La presidenta Claudia Sheinbaum, al rendir protesta como primera presidenta de México y al recibir la banda presidencial de manos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez Hernández, resaltó el reconocimiento “no solo a las heroínas de la patria, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la Presidencia y las que lucharon por su sueño y lo lograron , las que lucharon y no lo lograron”.
“Hoy primero de octubre del 2024 inicia la segunda etapa, el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la Colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de esta nuestra hermosa Nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas”.
A los 100 días de su gobierno la Presidenta de la República informó que “entre septiembre y diciembre de 2024 se aprobaron 12 reformas constitucionales y 16 leyes que establecen (varias) garantías …Una reforma muy importante y trascendente (es que) las mujeres ya estamos en la Constitución con reconocimiento a la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y a trabajo igual, salario igual. Como lo dije cuando tomé posesión. No llego sola, llegamos todas … Este año 2025 lo dedicamos a la mujer indígena para enaltecer el origen de México y reconocer y dar voz a quienes quisieron callar durante cientos de años. ¡Que vivan las mujeres indígenas de México!
En la Montaña de Guerrero las voces de las mujeres indígenas aún no son escuchadas ni atendidas por los tres niveles de gobierno. La violencia feminicida sigue cobrando víctimas. En los 100 días del nuevo gobierno se han consumado cuatro feminicidios. Las mujeres indígenas siguen padeciendo los estragos de un sistema de justicia patriarcal, misógino y opresor. El analfabetismo secular impuesto por un modelo educativo etnocéntrico y monolingüe ha cerrado las puertas a las mujeres indígenas que son confinadas a padecer el maltrato y discriminación. Han truncado sus sueños para asumirse como mujeres libres y empoderadas, forjadoras de su propio destino. El abandono gubernamental ha incubado las violencias que padecen desde pequeñas. La discriminación y el racismo las ha estigmatizado y cosificado. La miseria ancestral orilló a sus padres a mercantilizar las alianzas matrimoniales tempranas. El sistema de justicia estatal se ha confabulado con los feminicidas culpando a las mujeres de sus tragedias.
El caso de Leuteria Reyes Benito, indígena na savi de Cruz Fandango, municipio de Alcozauca fue asesinada por el policía municipal Herminio quien de manera cobarde le causó múltiples heridas en todo su cuerpo con un arma blanca. Leuteria nació el 26 de enero de 1993 en una casa de adobe. Una partera auxilió a doña Catalina para que llegara al mundo su primogénita. Sus primeros pasos los dio en el piso de tierra. El hambre es el flagelo que padecen de generación en generación. Era la mayor de nueve hermanos: tres mujeres y seis hombres.
Su papá Zacarías comenta que Leuteria “creció en el cerro. A los 3 años estudió el kínder en Cruz Fandango. Terminó la primaria, pero desgraciadamente no tuve dinero y por eso dejó la escuela. Como era la más grande me ayudaba a sembrar y aprendió todo el trabajo duro de la parcela. Tenía muchas ganas de estudiar, pero lo único que le pude dar fue el conocimiento de cómo sembrar maíz, frijol y calabaza. A la mejor si hubiera estudiado no le hubiera pasado esto”. Cuando tenía 19 años se fue para Alcozauca a buscar trabajo. Ahí conoció a Arturo con el que vivió 10 años en la colonia Cruz Verde. Tuvieron cuatro hijos: el mayor tiene 11, le sigue uno de 10, otro de seis y el último de 4 años. A pesar de que salió de la casa nada mejoró para ella, más bien empeoró porque su esposo la golpeaba.
Una amiga de Leuteria comentó que sufría mucho porque “siempre estaba delgada y mal vestida. La veía sentada en el patio de su casa, siempre triste. Luego se vió el cambio cuando dejó a su esposo, el brillo de su rostro era otro”.
Leuteria decidió separarse en marzo de 2024. Pidió el apoyo de la sindicatura municipal para pelear la guarda y custodia de sus 4 hijos, pero Arturo con amenazas no se lo permitió. No se dio por vencida, buscó ayuda con el Juez de Paz y logró negociar con su marido. Fue una negociación desventajosa porque la condicionaron a que construyera su casa para quedarse con sus hijos. Ante tantos obstáculos, no tuvo más alternativa que regresar a Cruz Fandango sin sus hijos, con la esperanza de construir una casa. Sin trabajo en su pueblo su martirio fue mayor porque solo cada 15 días podía visitar a sus hijos, además del maltrato que sufría por parte de la familia de Arturo.
A los 2 meses regresó a Alcozuaca. Aprovechando la coyuntura electoral se acercó con el candidato a presidente, Crispín Agustín Mendoza, quien días antes había visitado su comunidad. Al regresar a la cabecera tuvo oportunidad de ver más seguido a sus hijos. Al ganar la elección Crispín se animó para pedirle trabajo. Se quedó como policía municipal. Fue una gran satisfacción para Leuteria porque se hizo la ilusión de construir su casa para vivir con sus hijos. Zacarías quedó contento porque ya estaba trabajando.
Nunca imaginó que el policía Herminio, su compañero de trabajo, la hostigaría constantemente. Le decía que estaba “loca” y que solo estaba ahí porque quería andar con hombres. Las guardias que le tocaba con Herminio eran un infierno porque siempre la molestaba. A pesar de que se atrevía a decirle que la respetara, el acoso seguía. La amenazó con hacerle daño si no le hacía caso para tener relaciones sexuales. Leuteria se negó, pero Herminio en todo momento la acosó.
En diciembre Leuteria logró que la cambiaran a Tránsito Municipal, sin embargo, la situación no cambió porque Herminio se empeñó en asediarla. Sabía dónde vivía y con qué señora vivía. El domingo 5 de enero, le llegó la noticia a Zacarías de que su hija estaba grave en el hospital de Alcozauca, solo le dijeron que la habían agredido con un cuchillo. El reporte del servicio médico forense registró 33 lesiones en todo el cuerpo.
“Me dijeron tu hija está grave. Estaba muy herida. La tenían con aire, pero ya no funcionaban sus pulmones. Se la llevaron a Tlapa. Unos médicos decían que sí iba a sanar, pero otros decían que iba a morir. Cuando llegué estaba una doctora y me dijo tu hija no va a vivir porque tiene muchas puñaladas. Estuvo en el hospital general. De ahí se llevaron el cuerpo a Chilpancingo. Estaban indecisos, pero yo les dije ¡vamos!, hay que hacerle la lucha, si pierde la vida ni modo. Llegamos allá, comenzaron a revisarla y dijeron que ya no podía respirar. Solo me dijeron ya se murió. Como a ellos no les dolió la muerte de mi hija, me ordenaron que me la llevara ‘porque ya no podemos hacer nada’. Me traje el cuerpo hasta Tlapa. Cuando llegué a la Fiscalía me dijeron ‘no te la puedes llevar porque necesitamos checar cómo está. Otra vez se llevaron su cuerpo a Chilpancingo y tuve que ir otra vez para que me entregaran a mi hija. Me hicieron sufrir mucho porque nadie te ayuda. Nos hacen gastar dinero y nos obligan a dar muchas vueltas. A mi hija la enterramos este miércoles. Hasta entonces pude llorar, cuando llegué a Cruz Fandango”.
El sábado 11 un grupo de mujeres de Alcozauca marcharon para exigir justicia: “El gobierno pensó que intimidándonos nos va a callar, que yendo a nuestras casas ya no vamos a alzar la voz, pero vamos a exigir justicia para que este caso no quede en la impunidad. Que se escuche claro para que llegue a los oídos de la presidenta Claudia y de la gobernadora Evelyn, y volteen a ver al municipio de Alcozauca porque ya no aguantamos tanta violencia e inseguridad. Los policías que según están para cuidarnos nos están matando. No tenemos confianza, andan con la cara tapada, como si fueran delincuentes. Con lo que hizo Herminio está claro que son delincuentes. En Alcozauca han ocurrido tres feminicidios y también hay secuestros virtuales de niñas de la secundaria y las autoridades no hacen nada. Las mujeres nos vamos a organizar como lo hacían nuestras abuelas y abuelos, para hacer justicia como pueblo, para que dejen de secuestrar, para que dejen de matar porque con la justicia del gobierno los asesinos pagan y salen libres”.
“La gobernadora que tanto dice que protege a las mujeres, no vemos nada claro de lo que hace en favor de las mujeres indígenas. Los gobiernos todo el tiempo dicen que no tienen dinero. Para los pobres nunca va a haber dinero, porque se lo roban los políticos. Si en verdad el gobierno está tan pobre ¿por qué muchos quieren ser presidentes municipales, diputados y gobernadores? Por sus ambiciones mezquinas, la violencia no se para. Las mujeres de la Montaña seguimos desamparadas, nadie nos ve y a nadie les duele nuestras muertes. Somos mujeres y merecemos respeto. Exigimos a la gobernadora y a la presidenta de la República, que protejan nuestras vidas. Sentimos que por ser indígenas no nos hacen caso, por eso a Leuteria la mataron. Aún no llegamos todas”.

A todos los colegas del gremio periodístico de Guerrero, les patentizamos nuestro aprecio y admiración por su compromiso y arrojo. En medio de múltiples riesgos y malos tratos de los gobernantes, siempre han estado al lado de los silenciados y explotados.

