aEn este 2024 la ONU Mujeres en su campaña ÚNETE, impulsará el tema “Cada 10 minutos se asesina a una mujer. #NoHayExcusa.ÚNETE. A partir de este 25 de noviembre, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, inicia la campaña para concluir el 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Son 16 días de activismo para impulsar campañas en favor de una vida segura de las mujeres y para exigir a los gobiernos que dejen los discursos huecos en favor de los derechos de las mujeres y salgan de sus aposentos para estar a su lado y contener la avalancha de las violencias que sistemáticamente suceden en sus casas, sus trabajos y en los espacios públicos.
De acuerdo con información de ONU Mujeres, a nivel global, casi una de cada 3 mujeres ha sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida. La realidad nos apabulla al constatar que la violencia contra las mujeres y las niñas es generalizada en todo el mundo, al grado que cada 10 minutos se asesina una mujer. En el 2023 más de 51 mil mujeres y niñas de todo el orbe murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Se trata de una lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el lugar de trabajo y los espacios en línea.
En este 2024 se cumplen 25 años de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lamentablemente la violencia se incrementa y los gobiernos no han cumplido con sus compromisos internacionales de garantizar y proteger los derechos de la mujer. En México, de acuerdo con cifras oficiales se registran de 2018 a 2022 un promedio de 10 mujeres asesinadas por día; en 2023 fueron 9 y, a lo largo de 2024, 10 mujeres murieron violentamente cada día.
En el ámbito laboral tampoco es una excepción. El 27.9% de las mujeres en México ha sido violentada en el trabajo al menos una vez en su vida, y 6 millones de quienes experimentaron violencia física o sexual no acudieron a ninguna institución o autoridad debido a que el 31.6% consideró que se trató de algo sin importancia o que no les afectó.
En Guerrero el grave problema que arrastramos es la inacción y complicidad de las autoridades encargadas de investigar los delitos y de aplicar la justicia. Las mujeres y las niñas sufren una desprotección estructural: no son tratadas con respeto, las cosifican y son objeto de burla y discriminación. No le dan crédito a su palabra, hacen más cruento su sufrimiento, hacen escarnio de la agresión sexual de la que fueron víctimas. Las mujeres de la Montaña se ven obligadas a realizar largos viajes y gastos onerosos para interponer una denuncia en Tlapa. En la agencia del Ministerio Público no son bien recibidas, no las consideran dignas de atención, sufren maltratos, las someten a trámites burocráticos. El fin es revictimizarlas y frustrar su afán de justicia. Toda la carga de la prueba se la dejan a la víctima o a sus familiares. Los perpetradores contratan abogados que negocian con los Ministerios Públicos para que las denuncias no prosperen. Todo el aparato de justicia se mueve con dinero y palancas.
Para que impere la legalidad hay que interponer otros recursos jurídicos que remueva los vicios acendrados de la corrupción y obliguen a los agentes investigadores a regirse bajo los principios de imparcialidad e independencia. Los que acompañamos a las víctimas tenemos que recurrir a la denuncia pública para evidenciar las malas actuaciones tanto de los Ministerios Públicos, como de los jueces y las juezas. Los riesgos son mayores para sus familiares porque son amenazados o agredidos para acallarlos. La denuncia que es filtrada por personal de la misma Fiscalía es la que atiza la violencia contra las mujeres y niñas indefensas.
Para ONU Mujeres, ante las cifras adversas que hay en el mundo, se ha propuesto movilizar a todos los miembros de la sociedad para contener esta alarmante escalada de violencia contra las mujeres. Busca también revitalizar los compromisos de los gobiernos y exigir responsabilidad y medidas concretas a las autoridades para contener este flagelo.
En nuestro país la violencia contra las mujeres y niñas se ha trivializado y normalizado. Es muy común que las mujeres callen las violencias que sufren en el hogar. Viven atemorizadas. Ocultan lo que padecen para que no trascienda entre los vecinos ni en las redes sociales. Viven angustiadas y sometidas. Callan y se llevan sus penas y dolores hasta la tumba.
De acuerdo con la declaración de la ONU, la violencia contra la mujer abarca actos que causan daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico, así como amenazas, coacción o privación de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. La violencia impacta la salud física, sexual y psicológica de las mujeres en todas las etapas de su vida, afectando su educación, empleo y oportunidades.
Las mujeres y niñas indígenas de Guerrero, enfrentan mayores riesgos, por el empobrecimiento extremo, la profunda desigualdad social, la alta conflictividad comunitaria, el analfabetismo que las esclaviza y las vuelve más vulnerables, la ausencia de las instituciones de salud, la carencia de apoyo a la niñez, los matrimonios forzados y la discriminación estructural que cargan sobre sus frágiles cuerpos.
En el marco del 25 aniversario, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las niñas, recordamos a Melani, víctima de feminicidio el 28 de noviembre de 2017, a 7 años del artero crimen perpetrado por su esposo José Luis, piloto aviador de la Fuerza Aérea, con grado de teniente. De manera cobarde la golpeó, la jaló de los cabellos y la azotó contra la puerta de la recámara. Al someterla la tiró al piso atenazándola con las dos manos hasta romperle el hueso hioide privándola de la vida.
Para simular un accidente, José Luis la arrastró por las escaleras que dan al primer piso, colocando su cuerpo entre los escalones y la pared. Antes de pedir auxilio trató de borrar todas las evidencias del feminicidio para hacer creer a los médicos que se trató de una caída accidental. No permitió que las autoridades entraran a la recámara. Agilizó los trámites para el levantamiento del cuerpo y lo llevó a una funeraria para que lo incineraran. Contrató a un médico para que elaborara un certificado médico a modo que argumentara que la muerte de Melani fue por causas naturales.
Los padres de Melani se opusieron a que su marido la incinerara y sólo mandó el cuerpo a Hermosillo a través de una funeraria. No quiso enfrentar a sus padres en el funeral y los presionó para que se desistieran de la denuncia a cambio de que pudieran convivir con su nieto. Don Martín y doña Jovita dejaron su casa para interponer la denuncia por feminicidio contra José Luis en el puerto de Acapulco. Pidieron que se exhumara el cuerpo de su hija para conocer a fondo la causa de su muerte. Los peritajes arrojaron datos de que Melani fue privada de la vida por ahorcamiento y desechó la teoría de que había sido por accidente.
El jueves próximo se cumplirán 7 años del feminicidio de Melani. Para don Martín y doña Jovita el dolor que los aprisiona no ha sido obstáculo para trasladarse hasta Acapulco a rendir sus testimonios. La jueza en lugar de considerar la calidad de víctimas de don Martín y doña Jovita los ha maltratado y no ha tomado en consideración que su estancia en Acapulco es complicada porque tienen que viajar desde Hermosillo. Ha postergado las audiencias de manera arbitraria y ha declarado desiertos varios testimonios que son claves, sin dar oportunidad al Ministerio Público que pueda localizarlos. Es preocupante la actuación parcial de la jueza en un caso de feminicidio que requiere una actuación pulcra incorporando la perspectiva de género y tomando en cuenta el contexto en que sucedieron los hechos y la asimetría de poder entre el victimario y la víctima.
En esta semana conoceremos la resolución final de la jueza. La gobernadora tiene que estar atenta sobre el desenlace del caso de Melani. Más allá de la autonomía del Poder Judicial, hay estándares internacionales que obligan a todos los juzgadores a aplicarlos con mucho rigor para garantizar justicia a las víctimas. No pueden prevalecer visiones cortas y sesgadas en los juzgadores, ni posturas subjetivas e interesadas. La violencia contra las mujeres se incrementa por los juicios a modo que dejan libres a los perpetradores, enviando desde el Poder Judicial, señales funestas de que la justicia tiene precio y que no les interesa que nuestro estado se desangre por la impunidad que impera.
El compromiso asumido por la gobernadora Evelyn Salgado, de que nuestro estado será un santuario libre de violencia de género, se tira por la borda cuando los casos de feminicidio siguen incrementándose.
En este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gobernadora tiene que fijar una postura pública en favor de las mujeres que, como Melani, son víctimas de feminicidio. No puede mantener una postura tibia, tiene que colocarse del lado de las víctimas. Ya es tiempo de desenmascarar a las autoridades que protegen a los feminicidas y que no atienden las recomendaciones internacionales, de aplicar los estándares de protección más altos, para evitar que “cada 10 minutos se asesine a una mujer en el mundo.”
 

Melani, una joven de Hermosillo Sonora la más alegre de su familia. Su papá es mecánico y su mamá trabaja en una maquiladora. La familia tiene que hacer jornadas fragorosas para traer la comida a la casa.
Melani soñaba ser ingeniera. Estaba en primer año de la carrera cuando conoció a José Luis Martínez, un piloto aviador de la fuerza aérea con grado de teniente. Dejó la escuela para formar una familia. Por un cambio de adscripción José Luis y Melani se mudaron a Acapulco fue adscrito a la base de Pie de la Cuesta. Establecieron su domicilio en la Colonia El Pedregoso en el condominio Canta Luna donde habitaban varias familias de pilotos militares.
De ser una persona amable y sensible, a los cinco meses José Luis se transformó en un ser controlador, violento, narcisista y golpeador. La empezó a maltratar verbalmente y a golpearla. En pleno embarazo la golpeó en diferentes partes del cuerpo, particularmente en el estómago. Melani tuvo que ir a la Unidad Médica Militar de Pie de la Cuesta. El médico asentó en una constancia las lesiones que tenía. Melani guardó ese documento y cuando presintió que la violencia que vivía era álgida se lo dio en secreto a sus padres. También les compartió a varias amigas la violencia que vivía al lado de su pareja. Les dio unas capturas de pantalla en las que José Luis la insulta. La llama tonta, burra que no tiene estudios, que le arruinó la vida y otros insultos denigrantes que le profería.
El 28 de noviembre de 2017 por la noche salieron a cenar. El vigilante del condominio los vio entrar a su departamento, alrededor de las 9 de la noche. Más tarde empezaron una discusión en la recámara principal. Las cosas subieron de tono. Esta vez José Luis tomó a Melani de los cabellos, la proyectó contra la puerta de triplay rompiéndola, la tiró al piso, tomándola del cuello, la ahorcó y le rompió el hueso hioide. Melani no pudo más y perdió la vida en ese instante. Con sangre fría José Luis colocó su cuerpo en las escaleras para simular una caída accidental.
