En honor a Hilario, Alicia y Norma Mesino: padres ejemplares de la OCSS, hija aguerrida y comprometida con los derechos humanos. Familia con temple que por décadas ha enfrentado la violencia del Estado. Inclaudicables en su exigencia de justicia. Fieles a la lucha de los caídos y defensores de los presos políticos. Insumisos. Inquebrantables.

Este 28 de junio se cumplieron 30 años de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el vado de Aguas Blancas. Fue una decisión tomada por el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, asesorado por el general Arturo Acosta Chaparro, para desarticular el movimiento de comunidades serranas y atemorizar a los campesinos que se aglutinaban en la OCSS para enfrentar al poder caciquil, demandar sus derechos básicos y desenmascarar la estrategia contrainsurgente del Ejército de militarizar la región, vigilar a las organizaciones, hostigar y desaparecer a miembros de la OCSS, catalogada como radical. En esta protesta demandarían la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, campesino desaparecido el 24 de mayo de 1995.
Las comunidades serranas que participaron en la conformación de la OCSS no han logrado salir del fango del olvido ni han podido vencer el flagelo de la pobreza. Los gobiernos priistas nunca perdonaron su rebeldía ni su osadía por rebelarse contra el mal gobierno y tumbar a un gobernador que se sentía todopoderoso. Le apostaron al cambio de gobierno y confiaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador atendería sus demandas y haría justicia a los campesinos asesinados. Esperaron pacientemente la presencia del presidente en la región, se conformaban con que por lo menos enviara alguna señal de que impulsaría la investigación de los 17 campesinos masacrados. El sexenio terminó y constataron que la lucha por la justicia sigue siendo un camino tortuoso con los gobiernos de Morena.
A nivel estatal la gobernadora está distanciada del movimiento social, no le interesa la lucha que libran las organizaciones indígenas y campesinas. Están fuera de su agenda y no son sus interlocutoras por sus posturas críticas e independientes. La OCSS nunca imaginaría que sería más difícil entablar un diálogo con la gobernadora de Morena que con los gobiernos priistas y perredistas.
A pesar de la decepción y el desencanto no hay desánimo mucho menos sentimiento de derrota. Se mantienen en pie de lucha demandando castigo a los autores intelectuales de esta matanza, principalmente el ex gobernador Rubén Figueroa. No hay tregua para exigir la libertad de Antonio Barragán, preso político de la OCSS. La persecución política no para, por eso Norma Mesino solicitó a la Comisión Interamericana medidas cautelares por las amenazas que ha sufrido. Le fueron otorgadas, sin embargo, le fueron suspendidas sin que el gobierno federal se haya interesado en evaluar su caso y reconsiderar su situación de riesgo. Por eso consideramos que es urgente que el mecanismo de protección de las personas defensoras de la Secretaría de Gobernación incorpore y otorgue a Norma las medidas más acordes para que continúe con sus actividades como defensora.
Por su parte las viudas de los 17 campesinos demandan reparación integral por las pérdidas de sus familiares y por truncar los proyectos de vida de sus hijos. Los reclamos de la OCSS no han sido escuchados por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, que en una conferencia mañanera del mes de mayo acusó al ex presidente Ernesto Zedillo de ordenar la represión durante su sexenio. Para ilustrar mejor a la audiencia presentó un video con imágenes de la masacre de Aguas Blancas. El comentario de la presidenta fue para responder a sus críticos que la tacharon de autoritaria por llamar a votar por el Poder Judicial, sin embargo, estos casos no fueron retomados por la presidenta para impulsar las investigaciones y atender a las víctimas. Las compañeras de la OCSS con Norma Mesino al frente han pedido a la presidenta que retome los casos que citó como Aguas Blancas, El Charco, Acteal, para que no queden en la impunidad.
Mientras tanto en la Sierra nada ha cambiado. Las comunidades siguen en el abandono, la precaria infraestructura está inservible; el precio del café no ha mejorado, a pesar de ser una de las principales demandas de la organización. Las huertas de café no cuentan con el apoyo gubernamental para levantar la producción. La gente siembra el maíz solo para subsistir porque no tiene precio y no hay venta. Antes había acopio, pero ya lo quitaron.
En los últimos años la deforestación está imparable. Antes estaba pendiente la Profepa, la Semaren, la Semarnat, la Conafor, que eran las que regulaban, castigaban y paraban la tala ilegal de la madera, pero hoy ya no hay control. Lo peor de todo es que los talamontes están entrando a los terrenos de particulares y se están llevando la madera. Las asambleas ejidales perdieron su autoridad, ya no es como antes que quienes decidían qué hacer eran los pueblos. Ahora el presidente del comisariado es impuesto por personas externas. Ya no se da la aprobación de la asamblea, lo que sí hay son las amenazas. Es como si el mismo estado controlara, pero a través de los grupos que delinquen.
El gobierno de la 4T prometió salud para las viudas y los sobrevivientes de la masacre, pero solo fueron promesas, porque seguimos en las mismas. Los hospitales y los centros de salud son elefantes blancos, porque no hay medicamentos y tampoco atención médica. Las comunidades están abandonadas y desamparadas.
No hemos tenido respuestas sobre nuestros desaparecidos y los responsables materiales e intelectuales tampoco han sido investigados ni castigados. La justicia no llega en Guerrero. No solo para Aguas Blancas sino para nadie de los que han sido víctimas de otras masacres, desapariciones y ejecuciones. La OCSS tiene muchas familias desplazadas, personas desaparecidas, presos, ejecutados extrajudicialmente y ningún gobierno se ha comprometido a investigar estos crímenes. El caso de Aguas Blancas sigue abierto, pero los actores intelectuales de alto nivel como Rubén Figueroa y Ernesto Zedillo gozan de total impunidad y de la inmunidad de los gobiernos de hoy.
Como la mayoría de personas lo saben, el gobierno dio dádivas a los familiares de los masacrados, lo hizo mientras sentían la presión política y el riesgo de ser juzgados, pero al final los abandonó a su suerte. Las autoridades las humillaron porque les hacían firmar documentos donde supuestamente manifestaban que ya habían recibido la reparación del daño y que renunciaban a interponer denuncias. Fueron engañados y eso no se vale. Lo peor es que muchos compañeros quedaron mutilados, con lesiones graves, unos no pueden caminar y otros ya no pueden trabajar. Muchas madres de los caídos murieron en la pobreza.
Hicieron creer que con el dinero que les dieron ya se había hecho justicia. Fueron dádivas que la gente aceptó porque no tenía recursos para sobrevivir. Estos daños que causaron son irreparables no solo por los 17 campesinos asesinados, sino por los sobrevivientes y todos sus familiares. También hubo afectaciones comunitarias por los desplazamientos forzados, la persecución de quienes pertenecían a la OCSS y los asesinatos que sucedieron después de la masacre. Más de 25 compañeros fueron asesinados extrajudicialmente. Desaparecieron a Gilberto Romero Vázquez, a Mauro Bahena Maldonado y Benito Bahena Maldonado. Los familiares viven en condiciones de extrema pobreza. Nunca brindaron atención médica ni psicológica como fueron las recomendaciones de la CNDH y de de la Comisión Interamericana.
La viuda Paula Mendoza falleció sin atención médica. Fue una mujer muy combativa, nunca aceptó dádivas. Por su firmeza fue criminalizada y amenazada. Muchas mujeres se aferraron a la vida para ver algún resplandor de justicia, pero murieron con el desprecio de las autoridades y el olvido. Uno de los sobrevivientes, que era líder de la organización, Felipe Ayala, fue ejecutado extrajudicialmente en el camino que va a Aguas Blancas. El hijo de la señora Mónica también fue asesinado en Aguas Blancas, y otros compañeros más.
En la comunidad de Atoyaquillo y Paso Real donde tenía arraigo la OCSS, no hay absolutamente nada, están en pésimas condiciones. Lo único que cambió es la carretera pavimentada que el gobierno hizo de Coyuca de Benítez a Tepetixtla. En los alrededores solo se aprecia el abandono. La gente tiene que trabajar duro para sobrevivir. Como organización, a pesar de ser la más perseguida, con varios compañeros desaparecidos, con presos políticos, mantenemos viva la memoria y seguimos firmes en nuestra exigencia de justicia.
Tenemos un compañero preso que fue víctima de tortura, Antonio Barragán Carrasco, infligida por Eduardo Gallo y Tello, que contó con el apoyo de García Luna. Actuó con total la impunidad y a pesar de que la comisión estatal de derechos humanos ha corroborado que fue torturado, la misma fiscalía acató esa recomendación, sin embargo, las autoridades del estado de Morelos se niegan a liberarlo.
En la Costa Grande estamos viviendo una guerra que no es nuestra. Estamos en un fuego cruzado que afecta a las comunidades, varios compañeros se han ido a Estados Unidos en calidad de desplazados, sin embargo, el presidente Trump está regresando a los migrantes. Nuestro dilema es morir aquí o morir en la frontera. Estamos ante una coyuntura sumamente peligrosa porque tenemos un gobierno que no garantiza el derecho a la seguridad y a vivir dignamente.
Como OCSS exigimos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que haya justicia para todas las víctimas de Aguas Blancas, que reabran los expedientes para que se castiguen a los autores intelectuales, como Ernesto Zedillo y Rubén Figueroa, de este crimen atroz. Emplazamos a la gobernadora de Morelos, para que analice bien el caso del compañero Antonio Barragán para que pueda otorgarle un indulto. Antonio es inocente, fue víctima de tortura y de la persecución política de los gobiernos caciquiles por ser miembro de la OCSS. A 30 años de la masacre de Aguas Blancas la justicia no llega a los pueblos de la Sierra.
 

