Como guerrerenses que confiábamos en una transición democrática del régimen autocrático nunca imaginamos que a 11 años de la tragedia de Iguala, continuaríamos en las calles exigiendo la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las madres y padres confiaron en que con el triunfo apabullante de Andrés Manuel López Obrador se allanaría el camino para dar con el paradero de sus hijos y se acabaría con los pactos de impunidad que se urdieron dentro de las mismas instituciones del gobierno. Junto con este cambio en Guerrero se resquebrajarían las estructuras de un poder caciquil y se implantaría un gobierno centrado en la defensa de los derechos humanos de la población más desprotegida y en la atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
La realidad actual nos avasalla, hizo añicos los sueños de justicia, truncó los procesos de transformación social por la que muchos luchadores pelearon con las armas y hasta ofrendaron sus vidas. El cambio esperado no tocó fondo ni permeó las estructuras caciquiles y corruptas. El nuevo gobierno mantuvo los privilegios de los de arriba y encubrió a los perpetradores de crímenes atroces. Se confabuló con los poderes fácticos y se distanció del movimiento social. La transición esperada fue un intento fallido, porque pesaron más los intereses facciosos y los pactos del silencio. Las luchas de los de abajo y las voces de las víctimas son las que siguen remando a contracorriente para desmontar este sistema de castas políticas engolosinadas con el poder. Los testimonios de las madres de los 43 nos develan las artimañas de los gobiernos que se confabulan con los perpetradores para no llegar a la verdad.
Con la desaparición de nuestros hijos abrimos los ojos de lo que pasa en Guerrero y en México. Hay miles de personas desaparecidas. Lo que sufrimos también lo padecen más de 130 mil personas que buscan a sus familiares desparecidos. Desde que desaparecieron a mi hijo ya no soy la misma porque me rompieron el corazón, me arrebataron la vida y me dejaron una herida abierta.
Lo que más me indigna es que los 3 gobiernos no han querido profundizar en las líneas de investigación, que junto con el GIEI hemos trazado. Al principio nos querían entregar 28 cuerpos del basurero de Cocula, pero los peritos argentinos desmontaron su teatro porque no eran de nuestros hijos. Gracias a la CIDH y a los 6 informes del GIEI logramos desenmascarar todas las triquiñuelas del gobierno de Peña Nieto.
El GIEI en sus investigaciones encontró en los archivos de la Sedena unas hojas empolvadas y no imaginaron que encontrarían información sobre el caso de los 43 y que nos ayudaría para llegar a la verdad. Por eso exigimos los 800 folios que tiene el Ejército porque ahí hay información clave que puede ayudar a desenmarañar todo lo que hicieron con nuestros hijos. Por ejemplo, ellos tienen información sobre el paradero de los 17 jóvenes que sacaron de barandilla. Ni eso podemos saber.
También tenemos conocimiento de que un grupo de muchachos del autobús 1531, que detuvieron en el Palacio de Justicia, fueron llevados rumbo a Huitzuco, donde participó la policía de Iguala y Cocula y también la policía federal. En ese autobús iba mi hijo.
Si tuviéramos a nuestros hijos tendríamos armonía. Sería una alegría celebrar su cumpleaños. Ahora esa fecha es la que más nos entristece y nos duele. Cuando llego a la Normal y veo las fotos de nuestros hijos en las sillas, se me revelan sus recuerdos, sobre todo los momentos en que se los llevaron. Lloro al recordar que sus gritos no fueron escuchados: “somos estudiantes, no traemos armas”. El gobierno fue cómplice de todo lo que les hicieron. El Ejército sí sabía que eran estudiantes, porque los monitoreó con el C4 desde que salieron de la Normal. Desde antes los había infiltrado con un militar, que se encargaba de pasar información de todo lo que hacían. Es tan malo el Ejército que también lo desapareció. Por eso decimos que se les investigue por todo lo que hicieron y por coludirse con los delincuentes.
El 26 de septiembre le estuve marcando a mi hijo, pero me mandaba a buzón. El 27 por la mañana entró la llamada y me respondieron “están detenidos, pronto van a ser liberados, son arriba de 17”. Cuando fui a Iguala a recabar información me dijeron que a un grupo de muchachos se los había llevado el Ejército. Una persona comentó: “sé que el Ejército desparece, pero no puedo decir nada porque no quiero que le vaya a pasar algo a mi familia”. La gente de Iguala sabe qué pasó esa noche, pero tiene miedo, sabe que fue el mismo gobierno.
A mí me dijeron varias veces “deja esas actividades, te pueden dar un golpe, recuerda que tienes más familia”. Duele que te digan eso. Yo tenía un celular donde guardé el número de la Procuraduría General de la República, y sólo la PGR tenía ese número. De ahí me llegaron muchas amenazas por mensaje, “estás muerta”. Le dije al gobierno que, si algo me pasaba, ellos serían los responsables, porque están acostumbrados a cometer barbaridades. Murillo Karam tiene mucha información que ha ocultado. Está detenido, pero hace que no sabe nada y la Fiscalía lo ha dejado que esté tranquilamente en su casa.
El gobierno tiene toda la tecnología, pero no investigan con profesionalismo, no les interesa llegar a la verdad. Ignoran los informes del GIEI y más bien están retrocediendo a las líneas de la “verdad histórica”. No avanzan porque temen toparse con el Ejército.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión ordenó al Ejército que entregara toda la información, sin embargo, en el siguiente encuentro asumió otra postura, dijo que ya habían entregado todo. Para lavarse las manos comentó que ahora manda el pueblo, pero al parecer el pueblo es el Ejército. Andrés Manuel nos falló porque no cumplió con su compromiso de llegar a la verdad.
La nueva presidenta Claudia Sheinbaum nos habla de otro modo, parece más accesible, sin embargo, vemos cómo que se desentiende de nuestro planteamiento, de que el Ejército entregue toda la información que tiene. A cambio de emplazar al Ejército nos comentó que conformará un equipo de especialistas que trabajará con nuevas tecnologías para ubicar el paradero de nuestros hijos. Está en sus manos resolver el caso, sin embargo, a un año de su gobierno no hemos visto avances en las investigaciones. Tememos que el tiempo transcurra y que al final nos digan que ya no es posible saber a dónde se llevaron a nuestros hijos. El tiempo nos tritura porque va acabando con nuestras fuerzas, por eso urge que se aceleren las investigaciones.
Ante esta urgencia hemos buscado al GIEI, pero a la presidenta no le agrada que regrese el GIEI, ni que la CIDH sea la instancia que le dé seguimiento a nuestro caso. Lo peor es que las investigaciones seguirán estancadas, porque con el nuevo fiscal se está regresando a las líneas de la “verdad histórica”. Por eso queremos que sea una instancia internacional como el GIEI la que pueda dar un impulso a las líneas de investigación. No podemos bajar la guardia, a pesar de tantos obstáculos tenemos que seguir protestando en las calles.
Con los estudiantes normalistas y las organizaciones sociales sentimos que volvemos a renacer porque nos contagian con su juventud y coraje, porque sentimos que defienden nuestra causa, que tienen la fuerza para mostrar el coraje y el dolor que nos mueve para reclamar nuestro derecho a saber la verdad. Tengo fe en que algún día todo lo que está en la oscuridad, saldrá a la luz y se sabrá quiénes fueron los responsables de la desaparición de nuestros queridos hijos.
Mi mamá y mi papá ya no están, se fueron preocupados por su nieto. Lo quisieron mucho, todo el tiempo lo extrañaron. Recuerdo que mi hermano estaba parado en la puerta de la Normal esperando a su sobrino, veíamos llegar a los muchachos, pero mi hijo no aparecía. Yo volteaba a ver a los lados y vi a muchas mamás que buscaban y no encontraban a sus hijos. Quería abrazar a los muchachos, pero me aguanté. Me daba gusto que hubieran regresado porque los vi desfilar el 16 de septiembre en las calles de Tixtla. Recuerdo que fui a escondidas de mi esposo porque tenía cáncer, pero quería verlos. Mi hijo estaba contento porque ya se había quedado en Ayotzinapa porque iba a ser maestro. Faltaban dos semanas más para que les dieran la oportunidad de ir a sus casas y regresar a estudiar.
Un jueves comió con sus compañeros pozole verde para irse a la escuela porque andaban arreglando el piso de un salón. Mi esposo habló con Julio César Mondragón y otro jóven. Fue la última vez que lo ví. Estaba oscureciendo cuando salió por la puerta y le dije que tuviera mucho cuidado, “no te confies de la policía.” Le dije que le fuera bien, sentía ganas de correr para alcanzarlo, para decirle lo mucho que lo quiero. Por eso, así como se fue quiero verlo que regrese. Tengo la esperanza de que un día van a regresar, que van a ser liberados. Mi amor es tan grande que en mi mente no cabe idea de que nunca volveré a verlo. Lo que me mueve es la esperanza de saber dónde está.
Lloro de coraje porque el gobierno no quiere resolver el caso de nuestros hijos. No le importa nuestro sufrimiento, no les duele el calvario que padecemos. Queremos que no le teman al Ejército, que lo obliguen a entregar toda la información que tienen sobre nuestros hijos. Reiteramos que regrese el GIEI para que se retomen todas las líneas de investigación que quedaron pendientes. Será imposible llegar a la verdad si no se desmontan las estructuras delincuenciales que se han empotrado dentro del aparato gubernamental. La violencia que se enseñorea en nuestro estado se debe al pacto de impunidad que se mantiene intocado con la delincuencia organizada. Este maridaje criminal resquebraja la débil institucionalidad democrática que da tumbos y navega a la deriva.

Prócoro Valente Gil nació el 9 de abril de 1971 en el hospital de Iguala por las complicaciones de parto de su mamá. A los pocos días retornaron a su comunidad en La Sidra, municipio de Ayutla de los Libres. Al pie de las montañas tuvo la dicha de crecer al lado de sus padres. Con el estómago vacío forjó su temple en los surcos del tlacolol sembrando maíz, frijol, calabaza y jamaica. Toda su vida caminó cuesta arriba, como cuando cortaba leña.
Los dos primeros grados de primaria los cursó en La Sidra. Ante los problemas económicos su familia se trasladó a San José La Hacienda donde cursó el tercero y cuarto grado. Con pocas oportunidades de trabajo sus padres se reubicaron en la comunidad de Tejoruco, municipio de Tecoanapa. Empeñado en terminar la primaria caminaba una hora a la comunidad de la Parota Seca.