Posteriormente llamó a la Cruz Roja. Les dijo a las autoridades que estaba durmiendo y que su esposa se paró a preparar la leche para el niño. Despertó porque el pequeño lloraba, buscó a Melani y la encontró en las escaleras sin vida.
También llamó a los padres de Melani. Les dijo que iba a cremar el cuerpo porque ésta había sido la última voluntad de su esposa. Los padres le dijeron que no hiciera nada. Ellos saldrían para Guerrero. Al día siguiente don Martín y doña Jovita ya estaban en el puerto.
Empezaron a discutir con José Luis porque ellos querían que les entregaran el cuerpo para llevárselo a Hermosillo, pero la funeraria Porcayo ya tenía los trámites de la cremación listos. Era cuestión de minutos para la incineración. El esposo de la finada insistía que esa era la última voluntad de Melani y los padres en llevarse el cuerpo de su hija. La agente del Ministerio Público tuvo que intervenir para decirle a José Luis que era un derecho de los padres llevarse el cuerpo su hija para darle cristiana sepultura. Finalmente, don Martín y Doña Jovita se llevaron los restos de Melani. José Luis nunca se apareció en el sepelio de quien fuera su esposa.
José Luis en todo momento trató de evitar una investigación. Le impidió a los agentes de policía ingresar al departamento para documentar el hecho, aduciendo que el deceso de su esposa fue por un accidente, por lo mismo, insistía en cremar el cuerpo. Si los padres de Melani hubiesen llegado unos minutos más tarde sólo encontrarían las cenizas y todo habría quedado en la impunidad.
En las investigaciones la tesis de la caída accidental no cuadraba. Cómo era posible que no tenía lesiones graves en una caída a 2 metros de altura y sobre las escaleras, el lado izquierdo de su cara pegaba con la pared, extrañamente de ese lado no tenía lesión alguna. Los expertos dijeron que la posición del cuerpo de Melani era atípica, dado que ofreció la cara en lugar de las extremidades que es propio de las caídas súbitas. El cerebro instintivamente ordena mecanismos de defensa por ello las víctimas anteponen las manos o pies. El cuerpo de Melani ofrecía la cara no las manos, esto indicaría que fue colocado en las escaleras después de muerta.
Finalmente se llevó a cabo la prueba de luminiscencia encontrándose varias manchas de sangre en el departamento, particularmente en la recámara principal donde también estaba rota la puerta de triplay. Fue necesario exhumar el cuerpo en Hermosillo y realizar un estudio integral aplicando los protocolos de violencia contra la mujer. El resultado de este estudio arrojó que Melani tenía el hueso hioide roto asfixiándose y perdiendo la vida.
En enero del año 2023 José Luis Martínez fue detenido e inició el proceso. El juicio oral se ha llevado a cabo con sendas irregularidades. La jueza del caso, Evelina Ramírez Venegas, ha sido sumamente parcial. Varias objeciones las ha resuelto a favor del acusado sin que le asista la razón, ha declarado desiertos varios testigos de cargo, particularmente de un médico que explicaría las irregularidades en la investigación y la mecánica de la caída de la víctima, ha sido intransigente con los testigos de la víctima y condescendiente con los del acusado. En una diligencia maltrató al papá de Melani. Cuando declaraba lo amenazó con multarlo olvidando que la declaración de las víctimas de la ONU obliga a las autoridades a tratar con respeto y compasión a las víctimas. A una experta que declaraba los ciclos de violencia que vivió Melani le cuestionaron su militancia feminista y la jueza lo permitió para restarle credibilidad al testimonio.
El jueves 14 de los corrientes la jueza deberá dictar el fallo correspondiente. Es preciso que haya una condena. En la interpretación y valoración de las pruebas la jueza deberá privilegiar la perspectiva de género, considerando los ciclos de violencia que vivió Melani, la asimetría de poder de que era víctima frente a su agresor y la intersección de discriminaciones que sufría. Las autoridades deben sancionar la violencia feminicida y los jueces tienen el deber de hacer una interpretación amplia considerando los elementos anotados para superar las barreras que impiden que las mujeres accedan a la justicia.
Decía la gobernadora que Guerrero sería un santuario para las mujeres. Para hacer realidad esta afirmación es menester que haya justicia para las víctimas. Que los feminicidas sepan que serán severamente sancionados. El Tribunal Superior de Justicia y la gobernadora deben estar pendientes de la actuación de la jueza. Esperamos que el faro de la justicia relumbre en la obscuridad de la violencia que azota Guerrero.

Cada semana registramos hechos de sangre que nos desquician, tanto por el número de víctimas que se incrementa diariamente como por el sadismo de los crímenes que se cometen. Lo que se busca es causar el mayor daño posible y la malévola intención es dejar los rastros funestos de la barbarie cometida. Ya no hay límites ni espacios seguros. En todas partes hay peligros y en los lugares menos pensados ocurren hechos deleznables.
No hay temor para descargar la metralla y cometer asesinatos a unos pasos de las instalaciones militares, de la Guardia Nacional o de la Policía del Estado. Se abandonan bolsas con cuerpos desmembrados en las aceras de la Fiscalía. La expansión del crimen llega hasta que se topan con otro grupo que tiene el control territorial. Son los mismos grupos delincuenciales los que se ponen límites y no las instituciones del Estado.
El poder de fuego de la delincuencia la lleva a desafiar a los cuerpos de seguridad. Su armamento es sofisticado y está mejor apertrechada. Tiene múltiples contactos para abastecerse de armas desde Estados Unidos. Cuenta con propiedades en lugares estratégicos que funcionan como centro de operaciones. Ha recurrido al reclutamiento de jóvenes para expandir su dominio y contar con reserva humana para sus incursiones armadas. El objetivo es desplazar al grupo que ostenta la plaza. Los jóvenes son carne de cañón que desecha sin que haya consecuencias jurídicas ni acciones contundentes que contengan esta violencia irrefrenable.
Las empresas criminales son negocios muy redituables porque han sabido incursionar en varios giros comerciales donde blanquean su dinero con empresas bien consolidadas. Esto sólo es factible en estados donde impera la corrupción, donde la ley no se aplica y la justicia es una mercancía que genera grandes dividendos. Funciona donde el poder se maneja de manera facciosa y donde el compadrazgo político sirve para hacer componendas mafiosas y para amarar negocios y cargos públicos. Es un buen picaporte para estar dentro del círculo de las empresas proveedoras del gobierno. Estos territorios son fértiles para establecer pactos con los grupos delincuenciales. No hay una línea divisoria que separe las actividades legales y lícitas de las acciones delincuenciales. Se trata de un entramado delincuencial en un estado poroso que permite que los negocios crezcan vertiginosamente con la inyección de dinero público.
El debilitamiento de las instituciones públicas ha propiciado el desbordamiento del crimen organizado que se ha colocado en los centros turísticos, en las principales ciudades, en las cabeceras municipales y en las comunidades rurales. Aparece como el monstruo de mil cabezas, como el poder fáctico que se ha instalado dentro de la administración pública. Ha adquirido carta de naturalización dejando a una población en total abandono. Los faccionalismos políticos y la polarización social ha fragmentado y confrontado a la población. Ha mermado su fuerza para afrontar con determinación este mal, que está dañando los tejidos de una sociedad que se ha quedado impávida.
Lo que prolifera ahora son las historias del horror, las lamentaciones y la parálisis social. Hemos cruzado el umbral de la legalidad para entrar al caos del salvajismo. En este pasaje todo es permisible, predomina el sentido de sobrevivencia, el destino fatalista y el “sálvese quien pueda”. Las mismas autoridades se han replegado, hay algunos casos que han llegado al extremo de renunciar a sus cargos. No sienten que haya garantías para desempeñar con seguridad sus funciones. Hay autoridades municipales que no han encontrado otra salida que recomendar a la población de que no salga de su casa para evitar hechos lamentables. La violencia galopante rompe con la convivencia pacífica y trunca proyectos de vida. Nos hunde como sociedad en el pantano del infortunio.
Hemos perdido el respeto a la vida, que es lo más sagrado que tenemos como especie humana. La función principal de un Estado es ser garante del orden, tiene el monopolio de la violencia para asegurar que el Estado de derecho impere y para salvaguardar los derechos fundamentales de la población. No hay otra razón de ser de un gobierno democrático que proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. La autoridad no tiene sentido si no cumple con el mandato constitucional de cumplir la ley, aplicar la justicia, garantizar los derechos y las libertades, así como atender con presteza las demandas más sentidas de la población.
En el estado hay un sentimiento de orfandad, la población se siente inerme y lo más desesperante es que no encuentra interlocución. Existe un distanciamiento mayor con la población que protesta y que se expresa en las calles. Las protestas son recurrentes porque no se canalizan las demandas y se postergan los problemas. Se ha descuidado a los sectores más vulnerados que están a la espera de alguna acción que les favorezca. En las regiones empobrecidas hay mucha población invisibilizada a la que no se toma en cuenta para revertir los rezagos sociales que por generaciones ha padecido.
Se han cruzado realidades dolorosas; la violencia galopante de los grupos de la delincuencia que están causando muchas muertes y la precariedad económica de la población damnificada que no está siendo atendida y que se encuentra desesperada porque no tiene ingresos seguros para ir al día con su familia. Las comunidades indígenas y afromexicanas padecen el doble flagelo: la violencia y la pobreza. Lo grave es que la ayuda no llega y nadie sabe a quién le llegará ni cuándo llegara. El hermetismo y la cerrazón de las autoridades ha exasperado a amplios sectores de la población. Los presidentes municipales se desentienden de los damnificados con el argumento de que apenas han tomado las riendas del municipio y que no hay dinero en las arcas del municipio.
