La Educación Integral en Sexualidad (EIS) es un derecho negado a los niños, niñas y adolescentes indígenas de la Montaña. En la región poco se habla de este tema y su conocimiento es reducido y muy vago, en muchas ocasiones se mal informa a los menores por los tabús y prejuicios que existen entre las personas mayores. En las mismas instituciones educativas hay serias limitaciones en cuanto al conocimiento y manejo apropiado de la información y el diseño de prácticas pedagógicas enfocadas a la salud reproductiva y la sexualidad.
La UNESCO recomienda que los gobiernos proporcionen a los niños, niñas y adolescentes (NNA) un acceso equitativo a la educación integral en sexualidad acorde a su edad y a su cultura, para obtener el más alto nivel posible de salud, incluyendo elecciones sexuales seguras, responsables y respetuosas, libres de coerción y violencia, así como garantizar su derecho a tener acceso a la información preferentemente traducida en lenguas maternas, para un autocuidado eficaz.
En el 2022 el Consejo Nacional de Planeación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó un estudio “El embarazo en la adolescencia y el acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva” en el que documentó que las y los adolescentes desconocían la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos y tuvieron nulo acercamiento a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR). El poco conocimiento de los métodos anticonceptivos deriva en un bajo uso, lo que se refleja en jóvenes adolescentes que declaran, entre las principales razones de un embarazo, el desconocimiento, la falta de acceso a los anticonceptivos o el descuido. Los resultados mostraron que la escuela representa el principal medio de difusión sobre SSR, de ahí la importancia de la educación sexual en las aulas y la coordinación con los servicios de salud dirigidos a adolescentes para fomentar una mejor educación en estos temas.
El contexto demográfico y socioeconómico complejiza la problemática que de por sí es muy amplia en el país, en cuanto a la implementación de la Educación Integral en Sexualidad (EIS). En entidades como la nuestra, que cuenta con altos niveles de pobreza y bajo nivel educativo, la falta de acceso a servicios de salud está estrechamente relacionada con problemáticas de salud sexual y reproductiva.
Es importante socializar la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene sobre la salud sexual: “que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y no solamente es la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales”.
La salud reproductiva la define también como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y para la planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no están legalmente prohibidos. Tener acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, asegurar el derecho a recibir servicios adecuados en cuanto a la atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y que den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos”.
Desde la perspectiva de los derechos humanos la salud sexual y reproductiva se entiende como el derecho fundamental de todas las personas a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y segura, así como a tener la capacidad de decidir libremente sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad y su capacidad reproductiva sin discriminación ni coerción.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México la población de 0 a 19 años representó el 34.0 por ciento de la población del país, lo que equivale a poco más de 42.7 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA). El 5.8 por ciento de NNA habitan en municipios de alto y muy alto rezago social, principalmente en municipios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
La salud sexual y reproductiva en NNA es un derecho humano que presenta diversos retos y problemáticas, principalmente los embarazos no planeados, que es un fenómeno que deriva en complicaciones en el mismo embarazo y en el parto. Un estudio del CONEVAL muestra que el embarazo adolescente es un problema público que no ha logrado contenerse en los últimos años y que tiene un componente importante de género por la situación de pobreza, al presentarse en forma mayoritaria en este sector que pone en riesgo su vida misma. La evidencia señala que las y los adolescentes desconocen la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos y tienen escaso acercamiento a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Adicionalmente el embarazo de NNA está asociado con complicaciones de salud como hipertensión gestacional, preeclampsia y diabetes gestacional. El embarazo infantil y adolescente no solo es un período de riesgo para la salud de madres e hijos/as, también presenta efectos negativos de tipo psicosocial como el cambio de proyecto de vida, problemáticas en el ambiente familiar y social, así como deserción escolar y pérdida de oportunidades laborales. Las adolescentes al no encontrarse preparadas para la maternidad experimentan depresión, ansiedad y otros sentimientos y emociones negativas.
El aborto en condiciones no seguras es una de las consecuencias del embarazo adolescente. Hay estimaciones que poco más de la mitad de los embarazos no deseados, 55 por ciento, entre las adolescentes de 15 y 19 años, en los países pobres terminan en abortos, que con frecuencia son realizados en condiciones insalubres o en la clandestinidad. Las adolescentes de 10 a 14 años son especialmente vulnerables debido a su inmadurez física, emocional, psicológica y el grave problema de la desnutrición que padecen la mayoría de adolescentes indígenas. Estas vulnerabilidades ocasionan partos prematuros, con un mayor riesgo de mortalidades materna y neonatal, así como mayor probabilidad de preeclampsia y eclampsia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) en México la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) se ubicó en 45.2 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. En ese mismo año nuestro estado aparece con la TEFA más alta con el 82.1, seguido por Chiapas (78.6) y Zacatecas con 74.4. Es un escenario complejo y muy desafiante para el país, pero sobre todo para las autoridades de Guerrero, asumir en su justa dimensión estos retos, ante todo deben de implementar una estrategia integral que aborde tanto las causas directas de la fecundidad adolescente como los factores socioeconómicos, culturales y raciales que contribuyen. Es impostergable instrumentar una política pública coherente y sostenida que se comprometa con la reducción de la TEFA, tomando en cuenta los contextos regionales y las realidades locales, garantizando que los recursos económicos estén disponibles y se utilicen de manera efectiva.
El embarazo de las NNA es multicausal, sobresalen la falta de una educación sexual integral, el bajo nivel educativo y la falta de preparación de los docentes. En la Montaña la situación es muy deplorable porque ni siquiera hay centros educativos, tampoco personal docente que tenga formación intercultural y bilingüe, mucho menos con perspectiva en educación sexual y reproductiva. Esta discriminación secular ha sido la causante de que las NNA no estudien, se les trunque la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y encontrar nuevos horizontes en la vida, más allá de los matrimonios tempranos. Ante este abandono las niñas y niños están condenados a vivir en el analfabetismo, a no ejercer su sexualidad de manera segura y satisfactoria y a tener información adecuada para decidir libremente cuándo casarse, con quién casarse y cuántos hijos tener.
Lo más grave que enfrentan las niñas y niños de la Montaña son los matrimonios forzados que se han arraigado en los municipios más pobres de la región y del país. Las consecuencias son devastadoras ya que la violencia sexual conlleva violencia de los suegros, los maridos que se profundiza con la complicidad de las autoridades municipales que protegen a los violadores y obligan a las mujeres a soportar estos agravios y a sufrir estoicamente sus arrebatos de violencia que desembocan en feminicidios, que en los últimos años se han incrementado en la región.
Los asesinatos de mujeres son parte de los crímenes más comunes que se consuman tanto en las comunidades más recónditas como en las cabeceras municipales. Tlapa es un trágico ejemplo: en las últimas tres semanas se han consumado 4 feminicidios. El más reciente sucedió el viernes pasado a un costado de la tienda Elektra, en pleno centro de la ciudad.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado en el 2020, en la que demanda a las autoridades del estado las garantías para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo en casos de violencia. A pesar de que ya se han emitido dos alertas, la situación de Guerrero es deplorable, porque las niñas siguen padeciendo la violencia impuesta por sus padres y sus maridos. Ninguna autoridad se compromete a acompañarlas en las comunidades donde son víctimas de matrimonios forzados o padecen la violencia de los hombres. Todo ha quedado en eventos suntuosos que para nada toman en cuenta el sentir de las víctimas y mucho menos asumen la defensa efectiva de sus casos. Las acciones se reducen a firmar convenios con los presidentes municipales y a dar pláticas a los funcionarios municipales. Mientras tanto las niñas madres se ven obligadas a abortar en la clandestinidad o a dejar a sus bebés abandonados en las calles, como sucedió este fin de semana en Tlapa.

Ante el escenario cruento de Teuchitlán que mostró las evidencias de las desapariciones que las autoridades federales se niegan a ver y a reconocer, la gran contribución de los familiares en la búsqueda por la verdad, con los corazones rotos, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, no se rinden en su empeño de desbrozar los hilos siniestros que tuercen las líneas de investigación para no llegar a la verdad. Los muros del poder militar son infranqueables porque están por encima del poder civil. Ningún presidente de la República ha ejercido su autoridad como comandante supremo de las fueras armadas para investigar las atrocidades que han cometido y castigar a los jerarcas militares que son los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que han cometido contra la población civil.
En el caso que nos ocupa, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni la presidenta Claudia Sheibaum han obligado a los militares para que entreguen los 800 folios que solicitan los padres y las madres. No acatan ni cumplen sus órdenes. A 126 meses la lucha incansable de las madres y padres se ha topado con la cerrazón del Ejército. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) ha dejado las investigaciones a la deriva, durante casi dos años. El pacto de impunidad sigue intocado.
La reunión que las madres y padres tuvieron con la Covaj el 27 de marzo, transcurrió sin mayores avances en las investigaciones. A pesar de que las familias llegaban con grandes expectativas para conocer los resultados alcanzados en las líneas de telefonía, sobre los 800 folios y qué noticias hay sobre las extradiciones de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé, el subsecretario de Derechos Humanos y el fiscal especial se concentraron en proporcionar información irrelevante.
