Migrantes: sin voz, sin tierra y sin trabajo

Arnulfo España Bonilla sólo fue a Estados Unidos para encontrarse con la muerte. Un tren le cimbró la cabeza de un solo golpe y en pocos minutos le dejó de latir el corazón. En vida tenía claro un sueño: juntar dinero para su familia y pagar las deudas que luego luego empezaron a crecer. Para cruzar la frontera pidó prestados 20 mil pesos. Al rato la suma se le duplicó por eso de los intereses. Allá en Nueva York lo esperaba Andrés, el mayor de sus hijos, quien apenas cumplía la mayoría de edad y ya sabía de las obligaciones propias de un matrimonio. También experimentó el periplo de La Montaña hasta las frenéticas avenidas de Manhatan tras el sueño verde del dólar.
Un día de marzo de este año Arnulfo murió por el trágico accidente. A finales de abril su cuerpo llegó hasta su natal Zilacayotitlán, pueblo tlapaneco enclavado en lo más alto del municipio de Atlamajalcingo del Monte, acompañado de Andrés. Allí lo recibieron Inés, Rosa y Concepción, las hijas que ni siquiera entienden bien de qué murió su padre. Menos lo entiende Catarina Cano, la viuda que lamenta en amplio llanto el adiós de su marido y la tremenda carga de deudas que le dejó.
Una soleada mañana en Zilacayotitlán, Catarina acepta contarnos lo difícil que se le ha puesto la vida ahora que se quedó sin su esposo, pues tiene a tres pequeñas niñas que alimentar y a dos varones (uno de 18 y otro de 15 años) que a pesar de la amarga experiencia de su padre, no cesan en buscar del otro lado lo que aquí muy probalemente nunca encontrarán: un trabajo pagado. Adentro de una pequeña casa que no deja de humear, a Catarina no queda más que preguntarle ¿y ahora, qué vas a hacer?. No piensa mucho la respuesta porque no tiene otra: “Pues voy a salir a trabajar porque aquí no hay trabajo qué hacer, me voy junto con mis hijas”, dice en voz baja cuando se refiera al viaje que emprenderá rumbo a los campos agrícolas de Sinaloa, allá donde por 12 horas de trabajo, sudando, retando al sol, apenas si alcanza para recibir 85 pesos.
Migrar o morir
Guerrero y su campeonato nacional en desgracias, en cifras que desalientan a cualquiera. Son las cifras de la ignominia que vapulean con más fuerza la triste realidad de los pueblos indígenas de La Montaña. La historia de Catarina y su familia es el fiel reflejo del flagelo que miles de indígenas han resistido desde hace varios años, pues en el seno de ese hogar se educaron para sobrevivir en las condiciones más adversas. No hay otra opción, viviendo así no hay más que “migrar o morir”, de este tamaño es el dilema de los indígenas de La Montaña.
Salir de sus pueblos con rumbo a Estados Unidos o hacia los campos agrícolas del norte del país es la constante de la pobreza, en muchos casos muy extrema. Las cifras oficiales matizan la gravedad del problema, pues hablan de que tan sólo en Guerrero unos 25 mil indígenas se emplean temporalmente como jornaleros agrícolas en los estados del norte, sin embargo ese dato con facilidad se duplica, pues las estadísticas únicamente reportan a los jornaleros que se registran en el programa de atención a este sector de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero lo cierto es que más del 50 por ciento de los que migran no lo hacen porque ni siquiera conocen del programa.
Cuando se habla de migración nos enfrentamos ante un fenómeno social que no han podido resolver las autoridades y que en sí mismo lleva implícita la eterna violación a los derechos humanos. Quién no ha escuchado muchas historias en torno a la discriminación de paisanos que se van a Estados Unidos para enrolarse de lava platos y jardineros a cambio de pocos dólares por muchas horas de trabajo; o la triste y dura travesía de los jornaleros agrícolas que dejan ver que no hay que ir a otros países para ser sujetos de explotación.
Francisco Campos García, originario de Tlapa, es uno de los miles de guerrerenses que engrosan las cifras de migración en suelo norteamericano. Hace apenas unos días que llegó de vuelta a Tlapa para ver a su mamá, justo el 10 de mayo, el “día de las madres”. Hacía nueve años que no estaba con ella, que no constataba el paso de los años que le han cambiado el rostro, pues a los 18 años partió a Nueva York buscando el famoso “sueño americano”. Francisco no es el mismo de hace nueve años y él mismo reconoce que esta ciudad –que no deja de ser pueblo– ya no le sienta igual que antes. Su español está cambiado, es una combinacion de dos idiomas que suena como a “spaninglish”, así lo dejó ver cuando aceptó conversar sobre su estadía en uno de los lugares más conocidos del planeta: Nueva York.
Francisco destaca de esos nueve años el tema de la discriminación racial que vivió en carne propia: “Allá la mayoría de la gente americana son racistas todos. O sea, la gente se socializa conforme a su país: los mexicanos con los mexicanos y los americanos con los americanos. Es diferente, mucho racista, el americano siempre trabaja menos y gana más. Como en mi caso que uno reclama las horas extras trabajadas y que no son pagadas, luego nos gritan, nos maltratan, nos insultan”.
Pensar que estas realidades se reproducen por miles preocupa, preocupa mucho, sin embargo preocupa más que los gobiernos sigan sin afrontar el problema, atorados en políticas de empleo, de combate a la pobreza, de educación, salud y derechos humanos que se reducen a paliativos que resultan insuficientes para hacer fente al gran monstruo de la migración.
El de Antonio es otro caso del trágico binomio pobreza-migración. Es oriundo de Huehuetepec, Atlamajalcingo del Monte, habla tlapaneco, y lleva más de diez años viviendo una temporada en su pueblo y otra en los campos agrícolas de estados del norte. Dice que allá los “patrones” no los tratan bien, que les gritan a pesar de que “por nosotros” es que los empresarios ganan tanto dinero, a costa del trabajo mal pagado de los jornaleros.
Hace algunos años vivió la tragedia de perder dos hijas a causa de una extraña enfermedad que no fue atendida a tiempo y que no descarta que haya sido producida por los agroquímicos con que fumigan los campos. De este lamentable episidio no quiere hablar mucho, no profundiza cuando conversa y más bien sintetiza el drama con la siguiente explicación: “la vida del jornalero es la más triste, más que la de los migrantes de Estados Unidos. Cuando uno se va a un hospital no te atienden, peor si no hablas el español, nomás no, o sea, ahí a la gente que lleva el grupo le interesa más que trabajen, no si es buena persona o no, o si necesita algo, eso no interesa”.
Y es que el drama del jornalero es insultante. Ante la falta de oportunidades para acceder a un trabajo que cuando menos garantice las comidas del día, no hay otra opción más que partir a malbaratar su fuerza de trabajo en jornadas agotadores de más de diez horas diarias. Es un drama que ya no tiene palabras para explicarlo, el drama de salir de su pueblo y constatar que no hay que ir a Estados Unidos para ser explotados, porque aquí en México los pueden explotar. Es el drama de hacer producir una tierra ajena, porque los surcos de La Montaña ya no dan ni siquiera el suficiente maíz para comer, porque la única tierra que les queda y que no se les ha podido arrebatar es la que llevan adherida al rostro, brazos y piernas, producto de horas y horas de esfuerzo, sudando con la cara al sol.
Son los dramas de la migración, son los dramas de la falta de una política del gobierno que sea capaz de frenar el éxodo migratorio que año con año se robustece, son los dramas que en Guerrero se reproducen a raudales. Es el drama, el dilema, de migrar o morir.