A nivel estatal no hay una instancia que coordine y que atienda la multiplicidad de demandas para canalizar a las instituciones correspondientes. No se destinan recursos para atender lo urgente a familias sumamente desamparadas, ni siquiera despensa o maíz están dispuestos a distribuir. Han dejado que el gobierno federal se encargue de distribuir los recursos que anunció la presidenta de la República, sin embargo, la población damnificada tiene diversas demandas que requieren intervenciones de otra índole, como los prestadores de servicios turísticos, los pescadores, los vendedores ambulantes, los colonos de las periferias, las familias que perdieron sus cosechas y que tienen que migrar para tener un ingreso que les permita comprar maíz, las madres solteras, las víctimas de la violencia, los jóvenes que no tienen trabajo y que no tienen recursos para estudiar en la ciudad. Todos ellos y ellas tendrán que esperar los resultados de los censos. Muchos no están seguros que alcancen algún beneficio. Su mayor angustia es que no encuentran alternativas para salir de este desastre.
Las víctimas de la violencia sufren su propio calvario. El caso de las 34 personas asesinadas en Tecpan de Galeana con motivo de la irrupción armada del grupo delincuencial GNG nos muestra la proliferación de grupos que han reclutado a personas extranjeras para involucrarlas en acciones delincuenciales. Las disputas territoriales son más sangrientas por el número de personas asesinadas y heridas. En ese contexto de confrontación se recrudece más la violencia porque se trata de destruir a los enemigos. Son bombas de tiempo que pueden desencadenar más acciones violentas porque los grupos delincuenciales están parapetados esperando el momento más apropiado para accionar sus armas. Las autoridades civiles han quedado al margen y ahora lo que impera son los actores armados del estado y de la delincuencia. En estas circunstancias por la vía de los hechos impera el Estado de excepción y las víctimas de la violencia se incrementarán.
El caso de las 17 personas que desaparecieron en la comunidad del Epazote, municipio de Chilapa ha causado desconcierto por la inacción de las instituciones del Estado. Las familias desesperadas se arriesgaron a salir con la esperanza de encontrarlos y desafortunadamente también fueron desaparecidas. Han pasado 12 días sin que las autoridades del estado den con su paradero. Hasta el momento permanecen activas 14 fichas de búsqueda de la Fiscalía General del Estado, la última ficha fue de Ángel Barrera Millán. Hay cuatro menores, dos mujeres y ocho hombres.
El 31 de octubre la Fiscalía publicó en su página de Facebook que habían realizado acciones de búsqueda de 10 personas en las comunidades cercanas al Epazote, como Santa Fe, Loma Larga, Colotlipa y Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango. Las actividades de búsqueda se llevaron a cabo en coordinación con la Policía Investigadora Ministerial, Ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y la CEBP, sin resultados favorables.
Movidos por la desesperación, el primero de noviembre, más de 50 familiares llegaron en un camión de volteo y camionetas de redilas para bloquear el paso en el bulevar René Juárez Cisneros, a la altura de la Fiscalía para exigir que se redoblen los esfuerzos de búsqueda. Señalaron que no era la primera vez que sus familiares iban a vender su mercancía en la comunidad del Epazote. Cuatro mujeres permanecieron en el bloqueo denunciando que “son 17 los ciudadanos que nos faltan. Vivos se fueron y vivos los queremos. Le exigimos a la gobernadora su apoyo para encontrarlos; “queremos a nuestros familiares con vida”. Ante la violencia irrefrenable la población se agita ante tanta desolación e indolencia gubernamental.

A todas las familias afectadas por los huracanes Otis y John que a diario luchan por su sobrevivencia. A pesar de sus protestas y largas horas de espera no son escuchadas ni atendidas por los tres niveles de gobierno.

Con la expectativa de escuchar anuncios importantes por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el genuino interés de saludarla y entregarle sus peticiones, la gente regresó este domingo a sus hogares con la tristeza y la desesperación por no tener respuestas concretas a sus demandas. Pesó en el ambiente la incertidumbre de no saber si serán beneficiarias para limpiar sus casas y si los censos las tomarán en cuenta para reconstruir sus viviendas. La reunión se realizó a puerta cerrada en la Décima Segunda Región Naval de Acapulco. Un lugar infranqueable y seguro, lejos de la gente que ha tomado las avenidas como medida desesperada para que el gobierno los escuche.
Cada secretario federal rindió su informe y anunció los montos de inversión que ejercerá para pasar de la etapa de emergencia a la etapa de Acapulco se transforma contigo. Para alcanzar esta recuperación se diseñó un plan integral cimentado en cinco ejes: encuentros con el sector privado, el plan integral hídrico, el plan integral de seguridad, el plan de mejoramiento urbano y de movi-lidad y el de reactivación turística.
Los anuncios espectaculares de miles de millones de pesos, nos recuerdan las acciones de otros presidentes, como Enrique Peña Nieto que anunció el plan nuevo Guerrero con 30 mil millones de pesos, que dejó en total abandono a las familias damnificadas. La secretaria del bienestar Ariadna Montiel informó que se atendieron 51 municipios y censaron 64 mil 930 viviendas en Acapulco y 78 mil 554 en el resto de Guerrero, arrojando un total de 143 mil 484 hogares atendidos. Para la realización del censo participaron 2 mil 153 servidores de la nación. La inversión destinada para Acapulco es de 2 mil 960 millones de pesos, logrando beneficiar hasta el momento a 32 mil personas. La fecha de entrega la iniciaron el 19 de octubre y concluirá el primero de noviembre. La inversión que está destinada para el resto del estado es de 2 mil 790 millones de pesos y los pagos se entregarán del 4 al 10 de noviembre.
Por su parte el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales informó de las casi 40 mil despensas que han repartido y 319 mil litros de agua embotellada. Rescataron a 2 mil 24 personas, y 24 embarcaciones. Instalaron plantas purificadoras y apoyaron en tareas de limpieza y desazolve. El director de Conagua Efraín Morales informó del apoyo para poner en funcionamiento los sistemas de bombas de agua potable en Acapulco. Repararon el sistema de Lomas de Chapultepec, el Papagayo I y el Papagayo II.
Jesús Antonio Esteva, titular de la secretaría de infraestructura , comunicaciones y transporte (SICT) informó que se atendieron un total de 433 incidencias en mil kilómetros de la red federal. Apoyaron la red estatal con 7 mil 590 incidencias que afectaron puentes. Retiraron 1.8 millones de metros cúbicos de tierra. La Comisión Federal de Electricidad informó que atendieron a 188 mil usuarios a quienes se les restableció el servicio. Manifestó que ya se restituyó la energía eléctrica en los municipios que tuvieron inundaciones. Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública informó que actualmente el 97 por ciento de las escuelas ya se encuentran en clases presenciales y un 2 por ciento continúa en línea. Sólo insinuó que se están atendiendo las incidencias en los inmuebles que sufrieron daños.
El doctor David Kershenobich secretario de Salud habló de 112 mil 917 acciones de salud, en las que participaron 3 mil 900 elementos de la dependencia. Manifestó que el 99.7 por ciento de las unidades de primer nivel se encuentran en operación y todas las unidades de segundo nivel están brindando la atención médica, porque no sufrieron afectaciones. Reiteró que hay un gran trabajo para el tema de atención del control vectorial con acciones de nebulización espacial y fumigación en casas. La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y de Participación Social, Leticia Ramírez Anaya, comentó que realizaron tareas de limpieza en las calles y casas afectadas, logrando retirar 378 mil 611 toneladas de tierra y 171 mil 261 toneladas de basura.
El formato y la presentación de los informes y las acciones que cada secretaría tiene programado implementar estuvieron a modo. Presentaron un panorama muy alejado de la realidad. Hablan como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Resulta que la casi totalidad de escuelas tienen clases presenciales, que todos los servicios médicos funcionan a la perfección, que la energía eléctrica se ha normalizado en todo el estado, que hay campañas de fumigación.
La situación de Guerrero es grave por no decir desastrosa. No es real que las escuelas estén reparadas, que los niños y niñas vayan a las escuelas, que los centros de salud atiendan a los pacientes. Todos sabemos que no hay medicinas, no hay dinero para traslados de pacientes graves. Los hospitales comunitarios tienen serias fallas en su construcción. Tampoco hay dinero para la compra de combustible de los vehículos para realizar las campañas de fumigación. Los caminos rurales están desatendidos y muchos puentes colapsados. Son las comunidades las que están abriendo paso. Las máquinas están en las carreteras principales. Nada se habla de cómo reactivar el campo, cómo se va apoyar a los pequeños productores que perdieron sus cosechas. A los pescadores que también perdieron todo cómo se les va a dar un impulso a la actividad pesquera. A los prestadores de servicios que deambulan en las avenidas en busca de turistas como se les va a plantear alternativas para que obtenga ingresos. Los pequeños comerciantes y artesanos requieren de apoyos y estímulos ante la falta de ingresos.
Para el gobierno federal ya no hay emergencia, todo está volviendo a la normalidad y sólo hay que aplicar los presupuestos asignados para iniciar la transformación de Acapulco. La gente que protesta será ignorada porque se parte de que los servidores de la nación ya acudieron a todos los lugares afectados para levantar el censo y no habrá forma de tomarlos en cuenta.
Varios habitantes de Las Vigas se vieron obligados a viajar para tratar de hablar con la presidenta y poder decirle que no fueron censados. No lograron su objetivo. Los oficios que llevaron y la atención que recibieron lo hicieron los mismos servidores de la nación, que se han erigido en los únicos representantes del gobierno federal, autorizados para dictaminar los daños que sufrieron las viviendas. Están lejos de atender a la población y de reconsiderar su opinión en torno a la afectación de las casas que visitan. Hay muchas quejas por la forma de comportarse, comentan de su poca disposición para escuchar a la gente. Su preocupación mayor fue hacer el registro lo más rápido posible para entregar a tiempo la información requerida. No importaron las familias que no fueron censadas por diferentes causas. En las comunidades indígenas la comunicación fue pésima no sólo por el idioma sino por la poca apertura y paciencia de algunos servidores que no estaban dispuestos a escuchar explicaciones de la gente que tiene sus casas en los cerros.
