Con motivo de nuestro 12 aniversario, los días 2 y 3 de junio realizaremos un foro regional denominado Migrar o Morir con el fin de propiciar el intercambio de experiencias entre la población indígena migrante orientada a generar y fortalecer sus procesos organizativos, a promover la coordinación de esfuerzos locales nacionales e internacionales y hacer efectiva la defensa de sus derechos humanos. En este marco de reflexión, análisis y presentación de testimonios de migrantes daremos a conocer nuestro 12 informe titulado Desde el corazón de la tierra, resistir para vivir, que da cuenta de la lucha heroica de los pueblos campesinos e indígenas de Acapulco y La Montaña, por la defensa de sus territorios. Presentamos también la situación de las mujeres indígenas que viven en un estado de total indefensión, soportando el maltrato del órgano investigador que de manera sistemática duda de la palabra de las mujeres; planteamos la diversidad de casos de violaciones a los derechos humanos documentados por Tlachinollan a lo largo y ancho de La Montaña.
Este acontecimiento que representa un esfuerzo colectivo construido desde las aspiraciones más profundas y legítimas de los pueblos de La Montaña ha ido madurando la semilla de los derechos humanos en los terrenos ahora pedregosos de nuestra escarpada sierra Madre del Sur.
No sólo en nuestro estado hemos sucumbido ante la influencia evolucionista importada desde las universidades y los centros de política estratégica de Estados Unidos, a la idea de que, a pesar de todos los males nuestra sociedad avanza hacia formas más modernas y racionales de organización. Esta corriente se vive a nivel nacional y latinoamericano, donde se ha vendido la idea de que nos encontramos transitando hacia algo mejor, se nos machaca en todo momento que estamos viviendo un momento privilegiado conocido como “el tránsito hacia la democracia”.
Esta corriente de interpretación que permea en los círculos de las élites políticas se amalgamó a causa de dos problemáticas fundamentales a nivel latinoamericano: las dictaduras militares del Cono Sur y la lucha guerrillera en varios países de nuestro continente. Estas dos realidades extremas dieron pie para dar carta de naturalización a la “vía reformista” como una opción política frente a la ruptura violenta.
Este telón de fondo permitió transformar a la ideología de la “transitología” en una corriente bien vista por los gobiernos neoliberales que en la práctica viene a sostener la idea que, por más mal que parezcan ir las cosas, caminamos hacia algo mejor, es decir que no nos queda de otra que seguir soportando los flagelos de la pobreza y de la violencia estatal porque es el costo del tránsito a la democracia.
Tenemos que desenmascarar esta ideología que nos atrapa y nos quiere imponer a cualquier costo político y social la concepción elitista de la democratización de nuestra sociedad, que en los hechos limita la participación de la ciudadanía con la finalidad de no sobrecargar demasiado al régimen supuestamente democrático con demandas sociales de las clases dominadas que puedan poner en peligro lo prioritario del sistema que es la acumulación capitalista.
En Guerrero con el nuevo gobierno se quiere reproducir un falso optimismo que ya han vivido otras sociedades de América Latina incluyendo nuestro país. Se parte de una idea pragmática de que “las escaleras se barren de arriba para abajo”, es decir que lo primero que se necesita es fortalecer a las instituciones de la democracia porque a partir de ellas, irán bajando los elementos de la cultura cívica y, con ellos, las posibilidades de un fortalecimiento de la sociedad civil, del capital social, de la confianza y de los colectivos ciudadanos. Permea la propuesta de que una economía integrada globalmente, abierta a la competencia internacional, camina de manera inseparable con el fortalecimiento de las instituciones de la democracia representativa (partidos, parlamentos y sistema electoral) y que los beneficios de una economía reordenada que pone a disposición de los mercados internacionales nuestros recursos naturales, turísticos y mano de obra, ayudarán a modo de “goteo” a reajustar y nivelar los contrastes sociales, generando mayores oportunidades para los sectores empobrecidos.
La realidad es avasalladora por los datos alarmantes que se desbordan en la opinión pública nacional e internacional: ha aumentado la pobreza extrema, se ha agudizado la espiral de la violencia, hemos entrado a un proceso de degradación social, de desorden institucional y vivimos escenarios extremos de la anomia y la narcoviolencia. Todo esto sin que exista una visión de mediano o largo plazo que plantee políticas compensatorias como sucedió en la Unión Europea que evitó un colapso de los países más débiles y los libró de la regresión y estancamiento económico.
