado a refugiarse en la sierra para hacer frente a la persecución encarnizada que padeció hasta que el Ejército lo ejecutó.
El contexto político en el estado se complicó con la matanza de Atoyac en el 65 y la detención de Genaro Vásquez el 11 noviembre de 1966 en la Ciudad de México. Los dos líderes sociales no tuvieron otra opción que empuñar las armas para hacer frente a la política de exterminio implantada por el Ejército. Fueron años cruentos por el gran número de personas desaparecidas, ejecutadas, detenidas arbitrariamente y torturadas. Se implantaron planes de contrainsurgencia para desmantelar el apoyo social de la guerrilla. Impusieron cercos militares, impidieron el traslado de alimentos, desplazaron de manera forzada a las familias, bombardearon comunidades, violaron mujeres tiraron cuerpos al mar.
El apoyo de Rosendo a Lucio y Genaro continuó de manera soterrada. Los militares no sólo lo traían en la mira por la composición de sus corridos que narraban los hechos atroces que cometían y porque reivindicaban la lucha de Lucio y de Genaro, sino por identificarlo como un aliado de su lucha, como alguien que reprobaba el terrorismo implantado por el Estado en comunidades extremadamente pobres. Rosendo libró en por lo menos cuatro ocasiones que el Ejército lo detuviera. Cuando rodeaban su casa él se las ingeniaba para escabullirse. Sabía que en cualquier momento podría caer. Enfrentaba un gran dilema, por una parte, sentía un peligro inminente y por la otra no quería dejar su pueblo, a las familias que habían pedido su apoyo para buscar a sus esposos e hijos desaparecidos.
El 25 de agosto de 1974 el Ejército desapareció a Rosendo Radilla Pacheco, cuando viajaba con su hijo Rosendo a la ciudad de Chilpancingo. Pidió que a su hijo lo dejaran ir, los militares le ofrecieron llevarlo a su casa. Rosendo respondió “no él puede llegar solo, no necesita que lo lleven”. Temía que también lo desaparecieran, como estaba sucediendo con varios niños del pueblo. Desde hace 50 años su familia busca a Rosendo. Su esposa Victoria se dedicó hasta el último día de su vida a buscar el paradero de su esposo. Su sexta hija, Tita Radilla, ha emprendido una lucha incansable para exigir al Estado mexicano que le diga dónde se llevó el Ejército a su papá. Todos sus esfuerzos están concentrados no solo en Rosendo, sino en todos los desparecidos de México. Es una lucha titánica que ha ganado una batalla jurídica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009.
Se van a cumplir 15 años de la sentencia y el Estado mexicano ha incumplido con su compromiso internacional de investigar y dar con el paradero de Rosendo Radilla, de castigar a los militares responsables de su desaparición y garantizar medidas de no repetición. Dentro de todos los dolores y sinsabores por la indolencia de las autoridades mexicanas, el 16 de agosto pasado la jueza federal Karla Macías ha señalado como terrorismo de Estado a la represión del Estado mexicano implantada en la década de los 70. Ha ordenado que la Fiscalía General de la República investigue bajo esa lógica el caso de Rosendo Radilla, que también procese a militares de alto rango, entre ellos al general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa en el sexenio de Ernesto Zedillo. Queda ahora en manos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la futura presidenta de la República Claudia Sheibaum, cumplir cabalmente esta sentencia y honrar la memoria de Rosendo y de las más de 116 mil personas desaparecidas en México.

Nuestro homenaje a todas
las víctimas
de graves violaciones de derechos humanos durante el período de 1965 a 1990.

El pasado 15 de agosto presentamos como comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) la colección de nuestro informe titulado Fue el Estado (1965-1990). El MEH forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (Comisión) que fue creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021.
El objetivo de la reunión, que se realizó en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue presentar a los colectivos, familiares y sobrevivientes de estas graves violaciones, los resultados finales de los trabajos de cada uno de los mecanismos que integran la Comisión. El maestro Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración presidió la presentación de los cinco informes. En primer lugar, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) presentó su programa especial. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos continuó con su informe sobre el impulso a la justicia.
En tercer lugar, tres comisionados presentamos la colección Fue el Estado, a cargo de David Fernández Dávalos, Carlos Pérez Ricard y Abel Barrera Hernández. En un segundo momento, la comisionada Eugenia Allier Montaño hizo la presentación de la colección Verdades Innegables. Por un México sin impunidad. El comité de impulso a la memoria hizo la presentación de su informe que estuvo a cargo de la Segob y del Archivo General de la Nación (AGN). La ronda de presentaciones se cerró con la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) que informó sobre el programa de reparación integral y compensación.
La participación de los colectivos, familiares y sobrevivientes fue muy nutrida. Hubo diversos cuestionamientos a los cinco mecanismos y al mismo subsecretario. Todos escuchamos con respeto y se dio el tiempo necesario para dar la palabra a quienes levantaban la mano y se apuntaban en la lista de participaciones. Al MEH se le reclamó que el informe no lo hayamos compartido previamente con los colectivos y sin embargo, sí lo hicimos con la prensa. También se cuestionó que nuestro informe fuera concluyente. La recomendación de la disculpa pública no la consideran adecuada porque antes tiene que haber justicia. Hubo también reclamos por incluir en el informe a otro conjunto de víctimas y por no centrarnos en las víctimas de la guerra sucia. Tampoco comparten que se trate de una nueva narrativa.
Por otra parte hubo comentarios de que el Estado debe asumir los resultados del informe del MEH. Que se debe imputar la responsabilidad a los perpetradores sin obstáculos ni impunidad. Preguntaron qué va a pasar con el informe del MEH, ya no debe haber más pretextos de la Sedena. Los militares deben de entregar sus archivos para que se investiguen y se lleven a juicio. Plantearon que se atiendan y de continuidad a las recomendaciones. Comentaron que el informe del MEH es bueno pero la Comisión en su conjunto no avanza. Aún no hay respuesta a nuestra pregunta ¿Qué pasó con nuestros desaparecidos? Fue una reunión larga pero muy productiva. Hubo oportunidad para que los representantes de las cinco comisiones respondiéramos a los cuestionamientos de los colectivos. Se aclaró que nuestro informe no es concluyente, es más bien otro paso más dentro de la ardua lucha por la verdad y la justicia. Planteamos que es nuestro mandato el que concluye en septiembre de acuerdo con el decreto presidencial.
Nuestro informe da cuenta de la extensión e intensidad de la violencia ejercida por el Estado Mexicano, de la amplitud del conjunto de personas y actores sociales que fueron víctimas de la política contrainsurgente del estado. Miembros de organizaciones político militares, de disidencias político-partidistas, de movimientos estudiantiles y de movimientos obrero-sindicales fueron blanco de esta violencia por motivos ideológico-políticos. Sin embargo, los hallazgos de esclarecimiento muestran de manera contundente que la represión del Estado no se circunscribió a esos ámbitos. En aquellos años se buscó disciplinar a una variedad de poblaciones en las que el Estado infería semilleros de potenciales disidentes que cuestionarían su hegemonía. La violencia fue mucho más allá. Los medios coercitivos del estado no solo fueron puestos al servicio de sus fines políticos, sino también al servicio y defensa de un modelo de desarrollo económico extractivista, de acumulación de capital y en el que el Estado se hacía partícipe de la economía criminal.