El 17 de octubre doña Catalina, su hija y sus nietas, de la comunidad me’phaa de Loma Tuza, municipio de Acatepec, se vieron obligadas a dormir en el patio húmedo de su casa porque las paredes de adobe se agrietaron y se cayeron. Su tristeza es mayor porque el único terreno de siembra se desgajó por las lluvias. Lo peor de todo es que los servidores de la nación no quisieron apoyarlas porque no reciben el programa sembrando vida.
Doña Catalina de 58 años tuvo que caminar tres horas a la comunidad de Zontecomapa, municipio de Acatepec, donde estaban censando y tomando fotografías los servidores de la nación para pedirles que de favor la apoyaran. Le dijeron que ya no pueden volver a las comunidades que ya pasaron. Les quiso reclamar en su idioma, pero no le hicieron caso. Llorosa regresó a su casa sin saber cómo le va hacer para tener un techo. Catalina fue madre de Florencia, víctima de feminicidio. Desde hace 10 años que lucha para alcanzar justicia y trabaja duro para sostener a su hija y su nieta. Sin casa y sin parcela el mundo se le derrumbó. Aún no sabe cómo le va hacer para subsistir.
Lejos están las autoridades de entender estas tragedias. Miles de historias de familias damnificadas son irrelevantes para los funcionarios, lo que urge es remozar los lugares turísticos para atraer a los paseantes. Con esta declaración del fin de la emergencia se cierra el capítulo de los damnificados de Otis. Las personas desaparecidas que buscan sin descanso a sus seres queridos son realidades que deben atenderse, porque las familias quedaron en la orfandad, en una situación deplorable. Hay muchos casos pendientes, no sólo en Acapulco, sino en las regiones de la Costa Chica y la Costa Grande. Las familias no sólo perdieron sus casas y sus enseres domésticos, han perdido el trabajo y su patrimonio. El colapso del puerto requiere primero resarcir los daños en las comunidades devastadas, revertir los daños y rezagos sociales, atender a las familias más desprotegidas.
Los cinco ejes para la transformación de Acapulco son insuficientes para hacer frente a las tragedias que el pueblo de Guerrero ha tenido que enfrentar a brazo partido. Desde el huracán Paulina hasta John se ha acumulado deudas impagables porque los gobiernos han remendado y resanado grietas profundas marcadas por la pobreza, la violencia y el olvido gubernamental. Las y los guerrerenses nunca han sucumbido ante los embates de la naturaleza, han tenido la gallardía y la capacidad para enfrentarlos. El gobierno federal no puede ignorar a la población damnificada y sólo darle prioridad a la actividad turística. La gente del campo tiene que atenderse rehabilitando la base productiva que es la base de su subsistencia. El descalabro será mayor si la clase política de Guerrero sigue dilapidando recursos públicos en eventos fatuos e ignora las voces de las familias damnificadas.

 

Nuestra indignación y exigencia de justicia por el cobarde asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos de los pueblos tzotziles y tzeltales de Chiapas. Este domingo, después de celebrar una misa en el barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas, dos hombres armados a bordo de una motocicleta, le dispararon a quemarropa.

En este mes de octubre conmemoramos los cruentos asesinatos de Rocío Mesino Mesino, Bruno Plácido Valerio, Arnulfo Cerón Soriano y Ranferi Hernández Acevedo junto con tres miembros de su familia. Destacaron por su lucha y compromiso en la defensa de los derechos del pueblo pobre de Guerrero. Fueron denostados por los gobiernos y perseguidos; dos de ellos fueron encarcelados, uno tuvo que exiliarse en Francia y lo trágico es que a todos los asesinaron.
Trabajaron en comunidades rurales impulsando la organización de los pueblos y gestionando obras en beneficio de las familias más vulnerables. Rocío y Ranferi abanderaron la lucha de las viudas de los 17 campesinos asesinados en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez y crearon la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Bruno Plácido impulsó la conformación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ayutla de los Libres y en Tlapa Arnulfo fue cofundador del Frente Popular de la Montaña (FPM).
Nunca se arredraron ante las amenazas constantes y peligros inminentes. Tuvieron el valor y la casta para denunciar el terrorismo de Estado implantado por militares y caciques que tuvieron entre sus filas a pistoleros uniformados de policías. Desenmascararon las tropelías del poder, los pactos de impunidad que siguen intactos entre los perpetradores de crímenes atroces con los grupos del crimen organizado.
Fueron blanco de campañas de desprestigio, de denostaciones públicas por parte de los gobernadores en turno y los presidentes municipales. Los tildaron de lucradores sociales y de estar vinculados con la guerrilla. Estuvieron fichados por el CISEN y catalogados como personajes subversivos, como peligrosos para el sistema político dominante. Encontraron en la gente el respaldo necesario para sobrevivir y las razones de su lucha. A pesar de las críticas y cuestionamientos en su actuar, nunca traicionaron los ideales de justicia y permanecieron siempre en las trincheras de la lucha social. Sacrificaron comodidades y superaron tentaciones de solo buscar beneficios personales anteponiendo los intereses de la colectividad. Mermaron su salud y no tuvieron ingresos seguros para solventar los gastos personales y familiares.
Ningún gobierno ha reconocido su trayectoria como defensores de derechos humanos como lo estipula a declaración de defensores de la ONU, mucho menos se han interesado en impulsar las investigaciones para dar con los responsables de estos crímenes atroces. Más bien persiste un continuum de impunidad perversamente armado, para que más allá de cualquier gobierno se garantice protección a los violadores de derechos humanos. El entramado delincuencial se mantiene intacto desde hace décadas, porque las élites militares y políticas gozan de inmunidad y los mismos criminales, que hacen el trabajo sucio de los gobernantes, también son cobijados por el manto de la impunidad.
Rocío Mesino Mesino, nació el 21 de enero de 1974, justo en el año del asesinato de Lucio Cabañas el 2 de diciembre del 74, en la comunidad del Escorpión, municipio de Atoyac de Álvarez. Hija de Hilario Mesino Acosta y de la señora Alicia Mesino Castro. Rocío junto con Hilario, Ranferi y varios compañeros de la Sierra de Atoyac fundaron la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Dedicó su vida para exigir al gobierno la libertad de los presos políticos, denunció los actos de corrupción, defendió la tierra y el territorio y en todo momento exigió justicia y verdad para sus compañeros ejecutados.
En julio de 1996 Hilario fue detenido arbitrariamente como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos de los pueblos y comunidades campesinas. Fue incomunicado, torturado y amenazado por supuestamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario. En el 2005 Miguel Ángel Mesino, hermano de Rocío, había recuperado su libertad tras pasar 10 meses en prisión. Fue ejecutado extrajudicialmente en presencia de testigos, sin embargo, el caso continúa en la impunidad. En ese mismo año Rocío fue elegida regidora del municipio de Atoyac de Álvarez. Fue víctima de amenazas y atentados. En el 2007 un grupo armado realizó varios disparos en su domicilio. Nada la hizo desistir en su exigencia de justicia contra los caciques y militares que la tenían en la mira. En marzo 2013 la acusaron de secuestro. Fue detenida y a los pocos días obtuvo su libertad. En esos días, su hermana Norma Mesino recibió un mensaje de texto en el que le advertían que matarían a Rocío.
El 19 de octubre del 2013, cuando acudió con las compañeras que estaban atendiendo el comedor popular de Mexcaltepec y justo cuando supervisaba la construcción del puente que había sufrido daños por las tormentas Ingrid y Manuel, dos hombres se aproximaron a Rocío para hacerle algunas preguntas, al darse la vuelta, uno de ellos sacó un arma corta y apuntó hacia Rocío. Las balas impactaron en la nuca de la defensora de 39 años.
Ranferi Hernández Acevedo encontró en la lucha social su proyecto de vida. Sus pensamientos y sus acciones giraban en torno a cómo enfrentar las injusticias y los abusos que padecen los pueblos indígenas y los campesinos de Guerrero. Tomó conciencia de la desigualdad social trabajando como repartidor de refrescos en la capital del país. Siempre contaba la indignación que sentía al ver la ostentación con que vivían los dueños de las grandes empresas en Lomas de Chapultepec. En 1984 fue intendente en la primaria de Cruz Quemada, municipio de Tecoanapa.
Participó en el movimiento social en 1987 cuando se conformó el Frente Democrático Nacional. Fue parte de los fundadores del PRD en Guerrero. Su liderazgo se arraigó en el movimiento social. Impulsó la creación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y otras organizaciones más. Padeció el fraude electoral de 1988 y estuvo dispuesto a levantarse en armas. Fue fundador del PRD y buscó ser alcalde de Ahuacoutzingo en 1989. En 1993 apoyó la candidatura de Félix Salgado. El PRI se robó los comicios y empezaron las protestas.
Ranferi era copresidente estatal del PRD y diputado local el 28 de junio de 1995, cuando ocurrió la matanza de 17 campesinos en la sierra de Coyuca de Benítez. Responsabilizó al gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Por esta razón fue perseguido: el Congreso local lo desaforó y sufrió varios atentados. Tuvo que salir exiliado en 1997. En 2001 pudo regresar a México para continuar la lucha en defensa de las comunidades. En 2017, Ranferi participó en la conformación de la Coordinadora Pro AMLO en Guerrero. La Coordinadora lo había propuesto para contender por la diputación federal del distrito sexto. Su arraigo en las comunidades de la región de Chilapa y su experiencia política serían muy importantes para la campaña que se avecinaba. Estos planes fueron truncados por su asesinato.
Arnulfo Cerón Soriano nació en 1972 en la comunidad nahua de Coyahualco, municipio de Huamuxtitlán. Desde niño acompañaba a su papá a Tlapa para comercializar el poco producto que cosechaba del campo. Un día su papá y su hermano fueron a comprar un “marrano” en la comunidad de Cualac, pero al regreso unos hombres armados los asesinaron en la Barranca de Coyahualco. La muerte de su papá marcó la vida de Arnulfo por la pobreza que padecieron. Trabajó muy duro al lado de su mamá para salir adelante.
En 2013 Arnulfo participa en el movimiento que emerge contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. En Guerrero la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) aglutinó a varias organizaciones y creó un referente que se denominó Movimiento Popular Guerrerense (MPG). En la Montaña Arnulfo Cerón y Antonio Vivar fueron los dirigentes.