El fiscal Rosendo Gómez Piedra informó de 19 detenidos, la mayoría integrantes de los grupos de la delincuencia organizada, para las madres y padres se trata de carpetas de investigación que vienen desde el 2023 y 2024, sin embargo, no hay nada nuevo. El Rey, alias El Negro, es lo que más pudieron informar, pero los familiares señalaron que no abona a la investigación orientada a dar con el paradero de los 43 estudiantes.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, comentó que en los seis meses que van del sexenio de Claudia Shienbaum llevan 99 búsquedas en la Quebradora, Tetipac, Zacacoyuca, Loma Alta, Carrizal, Paraje la Cañada, Barranca Santa Fe y El Peral. Encontraron algunos hallazgos que se enviaron a la Universidad de Innsbruck, Austria, pero aún no llegan los resultados.
El desánimo fue mayor para las madres y padres al escuchar la información del fiscal especial, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Salud y del mismo subsecretario de Derechos Humanos, que mostraron el estancamiento de las investigaciones.
No tuvieron respuesta en los temas de los folios (con el acotamiento que ya se ha venido diciendo con la presidenta), que pudieran acceder a información relacionada con la intervención telefónica de El Gil, Valladares y el Cholo Palacios que den pistas sobre el paradero de los jóvenes. Tampoco informaron sobre la presencia de Julio César López Patolzin como militar infiltrado en la Normal. Es importante profundizar en esta línea, pero la Sedena sigue con su postura hermética.
En la reunión del 27 de febrero con la presidenta de la República se destacó la importancia de la telefonía celular porque es más objetiva que cualquier testimonio. Se sabe que fueron tres líneas las que estuvieron en actividad después de la media noche del 26 de septiembre y son diez aparatos identificados por el e-mail que estuvieron activos, algunos de ellos se encontraron en manos de policías. A 10 años las madres y padres no han tenido una explicación convincente de cómo es que los teléfonos de sus hijos estaban funcionando y los tenían algunos policías.
El informe que dieron las autoridades fue percibido por las madres y padres como mero trámite, sin entrar a fondo en los temas más densos. Uno de los padres dijo a las autoridades que quería saber sobre los 800 folios. Con las investigaciones que ha producido el GIEI, por qué estamos patinando en una línea que, en lugar de avanzar, retrocedemos. Que bueno que el fiscal leyó todo el informe del GIEI porque la información que nos está dando ya la tenemos en mente, ya nos han dicho que se los llevaron para el basurero. Si ya tienen todos esos testimonios, ¿dónde están nuestros hijos? Nos acaban de decir que cierto personaje se los llevó en una camioneta, ¿para dónde? Esa es información relevante, pero no vemos claras las líneas de investigación. ¿Qué han hecho para retomar los 800 folios? No queremos saber si atravesaron la camioneta, queremos saber dónde están nuestros hijos. No queremos confrontaciones, sino una reunión fluida, con pruebas, con sustento. Lo que más nos frustra es que no estamos llegando a donde tenemos que llegar.
Sobre la información de la telefonía quiero decir que para la próxima reunión nos entreguen a cada padre los puntos exactos. En qué antena estuvo fulano de tal, cuál es la antena que estuvo jalando esa llamada, cuál es la otra antena que estaba jalando, porque eso que nos informan nos deja a ciegas nuevamente. Si no hay nada nuevo no alarguemos la reunión porque hasta dolor de cabeza nos da. Quiero saber qué información nos tienen de El Caderas que mató la policía y era importantísimo, lo mató la Seido. Quiero saber por qué lo mató, tenía una orden de detención, fue un crimen de treinta y tantos tiros que ahí quedó.
Es importante reunirse con la presidenta. Es una petición que la mayoría estamos haciendo, porque sabemos que sí hay avances sobre ese tema y quién lo solicitó. Creo que es necesario que hablemos con la presidenta sobre los 800 folios porque es importante. Gertz Manero dinamitó la fiscalía que teníamos cuando estaba Omar Gómez Trejo. Le quitaron todos los expedientes, tuvo que irse de México para que no tuviera problemas. Ahora por otras cosas que están pasando, es momento de decirles que recompongan la investigación para no tener confrontamientos entre las dos partes. También que haya una supervisión de los padres en la investigación y además está la facultad del decreto del anterior presidente que se han negado a tomar, una de ellas es que los principales conductos para llamar a los padres son con nuestros abogados, y ya no lo están haciendo.
No queremos confrontamientos con la Covaj, pero tampoco queremos que se burlen de los padres repitiendo la información. Queremos el regreso del GIEI, los 800 folios y las líneas de investigación que ya teníamos. De las 60 órdenes de aprehensión nada más hay un militar detenido. Tienen que fortalecer las líneas de investigación, los responsables están detenidos por delincuencia organizada. Eso es lo que pasó el día de la sentencia del juez de Tamaulipas, los abogados les dijeron a las fiscalías que reforzaran esas líneas de investigación porque van a salir, y es lo que pasó. No les echen la culpa a nuestros abogados. Muchos salieron por culpa de la Fiscalía y de los jueces, por no haber fortalecido las carpetas de investigación. Era de esperarse que los torturados iban a salir porque no realizaron bien su trabajo.
Queremos saber qué es lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores para que extraditen al juez de barandilla de Iguala, Ulises Bernabé. Dicen que no ha sido fácil traerlo. Cómo es que pudieron entregar a 29 personajes del narcotráfico y no hicieron nada, para que a cambio de esta entrega, retornaran a Ulises. Se nota que los intereses diplomáticos no están en lo que demandamos las víctimas. Seguramente el caso de Ulises está relegado, no creemos que el secretario de Relaciones Exteriores lo tenga en la agenda. Por eso no avanzamos porque no hay compromiso serio de los miembros de la Covaj para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el decreto presidencial. Seguimos aquí, no porque queramos, sino porque hacen falta nuestros 43 hijos. Hemos exigido los 800 folios que tiene el Ejército porque ahí vamos a encontrar a nuestros hijos. Nos queda claro que es necesaria la voluntad política de la presidenta, ella es la comandanta de las fuerzas armadas. Le hemos pedido con todo nuestro corazón, que ya no queremos andar en marchas, ya somos señoras grandes, que nos considere porque ya estamos desgastadas. La presidenta tiene hijos, queremos que resuelva el caso en su sexenio, estamos esperanzadas en ella.
Quisiera saber qué ha pasado con el policía de Cocula, qué ha dicho. Agarraron al Negro, pero qué sigue en la investigación, qué testimonio ha dado. Es importante para nosotras como madres y padres saberlo. No podemos permitir que el caso Ayotzinapa quede en la impunidad. Este es el sexenio de una mujer, le tenemos confianza para llegar a la verdad y encontrar justicia. Vamos a seguir insistiendo una y otra vez, nada ni nadie nos detendrá, tampoco nos vamos a cansar porque son nuestros hijos. En nuestras casas nos hace falta un hijo y no sabemos dónde está. Cuando llega su cumpleaños quisiéramos abrazarlo. Eso nos lástima y nos mata. Queremos que haya más sensibilidad de la presidenta, que nos tenga paciencia y tolerancia porque somos madres con un hijo desaparecido, y ella no. Esa es una diferencia grande que hace que no comprendan lo que significa caminar en este mundo con un hijo desaparecido. Seguiremos hablando con las autoridades, a pesar de que nos han defraudado y abonado para perderles la confianza. Aún así nada nos detendrá.
.

Las imágenes de cientos de zapatos, ropa, mochilas, pintauñas, cepillos de dientes y otras prendas encontradas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, deja una cauda de dolor en un México ensangrentado y aterrorizado por el crimen organizado. Las fosas clandestinas están sembradas en las planicies, regadas con la sangre de personas desaparecidas. El terror que las madres buscadoras han desenterrado no tiene nombre. La irracionalidad y la bestialidad se ha instalado en nuestra sociedad. Lo perverso es la complicidad de las autoridades, su inacción, su silencio, su permisividad. Han dejado que la vida humana sea triturada, exterminada, cremada.
Teuchitlán es el epicentro del horror, el laboratorio de la muerte, el infierno que reduce a cenizas los sueños de los jóvenes. Es el poder macabro que extermina a la población pobre. La violencia es parte del proceso de acumulación y despojo para la obtención de la ganancia crasa. Forma parte del pacto de impunidad con el estado donde el crimen organizado coexiste dentro de las instituciones gubernamentales para empoderarse y obtener dividendos con el trabajo sucio que realizan. Queda claro que los métodos de exterminio forman parte del entramado social que tiene como eje devastador los intereses oscuros de la economía criminal.
En México la violencia es un negocio redituable, no sólo por las acciones delictivas que se multiplican en nuestra sociedad, sino porque se ha transformado en un mecanismo de dominación y acumulación. La violencia fortalece estructuras de poder y redistribuye el control territorial. ¿Como sociedad qué podemos hacer ante una realidad que nos apabulla? ¿Cómo dar la batalla como ciudadanos ante estructuras corroídas por la corrupción y frente a un sistema de justicia burocrático y mercantilista que no está construido para proteger los derechos de las víctimas? ¿Habrá voluntad política para desmontar este aparato delincuencial y frenar la violencia?¿Llegaremos a saber quiénes son los responsables de esta violencia?