Estas violaciones graves de derechos humanos no constituyeron casos aislados. Fueron violencia que abarcaron dominios más amplios de lo que la sociedad había imaginado. No fueron acciones colaterales. Los vasos comunicantes entre todas esas violencias muestran un tejido imbricado. La construcción del estado posrevolucionario permitió articular una variedad de prácticas violatorias de los derechos humanos contra la población bajo una misma lógica contrainsurgente, que terminó por instrumentalizar y perfeccionar otras violencias que existían incluso en el México anterior a estos años. Una lógica que habilitó un campo de acción muy amplio de impunidad, de excesos y abusos en el uso de la fuerza pública, de corrupción, de ilegalidad, de criminalidad. Un campo de acción que implementó una política contrainsurgente centralizada, pero que concedió un margen de maniobra amplio en su implementación. Los gobernadores se convirtieron en gánster de la política. Usaron las instituciones para perseguir, desaparecer, ejecutar a quienes consideraban sus enemigos. No hubo límites ni contrapesos políticos. Era un poder absoluto que utilizó para destruir cualquier intento de manifestación pública disidente. Las órdenes fueron para detener arbitrariamente, torturar salvajemente, desaparecer impunemente y ejecutar de manera arbitraria.
El viernes 16 a las 11 horas presentamos la colección de nuestro informe Fue el Estado en el auditorio del Centro Cultural Tlatelolco. Fue muy grata la presencia de colectivos y familiares que se interesaron en escuchar los hallazgos, los datos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, la presentación de algunos casos y las recomendaciones. Nos acompañaron en el presídium Tita Radilla, Alicia de los Ríos, Irma Pineda y Denisse Valverde quienes leyeron pequeños extractos de testimonios de familiares de otras víctimas. Sus voces conmovieron a una audiencia ávida de escuchar los resultados del informe. En varios momentos se corearon consignas y aplaudieron las intervenciones de las compañeras y los comisionados. Fue una comunicación empática, emotiva y muy identificada con las víctimas. Brilló la ausencia de las autoridades que en la víspera de nuestra presentación el subsecretario Arturo manifestó que sería a título personal y no de la Comisión. De antemano se deslindó de nuestros planteamientos y recomendaciones. Anunció que entregará al presidente de la República un informe que abarcará los 5 mecanismos, es decir que nuestro informe completo no lo hará llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Será lamentable si esto sucede. De nuestra parte dimos cumplimiento cabal con la entrega del informe que se nos encomendó como comisionados. Ahora hemos puesto al público en general los seis volúmenes de la colección Fue el Estado, para que conozcan sin restricción alguna toda la información que hemos sistematizado de los archivos consultados y de los testimonios levantados.
¿Por qué honramos su memoria? Porque en medio del dolor viven con esperanza. Porque han sabido caminar en la oscuridad y han enfrentado con aplomo la monstruosidad de un Estado que se propuso exterminar los sueños de justicia, de quienes hoy honramos. Porque en medio de sus precariedades y agobiados por las enfermedades y pesares, por tantas malas noticias, se funde en ustedes el acero de su lucha imbatible. Siempre con la frente en alto y en búsqueda constante.
Han estado en muchos archivos y en múltiples ocasiones han acudido ante el ministerio público para seguir aportando datos, pruebas testimonios y revisar los avances de la investigación. Con mucho dolor pero con su voz de trueno han emplazado en todo momento a las autoridades, para que se comprometan a dar con el paradero de sus seres queridos y castiguen con severidad los responsables. Llevan 5 décadas renovando cada mañana la esperanza de que habrá una buena noticia. El informe está a disposición de todas las personas, por nuestra parte defenderemos las grandes aportaciones de este trabajo que se hizo con sumo cuidado, respeto y compromiso con compañeros y compañeras que han entregado su vida para el esclarecimiento histórico. También estamos abiertos para conocer y reconocer todas las miradas y perspectivas que suman al gran objetivo que para las familias de personas desaparecidas y ejecutadas es muy claro: encontrar verdad y justicia.
A pesar de la adversidad no son presas del pesimismo, por el contrario, desbordan generosidad y mucho ánimo para seguir luchando
A todos sus familiares caídos honramos su memoria y lo plasmamos en este informe. Nuestro reconocimiento por su lucha incansable y por quienes nos dejaron un legado histórico que ha forjado el presente y ha asentado las bases de un futuro sin más víctimas. Las personas desaparecidas y ejecutadas son la memoria viva de un México combativo y digno.
Las recomendaciones que hemos elaborado son parte de un ejercicio que busca mirar el horizonte con la única finalidad de lograr la transformación de realidades oprobiosas y materializar los objetivos que siguen sin cumplirse, de saber dónde están los seres que más aman y que no están a nuestro lado.
Este informe se ha robustecido con las voces de centenares de amigos y amigas que forjamos en el camino y que con sus enseñanzas nos han permitido focalizar los problemas estructurales que enfrentan, y a los perpetradores que han causado tanto daño.
Pedimos al gobierno federal que acoja este informe y retome las recomendaciones que se elaboraron tomando en cuenta el sentir de los colectivos y sus familiares. Queremos que se haga eco del clamor de justicia que emerge con gran fuerza desde el dolor de las víctimas. ¡Fue el Estado!

Tenemos mucho coraje y mucha rabia contra el Ejército porque ha ocultado toda la información relacionada con los vuelos de la muerte. En esta semana tuvimos conocimiento de una carta que en 2004 envió el señor Benjamín Apresa a doña Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité Eureka. Ahí le comenta que estuvo comisionado en el 74 en Pie de la Cuesta bajo las órdenes del capitán Javier Barquín Alonso. En ese tiempo se dio cuenta cómo desaparecían los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran subidos a un avión para arrojarlos al mar. Le envió una lista donde vienen los nombres de nuestros familiares y amigos. Registra las fechas, los números de viaje, los nombres de las personas que subieron en cada viaje, sus seudónimos, los lugares donde los desaparecieron y la unidad militar que intervino en sus desapariciones.
Como hijas e hijos que desde hace 50 años buscamos a nuestros padres hemos visto el desinterés de los gobiernos para investigar y castigar a los responsables. Todo ha sido una simulación, se han burlado de nosotros y nos tratan siempre con desprecio y engaños. Somos personas incómodas y tratan siempre de evadirnos. No están de nuestro lado, por el contrario, quisieran que no los molestáramos. No les agradan nuestros reclamos y mucho menos que les digamos lo que tienen que hacer. Somos los familiares quienes hemos investigado por ellos y los que hemos buscado a nuestros seres queridos. No nos queda de otra que presionar a los ministerios públicos para que pidan informes al Ejército, porque hay muchos testimonios de que los militares desparecieron a nuestros padres y hermanos.
