El pasado viernes por la noche la jueza del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales del Estado de México convocó a una audiencia de revisión de medidas cautelares de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin dimensionar la gravedad del caso y lo que significa esta determinación para las madres y padres que exigen castigo a los responsables, la jueza sin mayor preámbulo decidió cambiar la medida cautelar por una garantía de 50 mil pesos, con la obligación de presentarse a firmar cada ocho días, procediendo a recoger sus pasaportes para evitar que salgan del país. Como siempre sucede en estos casos cuando hay línea política de las autoridades superiores, se consumó el sabadazo al estilo del viejo régimen. Los militares abandonaron la prisión del campo militar número 1, donde se encontraban recluidos.
El curso de las investigaciones mostró que los militares tenían responsabilidad en un grado de omisión por la desaparición de los 43 estudiantes, además, mantenían vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos que operó su desaparición en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Existen varias circunstancias que ponen en evidencia su involucramiento: el expediente que remitieron las autoridades de Chicago mediante una cooperación internacional. La revisión que hizo el GIEI y la Covaj que presidía Alejandro Encinas, donde se encontró información objetiva de que el Ejército supo en tiempo real lo que pasó con los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural pasando por la agresión en Iguala y al momento de su desaparición. Por lo tanto, es importante aclarar que los militares, contra los que se ejercitó acción penal, incurrieron en omisiones que favorecieron la desaparición de los 43 estudiantes.
Con estos elementos de prueba el entonces fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez, ejercitó acción penal contra 20 militares, sin embargo, por presiones políticas del Ejército, del mismo presidente de la República y del fiscal general se cancelaron en el 2022, 16 órdenes de aprehensión. Se trató de una intervención política del presidente para que no se manchara la buena imagen que tanto cuida el Ejército. Las madres y padres no cejaron en su lucha, además de exigir la entrega de los 800 folios que el Ejército se ha negado a entregar, emplazó a la Fiscalía y al presidente para que las mismas órdenes se reactivaran.
En junio de 2023 las órdenes de aprehensión retomaron su curso y fueron detenidos ocho militares acusados por delincuencia organizada, en razón de que tenían vínculos con Guerreros Unidos y por la desaparición de los 43, en grado de omisión. El 22 de junio se debatió acerca de la medida cautelar que se les debería imponer. La jueza segunda de Procesos Penales Federales en el Estado de México dijo que no estaba justificada la prisión preventiva, pero por ser un caso grave, era procedente la prisión preventiva oficiosa. El abogado de los militares interpuso un amparo contra esta decisión de la jueza. Por su parte, el juez de amparo resolvió que debería revisarse la imposición de la prisión preventiva en razón de que existen nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que la prisión preventiva ya no opera de oficio, sino que se debe justificar. Ante este ordenamiento la jueza de la causa citó a audiencia a las partes. El Ministerio Público argumentó y defendió la necesidad de la prisión preventiva. Se logró que se otorgara, sin embargo, el defensor de los militares se inconformó y apeló la decisión mediante un recurso de revisión. El Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la Ciudad de México resolvió a favor de los militares, estableciendo que es improcedente la prisión preventiva oficiosa y que la jueza de la causa del Estado de México debería imponer una medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Sin abrir debate, la jueza decidió cambiar la medida cautelar por prisión preventiva, con el argumento de que no estaba justificada la prisión preventiva oficiosa.
La jueza tenía elementos suficientes para dictar prisión preventiva justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito. Otro elemento para imponer la prisión preventiva es que los militares son servidores públicos que poseen información relacionada con el caso, y por lo mismo pueden influir en la destrucción o alteración de documentos y testigos, obstaculizando seriamente el proceso. Estos elementos son motivos suficientes para que la jueza impusiera la prisión preventiva. Sucedió lo contrario, la balanza se inclinó del lado de los militares al otorgarle libertad a ocho acusados. No importó a la jueza el daño inconmensurable que cusa a las 43 familias y a los estudiantes de la Normal. Es sumamente ofensivo para las víctimas que esta medida la hayan otorgado de manera expedita, como si se tratara de una urgencia para poner en libertad a los ocho militares.