En 2014 se vuelve a cimbrar Guerrero con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En esta eclosión en el estado que sacuden las estructuras del poder Arnulfo renuncia radicalmente a los partidos políticos. Se suma a las movilizaciones sociales de gran trascendencia en la Montaña. En septiembre de 2019 Arnulfo recibió amenazas de muerte de manera directa del grupo de la delincuencia que operaba en Tlapa. Después vendrían otras amenazas hasta que el día 11 de octubre del 2019 fue desaparecido, no se supo más de él hasta el 20 de noviembre cuando fue encontrado en una fosa clandestina en el lugar conocido como Los Tres Postes.
Por la violencia que había en Buenavista, Bruno Plácido Valerio nació en Azoyú. Fue hijo de Manuel Plácido y doña Porfiria Valerio. A los 5 años se fue a trabajar con Luis Justo, el rico del pueblo. Se desempeñó como vaquero y tuvo la oportunidad de estudiar la primaria y la secundaria. Siempre demostró tener habilidades para el trabajo en el campo y el cuidado de los animales. Hasta que se casó con Patricia, Bruno fue el caporal de su padrino Luis. Al regresar a Buenavista se incorporó a la lucha de los pueblos indígenas por la seguridad. Adquirió una gran visibilidad por su arrojo y formó parte de la primera generación de comandantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PC). Fue también fundador de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG).
Bruno Plácido fue un personaje polémico, un líder carismático. Su pragmatismo lo llevó a que muchas de sus actuaciones fueran cuestionadas. Su lucha fue auténtica, dio la batalla para desmantelar los grupos de la delincuencia, sin embargo, ante la falta de controles al interior de la UPOEG varios comandantes hicieron causa común con el crimen organizado. Sus múltiples enfermedades diezmaron su liderazgo. Aún en estas condiciones servía a las comunidades. El 17 de octubre de 2023 acompañó a su comisario a la Secretaría de Salud y en ese lugar le quitaron la vida.
Es muy grave que los gobernantes de Morena se hagan cómplices de estos crímenes que cometieron autoridades coludidas con el crimen organizado.

El 4 de octubre asesinaron a Maximino García Catarina, en Juquila, su terruño, municipio de Ayutla de los Libres. En medio de la pobreza y la inseguridad defendió a su comunidad. Fue encarcelado injustamente y un integrante destacado de la organización para el futuro del pueblo mixteco.

Las comunidades de la Montaña de Guerrero quedaron devastadas por el huracán John. Desde el 23 de septiembre la lluvia no cesó día y noche. Tres días más tarde varias familias tuvieron que salir corriendo porque las casas de adobe se desplomaron y otras quedaron con grandes cuarteaduras, a punto de desplomarse. En los cerros empinados, donde la gente siembra maíz, frijol y calabaza se desgajaron sus tlacololes al reblandecerse la tierra. Las grietas siguen marcadas en las paredes de sus casas. Los grandes hundimientos, los árboles desprendidos desde sus raíces y los derrumbes de piedras y lodo obstruyen las pocas carreteras que hay en la región. En los caminos de terracería sobresalen los cerros de tierra chiclosa. En medio de esta tragedia resplandece la aparente quietud y el abandono secular de la Montaña. A lo lejos luce imponente con sus cerros altivos, pero al interior de las precarias viviendas habita la desolación. Las familias sobreviven en los pisos de lodo y techos de cartón, con fogones en el suelo y leña húmeda. Sin luz, sin agua y sin alimentos. Niños desnutridos y semidesnudos, madres embarazadas sin atención médica, padres de familia sin algún ingreso.
La desesperación de las familias se acrecienta ante la ausencia de las autoridades. En San Juan Escalerilla, donde hay una decena de familias damnificadas, hay un letrero que sintetiza la desatención gubernamental: “refugio temporal. ¡Auxilio!”. En una manta mojada expresan su súplica: “gobernadora ayúdenos por favor”, “Damnificados piden ayuda a la gobernadora Evelyn lo más pronto posible” y “pedimos ayuda gobernadora Evelyn y al gobierno federal. Claudia ya perdimos nuestro hogar”.
El desolado camino inicia pasando Tlatlauquitepec con un boquete en el asfalto. A 500 metros hay derrumbes que bloquean la carretera. Sólo una pequeña brecha da paso para que los carros continúen su marcha. Se llega a la comunidad de Chalma en medio de árboles caídos y hundimientos. Las tablas húmedas donde ponen montones de durazno, manzanas, hongos están abandonadas. Nadie les compra. Pasando la comunidad Los Pinos, municipio de Zapotitlán Tablas los hundimientos son más pronunciados y los derrumbes no dejan espacio ni para pasar caminando.
La tierra sigue húmeda como si recién hubiera pasado la lluvia. El viento frío no cesa, mientras el rocío aún sigue colgado del zacate. Los rayos del sol se asoman en medio de la densa neblina. Las nubes cargadas de agua son ahora una amenaza para los habitantes que sobreviven en el fango. Todo es silencio. Las pequeñas lagunas están al tope al grado que ahogan las milpas que están alrededor. La gente no se deja vencer por las inclemencias del tiempo. En Ocopexco, la gente se organiza para quitar el lodo y trozar las ramas de los árboles para abrir paso en su camino.
Desde la media mañana la lluvia no para. Sin importar el mal tiempo los habitantes se organizan en cuadrillas para quitar con pico y pala el lodo de los caminos. En el tramo a Escalerilla un grupo de personas quitaba las ramas de los árboles de encino que estaban sobre la carretera. Entre tanto las mujeres acarreaban la tierra con cubetas y carretillas para abrir paso. Francisco Tenorio, integrante del programa Sembrando Vida, señaló que se están organizando por iniciativa propia para “hacer labor comunitaria con los derrumbes. Porque si no quitamos esa tierra se va a ir y ya no habrá paso. Queremos abrir la cuneta y que el agua se vaya para allá. Varios niños de la comunidad van a la escuela secundaria de Ayotoxtla y por esta parte caminan. Dios no lo quiera que pase un carro con un chofer medio alcoholizado y les puede pasar algo a los alumnos. Con esa intención lo hacemos”.
Una señora con mucha tristeza comenta: “Yo fui afectada porque se cayó mi milpa y mi casa. No tengo cocina ni para preparar mi comida. Quiero que las autoridades levanten el censo, quién y cómo se llama la persona afectada para que programen los recursos. Tenemos casas cuarteadas y las milpas quedan pocas, la tierra se fue para abajo y se llevó la milpa. Todo se echó a perder”.
Eufemio Dircio y su esposa de 60 años de Escalerilla Centro se quedó sin casa porque se cuarteó por las lluvias. Una esquina de su casa quedó totalmente abierta y con la inundación en el piso de tierra terminó en un lodazal. El fogón quedó cubierto de tierra y un lado de su casa se convirtió en un pequeño ojo de agua. Tuvieron que salirse y rentar un espacio de 500 pesos al mes. Su hija, quien vive en Cuadrilla Capulín, a media hora caminando de Escalerilla, pidió auxilio a las autoridades municipales, porque están incomunicados por el creciente río y la carretera trozada, “ pero no hay nada de ayuda”.
Las casas quedaron inundadas, derrumbadas y cuarteadas. El centro de salud cuenta con una enfermera, pero no atiende porque no hay medicamentos. Están a la deriva entre la niebla y la constante lluvia. Doña Martina Dircio Ortega se queja de que ninguna autoridad llegue a sus comunidades: “por lo menos que las autoridades nos dieran apoyo, que nos dieran una vivienda, que nos dieran algo de despensas para que la vayamos pasando. Eso es lo que necesitamos aquí ahorita. Nosotras no tenemos ni cómo trabajar, ni cómo salir. Que nos hicieran caso, que vean también que nosotros aquí sufrimos no nada más los de Chilpancingo y Acapulco están sufriendo. Aquí se sufre más que en la ciudad porque allá por lo menos tienen tiendas grandes, y aquí no hay nada, aquí hay que caminar para buscar alimento. Es muy triste en la Montaña. Ojalá que nos escuche la gobernadora y ahora Claudia Sheinbaum, que necesitamos apoyo urgente en la Montaña”.
Una pared de las casas de Francisca Martínez y Eustoquia Aguilar se desplomó. Quedaron inundadas. Tuvieron que hacer zanjas al interior para que saliera el agua. Un lado de la cocina quedó arqueada la pared con el peligro de que con las lluvias todo se caiga. Esta misma historia se repite en la colonia Linda Vista, ubicada en la falda de un cerro. Luisa Tenorio llegó corriendo con su niña de 2 años en el brazo para que al menos se le tomara fotos a su casa dañada. Está desesperada porque su único espacio de 4 metros, se le vino parte del cerro.
Alfredo Bello, delegado de Linda Vista, municipio de Zapotitlán Tablas, reportó que hay muchos damnificados, sin embargo, quienes han acudido con él son “Cirilo Canuto, Cira Tapia, Raymundo Domínguez y Zeferino Jorge quienes perdieron su casa. Aproximadamente 40 personas perdieron su milpa y en todas las casas hay goteras”. A Maribel Huerta se le hundió su casa porque la tierra se agrietó más de 200 metros, pasando a perjudicar la casa de don Carmelo. Rufina rompió en llanto cuando empezó a contar que el 26 de septiembre escuchó el estruendo de la tierra: “salí corriendo, pidiendo a diosito que me salvara. La lluvia estaba fuerte, ni siquiera me quise asomar, porque el cerro estaba abriéndose más. Desde ese día no me da hambre porque es la única tierrita que tengo para vivir. Dónde me voy a ir ahora”. Las lágrimas también se rodaron en el rostro de Carmelo y de las demás señoras. No encuentran consuelo a sus dolorosas penas.
El comisario municipal de Escalerilla Laguna, Felipe Domínguez Bartolo, denunció las afectaciones de la infraestructura de cien casas, 5 aulas escolares, la cancha techada de la comunidad y la plaza de toros. También como 20 kilómetros de deslaves, hundimientos y destrucción total o parcial en carreteras y caminos, 10 kilómetros de tuberías de agua potable y 500 productores agrícolas que perdieron total o parcialmente sus cultivos.