La violencia extrema y las desapariciones no pueden entenderse como hechos aislados y fortuitos. Forman parte de las redes de macrocriminalidad en las que convergen estructuras criminales, estatales y empresariales que se coluden para violar los derechos humanos y trivializar la vida de las personas. En este marco delincuencial el mismo Estado facilita estas acciones o simplemente las ignora. Lo que importa en este sistema es el dinero, fuera de este fetiche todo es sacrificable. La vida queda subordinada a la ganancia, tiene valor en cuanto asegura acumulación económica. Los grupos criminales forman parte de este engranaje como generadores de violencia que se transforma en la fuerza más productiva. Por lo mismo, la violencia es consustancial al proceso de acumulación y de exacción económica.
En Guerrero la violencia es el principal negocio con el que han lucrado caciques, generales, gobernadores, diputados, presidentes municipales y empresarios. Usar la violencia para despojar de riquezas naturales, controlar territorios, someter a la población, extraer madera, minerales, agua, es el método más efectivo para enriquecerse y erigirse como un personaje poderoso y siniestro. Utilizaron la violencia para acallar voces disidentes, para perseguir y desaparecer a quienes empuñaban las armas; exterminaban a poblaciones que apoyaban a la guerrilla; masacraban a trabajadores que exigían mejores precios de sus productos, a campesinos que salían a denunciar las tropelías de los caciques desalmados, a indígenas que simpatizaban con la guerrilla. A normalistas que emplazaban a los gobernadores para atender su pliego de demandas; a maestros democráticos que en todo momento han increpado al poder y se han organizado de manera independiente para luchar por sus derechos laborales.
En nuestro estado la violencia se ha agravado por la inacción de las autoridades, la inoperancia de la Fiscalía, la ineficiencia, corrupción y colusión de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado. Esta descomposición social ha propiciado que la delincuencia se expanda al grado de convertirse en un poder fáctico que controla territorios y cuenta con empresas que generan empleos, buscando la forma de monopolizar los negocios más redituables, como la cerveza, el refresco, la venta de carne y los productos básicos. Maximizan sus utilidades. Para evitar que haya competencia se tornan más violentos, destruyen a sus enemigos y generan terror entre la población. Para que la empresa fructifique tiene que reclutar a jóvenes como carne de cañón. Esto sucede en las ocho regiones de nuestro estado, donde cada organización criminal tiene sus formas de reclutamiento, sus centros de entrenamiento, capacitación y dotación de armamento. Cuentan con fosas clandestinas y prácticas de exterminio dentro de sus territorios.
En Guerrero hay 4 mil 385 víctimas de desaparición, de acuerdo con cifras oficiales, desaparece una persona cada día, sin embargo, hay una cifra negra que no se reporta, que es el 30 por ciento. Además 3 de cada 10 personas desaparecidas no son reportadas por miedo a sufrir otra desaparición. Lo patético es el desmantelamiento de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada que sólo cuenta con dos elementos policiacos, con dos ministerios públicos y no tienen vehículos. Existe una Comisión de Búsqueda en la que el titular tuvo que renunciar al mes porque no contaba con el apoyo de las autoridades. Ahora el nuevo titular no cuenta con el apoyo de los colectivos porque no lo conocen. Hay retrocesos porque al gobierno no le interesan los colectivos ni las víctimas de desapariciones forzadas. Son un actor incómodo al que han ignorado e invisibilizado.
Un tema que preocupa a los colectivos es el centro de resguardo que dista mucho de ser un centro de identificación forense. Las autoridades no han sido transparentes en el manejo de los recursos y tratan de evadir su responsabilidad sobre la crisis forense que se complejiza más en la medida que se incrementa el número de personas desaparecidas.
La única opción que los colectivos vislumbran es la aprobación de la ley en materia de desaparición de personas del estado de Guerrero. Para los familiares de personas desaparecidas no existe la desaparición de personas cometida por particulares porque siempre influye el Estado por su acción u omisión, por el contubernio y los moches que hay. Por eso apelan a la independencia de la Comisión de Búsqueda, de la Comisión de Atención a Víctimas, de Servicios Periciales, del Semefo para que estén del lado de las víctimas y no sean rehenes de los grupos políticos, que defienden intereses ajenos a las demandas más sentidas de los colectivos.
El colectivo Lupita Rodríguez tiene registrados 300 hallazgos y los restos óseos que han encontrado los han llevado a la Ciudad de México, porque en el estado sólo los almacenan en los Semefos y en los centros de resguardo. Lo que menos quieren las familias es que se guarden los restos porque es una forma de postergar la identificación de los fragmentos óseos, que es un asunto de extrema urgencia.
El panorama de Guerrero es desolador. Las autoridades siguen sin interesarse en las búsquedas de las personas desaparecidas, son como siempre los colectivos los que están impulsando estas jornadas en medio de múltiples carencias y dificultades que presentan las instituciones involucradas. Las búsquedas son muy laboriosas porque tienen que ubicar bien los puntos y escarbar varios metros. Es un trabajo meticuloso, requiere paciencia y persistencia. Sólo los familiares han logrado resultados positivos. Hay ocasiones que encuentran cuerpos, pero en la mayoría son fragmentos óseos que con ayuda de especialistas logran su recolección adecuada.
El lunes 17 de marzo el Colectivo Lupita Rodríguez inició una búsqueda en un punto cercano a Coyuca y encontramos tres cuerpos completos, uno tenía dos meses, otro tenía entre 8 y 9 meses y el tercero tenía más de un año. Además encontraron tres costillas y el hueso atlas. Encontraron también fragmentos óseos en otra zona. Este 2025 cuentan ya con cinco hallazgos. Lo malo es que su trabajo depende mucho de la búsqueda federal, porque ahí son más ágiles para la identificación forense que no rebasa los 3 meses, en cambio cuando se trabaja con el fuero común, los restos que se encuentran se quedan en los Semefos, no se hace la identificación, sino que se van a resguardo a los panteones forenses. Los colectivos de Guerrero no quieren centros de resguardo, sino un lugar donde se puedan identificar los restos óseos. Saben que un centro de identificación humana cuesta 160 millones como el de Tijuana, porque requiere un área de odontología, otra de medicina forense, criminalística forense y todas las demás áreas que intervienen en la identificación. Siguen construyendo el proyecto, saben que hay errores y que requieren del apoyo de Servicios Periciales y personal de Semefo. Esperan culminar la propuesta y entrar a la etapa de la negociación. Su lucha es larga, no sólo para hacer las búsquedas y encontrar cuerpos o fragmentos, sino para ser escuchados por las autoridades. De lograr incidir en el Congreso y de colocar este tema de la creación de un centro de identificación forense, como un tema central en la agenda pública del estado.
Como guerrerense ¿qué tenemos que hacer? Los colectivos del estado tienen clara su ruta: seguir buscando a sus desaparecidos y luchar para que en el estado pueda crearse este centro de identificación. Están conscientes que no cuentan con el apoyo de la gobernadora, sin embargo, han logrado cosas imposibles. Saben que sólo los familiares son los que pueden romper los muros de un poder impune, que encubre a los perpetradores y que se colude con los grupos del crimen organizado. Su lucha es titánica porque es dar la batalla contra las redes de la macrocriminalidad, desmontar las estructuras delincuenciales y desenmascarar los centros de reclutamiento y exterminio que existen en el estado por el gran número de jóvenes desaparecidos y la expansión de las redes criminales que tiene como rehenes a personas que están destinadas a matar o a morir en el intento.

La pobreza y la desigualdad social en las comunidades indígenas de la Montaña son más devastadoras que el agua del río Jale de Xalpatláhuac. Los caseríos que cuelgan de los acantilados fueron levantados con blocks y cemento desplazando los adobes y las tejas. El paisaje perdió el color vivaz de la tierra roja y se tornó grisáceo y desolador. Entre la gente mayor estas obras representan el éxito de los jóvenes que mandan sus remesas desde Nueva York.
La calle principal es el arenal que atraviesa la comunidad. Antes era el campo de batalla entre la gente de los barrios y ahora son las peleas entre las pandillas de jóvenes nahuas. Al caer la noche los jóvenes bajaban para protagonizar batallas campales, porque sabían que la autoridad municipal no intervendría. Los principales del pueblo hablaban con los padres y madres de los jóvenes, pero era en vano. Poco a poco las confrontaciones empezaron a darse en el día, sin que los policías municipales pudieran conternerlos. El escenario se complicó con dos homicidios y varios lesionados. También empezaron a darse robos en las casas. Miedo y enojo había entre las familias, sin embargo, las divisiones políticas impedían enfrentar el problema con medidas más efectivas.