Después de la pandemia de Covid 19, varios compañeros y compañeras migrantes experimentamos la fragilidad de nuestras vidas, la soledad que padecemos y que nos hizo tocar fondo. Muchos paisanos murieron sin que nadie pudiera auxiliarlos. A todos nos marcó esta tragedia porque sentimos cómo nuestra vida se escapaba. Lo más cruel era que a nadie de los americanos que nos veían sufrir, les preocupaba lo que nos pasaba. Para la mayoría de ellos, nosotros no existimos, ni valemos.
Los mismos paisanos que ya llevan años viviendo se portaron igual, nos miraban con desprecio y nos dejaban morir en nuestros cuartos. Es algo muy duro, que lamentablemente ya lo padecemos como algo cotidiano. No queda otra que endurecer nuestra piel y tragar nuestras lágrimas. Así resistimos y luchamos, haciendo frente al racismo y padeciendo la discriminación en el trabajo y en la misma calle.
Por eso tomamos la decisión de organizarnos como indígenas, de acuerparnos como hermanos y de asumir nuestra identidad con orgullo. El 18 de diciembre de 2020 conformamos el Consejo de Pueblos Originarios en la ciudad de Nueva York, como un espacio abierto para todos los que se adscriben a un pueblo indígena. Fue muy complicado lograrlo, sin embargo, con el ímpetu de varios compañeros que han asumido la defensa de nuestros derechos, nos unimos y compartimos los problemas en común para hacer visible nuestra existencia como migrantes indígenas.
Con el paso del tiempo logramos que el consulado mexicano abriera una ventanilla para la atención directa de la población indígena. Este logro parece insignificante, pero es de gran relevancia porque logramos simplificar todo el trámite burocrático que implica conseguir una cita con el cónsul. Los paisanos que tienen problemas ya saben que los días viernes pueden llegar a la ventanilla para ser atendidos. El jueves también brindan atención a los deliveristas.
Ante las amenazas que arrecian en varios medios de comunicación, que regularmente ven nuestros paisanos en Estados Unidos, como Univisión, se ha generado una psicosis por la información que constantemente vierten sobre las deportaciones masivas. Todo es un caos porque nadie sabe con certeza qué es lo que va a pasar. Se habla mucho de que esto pueda suceder. Mucha gente lo celebra y lo notamos por las actitudes de quienes se sienten americanos, al tratarnos como lo peor, como los causantes de todo lo malo que hay en Estados Unidos. Su racismo sale a flote y muchos se sienten engallados por el triunfo de Trump. Los mismos policías cuando nos revisan por cualquier motivo, nos dicen que con la llegada del nuevo presidente las reglas van a ser diferentes. Con ese tipo de comportamientos quieren demostrar su poder y hacernos sentir que nada valemos. El miedo se ha arraigado más entre la población migrante que se encuentra en estancias que el mismo gobierno abrió para brindarles un espacio temporal. Temen ser los primeros deportados, por eso algunos han optado por salir de la ciudad de Nueva York. La mayoría vamos a esperar a que llegue el momento. Es duro soportar este trance, sobre todo, de aguantar el discurso de odio impulsado por el nuevo presidente que alienta la animadversión y la criminalización solo por ser migrantes.
Hace 3 semanas firmamos un convenio con el consulado de Nueva York, con el fin de contar información fidedigna sobre las acciones que emprenderá el gobierno de Trump y cómo el gobierno de México nos va apoyar para afrontar estas amenazas. Habrá abogados que nos asesorarán, también han elaborado una cartilla para saber qué hacer si llega la migra a nuestros domicilios. Regularmente lo que han hecho es meterse y llevarse a todos los que ahí encuentran, pero eso es ilegal, porque violas el domicilio y no está permitido hacer razias. Tenemos que aprender a defendernos, porque los migrantes tenemos los mismos derechos que cualquier persona, solo que por estar en otro país nos criminalizan y estigmatizan. El consulado también nos apoyará con la traducción en nuestras lenguas del folleto que nos proporciona la información básica sobre los derechos que tenemos como personas migrantes.
Las últimas redadas se han dado en las tiendas departamentales, sobre todo en los estacionamientos. Ahí Ubican a los paisanos que van en sus carros. Les piden sus documentos y con ese pretexto los detienen y los suben en las patrullas de migración. En esas circunstancias no puedes hacer nada porque te agarran en la vía pública, por eso, tiene uno que ubicar los lugares de mayor riesgo. Como paisanos tenemos que ayudarnos y estar alerta ante acciones ilegales y violentas por parte de los policías, que en su mayoría están entrenados para someter y golpear salvajemente a la gente indefensa.
Las y los guerrerenses que viven en Estados Unidos se han arraigado en Chicago, Atlanta, Virginia Beach y Nueva York. Los más prósperos son empresarios, dueños de restaurantes, de tiendas de conveniencia o de autoservicio que importan productos mexicanos, sin embargo, la mayoría son trabajadores de restaurantes, limpian casas, principalmente con la comunidad judía. Los que más padecen los estragos del frío y la dureza del trabajo son los que contratan en las grandes construcciones o están en los campos agrícolas. Ahí empiezan las actividades desde las 4 de la mañana. A pesar de tanto sufrimiento y agotamiento físico, los jóvenes prefieren estas jornadas, porque consideran que el dólar les permite ahorrar un poco para enviarlo a sus familias. Son las remesas las que ayudan a resolver las necesidades más urgentes que enfrentan los padres, los hijos y la esposa.
Lo más crítico es que aún con estos grandes esfuerzos las nuevas generaciones de migrantes no tienen mejores condiciones de vida, son parte de la amplia franja de las familias pobres de Estados Unidos. Pocos acceden a la educación superior, principalmente por los altos costos y también por la necesidad de trabajar muy joven para que haya un ingreso más en la familia. El elitismo escolar y el clasismo imperante en la sociedad estadounidense forma parte de los muros invisibles que impiden que los jóvenes migrantes se integren en los espacios universitarios. El rezago educativo sigue reproduciéndose en la misma urbe de hierro.
La población migrante se encuentra en vilo por la llegada de Trump. La red consular de México en Estados Unidos ha organizado foros en todo el país para conocer cómo se están preparando ante la llegada de Trump, sin embargo, todo es mera elucubración. En estos foros se está impulsando las figuras de los promotores comunitarios, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado algún curso o taller para preparar esta supuesta embestida. También se comenta que los consulados liberarán recursos para abogados que puedan asesorar a gente que sea detenida, pero tampoco hay nada concreto. Cuando se les pregunta cuánto y dónde pueden consultar los fondos, la respuesta queda en el aire “se liberarán conforme se necesite”. Las comunidades de migrantes comentan que el gobierno de Trump se irá contra los que ya tienen órdenes de deportación vigente o los que están en las cárceles, sin embargo, temen que haya redadas en escuelas y en hospitales.
A pesar de que Nueva York, Chicago y Los Ángeles son ciudades santuarios, el próximo gobierno de Trump ya se ha reunido con los alcaldes, como sucedió con Eric Adams de Nueva York, el pasado 12 de diciembre, sin saber a ciencia cierta de qué hablaron.
El consulado de México se está reuniendo con iglesias y centros comunitarios para conocer la opinión de estas comunidades. Es algo muy raro que se den estos encuentros porque siempre se ha dado un distanciamiento con los centros confesionales. Hablan de todo lo que harán, pero todavía no existe la famosa aplicación en tiempo real para alertar a la comunidad migrante. Lo que actualmente funciona es el programa de FINABIEN que está enfocado a enviar remesas a México a través del banco Bienestar, sin embargo, no se ha difundido ampliamente entre la población migrante.
Difícilmente la gente imagina una deportación, saben que si retornan les tocará empezar de cero. Lo único que les queda como consuelo son sus ahorros y lo que lograron construir en su comunidad. La certeza más amarga es que no tendrán una vida similar a la de la Unión Americana. La gran incógnita es ¿qué harán en un estado como Guerrero donde impera la violencia y donde no existen fuentes de empleo? El actual gobierno de Evelyn no está preparado para hacer frente a un escenario adverso ante la inminente deportación de muchos guerrerenses. A nivel federal tampoco hay una ruta trazada para amortiguar esta avalancha migratoria.
La apuesta de todos es que estas amenazas no se materialicen y que el discurso beligerante del presidente Trump transite hacia un diálogo respetuoso, que no criminalice a los migrantes y que valore el gran aporte que han dado a su país. La apuesta es por la civilidad, lamentablemente el ambiente se ha enturbiado y ha emergido la xenofobia, el clasismo, el racismo en muchos sectores de la sociedad. Ellos los culpan de todos los males que han incubado los mismos gobiernos: como el armamentismo, la violencia, el alto consumo de drogas sintéticas y miles de muertes de jóvenes que la consumen; la brutalidad policiaca, la impunidad de la que gozan las élites políticas, que son inmunes ante la ley. La realidad es que la sociedad norteamericana enfrenta problemas muy graves que tiene que atender con urgencia, pero el presidente Trump ha optado por centrar su ataque contra los migrantes. Le resulta más redituable vender la idea falaz de que ellos son los culpables de todos los males que se multiplican en la sociedad americana. En realidad, lo que ha puesto al descubierto son los pies de barro de un imperio que se jacta de ser invencible.

 

En los procesos electorales, en lugar de que sean coyunturas propicias para impulsar el debate político entre los ciudadanos, los partidos y sus candidatas o candidatos, predomina un ambiente hostil marcado por campañas centradas en desprestigiarlos. Prevalece mucha desinformación y los mismos debates presidenciales se han reducido a vituperios entre las mismas candidaturas, quedando en segundo plano sus plataformas políticas y sus planteamientos de fondo orientados a resolver los grandes problemas nacionales que nos aquejan. En todos los niveles el clima político es de confrontación y descalificación.
Esta animadversión genera desencanto y desinterés entre amplios sectores de la población, por eso muchos electores solo esperan a que llegue el día de las elecciones para emitir sus votos. Entre los mismos candidatos predomina el discurso hueco, demagogo y superficial. Sus equipos se centran en generar una buena imagen y se preparan para dar la pelea en las redes sociales y en la cooptación de líderes para corporativizar y comprar los votos. Son triquiñuelas que se arman en sus cuartos de guerra para asegurar los votos cautivos y amarrar con dinero a los indecisos. Este ambiente turbio propicia que el dinero mal habido circule entre los candidatos que asumen compromisos en la penumbra, con patrocinadores que tienen intereses económicos y extralegales.
Con este telón de fondo, afloró la violencia focalizada contra los candidatos para presidentes municipales. La disputa política se concentró en el poder municipal, porque los grupos políticos saben muy bien que ahí se manejan muchos millones de pesos y que están en posibilidades de acceder a estos presupuestos estableciendo acuerdos con sus candidatos. En los gobiernos locales está el negocio seguro.
Lamentablemente este torbellino de la violencia política atentó contra la vida de varios personajes que se preparaban para ser candidatos o que ya estaban en la contienda electoral. Iniciando el año, en la región de la Montaña, el aspirante del PRD a la alcaldía de Atlixtac Marcelino Ruiz Esteban y su esposa Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del mismo partido, fueron arteramente asesinados cerca de la comunidad de Atempa, municipio de Chilapa, cuando se trasladaban a la ciudad de Chilpancingo.
El 8 de febrero Abraham Ramírez Rincón, fundador de Morena en Huamuxtitlán y padre de Rosalba Ramírez, una joven aspirante a la alcaldía, fue asesinado a balazos en el barrio de El Rosario de la cabecera municipal. En ese mismo mes el regidor de Cualac Manuel Eugenio Arriaga, aspirante a la alcaldía por el Partido del Trabajo (PT), fue encontrado muerto por envenenamiento. El 3 de marzo en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez es asesinado el pre candidato para alcalde por el PT Alfredo González Díaz.
En la Costa Grande la violencia se focalizó en el municipio de Coyuca de Benítez. El 16 de mayo fueron encontrados los cuerpos del candidato a regidor Aníbal Zúñiga Cortés y su esposa Rubí Bravo, estaban en la batea de una camioneta en el puerto de Acapulco. Diez días después matan al candidato de la coalición del PRI, PRD y PAN José Alfredo Cabrera Barrientos cuando se dirigía al templete que habían instalado para el cierre de su campaña. A pesar de que estaba acompañado por elementos de la Guardia Nacional, nada impidió para que una persona accionara el arma al subir el candidato las escalinatas.
El 15 de junio, a dos semanas de la jornada electoral fue asesinado el alcalde electo de Copala, capitán de fragata retirado Salvador Villalba Flores. Lo insólito fue que recibió dos balazos cuando viajaba en un autobús que había salido de la Ciudad de México. Su triunfo lo obtuvo con el partido Alianza por México. En ese mismo mes asesinaron al presidente de Malinaltepec Acacio Flores Guerrero, quien no pudo refrendar su triunfo para un segundo período. En la tarde del jueves 20, después de inaugurar dos obras en la comunidad de Alacatlatzala, un grupo de personas encapuchadas lo esperaba en el interior de la delegación Guadalupe. Nunca imaginó que al pasar lo recibirían con golpes y le asestarían un tiro en la cabeza, que en el instante lo privó de la vida.
El mapa electoral reconfiguró a los grupos políticos y generó un reacomodo entre las organizaciones delictivas. La violencia poselectoral que se dio en la capital del estado, con el asesinato del nuevo presidente municipal Alejandro Arcos Catalán, precedido de los asesinatos de quienes serían su secretario general y su secretario de seguridad pública son mensajes funestos de que los poderes fácticos tienen también su cuota política y económica. El escenario para el nuevo trienio preludia una descomposición mayor de las instituciones gubernamentales y una supeditación de los gobiernos locales a los intereses extralegales y mafiosos.
El año que termina también estuvo marcado por una violencia extrema. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dan la pauta: en la entidad se registraron de enero a noviembre mil 693 homicidios. En enero hubo 145; en febrero 159; marzo 131; abril se elevó a 160; mayo bajó a 148; junio subió a 170; julio ascendió a 178, mientras que el mes de agosto fue el más alto con 179. Septiembre bajó a 114; octubre 175 y noviembre cerró con 134.
Varios casos nos indican la exacerbación de la barbarie. En los primeros 10 días del 2024, 14 personas fueron asesinadas, tres de ellas en Chilapa; seis en un palenque en Petatlán y cinco fueron encontradas calcinadas dentro de un vehículo en Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, debido a una posible confrontación entre organizaciones delictivas. En la mañana del 12 de febrero fueron encontrados en la carretera Chilapa-Tlapa los restos de una familia nahua de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín de Herrera. Cecilia Gaspar y José Teodoro Domingo, ambos de 52 años, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años que estaban desaparecidos desde el 19 de enero en Zacatepec, municipio de Chilapa. El 20 de febrero un enfrentamiento entre el grupo de los Tlacos contra la Familia Michoacana dejó 17 personas muertas, en la comunidad de Las Tunas, municipio de San Miguel Totolapan, por la férrea disputa territorial que no cesa.
El 22 de febrero la ciudad de Tlapa quedó consternada ante el feminicidio de la maestra Griselda Martínez Morán, originaria de Tlacuiloya, municipio de Tlapa. Su probable asesino fue su novio, quien la apuñaló en el cuarto donde vivía. En redes sociales se mencionaba de forma anónima que la misma noche de su asesinato, su novio compartió un video de WhatsApp donde “ella estaba tirada y él sostenía el cuchillo, estaba hablando y diciendo que eso le pasaba a ella por faltarle el respeto”.
El 26 de marzo la niña Camila fue secuestrada en Taxco por sus vecinos. A pesar de que Margarita, la mamá de Camila, estaba dispuesta a entregar el dinero a cambio de que le devolvieran a su hija, nunca se la entregaron; por el contrario, su pequeño cuerpo fue encontrado en una bolsa negra en la carretera Taxco-Iguala. Este crimen atroz enardeció a la población y el 27 de marzo Ana Rosa y sus hijos Axel y Juan Alfredo, secuestradores de Camila, fueron sacados de su casa y linchados en la calle sin piedad. A mitad de año, el 14 de junio, Isabi Ortiz, hijo de Felipe Ortiz, ex alcalde de Metlatónoc, fue asesinado mientras se encontraba haciendo obras públicas en el municipio. En venganza, vecinos de Loma Bonita y otros poblados de Metlatónoc mataron a tiros a los tres presuntos responsables.
El 3 de agosto cinco hombres fueron abatidos en un enfrentamiento entre un grupo armado y la Guardia Nacional y el Ejército en la comunidad de Oxtotitlán, municipio de Teloloapan. Decomisaron ocho armas largas y una corta; más de 50 cargadores, más de 900 cartuchos útiles de diverso calibre, equipo táctico y dos vehículos tipo pick up, puestos a disposición de la FGE.
En la Montaña de Guerrero el 7 de agosto, el primer reporte fue de siete personas asesinadas y cuatro heridas en un enfrentamiento entre hombres armados en el crucero de Amatlicha e Ixcamilpa, en Olinalá.
Del 21 al 27 de octubre desaparecieron en la comunidad del Epazote, municipio de Chilapa, 17 vecinos de la comunidad de Chautipan, 5 menores y 2 mujeres que regularmente salen a vender enseres domésticos a las comunidades rurales. Ante la exigencia de los familiares de que las autoridades agilizaran las búsquedas, el comandante de la 35 Zona Militar anunció un aparatoso operativo con helicópteros y fuerzas especiales, sin embargo, no dieron con su paradero. Lamentablemente esa misma noche aparecieron 11 cuerpos, entre ellos 2 mujeres y 2 menores, en una camioneta abandonada frente al hotel Parador del Marqués al sur de Chilpancingo.
La irrupción de un grupo armado en la madrugada del 24 de octubre en la cabecera municipal de Tecpan de Galeana que amenazó con sacar al grupo de los Granados, dejó un saldo de 34 personas asesinadas y 21 detenidos, entre ellos identificaron a 16 guatemaltecos, 1 salvadoreño y 4 mexicanos. En la refriega fueron asesinados dos policías.
El 8 de octubre, varios grupos de la Policía Comunitaria de la Casa de Enlace de San Juan Escalerilla, municipio de Zapotitlán Tablas acudieron a Olinalá para liberar a una persona secuestrada. En la balacera detuvieron a dos jóvenes que fueron amarrados, golpeados y sus cuerpos quemados. El 27 de octubre, habitantes de Huitzapula se enfrentaron a balazos con los policías de San Juan. El saldo fue una persona asesinada y otra herida. El pasado 15 de diciembre decenas de comuneros de Zapotitlán Tablas, Acatepec y Atlixtac se organizaron para impedir el paso al Ejército en la comunidad de Cerro Verde. La población reclamó a los militares su inacción ante las llamadas de auxilio que requieren de su intervención. Le advirtieron que no regresaran a la región, porque la seguridad la van a brindar los mismos pueblos con el apoyo de su Policía Comunitaria.
Los huracanes de la violencia con el huracán John han devastado la precaria infraestructura del puerto de Acapulco y sobre todo de las comunidades rurales que sobreviven en el fango del olvido. El horizonte se ha enturbiado por la falta de rumbo y por el distanciamiento de las autoridades con la población que no se siente escuchada ni atendida. Lo más grave es que los poderes fácticos parecen tomar el timón en varias regiones del estado.