Muchas familias llevan 10 días viviendo en la comisaría municipal. Ahí duermen y preparan sus alimentos. Esperan que alguna autoridad intervenga, pero nadie les hace caso. En un letrero se lee: “señora gobernadora apóyenos por favor”. “Estamos pidiendo el apoyo de la señora gobernadora y la presidenta de México. Necesitamos víveres, ropa, zapatos. Hay muchas afectaciones en todo; escuelas, plaza de toros, cancha techada, hay muchos derrumbes donde siembran las familias. Están publicando mucho de Acapulco, pero aquí también es Guerrero, no nada más Acapulco y la Costa, sino que en la Montaña Alta somos humanos también”.
“Yo soy uno de los vecinos de Escalerilla Lagunas y aquí están muy afectadas las milpas, las casas y carreteras derrumbadas. Yo pido a la gobernadora a ver si nos puede apoyar lo más pronto posible, también le pido a la presidenta de México que nos apoye. Ahorita está muy feo, nos reunimos aquí porque nuestra casa ya se está cayendo. Por eso urge que nos mande apoyo la gobernadora, por favor es la petición de la comunidad. Nuestros hijos están aquí sufriendo sin nada para comer”.
La desesperación de las familias afectadas por el huracán John están al tope, como las pequeñas lagunas que les rodean. Sus voces no tienen eco en las autoridades estatales y federales. Siempre han experimentado que la visión clasista y racista de la clase gobernante ignoran o acallan su grito desesperado. La desatención es generalizada. En todos los municipios de la Montaña Alta se multiplican los casos que aquí registramos en un pequeño recorrido de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac hacia algunas comunidades de Zapotitlán Tablas. La resistencia de las familias es heroica, siempre han tenido que abrirse paso con sus propias fuerzas, pero todo tiene un límite. La devastación requiere la urgente intervención de los tres niveles de gobierno. Los presidentes municipales deben de involucrarse, lo mínimo que tienen que hacer es registrar los múltiples daños de las familias y conformar su comité de protección civil para solicitar formalmente a la gobernadora que incorpore los municipios de la Montaña en la declaratoria de desastres. De lo contrario seguiremos hundiéndonos en el fango del olvido.

La naturaleza ha cobrado cara la factura al pueblo pobre de Guerrero a causa de los negocios truculentos que han impulsado gobernantes deshonestos. El despojo de la propiedad colectiva en nuestro estado ha sido sistemático, recurriendo siempre a la violencia. Los caciques que han gobernado Guerrero son los responsables de estas tragedias que siguen impunes porque no se investigan ni se castiga a los perpetradores, tampoco se pone un alto a los depredadores del medio ambiente. La codicia de los gobernantes no tiene llenadera. No sólo son insaciables también son represores y sanguinarios.
El testimonio del luchador social Wulfrano Salgado es elocuente y trágico: La historia de Acapulco está escrita con la sangre de la gente que preservó por siglos esta belleza natural. El Acapulco tradicional que va de la base naval de Icacos al centro, que se transformó en la Costera, fue abierta a punta de bayoneta por policías judiciales y pistoleros de los caciques. Los primeros hoteles de 5 estrellas se erigieron a costa del despojo y el desplazamiento forzado de las familias acapulqueñas que tenían sus precarias viviendas cerca de las playas. En la década de los 50s Miguel Alemán impulsó la supuesta modernización de Acapulco y puso en charola de plata a los inversionistas extranjeros la bahía de Acapulco. Despoblaron los sitios adyacentes a las playas y las familias fueron reubicadas en las partes altas del puerto.
Miguel de la Madrid firmó el 28 de agosto de 1987 el decreto expropiatorio de la zona Diamante. El gobernador Francisco Ruiz Massieu utilizó la fuerza pública para imponer este decreto desalojando a los ejidatarios de La Zanja, cuya superficie abarca todo el tramo de la autopista el Metlapil hasta el centro comercial la Isla. A este gran proyecto le dio mayor auge Carlos Salinas de Gortari quien tuvo que negociar con Diego Fernández de Cevallos para afianzarse en la Presidencia. Le otorgó terrenos de los ejidatarios ubicados en la zona Diamante para hacerlo copartícipe del gran negocio inmobiliario. La apertura del boulevard de las Naciones y la autopista Metlapil fueron las grandes vías para el alto turismo, que se erigió en el nuevo enclave de los grandes ricos.
Recuerda muy bien Wulfrano que donde empieza el boulevard de las Naciones estaban tres pozos artesianos. En la década de los 70, en los años del terrorismo de Estado, Arturo Acosta Chaparro los utilizó para desaparecer cuerpos de guerrilleros y de luchadores sociales. En estos enclaves no sólo hay historias de despojo y rapiña contra los dueños de las tierras, también hay historias de terror, de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de hombres y mujeres que lucharon contra un régimen opresor. Lo que fue el fraccionamiento Copacabana pasó a manos de inversionistas extranjeros por órdenes del gobernador Ruiz Massieu. En una reunión que hizo en el Palacio Municipal de Acapulco les dijo a los ejidatarios “tomen en cuenta lo que les digo yo soy un gobernador benévolo y les voy a dar 2 millones por sus tierras (que en realidad eran 2 mil pesos). Tomen el dinero porque si no lo hacen van a perder todo, porque yo soy el gobernador y además soy un buen abogado”. Los ejidatarios resistieron, pero la represión escaló gravemente. El comisariado del ejido la Zanja, Ramón Nogueda, fue asesinado. Su cuerpo fue desmembrado. A pesar de sembrar el terror los ejidatarios permanecieron en la lucha. Formaron parte de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y conformaron el Consejo de Colonias Populares. Se prepararon para todo, recibían entrenamiento para la autodefensa con la firme intención de mantener bajo su poder las tierras de sus abuelos. Sin embargo, el desgaste y la división interna debilitaron su lucha y fue imposible contener la entrada de los capitales extranjeros. Con el respaldo del gobierno federal llegaron a destruir el hábitat natural, los humedales que forman parte de los ecosistemas que amortiguan la furia de los huracanes. Los que depredaron este paisaje gozan de privilegios y de protección. Su ambición de riqueza los hizo sentir amos de la naturaleza. Su visión de la ganancia crasa, los cegó e hizo creer a los ilusos compradores que les vendían casas en un paraíso. Fueron ilusiones vanas y perversas. Antes de Punta Diamante, los huracanes y los ciclones no afectaban asentamientos humanos ni causaban desgracias al patrimonio. El secreto y la sabiduría de la población es que respetaba como entidades sagradas los ecosistemas que la misma naturaleza tiene para mantener su equilibrio.
Los gobernantes y empresarios se aliaron para destruir el hábitat, para despojar de sus territorios a los ejidatarios y hacer negocios privados con dinero público.
Hoy padecemos las consecuencias de un modelo de desarrollo depredador que se impulsó a mediados del siglo pasado. Este es el telón de fondo de los grandes males que padecemos, a causa de los huracanes y tormentas que se han ensañado contra los más pobres de Guerrero. Las consecuencias son devastadoras para las familias más desprotegidas de nuestro estado.
En la Montaña se ha reeditado con mayor crudeza la tragedia que trajeron las tormentas Ingrid y Manuel en el 2013.
El pasado 24 de septiembre, a las 12 de la madrugada, falleció Rufina López Romero en la Colonia Laguna de Chalma de la comunidad de Paraje Montero, a causa de un derrumbe en su domicilio. El cuerpo fue velado en la comisaría municipal. En redes sociales denunciaron: “#Urge ayuda #Malinaltepec. La región Montaña alta de Guerrero necesita ayuda de las autoridades municipales, estatales y federales de manera urgente. Un llamado urgente para que apoyen al pueblo de Paraje Montero para rescatar la señora que quedó sepultada en su domicilio por los desastres del huracán.
Radio Naxme reportó daños en la carretera artesanal de San Miguel del Progreso. Señaló que hay “incontables daños en la Montaña”. Los derrumbes de cerros taparon la carretera que comunica con Tlapa. Se hicieron barrancas por donde corrió el agua. En partes la carretera artesanal quedó cubierta con talud de tierra deslavada de las montañas. Los postes de luz se cayeron, quedando entre la maleza y el lodo. Algunas casas quedaron sin pared. Antes de llegar a San Miguel del Progreso, en el camino que conecta con Totomixtlahuaca, el techo de lámina de una casa quedó deshecha. Las milpas quedaron a ras de la tierra por los fuertes vientos. Los árboles de ocote yacían en el asfalto con las ramas quebradas. La gente quedó incomunicada. Los hundimientos en la carretera Tlapa-Marquelia son completos. Las grietas son enormes.
Totomixtlahuaca quedó incomunicado. La carretera artesanal que conecta con la comunidad de Xochistlahuaca quedó trozada, mientras la que conecta con San Miguel del Progreso los derrumbes llegaron hasta la carretera de terracería. Los ríos están crecidos. No hay luz desde hace días. Este domingo lograron abrir donde se había derrumbado para surtirse de comida, pero con el peligro de que se sigan derrumbando los cerros. El camino a Ayutla de los Libres quedó completamente destruido. La organización comunitaria ha servido para abrir algunas brechas con pico y pala. En la comunidad de Metlapilapa hay daños en el cultivo.
Radio Naxme publicó que una vivienda habitada con pérdida total en las Palmas anexo de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa. “Urge la asistencia y ayuda de protección civil en la región de la Montaña alta para auxiliar a las personas que quedaron sin vivienda y sin víveres”.
Misael Santos Mejía informó que entre el tramo del crucero de Iliatenco y crucero de Colombia de Guadalupe se derrumbó el cerro. Este viernes 27 de septiembre cómo a las 10:30 de la mañana, desapareció una persona en Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec. “La gente llegó para brindar apoyo, pero desgraciadamente ya no se pudo hacer nada”. Este 29 de septiembre pudieron encontrar el cuerpo de la persona que estaba en calidad de desaparecido, arrastrado por la corriente cuando conducía su carro.