Algunos líderes comunitarios junto con varios principales, mayordomos y catequistas de la parroquia de Xalpatláhuac, vieron necesario formar un grupo de la Policía Comunitaria. A pesar de que el padre Mario Campos la había impulsado a su llegada como párroco, no tuvo una respuesta favorable de los feligreses. El clima de inseguridad los obligó a retomar su propuesta. Fue en el 2020 cuando se conformó un grupo de la Policía Comunitaria que se adhirió a la Casa de Justicia de Espino Blanco. Su aparición provocó muchas resistencias y enconos con los presidentes municipales. Acudían con el Ejército para que los desarmara y con el Ministerio Público para que les abriera una carpeta e investigación. En octubre de 2021 se suscitó un conflicto grave con la presidenta municipal como producto de la disputa política que generó encono entre la población de la cabecera municipal. Se dio una confrontación con la Policía Municipal, hubo balazos, forcejeos y toma del Ayuntamiento. Este conflicto dio pie para que la presidenta municipal despachara en la comunidad de Cahuatache, relegando del presupuesto a los habitantes de la cabecera municipal. Desde esa fecha la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac ha padecido el hostigamiento y persecución del Ejército.
El domingo 16 de febrero de 2025 la síndica municipal, Cecilia Tapia, giró una solicitud de apoyo a la Casa de Justicia de Espino Blanco, para trasladar en la camioneta de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac a una persona que se accidentó al caer de la azotea de su casa. Por tratarse de un herido se autorizó para que los policías comunitarios prestaran el auxilio. El accidentado estaba inconsciente y perdía mucha sangre, por lo mismo su traslado era urgente. De parte de la Presidencia Municipal no hubo respuesta por la ausencia de la autoridad y porque no cuenta con ambulancia, ni tiene suficientes policías. El apoyo de la Policía Comunitaria fue efectivo, en ese momento prepararon la camioneta de inmediato para trasladar al paciente al Hospital General de Tlapa.
Como las 11:30 de la noche llegaron al centro hospitalario. Los cinco policías comunitarios bajaron al herido, sin entrar a las instalaciones, lo entregaron con el personal de guardia, en urgencias y se regresaron a Xalpatláhuac. No imaginaron que la Guardia Nacional había seguido sus movimientos. De inmediato les marcó el alto y los empezó a interrogar. Fueron revisados por portar sus uniformes verde olivo y por las armas que les habían asignado para reguardar a la comunidad. Sin tomar en cuenta el motivo de su presencia en Tlapa, la Guardia Nacional procedió a la detención de Juan Simón Melgarejo, primer comandante, Teodoro Francisco Dircio Simón, segundo comandante, Agustín Vitinio Montes, Pedro Javier Álvarez Villareal y Leobardo Rosendo Gabino Gómez, policías comunitarios, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Inmediatamente fueron trasladados a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Chilpancingo. Los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco trataron de seguirlos para establecer contacto con las autoridades del estado con el fin de que fueran liberados, pero los esfuerzos fueron en vano.
El coordinador Juan Gabino Simón señaló en una entrevista: “pedimos la intervención de todos los diputados para que resolvieran pronto el caso, pero lamentablemente pasaron las 48 horas que tenían que estar en la Fiscalía y no se resolvió nada porque fueron turnados a un penal federal. Ahí les dieron 72 horas para comprobar que son comunitarios, sin embargo, el gobierno les da un trato de delincuentes. La verdad es que son compañeros policías comunitarios que están prestando su servicio gratuitamente sin recibir algún salario”.
El 21 de febrero la CRAC-PC se movilizó en el crucero de Xalpatláhuac, en Paraje Montero, en Colombia de Guadalupe y Ayutla de los Libres para exigir a las autoridades estatales y federales la libertad inmediata de los cinco policias comunitarios, electos por las comunidades. Demandaron que cese la persecución y la represión contra la CRAC-PC. Que no se criminalice su sistema comunitario ni se trate como delincuentes a los cinco policías. “Nosotros también vamos a buscar nuestros derechos como pueblos indígenas, y le decimos al gobierno que vamos a seguir dando la batalla”, señaló Juan Gabino.
Los cinco policías comunitarios han tenido que trabajar en el campo en la siembra de maíz y frijol para mantener a sus familias, mientras los más jóvenes se emplean como peones en la construcción. En la CRAC-PC no reciben sueldo porque cumplen con la encomienda de la asamblea, de servir como policías comunitarios. Con mucho sacrificio y esfuerzo van sacando adelante a sus hijos, pero ahora con este encarcelamiento sus esposas quedaron desamparadas y a la deriva. Ellos eran los únicos que sostenían sus casas.
Lo que les preocupa a Juan Simón Melgarejo y Pedro Javier Álvarez es que sus esposas están embarazadas y requieren chequeo médico. Ellas cargan con la pena de su esposo y de sus hijos porque no tiene recursos para comer, mucho menos para ir a visitarlo. La tranquilidad y la paz por la que luchaban sus esposos ahora se hace trizas. No conciben que por brindar apoyo a una persona lesionada tuvieran que ser llevados como delincuentes.
Los ojos llorosos de los hijos de Juan Simón expresan la impotencia, buscan a su padre y no entienden su ausencia desde hace una semana. Sólo saben que ayudó a un herido. La pequeña hija de Pedro está enferma, el dolor es poco sólo de imaginar a su padre tras las rejas. Busca con ansias el alivio, pero todo es en vano, porque nadie sabe cómo la está pasando.
Agustín Vitinio Montes es principal con 78 años. Su esposa necesita su apoyo porque ya no puede caminar. Se apoyan mutuamente porque sus hijos no están. Sus fuerzas con el paso de los días disminuyen, sin embargo hacen un esfuerzo para ganarse unos pesitos para no morir de hambre. Cuando se enferma su esposa don Agustín tiene que atenderla.
Los policías comunitarios no solo han tenido que resolver las necesidades económicas para su familia, sino que se han organizado para dar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. La ola de violencia ha disminuido. Lo más cruento es el abandono en que está la cabecera municipal de Xalpatláhuac, sobre todo, en cuanto a la inseguridad que persiste. Por eso se organizaron para adherirse a la CRAC-PC porque no tuvieron más alternativa. En lugar de que el gobierno estatal y federal los reconozca como un sistema de justicia comunitario, que forma parte de los derechos de los pueblos indígenas, prefieren criminalizarlos, tratarlos como delincuentes, tirando por la borda la nueva reforma constitucional que los reconoce como sujetos de derechos público.
Juan Gabino asegura que la CRAC-PC va abrazar a los policías comunitarios. “No vamos a desmayar, vamos a seguir luchando hasta que liberen a nuestros compañeros. No están solos, no los vamos a dejar encerrados. Tenemos que defenderlos para defender al sistema comunitario. No cometieron un grave delito como dice el gobierno y la Fiscalía. Quizá ellos querían que dejáramos al herido tirado en la calle y que se muriera. Nosotros creemos que tenemos que ayudar y proteger a la gente, sobre todo cuando nos piden auxilio. Creo que harían lo mismo los del gobierno, la misma Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y Municipal. Fue un error lo que hizo la Guardia Nacional”.
Con la visión racista y neocolonial, las autoridades estatales y federales no han entendido la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas. Desconocen los sistemas de justicia comunitaria preexistentes en los pueblos originarios. La ausencia de los gobiernos en las regiones indígenas ha sido aprovechada por los grupos de la delincuencia que se han erigido en un poder que amenaza la convivencia pacífica entre las comunidades. La región de la Montaña es de las más seguras gracias a la Policía Comunitaria que ha sacrificado su propia tranquilidad para que la población pobre viva sin miedo, luchando por la sobrevivencia. Esperamos que las autoridades federales tomen en cuenta que este sistema de seguridad comunitaria es un gran aporte para el país que no ha podido revertir la violencia ni ha arrancado de raíz las redes de la macrocriminalidad que se anidan en las mismas instituciones gubernamentales. La Guardia Nacional en lugar de investigar y perseguir a quienes atentan contra la vida de la población y generan terror con sus acciones violentas se focaliza contra la Policía Comunitaria. El gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado, prefieren cárcel para los policías comunitarios en lugar de reconocer y respetar sus derechos. Así no se construye el segundo piso de la 4T.

El martes 11 de febrero los niños Mateo y Porfirio, de 14 y 12 años, caminaban por las veredas de Xochitempa rumbo a Ahuixtla para comprar alimentos. En ese fatídico día algunos vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego. Nadie se percató de lo que había sucedido en el camino. Fue hasta el siguiente día por la tarde cuando sus familiares encontraron sobre una loma los cuerpos de Mateo y Porfirio.
Mateo estudiaba el segundo de secundaria y Porfirio estaba por concluir la primaria. Xohitempa, es una comunidad de 50 habitantes entre niños y adultos. El padre de Porfirio, don Ignacio, está desaparecido desde el 2016 y su mamá trabaja fuera del estado para solventar los gastos de Porfirio. Los padres de Mateo, que son abuelos de Porfirio, sobreviven con la siembra del maíz de temporal.