Ante esta determinación contraria a los derechos de las víctimas, corroboramos que el caso Ayotzinapa va en franco retroceso. Hay un golpe de timón dado por el presidente de la República para encubrir a los militares e impedir que se procese a todos a los que se les dictó orden de aprehensión. Por otra parte, la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa está casi desmantelada. Está un fiscal que carece de independencia, que está más al servicio del Poder Ejecutivo. No impulsa las líneas de investigación que son medulares en el caso, por ejemplo la extradición de Tomás Zerón que no se ha tocado. Las líneas de investigación que tienen que ver con el paradero de los 17 jóvenes detenidos es un asunto marginal para el fiscal. De igual manera sucede con un imputado, Ulises Bernabé, que era director del centro de detención de barandilla en Iguala, que hoy está asilado en Estados Unidos. Tiene una orden vigente, cuenta con una ficha roja de la Interpool y hasta la fecha no ha sido localizado en Estados Unidos. No ha avanzado su proceso de extradición, cuando es un testigo clave que puede ayudar a esclarecer el caso.
Vemos que no existe interés en el funcionario en que estas líneas de investigación avancen. Está más enfocado en atender los requerimientos del presidente y en poner zancadillas en lo que publicó el GIEI en sus seis informes.
Lo mismo acontece con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, cuyo presidente renunció en condiciones de mucha tensión y en medio de un debate, ante la negativa de los militares de poner a disposición la información relacionada con el caso. Presentó su renuncia el presidente de Covaj, Alejandro Encinas y fue nombrado un nuevo subsecretario, Arturo Medina, con un perfil que no tiene el conocimiento del caso, ni la confianza de las madres y padres. Tampoco posee la fuerza que se requiere para que avancen los trabajos de la comisión.
Pasa lo mismo que con el fiscal especial, está al servicio del Ejecutivo y está reproduciendo la lógica con la que aborda el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se presta para interferir en la organización de las madres y padres de los 43 para fragmentar su unidad. Opta por dialogar con un pequeño grupo de padres que tienen intereses contrarios al esclarecimiento de los hechos y al conocimiento de la verdad, y que están más al servicio de la familia Abarca. Hay un gran empeño en fracturar la organización de los padres y madres de familia. El subsecretario ha ofrecido revisar los archivos del Ejército cuando no tiene claro qué expedientes tiene que indagar. Se requiere un conocimiento exhaustivo de las líneas de investigación. No puede hacerse una revisión generalizada sin ton ni son. Sin embargo, como esa es la instrucción presidencial, de ofrecer la apertura total de los archivos, cuyo objetivo es limpiar la imagen del Ejército porque seguramente no se podrán encontrar documentos relacionados con los 43. Es una revisión condenada al fracaso porque no está estrechamente vinculada con las líneas de investigación. Al no encontrar nada se lavará la imagen del Ejército.
El plan es dividir a los padres de familia, confrontar a las organizaciones de derechos humanos que los acompañamos y desviar la atención de los 800 folios que solicitan los papás. En medio de este maremágnum, se dio en la madrugada de este sábado 20 la liberación de ocho militares. Hace un mes también le otorgaron la libertad al general Hernández Nieto. Sólo permanecen cinco militares acusados de delincuencia organizada: el coronel Rodríguez Pérez que era coronel del 27 Batallón de Infantería, siendo el de mayor grado. Se encuentran además Eduardo Mota, Fabián Alejandro Pirita y José Martínez Crespo. Los tres últimos también están procesados por la desaparición de los 43 estudiantes. Otro militar que continúa en prisión es Francisco Narváez, quien decidió llevar su defensa de manera separada.