En el municipio de Ayutla de los Libres, hay un reporte de pérdida total de siembras de milpa, también caídas de techos, caminos con derrumbes y deslaves. “Las comunidades de la Costa Montaña están incomunicadas, destrozadas los caminos, imposible de moverse, comentó la Prensa Informa. En el Camalote las milpas quedaron completamente tiradas en la tierra.
Por su parte, la carretera de San Juan, municipio de Zapotitlán Tablas, que conduce a la comunidad Me’phaa de Tlacoapa quedó incomunicada al deslavarse un cerro. La población quedó sin servicio de luz eléctrica.
No hay paso para Acatepec y todo el municipio quedó sin servicio de luz eléctrica. Antonino Cayetano Díaz comentó “Seguimos sin comunicación en el municipio de Acatepec, región de la Montaña. Esperemos que llegue pronto la maquinaria para reabrir los caminos, y solicitamos a la gobernadora dar prioridad a nuestra región. En un comentario la gobernadora Evelyn Salgado le respondió: “vamos a recorrer todas las áreas afectadas con nuestras brigadas en todas las regiones”. Lamentablemente sólo andan 3 máquinas rentadas en toda la Montaña para abrir los caminos. Seguimos padeciendo la desatención y el trato discriminatorio para la población indígena.
Hubert Matiúwaà escribió “solicitamos su ayuda. El día de hoy mi tía Virginia perdió su casa a consecuencia de la devastación provocada por el huracán John en su paso por la región. Ella ahora se encuentra viviendo a la intemperie como muchos de nuestros paisanos. Nuestra región se encuentra en emergencia. Zilacayota, nuestra comunidad, está incomunicada como muchas otras del municipio de Acatepec. Las carreteras están destrozadas. Solicitamos apoyo para reabrir las carreteras a la altura de las comunidades de Zilacayota, el Capulin, Laguna Seca a Lucerito. No hay luz eléctrica, ni servicio telefónico, hay muchas viviendas caídas, familias sin comida, sin donde hospedarse, estamos totalmente incomunicados. Se avecina una gran escasez de alimentos”.
La población reclama atención inmediata. Urge la reparación de sus caminos, padece el desabasto de alimentos, demanda el apoyo económico para las personas que han muerto. Exige la presencia de las autoridades para asegurar que van a reparar sus viviendas. La destrucción de sus cultivos es generalizada y se avecina una gran escasez de alimentos. La migración jornalera se incrementará ante el desastre inclemente. Teme que el gobierno federal y la gobernadora del estado dejen como otros gobiernos en el olvido a la Montaña. No ven señales que este apoyo será diferente.

 

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos dejaron su familia y su casa pensando que pronto regresarían con sus hijos. En las primeras semanas que permanecieron en la Normal tuvieron la corazonada de que la ausencia de sus hijos sería temporal. Sentían que en cualquier momento les informarían de los lugares donde se encontraban. Temían que los grupos de la delincuencia los tuvieran trabajando en lugares inhóspitos, había rumores de que estaban escondidos en algunas cuevas. Las búsquedas fueron constantes y no dejaron de ir a los lugares por más lejanos y peligrosos que fueran.
El gran movimiento de solidaridad los reanimó y reafirmó sus convicciones de que los equipos de trabajo que se abocaron a la investigación y búsqueda de sus hijos lograrían saber qué pasó con ellos. Los gobiernos fueron los que fallaron a las madres y padres. Con Enrique Peña Nieto fabricaron la verdad histórica, resquebrajaron la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador se descarrilaron las líneas de investigación que habían avanzado con el apoyo del GIEI y del fiscal especial Omar Gómez Trejo. Asumió el control de la investigación y elaboró un informe donde descalificó a los representantes legales y se erigió en defensor de los militares.
Para las madres y padres los últimos encuentros con el presidente resultaron infructuosos porque no había avances sustantivos en las investigaciones ni en las búsquedas en terreno, además su postura en defensa del Ejército se mantuvo inamovible. Acordaron reunirse, siempre y cuando hubiera alguna información relevante sobre el paradero de sus hijos. El tiempo se agota y no hay una señal que indique que habrá hallazgos importantes.
Las madres y padres sintieron que en los primeros cuatro años se lograron algunos avances en las investigaciones, sin embargo, cuando se toparon con el Ejército todo esfuerzo quedó trunco. El presidente tomó el timón y le dio un cauce propio a la investigación sin una dirección clara.
Ahora priva el desencanto, la incertidumbre y la desesperación entre las madres y padres, porque cumplirán 10 años cargando con una pena inconmensurable. El fuego que poco a poco va apagando sus vidas se debe a las razones de Estado, que sacrifican la verdad para encubrir a quienes participaron en la desaparición de sus hijos. Los testimonios de algunas madres nos sumergen al mundo de lo inefable. De cómo invade sus vidas el sufrimiento ininterrumpido por la desaparición de sus hijos.
Este lunes cumple mi hijo 29 años. Hace 10 años todavía tuve la oportunidad de escuchar su voz por teléfono. Me dijo que no podía ir a la casa porque tenía muchas actividades en la Normal. Me dio sentimiento, pero pronto me consolé. Entendí que lo principal es que estudie y se prepare, aunque no esté en la casa. Nunca pensé que no lo volvería a ver. Como madre me han quitado el derecho de que esté a mi lado. Sólo lágrimas y dolor hay en mi corazón. No es justo. ¿Por qué tengo que pagar esto?
La gente dice que son 10 años, pero es muy triste estar en esta situación. Me pregunto cómo he sobrevivido, porque al principio me decían en dos o tres meses los van a encontrar, y yo decía, para entonces ya me morí. Ahora estoy llegando a 10 años y aquí estoy. La verdad solamente Dios me ha dado fuerzas para seguir adelante. No se lo deseo a nadie, es un dolor muy feo. Una sufre al ver sus cosas, su ropa, su foto de mi hijo. Yo siento que me desmayo. Mis hijas sufren mucho, sus hermanos y sus abuelas. Es muy doloroso, no hay palabras para describir el dolor tan grande que siente una madre al no saber nada de su hijo.
Le he recalcado muchas veces al presidente que nos diga la verdad y por muy dolorosa que sea la vamos a aceptar, pero que nos dé pruebas científicas. Si usted me dice aquí está su hijo, lo encontramos así, lo voy a aceptar. ¿qué puedo hacer yo? No es que seamos madres necias, ni que nos aferremos a no aceptar una verdad que no queremos oír, pero que nos la den con pruebas científicas.
Andamos enfermas, yo sufro de artritis y no creo aguantar más tiempo así, porque mis pies me duelen bastante si tardo parada. La gente me ve caminando, pero no saben cómo me siento. Tenía dos años que me habían diagnosticado artritis cuando se llevaron a mi hijo. Estuve en tratamiento en Chilpancingo, pero ahorita ni siquiera me cuido, no debo mojarme y aquí ando en la lluvia. De las comidas no puedo pedir lo que no me hace daño, me como lo que me den. Todo esto me ha perjudicado más todavía.
Queremos la verdad nosotras como madres. No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos. Hasta donde den mis posibilidades de salud y que Dios me deje en vida voy a seguir luchando por mi hijo porque quiero saber qué pasó con él. Yo sí tengo bien claro que fueron los militares, los policías estatales, municipales y ministeriales. Cómo vienen a decir que no tienen nada que ver si a mi hijo se lo llevaron patrullas, sus compañeros me dijeron: “yo vi, tía, cuando lo subieron a la patrulla.”En estos 10 años mi familia cambió mucho, ya no es igual como cuando mis hijos tenían a su hermano. Ahora hay tristeza y coraje porque no resuelven este asunto, porque no nos dan respuesta. Antes mis hijos me preguntaban ¿cómo estás mamá, no estás enferma? Pero ahorita se han olvidado, se han cansado de esperar. Se enojan conmigo porque no les puedo decir cuándo vamos a saber de mi hijo.
A veces me enfermo y me quedo en cama pensando en mi hijo. Voy al doctor y me recupero un poquito. Aquí ando porque extraño a mi hijo, no sé qué voy hacer si no aparece. Ando mal de la vesícula, según me van a operar, pero todavía no se ha podido. Mi esposo esta enfermo, ya no puede caminar, antes él andaba gritando en la calle, pero se ha puesto delicado y tengo que seguir yo. La poca respuesta del gobierno nos está matando.
Me da coraje por qué no nos quieren decir a dónde se los llevaron, ¿dónde están? Solamente me la paso llorando, pensando cómo está mi hijo, cuándo va a regresar, en qué día. Hay días en que me paro en la puerta para esperarlo y así se me va el día. La tristeza me mata.
Ahorita ando en la jornada de lucha y sus hermanas están preguntando qué me dicen las autoridades. Así pasa cuando voy a una reunión, me pregunta la familia ¿qué dijo el gobierno? Nada, lo mismo. Y qué más les puedo decir a mis hijas. Nada más me pongo a llorar. ¿Qué cosa hizo mi hijo? Solamente vino a estudiar, no vino a hacer otra cosa. Somos gente humilde, pobres, no tenemos dinero para pagarle una mejor escuela a mi hijo. Quería estudiar para salir adelante.
Antes iba con los Xiñá (sabios) a preguntar si podían decirme que pasó con mi hijo. Algunos me decían que va aparecer, pero dentro de varios años, otros decían que no veían alguna señal de él. Lo que hago es un novenario de misas cuando tengo dinero. Por ejemplo, hace dos meses hice uno especialmente para él, y aparte hago otro novenario para los 43, porque no solamente a él se lo llevaron, también a sus compañeros. No puedo hacer una misa grande, aunque sea de 20 pesos en Tlacoapa o en Tlapa. Ruego a Dios para saber dónde está mi hijo.
Estos 10 años han sido muy duros porque desde que pasó la desaparición de mi hijo nuestra vida dio un giro muy radical. Es algo que no te esperas. Siempre fuimos una familia unida, convivíamos todos los fines de semana, salíamos a comer, a las fiestas, y desde que pasó esto nuestra vida ha sido muy diferente. Ya no son los cumpleaños que eran antes, ni las fiestas donde iba toda la familia porque nos falta él en la mesa. Ha sido un golpe muy duro. Tener que aguantar 10 años sin poder verlo, sin poder abrazarlo, sin poder tenerlo.