Al ingresar a la secundaria técnica de Tecoanapa caminaba más de dos horas. Su finada mamá Eliodora con mucho sacrificio juntaba dos pesos para que su hijo comprara tortillas y chiles en vinagre. Tomaba agua de la manguera para pasar la comida. Después de clases iba por la leña y a chaponear en el campo. Cazaba iguanas y conejos para llevar alimento a su familia.
Era un gran aficionado de la lectura al grado que participó en un concurso regional de literatura, ganando el segundo lugar, también compitió a nivel estatal. La lectura le abrió las ventanas para conocer otras culturas y empezó a tomar conciencia de la desigualdad y la discriminación que sufrían las comunidades indígenas y afromexicanas. Su mayor preocupación fue ver a los niños desnutridos, le dio en lo más hondo porque Prócoro también la padeció.
Trabajó de peón para apoyar con los gastos a su mamá y a sus hermanos menores. Solo pudo cursar el primer año en la preparatoria 15 de Tecoanapa, pero su precaria alimentación le impidió seguir. A los 16 años se fue a trabajar a Los Cabos, Baja California, asumió la responsabilidad como si fuera el padre de la casa. Al año regresó para reanudar sus estudios en la preparatoria 33 de Chilpancingo. Sin recursos económicos se quedaba a dormir en las aulas de clases. Martín, el intendente de la institución, lo llevó al comedor universitario y le informó que había casas de estudiantes.
La idea de luchar por los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos la tenía siempre a flor de piel, se empapó de lecturas sobre la revolución cubana, rusa y vietnamita. Gabriel Santos, en la sala de espera del hospital, recordaba que Prócoro cada semana compraba la revista Proceso y el diario La Jornada para estar informado sobre los movimientos sociales y las recurrentes represiones de los gobiernos caciquiles.
Le daban una beca de 800 pesos que repartía en tres casas de estudiantes: un humanismo genuino que llevaba en las venas. Poco a poco se fue organizando con los estudiantes. Acompañaba a la gente de las comunidades a realizar trámites en las antiguas oficinas del INI. Al concluir la preparatoria siguió sus estudios en la escuela de derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Transcurría 1994 cuando Prócoro estaba en la Casa del Estudiante Auténtica Número 2, llegó a ser el estudiante más destacado. En la universidad había muchas corrientes políticas y la casa del estudiante donde vivía estaba con los “Cívicos” junto con Armando Chavarría, Florentino Cruz Ramírez y otros.
En ese tiempo se reunieron 25 casas de estudiantes para integrar la nueva Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) con el fin de construir un programa político. En las discusiones sobresalía Prócoro, quien pronto fue nombrado como parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estudiantil. Poco a poco se involucró en la vida política de la universidad, con el tiempo optó por la lucha social.
Militó en el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FACMLN) catalogado por el ejército como una organización radical, al igual que la OPCG. Corría 1996 cuando la represión del figueroísmo estaba muy fuerte. Estaba muy viva los hechos atroces de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995 que dio origen a la irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Le tocó vivir esa lucha fragorosa con un movimiento estudiantil y social muy agitado. Prócoro fue de los estudiantes el más valiente.
En el FACMLN había otra alianza de organizaciones que denominaron Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur. Estaba una organización con presencia en Olinalá la UOCEZ, en Metlatónoc la UCIM, Movimiento 6 de Marzo en la Costa Chica; en la Costa Grande la OCSS con Benigno Gallardo e Hilario Mesino; en la zona centro la OPCG con Pedro, Lino y Alfredo, y en la zona norte estaba Arturo Hernández Cardona con el Movimiento Azteca y posteriormente la Unidad Popular. Tenían conexión con expresiones a nivel nacional con Omar Torres, Efraín Torres Fierro, Omar Garibay y otros luchadores sociales.
En la movilización social Prócoro siempre iba al frente y era el que encaraba a los porros de Acción Revolucionaria dentro de la universidad dirigida por Gabino Olea Campos, Hugo Vázquez y otros, vinculados al priismo y al figueroísmo. En una ocasión Gabino invitó a una sesión del consejo universitario al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, sin embargo la base cuestionó esta decisión arbitraria porque violaba la autonomía y era una afrenta para la misma universidad vinculada a la lucha social.
En una ocasión las organizaciones sociales acordaron boicotear el informe del rector en la sesión del consejo. Las casas de estudiantes y las organizaciones llegaron tarde para impedir que golpearan a Prócoro que había entrado a la fuerza a la sesión realizada en el Cinema Jacarandas. En protesta entró con un pequeño grupo de jóvenes logrando que el gobernador interino Ángel Aguirre Rivero abandonara el recinto.
En la universidad el Figueroísmo tuvo sus adeptos, pero la mayoría de estudiantes confluían con el movimiento social. Cívicos, pemecistas, viejos cívicos y otros más tenían al mismo enemigo: enfrentar a los caciques de Guerrero. Prócoro era identificado por el gobierno como de izquierda. En una ocasión se reunieron las casas de estudiantes con funcionarios de Ángel Aguirre para que bajaran el costo del pasaje, para que dotaran muebles a las casas de estudiantes, presupuesto para el comedor y la gratuidad de las inscripciones. En las discusiones el secretario general de gobierno Humberto Salgado Gómez espetó que no quería ver a Prócoro porque tenía intereses oscuros y porque tenía otra agenda. Decía que estaba vinculado con organizaciones radicales e insurgentes. Sus compañeros salieron en su defensa y Prócoro se mantuvo firme.
Se volcó a la lucha social de lleno al grado que fue detenido siendo estudiante con muchos dirigentes del FACMLN como Pedro Nava, Erlindo Hernández López, Alfredo Barragán Rentería y seis más. Tenía 21 años. Estuvo preso ocho meses acusado de motín, sabotaje e incitación a la violencia, salió en 1997. Mientras que Benigno, Hilario, Bertoldo eran detenidos y llevados al penal de Almoloya la represión en el estado provocó muchas detenciones, desapariciones y ejecuciones. La liberación de Prócoro coincidió con el repliegue que tuvo el EPR después del 98, sin embargo, la represión no cesó.
Prócoro fue un estudiante destacado vinculado en todo momento a lucha social, con una identidad muy clara en favor de la clase explotada. Terminó la licenciatura en Derecho y se fue de catedrático a la preparatoria 15 de Tecoanapa. En su convivencia con los jóvenes y sus familias empezó a ver que las comunidades sufrían por falta de agua.
En 2005 emprendió una lucha emblemática en defensa del agua. Acude con las autoridades comunitarias para impulsar la organización de los pueblos. Al inicio no respondieron, pero cuando se afianzó su relación con las comunidades de Barrio Nuevo, El Guayabo, Tepintepec, El Carrizo y San Francisco desafiaron a los caciques mestizos de Tecoanapa. La pelea llegó a los tribunales. Ganaron los seis pueblos para que pudieran construir su red de agua. Los líderes de Tecoanapa bloquearon en varias ocasiones la toma de agua, se aferraban a que no se construyera. En una ocasión se dio un enfrentamiento a pedradas y con palos entre ambos grupos, quedando varios heridos, a pesar de esta confrontación las comunidades no bajaron la guardia.
Ganaron la batalla por el agua en 2012. La lucha no terminó ahí, más bien la exigencia era el saneamiento del río por las aguas negras que el municipio de Tecoanapa arrojaba. Río abajo la población se estaba enfermando porque utilizaban el agua para bañarse y lavar la ropa. Prócoro gestionó biodigestores para que el agua del drenaje fuera tratada. Luego siguió con las plantas medicinales para la prevención de enfermedades como la diabetes. También fundó la policía comunitaria en los seis pueblos.
Estaba precupado por la falta de acceso a los servicios de salud y educación. Paradójicamente en los últimos días de su vida, un grupo afín al rector le quitó las horas de trabajo en la preparatoria, para dejarlo fuera de la institución. Fue un golpe duro para Prócoro, por la forma artera perversa con la que actuaron los directivos. Estaba decidido a dar la pelea dentro de la institución, pero su estado de salud se complicó. Aún en esas condiciones seguía impulsando proyectos en defensa del medio ambiente con personal de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México. Lamentablemente el miércoles 3 de septiembre tuvo una caída mortal que truncó sus proyectos. Los pésimos servicios de salud que hay en las comunidades rurales no alertaron de que era urgente una atención médica de tercer nivel. Lo llevaron con una médica de San Francisco que recomendó que estuviera en observación en su casa. Empezó a vomitar y después de dormirse un rato le dio un paro respiratorio. Lo trasladaron con oxígeno a Ayutla para reanimarlo, posteriormente lo llevaron a Acapulco, donde falleció la madrugada de este lunes 8 de septiembre. A las 4:30 de la tarde de este martes fue sepultado en el panteón de La Sidra, para regresar con los suyos. Perdimos a un luchador social que desde la academia y la organización comunitaria les dio voz a los pueblos olvidados de Tecoanapa.

En memoria de todas las personas desaparecidas que son el tesoro más preciado y el amor más sublime de un estado atrofiado por la violencia y la impunidad. Nuestro aprecio y respeto a todos los familiares, colectivos y sobrevivientes por su lucha incansable y su fuerza inquebrantable.

Guerrero es el pozo de los tormentos y el mar de la fatalidad por las centenas de personas desaparecidas que el Estado mexicano fraguó desde las altas esferas del poder para exterminar a los rebeldes e insumisos. Desde la década de los sesenta el Ejército implantó la política del terror. Aplicó sus planes de contrainsurgencia con el objetivo de aniquilar a los insurrectos y avasallar a la población civil. Para hacer más cruento el sufrimiento de la persona detenida y de sus familiares la desaparición forzada se erigió en una práctica sistemática y generalizada: los agentes del estado se encargaron de privarlas de su libertad, de ocultar su paradero, de encerrarlos en cárceles clandestinas y condenarlos a un final funesto.
El Ejército fue el brazo ejecutor de esta estrategia: usó la fuerza letal, tuvo licencia para matar. Entró a las comunidades para detener arbitrariamente a cualquier persona, allanó domicilios para aterrorizar a las familias, aplicó la tortura para arrancar confesiones, confinó en las mazmorras a los detenidos, violó a las mujeres, quemó viviendas, corrió a las familias de sus hogares, ejecutó a los rebeldes y los tiró al mar.
Las atrocidades cometidas por el Ejército han sido toleradas por todos los gobiernos. Las investigaciones de crímenes están estancadas, ninguna prospera porque hay línea política de no tocar a las fuerzas armadas. La Fiscalía General de la República ha relegado estos casos, solo avanzan cuando los familiares ejercen presión y aportan pruebas. Todo está destinado para que los expedientes sean archivados.