Ante este hundimiento de los sectores empobrecidos, a las élites políticas sean de derecha o de izquierda, lo que más les importa es impedir la alteración o incumplimiento con los tratados comerciales con otros países. Por desgracia vivimos una situación donde los gobiernos de cualquier cuño se oponen con toda la fuerza de las instituciones públicas para que los ciudadanos en rebeldía y en resistencia pongan en riesgo los grandes negocios con las empresas transnacionales. En esta perspectiva vemos muy alejada la posibilidad de que algún gobierno se comprometa con la población pobre y se haga eco de las demandas que plantean y mucho menos de apoyarlos para sacarlos de su atomización desorganizada.
El nuevo “institucionalismo” que se pregona desde Estados Unidos como la nueva teoría del neoliberalismo económico se impone en los países pobres como parte del paquete de los acuerdos comerciales. Se privilegia la institucionalidad política llegando a niveles de sacralidad como sinónimo de orden supremo o intocado, en detrimento de la organización y el empoderamiento de la ciudadanía. Se le da gran juego político a las cámaras de diputados y senadores y se impone la concepción de que la producción de leyes y el cumplimiento de los tratados son la piedra angular del reordenamiento del todo social, ocultando los intereses facciosos y mezquinos de las élites políticas.
En esta aplicación autóctona del “neo institucionalismo” se expresa con claridad esa imagen del barrido de escaleras de arriba para abajo, porque se entiende cómo las autoridades pretenden amplificar el alcance de las instituciones que busca penetrar en todo el cuerpo social, borrando del mapa los movimientos ciudadanos que buscan la transformación de esta realidad oprobiosa.
Partiendo de esta concepción logramos entender cómo el Ejecutivo federal y estatal se asumen como los grandes actores políticos con la capacidad y la facultad de ordenar a la sociedad y de conducirla, confundiendo interesadamente su propio empoderamiento con lo que es supuestamente bueno para nuestra sociedad.
Se habla de la ingeniería institucional, del saneamiento de las finanzas que de alguna manera son productos vendibles para toda la ciudadanía en aras de “la transición a la democracia”, sin embargo, vemos que estos cambios no están pensados para beneficiar a la población excluida de los servicios básicos, por el contrario, el diseño de las políticas públicas y de los grandes negocios se orientan primero a crear muros o murallas virtuales donde se asegure primero los grandes negocios de las transnacionales y se deje para segundo término la inversión pública orientada a satisfacer las necesidades básicas de la población pobre.
La lucha de los pueblos indígenas de Guerrero, de los campesinos opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota, de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de las mujeres indígenas y campesinas, de los maestros movilizados que luchan para mejorar la educación en las regiones pobres de nuestro estado, los jornaleros agrícolas y los migrantes internacionales que ponen en riesgo su vida para obtener un ingreso ínfimo, los pueblos indígenas que enfrentan conflictos agrarios desde hace décadas a causa de la incapacidad de las autoridades para resolver de manera apropiada estos problemas históricos, la lucha legítima y digna del grupo cultural Calpulli Tecuanichan y de su líder histórico Gelacio Gatica Sánchez que ha decidido poner en riesgo su vida con el fin excelso de lograr un lugar digno parar la promoción de la cultura de los pueblos indígenas, así como el atropello y el daño que se le causa al periódico El Sur por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, que ha actuado bajo consigna de la nueva elite política liderada por el Ejecutivo estatal, y los organismos civiles y públicos de derechos humanos, nos encontramos fuera de esa neo institucionalidad, porque ponemos en riesgo el orden impuesto por los grandes intereses económicos que se han creado en nuestro estado y que son protegidos y defendidos a cualquier costo social y político.
Porque en los negocios nadie va a invertir si no tiene la certeza jurídica y la fuerza institucional que le asegure óptimas ganancias. La metáfora de que las escaleras se barren de arriba para abajo quiere ser la panacea del nuevo gobierno que está provocando una mayor polarización política entre los guerrerenses.