Toda nuestra solidaridad para las defensoras y defensores del medio ambiente de Tlapa. A casi un año de su lucha por la recuperación de la plazuela, el gobierno del estado los ha criminalizado y el gobierno municipal los ha ignorado, generando un ambiente de ingobernabilidad.

El 6 de octubre de 2012, en la Ciénega, Malinaltepec se formó el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) para hacer frente al proyecto de reserva de la biosfera y las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Eco-nomía en los territorios comu-ni-tarios de la Montaña y Costa Chica. La gran amenaza era el mismo gobierno federal que pretendía con-trolar el territorio sagrado de los pueblos con la declaratoria presi-dencial. Los emporios mineros se frotaban las manos para establecer convenios de exploración y explo-tación con las autoridades agrarias y el mismo gobierno federal.
Las comunidades mè’phàà, na savi, ñancue y el pueblo afromexicano tuvieron conocimiento de los planes truculentos que impulsó el gobierno del estado tratando de cooptar a los comisariados de bienes comunales para que se encargaran de convencer a los comuneros sobre las bondades de la reserva y los beneficios que obtendrían. Utilizaron a los estudiantes de la Universidad Intercultural de la Ciénega para que se encargaran de recabar las firmas y entregar las actas de asambleas en la que supuestamente autorizaban la creación de la reserva de la biosfera.
Los pueblos de la Montaña desbarataron estos planes perversos cuya intención era despojar las reservas acuíferas y boscosas y toda la riqueza biótica que por siglos han preservado las comunidades indígenas.
En las asambleas regionales las comunidades tuvieron información fidedigna sobre el número de hectáreas que abarcaría la reserva de la biosfera y el número de hectáreas que había concesionado el gobierno federal, sin haber consultado a las comunidades. Se trataba de 157 mil 896 hectáreas para la reserva de la biosfera y había alrededor de 250 mil hectáreas concesionadas para la explotación minera. 14 se ubicaban en la Montaña y 15 en la Costa Chica.
Con esta información de primera mano las autoridades agrarias se fueron organizando. Realizaron foros internacionales y encuentros nacionales. Conocieron otras luchas en el continente y visitaron la mina de Carrizalillo, para constatar la devastación ecológica que provoca la minería a cielo abierto. Fue un gran referente la lucha emprendida en los tribunales por la comunidad de San Miguel del Progreso (Juba Wajín), que logró la cancelación de las concesiones mineras y obligó a que la Secretaría de Economía se abstuviera de emitir la declaratoria de libertad de terrenos de la comunidad de Jubá Wajín. Esta victoria inobjetable le ha dado armas a las comunidades de la Montaña y Costa Chica para defenderse y acuerparse dentro de su territorio.
Desde sus inicios el CRAADET impulsa reuniones informativas y analiza el contexto en que se hallan inmersas las comunidades. Iden-tifica las amenazas y peligros que se ciernen en la región. Ubica a los actores que atentan contra la seguridad en las comunidades y la tranquilidad en los caminos. Tiene una radiografía del territorio y conoce muy bien cuáles son las concesiones mineras que siguen vigentes. Confiaron que el presi-dente Andrés Manuel López Obra-dor cancelaría esas concesiones y así evitar que la Montaña siga siendo saqueada, sin embargo, no las tocó.
Ante la inacción de las autoridades federales para proteger los territorios sagrados de la Montaña y Costa Chica, los pueblos se han hermanado para cuidar la casa común, el hogar de todos. Por ello han abordado a los presidentes municipales para que se pronuncien contra los proyectos extractivos y nieguen permisos en el territorio que comprende su municipio.
Las comunidades agrarias han discutido y reflexionado sobre la gran importancia de preservar su territorio y de enfrentar juntos las amenazas que se presentan en varios lugares. Previendo los embates del mismo gobierno y actores con poder económico, desde 2012 han elaborado actas, estatutos y reglamentos orientados a regir la organización de sus núcleos agrarios. A pesar de este esfuerzo comunitario, el Registro Agrario Nacional (RAN) se ha empeñado en obstruir la inscripción de sus estatutos comunales. En lugar de incentivar estas iniciativas y de otorgarle un reconocimiento a sus normas internas para contar con instrumentos jurídicos que permitan a las comunidades afianzar la defensa de sus territorios, el RAN se coloca del lado de quienes quieren arrebatar sus riquezas y pisotear sus derechos.
Además de estos bloqueos de las instituciones agrarias, las comunidades enfrentan amenazas a su territorio por parte de actores externos que llegan como vendedores de muebles, refrescos, cervezas y golosinas, sin que tengan ninguna restricción. Se desplazan con total libertad e interactúan con los dueños de pequeñas misceláneas y con los mismos jóvenes. La entrada de vendedores que se desplazan en motocicletas tampoco tiene límites ni controles sobre los productos que venden. Poco a poco las autoridades han detectado que estos vendedores son también una amenaza para los jóvenes y niños, porque además de vender los productos que anuncian, algunos aprovechan esta actividad para vender cristal y fentanilo. Las madres y padres de familia han depositado la confianza en sus hijos y por lo mismo, no han puesto atención en lo que compran y consumen. Las autoridades agrarias han detectado que existe una red de vendedores de droga en la región, sin embargo, no es tan fácil identificar sus contactos a nivel local. Es complicado abordar estos temas públicamente porque hay riesgos de denunciar y por el involucramiento que puede haber entre los mismos asistentes.
Ante estas dificultades y desafíos, las autoridades del CRAADET han recomendado y acordado trabajar con los jóvenes, para cultivar vínculos de confianza e involucrarlos en el cuidado del territorio. Ellos son grandes aliados porque cuentan con más información sobre las redes delincuenciales que se dedican a la extorsión y los secuestros. Ubican a grupos que desaparecen a jóvenes que las violan y las matan. También tienen conocimiento sobre cómo se distribuye la droga entre los estudiantes y qué tanto en las escuelas hay venta y consumo de estas sustancias.
A inicios del año se conoció de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y agentes externos al territorio en Iliatenco. Otra acción delincuencial tuvo que ver con un feminicidio en San Luis Acatlán. También se han detectado casos de jóvenes intoxicados por el consumo de alguna droga atendidos en el hospital de San Luis y en Ometepec. También hay información de jóvenes que se han suicidado.
El CRAADET en el marco del XL foro abordó estos temas que solo se comparten en corto y con sigilo, pero que lamentablemente ya están afectando a las comunidades.
El crimen organizado es también una amenaza latente en la región, a pesar de la Policía Comu-nitaria. El gran problema es que hay vínculos de autoridades municipales con estos grupos y eso genera temor y desconfianza, porque la población constata que hay contubernio, que los delincuentes gozan de protección y también se erigen en otro poder que empiezan a socavar la organización comunitaria.
Han compartido experiencias que se viven en la región Norte y la Tierra Caliente, donde operan em-presas mineras. En esos lugares el control del territorio y de la po-blación lo tienen los grupos delic-tivos que operan en complicidad con los caciques y gobernantes de los municipios y del mismo gobierno del estado. El poder del crimen está por encima de los ayuntamientos y los cuerpos de seguridad del estado están rebasados y prefieren mejor colocarse de su lado. A nivel federal no hay operativos orientados a desmantelar esta red, porque saben que se ha urdido al interior del mismo aparato gubernamental. Su poder económico les permite negociar con los emporios mineros para tener sus propios dividendos.
Para las comunidades agrarias de la CRAADET son focos rojos las expresiones de violencia en muni-cipios como Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec, Xalpatláhuac, San Luis Acatlán, Marquelia, Copala, Zapotitlán Tablas, Copanatoyac, donde la situación cobra visos de ingobernabilidad. La riqueza en minerales como la plata, el oro y el zinc, son un gran atractivo tanto para los emporios mineros como para los grupos delincuenciales que pueden implementar acciones para someter a las autoridades locales, cooptarlas o amenazarlas. Es un riesgo latente que deben tomar en cuenta para prevenir y estar preparados porque su poder se incrementa y son capaces de todo.
Los pueblos han enfrentado por siglos tanto a las fuerzas del gobierno que los han reprimido y desplazado de sus territorios. También se han atrincherado para defender su territorio. Saben que la lucha es colectiva y con sus propios recursos. Lo fundamental es mantener la cohesión y la organización de base. No permitir que actores externos incidan en la toma de decisiones y mantener siempre sus reservas ante cualquier propuesta económica sea de actores del gobierno o empresariales. Están claros que a través de ellos pueden llegar los grupos de la delincuencia, que son ahora los que realizan los trabajos sucios contra los pueblos y organizaciones que defienden sus derechos y su territorio.
En estos 12 años la lucha del CRAADET es ejemplar porque han actuado sus autoridades con transparencia y tienen una retro-alimentación permanente en sus reu-niones y foros bimestrales. Com-parten los incidentes que suceden en sus comunidades y analizan las acciones a tomar. Las comunidades y sus autoridades saben que la principal encomienda es informar y tomar acciones para cuidar y pro-teger a la población. Es organizarse para hacer frente a los actores externos y salir a dar la batalla en todos los ámbitos de la lucha para defender su territorio ancestral.