Hemos analizado la lista que nos mandaron y vemos que muchos datos son reales: los nombres, las fechas de las desapariciones, los apodos y los lugares en que fueron detenidos. El mismo tipo de letra de la máquina de escribir y el formato que usaban corresponden a documentos que el Ejército elaboraba en aquellos años. Como parte de una organización de personas desaparecidas de Atoyac hemos identificado cerca de 40 familiares que están en la lista y en la mayoría de ellos se asientan datos reales. Por eso decimos que la Fiscalía debe solicitar toda la información que el Ejército tiene bajo su poder. No podemos darle más vueltas a las investigaciones, el Ejército está obligado a proporcionar todas las bitácoras de vuelo que se encuentran en sus archivos. Ahí se tienen que centrar las investigaciones y son los militares los que están obligados a declarar qué hicieron con nuestros familiares, a dónde se los llevaron, quienes fueron los responsables.
Como hijos vemos que esta lista que contiene 183 nombres y 25 vuelos o viajes, como ahí se nombra, son indicios importantes, son elementos de prueba que el Ministerio Público tiene que tomar muy en cuenta, con mayor razón, debe solicitar los informes a la Sedena. No hay pretextos ni justificación alguna para no entregar lo que está en sus archivos. No permitiremos que se siga perpetuando la impunidad y que como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tengamos que soportar este castigo para toda la vida. Queremos que se aplique de verdad lo que dice el presidente de la República; que se entregue toda la información que existe en los archivos del Ejército. Esperamos que esto se haga realidad. Ya no podemos esperar más.
A mi padre Octaviano Gervacio Benítez ya lo estaba investigando el Ejército. Desde que en marzo del 74 Lucio Cabañas estuvo en San Juan de las Flores, mi abuelo Bruno Gervacio se atrevió a invitarlo a comer, por ser su sobrino. De inmediato como familiares quedamos fichados. Mi padre presintió que algo malo sucedería desde el momento en que llevó el mensaje de mi abuelo a Lucio. A los 3 meses, es decir, el 26 de junio de 1974 los militares lo detuvieron en el centro de Atoyac. Se lo llevaron al 27 Batallón y de inmediato lo apartaron de los demás. Maurilio Castro Castillo, quien también está desaparecido y aparece en el vigésimo vuelo, comentó a Filemón Mata que a mi papá le dieron un trato despiadado. No sabemos cómo soportó la tortura. A los militares no les importó que mi padre estuviera al borde de la muerte. En esas condiciones lo trasladaron al campo militar número 1. Después tuve conocimiento de que lo habían regresado a Pie de la Cuesta. He podido revisar su expediente y constatar que la Fiscalía nunca pidió informes a la Sedena para saber el paradero de mi padre. Hoy corroboro que aparece en la lista de las 183 personas que el Ejército arrojó al mar. Lo subieron en el onceavo vuelo con otras 7 personas: 6 hombres y una mujer con el seudónimo de Adela. La familia y los amigos conocían a mi padre como El Prieto y así aparece registrado en la lista.
Aparte del coraje y del dolor que sientes al saber que un familiar es parte de las 183 personas que fueron arrojadas al mar por los militares, tienes que sobreponerte a todo porque nadie ve por ti. Los del gobierno nos tratan como sus enemigos en lugar de que respeten nuestro dolor. Son indiferentes a nuestro sufrimiento. No se preocuparon por venir a Atoyac para informarnos de esta lista. Para ellos no merecemos un trato digno, más bien se empeñan en hacernos sufrir más. Los mismos militares actúan con prepotencia. Recientemente cuando regresábamos de una diligencia en Atoyac, en la entrada de Acapulco, los militares nos pararon y nos encañonaron. De manera arbitraria nos querían bajar. Me opuse y empecé a filmarlos. No puedo permitir que sigan actuando con total impunidad, como si nosotros fuéramos los delincuentes.
La compañera Estela Arroyo, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables tiene un registro de 17 compañeros que aparecen en la lista de los 183. Uno de ellos fue su primo Raymundo Morales Gervacio alias Arsenio, originario de Tres Pasos, municipio de Atoyac. Fue detenido cuando trabajaba en el campo cerca del Ticuí. Junto con él, el Ejército también desapareció a su hermano Eloy, cuyo paradero se desconoce. Su mamá doña Guadalupe Gervacio fue hermana de doña Rafaela madre de Lucio. A Agustín, hermano de Raymundo y Eloy, le tocó levantar las denuncias en la Fiscalía especial dirigida por Carrillo Prieto. Su pesar es inconmensurable porque de Raymundo no saben cuánto sufrimiento le causaron con el vuelo de la muerte. Sufren al imaginar cómo lo torturaron y se estremecen al pensar que lo arrojaron vivo o que lo mataron con la tortura. De Eloy no tienen ningún indicio de su paradero.
Los datos que arroja la lista de los 183 coinciden con los nombres y seudónimos de Agustín Flores Martínez originario de San Vicente de Benítez apodado El Sastre. Para Estela que es originaria de esa comunidad, don Agustín se dedicaba a componer y hacer pantalones. Por su parte Marcelo García Leyva se dedicaba a matar toros y puercos, por eso lo conocían como El Carnicero. También se llevaron a un menor de edad Emilio Delgado Jiménez. A los 3 se los llevó el Ejército el 25 de abril de 1973. Ese día la niña Estela recuerda que bajó el helicóptero cerca de la casa de su abuelo. Para que no los identificaran los cubrieron con las capas que usan los militares para protegerse de la lluvia. Primero subieron a dos y dejaron a uno. Más tarde regresó el helicóptero para llevarse al tercero. En 1972 el Ejército transformó en cuartel la comisaría ejidal de San Vicente que la utilizó para detener y torturar a la gente de la misma comunidad. Su abuelo le comentaba que escuchaba los gritos de las personas que torturaban. A varios los mataron. A San Vicente lo tomó el Ejército porque decían que era el pueblo de la familia Cabañas. Don Alejandro Arroyo Cabañas, padre de Estela también fue detenido y torturado por el Ejército en la comisaría ejidal. Nada pudo hacer su abuelo para que ya no hicieran sufrir a su hijo. Soportó los tormentos más de 40 días. Ya nunca se repuso de los estragos de la tortura. Murió a causa de los golpes que le infligieron. Para los familiares de las personas desaparecidas tiene que terminar este calvario. Las autoridades están obligadas a investigar las atrocidades del Ejército y a castigar severamente a los responsables.
Tita Radilla ya tenía conocimiento de esta lista hace más de 2 semanas y a lo largo de 5 décadas había conocido otras listas de personas desparecidas, tuvo acceso a álbumes de fotografías que le proporcionó la FEMOSP y corroboró el horror al ver a decenas de personas que fueron torturadas y asesinadas. En el 2004 le llegó una lista de personas que supuestamente fueron arrojadas al mar. Desde ese tiempo dijo que no aceptaba que su padre Rosendo Radilla Pacheco, alias El Cantor, hubiera estado en la lista de los vuelos de la muerte. Ha conocido de todo y ha enfrentado momentos muy difíciles, sin embargo, esta noticia pone a uno de cabeza. Con el dolor a cuestas pero con la sabiduría de los años y la experiencia en el trato con los familiares de personas desaparecidas, convocó a quienes pertenecen a la AFADEM para que en un ambiente de confianza pudiera compartirle esta información. Constató que nadie estaba enterado de la lista. Fue muy denso el momento, tremendo por la noticia. Por más que se trató de explicar que habría que corroborar la información, para las madres no hubo forma de contener el llanto. Es imposible permanecer impasible. Todo se derrumba. Al verificar la información varios familiares constataron que los datos coincidían con las fechas, nombres y seudónimos. En el recuento de la lista de los 183 tienen un registro de 42 personas de su organización. Es una información que deben de considerar, sin embargo, las autoridades tienen la obligación de investigar, de solicitar toda la información al Ejército para contar con más pruebas. Sólo Espera que la Sedena actúe con transparencia y deje de ocultar la información que requieren las víctimas y todo el país.