Atoyac fue el epicentro de la brutalidad estatal. El Ejército llegó para exterminar a la guerrilla y a las comunidades que abrigaban la lucha del maestro Lucio Cabañas. La década de los setenta fueron los años fatídicos para toda la población que se adhería a la guerrilla de Lucios Cabañas y Genaro Vázquez. Varias comunidades se despoblaron por la persecución encarnizada contra las familias que llevaban los apellidos de los guerrilleros. 1974 fue el año de la represión generalizada y de una violencia irrefrenable implementada por el Ejército para arrancar de raíz la semilla de la rebelión.
Los vuelos de la muerte que reportó en su carta Benjamín Apresa, un militar desertor asignado a la Base Aérea Militar Número 7 de Pie de la Cuesta, da cuenta de 183 personas (174 hombres y 9 mujeres) que fueron registradas con sus nombres y seudónimos y que fueron tiradas al mar, distribuidas en 19 viajes. El 89 por ciento de las personas registradas en los vuelos de la muerte eran de Guerrero y en su mayoría del municipio de Atoyac. Estos avances del modo de operar del Ejército no son producto de las investigaciones de la Fiscalía, sino de los familiares, colectivos, investigadores, periodistas y defensoras de derechos humanos. Es un esfuerzo titánico por conocer el paradero de los desaparecidos de la época sombría del terrorismo de Estado.
El Estado fue el responsable de las desapariciones forzadas del pasado, es una denuncia vigente que tiene un continuum de impunidad porque conecta las desapariciones del pasado con las del presente, con nuevos actores de la delincuencia organizada que se han enquistado en las estructuras del poder político y son los que se encargan de hacer el trabajo sucio de causar terror entre la población sin ser investigados ni encarcelados. El Estado sigue siendo cómplice porque no investiga, no castiga y no apoya a las víctimas en la búsqueda de sus familiares.
Con el tiempo las desapariciones lejos de disminuir se incrementaron, pero ahora instrumentalizadas con la expansión de los grupos de la delincuencia organizada en colusión con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas fueron infiltradas por la delincuencia como quedó demostrado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014. Las madres y padres emprendieron una lucha para buscar a sus hijos. Fue un parteaguas porque las familias de Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Atoyac, Ayutla de los Libres, Taxco, Chilapa, Zitlala y Tlapa rompieron el silencio.
En la región de la Montaña, las familias indígenas también se han tenido que organizar para realizar búsquedas. Ha sido muy difícil porque son discriminadas por las autoridades. Con el pesar que cargan luchan a contracorriente para recorrer cerros y barrancas, buscando las huellas de sus seres queridos.
El colectivo Luciérnaga surge en este torbellino de violencia criminal. Con la dolorosa desaparición y el asesinato del defensor comunitario, Arnulfo Cerón Soriano, las familias rompieron el silencio y decidieron denunciar las desapariciones que se han consumado en el municipio de Tlapa. En noviembre del 2019 se logró dar con el paradero del defensor 3 metros bajo tierra. Este hallazgo representó para las familias una luz en la oscuridad. En medio del dolor y el miedo surgió la iniciativa de crear el colectivo Luciérnaga integrado por 50 familias. De las 8 jornadas de búsqueda que han realizado encontraron 11 cuerpos y más de 120 restos humanos. En enero de este año fueron entregados los restos de don Porfirio Barrera, gracias a la tenacidad y persistencia de su familia.
Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición para las familias este 30 de agosto significa dolor, indignación, impotencia e incertidumbre por no saber el paradero de sus hijos, hijas, madres, padres o hermanos. Recordarlos y nombrarlos es un acto de resistencia y memoria, es una coyuntura propicia para denunciar a las autoridades por su complicidad, negligencia y corrupción. Por eso las buscadoras indígenas, como un ejercicio para mantener viva la memoria de sus seres queridos narran las historias crudas de la desaparición de sus familiares.
Mi nombre es Amalia. Soy originaria de la comunidad de San Miguel el Viejo, municipio de Cochoapa el Grande. Llegué a vivir con mi familia a Tlapa hace 25 años. En el 2016 mi hijo Fredy salió de nuestra casa para ir a comprar una ficha de teléfono con su amigo. Luego fueron a cenar unos tacos a una taquería, pero a pocos minutos llegó una camioneta negra de donde bajaron sujetos armados y se los llevaron.
Mi esposo y yo salimos a buscarlo más noche porque no llegaba. Fuimos a preguntarle a su amigo si lo había visto y nos contó lo que pasó. Se nos hizo extraño que él estuviera en su casa y nuestro hijo no haya regresado. Mi esposo lo llevó con la policía preventiva para que dijera quién se llevó a Fredy, pero no quiso hablar. La policía, en lugar de ayudarnos a investigar y buscar a mi hijo, dejó ir al testigo que sabía dónde podría estar mi hijo porque no había una denuncia previa y arrestó a mi esposo. Para soltarlo nos dijeron que teníamos que pagar una multa. Investigamos y lo fuimos a buscar a las barrancas y cerros, encontramos fosas, pero no lo encontramos a él. A pesar de que recibimos amenazas lo seguimos buscando. El 2 de agosto de 2020 mi esposo fue asesinado, pero hasta hoy no se ha hecho justicia y tampoco sé dónde está mi hijo.
Mi hermana Yanderi lleva 8 años desaparecida, desde el 3 de marzo del 2017. Ese día Yanderi iba a ir a una peregrinación en la Ciudad de México. Siempre me mantenía informada cuando salía, pero ese día no llamó. Creí que se le había olvidado o que me avisaría cuando ya estuviera allá. Más tarde su amiga me avisó que mi hermana no llegó al punto de encuentro y no sabía nada de ella. Nos preocupamos y comenzamos a buscarla, la llamamos, pero su teléfono estaba fuera de servicio.
Fuimos al Ministerio Público a poner una denuncia, pero no nos la recibieron hasta tres días después. Lo primero que le dijeron a mi mamá es que querían testigos, que los buscáramos y los lleváramos con ellos. Después nos unimos al colectivo Luciérnaga, vimos apoyo por parte de Tlachinollan. Lo malo es que, a pesar de este apoyo, las autoridades no nos hacen caso, sólo nos dan fechas para informarnos del caso, pero no nos dicen nada y nos vuelven a reagendar. Pienso en el dolor de otras familias que están pasando por lo mismo y que tal vez si nos uniéramos las autoridades voltearían a vernos. Tenemos que perder el miedo. Yo sólo quiero encontrar a mi hermana.
La mayoría de las personas desaparecidas son jóvenes y mujeres indígenas con sueños truncados. En sus comunidades no hay oportunidades de estudiar, sobreviven del campo, del comercio y del trabajo artesanal. Las víctimas de desaparición en la Montaña son maltratadas por hablar otro idioma, se les discrimina por venir de comunidades apartadas y se les ignora por ser analfabetas. El Ministerio Público, además de que las trata con desprecio, no tiene sensibilidad para atenderlas con respeto; la Fiscalía no cuenta con intérpretes ni personal que conozca las culturas indígenas. Ponen en duda lo que declaran, estigmatizan a la persona desaparecida. Son los familiares quienes se encargan de hacer las investigaciones, las búsquedas en contextos sumamente peligrosos. Es el círculo perverso de la impunidad que empodera a los perpetradores y deja en estado de indefensión a las víctimas. En la Montaña las personas desaparecidas son el dolor más hondo que nos sumerge en el fango de la violencia y nos confina a vivir en la miseria y la orfandad.

En memoria de Francisco Díaz González, compañero comprometido con la defensa de los derechos humanos. Coordinó el Centro Mahatma Gandhi, en Coyuca de Benítez. Lo recordamos como un colega destacado de la desaparecida Red Guerrerense.

El pasado 13 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó su comunicado 118/25 sobre la pobreza multidimensional en México. Como parte de los resultados alcanzados el gobierno federal destacó la disminución de la pobreza en 8.3 millones de personas. En el desglose de los resultados Guerrero aparece en el segundo estado con mayor pobreza y pobreza extrema. Chiapas es el primero y Oaxaca ocupa el tercer puesto. Lo característico de los 3 estados es que cuentan con un alto porcentaje de población indígena.
En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que se encarga de medir la pobreza multidimensional, tomaron en cuenta seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, además de tener un ingreso inferior a las líneas de pobreza en el ámbito rural y urbano. El estado de Guerrero presentó el 58.1 por ciento de su población en situación de pobreza multidimensional; es decir, que mayoritariamente la población guerrerense tiene más de una carencia social.
En el ámbito de la pobreza extrema, Guerrero se encuentra en el segundo lugar con un 21.3 por ciento de su población con más de tres carencias sociales. La comparación frente a los estados con menos porcentaje de población en situación de pobreza extrema es abismal. El caso de Baja California es del 0.4 por ciento, el de Nuevo León es de 0.5 por ciento y el de Aguascalientes es 0.6 por ciento. El Inegi señaló que, aunque en 2024 las carencias sociales disminuyeron, la población vulnerable por carencias sociales aumentó, es decir, que a pesar de que hubo personas que tuvieron ingresos superiores a la línea de bienestar cuentan con una o más carencias en educación, salud, vivienda y seguridad social.
La triada Guerrero, Chiapas y Oaxaca los coloca en los primeros lugares en cuanto al rezago educativo, sobre todo en las zonas rurales donde el acceso a la educación siempre ha estado en total abandono. Además, aumentó de 30.7 millones de personas con rezago educativo en 2022, y 32.2 millones en 2024. La situación es alarmante porque hay serios retrocesos en el campo educativo en las regiones pobres y no vemos que se asigne mayor presupuesto para revertir el atraso educativo.
A pesar de que la carencia a los servicios de salud en el país disminuyó de 39.1 a 34.2 por ciento, en Guerrero estamos por encima de la media nacional con el 38.9 por ciento de una población que no cuenta con acceso a los servicios de salud. Con respecto a la seguridad social la situación es catastrófica entre la población rural porque se eleva al 74.6 por ciento. Nuevamente nuestro estado encabeza esta carencia con el 72.6 por ciento de su población.
La carencia de la calidad y espacios de la vivienda Guerrero se ubica en primer lugar con el 26.1 por ciento de su población. En contraste con siete puntos Chiapas ocupa el segundo lugar con 19 por ciento. La diferencia con el estado de Coahuila es más acentuada al tener menos población con carencias con un 2.5 por ciento. Esto mismo sucede con el acceso a los servicios básicos en la vivienda. Guerrero se ubicó en el segundo lugar con 47.4, mientras que en Coahuila es de 1.9 por ciento. En cuanto a la alimentación nutritiva y de calidad, Guerrero volvió a aparecer en el segundo lugar con el 27.9 por ciento.