 

(Cuarta y última)

 

Un día normal en la sierra de Guerrero. Con la brisa matutina, el último guardia levantaba a todos en el campamento porque de 6 a 7 de la mañana había ejercicio. La comisión de cocina no estaba en los entrenamientos porque se dedicaba a elaborar el almuerzo. Dejaban listo el nixtamal para moler la masa y hacer las tortillas. Tenían que llevar leña delgadita para que no hiciera humo. La guardia era permanente, el compañero responsable hacía el rol y tenía el nombre de cada uno. Le tocaba vigilar que todos pasaran. En caso de no cumplir había sanción, por eso permanecían atentos. Cada hora había cambios día y noche.
El profesor René daba unas horas de clase. Lucio impartía Historia y Filosofía. Otro hablaba del reglamento. A las 10 de la mañana tocaba el almuerzo, con el lujo de unos frijoles “apozonques”. La comida oscilaba entre las 5 a 7 de la tarde. Las horas transcurrían con las comisiones saliendo y entrando en la espesura del bosque. Las piedras y los árboles frondosos fueron testigos de la hazaña. En medio del trajinar repentinamente brincaban reptiles, venados y otros animales. Cuando se podía hacer ruido con las armas, algunos iban de cacería. No era muy común porque se ocupaba la resortera para las iguanas. Los alimentos los conseguían de los pueblos que apoyaban. Muchas veces pagaban a la gente por el maíz que les daban, otras veces lo donaban.
Había comisiones para la guardia, la cocina, orden y vigilancia, los que iban por leña y los alimentos, y quienes iban a entrevistarse con algunas personas que había que ver en algún lugar de la sierra para no exponer el campamento. David Cabañas era el que más salía del núcleo guerrillero, siempre fue el BIM. Era la tarea más compleja en un contexto extremadamente polarizado. Con una pistola en la mano bajaba de la sierra a recoger balas, armas o guiar a las personas para que salieran de la serranía.
En el campamento guerrillero había lecturas individuales y escritura. Se leía a Lenin, El Capital de Marx, a Engels, a Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, Fidel Castro, el Che Guevara; “La guerra de la pulga, de Robert Taber, que habla de la guerra de guerrillas contextualizado en Filipinas, Asia. Describe muy bien cómo es la táctica guerrillera; es como las pulgas en el perro, cuando ataca la pulga, el perro tira la mordida, pero cuando tira la mordida ya no está la pulga porque se movió a otro lado”, comparte David. Lucio con un montón de libros se la pasaba leyendo y de a ratos escribiendo. Se limpiaban las armas y se revisaban las municiones. Atendía las visitas de la ciudad o vecinos de los pueblos, era el más indicado para hablar con la gente. La reunión de balance empezaba con el canto de los grillos y terminaba a las 10 de la noche para dormir. No se podía establecer conversaciones porque aun susurrando la voz viajaba con el viento a kilómetros. Cuando no había mucha represión había un relajamiento, pero con la ofensiva y las tropas cercanas se extremaban medidas de seguridad. Dormían recargados en los árboles que les servían como parapeto, con la ropa y botas puestas, la mochila arreglada y el rifle en la mano. Estaban listos para el repliegue o la defensa. Las guerrilleras eran mujeres valientes. Algunas fueron parte de las emboscadas a los militares y a la hora del combate eran temibles.
En la guerrilla también era importante la alegría, un sello que Lucio impregnaba. Se improvisó un grupo musical porque varios eran originarios de la comunidad El Camarón. Un soltero era el vocalista, otros tocaban la guitarra, los botes de leche los ponían boca abajo y con palos los sonaban, usaban la tortillera metálica de tal forma que, al darle con la punta del pie a las piedras, emitía un sonido instrumental. Un rifle R-18, en el enfriador tenía rayitas perpendiculares y con un peine raspándole sonaba como güiro. La bola de Chacho y los hermanos Ramos Cabañas, Gabriel, Eddie Carlos y Miguel Ángel de la Cruz, que se llamaba Lázaro, entre los pedregales bailaban. Se realizaba cuando no había tropas militares cercanas.
“El gobierno me secuestra, me tortura y me encierra el 17 de enero de 1972. Ya se había recrudecido la persecución. Esa vez me sacaron de una escuela donde yo trabajaba en Sonora. Me ponen un montón de cosas. Era para morir. Querían información sobre Lucio, pero ¿qué iba a hacer yo dentro de un salón de clases? Los problemas estaban en Guerrero. Me liberan el 10 de octubre de 1977, mucho después del asesinato de mi hermano, cinco años y diez meses. Tras las rejas me enteré de la muerte de Lucio, pero nada más lo que se oía en la radio y se podía ver en los periódicos que entraban a la cárcel. Sentí cosas feas”, relata Pablo Cabañas.
Con el asesinato de Genaro Vázquez Rojas el 2 de febrero de 1972 las tropas militares concentraron su fuerza para eliminar a la guerrilla de Lucio Cabañas, implementando estrategias de contrainsurgencia de 1971-1974 en su etapa más crítica.
La brigada guerrillera levantaba el campamento previendo que las hordas de militares no la descubrieran. Empacaban sus mochilas y se distribuían el alimento para un posible repliegue. Caminaban algunas horas para encontrar un lugar seguro. Sin embargo, en tres ocasiones los soldados llegaron al campamento. La primera fue cuando uno de los guerrilleros se puso a asar elotes en una fogata que levantó la humareda. Al siguiente día antes del despunte del alba el ejército los cercó y sin darles tiempo de nada abrieron fuego con sus morteros. Aturdidos rodaron dispersándose por una granada que cayó en medio. Nadie murió, pero siguieron lloviendo granadas y balas. Llegaron helicópteros para arrasar contra todo a su paso. Fue una acción relámpago y sorpresiva.
La segunda fue el 8 de octubre de 1974, cuando rescatan a Rubén Figueroa Figueroa, que había sido secuestrado por la Brigada Campesina de Ajusticiamiento cuatro meses antes, el 30 de mayo. Ese día un integrante salió del campamento, pero lo detuvieron en su trayecto. Lo torturaron hasta que dio la ubicación. La Brigada no se movió lo suficientemente lejos. Pasaron unas horas cuando escucharon ruidos y observaron luces a la distancia, pero se confiaron. Unos segundos después empezaron las ametralladoras, los bazucazos y morterazos. Ahí muere Sixto Huerta, con el seudónimo de Sabás, originario del pueblo de Lucio. En El Porvenir aún lucen las calles con su nombre, así como el de Florentino y su hermano Pablo Loza Patiño.
En primera línea estaba un joven de 17 años. Alguien dijo –oye, compa, nos rendimos. –Qué rendirse ni qué la chingada, aquí nos morimos, pero nadie se rinde, respondió el joven. Fue cuando rompieron el cerco militar. En el campo de batalla el miedo se percibía en los soldados, porque no iban a dar su vida por un sueldo. Contrario al revolucionario que pelea por sus ideales y la revolución. Esos son los combatientes más peligrosos para el Estado.
La última vez que los militares dieron con el campamento de Lucio Cabañas fue el fatídico 2 de diciembre de 1974, por la delación de dos “bribones que eran hermanos marihuaneros, Anacleto Ramos y José Isabel Ramos, que negociaron con el gobierno. Tuvimos a 25 mil soldados cercándonos, más policías estatales, municipales, agentes de la CIA y orejas, soplones. Éramos un núcleo máximo de 102 elementos, entre ellos alrededor de 20 mujeres. Pero Lucio fue capaz de enfrentarlos hasta su último aliento”, cuenta David Cabañas.
Los hermanos Ramos Cabañas, Gabriel, Eddy Carlos, José Juan y otro, originarios de San Juan de las Flores, parientes de Lucio Cabañas, se enlistaron para pelear contra el gobierno. Crearon la Brigada 18 de Mayo, en memoria de la masacre de 1967. Gabriel tenía dificultades para caminar, pero no le impidió desplazarse por la sierra y enfrentar a los militares. El valiente Rutilo con su FAL le abrió paso entre las balas del enemigo para romper el cerco. “Vente, compa”. Mientras los militares gritaban “ríndete, Lucio Cabañas. Ríndete, hijo de la chingada. Ríndanse, aquí estamos”. Molesto, Rutilo les contestó “vayan a chingar a su madre, hijos de la chingada”, así lo cercaron y le vaciaron sus balas. Gabriel pudo replegarse. Los militares gritaban que se rindieran y que les iban a perdonar la vida. Mil palabras y groserías rebotaban de cerro en cerro. El guerrillero responde con una bala certera porque es más conveniente que un grito al aire. “La muerte está en las pestañas”. Nunca se rindieron.
Algunos lograron salir del cerco, pero Lucio no pudo. “Al saber que no iba a romper el cerco se disparó en la cabeza. De acuerdo con investigaciones de periodistas en el Archivo General de la Nación un soldado le escribe a su familia diciéndole ‘yo estuve en el cerco donde murió Lucio, nosotros no lo matamos, Lucio se suicidó’. Él se disparó porque era la mejor manera de terminar, en lugar de ser capturado vivo y sufrir la tortura. Pero la historia se sigue escribiendo”. Cae junto a Lucio su ex alumno Lino Rosas Pérez, con el seudónimo de René en la guerrilla, y Roberto, un campesino valiente con el nombre de guerra Arturo.
Ese 2 de diciembre varios sobrevivieron, pero fueron desaparecidos. Como el joven Marcelo Serafín Juárez, con el seudónimo de Roberto, de 16 años, originario de San Juan de las Flores. Apareció en una foto capturado por los soldados con las manos hacia atrás, agarrado de los cabellos. Lucino Gómez, contemporáneo de David Cabañas, que sólo estuvo 15 días en la guerrilla fue desaparecido en 1977 por militares tres años después de la muerte de Lucio. También desaparecieron a los hermanos Ramos Cabañas junto con su papá Eduviges Ramos una madrugada en Espinalillo, Acapulco. Centenas de desaparecidos y asesinatos hasta la fecha permanecen en la impunidad. Las imágenes del horror continúan.
Lucio se curtió en el camino de la revolución, en la dureza de la vida. Fue el guerrillero del pueblo que se fue construyendo como dice Pavel Korchagin en Así se templó el acero. Eran sus libros, así como La Madre, que le enseñaron a ser un combatiente por la libertad, por el socialismo, y sobre todo que nunca se doblegó hasta su muerte, al fragor del combate.