Vicente Suástegui ya no alcanzó a celebrar el tercer aniversario de su pequeña hija, Ivanka Valeria. El domingo 8 de agosto de 2021 había planeado con su esposa Samantha invitar a sus amiguitas para comer pastel y quebrar la piñata. La ilusión de su esposa y sus hijas se resquebrajó. La noche del jueves 5, Vicente no llegó a su domicilio. Su esposa le mandó un mensaje a las 22:40 para saber por dónde venía. Él todavía contestó “ya voy, no puedo pasar porque está fuerte la lluvia”. Viajaba en el taxi 2342 de la ruta de Ciudad Renacimiento. A las 10:50 de la noche su esposa recibió la llamada de una amiga que asustada le comentó: “unos armados se llevaron a Vicente. Escuché un balazo pero no supe si le pegaron”. Le recomendó que fuera por su carro porque había quedado a media calle con las luces encendidas y las puertas abiertas. Samantha, pensando lo peor, avisó a las hermanas de su esposo y a algunos de sus amigos.
Llegaron a la calle Francisco Granados esquina con circuito interior frente a la escuela secundaria número 9. La lluvia caía fuerte y el cielo relampagueaba, pronto ubicaron el carro que estaba parado con las puertas abiertas. En el lugar ya estaba un grupo de policías estatales que revisaba el vehículo. Al ver que se acercaban les marcaron el alto y preguntaron “¿Qué quieren?” Contestaron que eran familiares de la persona que manejaba el taxi y querían saber qué había pasado. Los policías sólo dijeron “nos reportaron que un carro estaba abandonado”.
Esa noche familiares y amigos buscaron a Vicente en las colonias vecinas. Acudieron a las oficinas de la Policía Ministerial y a las agencias de los ministerios públicos. También fueron a los hospitales, al penal de Las Cruces y al Semefo. Amaneció sin saber de su paradero. Después de 12 horas, el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas cometida por particulares.
Vicente Iván Suástegui Muñoz, nació en la madrugada del 27 de octubre de 1983 en Las Parotas, anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco. Fue hijo de Pedro Suástegui Valeriano y de Noelia Muñoz Rodríguez. Su hermano Marco Antonio lo animó para que trabajara en el puerto de Acapulco. Estuvo bajo una enramada ofreciendo los servicios de motocicletas acuáticas a los turistas que llegaban a la playa Icacos. Estudió la primaria y la secundaria. En el 2002 emigró a Estados Unidos. Su estancia no lo distanció de su pueblo. Como buen comunero cumplió con sus obligaciones enviando sus cooperaciones a través de sus padres.
La desaparición de Vicente fue perpetrada por gente de los rusos, el comandante Pino de la UPOEG en colusión con elementos de la Policía Ministerial. Un entramado delincuencial que ha causado estragos a decenas de personas que han sido desaparecidas y asesinadas en el puerto. Lamentablemente las familias agraviadas se resignan a padecer en silencio estos crímenes ante la inoperancia de las autoridades encargadas de investigar los delitos.
La reacción del fiscal fue contraria a la esperada. En lugar de investigar la desaparición de Vicente, se empeñó en denostarlo. Trató a Vicente como si fuera un delincuente, de inmediato le armaron su expediente para justificar su desaparición. Los elementos de la Marina hicieron causa común con la Fiscalía al confirmar que lo tenían fichado. No fue casual que en fechas anteriores algunos marinos intentaron entrar por la fuerza en su domicilio.
Ante el linchamiento mediático contra su hermano Vicente, Marco Antonio Suástegui denunció públicamente al fiscal general y a los policías ministeriales de actuar con parcialidad, mala fe y poco profesionalismo. Impulsó las búsquedas en lugares controlados por el crimen organizado y la UPOEG. A pesar de que eran seguidos y bloqueados por unidades del transporte público que trabaja con la delincuencia, lograron entrar a lugares inaccesibles. Fueron 10 jornadas de búsqueda sin resultados favorables. Desde diciembre de 2023 hasta la fecha continúan las búsquedas mensuales con la participación de su esposa Samantha y otros colectivos de víctimas y organizaciones sociales.
Se ha logrado que un juez de control gire órdenes de aprehensión contra 6 personas, uno de ellos respondía al nombre de Baltazar Cardona Clavel alias El Balta que supuestamente fue integrante de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía General del Estado y que misteriosamente apareció muerto en la cabecera municipal de San Marcos. Hay 4 personas detenidas: Juan Carlos Valenzuela Herrera alias El Brillo, quien es uno de los probables responsables de la desaparición de Vicente. Fue vinculado a proceso el 15 de septiembre de 2021. La Policía Ministerial también logró detener a Felipe Sandoval Gazga alias la yegua, y se le vinculó a proceso por el delito de desaparición de persona cometida por particulares. También fueron detenidos Jorge Eduardo García Ramírez y José Luis Cabrera Vázquez, quienes han apelado la sentencia que les impusieron de 25 años. A pesar de que dentro de la carpeta de investigación se tiene información de que Vicente, después de ser levantado en la colonia Renacimiento, fue traslado hasta la comunidad de Tres Palos y en el motel que lleva el mismo nombre fue entregado al comandante Pino de la UPOEG, hasta la fecha no han logrado su detención.
De acuerdo con testimonios de los mismos acusados, a Vicente lo tuvieron cautivo en un cuarto del hotel. De ahí desapareció. Por eso la detención de El Pino es clave. El retén que tenían instalado junto al hotel era para asegurar la detención de la gente que tenían en la mira. También era un lugar estratégico para controlar el trasiego de la droga. Lo extraño es que nunca hubo un operativo federal para desmantelar este centro de detenciones ilegales donde se consumaron varias desapariciones. Lo grave es que el acusado sigue libre. Por su parte, la Policía Ministerial coordinada con elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional realizaron un cateo en ese lugar. Sin embargo, fueron repelidos por gente de la comunidad que se encargó de bloquear la carretera federal de Acapulco a Pinotepa. Su única exigencia era la salida de los policías para impedir que continuaran con la investigación. Se tiene información de que dicho hotel fue ocupado durante varios años por la UPOEG para esconder a sus víctimas. Funcionaba como casa de seguridad y como centro de operaciones para actividades ilícitas.