Los habitantes de estas comunidades nahuas ya no bajan a Chilapa porque saben que la muerte es segura. Desde hace 10 años padecen el asedio del crimen organizado. La gente ha contabilizado 66 asesinatos y más de 24 personas desaparecidas. En varios casos han estado involucrados policías municipales de Chilapa, Atlixtac, Quechultenango y Tixtla. Esta tragedia es imparable porque la violencia sigue y las autoridades no han cumplido con su responsabilidad de investigar y detener a los culpables. La presencia del Ejército ha sido inoperante porque la inseguridad campea en la ruta de Chilapa a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
La presidenta municipal de Chilapa se ha negado a entablar un diálogo con las comunidades nahuas que son parte del sistema comunitario y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ). Las autoridades estatales solo llegan cuando arrecia la violencia o cuando las comunidades se movilizan. Las promesas abundan, pero las acciones no se cumplen. No solo están castigados por los presidentes municipales, también padecen el flagelo del crimen organizado, que tiene bajo su control a las comunidades indígenas. Para los pobladores la colusión es evidente, sin embargo, para los cuerpos de seguridad no hay datos que demuestren este contubernio.
Hace tres años una misión civil, coordinada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), documentó toda la información de la violencia; escribió historias y reportó las violaciones a los derechos humanos contra los niños y mujeres de la Montaña.
La misión entregó un informe a Gobernación federal, pero todo fue en vano, porque nada ha cambiado. Las comunidades resisten en medio de patrullajes y balaceras. Hay familias desplazadas de Tepila del Paraíso desde el 2019 y en la comunidad de Tula hay desplazados. A pesar de que se han instalado retenes del Ejército y de la Guardia Nacional, los crímenes se cometen a la luz del día. Desde la glorieta del Ajo, pasando por Atzacoaloya hasta la entrada al Jagüey hay filtros del Ejército. Los cerros que colindan con Colotepec y todo el filo de Amatitlán, municipio de José Joaquín de Herrera, es un corredor transitado por grupos de la delincuencia. Se desplazan sin temor a ser desarmados. Últimamente han realizado ataques con drones para causar mayore daños y bajas en la población. No importa si hay niños o personas mayores en las viviendas. Las agresiones han provocado el desplazamiento de varias familias que buscan refugio en comunidades vecinas. Las familias se encuentran inermes ante un agresor que está bien apertrechado y que ha impuesto el terror en la región. A pesar de tantos crímenes que se han denunciado, la Fiscalía ha sido omisa porque no ha ejecutado alguna orden de aprehensión. Por otra parte, los cuerpos de seguridad del estado solo son testigos pasivos de los hechos violentos.
Este sábado las comunidades afectadas realizaron bloqueos para exigir a las autoridades que investiguen estos atroces hechos, sin embargo, lejos de ser escuchados fueron amenazados de que procederían penalmente contra ellos y que además les quitarían las medidas cautelares que tienen algunas personas. El mismo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no ha fijado una postura firme para reprobar esta violencia contra las comunidades indígenas, sobre todo por el cruento asesinato de dos niños.
Los niños ya no saben si jugar o estar alertas ante las agresiones. Han perdido la esperanza de continuar sus estudios. Temen que las balas acaben con la vida de sus familias. Hay muchos huérfanos que quedaron marcados para siempre. No tienen con quién refugiarse; todo es sufrimiento, dolor y miedo. Su vida pende de un hilo. Con las muertes de Mateo y Porfirio saben que en cualquier momento pueden arrebatarles la vida.
Las incursiones de los grupos delincuenciales afectan severamente a los niños y niñas que constantemente escuchan balaceras. Varios están enfermos, tristes y llenos de pánico. Su vida está en un hoyo del que no pueden salir. No conciben un mundo donde haya paz, donde puedan caminar tranquilos y que no haya peligro en los lugares donde viven. Lo más grave para la niñez indígena es que no se sienten queridos ni protegidos por las autoridades. Nacen y crecen en un campo de guerra. No tienen derecho a jugar ni tampoco hay oportunidad para estudiar. En algunas comunidades varios niños han tenido que formar parte de la Policía Comunitaria para ayudar a cuidar los caminos y las entradas a sus pueblos. La amarga experiencia de las niñas y niños es que la gente que rodea sus comunidades son malas, porque andan armadas y les tiran de balazos. Ya no pueden confiar en nadie de fuera porque temen que les quiten la vida.
Las autoridades comunitarias están a la espera de que llegue el banco Bienestar para que la gente no baje a cobrar al municipio por la inseguridad. También comentan que les prometieron que iban a construir un mercado para que los comerciantes vendan sus productos, como los quelites, el frijol, el maíz y la calabaza. Les habían dicho que harían un mercado en Alcozacán. Las autoridades se comprometieron a construir un hospital regional para que la población en general sea atendida, para que los enfermos no tengan que bajar al municipio. Varios de sus familiares lo hicieron y llegaron muertos. La gente se alegró porque las autoridades les prometieron becas para los niños y niñas, pero todo fue una burla. Hay personas beneficiarias que no han recibido la tarjeta porque tiene que ir a la cabecera municipal de Chilapa a recogerla. Prefieren quedarse sin el apoyo a correr el riesgo de perder la vida. Han pedido que personal del programa puedan ir a la comunidad a entregar las tarjetas. Es imposible, porque la instrucción es que la gente tiene que bajar, sin que les importe el contexto de violencia que se vive en la región. No cuentan sus planteamientos ni las historias de paisanos que por ir al banco fueron asesinados o que a algunos los bajaron del transporte para privarlos de la vida o desparecerlos. Las palabras de las madres y padres de familia sigue llevándoselas el viento porque no encuentran en las autoridades a los interlocutores sensibles, solidarios y comprensibles.
En esta región abandonada las autoridades se comprometieron a construir una universidad, una escuela de bachilleres para que los jóvenes sigan con sus estudios. Ahora la mayoría de los jóvenes dejaron de estudiar porque no hay maestros. Se les ha negado este derecho para romper este círculo de la marginación, discriminación y exclusión social. Varios jóvenes se han ido de migrantes pero con las acciones que están ocurriendo con el presidente Trump, no hay posibilidad de tener un trabajo seguro, ¿cómo van a sostener a su familia?
Las comunidades que se movilizaron ante la tragedia de dos niños demandan la presencia de la gobernadora, porque ya no quieren más promesas y minutas que no se cumplen. Ya no quieren tratos indignos ni reuniones para calmar los ánimos y el enojo. Piden también la presencia de funcionarios de la Fiscalía General de la República para que abran líneas de investigación por delincuencia organizada y portación de armas de grueso calibre.
La protesta del sábado también fue para convocar a las comunidades vecinas para que se solidaricen con los familiares de los niños asesinados, para que sus voces se unan al reclamo de justicia, para que pare la violencia y proteja a las comunidades asediadas por el crimen organizado. El mayor agravio son los niños que han sido asesinados en estas comunidades. Las autoridades no pueden permanecer impasibles, mucho menos tolerar estos crímenes. Tienen que actuar los 3 órdenes de gobierno porque el derecho a la vida en estas comunidades no está garantizado, mucho menos para la población más indefensa como los niños y niñas indígenas que han perdido todo y que están bajo el yugo del crimen organizado. Las autoridades tienen que emprender en lo inmediato acciones efectivas que atiendan las causas de la violencia que es un problema añejo pero que lo han dejado crecer. Es urgente garantizar el Estado de derecho, brindar protección a las comunidades que están atrapadas por la delincuencia. Investigar estos crímenes y comprometerse con la población más vulnerable. El gobierno tiene un compromiso ineludible de poner a salvo a la niñez indígena.

Un trabajo arduo que hemos tenido que aprender a lo largo de los años es saber acompañar de la mejor manera a las mujeres indígenas que son víctimas de las violencias que se multiplican en la Montaña. Es un aprendizaje que requiere mucha sensibilidad, empatía y respeto. Requiere un gran cuidado para no revictimizarlas, implica tiempo para comprender el contexto que enfrentan y ante todo identificar los nudos de las violencias que la atrapan. Su extrema vulnerabilidad nos obliga a tomar con sumo cuidado y sigilo las realidades que más lastiman su dignidad. Tenemos que desmontar nuestros esquemas urbanos para adentrarnos al mundo comunitario, para entender mejor su situación económica y cultural. Son mujeres que no cuentan con redes de apoyo al interior de sus comunidades. No solo se sienten solas e indefensas, sino que sienten que su mundo se derrumba porque en las comunidades indígenas la palabra de las mujeres aún no es escuchada y atendida, porque los hombres monopolizan el poder y sus voces tienen más peso. Esta asimetría de poder debe ser tomada en cuenta, porque la situación de las mujeres es de extrema vulnerabilidad.
Recientemente una madre de familia del municipio de Metlatónoc denunció a su concuño que entró al cuarto donde ella duerme con sus pequeños hijos, aprovechando que su esposo se encuentra en Estados Unidos. Recuerda que era de madrugada cuando lo vio sentado en su cama. Le reclamó por qué se había atrevido a entrar. Él solo le comentó que no dijera nada. La esposa comunicó a su suegro y denunció el caso ante el comisario. En lugar de darle credibilidad a su dicho, a pesar de que el concuño aceptó que había entrado a su cuarto, las autoridades dijeron que no había pruebas de que la haya tocado o violado. En lugar de investigar los hechos descalificaron sus dichos y procedieron a imponerle una multa por difamar al concuño. En lugar de respetar su testimonio y tratarla como víctima, la sancionaron por atreverse a denunciar.