 

Es muy grave constatar cómo la Secretaría de Finanzas del estado cortó de tajo el presupuesto que estaba destinado para el Centro Comunitario de Ayutla Gúwa Kúma y el Centro de Justicia de Tlapa. Dos espacios que se ubican en dos de las regiones indígenas más pobres y donde se han declarado las alertas de género por la violencia que enfrentan las mujeres y por los feminicidios que se han consumado.
En lo que va del año, las trabajadoras realizaron sus actividades con recursos propios porque Finanzas canceló todos los gastos de operación. Durante 5 meses las trabajadoras no recibieron los pagos de sus salarios. A Inés Fernández y cinco compañeras embajadoras del centro comunitario de Ayutla de los Libres, no les cubrieron el pago de 3 meses, correspondiente a la beca que reciben. En Tlapa las 13 trabajadoras se vieron obligadas a cerrar las instalaciones para hacer público su enojo y exigir el pago de los 6 meses que les adeudan. Con esta presión lograron que les pagaran 3 meses y una semana después les cubrieron los meses de septiembre y octubre. Está la promesa de que les pagarán los dos meses que faltan en estos días.
Por su parte, Inés y las cinco embajadoras tuvieron que viajar a Chilpancingo para exigir que el recurso autorizado de 914 mil pesos, destinados para gastos de mantenimiento y compra de equipo se ejerzan para rehabilitar el techo y reparar la entrada principal. La postura de la secretaria Violeta Pino fue de sumisión, simplemente se plegó a las decisiones arbitrarias que ha tomado el secretario de Finanzas.
Este raquítico presupuesto es el que todavía esquilma este funcionario para dejar en total indefensión a las mujeres indígenas que requieren del apoyo de estos centros. La insensibilidad y displicencia del secretario es totalmente contraria a la asumida por la gobernadora Evelyn Salgado quien ha declarado que Guerrero es un santuario para las mujeres. La realidad es que la violencia se recrudece con los feminicidios.
En el informe que presentamos el 7 de diciembre que va de septiembre 2023 a octubre de 2024 documentamos 15 feminicidios que se registraron en los municipios de Tlapa, Cochoapa el Grande, Huamuxtitlán, Copanatoyac, Zapotitlán Tablas y Alpoyeca. La mayoría de las víctimas pertenecían a los pueblos na savi, nahua, me’pháá y mestizo. Siete feminicidios se cometieron en Tlapa, municipio que desde el 22 de junio de 2017 tiene una Alerta por violencia feminicida.
Para atender este grave problema, en febrero de 2018, se creó en Tlapa la Unidad de Investigación Especializada del Delito de Feminicidio, adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, sin embargo, desde el 2021 dejó de funcionar porque la titular cambió de adscripción y nadie ha cubierto su lugar. Lo trágico es que los feminicidios siguen cometiéndose. Es una omisión grave de la Fiscalía General del Estado (FGE) que siga acéfala esta unidad, porque se requiere de personal especializado que conozca los protocolos y aplique los estándares más altos para juzgar a los feminicidas.
Esta falla ha repercutido en las carpetas de investigación, porque la mayoría fueron archivadas y nadie le ha dado impulso procesal. En este tiempo se perdieron valiosos indicios al grado que será imposible reencausar los procesos para que los familiares de las víctimas accedan a la justicia.
En la mayoría de casos de feminicidios las mujeres fueron expuestas en espacios públicos: en carreteras o predios donde la gente transita. Les infligieron lesiones y mutilaciones infamantes y denigrantes y varias de ellas tenían relaciones de parentesco o de confianza con sus agresores.
En los casos de mujeres y niñas que acompañamos desde el 2006, hemos constatado la saña con la que se cometen los crímenes: queman sus cuerpos, les amputan órganos y degüellan. Se busca causar el mayor daño posible y dejar un mensaje de terror para inmovilizar a las familias. Las acciones siniestras de los perpetradores sólo son posibles porque se saben impunes y se sienten seguros de que las fuerzas del orden no actuarán en su contra. Saben que las víctimas están indefensas y no cuentan con redes de apoyo. Los ministerios públicos no investigarán y los jueces los liberarán. Las autoridades no le dan crédito al dicho de las mujeres. Los feminicidas gozan de impunidad.
Lo más grave es que existe un subregistro de los casos porque las fiscalías no califican el hecho como tal, optan por tipificarlos como homicidios simples, dolosos y calificados, pese a estar acreditadas las razones de género. Este subregistro tiene la finalidad de ocultar los altos índices de feminicidios en el estado y presentar escenarios ficticios.
En la Montaña las falencias en las investigaciones de feminicidios continúan. Los ministerios públicos incumplen los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), aprobados en su Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria y publicados en el Diario Ofiial de la Federación el 6 de febrero de 2018. Por la vía de los hechos no aplican el protocolo de investigación con perspectiva de género, además hacen un mal manejo de la escena del crimen, de la preservación, aseguramiento, resguardo y traslado de los indicios. Sólo la Fiscalía Especializada en Feminicidios cuenta con varias áreas que abonan para avanzar en la integración de las carpetas de investigación. Lamentablemente en la Montaña no es posible hacer estos trabajos que van en detrimento de las víctimas.
Como organismo civil hemos planteado a los fiscales la apremiante necesidad de reactivar la oficina especializada en delitos de feminicidios o por lo menos contar con ministerios públicos especializados en la materia. En todo momento solicitamos que se ejecuten siete órdenes de aprehensión de los casos que acompañamos. Sabemos que existen otras órdenes de captura que tiene la Fiscalía, pero que no han sido ejecutadas por falta de voluntad y compromiso con las víctimas. Si cumplieran con estos ordenamientos judiciales ayudarían a prevenir más hechos de violencia y enviarían un mensaje a los perpetradores de que sus crímenes no quedarían impunes. Las carpetas abiertas por estos delitos siguen estancadas. Algunas se han remitido a la Fiscalía de Feminicidios de Chilpancingo para garantizar una investigación pronta e imparcial, pero las dilaciones continúan. Los agentes del Ministerio Público a menudo justifican que Tlapa es un lugar distante y que no cuentan con tiempo ni recursos para realizar los actos de investigación de manera rápida, como exigen las víctimas.
De acuerdo a las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) correspondiente al mes de agosto de 2024, Guerrero ocupa el lugar 21 en feminicidios y en violencia de género el tercero. Esta información la ha sabido explotar la gobernadora, Evelyn al destacar que se debe a la implementación de políticas públicas que han garantizado la seguridad y bienestar de las mujeres y a impulsar diversas estrategias para atender y prevenir la violencia de género. Para ella, en los 3 años de su gobierno, hay un avance en la construcción de un estado más seguro y libre de violencia para las mujeres, sin embargo, los feminicidios en la Montaña reflejan otra realidad.
Hasta este momento en los ocho municipios de Guerrero que tienen la Alerta por Violencia de Género y la Alerta por Agravio Comparado decretada el 5 de junio de 2020, no hay resultados tangibles que reviertan la violencia feminicida y las desapariciones forzadas cometidas por particulares, en agravio de mujeres y niñas. Tampoco han disminuido los matrimonios forzados en comunidades indígenas como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Xalpatláhuac, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Acatepec y Tlapa, donde son más recurrentes estas prácticas.
Lo que hoy padecemos en la entidad es una violencia incontenible que coloca en el desfiladero de la muerte a mujeres y niñas que se encuentran indefensas. Las mismas instituciones del estado están imposibilitadas de atender, porque sólo se encuentran en las cabeceras municipales y porque no cuentan con personal suficiente ni el presupuesto necesario para ponerlas a salvo. En los hechos las autoridades no le apuestan a revertir estas grandes fallas de sus programas. Optan por lo menos complicado, como dar talleres, realizar reuniones fuera de las comunidades donde están los problemas y se limitan a realizar visitas esporádicas para justificar que se está erradicando la violencia.
Las mujeres y las niñas resisten solas y luchan contra todo: la pobreza, la discriminación, la violencia sexual, la explotación laboral, el maltrato infantil y la esclavitud matrimonial. Dan la batalla en todos los frentes. Lo que las apabulla es que muy pocas salen de este laberinto de la violencia. El sistema patriarcal las atrapa y las hunde en el analfabetismo, la sumisión, el destino funesto de los matrimonios forzados y la crianza de los hijos.
Es inconcebible que un estado donde los casos de feminicidios se incrementan y donde los matrimonios forzados de niñas indígenas se multiplican, los 3 poderes del estado no se comprometan a realizar acciones contundentes y eficaces para salvaguardar la vida y la integridad física de las mujeres y niñas.
Con presupuestos raquíticos que al final se los arrebatan de manera abusiva es imposible contener los huracanes de la violencia feminicida. Más bien las mismas autoridades son cómplices de estas tragedias porque se encargan de desmantelar a las pocas instituciones que tratan de acompañar y apoyar a las mujeres.

(Tercera parte)