Los 8.3 millones de personas que salieron de la pobreza, en la Montaña de Guerrero este mejoramiento aún no llega, porque la mayoría de las familias indígenas luchan por su sobrevivencia. Es un milagro que logren alimentarse con unas cuantas tortillas, frijoles, chile y quelites de temporada. La canasta básica es superior a los salarios que se perciben, sobre todo, en las comunidades indígenas donde no hay oportunidades de trabajo. El pago para un trabajador del campo es de 200 pesos. Pocas familias son las que contratan a peones para limpiar la milpa. Se trata de trabajos esporádicos, cuando es la temporada de lluvias. En los lugares donde la tierra está muy desgastada, muchas familias salen de sus comunidades para buscar trabajos en los campos agrícolas de Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas, es una opción que se ha tornado peligrosa por la disputa territorial de los grupos del crimen organizado. El dilema sigue siendo: migrar o morir.
El analfabetismo es el flagelo que se extiende en toda la Montaña por la falta de maestros y maestras y por la carente infraestructura educativa. Las niñas y niños indígenas en lugar de estudiar se ven obligados a trabajar en el campo. A las niñas, sus padres las obligan a casarse desde los 12 años, porque los gobernantes les niegan el derecho a la educación básica. No solo se viola este derecho, las comunidades padecen los estragos de las enfermedades de la pobreza porque no cuentan con medicamentos y menos con centros de salud que estén a la altura de las necesidades. Quien se enferma tiene que trasladarse hasta 5 horas para atenderse en Tlapa, donde son discriminados.
En 2024 hubo muchas protestas protagonizadas por comunidades indígenas para exigir la construcción de hospitales, centros de salud, la contratación de personal médico y la dotación de medicamentos. Las madres y padres de familia bloquearon las entradas de Tlapa para demandar aulas y personal docente porque hay cientos de niños y niñas indígenas que durante años no reciben clases.
Recientemente más de 300 comunidades de la región protestaron para exigir que censen sus viviendas y siembras destruidas por el huracán John. Los desastres se acumulan en la Montaña y los gobiernos en lugar de atenderlos los ignoran. Las familias damnificadas nunca saldrán de la pobreza extrema porque siempre tienen que levantar su vivienda y se resignan a sobrevivir en paredes de adobe agrietados.
Doña Amalia de 47 años de san Miguel Amoltepec el Viejo, de Cochoapa el Grande, forma parte del gran contingente de las mujeres indígenas que viven en la pobreza extrema. Creció en las laderas de las montañas. Comenzó a tejer sombreros desde los 6 años, aprendió observando a su papá. No fue a la escuela, porque era más importante asegurar su alimento. Su vida la dedicó a tejer sombrero y trabajar en el campo. Aprendió a tejer huipiles con el telar de cintura, con gran imaginación plasmaba cerros, animales, flores. De vez en cuando se hacía un vestido con tela de algodón, pero las fibras se desgastaban con el uso diario y la tela se rasgaba, no le quedaba de otra que remendarlo. Cuando el vestido era más remiendo se hacía otro. Para Amalia y muchas mujeres tener dos vestidos es un lujo.
Cada 15 días caminaba a Tlapa para vender sus sombreros, se hacían 17 horas y ganaban 6 pesos por docena. Con esas monedas compraban jitomate, chile, sal, arroz y guardaban para el pago de los pasajes de vuelta. Quedaban sin dinero Cuando tenía 20 años salió por primera vez sola para trabajar en Tlapa. Su ilusión era ayudar a su familia, pero no lo logró. Los fines de semana vendía pan, su prima le ayudaba porque ella no hablaba español. En total ganaba 5 pesos por la venta de pan.
A pesar de los años la situación económica de Amelia no ha mejorado. En la temporada de lluvias se levanta temprano para sembrar maíz, frijol y calabaza junto con su madre. Realizan trabajos extenuantes porque no pueden pagar peones, por el contrario, Amalia se contrata como peona para ganarse 200 pesos. Con ese pago hace milagros para comer con sus hijos. Cada día compra menos productos porque suben de precio cada semana. Viaja a Tlapa a vender sus sombreros en el río Jale, a 12 pesos cada uno. Aprovecha para comprar la palma en 150 pesos, le alcanza para tejer dos docenas. En una semana hace 24 sombreros. En Tlapa los acaparadores le ponen el precio más bajo de 190 le pagan 150 pesos. Es una bicoca que no le alcanza para surtir su despensa. Para tener otro pequeño ingreso va de casa en casa ofreciendo servilletas bordadas. Para hacer un huipil tarda 3 meses y cuesta trabajo venderlo porque la gente no valora su trabajo.
Este sufrimiento impuesto por la pobreza multidimensional, no se compara con las tragedias que ha sufrido: Fredy, su hijo de 16 años, fue desaparecido en Tlapa en el 2016. Sin hablar español y sin dinero buscó ayuda con las autoridades, pero le cerraron las puertas. Tuvo que trabajar el doble para acudir a las búsquedas con un colectivo de familias de desaparecidos, pero hasta el momento las autoridades siguen sin investigar.
La desgracia sobrevino cuando murió Tevi, otro de sus pequeños hijos que nació con parálisis cerebral. El dolor de tener un hijo desaparecido y otro con una discapacidad era inenarrable, sobre todo porque Tevi se enfermaba constantemente y no había centro de salud en su comunidad ni clínicas en Cochoapa. Amalia llevaba a Tevi hasta Chilpancingo o Acapulco a un CRIT, pero era muy costoso. El mundo se le derrumbó cuando el 27 de noviembre del 2023 Tevi dejó este mundo lleno de dolor. Esa noche se quejaba más que otras veces, desesperada Amalia buscó que la llevaran a Tlapa. Le cobraron 3 mil pesos por un viaje especial. Importaba más la vida de su hijo, así que pidió prestado y se fue de emergencia. Desafortunadamente, Tevi murió antes de entrar al hospital. Paradójicamente, un día antes se había inaugurado el CRIT en Tlapa.
La tragedia se ahondo más con el asesinato de su esposo Federico en agosto de 2020, quien se metió de lleno a la búsqueda de su hijo. Tuvo el valor de detener con machete en mano a uno de los jóvenes involucrados en la desaparición de Fredy. Le confesó quienes y porque se lo habían llevado. Dio parte a la policía municipal de Tlapa. Los policías en lugar de turnar al detenido al Ministerio Público encarcelaron a Francisco. El enojo y la frustración fue mayor por la colusión de los policías con el crimen. Amelia con el corazón se desangra por la desaparición de su hijo, el asesinato de su esposo y la muerte de Tevi, camina como la mayoría de las mujeres indígenas, en la Montaña de la pobreza.

A cuatro años de su desaparición en Acapulco
¿dónde está Vicente Suástegui Muñoz?

El programa sectorial de seguridad pública del estado naufraga en el mar de la violencia y la impunidad. En primer lugar, no cumple con el objetivo de fortalecer la política pública en materia de prevención social de la violencia y del delito, con perspectiva de género, participación ciudadana y con un enfoque intercultural, como reza en el Plan Estatal de Desarrollo. En segundo término, porque la realidad nos desborda, la población se siente inerme, impera el miedo, la desolación y el sentimiento de fatalidad. No confía en las instituciones de seguridad porque saben que están infiltradas, constatan que están coludidas con la delincuencia. En este sistema monopolizado por las elites políticas de los partidos, lo prioritario no es la seguridad del ciudadano o la ciudadana sino el cuidado de las autoridades y la protección de las instituciones del Estado.
La misma Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero está desdibujada y ausente, porque no ve ni siente lo que la gente denuncia y sufre diariamente. Sus operativos no arrojan resultados favorables para la población. Sus actuaciones aparatosas son tardías e ineficientes, solo causan malestar y mayor encono entre las víctimas de la violencia. El padecimiento mayor es que ni los policías ni los militares brindan seguridad a la gente que sale diariamente a luchar para llevar la comida a su casa. No todos llegan porque en la calle o dentro de un vehículo los alcanzan las balas. Ni con más cuarteles ni guardias nacionales desplegados en tareas de seguridad la violencia decrece. Con la nueva Ley de la Guardia Nacional la ruta política es entregar el control total de la seguridad pública a las instituciones castrenses.
Se repite la historia sangrienta en nuestro estado como sucedió hace 5 décadas con la política de terror implantada por el Ejército. La violencia se exacerba con el crimen organizado que tampoco es arrancado de raíz a pesar de ser la principal amenaza para la población. Han dejado que se inserte en las instituciones del Estado y que sea el que realice el trabajo sucio para aterrorizar a la población, desmovilizarla para que las autoridades actúen sin contrapesos civiles.
Los hechos atroces que sucedieron en el puerto de Acapulco ponen en evidencia el descontrol de las instituciones, la descoordinación de los tres niveles de gobierno y la supeditación con relación a la lógica criminal. En 9 días se registraron 20 asesinatos. Las calles y las banquetas están bañadas de sangre. Lejos de que la violencia tenga un freno aumenta cada día, sin que existan acciones contundentes para desmantelar las estructuras delincuenciales y dar con los responsables
A las 6:50 de la mañana del sábado 26 de julio de 2025 fueron asesinados dos hermanos que trabajaban en una pollería en la colonia López Portillo, atrás del penal de Las Cruces. Testigos señalaron que caminaban rumbo a su trabajo cuando fueron atacados. A las 10 de la mañana fue encontrado el cuerpo de un hombre, con torniquete y envuelto en una sábana en una Nissan Tsuru en el asiento de atrás entre la calle 2 y esquina con 14 de la colonia Zapata. Dos hombres fueron asesinados por personas armadas que irrumpieron en un taller de motocicletas. Hasta ese día el saldo es de 314 homicidios relacionados con el crimen organizado en lo que va del año en el puerto de Acapulco.
A las 8:30 de la noche del domingo 27 de julio varios armados con AK-47 montados en motocicletas dispararon contra la comandancia y la agencia del Ministerio Público en el Fraccionamiento Costa Azul. Estaban los policías y trabajadores de guardia. No se reportaron víctimas.
A las 11 de la noche del martes 29 de julio hombres armados atacaron la comandancia de la Policía Ministerial sector Coloso. Arrojaron una granada de fragmentación. Dos camionetas quedaron perforadas por los proyectiles y más de 20 disparos incrustados en una cortina negra. Se supo de 40 casquillos percutidos de diferentes calibres como de AR-15 y 09 milímetros. Era un día normal de trabajo y afuera de las instalaciones estaba una patrulla. No cuentan con cámaras de seguridad.