Lo más grave es que se han trivializado las denuncias de las mujeres y se ha normalizado la violencia que ejercen los hombres. Desde los espacios comunitarios padecen esta dominación: desempeñan el rol de sumisión, se les enseña a obedecer desde pequeñas y a realizar trabajos extenuantes en su infancia. Son las niñas las encargadas de cargar y cuidar a los hermanitos más pequeños. Tienen que ir al campo con sus mamás para acarrear el agua y cargar con las varas para la lumbre. Varias de ellas cuidan chivos, y esa actividad las absorbe porque tienen que cortar camino y arrear los animales para que no se escapen ni pierdan. Es muy común que por no cuidar bien los animales los padres las reprendan y les den algún golpe.
Las niñas son víctimas de maltratos sistemáticos de los hombres de la casa. No solo padecen estos maltratos, también crecen con el estómago vacío. Comen tortillas frías en el cerro y resisten los escabrosos caminos para llegar a medio comer a sus casas. Se las ingenian para jugar en el campo: corren, se suben a los árboles, juegan a las escondidas, saltan la cuerda. Cuando son varias niñas también juegan a los encantados. En lugar de jugar con alguna muñeca tienen que asumir el cuidado de sus hermanitos que cargan sobre su espalda.
Son infancias truncas porque en las comunidades de la Montaña las niñas no tienen derecho a jugar, tampoco tienen acceso a la educación, a cultivarse en las artes y desarrollar su creatividad con las nuevas tecnologías. Padecen la desnutrición y son presas de las enfermedades gastrointestinales. Cuando son pequeñas sólo comen tortilla mojada con caldo de frijol y cuando crecen se alimentan con tortilla y sal. El agua la toman de los manantiales que la mayoría están contaminados por los agroquímicos que aplican a la milpa. Aprenden a dar sus primeros pasos sobre los pisos de tierra lo que provoca que varias niñas y niños coman tierra y que fácilmente ensucien su ropa que la usan por varios días. En los hogares es difícil contar con depósitos de agua porque las tuberías de agua están rotas.
Desde los 11 años, en algunas comunidades de la Montaña, los padres siguen practicando la costumbre de unir en matrimonio a sus pequeñas hijas. Es una decisión arbitraria que no toma en cuenta a su esposa y mucho menos le comparte esta idea a su pequeña hija. Simplemente el padre escucha ofertas de otros papás que tienen a hijos de la misma edad para llegar a un arreglo económico. En las últimas décadas hemos constatado que esta práctica del pago de la dote se trivializó con lo que hoy se conoce como la venta de las niñas. Los padres llegan a un acuerdo pecuniario. Se trata de precios altos que oscilan entre 200 y 300 mil pesos para firmar esta alianza entre sus menores hijos. Además de este pago tiene que haber fiesta, mucha bebida y suficiente comida. La música no puede faltar. Son gastos onerosos que endeudan gravemente a las familias que pagan por el precio de una niña.
La costumbre es que la desposada tiene que irse a la casa de los suegros y ahí tiene que trabajar en todos los quehaceres domésticos que la nueva suegra le ordene. La niña paga las consecuencias del dinero que entregaron a su papá y es tratada como una persona sin derechos. Se dedica a lavar la ropa de todos, a preparar el nixtamal, a moler la masa, y hacer las tortillas. También se va al campo para apoyar en todas las labores de la siembra y de la cosecha. Viaja con la familia a los campos agrícolas y todo lo que llega a ganar en cada jornada el dinero lo cobra el suegro. Ella simplemente es una empleada de su nuevo patrón.
No tiene voz y por lo mismo debe de soportar los maltratos, los golpes y las malas acciones de su esposo. Nadie puede defenderla, su destino es obedecer y soportar todos los desprecios y regaños. A los 12 años se embarazan y aún en estas condiciones no dejan de trabajar. De milagro sobreviven para dar a luz a su hijo en condiciones sumamente insalubres. La misma necesidad las obliga a aprender a cuidar a sus bebés y a cargar con otra responsabilidad de la que el esposo se desentiende. Ser niña madre es un calvario que sufren por décadas sin que nadie se acerque para ayudarlas. Sufren en silencio, resisten en medio del dolor y se sobreponen a muchas adversidades.
Su destino es ser madre en la adolescencia y soportar las violencias que ejercen sus esposos, sus suegros, las suegras, los demás familiares de su esposo, la comunidad y las mismas autoridades. Es una montaña de agravios la que padecen las mujeres, nadie se coloca de su lado y más bien todas las señalan como las que no trabajan y que gastan mucho. Su misma familia se desentiende de ella, su padre no puede decir nada porque recibió mucho dinero y no tiene el derecho a reclamar nada.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno son cómplices de estas tragedias. No hay formas de revertir este sistema patriarcal en un contexto de extrema pobreza donde las instituciones del Estado están ausentes. Es una desolación atroz que nadie se interesa en conocer y mucho menos apoyar. Dejan que las mujeres se desangren y mueran sin que nadie salga en su defensa. Las autoridades de los municipios en lugar de proteger a las mujeres que hacen un gran esfuerzo para ir a denunciar los delitos que padecen, la misma síndica o síndico se encarga de regañarlas y las obligan a regresar con sus maridos.
Lo insólito es que por levantar un acta que atenta contra sus derechos y que revictimiza a las mujeres, les cobran 500 pesos para firmar el documento que legitima la violencia de los hombres. Son las mismas mujeres las que se han rebelado y atrevido a denunciar la violencia de sus maridos ante el Ministerio Público de Tlapa, sin embargo, este esfuerzo las revíctimiza porque no las atienden, cuestionan sus dichos y regularmente le dan la razón al agresor, a cambio de dinero.
Es inconmensurable todo lo que padecen las mujeres para alcanzar la justicia del Estado. Muchas de ellas se han regresado a sus domicilios porque no son atendidas. Su atrevimiento tiene consecuencias funestas porque al regresar a sus hogares, el marido se ensaña para golpearlas y matarlas.
Los feminicidios en la Montaña se han incrementado por esta inacción del Estado; por su ausencia en las comunidades; por su complicidad con los agresores; por vender la justicia al mejor postor; por tratar a la mujer como un ser inferior; por no darle crédito a su palabra; por darle un trato discriminatorio y por pisotear sus derechos y sepultar sus sueños de vivir dignamente.
Esta lacerante realidad nos obliga a levantar la voz y denunciar estas atrocidades cometidas contra las mujeres indígenas. Las madres y niñas requieren un compromiso serio de las autoridades. Sus acciones son obtusas, inmediatistas y para salir del paso. En lugar de llegar a las comunidades más recónditas, para ser un gobierno de territorio, se siguen implementando acciones que reproducen los vicios añejos del burocratismo. Las prácticas insolentes y corruptas se siguen reproduciendo como hace cinco décadas en las fiscalías del estado. La discriminación y el racismo contra las mujeres indígenas es una práctica acendrada en las dependencias gubernamentales, las niñas lo padecen a flor de piel.

En el homenaje popular por el 53 aniversario de la caída del profesor y comandante Genaro Vázquez Rojas, la voz de la maestra Consuelo Solís cautivó por su sencillez y por su facilidad para describirnos el lado humano de un guerrillero. Sus anécdotas develaron la gran sensibilidad de Genaro que antes de marcharse atendió el deseo de su pequeña hija, de comprarle una muñeca por el Día de Reyes. Consuelo, en su aparente fragilidad, es una mujer con temple, de convicciones y de mucho valor. Soportó la tortura y por años navegó a contra corriente por toda la propaganda fútil que propalaron los gobiernos priistas. En este mar de iniquidades sus recuerdos recrean con mucha vivacidad la figura señera del camarada Genaro. Junto a Consuelo estuvieron mujeres imbatibles como Tita Radilla hija de Rosendo Radilla; Alma Gómez hija de Pablo Gómez que viajó con su esposo Gabino Gómez desde Chihuahua y Estela Arroyo hija de Alejandro Arroyo Cabañas.
Sus voces son luces de esperanza: “Genaro fue como decía García Márquez, de darle la mano a la gente, sobre todo, cuando hay que agacharse para ayudar a alguien que se quiere levantar. Así fue mi esposo quería que todos recibieran la justicia. No quería que hubiera justicia para el rico, para los hijos de los acomodados y que al campesino nadie lo escuchara. Por eso lo culpaban de todo. Decían que era roba vacas, que tenía nexos con la mafia. Poco a poco se supo la verdad. No tenemos nada que esconder.
Hace mucho tiempo con solo por pegar un volante en una pared, nos encarcelaban. Hace tiempo Yo estuve secuestrada junto con una hijita de crianza, una adolescente y una sobrina del compañero Jorge Mota. Nos trataban mal. Ahí vi por última vez a Elpidio Ocampo. De ahí no se volvió a saber de él, se lo llevaron al campo militar número uno.