En 1966 Lucio regresa a dar clases a la primaria Modesto Alarcón. En la escuela Juan N. Álvarez de Atoyac se gestaba un movimiento de padres de familia que pedían el regreso del maestro Alberto, acusado por la directora Julia Paco Piza de comunista, por plantear a los estudiantes que la educación tenía que ser gratuita. El problema central giraba alrededor de las cooperaciones excesivas que exigía la directora. A pesar de que la mayoría de padres de familia era de escasos recursos, les cobraba 25 centavos por alumno al mes. Esta situación se fue complicando al grado que pidieron el apoyo de los maestros Lucio Cabañas y Serafín Núñez. Además de tratar el tema del regreso del profesor Alberto, abordaban el problema de las cuotas mensuales. Sin pretenderlo Lucio se convirtió en el líder del movimiento de la escuela Juan N. Álvarez.
El 18 de mayo de 1967 el comité de padres de familia realizó un mitin en la plaza central para exigir la destitución de la directora. La situación era tensa, al grado que algunos padres estaban decididos a confrontarse con los pistoleros de los caciques. La Policía Judicial se distribuyó entre los asistentes para arremeter en el momento más indicado. Cuando Lucio intervino se armó la gresca. Los judiciales dispararon sus armas contra la multitud. Mataron a cinco campesinos. La intención era asesinar a Lucio, pero la gente lo protegió.  Doña María Isabel Gómez miró cómo un policía le disparaba a su esposo, sin arredrarse sacó un picahielo y lo clavó al asesino, pero otro policía le disparó por la espalda. Embarazada cayó al piso, su bebé aún se movía aferrándose a la vida.
Había maestros del pueblo que estábamos dispuestos a orientarles no solo en la educación, sino en su lucha, como parte del pueblo, padres de familia parte del pueblo, contra todo el régimen, contra el gobierno, contra la clase rica. Y nos metimos con los problemas contra las compañías madereras, contra el ayuntamiento, contra la explotación de los ricos ahí en Atoyac. Y se creó el movimiento. Entonces fue que se enojó don gobierno y nos mandó un montón de judiciales y nos hicieron una matanza el 18 de mayo. […] Murió el compañero Regino Rosales, el compañero Arcadio Martínez, el compañero Chano Castro, el compañero Prisciliano Téllez y la compañera Isabel Gómez, que estaba embarazada y todavía la fueron a levantar y se le movía el niño en la barriga.[1]
El gobierno responsabilizó a Lucio Cabañas, “cuando en realidad fue el gobierno quien hizo la masacre y forzó a Lucio a subirse a la sierra. Él no sube, lo suben a la sierra”, señala Pablo Cabañas. El 19 de mayo empezó a realizar asambleas en las comunidades, como lo hacía cuando era estudiante, para platicar con la gente para hacer una revolución. En esos años había conflictos intercomunitarios. La gente se mataba por cualquier cosa, “a veces con razón y a veces sin razón. Por ejemplo, los Hernández tenían conflicto con los Gómez, y los Mesino con los Olea. Lucio explicaba, compañeros, es que los Gómez no pueden ser el enemigo porque todos somos pobres. Comemos chile con sal, memela con sal y todos sufrimos lo mismo. El enemigo no está aquí, es el gobierno. Contra esos sí hay que pelear. ¿Por qué pelean los Gómez o los Hernández? Compañeros, los invito a que arreglemos las cosas”. Poco a poco se fueron arreglando los conflictos entre los vecinos.
Las familias que tenían rencillas hicieron las paces y sus hijos se fueron de guerrilleros. Decían, “profesor, si usted no hubiera arreglado los problemas mis padres se tendrían que andar cuidando con las armas en la mano”. Estos jóvenes llevaban los alimentos o la información a los campamentos. “Profe, ahí viene el ejército”, o en ocasiones avisaban de “soplones”. Por eso el ejército tuvo que arrasar con comunidades enteras porque eran bases de apoyo para la guerrilla.
Las masacres siguieron: el 20 de agosto de 1967 las guardias blancas arremetieron contra un mitin en Acapulco, masacrando a decenas de copreros. El 22 de abril de 1968 un comando armado, enviado por la recién conformada Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, liberó a Genaro Vázquez Rojas de la cárcel de Iguala. Alrededor de 1969 la ACNR conformó tres comandos armados, mientras la guerrilla de Lucio Cabañas se extendía en los municipios de San Jerónimo, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez y Atoyac.
Las familias campesinas no tenían más alternativa que levantarse contra el mal gobierno. La vida se definía entre el hambre y las balas de la policía o del ejército. La pobreza extrema cobró la vida de muchas personas porque no había centros de salud y el más cercano estaba en Atoyac. El comisario tenía un cuerno que usaba cuando alguien enfermaba. En varias ocasiones  “eran las tres o cinco de la mañana cuando tocaba el cuerno cuuu, cuuu. Inmediatamente los hombres de la casa íbamos a ver, qué había pasado. Alguien estaba muy mal. En ese rato llevábamos una hamaca, dos soleritas para hacer un amarre y de dos maderas largas paralelas poníamos un travesaño en cada extremo. Acostaban al enfermo y cargándolo empezábamos a correr a paso veloz hasta llegar a Atoyac, para que recibieran atención”. A las autoridades estatales y federales no les importaba el sufrimiento de la gente. Protegían a los empresarios madereros, a los caciques, pero la vida de un campesino no era nada.
A pesar de esta situación tan precaria que vivíamos en el campo los jóvenes salían a jugar basquetbol en las canchas, los más chicos corrían entre gritos y risas; los señores grandes se reunían para jugar dominó, pero en las pláticas sobre la situación de los pueblos la gente estaba decidida a todo. En algunas comunidades abundaban los Cabañas, los Gervasio, los Serafines y muchos más. En los años de la guerrilla el ejército sospechaba que todos eran familiares de Lucio. Arrasaron con las comunidades que consideraban aliadas de Lucio. Destruyeron todo y se llevaron a cientos de personas que siguen desaparecidas.
Lucio fue un hombre ejemplar, amoroso con todos. Para David Cabañas era el mejor hermano y un gran compañero, algo parecido a su segundo padre. Fue un gran revolucionario. Nunca claudicó, siempre anduvo en la sierra luchando por la liberación de los pueblos pobres. “Cuando él estaba en la ciudad estaba profundamente preocupado por la gente porque estar en guerra es una vida llena de peligros”.
Tenía una capacidad de líder impresionante. No mandaba, ni ordenaba. Cuando les pedía algo a sus compañeros, siempre les preguntaba si estaba bien. “Nunca daba muestra de un estado de neurosis. Irradiaba una gran serenidad que superaba las pruebas más difíciles. Nadie se negaba para realizar las actividades porque en eso consiste ser revolucionario”. A David Cabañas lo comisionaban para realizar algunas tareas en la ciudad. Bajaba de la sierra con gusto porque significaba que le tenían confianza. Algunos de sus compañeros se sorprendían porque nunca le pasó nada, aún metiéndose a la boca del lobo. Sin embargo, su secreto fue porque, “era gato de monte y los contactos con los pueblos eran de gran apoyo. Aun con los cuidados que tenía, en agosto de 1970, me detuvo por 4 horas el ejército, cuando iba a visitar a mi mamá. Tenía 22 años. Me dieron un puñetazo, me amenazaron y me llevaron al Nanchal, pero la gente de mi pueblo siguió a la tropa de 50 soldados. En la entrada de la comunidad bajo un árbol de mango me dieron un jalón de orejas y de los cabellos. Me amenazaron y me dijo el capitán que me largara. La guerrilla todavía no atacaba al ejército, por eso tuve oportunidad de que me liberaran”.
La estrategia de guerra de guerrillas que implementó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento fue contra los policías. En pequeños comandos se desplazaban para realizar una guerra de desgaste contra el enemigo. En las emboscadas recuperaron rifles, fornituras y municiones. Aproximadamente en 1971 los enfrentamientos fueron con el ejército. Lucio buscó afianzar su lucha con la ayuda de las comunidades. Grababa sus discursos y charlas para que se difundieran entre la población, para que tuviera una idea de la revolución. Si los soldados mataban a campesinos, los guerrilleros mataban a sus enemigos; si mataban al pueblo, también mataban al enemigo del pueblo. Los agravios eran generalizados. En cada familia había al menos un asesinado o desaparecido por los policías y militares. En ese año Antonio López Barrientos, medio hermano de doña Rafaela, fue desaparecido por el ejército.
Florentino Loza Patiño subió a la sierra con sus hermanos y hermanas. A una de ellas la mencionan en los testimonios de los sobrevivientes como Nidia. Eran de El Porvenir. Cuando Florentino bajó de la sierra se fue a Oaxaca porque empezó la represión más fuerte. Se alejó para ponerse a salvo, pero lo localizaron. Probablemente “le pusieron cola” cuando su esposa iba a verlo. Su hermano Pablo también fue desaparecido por el ejército.
El Estado mexicano implementó una estrategia de contrainsurgencia que contempló el plan Telaraña desplegado el 2 de marzo de 1971, que incluía operaciones de rastreo y una operación especial Caza Conejo; el plan Luciérnaga en 1973, y operación Amistad, que consistía en aumentar las detenciones y desapariciones de cualquier persona que les pareciera sospechosa. Cuenca Díaz y Luis Echeverría golpearon la guerrilla creando aldeas vietnamitas. En los momentos cruciales Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional, ordenó “no vayan tras esos hijos de la chingada que están en el monte, vayan a las comunidades y tráiganme a los que les dan de comer”.

 

 

En memoria de Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, Gervacio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario y el niño Pablo Rojas Beltrán, campesinos de las comunidades de Los Espadines y Las Desdichas, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Fueron obligados a excavar sus fosas y ejecutados por el Ejército el 21 de julio de 1971.

Hace tres décadas cuando abrimos las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en un cuarto del hotel Dulce María en Tlapa, nunca imaginamos que remontaríamos múltiples obstáculos y riesgos por acompañar a los pueblos indígenas y defender los derechos de las víctimas. Iniciamos con mucho entusiasmo y con el compromiso firme de alzar la voz y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos. 1994 fue una fecha memorable por el levantamiento zapatista en Chiapas y la irrupción de los pueblos indígenas de México que desenmascararon las políticas colonizadoras y racistas de los gobiernos priistas. En ese despertar de los pueblos iniciamos nuestra travesía.
Enfrentamos momentos muy densos por el grave deterioro de los derechos humanos en una región olvidada y sometida por grupos caciquiles. Desde un inicio documentamos los casos de tortura, de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y agresiones sexuales contra mujeres del pueblo me pháá cometidas por elementos del Ejército. Constatamos los estragos de la militarización: la persecución encarnizada contra el EPR, los líderes sociales, el movimiento magisterial disidente, las instituciones educativas catalogadas como radicales como la Normal de Ayotzinapa, los dirigentes del PRD, los sacerdotes y religiosos progresistas, las organizaciones indígenas que exigían la desmilitarización de la Montaña. Fueron años sombríos por la violencia ejercida por el Ejército y por la cerrazón de un partido hegemónico que castigaba todo tipo de disidencias atentando contra la seguridad, la integridad física y la vida misma de los luchadores sociales.
Como organismo no gubernamental fuimos vigilados por nuestro trabajo cercano con la gente. Se nos ha catalogado de todo: de ser parte de la guerrilla (hay un expediente penal donde un militar declara que somos parte del EPR). En los tiempos de la hegemonía priista, los gobernantes nos tachaban de perredistas. Posteriormente, cuando el PRD accedió al poder del estado, el gobernador Zeferino Torreblanca se empeñó en desacreditarnos durante todo su sexenio, calificándonos como lucradores sociales. Por su parte, Ángel Aguirre Rivero comentó que éramos los brazos civiles de los grupos armados.
Con el nuevo gobierno de la República el presidente Andrés Manuel López Obrador nos colocó en el lado de los conservadores y nos calificó como seudo defensores. Los funcionarios públicos de la administración morenista desestiman las opiniones y planteamientos que hacemos con datos concretos al señalar la desatención a la población indígena y las fallas que hay en la aplicación de los programas federales. Se cierran a cualquier intento de interlocución. Repiten mecánicamente lo que el presidente remachó en todo momento, que las organizaciones sociales y civiles somos intermediarios y que lucramos con la necesidad de la gente. Esta postura asumida como dogma entre los nuevos funcionarios ha evidenciado que el problema no somos las organizaciones que tenemos un compromiso ético con los pueblos, organizaciones sociales y colectivos de familiares, sino la corrupción que se reproduce al interior del mismo gobierno en manos ahora de Morena y la colusión que existe con los grupos de la delincuencia organizada, al erigirse como un poder de facto.
Esta violencia institucional que se materializa en la desatención a las comunidades indígenas de la Montaña se torna un remolino que nos arrastra sin rumbo seguro por la violencia criminal que se ha instalado en los 19 municipios de la Montaña. En los 3 años de la administración de Evelyn Salgado hemos constatado el avance del crimen organizado en las regiones indígenas. Inicialmente la violencia se había concentrado en las ciudades, sobre todo en el puerto de Acapulco, donde se asentó el Chapo Guzmán. Con el tiempo la división que se dio con Arturo Beltrán Leyva desencadenó la violencia con acciones sumamente sanguinarias. Fue cuando aparecieron personas decapitadas y se dieron enfrentamientos en la vía pública con el involucramiento de policías municipales. La disputa por Acapulco se extendió en las colonias periféricas y en varias comunidades rurales. Esta permisividad y complicidad de las autoridades militares y civiles facilitó que grupos locales tomaran el control de las principales plazas en cada región. Las más codiciadas fueron las ciudades turísticas, como Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. En estos enclaves la disputa se recrudeció y los enfrentamientos fueron recurrentes en las principales ciudades del estado, como Iguala, Chilpancingo, Teloloapan, Ciudad Altamirano, Tixtla y Chilapa, donde se encuentran asentadas grupos delincuenciales que ejercen un poder devastador.
Las autoridades del estado han perdido el control de la seguridad. La capital del estado es rehén de esta confrontación por el control del poder público. En la Costa Grande la última irrupción armada que sucedió en Tecpan de Galeana, es una muestra más de la ingobernabilidad que impera. Lo inaudito es que a pesar del incremento de efectivos militares y de la Guardia Nacional, el flujo de armas llega a todos los rincones del estado y el control de las plazas en los municipios, los grupos delincuenciales se encuentran bien apertrechados, sin temor a ser desmantelados.
El puerto de Acapulco padece los estragos de la violencia porque los negocios están controlados por el crimen: las playas, los comercios, el mercado, los bares, los restaurantes, las gasolineras, el comercio ambulante que pulula en las playas y en las banquetas. La pelea por la plaza no cesa entre los grupos, por eso se da la quema del mercado y negocios establecidos. Se incrementan los asesinatos en las playas y en el mismo mercado central. Es parte de la cotidianidad la quema de vehículos, los cuerpos desmembrados que dejan en las cajuelas o que abandonan en bolsas negras. En las colonias pobres abandonadas por los gobiernos hay fuerte presencia del crimen organizado.
La ciudad colonial de Taxco, tan famosa por su encanto arquitectónico y por la venta de la plata dejó de ser la ciudad pacífica. El crimen organizado tomó el control de los principales negocios. Se incrustó en la estructura del poder municipal, los mismos policías trabajaban para la delincuencia. El corredor que va de Ixtapan de la Sal a Taxco dejó de ser un atractivo turístico, por las desapariciones y asesinatos.
En la Costa Chica, la violencia se incrementó después de las elecciones. Asesinaron al presidente electo de Copala Salvador Villalba Flores, antes de que tomara posesión. En Cuajinicuilapa se calentó la plaza con la llegada de otro grupo. La confrontación armada que dejó varios asesinatos y desapariciones, obligó a que el nuevo presidente municipal y la síndica pidieran licencia, ante la falta de protección por parte de las fuerzas federales. Las escuelas fueron cerradas por falta de seguridad. La disputa por la plaza está latente y la población no se siente segura.
En la cabecera municipal de Ayutla de los Libres asesinaron al coordinador de la UPOEG Felipe de Jesús Cevallos y ese mismo día abandonaron dos bolsas negras con cuerpos desmembrados. Por la noche se consumaron dos asesinatos más.
Las disputas armadas se dan por el reacomodo de los grupos de la delincuencia ante la nueva coyuntura política. El control de los ayuntamientos les garantiza a los grupos acceder a los fondos públicos para ampliar sus negocios con las obras públicas. En la Montaña, después del proceso electoral, el 20 de junio asesinaron al presidente municipal de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero, en la comunidad de Alacatlatzala, cuando se disponía a inaugurar la pavimentación de una calle en la colonia Guadalupe. En el mes de octubre en pleno centro del poblado de Huamuxtitlán, interceptaron al ex presidente municipal Aurelio Méndez junto con su chofer, que fueron arteramente asesinados a balazos.
Este clima de violencia que se respira en el estado nos ha colocado en el desfiladero de la muerte. El caso de las 17 personas desaparecidas de Chautipan, municipio de Chilpancingo es un crimen execrable. 11 personas (tres niños y dos mujeres), aparecieron desmembradas en la caja de una camioneta abandonada en la Autopista del Sol. Es un gran desafío para las autoridades porque la violencia criminal parece no tener límites. El anuncio que hizo el coronel del Ejército de un gran operativo para dar con el paradero de las 17 personas desaparecidas, quedó en entredicho, porque las familias siguen sin saber el paradero de las seis personas que no aparecen. Ya no hay más búsquedas y las investigaciones no avanzan.
La situación del estado es catastrófica por la violencia recurrente que contrasta con la ineficacia de las autoridades que no han sido capaces de contener la ola delincuencial. El empoderamiento de los grupos violentos muestra el debilitamiento de las instituciones de seguridad y justicia y la ausencia de una estrategia que arroje resultados favorables para garantizar un estado seguro. La exigencia del derecho humano a la seguridad se ha generalizado entre la población, porque no hay confianza en cuerpos de seguridad del Estado, porque tiene fundados temores de su colusión y complicidad y porque la población no es el centro de la estrategia de seguridad. Las víctimas de la violencia además de no ser atendidas, son estigmatizadas e ignoradas.
Es grave el distanciamiento de las autoridades del estado que se han embelesado con el poder abandonando a su suerte a una población pobre e inerme. Los huracanes nos devastaron y dejaron en la calle a miles de familias que no cuentan con fondos públicos para reparar sus viviendas y tener un ingreso ante la pérdida de su trabajo en las ciudades y de sus cultivos de la gente que vive en el campo.
El huracán de la violencia no es efímero, más bien se ha instalado en las instituciones del Estado. Llegó para quedarse. Es una amenaza que se agiganta y que busca destruir los sueños de justicia por los que han luchado muchas generaciones de guerrerenses. Lo más grave es que la defensa de los derechos humanos no es una prioridad para el gobierno de Morena.