Solidaridad de Tlachinollan con El Sur



Señor director:
Hay quienes aun en las condiciones más adversas asumen como una batalla cotidiana la lucha por la defensa de la libertad de expresión en el mundo. Guerrero no es la excepción, porque aquí se evidencia el desdén del gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, a los medios de comunicación críticos de las políticas de la administración que encabeza.
En este contexto, ante los atentados sistemáticos a la libre expresión cometidos por el Ejecutivo estatal, específicamente en contra del periódico El Sur de Acapulco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se solidariza con este medio que desde hace 13 años resiste a los embates de los gobernadores en turno.
Como organismo no gubernamental de defensa de los derechos humanos afirmamos que en un estado como el de Guerrero, que en voz del gobernador se caracteriza por “ser democrático”, aún no se garantiza el libre acceso a la información ni el respeto a la libertad de pensamiento y mucho menos se propician las condiciones para ejercer un periodismo honesto sin ambages ni ataduras.
Si los medios de comunicación no están a la altura de las necesidades del estado –como lo dijo el gobernador en su reciente informe de actividades– no es porque carezcan del profesionalismo o de compromiso social en el quehacer informativo, sino precisamente porque desde el aparato de poder se vulnera el derecho a la libertad de expresión bajo el viejo esquema de negociar con la información.
A través de los trece años de vida de El Sur hemos podido asumirnos como actores sociales de la vida de Guerrero, pues en estas páginas hemos encontrado un espacio para decir lo que muchas veces nos quieren hacer callar en otros medios.
Venga pues un solidario saludo para todo el equipo de El Sur.