El 30 de julio en motocicletas balacearon con AR-15 y AK-47 las oficinas del Ministerio Público de Barrios Históricos en la calle Quebrada, donde se ubica la comandancia de la Policía Ministerial. Una agente de 50 años fue herida de bala. Más de 30 disparos quedaron en las fachadas de los inmuebles. Las instalaciones de vidrio cubierto de herrería no contaban con vigilancia, ni cámaras de seguridad. A unos metros de la agresión está la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
Simultáneamente hombres armados dejaron poncha llantas en la comandancia de la Policía Ministerial sector Mozimba, ubicada en la calle 6, a una cuadra de la avenida Ejido, frente a la terminal de autobuses. Continuaron atendiendo a la gente, pero a puerta cerrada. La Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció un millón de pesos de recompensa a quien de manera anónima, por llamada o whatsapp, proporcionara información para la localización y detención de los responsables de los ataques.
El miércoles 30 de julio un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado muerto con torniquete en la colonia Paraíso. El cuerpo habría sido arrojado desde un automóvil en movimiento sobre la calle principal. Más tarde como a las 5:30 personas armadas a bordo de motocicletas dispararon contra un hombre que viajaba en una camioneta Ford-Ranger, cerca de la avenida Cuauhtémoc y el puente Bicentenario, en el fraccionamiento Magallanes. La víctima quedó herida y por sus propios medios acudió a un hospital privado cercano.
El mes de julio terminó con una terrible ola de violencia, en menos de 24 horas fueron asesinados 12 hombres y una mujer. Los primeros minutos del jueves 31 fue reportado el hallazgo de un hombre decapitado envuelto en sábanas y atado de pies y manos en Ciudad de Renacimiento. Unos minutos después se reportó el asesinato de otro hombre en la colonia Llano Largo, afuera de su casa.
Por la mañana fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer en un taxi colectivo en Las Cruces, al parecer fueron asesinados con torniquete y luego abandonaron el vehículo con los cuerpos adentro de la cajuela. A las 10 de la mañana se encontró un hombre asesinado con torniquete en el poblado Las Plazuelas, en la zona rural de Acapulco, su cuerpo fue arrojado desde un vehículo en movimiento.
A las 11:20 de la mañana agentes del Ministerio Público recibieron el reporte de dos hombres decapitados que se encontraban en la cajuela de un taxi colectivo en Ciudad Renacimiento. En esa mañana la alcaldesa Abelina López presidía la sesión de cabildo abierto a tres cuadras del trágico suceso.
Cerca de las 7:30 de la noche reportaron a la policía el cuerpo de un hombre baleado en la colonia Unidad Ciudadana, en la parte alta de la terminal de transporte urbano de la colonia Emiliano Zapata. Dos horas después, en el fraccionamiento Mozimba localizaron cuatro hombres asesinados con torniquete, con visibles huellas de tortura, atados de pies y manos. Los dejaron sobre la calle Colonial, detrás de la iglesia Mozimba. A la misma hora un hombre fue perseguido a balazos en el poblado Órganos de Juan R. Escudero, en la zona rural de Acapulco, hiriéndolo de muerte.
Después de una jornada violenta con 13 homicidios, se inauguraron tres cuarteles de la Guardia Nacional: uno anexo a la base aérea de Pie de la Cuesta con capacidad para albergar a 60 elementos; el segundo dentro del Parque Nacional El Veladero en la colonia Paraíso Escondido con 120 efectivos y el tercero en el predio del CBTIS 14 en el fraccionamiento Ricardo Morlett Sutter con 250 elementos. El comandante, Miguel Ángel Aragón Vázquez dijo que llevan a cabo investigaciones y persecución de los delitos de extorsión, secuestro, narcomenudeo y tráfico de personas. El acto protocolario fue encabezado por el coordinador territorial de la Región Sur Sureste de la Guardia Nacional, general Saúl Luna Jaimes, acompañado por el comandante del 50 Batallón, Waldo Fransechi Santos, el comandante del 68 Batallón Luis Lorenzo Aguirre, el teniente coronel Fuerza Aviador Estado Mayor, Carlos Basilio Ortiz y el secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Bailleres Mendoza en representación de la presidenta municipal.
Aragón Vázquez informó que los 21 cuarteles proyectados después del huracán Otis son habitados por 3 mil 700 elementos, pero solo han sido inaugurados cuatro. Al margen de la violencia que azota Acapulco el comandante resaltó que “la presencia de la Guardia Nacional ha ayudado a disminuir los índices delictivos y la persecución de la inseguridad en el estado de Guerrero y en el municipio de Acapulco”. Convencido de lo que manifestaba reiteró que la Guardia Nacional “ha contribuido en las condiciones de seguridad en los ciudadanos acapulqueños y además colabora con las diferentes instancias de gobierno para preservar la seguridad pública, salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio”. Los periodistas sorprendidos por el contenido de su discurso, preguntaron sobre el reporte de los seis muertos de la mañana. El comandante lacónicamente comentó: “estamos trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno”. Para muchos guerrerenses, el trabajo de seguridad que pregonan las autoridades federales y estatales, no es más que un discurso que encubre el fracaso de la estrategia de seguridad comandada por el Ejército y la Guardia Nacional.

Compañero Victor: la negligencia, el abandono y las precariedades del ISSSTE de Guerrero, te condenaron a morir. Como periodista te entregaste con pasión y arrojo para darle voz a los silenciados. Tu legado vivirá en las trincheras del combativo gremio periodístico de Guerrero.

Marco, estamos aquí en la orilla del río Papagayo, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, para honrar tu lucha y para reiterar nuestro compromiso de defender las tierras de nuestros abuelos. Lo hacemos como tú nos enseñaste, con el machete en la mano y con el corazón por delante. Sin arredrarnos ante los gobernantes represores y corruptos, ni replegarnos ante los polizontes montoneros y cobardes.
Aprendimos a no pedir permiso para tomar las avenidas del puerto y hacer visible lo que los políticos ocultan, las desigualdades sociales que nos separan entre el Acapulco Diamante y el Acapulco de los lodazales. Desenmascaraste a los presidentes de este municipio que están enfermos de codicia y coludidos con empresarios mañosos y con la delincuencia. Encaraste a los pésimos gobernadores que con sus tropelías y triquiñuelas se empeñaron en imponer la presa La Parota.
A los lidercillos de los partidos políticos les demostraste cómo se hace trabajo en las comunidades; arando la tierra, chaponando la hierba, arreando los animales, haciendo frente a las enfermedades con remedios caseros, luchando contra el analfabetismo, sufriendo las carencias de agua, drenaje y caminos. Tu escuela fue el campo, las asambleas y el trabajo comunitario. Desde muy joven aprendiste a trabajar derecho y a no dejarte sobornar por políticos corruptos. Te distinguiste por estar al lado de los más pobres. Tus estudios universitarios sirvieron para comprender la grandeza de la vida en el campo, para aprender de la sabiduría ancestral, para disfrutar del modo de vivir en comunidad y ante todo para amar y defender la tierra, por ser nuestra madre.
En el Cecop aprendimos a luchar como pueblos, a reconocernos como campesinos que somos explotados y engañados por los ricos y los gobernantes. Las asambleas fueron el motor de nuestra lucha, en este espacio nuestra palabra cuenta y también es donde tomamos decisiones. Aquí fue donde juntamos nuestras voces para no permitir que entrara la maquinaria y los ingenieros de la CFE a nuestro territorio. Instalamos nuestros plantones y las compañeras se encargaron de vigilar las entradas. Eso le molestó al gobierno porque no tolera que los que vivimos en el campo levantemos la voz para defender nuestros derechos. Por eso encarcelaron a Marco Antonio, creyendo que lo iban a espantar y que nosotros nos íbamos a rajar.
Con eso nos organizamos con más fuerza. No solo cerramos las entradas a nuestro territorio, sino que también íbamos a las asambleas que convocaba el comisariado junto con la Procuraduría Agraria para impedir que se realizaran. Dimos la batalla en todos los frentes y les tiramos con la ley en la mano todas las asambleas espurias que realizaron. Compa Marco Antonio también fuiste un gran magistrado porque defendiste con mucho valor en los tribunales nuestros derechos como campesinos. Nos enseñaste a no sentirnos menos ante los funcionarios que están detrás de un escritorio. Tanto ellos como nosotros sabemos lo que es defender nuestras tierras, eso lo aprendemos desde que nacemos. No tenemos que pedirle permiso a nadie, por eso cuando salíamos a la calle levantábamos nuestros machetes para gritar ¡No a La Parota!
Marco diste cátedra a los magistrados, porque con el Cecop comprendieron que el movimiento campesino fue en verdad el motor que le dio fuerza la revolución al lado de Zapata y de Villa. Por eso también gritamos en nuestras consignas ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!
Fuiste el vocero que logró tras-cender las fronteras nacionales: el Cecop fue un ejemplo que se extendió en toda América Latina. En El Salvador, Guatemala, Colombia y Brasil fueron memorables las inter-venciones de Marco Antonio porque transmitían la buena vibra de su lucha. Porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar la organización comunitaria. El Cecop se transformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio. Los relatores especiales de la ONU Rodolfo Stavenhagen y Miloon Kothari así como la secretaria general de Amnistía Internacional Irene Khan fueron testigos de este gran movimiento, donde mujeres y hombres tenían la misma participación y reconocimiento.
Marco, forjaste tu acero al lado de tu padre y de tus abuelos zapatistas. El campo te enseñó a ganar la tortilla diaria con el sudor de tu frente. De la familia heredaste el carácter aguerrido y explosivo. Con arrojo lidiaste con los policías del estado que se apostaban en la entrada de las asambleas espurias. Con tu voz tronante y decidida irrumpías con machete en mano en los lugares ajenos a los núcleos agrarios para desbaratar estas convocatorias amañadas y correr a los acarreados. Fue inolvidable la asamblea que se realizó en Agua Caliente, donde participaron los supuestos simpatizantes de la presa dirigidos por el comisariado de Cacahuatepec, los opositores y los expertos de cada parte. Después de escucharlos fue memorable tu magistral coordinación de la asamblea que al final más de 4 mil asistentes levantaron su mano para decir ¡No a la Parota!