 

No solo fue Erick, también John, Otis e Ingrid y Manuel, los huracanes y tormentas han arruinado la vida de las familias indígenas de la Montaña. Ha sido imposible levantarse del fango por tantas afectaciones que han padecido y que difícilmente pueden salir adelante con los apoyos que brinda el gobierno. Las huellas de los desastres están en toda la Montaña: en los caminos trozados, en las viviendas agrietadas, en sus terrenos anegados y sus huertas de café con las ramas quebradas. Los techos de las escuelas son coladeras y las casas de salud deterioradas y abandonadas por falta de médicos.
Con el huracán John los productores de la Montaña que reportaron pérdidas en sus cultivos de maíz y café fueron engañados por la Sagadegro, que dejó pasar el tiempo para que al final nunca llegaran los apoyos. Las familias tuvieron que migrar para subsistir en la temporada de secas. Con la decisión de la presidenta de la República de que sólo atenderían por teléfono a las personas que no fueron censadas, varias personas mayores y madres solteras quedaron excluidas de estos beneficios porque desconocieron el procedimiento para realizar sus reportes.
Con el huracán John las comunidades mixtecas de Metlatónoc y Cochoapa el Grande se quedaron esperando a que repararan los tramos dañados de la carretera que va de Tlapa a Metlatónoc. El gobierno federal por medio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) le informó a una comisión de comisarios, que no tenía presupuesto y sólo mandó a una empresa para que removiera algunas piedras y abriera el paso de manera provisional. Ahora con el huracán Erick varios tramos son intransitables. La forma de atender un problema añejo es mandar una máquina para que sólo abra el paso. Nadie le da seguimiento para que se reparen a fondo los daños.
En la carretera que va de los puentes de Igualita a Juanacatlán, San Juan Puerto Montaña desde el huracán John los habitantes reportaron serias afectaciones. La atención que brindaron fue abrir el paso de manera provisional y así lo dejaron, las consecuencias son graves y más costosas porque hay daños mayores: tramos trozados, derrumbes, agrietamientos, desprendimiento de piedras. La gente no tiene otra alternativa que contratar una máquina para que por lo menos haya paso. Las máquinas que se requieren para reparar estos caminos no llegan a la región.
La comunidad me’phaa de El Tepeyac, municipio de Malinaltepec se vio obligada a desplazarse en la parte alta de sus tierras por el desgajamiento del cerro con las lluvias del huracán John. Pidieron el apoyo a las autoridades de los tres niveles y nadie las atendió. Improvisaron sus viviendas con láminas galvanizadas y hasta la fecha más de 40 familias viven en condiciones deplorables. No cuentan con luz porque la CFE no puede otorgarles ese servicio mientras no haya un convenio con la autoridad municipal para que sufrague el gasto. Es obvio que el presidente no se ha interesado en apoyarlos. Protección civil no registró este riesgo que enfrenta la población y por lo mismo no emitió un dictamen para determinar su retorno o reubicación. Ahora con Erick tuvieron que guarecerse en sus cobertizos de lámina pidiendo al cielo que los vientos no los dejara a la intemperie. Las familias no tienen otra opción que seguir desplazadas porque sólo así se sienten más seguras, aunque tengan que padecer mayores desgracias.
Los desastres naturales han evidenciado el abandono de todos los gobiernos. No hay interés en revertir esta situación oprobiosa, las intervenciones son para salir del paso y con el menor costo. El trato discriminatorio es el sello distintivo de los gobernantes. No se asigna un presupuesto acorde a los múltiples problemas que arrastra la población indígena. La situación se complejiza porque ninguna autoridad le apuesta a revertir estos rezagos, sólo hacen remiendos y ponen parches para que la gente sobreviva. Es la misma gente la que se organiza para levantar su casa con adobes, la que trabaja comunitariamente para medio abrir los caminos, la que tiene que salir a trabajar al norte del país para juntar dinero y comprar maíz. Resisten ante tanto abandono.
De acuerdo con los reportes preliminares que compañeras de la región nos han hecho llegar tenemos información de que hay varias madres solteras y personas mayores que tienen afectaciones en sus viviendas. Hay comunidades incomunicadas debido a los derrumbes como Chichihuatlaco, municipio de Atlixtac y del núcleo agrario de Teocuitlapa. Las comunidades de Alcamani y Rincón de los Pinos, Piedra Tuza y Santa Rosa municipio de Acatepec también están incomunicadas.
En el municipio de Malinaltepec la carretera de Moyotepec está dañada y sus habitantes reportan afectaciones en los plantíos de café y plátano. Lo mismo pasa con Colombia de Guadalupe. Reportan daños a sus viviendas en Loma Toro que está incomunicado. En Llano de Heno el viento voló sus techos. En el municipio de Zapotitlan Tablas hay reportes de viviendas agrietadas como en Ahuixotitla y Tierra Colorada. En Llano Verde, Tierra Colorada y Apolcalcitepetl en el municipio de Atlixtac hay familias que se quedaron a la intemperie. En Acatepec hay varias comunidades con viviendas sin techos y caída de sus paredes de adobe como Cerro Gavilán, Agua Xoco, Alcamani entre otras.
Las comunidades ñuu savi de Tierra Blanquita, San Miguel el Nuevo y la cabecera municipal de Cochoapa el Grande quedaron incomunicadas porque sus caminos quedaron bloquedos por los cerros que se derrumbaron. En el tramo de Igualita a San Juan Puerto Montaña no hubo paso. En la carretera Tlapa-Metlatónoc hubo un derrumbe antes de llegar a la comunidad de Cuautipan. “Vinieron autoridades del gobierno del estado, medio abrieron sólo para que pasara un carro, se tomaron la foto y se fueron.
No sé qué piensan las autoridades estatales, federales y municipales. Las lluvias van a seguir, no pueden dejar los caminos a medias. Además, el río está a un metro para que se lleve la carretera como lo hizo el huracán John. Las autoridades municipales tienen que buscar una forma de desviar el río porque si no va a destruir el camino”, plantea el defensor comunitario Abel Campos.
Agripino Bailón, coordinador regional de la Casa de Justicia de Las Juntas Caxitepec, relató: “el huracán Erik nos agarró de sorpresa. No nos enteramos de nada porque no tenemos señal de teléfono y el internet no funciona sin luz eléctrica. Nadie nos pudo advertir si era una tomenta tropical o un huracán. Sentimos que hubo un viento muy severo a pesar de que duró pocas horas. Se dañaron las casas, sobre todo, los techos de lámina de cartón y galvanizadas. Estamos incomunicados por los derrumbes en los caminos carreteros. Necesitamos maquinaria pesada que saque los derrumbes”.
Ángel García, originario de la comunidad de El Paraíso, municipio Ñuu Savi, contó que el “viento levantó el techo de mi casita que está a un lado de la clínica. Hay varias viviendas afectadas y derrumbes en los caminos. Rumbo al Charquito la carretera está a punto de romperse por la lluvia. Los platanares quedaron el el suelo, los árboles cayeron encima de las milpitas, los pocos cañales quedaron doblados, las piñas en el tlacolol quedaron sin raíz”.
Este huracán Erik llegó como a las 8 de la mañana del jueves 19 de junio. A las 2 de la tarde poco a poco se fue calmando. Empezó con una fuerte lluvia y luego se soltó el viento que rugía como el diablo. El viernes contraté peones para que me ayudaran a acomodar el techo de mi casa porque se cayó. Tardó sólo unas horas, pero eso bastó para que nos aruinara.
Del crucero al Paraíso también hubo derrumbes, crecieron las barrancas y los árboles quedaron en la tierra, No había paso hasta este viernes 21 de junio por la tarde. El Ayuntamiento está recabando información de las viviendas dañadas, pero la verdad en las comunidades no sabemos nada de apoyos. Es lo mismo que pasó con el huracán John. A veces ya no tenemos esperanzas, sabemos que tenemos que arreglárnoslas como podemos.
La ruta de la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, que conecta con Ayutla de los Libres está cubierta de piedras, hay partes con derrumbes y los árboles quedaron en el asfalto. La gente tuvo que abrir cortando las ramas de los árboles y a pala los derrumbes pequeños. Los corrales que son para el ganado vacuno quedaron destrozados.
En la comunidad de Pascala del Oro los cafetales quedaron entre los ramales. El río que pasa por la comunidad de Arroyo Mixtecolapa casi se desborda sólo el arenal se aprecia en las orillas. Más adelante los troncos quedaron atravesados en la carretera. El lodazal predomina en algunas partes. En las curvas de la Cortina que siempre ha estado mal, ahora le tienes como cruzar la barranca.
Lo grave en Cochoapa el Grande, además de los caminos trozados y viviendas dañadas son los asaltos que se dan por parte de un grupo armado que además de quitar el dinero y pertenencias de los pasajeros, también secuestran como recientemente pasó con un niño. Se han dado varios asesinatos durante 5 años que tienen controlado este tramo de la Laguna-Cerro de la Garza. La gente sabe que se asientan en el paraje Tuun Deta, pero ninguna autoridad investiga ni hacen operativos para desarticular esa banda. Se tiene conocimiento de que hace meses balearon a dos empleados de la CFE. Llegaron a tomar lectura y por curiosidad vieron que un señor estaba amarrado. Al darse cuenta de este hecho optaron por correr para ir a su camioneta. Este movimiento alertó a los secuestradores que accionaron sus armas. Uno de los comisionados fue lesionado en la pierna, su compañero lo auxilió y lo subió a la camioneta, afortunadamente pudo comunicarse por radio a Chilpancingo y fueron auxiliados con un helicóptero que se los llevó.
A pesar de estas agresiones las autoridades no se interesan por atender este problema que se está extendiendo en la región porque el grupo armado está creciendo y la gente no tiene otra alternativa que salir por la costa. La violencia, el abandono y los huracanes tienen en vilo a las comunidades de la Montaña.