En las jornadas de búsqueda del mes de junio que se realizaron en el Cayaco en este año, encontraron una fosa clandestina donde sacaron 5 bolsas con restos óseos. En el mes pasado rescataron también restos por el rumbo de La Providencia y Loma Bonita. Los colectivos de familiares han demostrado tener esa fuerza y esa capacidad para buscar a sus seres queridos en condiciones adversas, poniendo en riesgo su seguridad. Por ellas se han ubicado fosas clandestinas y han encontrado fragmentos óseos que las autoridades tienen la obligación de identificar. Es una lucha titánica porque es seguir los rastros de los perpetradores, es desandar los caminos donde muchas personas fueron desaparecidas. El mapa de las atrocidades tiene que ayudar a desenterrar la verdad, a dar con las personas desaparecidas y castigar a los perpetradores.
La desaparición de un defensor comunitario obliga a las autoridades a emprender operativos que den con el paradero de Vicente. Es increíble que en Acapulco donde se encuentran todos los cuerpos de seguridad del estado y donde todas las mañanas tienen reuniones para analizar la situación de violencia que acontece en el puerto, sean incapaces de identificar el modus operandi de los perpetradores y de no ubicar los lugares donde se apertrechan y cometen sus fechorías. La población se siente inerme y expresa su indignación y frustración porque no hay un compromiso claro y firme de las autoridades para contener la avalancha delincuencial. La Fiscalía en todo momento pone obstáculos para enviar a los peritos en las labores de búsqueda. No hay suficiente presupuesto para realizar estas actividades que requieren maquinaria, personal especializado, unidad canina y personal de seguridad. Se asigna mayor presupuesto para construir cuarteles de la Guardia Nacional para garantizar seguridad en el puerto, sin embargo, la gente no ve resultados tangibles con la llegada de más elementos de la Guardia Nacional. Los asesinatos y desapariciones siguen incrementándose.
Para los familiares de Vicente hay reticencias de la Policía Ministerial para ejecutar la orden de aprehensión contra el Pino. Llevan más de dos años poniendo pretextos, argumentan que hay gente que lo protege y que pone retenes cuando se arma algún operativo en su contra. Dejan entrever que no hay capacidad para cumplir con su responsabilidad o que existen complicidades ocultas. Lo que ha causado mucha decepción a los familiares es que en el caso de dos acusados que fueron sentenciados a 25 años, recurrieron a la apelación y el magistrado de la segunda sala penal unitaria dictó resolución declarando nulo el juicio oral, debido a que se vulneraron los principios de concentración, continuidad e inmediación
De nueva cuenta la carga de esta determinación se va contra las víctimas, por las malas actuaciones del juez que prolongó indebidamente el juicio. Será la familia la que tendrá que asegurar que declaren los testigos, sufragando los costos y las consecuencias de esta justicia fallida.

Más allá de las posturas a favor o en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo federal es un imperativo ético y jurídico colocar en el centro a las víctimas; tomar en cuenta su sentir, lo que reclaman y exigen a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. En esta perspectiva es imprescindible analizar en su conjunto cómo funciona el sistema de justicia. Es un error sólo focalizar una reforma al Poder Judicial, sin involucrar al Poder Ejecutivo que tiene la responsabilidad de examinar el buen funcionamiento de la Fiscalía General, de las fiscalías estatales, los ministerios públicos y los centros penitenciarios. El problema de la corrupción y la impunidad no sólo se anida en el Poder Judicial, también se ha enraizado en las fiscalías y en los reclusorios, que no se tocan en esta reforma.
Los principales problemas de la justicia en nuestro país no son abordados en esta propuesta. No vemos que se quiera avanzar en el acceso a la justicia en las regiones más apartadas. Entre la población indígena la justicia es una mercancía cara, que discrimina a quienes no hablan castellano, que ignora a la población pobre que no sabe leer, que maltrata y revictimiza a las mujeres y reproduce el machismo, el racismo y la violencia. Lejos estamos de que esta reforma tome en cuenta los problemas estructurales que impiden que la población indígena acceda a la justicia. Es impensable que en estos cargos de jueces y magistrados se elijan entre los mejores perfiles a profesionistas indígenas.
La reforma judicial contiene fundamentalmente la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Se propone que 11 ministros que hoy integran la SCJN se reduzca a 9. Para ello se propondría una terna por parte del Congreso de la Unión, una segunda terna por el presidente de la República y una tercera terna del Poder Judicial. De los magistrados de circuito y jueces de distrito en todo el país se elegirán un total de mil 633.
Otra parte importante de la reforma es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el órgano de disciplina interno que se va a integrar por un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. Funcionaría como una especie de órgano de control interno donde se diriman las quejas contra los magistrados y jueces. Cada uno estará integrado por 5 magistrados y serán designados también por el Poder Ejecutivo, Legislativo y por la SCJN. Serán propuestas para que posteriormente sean electos. Con estos órganos de disciplina y control interno hay una clara injerencia del Ejecutivo y del Legislativo.
Una última parte de la reforma habla de las nuevas normas procesales que está relacionada con la justicia pronta y expedita. Establece que todos los procesos en materia fiscal deberán resolverse en un plazo de 6 meses y en materia penal en un plazo de un año. Si no se cumple con estas reglas se iniciarían procesos disciplinarios por la demora injustificada en que incurran los órganos judiciales. Otro tema nodal es el de la austeridad republicana, que plantea que no existirán fideicomisos dentro del poder judicial, sino más bien un fondo de pensiones del bienestar que se integraría para el pago de todos los trabajadores, para sus retiros y demás prestaciones. Se estipula de manera enfática que los salarios de los ministros de la SCJN no podrán estar por encima del salario del presidente. También desaparecería la pensión vitalicia que hasta la fecha tienen los ministros.
Otro aspecto importante en las reglas procesales es el relativo a los amparos, a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Se plantea que las resoluciones que emitan contra leyes generales no tendrán efectos generales. No habrá una declaratoria de invalidez general. Por ejemplo, si alguien se ampara contra la reforma al artículo 21 de la constitución en materia de seguridad, en la que se dará mayores facultades a las fuerzas armadas. El amparo no podrá invalidar la ley en todo el país, tampoco tendría efectos generales.
En la reforma no hay una discusión de los graves problemas relacionados con el acceso a la justicia. Los temas que tienen que ver con los principios de imparcialidad e independencia dejan de ser relevantes. No son de interés general los problemas ancestrales de que los tribunales están sólo en los centros de poder y alejados de la población más desprotegida. No se toman en cuenta las cargas laborales que tiene el personal de los juzgados. Resultan irrelevantes los reclamos recurrentes de la falta de peritos, la carencia de traductores y de actuarios. Los bajos salarios del personal que labora en los juzgados no es un tema que preocupe al Ejecutivo ni al Legislativo. Tampoco les interesa incrementar el presupuesto, porque supuestamente se destina mucho dinero al Poder Judicial. No se abordan los temas más sentidos por parte de la población que carga sobre sus espaldas un sistema de justicia que los discrimina y los esquilma.