Los primeros meses fueron fatales, mi esposo se vino a luchar tres meses porque yo quería morirme, no tenía fuerza ni noción de lo que me pasaba.. Yo prefería morirme si no lo encontraba, pero mi hija me alentó. Al paso de un año me salió una fuerza enorme, un coraje y una impotencia que cuando yo me venía para la Normal a las reuniones trataba de pelear, de sacar el coraje con las autoridades. Los maltrataba porque sabía que tenía la razón, ¿por qué se llevaron a mi hijo si no les hizo nada? Mi dolor lo convertí en rabia, me hice más resistente, no he de llorar, he de mantenerme fuerte, decía. Hay ratos en que tengo que desahogarme para agarrar fuerzas. Mi esposo me dice yo hago todo, tú descansa para que vayas a luchar, ve y saca todo tu coraje. Saqué una fuerza que ni yo misma me reconocía, tenía coraje contra el gobierno porque desaparecieron a nuestros hijos, pero no me voy a dejar. No hay una explicación concreta de todo el sufrimiento, tenemos que pelear. ¿Por cuánto tiempo más? Es lo que le pregunto a los del gobierno y no me responden.

Las drogas sintéticas están encontrando en las nuevas generaciones de la Montaña a sus mejores consumidores. La entrada del fentanilo a comunidades me’ pháá y na’ savi de San Luis Acatlán, Iliatenco y Malinaltepec está causando estragos entre los estudiantes de educación básica y media superior. En el 2022 el consumo de fentanilo provocó la muerte de dos niños me’ pháá de 15 años, de Tierra Colorada. En el 2021 una niña de 5 años comió una gelatina que compró en una pequeña tienda de Santa Cruz el Rincón. El hospital de Ometepec informó a sus familiares que tuvo una intoxicación por consumo de alguna droga.
La distribución de las pequeñas bolsitas de fentanilo, cuyos precios oscilan entre 150 a 300 pesos dependiendo de la calidad, se hace de manera discreta pero efectiva. La red de vendedores que van puebleando son los que introducen estos opioides En la oferta de los productos que venden establecen contacto con los que tienen pequeñas misceláneas para promocionar estas bolsitas. También llevan golosinas que contienen pequeñas dosis de droga para generar adicción entre los niños y niñas. Es un negocio criminal que se ha instalado en las tienditas de las comunidades sin que las autoridades ni personas mayores, lo hayan detectado para tomar medidas acordes a los graves daños que está causando a sus hijos.
Los impactos de la distribución, sobre todo, el consumo de drogas sintéticas entre los niños, niñas y jóvenes no lo han dimensionado las comunidades donde ya circula en las escuelas. Algunas autoridades agrarias que han intercambiado información sobre lo que está pasando en sus comunidades están planteando este problema en las reuniones y asambleas que tienen. Pocos maestros se han interesado en plantear esta situación de los estudiantes porque temen que las madres y padres tomen represalias contra ellos.
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en la Montaña (CRAADET) ha planteado en algunas reuniones y asambleas este tema. Por lo delicado del asunto se va abordando con cierta precaución, por los vínculos que algunas personas han establecido con los que distribuyen estas sustancias ilícitas. En una asamblea en Pueblo Hidalgo se preguntaban “¿por qué se nos dificulta hablar de los asesinatos, desapariciones y secuestros que han sucedido en San Luis Acatlán o los feminicidios que se han consumado en Cuanacaxtitlán? Se ha guardado silencio sobre los enfrentamientos que se han dado entre grupos del crimen organizado con elementos de la Guardia Nacional en Iliatenco y se ha preferido ignorar la presencia de gente armada en varias comunidades de la Costa Chica y Montaña y en el municipio de Acatepec”.
Comentan que hay miedo de enfrentar a la delincuencia porque no hay una respuesta colectiva, sólo las autoridades comunitarias asumen el riesgo y esto tiene consecuencias fatales, porque los dejan solos y luego son asesinados. El consejo de autoridades agrarias ha tenido que asumir este desafío impulsando la reflexión al interior de los espacios comunitarios, para tomar medidas que contengan esta red de distribución del fentanilo. En Iliatenco, la CRAADET decidió impulsar acciones informativas entre los jóvenes porque han estado al margen de este movimiento en defensa del territorio. Las autoridades agrarias han planteado de diferentes maneras esta disyuntiva ¿Quiénes van a seguir defendiendo nuestras tierras, cuando sabemos que la amenaza a nuestro patrimonio seguirá por generaciones?, no hay otra opción que involucrar a los jóvenes, también a los niños y niñas a través de las escuelas. Las autoridades agrarias han acordado con los directivos de las instituciones educativas, de brindar información a los estudiantes sobre la grandeza de su cultura y su territorio. La importancia de cuidar y defender su hábitat. La respuesta ha encontrado eco y las autoridades han tenido reuniones en Santa Cruz del Rincón y la cabecera municipal de Malinaltepec. También entablaron contacto con las comunidades de Colombia de Guadalupe, Tilapa, Tierra Colorada, Potrerillo y Cruz Tomagua.
En las asambleas se analizan otras experiencias donde las luchas por el territorio, la defensa del río, del agua, del oro y la plata han quedado truncas porque el crimen organizado se ha apoderado de su entorno natural. El caso de Carrizalillo es muy ilustrativo. La lucha que emprendieron los ejidatarios fue ejemplar porque cerraron la mina, y a pesar de ser reprimidos por el gobernador Zeferino Torreblanca, se mantuvieron firmes en sus demandas. Lograron algunos avances, sin embargo, las divisiones internas y sus alianzas con los grupos de la delincuencia los colocó contra el paredón. Ahora ya no son los ejidatarios quienes tienen el control de su enclave minero, son las empresas criminales.
En las asambleas se han analizado de forma autocrítica los procesos organizativos que se han debilitado, a causa de conflictos internos o por intereses ajenos a la comunidad, también por la infiltración del crimen organizado o la instalación de sus negocios ilícitos. El riesgo mayor que corren, son los grupos delincuenciales que hacen alianza con gente local, ya sea para hacer negocios o para representar sus intereses dentro de las asambleas. Han vislumbrado la posibilidad de que alguien de la comunidad pueda pactar con grupos delincuenciales para permitir la entrada de estas drogas, generando graves daños a la comunidad, sobre todos a la niñez y la juventud.
Lo que causa pesar y preocupación entre las comunidades de San Luis Acatlán, Iliatenco y Malinaltepec es que se están registrando intoxicaciones de niños en Iliatenco, en Tierra Colorada y en Santa Cruz del Rincón. En el caso de Santa Cruz del Rincón, varios niños y niñas, sin tener conocimiento, han estado consumiendo drogas. Una niña de preescolar se intoxicó al consumir una golosina, se la llevaron a urgencias el hospital de San Luis Acatlán y también detectaron que fue por consumo de alguna droga. La niña se salvó. Las autoridades de la comunidad iniciaron una investigación para saber qué había pasado y descubrieron que una señora fue quien le vendió la golosina.
En Tierra Colorada había tres niños de preparatoria que consumían fentanilo, dos fueron tratados medicamente en Acapulco, mientras uno murió por sobredosis. Nadie sabía que su muerte tenía que ver por el consumo de fentanilo. Le informaron a sus padres que se había infartado, la causa por los estragos del fentanilo.
Los padres de un joven de 15 años que consumía drogas en la comunidad de Tilapa lo llevaron a un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos en Tlapa. El encierro de nada le sirvió, se requería una atención especializada para darle un tratamiento adecuado. Al regresarlo lo mantuvieron aislado en un cuarto. El encierro le complicó el cuadro de su enfermedad, profundizó su ansiedad y alimentó la idea del suicidio. A los pocos días el joven se quitó la vida. El caso conmocionó a la población y destapó lo que ya era un secreto a voces, que varios niños y jóvenes enfrentaban grandes problemas de adicción. Durante más de un año las autoridades comunitarias platicaron en los 13 anexos del núcleo agrario de Tilapa para que la gente conociera el grave problema del consumo de drogas entre los jóvenes para darles un seguimiento más apropiado, que no los criminalice ni estigmatice. Es muy complicado el escenario porque las autoridades de los 3 niveles de gobierno están al margen de este grave problema de salud pública.
Las autoridades de Santa Cruz del Rincón tienen registrado que el fentanilo lo distribuyen a través de los puestos de chamoyadas, piñas coladas, jugos congelados y otros preparados. Es decir, que voluntariamente no lo están consumiendo, sino que los están induciendo a que consuman. Ahora comer pastel, gelatina y otros preparados resultan ser un peligro para el cuidado de la salud de los niños y jóvenes.
El fentanilo entró por Marquelia, Azoyú y San Luis Acatlán. Los niños la identifican bien, se han vuelto expertos en el conocimiento de la calidad de este opioide. En las escuelas secundarias los alumnos aseguran que el blanco es mejor, pero es más caro, mientras que el de color amarillo es de menor calidad y es barato. Lo aterrador es que la esperanza de vida de los jóvenes que la consumen no rebasa los tres años. El consumo del opioide es el inicio de la carrera delictiva de varios jóvenes. Los homicidios y feminicidios llevan esta marca aterradora de los delincuentes. Son consumidores de fentanilo.
Tilapa reaccionó ante el incremento del consumo de fentanilo y cristal. Ante la indiferencia de las autoridades federales y estatales, decidieron formar su propia guardia comunitaria denominada Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti) que cuida el núcleo agrario de Tilapa. El 8 de abril de 2024 hicieron pública su presentación. La guardia empezó a realizar retenes porque se preguntaban de dónde venía la droga y se dieron cuenta que era a través de los vendedores de muebles que proceden de Puebla. Esta investigación les ha permitido identificar la red de distribución y puntos de venta. La gran tarea es cómo desarticular estas redes y cómo extirpar de sus comunidades este negocio de la muerte. Cómo obligar a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a que asuman su compromiso de combatir este flagelo. Emplazan a la Guardia Nacional a que se abstenga de criminalizar y perseguir a los policías del Serti y que en verdad se sumen a la causa de los pueblos de la Costa Montaña: de cuidar y proteger a sus hijos del crimen organizado.