La población pobre de Guerrero ha librado batallas emblemáticas contra los caciques desalmados. Ha tumbado gobernadores que reprimieron movimientos disruptores y, que con gran determinación salió a las calles para pelear por sus derechos y castigar con sus votos a los políticos corruptos. Fueron luchas que dejaron heridas profundas por el terror que sembraron los gobiernos represores con las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales.
Los cambios de gobierno que se han dado en el estado fueron producto de movilizaciones sociales; de marchas masivas, toma de ayuntamientos, protestas en las calles, confrontaciones sociales y políticas, peleas en las urnas y largas jornadas de lucha. Los líderes sociales que sobrevivieron a esta guerra sin cuartel sufrieron persecuciones, encarcela-mientos, amenazas, desplazamientos forzados y hasta el exilio.
Toda esta fuerza emancipadora fue aprovechada por los partidos políticos y sus dirigentes que se montaron en la ola democratizadora emergida de la base social. Aprovecharon la coyuntura para aparecer como los protagonistas del cambio, como los forjadores de la nueva transformación social. Las demandas históricas del pueblo combativo de Guerrero fueron usurpadas por una clase política que se asumió como progresista, acuerpándose en un primer momento en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) liderada a nivel nacional por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsado por su fundador y líder moral el licenciado Andrés Manuel López Obrador (AMLO), marcó un nuevo derrotero político de tinte progresista que enfrenta serios desafíos por la violencia imparable y por las grandes falencias en el sistema de procuración de justicia.
Para la gente que luchó por un cambio, los triunfos electorales de Morena representaron una esperanza, sobre todo, por la posibilidad de desmontar las estructuras de poder ancladas en la corrupción y de arribar a una nueva etapa de la lucha social cimentada en la verdad y la justicia. Las demandas históricas estaban a punto de materializarse con la búsqueda de familiares desaparecidos de la guerra sucia y con el impulso de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales cobrarían fuerza legal con la judicialización de los casos contra generales del Ejército y autoridades civiles que implementaron los planes de contrainsurgencia.
Corrieron vientos a favor en los primeros años del gobierno de AMLO. Fue muy significativa su postura de no criminalizar ni perseguir a los sobre-vivientes de la guerrilla, de recono-cerlos como actores legítimos que lucharon por un cambio. Los escuchó y entabló reuniones con los colectivos, sobrevivientes y familiares de despa-recidos y ejecutados. Un gran acuerdo fue su decreto presidencial para la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (Coveh).
Su gobierno empezó con tambor batiente al reunirse con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y al emitir el decreto que creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Para darle mayor fuerza a la nueva Comisión pugnó para que el fiscal general de la República creara la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) como una instancia encargada de investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales sobre el caso Ayotzinapa.
Estas dos grandes iniciativas dibujaban un nuevo escenario nacional: el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) combatiría la impunidad y castigaría a los militares que diseñaron y aplicaron los planes contrainsurgentes. A lo largo del sexenio los colectivos de víctimas fueron relegados y las fuerzas armadas se ubicaron en el primer plano, como los principales aliados del presidente para impulsar megaproyectos, como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya. Al mismo tiempo se erigieron en los artífices de la nueva política de seguridad con la creación de la Guardia Nacional, quedando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como una de las instituciones con mayor presupuesto y con multiplicidad de funciones, suplantando a las autoridades civiles.
Este proceso de militarización no ha revertido la ola imparable de violencia que se expande por todo el país. Las consecuencias son devastadoras porque se ha debilitado a las corporaciones policiacas que encontraron en las organizaciones criminales a sus principales aliadas para delinquir y tener mejores prebendas. La captura de las instituciones del Estado por parte del crimen organizado se fue afianzando con la inacción y complicidad de la Guardia Nacional, al grado que la mayoría de municipios de Guerrero cuentan con un jefe de plaza.
Nos aterra ver a un gobierno lejano de las demandas de justicia que más afectan a la población que se siente inerme: no hay un combate frontal contra la inseguridad. Los asesinatos se multiplican porque no hay una estrategia que se oriente a contenerlos. Hay permiso para cometer crímenes. El clima de impunidad es atroz. Tiene que haber protestas para obligar a que la Fiscalía investigue, sin embargo, es insuficiente, porque no rinden cuentas ni entregan resultados tangibles. Hay un desface abismal entre los crímenes que se cometen y las investigaciones que se judicializan.
Las deficiencias del órgano investigador son graves porque esperan que las pruebas las aporten las víctimas. Sin estos elementos las indagatorias no avanzan, no hay interés por recabar otras pruebas, por identificar patrones en el modo de operar de quienes delinquen, tampoco privilegian los análisis de contexto. Es inconcebible que las cámaras del C4 no funcionen en Acapulco y que nadie se interese en repararlas. Estas actuaciones son parte del engranaje de la impunidad que impera desde hace décadas en nuestra entidad.
El caso de Marco Antonio Suástegui es un ejemplo de esta inoperancia de la Fiscalía. A 30 días de su asesinato no hay avances en la investigación. Es grave que no se hayan recabado más pruebas en el lugar del crimen y que no cuenten con datos duros para trazar las líneas de investigación. Esperan que la víctima se encargue de dilucidar los hechos.
En este gobierno de la 4T no es una prioridad transformar las fiscalías, en lugar de fortalecerlas dotándoles de infraestructura, equipamiento, tecnología, personal especializado, se toma el control de las investigaciones por parte del Ejército alejándolas de las víctimas. Tampoco vemos que esté en la agenda de la gobernadora cómo reformar por completo el sistema penitenciario. Los reclusorios son una bomba de tiempo, las mismas cárceles preventivas en los gobiernos municipales, son lugares tenebrosos donde se violentan los derechos humanos y se hace un gran negocio con las faltas administrativas que se resuelven con exacciones ilegales. Estamos muy lejos de imaginar que el aparato de seguridad del estado acuerpado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz tenga una estrategia para desmantelar las redes macro criminales (político-criminales) que se han enraizado en nuestro estado.
La clase política sigue negándose a perder el control político de la verdad y la justicia, por eso ha optado por dejar en manos de mandos militares las fiscalías y que la estrategia de seguridad pase por el filtro del Ejército. Las consecuencias han sido desastrosas por el descomunal fracaso en materia de seguridad y la nula reducción de la impunidad. La lucha de los guerrerenses parece difuminarse porque es imposible reducir el horror y ser un estado que pueda garantizar la vida, que logre controlar el territorio, que rompa el vínculo político-criminal y se empeñe en desmantelar las redes criminales que son el gran desafío para la 4T. La violencia y el vínculo de los grupos delictivos con las autoridades son el caldo de cultivo que generan un clima propicio para las agresiones a los luchadores sociales. En este contexto de violencia irrefrenable son los grupos delictivos y los cuerpos de seguridad los actores que agreden. Este gobierno no reprime directa-mente pero el entramado delincuencial (delincuentes-autoridades) se encarga de silenciar a los que incomodan a caciques y gobiernos locales o intereses económicos de empresarios extractivistas.
Son ilustrativos los casos de los defensores Quintin Salgado Salgado, Arnulfo Cerón, Samir Flores y Gustavo Salgado, Marco Antonio Suástegui, el líder yaqui Tomás Rojo Valencia, Ricardo Lagunes en Michoacán y otros más. Eran líderes que defendían el agua, la tierra y los derechos de los más pobres. Lamentablemente estas luchas legítimas han sido silenciadas por el actual gobierno con tal de aparentar que ahora las cosas ya no son como antes. Con el entramado delincuencial se diluye la responsabilidad de los actores del Estado en estos crímenes, sin embargo, el clima de impunidad que impera, la inacción de las autoridades para investigar los delitos y para someter a los que delinquen, los hace corresponsables y cómplices con los perpetradores que se sienten protegidos por un gobierno que no procura justicia.
Con la 4T ?los programas sociales se han ampliado para que lleguen a los sectores más olvidados, sin embargo, estos apoyos se diluyen porque los grupos del crimen organizado han tomado el control del comercio y son los que imponen pre-cios y cobran cuotas a los pobres que sobreviven con ventas raquíticas y de sus precarios ingresos. El tejido social se ha roto a causa de la violencia que se enseñorea en las comunidades rurales.
El caso Ayotzinapa es el ejemplo más nítido de los entramados delictivos que se dan entre gobierno y el crimen organizado. La desaparición de los 43 estudiantes debió ser un punto de quiebre para que las autoridades implementaran nuevas políticas que permitieran reformar las estructuras del gobierno municipal, y que se impulsaran nuevas reglas de participación político-electoral, para evitar el arribo de perfiles delictivos en la administración pública y sobre todo para esclarecer el caso Ayotzinapa. A 128 meses el caso Ayotzinapa se encuentra lejos de su esclarecimiento. Las líneas de investigación están diluidas y sin impulso procesal.
La entrega de los archivos militares que pueden ofrecer nuevos bríos a la investigación quedó trunca. Puede más el poder militar que la exigencia de las madres y padres de los 43 para que haya verdad y justicia en México.

 