En la reforma se vislumbra una intención de minar la fuerza del Poder Judicial, de quitarle el contrapeso que se requiere para mantener los equilibrios necesarios en todo sistema democrático. Los jueces, en tanto sean electos por el Poder Ejecutivo y Legislativo, las ternas serán electas por una fuerza política única. Desde esa perspectiva el proceso electivo conlleva vicios y arrastrará prácticas obsoletas que le restarán legitimidad a un proceso de elección de jueces y magistrados. Si tenemos una fuerza política mayoritaria, como ahora es Morena, las candidaturas llevarán este sello partidista. Lo grave es que en la reforma predomina un propósito político, que será redituable en el corto plazo, pero deja de lado los graves problemas de acceso a la justicia que son un lastre, y que con el tiempo se revertirán.
El proceso de elección de jueces tiene un vicio de origen porque será el Poder Ejecutivo y el Legislativo los que van a conformar las ternas. Su poder hegemónico debilitará la independencia del Poder Judicial. Actualmente como está conformada la SCJN no constituye un contrapeso al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, hay un agrietamiento y ruptura del máximo órgano del Poder Judicial. Si se aprueba la reforma judicial para el siguiente año, las autoridades que se encarguen de elegir a los magistrados y jueces, tendrá un sello partidista. En esta reconfiguración política el Poder Judicial estará vestido de guinda, porque sus legisladores y el Ejecutivo tendrán el poder de nombrarlos.
¿Cuánto costaría la elección de magistrados y jueces? ¿Qué implica elegir mil 633 jueces y magistrados, más 9 Ministros? Cada uno de estos cargos tendrá más de 10 candidaturas, es decir, que más de 16 mil candidatos y candidatas se postularán para estos cargos. ¿Qué costo tendrá esta elección para el pueblo pobre de México? Será una elección más grande que la de diputados, senadores, presidente de la República y presidentes municipales. Sólo hablaríamos de magistrados y jueces federales, en el plano estatal el número de candidaturas se multiplicaría y complejizaría más la elección.
Otro problema adicional a esta reforma será la operación y funcionamiento del Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo llevarán las impugnaciones en todo el país? ¿Cómo serán reemplazados los magistrados y jueces? Habrá un vacío en el funcionamiento del Poder Judicial. En tanto no se resuelvan las impugnaciones que pueden durar meses, generará un impasse en el Poder Judicial que traerá graves problemas, porque no podrán garantizar un justica pronta. Habrá asuntos que no caminen porque no se tendrán jueces en algunos distritos, tampoco en algunos circuitos. Las impugnaciones desplazarían los casos que deben de atenderse de manera prioritaria. La administración de justicia quedaría en suspenso hasta que se resuelvan las impugnaciones, que nadie sabe cuánto tiempo se demorarán. Estas impugnaciones pueden descarrilar este proceso de reforma, por la falta de operación y administración de justicia.
Un tema muy sensible que ya se dejó ver en nuestro estado, está relacionado con la carrera judicial. Varios funcionarios se han capacitado y han realizado exámenes de oposición para ascender en su carrera. Esta formación permanente asegura que los jueces escalen en esta pirámide del Poder Judicial. Con esta reforma los funcionarios de los juzgados tienen fundados temores de que se trunque su trayectoria y todo se tire por la borda, porque se entraría a un proceso electivo que tomará en cuenta otros parámetros. La designación de jueces, magistrados y ministros quedará supeditada al Poder Ejecutivo y Legislativo, en lógica de control político.
Lo preocupante de la reforma judicial es que deja de lado muchas responsabilidades que recaen en el Poder Ejecutivo y que tienen que ver con las fiscalías, ministerios públicos y sistema penitenciario. Es urgente rediseñar el modelo de las policías ministeriales, fortalecer las capacidades de los servicios periciales, de las defensorías públicas y la ampliación del acceso al juicio de amparo. Son asuntos de honda preocupación que se soslayan y postergan. Es riesgoso focalizar una reforma al poder judicial sin entrarle a fondo a una reforma integral de nuestro sistema de justicia.

¿Por qué el gobierno federal no interviene con toda su capacidad para salvar vidas con estos huracanes de la violencia como lo hizo con el huracán Otis? ¿Por qué deja en total abandono a las víctimas de las acciones criminales? ¿En realidad estas organizaciones son tan poderosas que son capaces de pisarle la sombra a los tres niveles de gobierno? ¿Qué pasa con la Guardia Nacional? ¿Es insuficiente el número de efectivos para contener al crimen o su intervención es fallida? ¿Cuántas muertes diarias se necesitan para que el gobierno federal cambie su estrategia y atienda con presteza los huracanes de la violencia?
De acuerdo con datos de El Sur, en el puerto de Acapulco, el mes de junio fue el más violento con 77 asesinatos, 3 veces más que el mes de mayo. En los primeros 7 días de julio se tienen registrados 25 asesinatos entre ataques armados, cuerpos desmembrados y personas ejecutadas dentro de sus vehículos. Todos los hechos son devastadores porque los criminales actúan con total impunidad. Las fuerzas de seguridad del Estado son impasibles, aunque los crímenes se cometan a unos metros donde se encuentran, no actúan, supuestamente esperan la orden de sus superiores para hacerlo.
Lo inenarrable empezó el primero de junio cuando hallaron las extremidades y el torso de un hombre que fueron esparcidos en el mercado central de Acapulco. Lo patético es que el torso se halló en la avenida Cuauhtémoc frente al Woolworth y las demás partes del cuerpo se encontraron dentro de una bolsa de plástico, afuera de la nave de flores, en la avenida Constituyentes. Son crímenes que se cometen para causar terror, para mandar mensajes siniestros a las personas que tienen amenazadas. Se cometen con mucha saña porque saben que ninguna autoridad intervendrá. No se trata de acciones aisladas ni esporádicas, más bien, son frecuentes y recurrentes.
El martes 2 de julio a las 3 de la madrugada un hombre fue perseguido y asesinado a balazos en la colonia Ciudad Renacimiento. Seis horas después fueron encontrados tres cuerpos envueltos en sábanas adentro de la cajuela de un vehículo marca Dodge, a unos metros de la avenida Ejido, en la colonia Hogar Moderno. A la misma hora se reportó que en la colonia Progreso varios hombres armados atacaron a balazos a una mujer entre las avenidas Vallarta y Coahuila. De acuerdo con las investigaciones se trataba de una enfermera que se desempeñaba como secretaria del departamento de enfermeras del CAAPS. Cinco asesinatos se consumaron en sólo 6 horas, sin que se tuviera conocimiento de algún operativo para dar con los criminales.
Otro deleznable crimen ocurrió el miércoles 3 de julio. A las 5:45 de la mañana se reportó el hallazgo de una cabeza humana sobre el cofre de un vehículo en la colonia Emiliano Zapata. Los policías al inspeccionar el carro encontraron el cuerpo de la persona decapitada y de otro hombre asesinado. El macabro hallazgo se dio en la explanada de la tienda Soriana a un costado del bulevar Vicente Guerrero. A las 9:17 una persona fue asesinada a balazos en el interior de su vivienda, que se ubica cerca de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, en la colonia Lomas Verdes. Un reporte de la policía registró que a la 1:16 de la madrugada varios hombres armados quemaron un Jetta, en el bulevar Vicente Guerrero. No se reportaron víctimas.