(Segunda Parte)

Desde la secundaria Lucio lideró luchas importantes dentro de la Normal de Ayotzinapa. Realizó mítines demandando la desaparición de poderes en el estado, encarando al represor Caballero Aburto. Recorrió los ocho municipios de la Costa Grande, desde Coyuca de Benítez hasta Zihuatanejo. En Atoyac hubo grandes concentraciones de campesinos dispuestos a librar batallas contra los caciques. David Cabañas rememora cómo “la policía mató a los dos hermanos Mata y a los dos hermanos Arrieta. Mataban a cambio de un pago en Petatlán, Zihuatanejo, Atoyac, San Jerónimo. En cualquier lugar andaban limpiando de delincuentes, según Caballero Aburto. Eran campesinos, no eran delincuentes, pero aun así mataron a mucha gente. El régimen había generado una tremenda desigualdad. A mucha gente que no tenía para comer le dieron trato de delincuentes. El responsable para empezar era el Estado represor y los gobiernos gansteriles que no permitían las protestas. Los que salían a las calles o decían algo contra el gobierno, al día siguiente aparecían ejecutados”.
En la región, la población tenía la costumbre de andar armados por los levantamientos que impulsó Pablo Cabañas Macedo, abuelo de Lucio. Primero fue capitán, luego general brigadier y general de brigada zapatista en la Costa Grande. Doroteo Cabañas Calderón, bisabuelo de Lucio, fue uno de los capitanes que encabezaron la revuelta en 1884 con los hermanos Desiderio, Carlos y Rafael Pinzón contra el gobernador Diego Álvarez Benítez. Había una tradición de rebeldía y confrontación contra los caciques que abusaban de los más pobres.
“Tenía 11 años en 1958, y es la primera vez que escucho a Lucio en público en Atoyac. Mi admiración fue enorme por su manera de expresarse, de hablar y de denunciar todo lo que ocurría. Ese día estaba atento porque hablaba de las matanzas, masacres, en Guerrero, la represión de los ferrocarrileros reprimidos y asesinados, igual que los médicos, los maestros, y denunciaba la explotación de indígenas henequeneros de Yucatán. Su voz hacía temblar a la muchedumbre, explicando cómo era de violento el Estado en contra del pueblo inerme. Describía muchas cosas que pasaban en el país. Era tan claros sus discursos que sobresalía de los demás compañeros que iban con él, también estudiantes. Generalmente llegaba con cuatro o cinco compañeros a Atoyac y todos iban a denunciar la represión contra el general Caballero Aburto”, narra David Cabañas 50 años después de la muerte de Lucio.
Los estudiantes hablaban indignados por lo que pasaba en los mítines de Atoyac. Lucio finalizaba con claridad. Los aplausos hacían coro al unísono, y cuando bajaba de la tribuna lo rodeaba mucha gente campesina. Decían, “Lucio, soy compadre de tu mamá” o “viví allá donde tu mamá”, “conocí a tu papá”. Lo invitaban a San Vicente de Benítez, al Porvenir, a muchos lugares.
La barbarie implantada por Raúl Caballero Aburto prendió la mecha que provocó un levantamiento de gran envergadura. Convergieron cuatro grandes movimientos para la revuelta social de 1960. El primero fue por los asesinatos de campesinos y una pobreza insostenible en las comunidades campesinas e indígenas. El segundo, fue la lucha social que emprendió Jorge Joseph, en ese entonces alcalde del puerto de Acapulco, contra el gobernador Raúl Caballero Aburto, principalmente por diferencias políticas. El tercero fue el estallido del movimiento estudiantil de marzo de 1960 contra el director del Colegio de Estado, Alfonso Ramírez, a quien se le acusaba de desvíos del subsidio que recibía la institución; se había legislado que el Colegio de Estado pasaría a ser universidad, pero sin autonomía. El cuarto fue la irrupción de la Asociación Cívica Guerrerense, impulsada por Genaro Vázquez Rojas apoyado por Leopoldo Venegas Carrasco. El 2 de septiembre de 1959 se sumaron a la lucha por la autonomía de la universidad.
El 21 de octubre de 1960 el movimiento estudiantil universitario declaró la huelga formalmente. El gobierno del estado los reprimió brutalmente. El movimiento se fortaleció con los normalistas de Ayotzinapa. Entre los líderes destacaba Lucio Cabañas, quien cursaba las primeras semanas de su licenciatura. Se desplegaron brigadas que demandaban la desaparición de poderes, aunado a la rebelión de 36 ayuntamientos.
El 11 de diciembre de 1960 la policía municipal de Atoyac detuvo a Lucio y a varios de sus compañeros, también a doña Rafaela. Se llevaron un “montón de gente” que los protegía en la plaza porque estaban haciendo un mitin. La policía daba culatazos y golpes contra los asistentes, pero no pudieron tocar a Lucio ni a otros estudiantes. Las calles quedaron manchadas de sangre. Encarcelaron a muchas personas, pero las rejas no fueron suficientes.
David Cabañas de 13 años fue testigo de la letalidad de los policías. Permanecía asustado porque eran los policías que habían matado a su padre, pero, sobre todo, porque a doña Rafaela se la estaba llevando la policía. “Me acuerdo que andaba llorando alrededor de la cárcel. Finalmente vencí el miedo y me metí a donde estaban presos para ver a mi mamá y a Lucio. Estaba llena la celda. Varios estaban chorreando sangre de la cabeza y de la frente. Los comerciantes de Atoyac que tenían un mercado a un lado del zócalo donde fue el mitin, en cantidad iban a entregar paquetes de pañuelos, algodón, vendas, mientras otras personas llevaban comida. Durante dos horas me tocó ver la solidaridad. Lucio era muy bromista, decía pues díganles que nos pasen el sonido acá para seguir denunciando “al caballo bruto” -quería decir Caballero Aburto-. A todo le encontraba una broma. Era muy jovencito Lucio, tendría 22 años. Estaba fichado por la Dirección General de Seguridad como el agitador”.
El 25 de noviembre de 1960 Lucio se encontraba en la huelga universitaria en Chilpancingo, en ese lugar los militares prohibieron la entrada de víveres a varios dirigentes, después del desalojo detuvieron alrededor de 200 personas. El 30 de diciembre el gobierno de Caballero Aburto reprimió una protesta en la Alameda Granados Maldonado. Los militares dispararon contra una multitud de cuando a las 11 de la mañana protestaban contra el Ejército por el asesinato de un electricista. Su delito fue colgar una manta que decía: “abajo el mal gobierno”. Las campanas repicaban sin descanso, la gente se arremolinaba. A paso redoblado llegó el general Morales Guerrero con otro pelotón, pidió a los que protestaban abrir paso, pero los ánimos se encendieron. El general ordenó disparar a quema ropa. El saldo fue de 19 muertos y decenas de heridos. La violencia continuó por varios días. El 4 de enero de 1961 se declaró la desaparición de poderes, sin embargo, en el siguiente sexenio “pusieron a otro criminal de gobernador, Raymundo Abarca Alarcón”.
El activismo de Lucio en la normal fue notable y con el tiempo destacó como dirigente estudiantil. Entre el 9 y el 13 mayo de 1961 se convocó en la Escuela Normal Rural de La Huerta, Michoacán, al XVII Congreso Nacional Ordinario para elegir al nuevo secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Las confrontaciones fueron duras porque querían imponer a un candidato de la corriente priista. Sin embargo, ganó Lucio Cabañas y estuvo entre 1961 y 1963. Era el responsable de establecer las relaciones con otras normales del país. La lucha que emprendió fue muy valiosa porque logró 300 espacios más de la matrícula que existía, así como la autorización de becas para los estudiantes. Con su arrojo en las tribunas mostró la estirpe de Zapata y de su abuelo Pablo Cabañas que pelearon por tierra y libertad.
Sus cualidades de buen orador se notaban en las tribunas del pueblo. Tenía un amplio conocimiento de los problemas sociales de Guerrero y del país. Con valor increpaba a las autoridades. Era muy claro y contundente en sus planteamientos, siempre mostró capacidad para argumentar y dejar a los mismos directivos de la Normal en entredicho, por sus flaquezas y carencia de argumentos. Su paso por la Normal tuvo resultados tangibles como la ampliación la matrícula y que sus compañeros tuvieran una mejor alimentación. Comer y aprender era lo más importante para seguir adelante.
Cuando estallaron las huelgas en la normal sus compañeros recuerdan que Lucio se subió en una esquina, en el techo, y puso la bandera rojinegra. La Policía Judicial no tardó en llegar y hasta el mismo Ejército se parapetó. Rodearon las instalaciones queriendo agredir a los jóvenes. Lucio nunca se arredró, era un joven decidido y de profundas convicciones. Su herramienta de lucha siempre fue la constitución del 17 y el mismo reglamento de la escuela. Con eso salía a dar la batalla. Aquella vez no pasó a mayores, pero sí estuvo latente la amenaza.
La ola represiva siguió. El 31 de diciembre de 1962 el Ejército y la policía reprimieron un mitin en Iguala asesinando a seis campesinos. En 1963 Lucio se graduó como licenciado en educación primaria y le dieron su plaza en la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez. Los campesinos le pidieron ayuda para enfrentar a la empresa maderera que con pistoleros talaban irracionalmente el bosque. Les propuso que se organizaran para recuperar la madera y así poder venderla. Con el apoyo de Lucio se animaron y lograron sacar provecho de sus bienes naturales. Estuvo poco tiempo en la comunidad, pero fue suficiente para impulsar un proceso autogestivo. Pronto llegó su cambio para la escuela primaria Modesto Alarcón de Atoyac. En esos años ingresó a la CNTE con la que levantó un gran movimiento en la región.