En Guerrero es muy común que las autoridades se encarguen de destruir evidencias para obstruir las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos y garantizar impunidad para los perpetradores. La cuenta es interminable y el manto de la impunidad inabarcable, porque cubre todas las atrocidades cometidas por los gobernadores. En la matanza de Aguas Blancas el gobernador Rubén Figueroa ordenó editar los videos que registraron los hechos por parte de los agentes de seguridad del estado. La coartada era que los campesinos habían iniciado la agresión contra los policías. Todo se derrumbó cuando el periodista Ricardo Rocha decidió difundir en cadena nacional la versión original de la matanza.
En lugar de que el presidente Ernesto Zedillo solicitara al Senado de la República la desaparición de poderes en Guerrero y, al mismo tiempo, ordenara a la Procuraduría General de la República que investigara al gobernador por los crímenes cometidos en Aguas Blancas, prefirió transferir su responsabilidad política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para deslindarse del ex gobernador y obligarlo a pedir licencia. Hasta la fecha las viudas y las organizaciones sociales, como la OCSS, mantienen viva la lucha para que haya justicia por este crimen artero.
En los dos períodos de gobierno de Ángel Aguirre Rivero se cometieron crímenes atroces como la masacre de El Charco perpetrada por militares en junio de 1998; las ejecuciones de dos estudiantes normalistas: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, por parte de policías estatales y federales en la Autopista del Sol, en diciembre de 2011. Otro crimen deleznable fue el asesinato de 6 personas (3 normalistas) y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El gobierno timorato de Enrique Peña Nieto, en lugar de intervenir con toda la fuerza de su investidura y de ordenar que se investigaran a profundidad las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los estudiantes, solapó a los responsables. Se desentendió del caso y de facto exoneró al gobernador del estado, a los mandos policiacos y militares que se coludieron con los grupos del crimen organizado. Fue omiso y negligente. Dejó que el caso perdiera fuerza y que todo quedara en manos de la Procuraduría del estado. Fueron las madres y padres que con su reciedumbre y dignidad, levantaron un movimiento nacional que colocó contra la pared a un presidente de la República frívolo y ausente.
Con la tortura aplicada a los detenidos Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio armaron su verdad histórica. Fabricaron culpables, alteraron pruebas y destruyeron evidencias con la perversidad de encubrir a las autoridades responsables. A nivel estatal solo detuvieron al secretario de seguridad pública Leonardo Octavio Vázquez Pérez por el delito de delincuencia organizada. A más de una década, el miércoles 14 de mayo, fue detenida la ex magistrada Lambertina Galeana acusada por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia por desaparecer las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala. Este hecho sigue siendo clave para esclarecer el caso Ayotzinapa.
Rememorando la noche del 26 de septiembre, la salida de los autobuses de la central camionera fue caótica porque los policías ya iban persiguiendo a los estudiantes. De los 4 camiones que salieron juntos, 3 avanzaron rumbo al Periférico Norte porque no sabían dónde estaba la salida para Chilpancingo. Solo un camión, el 1531, tomó la ruta correcta, por Periférico Sur. Informes de la CNDH, de la Covaj y el GIEI manejan un numero de 12 a 20 estudiantes que iban en el autobús 1531. La CNDH habla de 17 a 20 normalistas, el GIEI no precisa el número, pero más o menos da una cantidad de 15 a 17.
Cuando el autobús 1531 va a la altura del Palacio de Justicia los estudiantes son agredidos por policías de Iguala. El Palacio de Justicia es un punto estratégico porque en ese tramo se puede regresar a Iguala o salir a Chilpancingo. También está la opción de tomar otro carril o agarrar la ruta para la caseta de Iguala. En ese lugar los interceptaron 4 patrullas, posteriormente llegaron 3 más de la policía municipal de Iguala, también acuden policías federales y policías del estado. El GIEI menciona la presencia de la policía estatal y la policía de Huitzuco.
De acuerdo con las investigaciones hay dos testigos que relatan la llegada de estas corporaciones policiacas. En la escena hay un soldado, un OBI, que a distancia registra los hechos. Los testimonios coinciden de que el autobús 1531 es atacado por los policías; rompen los vidrios, tiran gas lacrimógeno en el interior de la unidad para obligar a que los estudiantes bajen, porque se resistían. Los bajaron violentamente, unos no podían avanzar por su propio pie, por eso los arrastraron y los subieron a las patrullas de la policía de Iguala. Ahí es donde los testigos declararon que un policía dice “jefe, ya no caben”. El jefe le contesta “no hay pedo, ahorita llegan los de Huitzuco”. Los testigos manifestaron que en efecto llegaron 3 patrullas más y que fueron subidos los estudiantes que ya no cabían en las patrullas. Posteriormente las patrullas de Iguala, como las de Huitzuco, tomaron la ruta de Chilpancingo.
Estos hechos se conocieron por los testimonios de los choferes, porque de ese autobús ningún estudiante sobrevivió. En cambio, del camión 1568 sí hay un sobreviviente, fue un estudiante de los que ahí viajaba. Fue herido de un brazo y como iba herido, cuando los tenían tirados en la tienda Aurrerá, frente a donde sucedieron los hechos, este estudiante fue sacado del grupo y se lo llevaron a un hospital para recibir atención médica. El estudiante fue asistido médicamente y él fue testigo. También hubo otro estudiante que se puso mal, porque padecía asma, eso le valió que lo sacaran del lugar y lo llevaran al hospital.
Como testigos pudieron decir cuántos venían, quiénes eran los jóvenes que iban en el autobús 1568. Hay un número exacto de estudiantes que fueron desaparecidos, pero esto se supo gracias a los testigos. En ese autobús se puede establecer de manera clara cómo estuvo la agresión y a dónde fueron llevados los estudiantes. En cambio, en el autobús 1531 ningún estudiante sobrevivió. La única prueba que hay son de los testigos que presenciaron los hechos. Lo que ayudaría a cerrar el círculo para el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes son los videos del Palacio de Justicia. Ahí había 6 cámaras; 4 con una visión fija, pero que alcanzó a registrar lo que estaba ocurriendo abajo del puente. Pudo captar dónde fueron atacados los estudiantes. Tenían una visibilidad perfecta. También había dos cámaras grandes que tenían mayor potencia y cobertura, la visibilidad y calidad del registro fue mayor. Eran cámaras que tenían una visión completa y que seguramente captaron con detalle lo que sucedió con los estudiantes que viajaban en el autobús 1531.
Las cámaras del Palacio de Justicia pudieron haber ofrecido elementos claves para saber qué es lo que ahí ocurrió. Con estos registros hasta se podrían ver quiénes eran los policías responsables y hacia dónde estaban llevándose a los estudiantes. Por eso se deduce que la destrucción de estas evidencias que registraron la escena del crimen, tuvo el fin perverso de proteger a los perpetradores, de obstruir deliberadamente el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Por su parte la Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar al jefe de informática del Palacio de Justicia y al técnico que operaba estas cámaras. Ellos refieren lo siguiente: “a nosotros nos solicitaron la información y sacamos la que estaba almacenada en ese dispositivo, la entregamos a la presidenta del Tribunal y de ahí no sabemos qué ocurrió”. La FGR realizó un peritaje al dispositivo y concluyó que hay indicios de que hubo otra persona que extrajo esa información antes de que los técnicos del tribunal lo hicieran. Los peritos refieren que cuando hay un ingreso al dispositivo, deja un registro de la hora en que alguien ingresó. Está acreditado que antes que los técnicos del Tribunal accedieran, una persona desconocida ya había tenido acceso a las cámaras para extraer las imágenes claves del 26 de septiembre. El punto que debe dilucidarse es quién autorizó el ingreso. Otra circunstancia que manejan los peritos es que el sistema de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia también era manejado de manera remota, por lo tanto, hay probabilidades de que a control remoto pudieran haber extraído los videos. Pero quién lo pudo haber hecho.
Es claro que la presidenta del Tribunal y el personal que operaba las cámaras sabían cómo operaba ese sistema de seguridad, sin embargo, obstruyeron la investigación, se negaron y se empecinaron en ocultar lo que realmente sucedió. Actualmente el video que tiene la FGR, y que fue entregado por el Tribunal Superior de Justicia, no es visible, está totalmente oscuro. Lo increíble es que las imágenes que aparecen borrosas y oscuras tienen que ver con las horas críticas de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, cuando desaparecieron a los estudiantes. En cambio, las imágenes que se registraron antes y después de los hechos violentos, son nítidas. Todos estos pormenores de la destrucción de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala el 26 y 27 de septiembre son los que la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa espera que proporcione con veracidad la ex magistrada Lambertina Galeana.

 

Para todas las madres, esposas, hermanas e hijas que diariamente luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos. A pesar de la impunidad y la corrupción ¡las madres llegarán a la verdad!

Cipriana González, colectivo Lupita Rodríguez

Los días son de lágrimas por nuestros desaparecidos. Las madres tenemos que subir a los cerros más altos para gritar sus nombres. Los buscamos en los cerros y barrancas, saltando las piedras. En el lodo, la hojarasca y las cuevas. Nos caemos, pero nos levantamos para seguir buscando. No hay consuelo para una madre. Nunca lo habrá por el dolor tan grande de perder a un hijo. Es muy doloroso que nos maten a un hijo, pero el sufrimiento es una brasa caliente, un tormento continuo que te quita la vida lentamente.
Mi hijo Javier Benítez González fue desaparecido en Chilpancingo el domingo 3 de junio del 2017. Yo había salido a ver un terreno. Él estaba en la casa porque tenía 8 días de haberse separado con su pareja. Él me dijo “nada más hoy me quedo y ya me voy a mi casa”. Cuando llegué ya no lo encontré. Le empecé a marcar y no me contestó. Le marqué a la muchacha y me dijo que tampoco allá había llegado. Desde entonces no he parado de buscarlo.
Durante siete años no he descansado de buscarlo y hasta la fecha no he dado con él. Nosotras hemos andado aún con enfermedades, les gritamos en los cerros. Preguntamos a los 4 vientos dónde los dejaron, qué hicieron con ellos. A pesar de que tengo los pies hinchados de tanto andar en los campos y en los pedregales, el amor por mi hijo se hace más grande.
En esta vida tan cruel he tenido pensamientos extremos: mil veces me lo hubieran matado y me lo hubieran dejado tirado porque así lo hubiera recogido para sepultarlo. Así sabes dónde está, dónde le vas a ir a llorar, a ponerle una veladora o una cruz. Lo peor es cuando está desaparecido porque no sabemos dónde se encuentra. Todo lo que hacemos es llorar, gritar, buscarlos, pedir ayuda, pero las autoridades nunca te apoyan, porque no tienen un hijo desaparecido y no sienten lo que sentimos. Aún no encuentro palabras para describir este sufrimiento. Es como una herida que duele y que todo el tiempo sangra. De este dolor saco fuerzas para ir a buscarlo.
He andado en todas las búsquedas: en Acapulco, en Chilpancingo y en otros lugares. A mí no me da miedo buscarlo. Lo que yo quiero es encontrar a mi hijo, si por eso voy a morir o me van a dar un balazo, que me lo den. Así nos han acostumbrado. No quiero nada contra quien lo desapareció, sólo quiero que me digan dónde está mi hijo o dónde lo dejaron.
Desde hace 10 años trabajo en una cocina elaborando tortillas, hago guisos y atiendo a los clientes, pero ando con todo el dolor. No me queda más alternativa que trabajar. Tengo cuatro nietas que son hijas de él y a veces vienen a pedirme dinero para comprar medicina o zapatos. Nosotras como abuelas tenemos que solventar algunos gastos. Aunque estemos enfermas tenemos que seguir adelante.
El gobierno del estado no hace nada por los desaparecidos. Nos dicen que sí nos van a ayudar, pero no pasa nada. Nos dicen que sí los están buscando, pero de ahí no pasa. No les interesa. Queremos que busquen a nuestros desaparecidos, que hagan su trabajo. No lo han querido hacer, si no ya los hubieran encontrado. Esta lucha es por nosotras las madres que ahora somos buscadoras.