Otro asesinato que ocurrió dentro de otra vivienda se reportó el jueves 4. El crimen se difundió después del mediodía en la colonia Frontera, ubicada pasando el Río de la Sábana. Por la noche fueron encontrados restos de una persona dentro de un automóvil en el poblado de La Venta. Mediante una llamada de emergencia se informó de un Jetta blanco abandonado. Los policías al hacer la revisión del coche encontraron restos de una persona, al parecer desmembrada. Se reportó que fueron hombres armados los que abandonaron el vehículo y que huyeron caminando. En ese mismo día por la tarde, otro hombre fue asesinado a balazos dentro de un bar en la colonia Las Cruces. Algunos testigos dijeron que un hombre entró al bar y disparó directo a su víctima, privándolo de la vida. El agresor en su huida se topó con una patrulla de la Guardia Nacional e intentó dispararle, pero los efectivos le dispararon en la pierna y quedó bajo resguardo policiaco en un hospital. En esa misma tarde se registró otro hecho de violencia. Se trató de una pareja que se desplazaba en su automóvil y de manera intempestiva desde una motocicleta, dos hombres armados, dispararon en varias ocasiones, asesinando a las dos personas. El crimen sucedió en la avenida Universidad, a una cuadra de la Costera.
A las 10 de la noche del viernes 5 fue reportado el hallazgo de dos hombres y una mujer desmembrados, fueron encontrados dentro de un taxi colectivo, en el estacionamiento de la tienda Sams’club. Por la tarde, en ciudad Renacimiento, un hombre fue atacado a balazos por hombres armados, cuando compraba en una miscelánea. A las 5 de la tarde se tuvo conocimiento de que hombres armados se robaron un camión de la ruta Costera-Hornos para luego prenderle fuego en el fraccionamiento Mozimba. En este mismo día se reportó la muerte de la secretaria Cinthia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien fue atacada a balazos el domingo 30 de junio junto con el director general de Administración y finanzas del Poder Judicial del Estado, Antonio Sebastián Ortuño, que sigue hospitalizado por las heridas que le ocasionaron.
A las 8 de la mañana de este domingo 7 fueron encontrados sobre el pavimento los restos de una persona en la avenida Ruiz Cortines. Media hora más tarde fue encontrado el torso de un hombre en la glorieta de Puerto Marqués. De acuerdo con las investigaciones los restos hallados en la avenida Ruiz Cortines y en la Glorieta puerto Marqués corresponden a una persona. Lo más grave es que también fue encontrado otro hombre desmembrado en la colonia Vicente Guerrero. Fue un reporte que se tuvo en la madrugada de este domingo, en la calzada de la carretera federal México-Acapulco. La versión es que hombres armados que se trasladaban en un vehículo arrojaron los restos de la persona. Antes del mediodía un hombre fue asesinado a golpes y mutilado en la colonia Benito Juárez. Lo dejaron encima de una cajuela de un taxi azul con blanco. A las 3:30 de la tarde fue reportado el asesinato de un taxista en el poblado de El Bejuco, en la zona rural de Acapulco, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Hombres armados le dieron alcance y de inmediato le dispararon.
La violencia se ha enseñoreado en las plazas comerciales, en las avenidas principales, en las carreteras y mercados. Los grupos delincuenciales buscan la máxima publicidad de sus crímenes atroces. Han logrado su propósito, porque no hay autoridad que se los impida, mucho menos que se atreva a confrontarlos, ni a detenerlos o castigarlos. Han demostrado ser los amos y señores del puerto. Desde la madrugada comenten sus crímenes, continúan durante la mañana, siguen en la tarde y concluyen por la noche. No hay hora que no demuestren su poder destructor, tampoco tienen límites para cometer crímenes en cualquier colonia. En las zonas turísticas también han tomado el control: las cuotas se han generalizado en las playas, en los comercios establecidos y en los mercados. Toda la población sabe cómo operan y cuáles son sus guaridas. Hay días y horarios para el cobro de la cuota. Ya no les alcanza lo poco que venden, porque también tienen que consumir con los proveedores autorizados por el jefe de la plaza.
Esta tragedia cotidiana dejó de causar preocupación para las autoridades, ya nada les afecta ni ponen en riesgo sus cargos. Los asesinatos no tienen costos políticos. El miedo de la gente, la desorganización de los colonos y la misma lucha por la sobrevivencia han dejado que la violencia se desborde y que cada quien busque como protegerse. Los asesinatos en las playas, en los mercados y las plazas comerciales son parte del espectáculo dantesco, donde nadie se compadece por el dolor de las víctimas, ni mucho menos se atreve a alzar la voz, porque primero hay que asegurar la vida.
La reconstrucción de Acapulco pasa principalmente por sanar las heridas de la violencia, proteger a las víctimas, acompañarlas, reparar daños, reconstruir el tejido social, atender sus reclamos y demandas y colocarlas en el centro de la atención gubernamental.
Es un imperativo el cambio de estrategia. La seguridad no está centrada en proteger la vida de la población, se concentra en cuidar a los funcionarios y a sus instituciones. Han ignorado a la población que tiene propuestas y está dispuesta a colaborar para garantizar seguridad en sus entornos. Han dejado que la ola delincuencial arrastre al despeñadero a la población pobre de Acapulco, que lucha en las calles para ir al día. Los problemas económicos que arrastran los jóvenes desde que nacen truncan sus vidas como futuros profesionistas. Se quedan como vendedores ambulantes, como trabajadores eventuales y como carne de cañón del crimen organizado.
Los huracanes de la violencia acechan a una población inerme que pide al cielo que la libre de todo mal, porque sabe que aquí en el puerto sólo pagando la cuota puede ser su tablita de salvación.

En memoria de Octaviano Gervacio Benítez y Eladio Serafín de Jesús El Cuate, desaparecidos el 26 de junio de 1974, 50 años de impunidad. La matanza de Aguas Blancas sigue viva en la lucha imbatible del pueblo pobre de Guerrero. El gobierno de la 4T
no puede ser comparsa de los perpetradores.

El jueves 27 de junio, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala decidieron hacer público su posicionamiento ante la defensa a ultranza que ha asumido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del Ejército. También se solidarizaron con las organizaciones de derechos humanos que desde hace 10 años tenemos el honor de acompañarlos y representarlos jurídicamente, ante el golpeteo recurrente del presidente en sus conferencias mañaneras. El diferendo se ha centrado en los 800 folios que desde el 2023 las madres y padres han exigido al presidente para que obligue al Ejército a entregarlos.
En la reunión del 3 de junio, que se realizó en Palacio Nacional, el presidente comentó que entregó toda la documentación relacionada con los folios. No fue veraz esa declaración porque sólo se entregaron 15 folios. Tomando en cuenta los 18 folios que entregó en su momento el entonces subsecretario Alejandro Encinas, que incluyó en el adendum de su segundo informe, sumarían 33 folios. Para el presidente los 15 folios que entregó son los que hacían falta. Comentó que el resto de los folios, que serían 767, tienen que ver con otros temas y que son ajenos al caso Ayotzinapa.