(Primera Parte)*

El 15 de diciembre de 1937 nacía la esperanza en la intrincada serranía sureña, a menos de un kilómetro de El Porvenir. El horizonte resplandecía con los matices encantadores de un nuevo amanecer. Ese día el viento frío azotaba la puerta de varas queriendo entrar en la choza de bajareque. Más adentro se escuchó el llanto de un recién nacido: Lucio había nacido, como nacen la mayoría de niños pobres de Guerrero, en el piso de tierra y con la compañía de una partera. La alegría de sus padres, Rafaela Gervasio Barrientos y Cesario Cabañas Iturio, era de júbilo, por el momento se olvidaron de los sufrimientos y carencías que padecían. Facunda, su hermana mayor, observaba a la distancia las vueltas de la partera. La alegría, no era para menos, un hijo siempre significa prolongar la estirpe, pero también luchar con más fuerza para enfrentar las adversidades y las injusticias. Para Rafaela fue un gran alivio porque tuvo la corazonada que cuando su hijo creciera, vería por ella y por toda la gente pobre.
Lucio creció en una casa de horcones, palos y lodo, entre los cafetales de El Porvenir, en la sierra de Atoyac de Álvarez. Pablo Cabañas, hermano menor de Lucio, tiene aún la imagen de los caseríos de bajareque en una “lomita no muy inclinada”. “Era un barriecito chiquito que no tenía ni 100 casas. Las construían con horcones, colocaban un cajón de varas y se iba llenando con lodo y piedra para que se hiciera la pared. Dormíamos en petates o camas de varas”.
Como campesinos pobres no tenían otra opción que contratarse como peones para tener un ingreso, padeciendo el maltrato de los ricos de Atoyac. Sobrevivían con la siembra de maíz y el corte del café. Para Lucio el trabajo era todo lo que conocía. Su papá le enseñó a sembrar en la serranía. Alejandro Serafín Gervasio, hermano de madre con Lucio, mejor conocido como David Cabañas Barrientos, recuerda que en los 70 el camino real atravesaba la comunidad y a los lados se iban formado las chozas. Era un pueblo cubierto por la espesura del bosque y la neblina de la sierra madre del sur. Está a una hora de camino en carro desde Atoyac. La hermosura de la naturaleza y el espectáculo de cascadas contrastaban con el infierno impuesto por los caciques y sus pistoleros, que traían a raya a los campesinos que se organizaban.
La pobreza no era el único obstáculo para Lucio de 7 años, Facunda de 9 años y Pablo de 5 años. Había algo peor que agitaba sus corazones: la violencia que ejercía su padre contra doña Rafaela. Podían aguantar el hambre, pero los maltratos y los gritos eran insoportables. Estuvieron un tiempo más en El Porvenir, pero doña Rafaela decidió separarse de su esposo. Cesario, iracundo, la apartó de sus hijos, dejándola desamparada. Decidió salir de la comunidad y bajar de la sierra rumbo al Cayaco, municipio de Coyuca de Benítez. “Caminamos dos días, al pasito de las bestias bien cargadas con todas las cosas que se utilizan en la casa. De El Porvenir llegamos a un lugar que se llama Ixtla, cerca del municipio de Atoyac. Ahí nos quedamos dos días en la casa de la hermana de mi abuela paterna Aldegunda Iturio de la Cruz, la primera esposa del zapatista Pablo Cabañas Macedo. Al siguiente día arribamos al Cayaco”.
Disfrutaron de las huertas de café desde los 6 años cuando empezaban a trabajar. Sin recursos económicos los inscribían en la escuela en septiembre y en noviembre, subían a la sierra al “corte de café”. Los hermanos Cabañas no tenían mucho tiempo para estudiar porque se la pasaban en el campo, en la siembra de maíz, frijol, ajonjolí y otras semillas para comer. Lucio siempre tuvo una inclinación por el estudio. Cuando terminaban los trabajos del campo, ocupaba su tiempo para leer. Logró terminar el tercer año de primaria con las mejores calificaciones.
Cuando Lucio tenía 13 años, el 8 de marzo de 1950 los sanguinarios caciques mataron a su padre, en la comunidad de San Jerónimo, en la Costa Grande. La violencia siempre ha marcado la historia de las familias que son explotadas y sometidas políticamente. La osadía por defender la tierra se paga con la muerte. A los ricos de la región confabulados con las autoridades estatales no les temblaba la mano para matar a los campesinos. La ley la aplicaban ellos y festinaban sus atrocidades.
Los estudios de Lucio se truncaron porque tuvo que dedicarse al campo para ayudar en el sostén de la familia. Su papá le dejó un pequeño palmar de cocos. Al dolor por su pérdida, se sumaron los problemas para sobrevivir. Las dificultades se incrementaron a pesar de que su tía Marciana Iturio Serafín estaba a cargo de la familia. Lucio no veía otra opción que salir de la comunidad para romper este círculo de la violencia y la pobreza.
Los desaires de la familia paterna marcaron la vida de los tres hermanos. Representaba un gran sufrimiento que los trataran como si no fueran de la familia. Su tía no quería que estudiaran porque creía que sólo iban a aprender vicios. Desde 1949 su papá quería que Facunda y Lucio fueran los primeros en irse a estudiar a la Ciudad de México. Podrían quedarse en la casa de su abuelo Pablo Cabañas. Lamentablemente fue una idea que no prosperó y que se truncó con su asesinato. Lucio mantuvo viva esa propuesta de su padre. Su recuerdo fue como el impulso para salir. El 15 de octubre de 1954 escapó de la casa de su tía con la idea de quedarse en Tixtla. Se fue con un tío que tenía dos hijos en el internado. En su aventura tuvo que vender un anillo para juntar un poco de dinero para pagar el pasaje.
Lo primero que hizo fue inscribirse a la primaria Vicente Guerrero en el ciclo escolar de 1955 a 1956, cuando tenía 17 años. De inmediato buscó trabajo en un molino de nixtamal, transportaba la masa de donde hacían las tortillas y las llevaba a otro lugar. “Yo nada más tenía una camisa para ir a la escuela y la lavaba todas las noches para presentarme limpio al otro día.” Después de cursar el cuarto grado los maestros le otorgaron una boleta de quinto para que pudiera inscribirse en sexto año en la escuela de Ayotzinapa y fuera becado, porque era muy inteligente. Cursó los tres años de la secundaria en la Normal de Ayotzinapa.
Lucio llevaba en su memoria las crudas imágenes de la violencia caciquil, la brutalidad con la que actuaba la Policía Motorizada. La sobre explotación de los trabajadores del campo y el nulo respeto a la vida y dignidad de la gente pobre. El escenario político en el estado era catastrófico. El 21 de mayo de 1954 Alejandro Gómez Maganda abandonó el cargo de gobernador por la desaparición de poderes en el estado. Había diferencias políticas con el gobierno federal de Adolfo Ruiz Cortines. Nuestra entidad sucumbía por la violencia y las disputas políticas. El gobernador sustituto, Darío Arrieta, no pudo con la responsabilidad y pronto terminó su mandato en 1957. Desde el gobierno de Francisco O. Arce (1889-1893) las comunidades indígenas y campesinas resistieron contra los despojos y atracos de terratenientes y caciques. Lo mismo sucedió durante la revolución hasta 1941, con el gobierno de Gerardo R. Catalán Calvo.
En 1955 se avecinaban las elecciones para la gubernatura de Guerrero. El ambiente era turbio, no sólo por las disputas entre políticos, sino por el hartazgo de indígenas y campesinos contra los militares que ocuparon cargos de gobernadores y utilizaban la fuerza del Ejército para disciplinar a los insumisos. En 1956 Lucio iniciaba sus estudios de sexto de primaria cuando designaron a Raúl Caballero Aburto como candidato a la gubernatura. David Cabañas Barrientos comenta que en “ese tiempo de elecciones Raúl Caballero dirigió una acción violenta contra los “gasquistas”, reprimió y hubo varios muertos. Lo premiaron con la gubernatura de Guerrero en abril de 1957. Con esos antecedentes llegó al poder con un plan siniestro de acabar con la delincuencia, decía públicamente que lo iba a lograr “ejecutando a los criminales”.
Raúl Caballero Aburto, originario de Ometepec, resultó ser un asesino. La sangre corrió en el estado. El 8 de noviembre de 1957 la policía del estado mató a Juan Serafín Martínez, segundo esposo de doña Rafaela Gervasio, y a su hermano. A Lucio le pudo mucho su muerte porque además de ser su gran amigo, se había identificado con su forma de pensar.
Las matanzas de campesinos y la entronización de gobernadores militares que usaban el fusil para gobernar, forjó en Lucio su temple como un hombre que no toleraba las injusticias que cotidianamente cometían los gobernadores a través de los policías y militares. Lo cimbraron hechos de barbarie que se fueron normalizando en el estado, por el terror que impusieron los caciques y militares. Desde los 8 años se dio cuenta de que el contexto de violencia iba de mal en peor. Por eso, cuando Lucio llegó a la Normal tenía muy interiorizada la visión de que el maestro debería ser un agente de cambio, que cultive los valores y los derechos del pobre, que recupere su dignidad y su conciencia de clase. Con sus propias palabras, lo expresó:
Nosotros nacimos en Ayotzinapa siendo todo. Yo me acuerdo que estaba en sexto de primaria cuando hicimos la primera asamblea con cinco compañeros. Compañeros, estamos estudiando, vamos a terminar la primaria, ¿qué vamos a hacer por el pueblo? Parece que vamos a hacer una revolución. Ah, pues que hablaran los de sexto de primaria, nosotros, de revolución era muy raro. Pero nosotros hablábamos de revolución antes de irnos a la escuela.
A su corta edad había esperado bastante para tratar de cambiar la realidad de los pueblos pobres, impulsar la organización de base para luchar contra la opresión. En su pensamiento siempre aparecía la interrogante ¿qué hacer? Poco a poco se fue insertando en los problemas de la escuela, pero sin dejar de tomar en cuenta el contexto social, político y económico que vivía el estado. De analizar las condiciones objetivas y subjetivas de la insurrección.
*Con motivo de los 50 años de la gesta heroica del profesor Lucio Cabañas Barrientos, reivindicamos su legado histórico por su lucha contra la explotación, el terrorismo de Estado, los cacicazgos políticos, la corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades civiles y militares que gozan de impunidad.