A pesar de estos triunfos inobjetables y de esta gran contribución de los opositores a la presa para conservar los bienes naturales y evitar la depredación del medio ambiente, los gobiernos de todos los colores siguen empecinados en extraer el agua y los recursos pétreos del río Papagayo para beneficio de los empresarios gravilleros, hoteleros y los negocios de los políticos. Es la resistencia de los pueblos y la persistencia de Marco Antonio lo que ha parado esta ambición desmedida de destruir el manto acuífero en beneficio del alto turismo. Son las comunidades las que cuidan la casa común, sin embargo, los gobiernos no cuidan de la gente. No atienden los graves daños que sufrieron con la entrada de los tres huracanes que volaron sus techos, enlodaron sus pisos, devastaron sus huertas y trozaron sus caminos. No tienen agua potable porque sus tuberías quedaron inservibles, sin embargo, los pozos profundos tienen mantenimiento permanente porque deben de asegurar el abastecimiento de agua para los grandes hoteles. Estas injusticias obligaron a Marco Antonio a empuñar el machete para desafiar a los gobernantes pendencieros y empresarios voraces que han sumido en el lodazal a las comunidades que han sido saqueadas y expoliadas por el extractivismo depredador y los saqueadores de la clase política del estado.
Marco Antonio fue un defensor del territorio que peleó hasta el final para heredar a las futuras generaciones un hábitat que les asegure una mejor calidad de vida. Las comunidades del Acapulco rural siguen luchando por agua potable, drenaje, carretera, médicos, maestros, créditos para el campo, programas de vivienda y fuentes de empleo. Son comunidades azotadas por la pobreza y la violencia. Olvidadas por los gobiernos racistas y corruptos, acorraladas por empresarios voraces que cuentan con el apoyo de los grupos delincuenciales que aterrorizan a la población con crímenes atroces.
A 22 años de la lucha del Cecop las comunidades de Cacahuatepec, resisten. El gobierno municipal ignora sus demandas históricas y les impone proyectos extractivistas. El gobierno del estado no las considera como una región prioritaria para el desarrollo turístico de Acapulco. En lugar de obtener ganancias significa pérdidas para sus bolsillos y el gobierno federal ha decidido impulsar con los empresarios el programa Acapulco se transforma contigo. Todo pensado en reactivar la economía del puerto con grandes proyectos turísticos. El piso básico de la subsistencia que requieren las comunidades rurales está fuera de los proyectos nacionales. Los funcionarios municipales en lugar de atender las demandas fundamentales de las comunidades se empeñan en dividir e imponer sus proyectos extractivistas. El caso de Agua Caliente es una muestra de cómo abusan de la necesidad de la gente. CAPAMA tiene proyectado construir pozos radiales en la rivera del río Papagayo. En lugar de presentar con detalle en qué consiste el proyecto, han optado por aliarse con el ex comisario municipal que es empleado de CAPAMA, para abordar de forma individual a los comuneros que tienen huertas en la orilla del río, con el fin de que autoricen la servidumbre de paso, a cambio de algún apoyo económico. La comunidad tiene años demandando la reconstrucción de la carretera que ha sido destruida por los grandes camiones de las empresas gravilleras, que cada año acaparan más terrenos comunales para sus negocios privados. Para asegurarse que estos negocios sean prósperos los empresarios se han aliado con los grupos delictivos para que se encarguen de proteger sus negocios. Los funcionarios federales son cómplices de esta depredación ambiental y se hacen ojo de hormiga de los despojos de tierras federales y de la sobrexplotación del río. Saben que todo es negocio, por eso a quienes protestan y se oponen a sus intereses los amenazan, encarcelan o asesinan, como lamentablemente sucedió con el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, que en plena afluencia turística fue atacado a balazos en la playa Icacos.
A 3 meses del crimen artero la Fiscalía del estado no tiene una línea sólida sobre el móvil del asesinato. Ha evidenciado su incapacidad para realizar investigaciones profesio-nales, no hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y, que cotidianamente asesina, sin que las autoridades den golpes certeros para detener a los responsables. Estamos lejos de que las autoridades de los tres niveles de gobierno logren desmantelar las estructuras delincuenciales que desangran la vida de los acapulqueños. ¡Marco Antonio vive! ¡La lucha sigue!

Toda nuestra solidaridad con la familia Ureiro Castañeda, que en este domingo trágico privaron de la vida a su hijo y hermano Sergio.

El lunes 14 de julio ocho comunidades ñu savi y tres afromexicanas de los municipios de Marquelia y San Luis Acatlán bloquearon la carretera federal de la Costa Chica, en el puente de Marquelia. Su demanda principal es que Iván Hernández, delegado de Bienestar, no los discrimine y que tome en cuenta a las familias que sufrieron daños en sus viviendas y cultivos y que no han sido censadas.
Llegaron más de 700 personas mostrando su enojo y reclamo a las autoridades del estado y federales porque nadie ha llegado a brindarles algún apoyo. Permanecieron todo el día con la esperanza de ser escuchados. Fueron ignorados, las autoridades les demostraron que sus protestas no representan presión alguna para escucharlos. Por la noche, la gente agobiada por los rayos del sol regresó a San Luis Acatlán para permanecer en la explanada del Palacio Municipal. Cansancio y desánimo había en algunas madres de familia que llevaban a sus pequeños hijos. Las personas mayores se mantenían decididas a continuar con la jornada de protesta. En esa noche obligaron a que se presentara el presidente municipal Adair Hernández para exigirle que se sensibilizara de su lucha y que se comprometiera a comunicarse con Iván Hernández.
La gente regresó con más bríos confiando que tendrían alguna respuesta con la intervención del presidente. Todo fue en vano, nadie iría al bloqueo a dialogar con ellos. Su movilización como comunidades indígenas solo logró una llamada telefónica con el presidente de San Luis en la que le informaba el delegado de Bienestar que se reuniría con las autoridades comunitarias sin definirles día ni hora. Con esa respuesta soez del funcionario federal las comunidades optaron por regresar a sus hogares, nuevamente experimentaron el desprecio y el mal trato que han recibido de todos los gobernantes. Tendrán que seguir trabajando para reconstruir sus viviendas y dejarán un tiempo de prueba para ver si cumple su palabra el delegado de bienestar.
Este jueves 17 la gobernadora Evelyn Salgado viajó en helicóptero con la subsecretaria de Gobernación Rocío Bárcena a la cabecera municipal de Metlatónoc y se trasladaron por tierra a Cochoapa El Grande. En los dos lugares pusieron en marcha los Tianguis del Bienestar como un derecho de las familias de devolver al pueblo lo robado. Esta iniciativa creada en el sexenio pasado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se mantiene como una acción permanente para repartir ropa, calzado y enseres domésticos a las familias de escasos recursos.
Esta visita causó enojo entre la población ñu savi a la que le restringieron el paso con vallas. Solo permitían el paso a gente mayor y madres de familia con sus hijos para asegurar que el acto transcurriera sin gritos ni reclamos. Varias personas pidieron entrar para entregar sus solicitudes a la gobernadora, sin embargo, el séquito de guaruras y trabajadores del estado con trato osco y haciendo valer su poder y su fuerza física, atemorizaban a la gente. La colocación de las vallas en los eventos públicos de la gobernadora demuestra su lejanía de la gente que sufre, su desinterés por escuchar a una población que por centurias ha sido despreciada e ignorada. Se criminaliza a la gente pobre que sólo quiere transmitir los males que padece. Se estigmatiza a los indígenas por su porte sencillo y porque con dificultades se comunican en español. Se trata con desdén a la población que habita en viviendas derruidas, sin techos y con pisos de lodo. Son las familias que no tuvieron oportunidad de asistir a la escuela y que padecen enfermedades crónicas por falta de médicos y de medicinas.
Las vallas en Metlatónoc y Cochoapa el Grande fueron un dique para no escuchar la violencia feminicida que trunca de tajo la vida de las mujeres ñu savi; se obstruyó el paso para no enterarse de las historias de niñas que son víctimas de matrimonios forzados. Con esos obstáculos insalvables fue imposible que la gobernadora llegara a ellas para salir en su defensa y alzar la voz junto con las niñas y madres, para ser condescendientes con su dolor y exigencia de justicia destinando mayor presupuesto para erradicar las violencias que padecen las mujeres de los municipios más pobres del país.
La carretera maltrecha que no pudo ver en este viaje la gobernadora fue la que diariamente transita la gente de Tlapa a Metlatónoc. Desde que Vicente Fox fue a esta cabecera y se sentó a comer tortillas del comal con una familia ñu savi se asfaltó la carretera de 90 kilómetros. Hace 6 años el presidente Andrés Manuel se comprometió a reconstruirla pero no hubo presupuesto para saldar esta deuda con los pobladores de Metlatónoc. El comité gestor de esta obra ya se desanimó por tanto gasto que hacen para viajar a la capital del estado. Han insistido en múltiples ocasiones a los funcionarios de la SICT y la CICAEG para que asignen presupuesto a esta importante vía, que comunica con la Costa Chica y el estado de Oaxaca. Esta sentida demanda tampoco escuchó la gobernadora. Lo mismo sucedió con el hospital que desde el sexenio pasado fue un compromiso de mejorarlo pero los remiendos que le hacen es por el desinterés y la corrupción de quienes tienen bajo su responsabilidad esta obra, que ha costado vidas a varias personas que requieren de la atención especializada y de medicamentos que nunca hay.
En Cochoapa el Grande, a la gente que le negaron el acceso al auditorio esperó a que la gobernadora saliera para poder abordarla. Su camioneta blindada se acercó a la puerta del auditorio y salió acompañada del presidente municipal, de inmediato abrió la puerta delantera para subirse. El vehículo fue rodeado por los guardias de seguridad para impedir que se acercara la gente. En medio de las vallas le abrían paso empujando a la gente que tenía la ilusión de saludar de mano a la gobernadora y al mismo tiempo entregar un oficio para pedirle algún apoyo. La fricción fue mayor cuando los guardias arremetieron contra la gente, sin distinguir si había mujeres o menores de edad. Esta forma de agredir provocó el enojo de los ciudadanos que ubicaron entre los más rijosos a uno de los escoltas de la gobernadora, el capitán Salinas, que fue sometido por 3 vecinos de la comunidad y fue llevado a la entrada del Palacio Municipal. Lo encararon y le demostraron que así como trata a la gente, así lo van a tratar a él. Le hicieron ver que no por ser escolta se va a sentir intocable y puede hacer lo que quiere. Le enseñaron que a la gente de la Montaña se le respeta, no porque la gente sea humilde se le va a tratar como cualquier cosa. Desde tiempos de Figueroa, los guaruras siguen comportándose como trogloditas del gobierno en turno y continúan gozando de total impunidad.