Esta afirmación proviene del mismo Ejército y por esa razón, para las madres y padres, el dicho no les genera confianza, porque es una postura interesada y unilateral de quienes estuvieron involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. ¿Cómo van a confiar en la palabra del Ejército, cuando se ha negado a entregar la información y ha ocultado los documentos que tiene en relación con la desaparición de los 43 normalistas? La poca información que se ha obtenido a cuenta gotas, ha sido por presión de las madres y padres de familia y por el trabajo profesional y minucioso del GIEI, que tuvo que hurgar en los archivos del Ejército y jalar los hilos que con dificultades se fueron desenmarañando para que poco a poco saliera información de los 43.
¿Con qué autoridad el Ejército dice que los 767 folios están relacionados con otros asuntos? Esto para las madres y padres es una información que se está ocultado. La demanda central es que los 800 folios se pongan sobre la mesa. Porque en los 18 folios que el subsecretario Encinas entregó hay información relevante que da cuenta de hechos que ocurrieron en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. De igual modo, en los 15 folios que recién entregó el presidente, hay un documento de suma importancia, que el gobierno pretende minimizar. Se hace referencia a que en la colonia Jardines del Sol de Iguala, habrían sido encontrados 14 cuerpos de jóvenes de Ayotzinapa. También el Ejército interviene unas comunicaciones y escucha cómo unas personas comentan que ya encontraron los cuerpos de los estudiantes en la laguna. Es una información clave, porque tiene que ver con el paradero de los jóvenes. Por esa razón, las madres y padres reiteran su postura de que se entreguen los 767 folios que hacen falta y plantean que sea un ente externo, que pueda revisarlos, porque hoy en día las madres y padres no confían en el gobierno ni en el Ejército, por toda la manipulación que ha venido ocurriendo en estos años.
Por otra parte, el mismo presidente ha reiterado su postura de que no hay pruebas de que el Ejército participó en los hechos de Iguala. Afirma que no existe una sola prueba de la responsabilidad militar. Por eso las madres y padres de los 43 respondieron que es falso. Porque hay pruebas de la participación militar antes, durante y después de la desaparición de sus hijos. Antes de los hechos del 26, el Ejército tenía infiltrados a militares con fachada de estudiantes que estaban dentro de la Normal de Ayotzinapa. Supieron cómo estaban organizados los jóvenes. Los informes de estos soldados llegaron a los mandos militares, que hablaban de la movilización, sobre el número de cuántos estudiantes iban, cómo iban, en qué autobuses se transportaban. El Ejército ya tenía conocimiento de su movimiento desde antes de la desaparición de los jóvenes. Sabía lo que estaba pasando. Por eso para las mamás y papás esta postura presidencial, de que no hay pruebas de la participación del Ejército, no es veraz ni objetiva.
Cuando los jóvenes llegaron a Iguala, había militares denominados órganos de búsqueda e información (Obis) que van dando información sobre la salida de los estudiantes de la Normal, su arribo a Iguala y hasta que ocurre su desaparición. Al mismo tiempo, dos militares desde el C-4 estuvieron dando seguimiento a los estudiantes en tiempo real. Sobre esto hay datos de prueba de cómo los militares monitorearon los movimientos de los estudiantes.
Esa misma noche el Ejército intervino los teléfonos celulares del grupo delictivo Guerreros Unidos y de la Policía Municipal de Iguala. Escucharon conversaciones de lo que estaba ocurriendo con los estudiantes esa noche y a qué lugar se los estaban llevando. También existen pruebas de un vínculo delictivo que mantenía el 27 Batallón de Infantería con Guerreros Unidos. Las escuchas de Chicago son fundamentales e ilustran claramente esa relación. Se corroboró que mantenían reuniones frecuentes, que recibían dinero del grupo delictivo. El 27 Batallón les facilitaba el trasiego de la droga a los Guerreros Unidos. Todo esto está en los expedientes que llegaron de Chicago.
Las madres y padres comentaron que hay un testigo protegido que declaró en serie ministerial y en serie judicial que afirma que 25 estudiantes fueron introducidos al 27 Batallón de Infantería y que ahí fueron asesinados y entregados el grupo delictivo Guerreros Unidos. Ya no se habla de la participación indirecta sino directa del Ejército en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, para la Fiscalía esta información no es una línea que se esté tomando en cuenta, más bien se ha dejado de lado lo que declaró el testigo. Las madres y padres no pueden estar tranquilos cuando hay un testigo que dice que 25 de sus hijos fueron llevados al Batallón y que ahí fueron asesinados. Es una línea que las autoridades tienen que priorizar, porque ahí está el testigo. Es descorazonador para las madres y padres escuchar al presidente de que no hay pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de sus hijos. Para ellos no puede terminar este gobierno dejando de lado esa información, tiene el deber de indagar y no encerrarse en su círculo de poder para que el Ejército no se toque.
Otra preocupación de las madres y padres fue la información que recibieron el 3 de junio, de que tenían la identificación de algunos restos que estaban realizando con el método mitocondrial. El método mitocondrial es cuando se toman muestras sólo por la vía materna. Es sólo un familiar a quien se le toma la muestra. Lo que refiere el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es que este método es muy falible, no es confiable. En el pasado se intentó identificar a Joshivani Guerrero de la Cruz uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y los resultados fueron muy malos. Lo único que se produjo fue una revictimización de sus familiares porque no hay certeza en la identificación del ADN por este método.
Estos trabajos que realiza la Fiscalía son inciertos, por el método que utilizan y porque no está participando el EAAF, que es el equipo de peritos que son de la entera confianza de las madres y padres. El gobierno no está actuando con transparencia porque no comparte estos análisis con el EAAF. Por eso, fijaron una postura firme: que todos los resultados que arroje este método mitocondrial relacionado con la identificación de algún resto óseo, no los van a aceptar, porque no están tomando en cuenta al EAAF cuyos miembros también están reconocidos en el expediente como sus peritos.
La lucha de las madres y padres es titánica. Ahora tienen que hacer frente al mismo presidente de la República, que se ha colocado del lado del Ejército, generando un gran desencanto, porque tenían todas las expectativas puestas en su gobierno. Confiaron en su palabra de que quitaría todos los obstáculos que se presentaran para dar con el paradero de sus 43 hijos. Hoy ven que se aleja esta posibilidad. Notan que su discurso ha cambiado y también el trato que ha tenido con ellos y sus representantes legales. En los padres y madres sobresale la grandeza de su corazón y su gesto solidario. Nos han hecho sentir su aprecio y cariño a las compañeras y compañeros del Centro Miguel Agustín Pro Juárez y al Centro Tlachinollan.
Ellos han escuchado en las mañaneras la postura que ha asumido el presidente contra nosotros. Últimamente nos acusa que asistimos a una reunión con el presidente Peña Nieto y que los padres no tuvieron conocimiento. Ellos aclararon que las dos únicas reuniones que se tuvieron fue la primera en Los Pinos y la segunda en el Museo de la Tecnología. No hubo más encuentros. Las reuniones se hicieron públicas y en su momento hubo ruedas de prensa para informar los asuntos que se abordaron. Las madres y padres han pedido al presidente que, si tiene pruebas de esta reunión que supuestamente se hizo a espaldas de ellos, que las presente. De lo contrario, el desencanto será mayor.