Atentamente

Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC

   Resolución o administración de conflictos. El caso de Capulín Chocolate

El estado de Guerrero sin duda se destaca por la fuerte existencia de conflictos comunitarios de diversa índole. Algunos tienen su fuente en la lucha por la tierra y se vislumbran como conflictos agrarios, otros tienen como base distintas ideologías políticas o filiaciones partidistas, otros la pertenencia a diferentes credos religiosos y muchos más tienen su fundamento en causas sociales. Simplemente en la región de La Montaña, la Procuraduría Agraria informa que ha documentado la presencia de 47 conflictos agrarios, destacando entre ellos el de Acatepec y Zapotitlán Tablas, el de la comunidad de Xitopontla con los pequeños propietarios de Olinalá, entre muchos otros.

Desde hace varios meses un conflicto comunitario visible es el de Capulín Chocolate, comunidad ubicada en el municipio de Marquelia. En agosto del año pasado, estalló un conflicto que inicialmente parecía ser de intolerancia religiosa, toda vez que un grupo de 12 familias pertenecientes a los testigos de Jehová denunciaban ser obligados por los católicos de la comunidad a desempeñar cargos religiosos. Conforme nos fuimos adentrando y fue avanzando el conflicto resultó evidente que no se trata de intolerancia religiosa sino del incumplimiento de los usos y costumbres comunitarios, siendo la base del problema que un sector de la comunidad, concretamente las familias pertenecientes a la religión testigos de Jehová, se niegan a cumplir con los cargos comunitarios.

El conflicto se polarizó a tal grado que las partes solicitaron la intervención del gobierno del estado, mismo que se vio obligado a intervenir mediante el establecimiento de una mesa de diálogo entre las partes. Como resultado de ello el 17 de septiembre de 2003 en asamblea general de ciudadanos de Capulín Chocolate, en la que estuvieron presentes el licenciado Javier Bataz Benítez, subsecretario de Gobierno para Asuntos Religiosos, el ingeniero René González Justo, presidente municipal de Marquelia, y otras autoridades, se llegó al acuerdo de que las dos partes convenían que lo mejor era la reubicación de las 12 familias señalando el 22 de noviembre de ese mismo año como fecha para que las mismas ya tuviesen otro lugar de residencia.

Al vencerse los plazos establecidos en la citada acta de asamblea, misma que cuenta con las firmas de los funcionarios antes señalados, los ciudadanos de Capulín Chocolate dirigieron una carta al gobernador, solicitándole información acerca del cumplimiento de los acuerdos, en el entendido de que dichas autoridades se encargarían de la ubicación y traslado de las 12 familias inconformes.

El 28 de octubre del mismo año las autoridades de la comunidad fueron citadas a una reunión en la Secretaría General de Gobierno, en la que estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Religiosos, el subsecretario de Seguridad Pública, el subprocurador de Asuntos Penales y el director general de Gobernación. Las autoridades fueron informadas que se revocaban los acuerdos contraídos en la comunidad de Capulín Chocolate, argumentando que no tienen validez porque las autoridades firmaron bajo presión.

A partir de ello, las autoridades estatales simplemente han dejado transcurrir el conflicto, propusieron elaborar un borrador de reglamento comunitario en el que se establecieran claramente los derechos y deberes de los ciudadanos, sin embargo a la fecha dicho documento no ha llegado a manos de la comunidad.

El caso de Capulín Chocolate representa un ejemplo latente de que al parecer las autoridades sólo atienden los conflictos cuando los mismos se polarizan y llegan al extremo de riesgo ya sea porque está a punto de cobrar vidas o en su defecto porque ya hubo enfrentamientos.

A la fecha los ciudadanos de Capulín Chocolate han enviado una misiva más al gobierno del estado en torno a la necesidad de revivir el diálogo, el problema comunitario continúa y el incumplimiento de los acuerdos lo único que han logrado es auspiciar el estado de conflicto.

Muchos conflictos viven la misma condición de desatención o administración, corriendo el riesgo de que los mismos se prolonguen sistemáticamente y sigan generando un costo social y de vidas permanente, como al día de hoy ha acontecido con el problema agrario de Zapotitlan Tablas y Acatepec, el cual comienza una vez más a dar visos de resurgimiento.

Estos casos son muestra clara de que en ocasiones las autoridades lejos de comprometerse con las partes y propiciar salidas, tal parece que se dedican al intervencionismo que no aporta salidas de fondo sino solamente coyunturales, generando una administración y no una resolución de los conflictos.