Todos los luchadores sociales como Rubén Jaramillo, Villa, Zapata, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, fueron abriendo el caminito para llevar a cabo esta cuarta transformación. Todos deben de apoyar para que la gente tenga la misma personalidad ante la ley, ante un juez. Queremos igualdad para todos. El pueblo debe apoyar este tipo de luchas. A veces varios compañeros y desgraciadamente algunos maestros dan malos mensajes a los alumnos. En una ocasión estaban contando en una escuela que Genaro estaba vivo y que vivía en Cuba disfrutando de mujeres y que dejó a la viuda bien rica. Que tiene casa en Cuba y en Acapulco…Hasta me dijo una sobrina, regáleme una casa, porque usted es millonaria. Pues sí, pero seguramente dejó los millones en las Islas Caimán y no los he podido reclamar.
Con la frente en alto Genaro comentaba que le habían ofrecido 10 millones de pesos para que se fuera del país, para que dejara esto en paz. Le dijeron vete allá donde te sientas a gusto. Llévate a tu familia. Cuando nos dijo a la familia ¿que piensan? Yo le dije qué piensas tú. ¿Qué pienso? No, pues voy aceptar, me voy a comprar el carro último modelo, me voy a ir a mi tierra a ver a los niños descalzos con su ropita rota, muertos de hambre y me voy a sentir muy a gusto ¿No? Yo nunca voy a traicionar a mi pueblo. ¡Jamás! No aceptaré un soborno de nadie. Yo me voy a conservar como estoy. No importa que estemos pobres. No importa que nos cueste trabajo llevar la comida a la mesa, pero nunca nos vamos a llevar un bocado de un soborno. ¡Nunca! Estos ideales siguen en el corazón de sus hijos, en el corazón de mucha gente.
Mientras persista esta idea de buscar la igualdad para todos, de buscar la paz , la tranquilidad, iremos por buen camino. A sus niños díganles la verdad, porque hay muchos que ignoran qué pasó aquí. Viven aquí, pero sus papás no les permiten asistir a un evento de estos. Hubo una muchachita que dijo “está bien papá, yo te obedezco y tú me mandas, pero de ir a la marcha voy, porque esta es mi obligación. ¿Quién te dijo? Me dijo mi maestro. Qué bueno que haya habido un maestro responsable y con valor para decirle eso a sus alumnas. Yo quiero decirles que ustedes también son maestros. Eduquen a los niños con amor, con cariño y díganles quiénes pasaron por toda esta lucha difícil, porque nos ha costado vidas, nos ha costado sufrimiento.
Cuando me preguntan ¿A poco si estuvo secuestrada? Claro que estuve secuestrada con una hijita de crianza de aquí de la Montaña. Ella en la noche cuando oía que me sacaban dizque a los interrogatorios, agarraba el candado con la cadena y azotaba la reja y gritaba ¡se llevan a mamá! ¡Se llevan a mamá! Y todos los compañeros se asomaban, era un gran respaldo para ver quién me llevaba. ¿Por qué lo decía así? Porque ella estaba formándose en la casa y oía: esos son unos represores, son unos desgraciados, bandidos. Ella no hablaba bien el español, pero llegó a decirle a un niño que llevaba un cuaderno con el logotipo del PRI. ¿Por qué usas este cuaderno? Porque me lo regaló el PRI. Pues rómpelo porque esos no sirven, son malos. Imagínense lo que vale ir abriendo los ojos en la forma correcta a la familia, a los niños. Eso tengo que agradecerles mucho, porque le harán un bien al pueblo, un bien a la patria y de esa manera ayudamos todos. Gracias por estar aquí, mi corazón está con ustedes, mi agradecimiento y el de toda la familia.
Las palabras de Consuelo dieron la pauta para acompañar el canto de Pablo Cabañas con Mi 30-30. Las palabras de Tita nos mostraron pasajes inéditos de la relación de su padre Rosendo con Genaro y Lucio, que tenían reuniones periódicas para acompañar las luchas de los campesinos de Atoyac.
Recuerdo que Genaro llegó enfermo a nuestra casa, tenía fiebre tifoidea. Lo atendió el doctor Palma y dijo que tenía que internarse. Estuvo en el hospital rural. Para nosotros fue un gusto tenerlo, porque convivimos mucho con él. Cuando lo andaban persiguiendo en muchas ocasiones llegaba a la casa. Fue un tiempo muy difícil, porque de la casa de mis padres, solo nos separaba la calle donde se encontraba la oficina del DIF. En ese tiempo ahí vivían los militares.
De los compañeros estaban los Bracho y los Contreras. Ellos pueden decirlo porque en muchas ocasiones participaron en las reuniones. Mi madre vivía aterrada porque ella sentía ese riesgo. Porque nosotras éramos 12 hijas. A mi me tocó cocinar para ellas. Muchas veces escuché al maestro Genaro en sus reuniones, porque me permitían entrar. Ese aprendizaje me sirvió mucho, para mi fue un maestro.
Después entendí que la desaparición de mi padre Rosendo había sido como consecuencia de las marchas y las reuniones que se tenían. Llegaban estudiantes de Ayotzinapa para apoyar a los campesinos. En las reuniones también participaba Lucio. Después se dio lo del escape y Genaro se fue a la clandestinidad. Tomaron las armas, pero ellos seguían yendo a la casa, haciendo reuniones.
Mi papá era una persona muy sencilla, muy humilde, no le gustaba que lo mencionaran de que estaba haciendo algo, porque entendía que nos ponía mucho en riesgo. Recuerdo la muerte del maestro. Fue terrible para la familia. Mi papá vino a San Luis cuando sucedió su muerte. Desapareció 3 días. Teníamos mucho temor porque ya estaba la situación muy grave. De ahí iniciamos la búsqueda durante muchos años. Desde aquel momento hasta ahora, luchamos por saber la verdad sobre nuestros familiares desaparecidos. Logramos una sentencia de la Corte Interamericana en el 2009. Según los expertos esta sentencia revolucionó el sistema de justicia mexicano se logró que llegaran a rango constitucional los derechos humanos, también se dio la acotación del fuero militar y el juicio de amparo. Son resultados de esa sentencia que logramos.
Desafortunadamente la búsqueda y localización de mi padre, que fue el motivo y la razón de esa sentencia, no se ha logrado. No hemos logrado encontrar a un solo desaparecido. En agosto de 2024 logramos una sentencia por un amparo por la falta de investigación. La juez del noveno distrito de Guanajuato emitió una sentencia muy importante porque calificó estas graves violaciones a los derechos humanos como terrorismo de estado. Dijo que no solo era la desaparición de Rosendo. Nosotros hemos dicho que Rosendo desapareció en un contexto de persecuciones, detenciones, desapariciones y ejecuciones de campesinos, maestros y estudiantes.
Desafortunadamente ocho instituciones impugnaron esta sentencia, hasta la Secretaría de Educación Pública. Fue desechada porque no tenía razón de ser que la Secretaría de Educación Pública impugnara esta sentencia. Ahora esta sentencia está en revisión y estamos a la espera de que pase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no sabemos cuál va hacer el fallo. Últimamente logramos un amparo por la falta de respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ante la solicitud de reparación del daño a las víctimas. También estamos esperando que resuelvan porque fue impugnada por la misma CEAV.
Nosotros estuvimos en las calles, estuvimos con los palos en las manos, con las brochas en las manos, pero hoy entendemos que tenemos que hacerlo de manera legal. También ya no tenemos esa capacidad para salir a las calles, ya estamos viejos, muchos han fallecido desafortunadamente y otros se encuentran desaparecidos.
Para nosotras es un honor y un orgullo estar cada año en este homenaje de Genaro. Hoy sé que el maestro estuvo en la sierra en muchas comunidades de Atoyac. Muchos de mis compañeros lo conocieron y siguen sus enseñanzas. Como familia Radilla amamos al profesor, porque fue un familiar cercano y porque convivimos mucho tiempo. Agradezco a su familia y a quienes de manera desinteresada venimos a rendir homenaje al insigne maestro Genaro Vázquez Rojas.

En la víspera de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, varias comunidades na savi de los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc bloquearon la carretera de la Costa Chica en San Juan de los Llanos, Ometepec. Se apostaron para exigir el cumplimiento de una minuta que firmaron con el director del INPI y para hacer visible su malestar por tanta discriminación y olvido. Ejercieron su derecho a manifestarse sin tutela alguna, lo hicieron con arrojo, porque los cauces institucionales, están cerrados para los indígenas.
Son comunidades que han resistido por siglos, que se las han ingeniado para nunca desfallecer, luchando en la adversidad, por la ausencia de las autoridades y lo agreste de sus caminos. Lo poco que tienen es porque han trabajado duro y no porque el gobierno los ha apoyado.