Cochoapa El Grande no merece una visita de 40 minutos de una gobernadora y de una subsecretaria federal, máxime que los problemas son añejos y mayúsculos. Por más apretada que tenga su agenda es necesario que a la población se le escuche o que por lo menos instale un módulo de atención ciudadana para recibir la multiplicidad de oficios que la gente elabora con mucha dedicación. No se puede dar el mismo trato a la gente que está olvidada y enfrenta rezagos históricos poniendo vallas y cerrando el paso. Mucho menos agrediendo a la gente. Los operativos ostentosos que les encanta dar a los escoltas y que lo permiten los mismos funcionarios, solo buscan deificar la imagen del gobernante, de enaltecer su ego y jerarquía. Se ha perdido el rumbo al remarcar la distancia y mostrar la lejanía con la gente. Estamos lejos de la sencillez y la empatía que requiere un gobernante para darle confianza a la gente y ganarse el respeto y el cariño.
En Cochoaapa El Grande hay un problema de inseguridad en los caminos sobre todo la ruta que va a Dos Ríos. En el Cerro de la Garza desde hace 5 años opera una gavilla que no solo asalta, viola y secuestra, sino que también acciona sus armas para privar de la vida a la gente que transita por esos caminos. Hay una queja de la población de que en esta nueva administración no hay una obra ejecutada. Nadie sabe la causa de por qué el actual presidente municipal, Javier Gálvez, no ejerce el presupuesto de 2025. A pesar de los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de la Mujer su estrategia no ha dado resultados para revertir la violencia y contener los matrimonios forzados. Los casos de niñas que son obligadas a casarse continúa en todas las comunidades del municipio. Es imposible incidir favorablemente cuando se mantiene esa distancia con las comunidades y solo se visitan las cabeceras municipales. El rezago educativo es grave en el municipio por falta de docentes y por la carencia de infraestructura escolar. La asignación de los maestros o maestras a varias comunidades del municipio, se ha logrado por los amparos que hemos interpuesto como un recurso efectivo de los pueblos. La gente sigue caminando porque los caminos están destruidos. Esta situación encarece todos los productos y hasta el mismo transporte, las familias no tienen otra opción que migrar como jornaleros agrícolas porque en la región no hay trabajo permanente. Todos estos dolores y pesares no llegan a los oídos de los gobernantes por esa falta de sensibilidad y empatía con las personas que suben la montaña en busca del pan de cada día.

En la Costa Chica el huracán Erick destruyó lo poco que tienen las familias de pescadores y las que cultivan el campo: sus palapas, sus techos de lámina, sus cultivos de maíz y sus huertas de plátano y de coco. Todo voló. Las ráfagas de viento arremetieron con toda su furia en una región abandonada por los gobiernos priistas, perredistas y morenistas. En los 13 municipios, a pesar de que cuentan con mucho potencial turístico y con una gran diversidad de bienes naturales, las comunidades no cuentan con servicios básicos. Los gobiernos municipales no se interesan en revertir el rezago social de las localidades que resisten y que no encuentran la manera de hacerse escuchar.
El 20 de junio la gente no pudo contener los estragos del huracán. Las láminas se doblaron, varias volaron lejos como si fueran de papel. En solo unos minutos, cuando Erick tocó tierra la gente quedó a la intemperie por la caída de sus techos. El pánico se apoderó de las madres y padres de familia que no sabían cómo poner a salvo a sus hijos, a las personas mayores y a sus enfermos. Cada quien buscó refugio con sus familiares. Fue imposible pedir auxilio porque se quedaron incomunicadas, se fue la luz porque varios postes se cayeron. Lo más triste es que las autoridades no acudieron a verificar los daños ni llegaron con brigadas para prestar auxilio.
Hay mucho enojo en las comunidades afro y ñu savi del municipio de San Luis Acatlán como Jolotichán, El Mesón, Jicamaltepec, Piedra Ancha, Yoloxóchitl, San Antonio, Miahuichán, Zentixtlahuaca. Comentan que no acudieron los “servidores de la nación” a censar sobre los daños de sus viviendas y sus cultivos. Denunciaron al presidente municipal por su indolencia y porque solo le interesa crear una buena imagen difundiendo que ha brindado apoyo a estas comunidades. Lo que ha hecho es llevar unas cuantas despensas para sacarse la foto. Las comunidades afro e indígenas de Zoyatlán, Cruz Verde y Capulín Chocolate del municipio de Marquelia, enfrentan el mismo problema. Ninguna autoridad las tomó en cuenta, nadie llegó a verificar los daños.
Los ciudadanos de estas comunidades critican a la gobernadora Evelyn Salgado porque solo llegó a Marquelia para sacarse la foto. Sus recorridos no fueron para cuantificar los daños que hubo en las comunidades. Tampoco intervino a favor de las familias damnificadas para que las censaran los “servidores de la nación”. No hubo reportes de los graves daños a sus viviendas, las afectaciones de sus cultivos, los techados de varias escuelas, los postes de luz que se cayeron y árboles que causaron daños en sus viviendas.
El presidente municipal de San Luis Acatlán solo dio algunos víveres, pero esta dádiva no resuelve las afectaciones de sus viviendas como los techos volados y las paredes de adobe derruidas. Perdieron sus muebles que compraron con muchos sacrificios como sus camas, roperos, estufas y refrigeradores. Los presidentes municipales le echaban la bolita a los gobiernos estatal y federal, informaron que ellos se iban a ocupar de la reconstrucción, de las pérdidas del campo y de la ganadería. Pidieron que la gente sacara fotos de los daños para hacer los trámites correspondientes. Hasta la fecha no hay nada y tampoco regresaron a las comunidades los presidentes de San Luis Acatlán y de Marquelia. Lo que han hecho es actualizar sus páginas en redes sociales, para promocionar su imagen. Lo que menos les interesa es asumirse como portavoces de sus comunidades y hacerse eco de estos reclamos. No asumen un compromiso serio con la gente que confió en ellos, los abandonan a su suerte, porque saben que las familias se las ingeniarán para salir adelante.
No tienen otra opción que reparar sus techos con las láminas que el huracán se llevó. Los que sembraron a principios del mes de junio están resembrando el maíz y el frijol. A las autoridades tampoco les importan las escuelas que fueron dañadas. Los derrumbes ahí siguen desde el huracán Otis, solo se reducen a abrir paso, con el argumento de que no hay dinero. En medio del lodazal las familias hacen todas las faenas para reparar sus techos y reintentar sembrar para que por lo menos tengan maíz en este fin de año. Lo mismo están haciendo con la jamaica y el ajonjolí. Las huertas de plátano quedaron destruidas, lo mismo pasó con las palmas de coco, que tiró a los más tiernos. Los productos comerciales se perdieron y los granos de maíz y frijol son insuficientes para sostener a las familias en lo que resta del año. La situación empeora porque no hay ingresos y porque ni lo que se produce les alcanza.
Esperamos varios días las respuestas de los gobiernos, pero nos la han hecho cansada, porque saben que no decimos nada y que siempre nos resignamos a ser los perdedores. La verdad ya estamos hasta el copete por tanto engaño, por eso las comunidades afectadas tomamos la decisión en asamblea el viernes 4 y sábado 5 de junio, para denunciar por negligencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno y exigirles que atiendan y den cauce a sus planteamientos. Por consenso escogimos este martes 15 de julio para ejercer nuestro derecho a la protesta y evidenciar a las autoridades por su tozudez y por engañar a la opinión pública de que todo ha vuelto a la normalidad y que se subsanaron los daños. Vamos a bloquear la carretera porque a todos nos duele que nos discriminen e ignoren. Exigiremos que se cense a las familias que fueron perjudicadas y si no las quieren censar que se comprometan en reconstruir los daños de la gente afectada.
Tenemos la esperanza de que con nuestra movilización las autoridades nos escuchen y que atiendan nuestra demanda de ser censados. Nuestras demandas son añejas: requerimos viviendas dignas, que se garantice la dotación e medicamentos y la adscripción de médicos y enfermeras en las clínicas de la Montaña y Costa Chica. La población demanda recursos efectivos para los que siembran en el campo, que en verdad se atienda a los pequeños productores, porque no existen en términos presupuestales. Nos preocupa que en nuestras comunidades siga lloviendo y que el gobierno no apoye para que se recupere lo que se perdió con el huracán.
No sólo estamos en el fango de la pobreza, sino de la violencia por el poder que ejercen los grupos de la delincuencia organizada. Hasta a los presidentes municipales los están matando como pasó con el de Igualapa y Metlatónoc. El problema de la inseguridad nos afecta a todos los guerrerenses, pero ahora nos preocupa la Costa Chica porque la violencia se ha extendido desde Cuajinicuilapa, Marquelia, Copala hasta Acapulco, donde proliferan los asesinatos y las personas desaparecidas.
A pesar de tantas reformas que anuncian los diputados, lo real es que para los pueblos que estamos desamparados no se traducen en beneficios tangibles para las familias pobres. Piensan más en mantener el control político de las instituciones que en salvaguardar los derechos de la población más desprotegida. Por eso nuestros derechos son pisoteados sistemáticamente, como ciudadanos nos vemos obligados a organizarnos para arrancar con protestas lo que por ley nos corresponde. En la Costa Chica las familias sobrevivimos con 500 pesos a la semana cuando bien nos va. Apenas alcanza para medio comer dos veces al día, pero no debemos enfermarnos porque no hay dinero para curarnos. Para curarse necesitamos tener dinero, de lo contrario estaremos postrados en la cama tomando remedios caseros o esperando que los santos de nuestra devoción nos hagan el milagro de curarnos.
Vivimos en un Estado fallido aunque las autoridades no lo quieran reconocer, pero en verdad estamos a la deriva, los asesinatos se multiplican y la impunidad se agiganta. En nuestro estado no se detiene ni castiga al que comete delitos de alto impacto. Más bien se es condescendiente con las organizaciones que delinquen, que son una real amenaza para los ciudadanos porque ellos son el verdadero poder que con sus acciones violentas supedita a las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Tenemos el caso reciente del compañero Marco Antonio Suastegui, un defensor del territorio que fue asesinado en la playa en Semana Santa y a dos meses y medio nadie ha sido detenido, por el contrario, continúan los asesinatos y los grupos delincuenciales han demostrado que nadie los para porque la ley de fuego la imponen ellos. Ya no solo es el puerto de Acapulco donde se han asentado los grupos delincuenciales, también en las comunidades rurales tienen presencia con los jóvenes que están cayendo en sus garras con el consumo del cristal, la cocaína y el fentanilo. La Costa Chica es un corredor estratégico para el trasiego y comercialización de las drogas sintéticas. Esta tragedia aún no se dimensiona al interior de las comunidades que están asediadas por estos grupos y los niños y jóvenes son las víctimas de este flagelo.