Filiberta, indígena me’pháá del municipio de Zapotitlán Tablas

Para nosotros no hay fechas especiales, y desde que desapareció mi papá Zeferino Cristino Vázquez y mi sobrino Elmer Zaid Vázquez Cristino, no tenemos nada que celebrar. La familia ya no está completa. Desde el 22 de mayo del 2022 cuando los desaparecieron, mi mamá quedó destruida. A pesar de su enfermedad y su dolor el hilo amoroso nunca se romperá.
Los desaparecieron cuando regresaban del doctor, en el municipio de Zapotitlán Tablas. Mi sobrino venía manejando cuando personas armadas que iban en una camioneta los interceptaron en el tramo carretero Nuevo Amanecer y Santa Rosa. Ahí también iba mi mamá. Ella se bajó antes y vio cómo los golpeaban. De inmediato los subieron a otro carro y se los llevaron. Uno de los hombres armados se llevó la camioneta que conducía mi sobrino.
Tenemos la costumbre de que siempre que bajan al doctor los acompañamos, pero ese día nos dijo mi papá que no iban a bajar. Nuestro día transcurrió con las labores del programa Sembrando Vida. Estábamos en el vivero cuando me avisó mi hijo que mi teléfono estaba sonando. Era mi hermano para decirnos que gente armada se había llevado a mi papá. No creí porque los acababa de ver en la casa. De inmediato fuimos al municipio para que nos ayudaran a localizarlos. Mi hermano fue por mi mamá donde habían ocurrido los hechos. Buscamos a la síndica municipal, pero nos dijo que no podía hacer nada. Estuvimos esperando porque se fue la luz y también la señal por las fuertes lluvias. Nos quedamos en el Ayuntamiento hasta las 2 de la mañana, pero nadie nos ayudó. Queríamos que la policía municipal saliera a la carretera a buscarlos, que se comunicaran a través de sus radios para localizarlos, pero no hicieron nada.
El 23 de mayo nos trasladamos a Tlapa para poner la denuncia formalmente en la Fiscalía. Nos hicieron entrevistas y nos dijeron que teníamos que esperar porque podía ser un secuestro. En ese tiempo recibí una llamada donde me decían que tenían secuestrados a mi papá y a mi sobrino. Estuvimos todo el día en la Fiscalía y las llamadas continuaron. Me daban cierto tiempo para juntar 150 mil, yo les dije que no tenía ese dinero, pero que me dieran más tiempo de conseguirlo. Yo les pedí una prueba de vida para saber si en realidad se trataba de mis familiares.
Llamaban cada 30 o 40 minutos. La última llamada fue el 23 de mayo a las 12:38 del día. Me dijeron que tenía que dar el dinero, les dije que todavía lo estaba consiguiendo, que me dieran más tiempo. Aceptaron, pero ahora tenía que darles 200 mil pesos. Me preguntaron si aún quería la prueba de vida, les dije que sí. Me mandaron una fotografía de mi papá. Le dije al personal de la Fiscalía que sí era mi papá y que íbamos a ver la forma de juntar el dinero.
Sabía perfectamente que se trataba de mi papá porque vi la ropa que traía ese día, sin embargo, el equipo antisecuestros de Chilpancingo me dijo “diles que ese no es tu papá”. De inmediato puse en silencio el teléfono y les respondí que sí se trataba de mi papá, pero me insistieron “diles que no es él”. Yo pensé que la Fiscalía tenía su forma de trabajar y tuve el gran error de decirles, contra mi voluntad a los secuestradores, que no era mi papá. Fue un momento en el que pude haberles dicho que sí era mi papá, pero le hice caso a la Fiscalía pensando que ellos sabían cómo actuar. El secuestrador me contestó ¿estás segura? La Fiscalía me estaba exigiendo que le dijera que no era él, aunque por dentro sabía que sí. Me colgaron y a los 10 minutos me volvieron a marcar para decirme “está bien, tú acabas de tomar la decisión de que no es tu papá, pero bueno, así como fuiste de chingona de llamarle a la Guardia Nacional y a todos los que vienen en camino para buscarlo, te quedas con eso en tu conciencia”. Cuando personal de la Fiscalía escuchó, me dijeron “entonces sí era tu papá”. Sabía que se trataba de él, pero la Fiscalía me obligó a decir lo contrario.
Este 22 de mayo se cumplen 3 años. Acudí varias veces a la Fiscalía, pero no he tenido una respuesta, a pesar de que mandaron la carpeta de investigación a Chilpancingo, no hay avances. En la sábana de llamadas tampoco identificaron los números. Enojada le dije al encargado de los casos de desaparición forzada que como no son sus familiares no mueven un solo dedo para buscarlos, pero si fueran sus familiares moverían cielo, mar y tierra para encontrarlos. Nosotros como somos gente pobre de la Montaña nos dejan en el olvido. Me dijeron que seguían buscando, pero en realidad no han movido nada. Como familiares estuvimos realizando algunas búsquedas en puntos que la gente nos informaba, pero no hemos podido dar con su paradero. No perdemos las esperanzas de que un día van a regresar a casa.
Para mi mamá ha sido muy duro este golpe, ya no la involucramos por la enfermedad de su corazón. Tenía 5 años de haber sido diagnosticada y tras la desaparición de mi papá tememos que le pase lo peor. Yo tengo cáncer en fase terminal, aún así no pierdo la esperanza de que un día traeré a mi papá y a mi sobrino de regreso. Mi papá decía que yo era la más valiente, pero hay veces que las fuerzas se me acaban. Mi sobrino pequeño me pregunta ¿tía y mi papá ya va a volver? Cómo le explico a un niño que su papá está desaparecido. Por eso no me voy a quedar con los brazos cruzados, al contrario, aun con mi enfermedad no voy a parar de buscarlos. Para nosotras el 10 de mayo, ya no es una fecha significativa, cambió nuestro calendario, la fecha más importante para la familia será el día en que regresen.

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El asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz es un hecho funesto para el movimiento social de Guerrero y un botón de alarma para los luchadores y luchadoras sociales que están en las trincheras dando la batalla para defender los derechos de la población olvidada y perseguida de nuestro estado. Este contexto de violencia que envuelve a nuestra entidad y que nos ha colocado como rehén de la delincuencia, es un indicador grave de la descomposición de las instituciones del Estado y de la claudicación de las autoridades que han bajado la guardia para hacer valer el Estado de derecho. Actualmente se han erigido en guardianes de la ilegalidad y protectores de la criminalidad.
Nuestro estado continúa en el torbellino de la violencia que reproduce las mismas prácticas del pasado, pero ahora con nuevos actores estatales y no estatales que atentan contra la vida de la población. Las desapariciones forzadas siguen consumándose diariamente como hace 50 años. Las ejecuciones extrajudiciales son un patrón de criminalidad que prevalece como antaño y que siguen cubiertas por el manto de la impunidad.
Estos hechos deleznables nos muestran un continuum en el actuar de las autoridades. Tomando como referencia el quinto volumen del informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento histórico titulado “Fue el Estado”, se plantean los factores de persistencia de las violaciones graves de derechos humanos que se cometieron de 1965 a 1990. La política del terror impulsada por un régimen autocrático no se ha arrancado de raíz, se mantienen vigentes porque no hay castigo a los perpetradores, no se han desmontado las estructuras que propiciaron las desapariciones, las ejecuciones y las torturas que se aplicaron contra los opositores al régimen.
No es fácil dejar atrás la herencia de un pasado reciente de violencia estatal, implica un esfuerzo social extraordinario y ante todo voluntad política y compromiso con las víctimas. La lucha de quienes exigen verdad y justicia víctimas por los crímenes del pasado y del presente pueden llevar a cambios paradigmáticos que refunden el diálogo entre el Estado y la sociedad, sin embargo, hay un gran abismo entre las autoridades estatales, las organizaciones sociales y los colectivos de víctimas. Siguen siendo tratados como enemigos del régimen, como hace cinco décadas. Esta insensibilidad acumula agravios y mayor violencia porque persiste el pacto de impunidad con los criminales.
El gran desafío es saber lidiar con un pasado reciente de violencia estatal que busque desmantelar lógicas institucionales, redes de actores, prácticas y hasta marcos ideológicos que retroalimentan los patrones de violencia que están enraizados. Esta apuesta requiere de esfuerzos deliberados y sostenidos que incorporen el respeto a los derechos humanos como un articulador social de primer orden y que coloque en el centro a las víctimas como motores de este cambio. Lo primordial es entender que la lógica de la violencia estatal no se desvanece con el tiempo, por el contrario, muchos de sus elementos tienden a perdurar y hasta complejizarse o amplificarse a la luz de nuevos actores y contextos. En ocasiones se derriba el edificio, pero sus cimientos continúan enraizados. La violencia estatal no concluye por disposición oficial ni por convención historiográfica. Requiere compromiso, ante todo hechos que se traduzcan en resultados favorables para la población agraviada. Tiene que cimbrarse el sistema que encubre a los perpetradores con investigaciones científicas que den con los responsables de los crímenes cometidos contra los luchadores sociales.
La institucionalidad que permitió la violación grave, sistemática y generalizada de los derechos humanos genera un momentum de largo aliento. Este impulso para combatir la impunidad y desmantelar las redes de la macrocriminalidad es el que no quiere dar la autoridad. Pesan mucho los intereses creados al margen de la ley y bajo el amparo de la institucionalidad gubernamental, se cuidan más las atrocidades cometidas en el pasado para no tocar intereses de actores estatales que gozan de privilegios e impunidad.
Hablar de lo que permanece, entender por qué dura el trazar líneas para evitar que continúe es un imperativo histórico, social y político para una sociedad ávida de justicia. Visibilizar los factores de persistencia ayuda a colocar en su justa dimensión las falencias de un gobierno que no ha roto con las inercias del pasado, que continúa protegiendo al Ejército, que no los investiga, que más bien los cubre de gloria y sus principales aliados en sus políticas de seguridad. No podemos seguir con esa herida sangrante, de que los responsables de las desapariciones sean los privilegiados del régimen y que ahora comanden la seguridad a través de la guardia nacional, sin resultados favorables para una población inerme. Hablar de factores de persistencia es buscar explicar por qué hasta la fecha hay prácticas y redes delincuenciales que nunca se cortaron de tajo dentro de las instituciones del estado. Con los factores de persistencia se trata de entender, a partir del pasado por qué no se ha logrado erradicar la violencia en nuestro estado.
La no repetición de graves violaciones a los derechos humanos forma parte de la justicia transicional en la medida en la que se busca que los gobiernos dentro de sus procesos de verdad logren adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se produzcan violaciones graves en el futuro. Este tema es crucial para transitar a un estadio donde la impunidad no sea el sello distintivo de un nuevo régimen. Por ello se entiende que es igualmente relevante que los gobiernos destinen recursos a atender los derechos de las víctimas con el fin de prevenir que se presenten violaciones semejantes contra otras personas en el futuro. El compromiso general de respetar un derecho implica hacer lo necesario para que cese su vulneración y que esta no se repita. Así, el deber de prevenir la repetición está estrechamente vinculado con la obligación de poner fin a una vulneración en curso. Sobre esta base las garantías cumplen una función preventiva y pueden describirse como un reforzamiento positivo del cumplimiento futuro.
La reforma de las instituciones, el desmantelamiento de los grupos armados no oficiales, la derogación de la legislación de emergencia que sean compatibles con los derechos fundamentales, la investigación de los antecedentes de los miembros de las fuerzas de seguridad y del poder judicial, la protección de los defensores de los derechos humanos y la formación de los derechos humanos de integrantes de las fuerzas de seguridad, las garantías de no repetición tienen una función de carácter esencialmente preventivo a la que se supone contribuyen la verdad, la justicia y la reparación.
El funcionamiento de las instituciones, las redes de actores, sus prácticas y hasta los marcos cognitivos que hicieron posible la violación de los derechos humanos no se desvanecen con el paso del tiempo, generan una sinergia, incluso sobreponiendo sus lógicas a las nuevas instituciones que buscan trascenderlas. Por esta razón no debe extrañar la connivencia entre las lógicas violatorias de los derechos humanos y la institucionalidad democrática que prevalece en nuestro país y en Guerrero, con un fuerte legado autocrático. En este sentido la dinámica institucional y en particular su inercia constituye un continuum.
Dos masacres en Guerrero durante la década de 1990 muestran la persistencia de violaciones graves a los derechos humanos por parte de las policías locales y militares en este estado. No podemos olvidar que nuestro estado fue uno de los más golpeados durante el periodo de 1965 a 1990. La matanza de Aguas Blancas fue un crimen de Estado que abusando de su fuerza masacró a 17 campesinos pobres y dejó 19 heridos el 28 de junio de 1995. Fue un crimen perpetrado por policías del estado. Es un caso que también sintetiza la lógica contrainsurgente. Atrás estuvo la mano del siniestro general Mario Arturo Acosta Chaparro. La masacre de El Charco acaecida el 7 de junio de 1998 es otro crimen de Estado perpetrado por el Ejército que ejecutó a 10 indígenas y un estudiante de la UNAM en un contexto de contrainsurgencia. Hasta la fecha los dos crímenes se mantienen en la impunidad. Lamentablemente estas dos masacres han sido ventiladas actualmente por la presidenta de a República Claudia Sheibaum por la confrontación que se ha dado con el expresidente Ernesto Zedillo, quien protegió al ex gobernador Rubén Figueroa, a Ángel Aguirre Rivero y a los mandos militares. Sin embargo, hasta la fecha los gobiernos de Morena tampoco han impulsado los dos casos para garantizar justicia a las viudas del Charco y de Aguas Blancas y acabar con el pacto de impunidad que sigue intocado.
En Guerrero no sólo se masacró a indigenas y campesinos, se declaró la guerra contra las organizaciones guerrilleras y se implementó una política de terror para arrancar de raíz las acciones armadas de los insurrectos. Fueron crímenes que hasta la fecha siguen sin ser investigados, por el contrario, los líderes guerrilleros continúan en el limbo. No se les reconoce como héroes ni como dirigentes sociales que impulsaron los cambios sociales que hoy se han concretado en nuestro país. A Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas se les adjetivó como roba vacas, salteadores, bandoleros, comunistas. Siempre buscaron mil maneras de criminalizarlos fabricando delitos e historias falaces.
El gobierno actual ha descalificado a los movimientos y luchadores sociales independientes. Todos los que no están en las coordenadas del partido en el poder son incómodos y se les descalifica y denuesta, exponiéndolos ante la opinión pública, siendo blanco fácil de agresiones, al mismo tiempo envían un mensaje de que son sacrificables. No le apostó por la justicia transicional, los violadores a derechos humanos se mantienen en la impunidad y siguen enquistados en el poder público. A los miembros del Ejército, que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, no se les toca ni se les molesta. Hacer justicia por los casos de la guerra sucia y Ayotzinapa era la oportunidad para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. De sentar las bases para la no repetición de esos pasajes obscuros de la historia pasada y reciente de México. Sin embargo, fallaron, y la impunidad es la que se mantiene en la cúspide del poder, como un trofeo de los perpetradores.
Por esos factores de persistencia estamos condenados a que hechos atroces sigan ocurriendo, como el crimen artero de Marco Antonio Suástegui, que fue criminalizado por todos los gobiernos: lo encarcelaron en tres ocasiones, lo estigmatizaron como un líder rijoso, machetero, e ignoraron sus denuncias en las que relataba los riesgos que corría. Lo dejaron solo y más bien enviaron una señal siniestra a los perpetradores de que tenían permiso para matarlo.