La comunidad de Dos Ríos es un ejemplo de reciedumbre, en la lejanía se mantienen activos, buscando como romper con el aislamiento y el olvido de los gobernantes, su territorio colinda con el municipio de Tlacoachixtlahuaca. Otra comunidad importante es Chilixtlahuaca que limita con el municipio de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.
Son lugares inaccesibles que no cuentan con caminos apropiados, tampoco hay escuelas completas. Carecen de clínicas, personal médico y medicamentos. Hay comunidades que no están electrificadas, que no cuentan con drenaje ni agua entubada. Por generaciones han aprendido a cortar adobes para construir y reparar sus viviendas. Muchos aplanan sus láminas de aluminio que se lleva el viento, porque no tienen dinero para comprar nuevas, ni para trasladarlas a sus comunidades. Sobreviven en pisos de tierra y con el fogón a ras del suelo. La mayoría de familias siembran maíz en tiempo de lluvias, pero su cosecha es raquítica, por eso tienen que salir durante 6 meses para contratarse, en condiciones deplorables, como jornaleros en los campos agrícolas de Sinaloa.
Las mujeres y las niñas son monolingües y no concluyen la primaria por falta de centros educativos y porque se ha arraigado la costumbre, en los papás, de dar a sus hijas en matrimonio desde los 12 años. Es una forma efectiva para obtener recursos económicos, sin embargo, el deterioro de la vida se ahonda porque hasta el maíz, el frijol y el chile lo tienen que comprar en la ciudad. Sobreviven en pisos de tierra y con el fogón a ras del suelo. La violencia acecha a las mujeres en todo momento.
Son comunidades indígenas que por siglos están asentadas en la Montaña, son las dueñas primigenias de las riquezas naturales de la Montaña, sin embargo, ninguna autoridad las ha tomado en cuenta, por eso no están contempladas dentro del presupuesto público. La discriminación se ha institucionalizado al considerarlas como gente sin derechos, que no merecen vivir con dignidad. En el fondo hay un racismo acendrando que los trata como seres inferiores por hablar sus lenguas y por vivir en las faldas de la Montaña. El paternalismo gubernamental les da migajas entregando despensas o enviando alguna caravana de la salud o del registro civil.
Fue un gran logro que estas comunidades abandonadas hayan sacrificado su dinero y su tiempo para salir a la carretera a protestar. Demostraron tener casta y dignidad. Viajaron un día antes para estar temprano en el bloqueo. No cedieron ante la presión de las autoridades para que fueran a Acapulco. Ante la inminente llegada de la presidenta Claudia, los funcionarios se vieron obligados a acudir a san Juan para desactivar la protesta y firmar esa misma noche otra minuta de acuerdos.
A pesar de las visitas presidenciales que inició Lázaro Cárdenas y posteriormente López Mateos, seguida por López Portillo y Ernesto Zedillo, en el 2000 el panista Vicente Fox visitó Metlatonoc con la directora de la CDI Xochitl Gálvez.
En enero de 2006, el entonces candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador abrió campaña en Metlatónoc. Fue cuando la mafia del poder le robó la elección. Ya como presidente de la República visitó Metlatónoc en octubre de 2021, a pesar de los programas sociales que impulsó, la Montaña de Guerrero permanece en el abandono. La presencia de los presidentes ha generado altas expectativas entre la población indígena para salir del sótano de la pobreza. Las comunidades nunca han perdido la esperanza de ser tomados en cuenta como sujetos políticos, con derecho a gobernarse y contar con presupuestos acordes al tamaño y altura de la Montaña, de las añejas necesidades de quienes por muchas generaciones padecen hambre, desnutrición, analfabetismo, enfermedades y muertes tempranas por el flagelo de la pobreza.
Este sábado 18 de enero con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tlapa muchas autoridades aprovecharon su recorrido de San Luis Acatlán a Tlapa para entregar sus oficios y sus demandas más sentidas. Algunas personas tuvieron que esperar largas horas para saludar, tomarse fotos y para gritar porras a la presidenta. Desde San Luis pequeños grupos de hombres y mujeres permenecieron impacientes hasta que pasó la ejecutiva. En el crucero de Colombia de Guadalupe un remolino de mujeres se acercó para darle arreglos con frutas. En sus carteles pedían “que siga Sembrando Vida”.
Una persona mayor alcanzó a decir: “señora doctora Claudia, tenemos una petición muy urgente de lo que es el precio del grano del café. Tenemos presente la línea trifásica porque aquí la luz ha fallado mucho en temporadas de lluvias. Tenemos contemplada también, como necesidad prioritaria, dos puentes vehiculares, uno de ellos ha cobrado vidas de unos paisanos de Mesón de Ixtlahuac”.
Otra voz dijo: “Yo fui su coordinador en la Montaña. Quiero decirle que toda esta gente a lo ancho de la Montaña la apoyamos de corazón, y lo único que le pedimos es que la gobernadora Evelyn Salgado y usted apoyen con todos sus proyectos, y nos abra una audiencia la gobernadora”.
Un ciudadano de Iliatenco le dijo a la presidenta: “…ojalá visite a Iliatenco para que arreglen nuestra carretera porque allá está muy feo, solamente arreglan donde usted va a pasar, pero allá la verdad estamos muy lejos de llegar a la 4T. La invitamos para que vaya allá para que arreglen nuestra carretera”. Fue una de las demandas más generalizadas que en algunas comunidades han arrastrado por años.
En todo el recorrido de la presidenta los beneficiarios de Sembrando Vida la recibían con algarabía, ahí les prometió que seguiría la segunda etapa que es la comercialización de los productos, y además que se implementaría el programa Alimentación para el Bienestar.
A 100 metros del crucero de Malinaltepec, más de 30 personas de la comunidad de El Tepeyac, esperaron en vano a la presidenta. Los grupos de Sembrando Vida, la acapararon y fue imposible que le dijeran que 71 familias están desplazadas desde el huracán John y que nadie las escucha.
A medio día la gente en Tlapa se encontraba impaciente. Algunas comunidades se organizaban para entregar sus demandas por escrito. Autoridades comunitarias, comisarios y delegados, que integran el Frente Popular de la Montaña (FPM) llegaron de sus comunidades a Tlapa desde la tarde del viernes. Tuvieron que pernoctar en la casa del jornalero para encontrar un espacio estratégico y esperar a la presidenta.
Desde la mañana de este sábado comisarios y delegados de los municipios de Tlapa, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Xalpatláhuac, Tlacoapa y Copanatoyac permanecieron en la colonia Constitución, donde se coloca el corral de toros. Esperaban a la presidenta a más tardar a las 2 de la tarde, pero estuvieron más de 8 horas. Algunos sólo querían para saludarla y tomarse la foto para el recuerdo, mientras que otros tenían una encomienda de sus comunidades.
A las 7 de la noche la presidenta Claudia Sheinbaum arribó a Tlapa con caravana de funcionarios, Guardia Nacional y elementos del Ejército. Cuando vieron a la presidenta se fueron en bola para ganar el espacio más cercano al carro en que venía. Decenas de manos se levantaron al únisono para tomar fotos y para saludarla. Una niña cayó al alfalto por los empujones y quedaron sus pies bajo el carro, a unos centrímetros de las llantas. Su mamá la levantó y le dijo a la presidenta que su niña solo quería saludarla. Desde el asiento del copiloto la presidenta se estiró y abrazó a la niña.
El Frente Popular de la Montaña entregó dos peticiones centrales: la primera, la exigencia de justicia por la desaparición y asesinato del defensor Arnulfo Cerón Soriano. “En el documento que se le entregó estamos pidiendo que las investigaciones sigan por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que busquen al autor intelectual. Esa es nuestra demanda principal como organización”. El otro planteamiento fue la exigencia de libertad de la compañera Kenia Inés Hernández Montalván. Se entregó igual el documento, donde estuvo el niño Joel Hernández Montalván de 12 años, hijo de Kenia”. El niño le dijo a la presidenta que su mamá estaba encarcelada injustamente, y la presidenta le dijo que iba a revisar el tema y que le diera un número de teléfono”.
“Pedimos la pavimentación de carreteras, electrificación, pavimentación, en Chiepetlán la ampliación y construcción de una presa para abastecer de agua a la comunidad, caminos artesanales. Estamos pidiendo una reunión con el maestro Adelfo Regino Montes porque tenemos dos continuaciones de camino artesanal y un planteamiento nuevo que es de Chiepetlán al crucero de Olinalá. Hay una diversidad de temas sociales que tienen que ver con los derechos de los pueblos, háblese de educación, construcción de escuelas; háblese de salud, construcción de clínicas, entre otros”, planteó un líder del FPM.
Después de que el acto protocolario se suspendió, la presidenta llegó al CRIT de Tlapa a las 7:20 de la noche, saludó a las niñas y niños y a sus familiares. Pidió una disculpa por la larga espera. Enseguida realizó un recorrido por las instalaciones, observó a niños que recibían terapia en la alberca. Estuvo acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado, por la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel y el presidente de la fundación Teletón Fernando Landeros. Más tarde continuó su gira por el estado de Puebla. En estos siglos de espera, la gente se quedó con el recuerdo de una selfie.