Lo paradójico en nuestro estado es que, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, y de la Marina no vemos que hayan desmantelado a las organizaciones criminales o que detengan a sus jefes, por eso decimos que no están combatiendo al crimen cuando los asesinatos suceden a cada momento y el negocio de la droga es floreciente en los centros turísticos, pero también en las comunidades rurales. No es posible que digan las autoridades que los cuerpos de seguridad militarizados están combatiendo la criminalidad cuando en las escuelas, en las tiendas y en las casas están vendiendo y consumiendo drogas.
Las autoridades además de estar rebasadas están coludidas: los presidentes municipales cogobiernan con los grupos delincuenciales, los policías municipales y de tránsito hacen el trabajo sucio esquilmando a la gente pobre. Portan licencia para delinquir. La obra pública es ejecutada por empresas de la delincuencia que además de hacer negocios, les abren los espacios para cooptar a las comunidades y someter a sus autoridades. Los huracanes no solo son los que devastan a las comunidades de la Costa Chica, son las autoridades las que se encargan de hundirlos por su desatención y el crimen organizado se ha enquistado en la estructura gubernamental para causar terror, desmovilizar a la población erigirse como un poder funesto. ¿Cómo salir de este lodazal?

“Porque somos indígenas, por eso los gobernantes y los empresarios nos tratan como ciudadanos de segunda, como si no tuviéramos derechos”, espetó, con el rostro sangrante, una de las jóvenes sobrevivientes del autobús que se desbarrancó en la madrugada del viernes 4 de julio en la salida de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca. En la Montaña, desde que se construyeron las carreteras a Chilpancingo y Puebla, hemos perdido a muchos familiares por lo pésimo de los caminos, por el mal estado de las unidades y por la irresponsabilidad de los choferes. Son pérdidas de vidas humanas que a las empresas les tienen sin cuidado porque las autoridades son complacientes, no les fincan responsabilidades, ni les imponen sanciones severas. A pesar de las tragedias que cometen continúan funcionando sin que les importe tomar medidas para que no se repitan estos hechos y más bien, mandan a sus abogados para evitar la reparación integral de los daños causados.
En Guerrero, fue la Flecha Roja la única línea que acaparó el servicio del transporte público. Rubén Figueroa Figueroa, no solo fue un gobernante sanguinario, también fue un empresario voraz, que no permitió la entrada de otras líneas a la entidad. Su poder trascendió fronteras estatales y su cacicazgo lo hizo valer tanto en el ámbito político como económico.
Como usuarios pobres nos tuvimos que resignar a viajar en camiones desvencijados, con asientos maltrechos y con choferes arrabaleros, golpeadores y racistas.
Todos los servicios públicos en la Montaña son pésimos. Ante la necesidad de viajar y el miedo de reclamar, los empresarios se aprovechan para sacar mayores ganancias sin invertir en la compra de nuevas unidades o en proporcionar servicios de calidad a la población indígena. Es muy común viajar parado de Tlapa a Chilpancingo y aguantarse las ganas para ir al sanitario. Los viajeros a bordo no reciben boleto y cuando se compra en taquilla es imposible facturar en el servicio de segunda clase. No existe la comodidad ni la seguridad para los pasajeros, por eso la gente prefiere viajar en taxis colectivos o aventurarse a viajar en condiciones de alto riesgo.
El testimonio de Briseida es conmovedor: Mi papá Severiano Cuéllar, viajó a Cuernavaca para atender su salud, como ya era costumbre lo acompañé con mi mamá Aurelia. Hace un año sufrió un infarto cerebral y estaba dando la batalla para curarse. Estuvo internado en el ISSSTE de Chilpancingo, pero ahí le dijeron que no contaban con equipo para realizar los estudios que le pedían. El cardiólogo dio la orden de que le realizaran el estudio de Holter. Desde el mes de mayo del año pasado no le habían podido agendar su cita. El 30 de junio le llamaron del Hospital Regional del ISSSTE de Cuernavaca para informarle que el miércoles 2 se presentara para realizarle los estudios. Ese día le colocaron el aparato para monitorear su corazón. Al siguiente día nos avisaron que retirarían el aparato a las 4 de la tarde. Calculamos que nos daba tiempo salir en la corrida de las 18:30 rumbo a Tlapa. Mi mamá Aurelia se encargó de avisarle a mi hermana cómo íbamos en el trayecto. El último mensaje que mandó fue cuando pasamos Tulcingo del Valle a las 11:53 de la noche. Calculábamos llegar a la terminal entre la 1:00 y 1:30 de la madrugada del 4 de julio.
Los primeros que dieron la noticia fueron mis primos. Una tía de Ixcateopan les avisó que un autobús se había volcado al salir del pueblo. Como familia nos organizamos para ir al lugar del percance porque sospechamos que se trataba del autobús donde viajaban mis papás. Cuando llegamos los habitantes de Ixcateopan ya estaban ayudando. Estaba la Policía del Estado, militares y la Guardia Nacional, pero solo se reducían a sacar fotos y a impedir que la gente se acercara para ayudar. No les importó los gritos de nuestros familiares que no podían salir del autobús. Con desesperación le dije a un elemento de la Guardia Nacional que los auxiliara, no me hizo caso y más bien me ordenó que me retirara. Quería hincarme para que atendiera mi súplica, pero todo fue en vano, porque ni por humanidad nos ayudaron.
El autobús rodó al menos 60 metros de altura con 25 pasajeros. Algunas personas quedaron entre los ramales de los pequeños árboles. Varias cayeron en el río y otras más quedaron al interior de la unidad. A mi papá lo rescataron sin vida los habitantes de Ixcateopan, pero río abajo. Otras tres personas se encontraban semidesnudas y muertas en la orilla del río, del lado de Buenavista.
Mi hermana Briseyda, salió botada en la primera voltereta del autobús junto con otra señora. Las dos quedaron atoradas por unos matorrales. Sangrando y y con múltiples golpes en la cara y los brazos pudieron marcar al 911 pero no les respondieron. Fue en el segundo intento cuando contestaron. Al pedir auxilio no pudieron decirles en qué lugar se encontraban. Desesperadas por los gritos que escuchaban y ante la imposibilidad de auxiliarles, con dificultades salieron a la carretera para pedir ayuda. Un joven que circulaba en su vehículo se encargó de hablar por teléfono con algunos amigos de la comunidad. La respuesta fue inmediata, se presentaron con reatas, picos, palas y machetes varios señores, jóvenes y señoras. Como conocedores del lugar bajaron al río y tiraban las reatas para auxiliar a las personas que estaban sobre el autobús. Con estas maniobras teníamos la esperanza de que saliera toda la gente, sobre todo nuestros familiares.
La Policía Estatal, en lugar de ayudar hizo contra labor. Su presencia no representaba un apoyo porque no llegaron para auxiliar a las personas que estaban dentro del autobús. En lugar de animar a la gente que apoyaba, impedían su trabajo. Decían que ya no se alterara el lugar donde había caído el autobús porque ya estaban por llegar los peritos. La gente se enojó por su postura insensible y por su falta de solidaridad. Para alejar a la gente dejaban correr la voz de que ya no había más personas qué rescatar. Les dijimos que se tenía que seguir buscando porque había familiares que no los habíamos encontrado. Eso les valió y mejor se fueron.
Los que en verdad se arriesgaron fueron los jóvenes y señores de Ixcateopan. Más tarde llegaron los de Protección Civil de Tlapa que apoyaron los trabajos de búsqueda y de rescate de la gente que estaba en el autobús y de los que había arrastrado el río.
Cuando amaneció ya habían llegado más personas de otras comunidades para mover el autobús, pero fue imposible. Llegó el presidente de Alpoyeca, sin embargo, en lugar de ser colaborativo empezó a regañar a la gente como si realmente el personal de la Presidencia hubiese hecho algo.
Esta tragedia puso en evidencia que en la Montaña se carece de unidades, de equipos y de personal especializado para atender estas emergencias. Se carece de lo más elemental: las ambulancias que no están disponibles y que en estos casos muestra su inoperancia el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). No hay unidades ni equipamiento para el auxilio vial y para el rescate de personas que están en peligro.
Las autoridades municipales están ausentes en estas tragedias, no movilizan recursos ni personal para actuar de inmediato. No existe coordinación entre las autoridades municipales y no hay una instancia estatal que intervenga para enviar equipo de rescate. Los cuerpos de seguridad en lugar de apoyar entorpecen las maniobras con el pretexto de que tienen que asegurar la escena del percance.
A pesar de que una de las sobrevivientes pudo hablar en el momento en que cayó el autobús al río, y se dio parte a las autoridades, no hubo respuestas eficaces e inmediatas para realizar las maniobras de rescate. Fue hasta las 9 de la mañana cuando llegó maquinaria grande para remover el autobús que ya estaba enterrado en la arena y cubierto por el agua del río.
La dilación y el abandono de las autoridades municipales y estatales que generan costos de vidas humanas, tiene implicaciones legales y penales, porque son omisas y negligentes. No se interesan en obtener el equipo necesario, ni las unidades de auxilio para atender con presteza estas emergencias.
Si hubieran intervenido con prontitud con la maquinaria grande hubiesen sido menos los muertos. El último cuerpo que se rescató fue el de la maestra Aurelia de 56 años, que lamentablemente se encontró bajo los fierros de la cajuela. Este desenlace se pudo evitar con el uso de maquinaria adecuada y con personal experto en rescates. El saldo final fue de 6 personas fallecidas y 16 lesionadas, entre ellas había 7 niños, uno de 8 meses.
Desde las 10 de la mañana llegaron algunos familiares a la Fiscalía Regional de la Montaña para interponer la denuncia, sin embargo eran las 7 de la noche y aún no les habían informado cuándo les entregarían los cuerpos. El fiscal y el delegado de Gobernación informaron que el retraso se debía a que solo había dos médicos forenses. También pedían que se iniciaran las investigaciones contra los representantes de la empresa para fincar responsabilidades penales y hacer valer el derecho de las víctimas que perdieron a sus familiares. La misma asesora jurídica de la CEAV se encargó de maltratar a los familiares por atreverse a denunciar la desatención de las autoridades. Violentando su rol como representante de las víctimas les recriminó su postura, asumiéndose como portavoz de le empresa, al comunicarles que solo les darían 8 mil pesos para los gastos funerarios.
No solo el intenso dolor que apretujaba sus corazones y obnubilaba sus mentes los devastaba, sino la actitud de las autoridades que las revictimizan y les violentan sus derechos. En lugar de acuerpar su exigencia de justicia se empeñan en dividir a las familias para hacerles la chamba a los empresarios, que hasta con la muerte de los indígenas hacen negocios.