 

En la misma tumba donde yacen los restos de Pedro Suástegui Valeriano fue sepultado Marco Antonio Suástegui Muñoz, el hijo amado que heredó la tradición de los hombres y mujeres del río Papagayo que defienden sus tierras empuñando los machetes. En este domingo sofocante y polvoso partió el cortejo de la casa de su tío Juan al panteón de Cacahuatepec. En este histórico lugar se hilvanó la lucha imbatible contra la presa La Parota. En el corazón de la resistencia Marco Antonio le dio consistencia a un movimiento opositor que hizo trizas los planes privatizadores y extrativistas de los gobiernos neoliberales.
Las lágrimas de sus familiares y de las mujeres que lucharon al lado del Tigre mostraron la estirpe de un pueblo indómito, que sabe pelear en medio de tantas adversidades y carencias materiales. Su fortaleza y determinación para defender a la madre tierra trascendió fronteras. Se ganaron el reconocimiento y el apoyo de los relatores de la ONU, que constataron en la comunidad de Agua Caliente la grandeza de su lucha.
Por sus posturas críticas, Marco Antonio fue un actor incómodo para las autoridades. Nunca tomaron en serio sus diagnósticos que compartía sobre la inseguridad en el puerto de Acapulco y en las comunidades rurales. Calibraba con mucha objetividad los riesgos que corría. Solicitó en varias ocasiones acompañamiento de la Guardia Nacional, pero las solicitudes nunca prosperaron con el argumento de que no había denuncias penales.
Marco tenía una gran desconfianza en la Fiscalía por la falta de secrecía en las investigaciones. En las denuncias que interpuso, no solo no prosperaron, sino que hubo fuga de información que lo puso en mayor riesgo. Las reservas que mostraba no eran gratuitas, consideraba más bien un peligro mayor y prefirió mejor las medidas de autocuidado. Marco Antonio tuvo varios incidentes que le indicaban que los riesgos que corría eran inminentes. Lamentablemente el Mecanismo de Protección de Defensores no priorizó su caso y tampoco dimensionó los riesgos. Las autoridades del estado evidenciaron las graves fallas de sus operativos de seguridad. Es increíble constatar que ningún elemento policiaco, de los 4 mil que desplegaron, haya estado en la zona donde el agresor tuvo tiempo suficiente para sacar su arma y vaciarla contra el defensor de la playa Icacos.
Durante ocho días los médicos lucharon para salvarle la vida. Todo el tiempo permaneció en terapia intensiva. Los daños eran severos y sólo un milagro podía salvarlo. A pesar del apoyo del gobierno del estado, para que tuviera la mejor atención médica, fue imposible estabilizarlo. Con gran tristeza y coraje recibimos la noticia de su muerte. Estaba en la playa trabajando para garantizar el sostén de su familia. Había logrado organizar a los compañeros de la playa para ser tomados en cuenta en el plan de reordenamiento de los servicios turísticos. Defenderían colectivamente su espacio y no permitirían que empresarios los desplacen de sus lugares. Con el liderazgo de Marco Antonio había mayores garantías de que los funcionarios municipales respetarían los acuerdos alcanzados. La semilla que sembró Marco no se marchitará, robustecerá el tallo de la resistencia.
Marco Antonio enfrentó constantes peligros con los mismos gobernadores: con René Juárez que ordenó su encarcelamiento. Con Zeferino Torreblanca que se obstinó en imponer el proyecto hidroeléctrico con el uso de la fuerza policiaca. Con Ángel Aguirre Rivero que lo encarceló en un penal de máxima seguridad y con Héctor Astudillo por fomentar la división de los comuneros. Con todos pagó caro su osadía: fue encarcelado en tres ocasiones, castigaron con mayor severidad a las comunidades del Cecop. En lugar de reconocer su labor como defensor comunitario en todo momento le dieron trato de delincuente. A pesar de la persecución y de la apertura de carpetas de investigación, Marco Antonio permaneció fiel a sus ideales, siempre al lado de las familias pobres del Acapulco rural. Su temple como defensor del territorio demostró tener capacidad para convocar, movilizar y convencer a las comuneras y comuneros, tuvo también la fuerza, la decisión, valentía y gallardía para estar al frente de las batallas y de impedir la realización de asambleas espurias convocadas por la Procuraduría Agraria.
Siempre con su acero en la mano se abrió camino. Enfrentó a los policías a pedradas, con la fuerza de sus machetes y con su voz de trueno hizo crecer un movimiento que inspiró muchas luchas en el país. Era una tromba que atacaba con toda su fuerza para desbaratar la estrategia gubernamental de acarrear taxistas para que votaran por el sí a La Parota. Todo se vino abajo cuando en una asamblea convocada por el gobierno y el Cecop para hacer una consulta por usos y costumbres, de manera contundente ganó el no a la construcción de la presa.
Los enemigos de Marco Antonio fueron los grupos de poder, los políticos arribistas, los empresarios depredadores del medio ambiente, sobre todo los gravilleros que son los que más han dañado el río Papagayo y que se han enriquecido con las reservas naturales como la grava, la arena y la piedra. Han despojado las tierras comunales con el respaldo de las autoridades que hacen negocios compartidos. Marco Antonio, había focalizado su lucha contra las empresas gravilleras, sin embargo, descubrió que existe una red de complicidades entre autoridades municipales y empresarios, junto con grupos de la delincuencia. En esta telaraña de intereses los grupos de la delincuencia hacen el trabajo sucio para asegurar los negocios de los empresarios y varios políticos.
Fue muy reveladora la última llegada de Marco Antonio a Cacahuatepec. Las “pangas” estaban listas para trasladarlo. Dos de ellas son del Cecop. Ahora bajaron el cuerpo inerte de quien en muchas ocasiones se trasladaba para asistir a las asambleas dominicales y darle seguimiento a las tareas de reconstrucción de sus viviendas y de sus parcelas que fueron afectadas por los huracanes Otis y John. Ahora estas pangas cargaron el cuerpo de Marco Antonio y lo trasladaron a la comunidad que tanto quiso: Cacahuatepec, donde forjó su acero como defensor comunitario. Cuando bajaron su cuerpo de la carroza, de inmediato se escucharon los gritos de sus compañeros: ¡Marco vive! ¡La lucha sigue! Al otro lado del río más de cien mujeres también coreaban ¡Viva Marco Antonio! ¡Viva! El grito en el río Papagayo es el grito de justicia de las comunidades olvidadas del río Papagayo. Es el grito de indignación del Acapulco de los terregales, del Acapulco encharcado por las aguas negras, del Acapulco donde la Casa de Salud sigue sepultada desde el huracán Otis. El Acapulco de los desempleados, de los que sobreviven como vendedores ambulantes y que se ocupan en los hoteles y en la industria de la construcción. Los que sufren el saqueo de su agua y de los recursos pétreos de su río.
Marco Antonio se sensibilizó más con los problemas de la pobreza, la discriminación, el clasismo, el racismo que padecen secularmente las comunidades rurales. Marco sufrió en carne propia el estigma por ser un hombre de campo. Fue apodado como huarachudo, el sombrerudo o el machetero. La grandeza de Marco fue su estatura moral, para él su sombrero, su machete, sus huaraches fueron los símbolos de su identidad. Hoy lo sepultaron con sus huaraches que más le gustaban, con un pantalón de mezclilla, su pantalón de lucha, su sombrero negro que le dio siempre la estampa de un campesino galán, de un campesino carismático, bragado, dicharachero, que supo convivir con la gente del campo, donde estaba su vida. Fue el hombre valiente y bullanguero que se ganó el aprecio de la gente.
Marco Antonio fue un hombre que se acercó a los sacerdotes y al obispo, una persona respetuosa de las creencias de la gente. También fue un hombre de batallas, que recibió al subcomandante Marcos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que se solidarizó con los indígenas zapatistas y que participó en marchas para acompañar a las madres y padres de los 43, para gritar ¡Fue el Estado! y para exigir que se investigara al Ejército. Las luchas que dio Marco abrazaron las mejores causas del movimiento social en Guerrero. Apoyó a la Policía Comunitaria y varias comunidades del Cecop se incorporaron al sistema de justicia y seguridad comunitaria, para dar seguridad a las comunidades. Por eso en su último viaje fue escoltado y cargado en hombros por sus compañeros de la Policía Comunitaria.
La pérdida de su hermano Vicente le rasgó el corazón. Lo marcó para toda su vida. Le hizo sentir lo frágil que es el ser humano, sin embargo, en esta fragilidad encontró la fortaleza espiritual, porque Marco cultiva valores y principios, convicciones y un compromiso probado por la justicia. Marco se fue a los lugares más difíciles para buscar a su hermano. Encaró a los responsables que participaron en su desaparición, señaló a los autores materiales y exigió que sean detenidas todas las personas involucradas como el comandante Pino. Se fue sin saber el paradero de su hermano y alcanzar justicia.
La mañana de este domingo caminamos en medio de la arena, del polvo y del calor. Fuimos a su última morada, para refrendar nuestro compromiso con su lucha, para mantener vivo su legado y apoyar al Cecop para que su espíritu indómito no se debilite. Queda vivo su ejemplo, su temple, su acompañamiento a las comunidades más pobres, su entrega incondicional para defender el territorio y luchar por una vida digna entre las comunidades del río Papagayo.
Ahora quedan en manos de la autoridad las investigaciones. Tienen que llegar al fondo. No pueden seguir pretextando que sean las víctimas quienes hagan la investigación. Son las autoridades las que tienen que trazar las líneas, sobre todo, deben de tomar en cuenta la trayectoria de Marco Antonio como defensor del territorio. Su vida fue cien por ciento dedicada a defender los derechos de la gente pobre. Lo hizo en las comunidades rurales, en la playa Icacos, acompañando a las organizaciones solidarias para exigir justicia y verdad o ya sea buscando a su hermano Vicente Suástegui. Las autoridades tienen que dar resultados contundentes sobre este crimen artero. No puede continuar este pacto de impunidad, de atentar contra la vida de los defensores y defensoras y permitir que los responsables sigan libres. Esta espiral de violencia está socavando la seguridad de las personas y es la amenaza más funesta para quienes luchamos por los derechos del pueblo. Las autoridades del estado tienen que corregir el rumbo, porque el naufragio es inminente.

 

En 2024 Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop) nos transmitía con mucho pesar su preocupación: “El domingo 11 de agosto recibí una amenaza de muerte. Estaba en El Fraile en una asamblea cuando se acercó un tipo para decirme: ¡Cuídate cabrón! Los jefes están muy enojados por lo que dijiste en la asta bandera. Ese día organizamos una protesta por el tercer aniversario de la desaparición de mi hermano Vicente. Ahí señalé a los autores materiales que está investigando la Fiscalía del estado. Era como la una de la tarde y aún no terminaba la reunión. Me advirtió que si seguía no me la iba acabar porque para la otra vendrían a rafaguearnos. Comprendí que el mensajero pertenecía al mismo grupo”.
Las amenazas continuaron: “El jueves fui a mi trabajo. Llegué como a las 5:40 de la tarde a playa Icacos. Me percaté que el área donde me instalo estaba invadida. Pregunté quién la estaba ocupando. Nadie dijo nada. De repente llegó otro tipo para decirme que su jefe le había dado la orden de ocupar el lugar. Le aclaré que yo cuento con permiso para rentar motos y que ahí trabajo desde hace muchos años. Le advertí que no me quitaría. No me respondió. Sólo agarró su teléfono y le habló a su jefe. Le dijo que ya estaba ahí y que fueran por mí. En ese momento me retiré y me fui a la casa”.
Marco Antonio informó de estas amenazas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de la Secretaría de Gobernación. Solicitó que tomaran cartas en el asunto. Manifestó que los riesgos que enfrentaba eran mayores y que temía por su seguridad y la de sus familiares. Pidió formalizar su petición sobre la inminencia de las amenazas. Demandaba el acompañamiento de la Guardia Nacional. No veía otra forma más segura para continuar su lucha como defensor y para conservar su fuente de trabajo.
Con motivo de la desaparición de su hermano Vicente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la familia, incluyendo a Marco Antonio. A pesar de esta cobertura internacional las autoridades federales no dimensionaron el grave peligro que corría Marco Antonio. Sólo se redujeron a proporcionarle un teléfono satelital y un botón para emergencias. En medio de múltiples peligros Marco nunca suspendió las reuniones dominicales en Cacahuatepec y tampoco abandonó su trabajo en la playa.
Desde el 2003 cuando se conformó el Cecop, Marco Antonio abrazó la causa de los pueblos pobres del Acapulco rural. Después de estudiar arquitectura regresó a su comunidad e hizo suya la lucha de su padre. Recuperó los conocimientos que desde niño aprendió. Valoró la riqueza que conservan las tierras comunales de Cacahuatepec, experimentó la desigualdad social, los despojos de sus tierras, la extracción de agua para trasladarla al puerto de Acapulco, la sobre explotación del río por parte de los empresarios gravilleros. El abandono secular, la pobreza, el desempleo y los tratos discriminatorios de los gobiernos en turno fueron moldeando al defensor comunitario. Comprendió que podía servir mejor a su gente que regresar a la ciudad y olvidarse de sus raíces.
Al enterarse de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había entrado a las tierras comunales de su núcleo agrario sin pedir permiso, las comunidades vecinas empezaron a reunirse los domingos para platicar lo que estaba pasando. Tuvieron conocimiento por la gente de las comunidades que era contratada de que construirían una presa. Metieron maquinaria y empezaron a hacer socavones para iniciar la construcción de la cortina. Ante estas acciones unilaterales las comunidades decidieron detener a los ingenieros para impedir que continuaran los trabajos. Procedieron a realizar plantones como la medida más efectiva para vigilar la entrada y salida de personas ajenas a su núcleo comunal. Las asambleas cobraron importancia y fuerza por ser la instancia más apropiada para la toma de decisiones.
En este proceso la figura de Marco Antonio Suástegui fue clave porque le dio voz a los comuneros y comuneras e impulsó un movimiento de resistencia que cobró notoriedad al denunciar públicamente los atropellos que estaban sufriendo por parte de la CFE. Marco nunca imaginó los grandes intereses económicos que había detrás de la presa y el respaldo presidencial por tratarse de una obra estratégica. Su lucha abierta le generó muy pronto amenazas de los gobernadores en turno que usaron a la Procuraduría del estado para acusarlo de varios delitos: robo de maquinaria y privación de la libertad.
En 2005 fue detenido por primera vez por órdenes del entonces gobernador René Juárez Cisneros. Logró salir al pagar una fianza. Marco Antonio en lugar de retroceder y flaquear asumió con mayor firmeza y determinación la lucha contra la presa. Logró que el Cecop adquiriera presencia en el estado y en el país. La difusión de su experiencia en varios países de Latinoamérica logró incidir en las instancias internacionales. A las autoridades del estado esa proyección desbalanceaba sus planes privatizadores.
El 17 de junio del 2014, es detenido y encarcelado en el penal de La Unión para alejarlo de su área de influencia y aplicar un castigo más severo al mantenerlo incomunicado de su familia y sus abogados. Nuevamente le fabricaron delitos del fuero común como robo, lesiones, despojo y daños. El enojo del gobernador Ángel Aguirre Rivero era muy grande, por eso gestionó ante las autoridades federales el traslado de Marco Antonio al Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit. El castigo fue para dejarlo incomunicado y para impedir que tuviera una defensa que lo acompañara en su proceso. Marco no se doblegó, se logró a través de un amparo que lo regresaran al penal de La Unión el 31 de marzo del 2015. Nuevamente salió libre el 24 de agosto de 2016 por resolución de la sala penal.
La división de los comuneros que promovieron los gobernadores y los presidentes de Acapulco para debilitar al Cecop desencadenó confrontaciones y hechos de sangre. El fatídico 8 de febrero de 2018 se da un enfrentamiento entre policías comunitarios de La Concepción con las autoridades de la comisaría municipal, en el marco de un baile de la fiesta patronal. En la refriega de la madrugada murieron tres policías comunitarios y seis miembros de la comisaría. Después de un aparatoso operativo de la Policía Estatal apoyada por elementos de la Policía Ministerial y del Ejército ejecutaron a dos policías comunitarios que se opusieron a ser desarmados. Al ver que la gente del Cecop llegaba a la Concepción para auxiliar a sus compañeros, los policías golpearon y detuvieron a 35 compañeros. Marco Antonio y Vicente Suástegui formaron parte de este grupo. Al pedir que los policías auxiliaran a los familiares de los caídos se lo llevaron a la orilla del pueblo para torturarlo. Posteriormente fueron trasladados al penal de Acapulco.
Fue un juicio complicado por lo que implicaba dominar las técnicas de litigación que requiere el nuevo sistema penal acusatorio, sin embargo, se pudo aprender en el mismo proceso logrando la libertad de todos los comuneros el 8 de junio de 2019. De nueva cuenta Marco Antonio es liberado por tercera ocasión, demostrando que su lucha es limpia y que los delitos que le han endilgado están motivados por cuestiones políticas. La estrategia ha sido acallarlo y criminalizar su lucha.
Marco Antonio ha entregado su vida para defender el río Papagayo y las tierras comunales de Cacahuatepec. Con los comuneros y comuneras se enfrentó a los policías municipales y estatales que impedían la entrada a las asambleas espurias convocadas por la Procuraduría Agraria. Denunció a los presidentes municipales de Acapulco que se obstinaron en dividir a las comunidades para socavar la organización del Cecop. Encaró a los gobernadores por sus marrullerías y denunció sus tropelías. Su casta de defensor la puso a prueba cuando desaparecieron a su hermano Vicente. Se puso al frente de las búsquedas y entró a lugares controlados por la delincuencia. En los primeros dos años cada mes organizaban mítines para exigir la presentación con vida de su hermano Vicente.
Fue un golpe muy duro que cimbró el espíritu guerrero de Marco Antonio. Nunca dio un paso atrás, por el contrario, asumió nuevas luchas como la de los Turisteros Unidos en Defensa de la Playa Icacos (Tuderpi) que se han organizado para proteger y defender la playa Icacos. Con los huracanes Otis y John Marco acudió en auxilio de las comunidades que fueron inundadas. El 27 de septiembre nos reportó que el río Papagayo se había desbordado y que había inundado a la mayoría de comunidades que forman parte del núcleo agrario de Cacahuatepec. Documentó con imágenes de video las casas derrumbadas y las tierras inundadas. Tomó registros de las cosechas de maíz, frijol y calabaza que se perdieron y las huertas de limón y palmas de coco que fueron severamente dañadas por el viento y por el agua. En lancha recorría las comunidades porque no había forma de caminar por las callejuelas y veredas. Nos mostró en imágenes cómo quedó su casa, un lugar emblemático donde cada domingo realiza las asambleas del Cecop para promover los trabajos de reconstrucción.
Con estos reportes Marco Antonio mostró su gran sensibilidad, su compromiso con la gente pobre del campo y su perfil humanitario. Con los contactos que cultivó como líder del Cecop logró atraer a varias fundaciones que hicieron recorridos en las comunidades para verificar los daños y vislumbrar qué tipo de apoyo requerían. Al ver la devastación de las comunidades solicitó maíz para abastecer de granos básicos a las familias y láminas galvanizadas para reconstruir los techos de las precarias viviendas. Actualmente hay varias fundaciones que apoyan y cuentan con la asesoría y acompañamiento de organizaciones solidarias que trabajan en el mejoramiento de la red de agua potable, en la reconstrucción de viviendas, la construcción de baños y la implementación de proyectos integrales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La gente de las comunidades de Cacahuatepec está pendiente de Marco Antonio. Han viajado a Acapulco para conocer su estado de salud. Saben que está delicado y que tuvo una segunda operación este domingo por la madrugada. El gobierno del estado ha asumido el compromiso de apoyar en los gastos médicos que se requieran. Todos deseamos que Marco Antonio recupere su salud. Este domingo de resurrección la gente realizó su asamblea como cada ocho días. Se informaron del estado de salud de Marco. Esperan que las autoridades investiguen los hechos, que garanticen seguridad a sus familias y que brinden todo el apoyo a Marco Antonio y que garanticen seguridad y paz en el puerto de Acapulco.

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Este primero de junio tendremos por primera vez en nuestro país elecciones judiciales. Se trata de un proceso electivo que representa un gran reto para la autoridad electoral que tiene como mandato preparar la elección para que el 100 por ciento de las personas de la lista nominal puedan ejercer su voto. Los lineamientos del INE prohíben actos masivos de los aspirantes a juzgadores, no se permite que contraten espectaculares y bardas para promocionarse. No pueden comprar publicidad en medios de comunicación, en redes sociales ni en espacios físicos. Queda vetada la participación de los partidos políticos y los candidatos no pueden realizar ni pagar encuestas. Serán campañas que no contarán con financiamiento público y los topes de gastos estarán monitoreados por el INE.
Los recortes presupuestales impuestos por el Congreso Federal al INE repercutirán en el número de casillas instaladas, habrá menos centros de votación, las distancias serán más largas y los electores tendrán que disponer de mayor tiempo para ejercer su voto. En esa fecha las ciudadanas y ciudadanos depositaremos 6 boletas. Se trata de elegir a 9 ministros y/o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 Magistrados de Circuito y 386 personas juzgadoras de Distrito.
De acuerdo con información oficial hay más de 5 mil candidatos para todos estos cargos. Son 81 candidatos para la SCJN, 18 candidatos para la Sala Superior del TEPJF,135 candidatos para las salas regionales del TEPJF, 45 candidatos para el Tribunal de Disciplina Judicial, 2 mil 784 candidatos a magistrados de circuito y 2 mil 316 candidatos para jueces de distrito. En total se elegirán 881 cargos.
En esta elección judicial los guerrerenses quedamos supeditados a los intereses de los grupos parlamentarios del Congreso local que a nivel cupular determinaron postergar la reforma judicial local. Dejaron intocado un poder opaco cuya impartición de justicia tiene una gran deuda para un pueblo castigado por la pobreza y sediento de justicia. Los intereses de la clase política son los que rigen a las autoridades judiciales en turno, por eso la sociedad guerrerense no confía en la imparcialidad, pulcritud e independencia de los juzgadores y juzgadoras, porque son parte de las elites políticas y de las castas familiares que se heredan los cargos. La carrera judicial en Guerrero genera grandes dividendos y goza de múltiples privilegios, es ajena a las grandes luchas que han protagonizado movimientos de campesinos, indígenas, normalistas, maestros, universitarios, feministas, colonos y colectivos de víctimas. Todos son catalogados como actores incómodos, rijosos y radicales. Los califican como provocadores e incitadores de la violencia. A ellos y a ellas se les aplica todo el peso de la ley porque no son amigos ni aliados del poder. La justicia se torna inalcanzable.
Esta elección judicial será para jueces federales, magistrados y ministros. Es importante ubicar cuáles son los grandes problemas que enfrentamos como ciudadanos y ciudadanas con estas instancias del Poder Judicial de la Federación.
Con las reformas del sistema de justicia penal acusatorio y reforma de derechos humanos del 2011, la SCJN ha tenido grandes avances, sin embargo, no ha sentado precedentes de gran calado en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte no ha generado jurisprudencias. El espíritu de la Constitución de 1917 tiene como columna vertebral la justicia social, los derechos a la salud, la educación, vivienda y alimentación. Hoy en día se han podido consolidar porque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador elevó a rango constitucional los programas sociales, sin embargo, la SCJN no ha impulsado estos derechos. No hay lineamientos ni precedentes de carácter obligatorio para que los jueces de distrito hagan justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy en día los nuevos ministros tienen que priorizar el tema de la justicia social para salvaguardar derechos consagrados desde 1917.
Un gran pendiente que tiene la SCJN son los derechos indígenas. Los precedentes son muy limitados, incluso ha avanzado más el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al reconocer los derechos políticos de los pueblos indígenas; a reconocer el autogobierno, la libre determinación y autonomía de los pueblos. Ha emitido resoluciones en materia de juicios ciudadanos interpuestos, como el caso de Cherán o el de Ayutla. Por el contrario, la Suprema Corte ha interpretado de manera limitada los derechos de los pueblos indígenas. Todavía tiene la idea errónea de que la libre determinación y la autonomía implica crear un Estado sobre el Estado mexicano. Es la teoría de la balcanización del país. Su visión es reduccionista y ajena a las luchas emancipadoras de los pueblos indígenas de américa.
Las candidatas y candidatos a ministros pueden ayudar a sentar importantes precedentes en temas tan sensibles como los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, principalmente el de la libre determinación y la autonomía de los pueblos, en el reconocimiento de la propiedad ancestral de sus territorios y de gobiernos propios. Será de gran relevancia contar con magistrados con este nivel de miras, magistrados que estén cercanos a los pueblos, que tengan sensibilidad y compromiso con la población pobre del campo y la ciudad. Ese tema debe estar en el centro de los debates para la renovación del poder judicial de la federación.
¿Qué pasa con el Poder Judicial en Guerrero? Aquí tenemos un grave problema porque todos los jueces y magistrados son del viejo régimen autoritario, con una visión cerrada y con una interpretación de la ley muy restringida. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas no asimilan lo que es la libre determinación. No les cabe en su visión legalista que haya una jurisdicción indígena, es decir, un sistema de justicia, seguridad y reeducación propio de estos pueblos.
Hay jueces que han cuestionado ¿cómo es que los pueblos indígenas van a hacer justicia? No lo pueden hacer porque la justicia es un ejercicio de mucha responsabilidad. Como jueces están en nuestras manos la libertad de las personas, las propiedades, y sólo podemos llevar la jurisdicción los que tenemos estudios especializados en esa materia. Es difícil que asimilen estas reformas, porque requiere incorporar una perspectiva intercultural, una visión pluralista del derecho y asumir que los pueblos son sujetos de derecho público, que se rigen por sus sistemas normativos propios.
Son jueces que aunque estén dentro del sistema penal acusatorio, no subsanan las grandes deficiencias que tienen en materia de derechos de los pueblos indígenas. Son poco receptivos, para interpretar la Constitución bajo el paraguas del artículo 2 constitucional que reconoce la libre determinación de los pueblos, la autonomía, el gobierno indígena. Han estado dictando fallos contra los pueblos indígenas. Pocos incorporan en sus análisis la perspectiva de género, la asimetría de poder en la que se encuentran las mujeres indígenas, las intersecciones que padecen y la discriminación de la que son víctimas.
Los problemas estructurales que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la justicia son añejos y complejos; prevalece la falta de traductores, hay mucha corrupción, parcialidad, discriminación a la población indígena. Carecen de intérpretes, no hay instancias de los pueblos indígenas dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, no contamos con una sala indígena, una representación que mínimamente vea por los pueblos indígenas. No hay nada.
Por otra parte, el Poder Judicial sigue teniendo presupuestos exiguos, sus instalaciones son deplorables. En Acapulco las salas de juicios orales son pequeñas y con mucha sobrecarga de trabajo. Los jueces tienen que esperar porque las salas están ocupadas. No hay lugar para que se siente el público, tampoco hay baños. De nada sirve que haya un nuevo sistema si no hay instalaciones dignas, amplias para que pueda funcionar adecuadamente.
En Tlapa tenemos un aire acondicionado descompuesto, los asientos están hechos trizas, no hay dónde conectar una computadora para revisar documentos de manera electrónica o alguna jurisprudencia.
En Guerrero la carrera judicial no es efectiva. La mayoría de los funcionarios del Poder Judicial son familiares, el parentesco es una regla sagrada. Las castas de la familia judicial forman parte de una tradición caciquil. Los cargos se heredan y son de corte endogámico. Es un círculo cerrado donde no hay manera de acceder si no es por el parentesco sanguíneo o de afinidad. Las historias abundan en el estado, muchas de ellas son inauditas. Lo grave es la opacidad con la que se manejan dejando de lado los principios de transparencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, objetividad, imparcialidad. Todo se tira por la borda para proteger intereses y privilegios. ¿Qué calidad en la impartición de justicia puede haber en los juzgadores y juzgadoras de Guerrero cuando están por encima de esta causa del pueblo guerrerenses, intereses familiares y facciosos? El nepotismo en el Poder Judicial, es un problema arraigado que se niega a ser arrancado de raíz.
Ahora entendemos por qué no se avanzó en la reforma judicial local. Son muchos intereses que están en juego y se requiere tiempo para el reacomodo de los grupos que se niegan a perder sus privilegios. La corrupción carcome a las instituciones del estado y nadie de los funcionarios está interesado en cortar de tajo este cáncer que nos ha contagiado como sociedad. La lucha imbatible de las familias, los colectivos, las organizaciones y los pueblos seguirá rompiendo estas redes de la delincuencia institucionalizada, seguirá dando la batalla en todos los frentes para remover los obstáculos que los mismos funcionarios del Poder Judicial ponen para hacer inaccesible la justicia. Mientras tanto hay una gran tarea de difundir esta reforma judicial y promover la participación de la gente que ha sido relegada por los poderes establecidos. Fue un buen ensayo el foro que se organizó este sábado 12 en la comunidad indígena de la Cortina, municipio de Ayutla, donde estuvo presente el candidato a ministro de la SCJN, Hugo Aguilar, indígena del pueblo na savi, que dio a conocer sus propuestas para que las demandas de los pueblos de México sean escuchadas por los futuros ministras y ministros. Fue un gran evento, único en el estado, donde quedó demostrada la capacidad de convocatoria de los pueblos para impulsar un nuevo poder judicial en Guerrero.