Lamentablemente estamos en el mismo escenario de septiembre de 2022, cuando cancelaron las 20 órdenes de aprehensión y renunció el fiscal especial Omar Gómez Trejo. Sólo quedan en prisión los que previamente acordaron los mandos militares con el fiscal general. Los pactos de protección e impunidad al Ejército siguen vigentes en la 4T.

Al padre Filiberto Velázquez por su compromiso pastoral de mitigar el dolor de las familias que padecen el flagelo de la violencia. Por su entrega y cercanía con las víctimas, enfrenta riesgos y amenazas, tanto de las autoridades como de la delincuencia.

Hace 2 años cuando la Familia Michoacana tomó el control de las cabeceras municipales de Apaxtla y Teloloapan en la región norte del estado, se incrementaron las incursiones armadas en comunidades de la Tierra Caliente y de la zona serrana. El 5 octubre del 2022 un grupo armado balaceó el Palacio Municipal de San Miguel Totola-pan y asesinó al presidente Con-rado Mendoza, junto con su papá y 18 personas más, entre ellas varios policías y funcionarios municipales que se encontraban en una reunión cerca de la Presidencia.
Esta masacre es parte de la disputa a muerte que ha emprendido La Familia Michoacana en los municipios de la sierra, como Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo.
Hay denuncias de pobladores de al menos 100 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Heliodoro Castillo que han sido desplazados de sus tierras y despojados de sus pertenencias por parte de La Familia Michoacana.
En diciembre del 2022 incursionaron en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, asesinaron a 7 personas, entre ellas un niño de 11 años.
En otros casos se han dado enfrentamientos como el que se dio en marzo de 2022 en la zona serrana de San Miguel Totolapan, cuando se unieron 38 comunidades para hacer frente al grupo de La Familia Michoacana.
También las comunidades serranas han convocado a reuniones para plantear acciones conjuntas que contengan la avalancha delincuencial.
El 26 de marzo del 2022 en la comunidad de Pocitos de El Balcón, los comités de seguridad de los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan informaron que la situación es más grave de lo que imaginaban porque en las cabeceras municipales los presidentes están al margen de estos asuntos y han dejado el paso libre a La Familia Michoacana. Dieron a conocer los enfrentamientos que se han dado en los ejidos de Linda Vista, Coronillas, Ciénega de Puerto Alegre y el Pescado de Coyuca de Catalán. Después de proponer varias acciones orientadas a reforzar la seguridad de varias vías de comunicación, acordaron enviar un escrito al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exigir que garantice la seguridad con la presencia de la Guardia Nacional. Hasta la fecha no han sido atendidos.
Ante la falta de repuestas de las autoridades del estado y federales más 800 campesinos de 43 comunidades de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo hicieron pública su postura de levantarse en armas, en respuesta a las acciones armadas que padecieron los ejidos de Coyuca de Catalán.
Los casos de familias desplazadas se han incrementado con el control que ejercen los grupos criminales que se asientan en sus terrenos y viviendas. Hay un registro de 34 familias de San Antonio de las Tejas que tuvieron que huir para poner a salvo sus vidas. Esta forma de amedrentar a la población es para despojarla de sus bienes. En este caso se apoderaron de 600 hectáreas de aguacate.
El hartazgo de la gente del campo va generando animadversión hacia las autoridades del estado que no atienden a sus llamados y mucho menos suben para prestar auxilio. Han pedido a la gobernadora que vaya a visitarlos para escuchar a las mujeres que enfrentan con mayor crudeza la violencia al tener que resistir en sus hogares y proteger a sus hijos.
Hace 3 meses, en la comunidad de Plan Verde, municipio de San Miguel Totolapan llegaron alrededor de mil 500 personas jóvenes y mayores, provenientes de 40 comunidades de Heliodoro Castillo y de San Miguel Totolapan. La mayoría portaba armas de diverso calibre. Además de hacer público su emplazamiento a los grupos de la delincuencia y demostrar su fuerza, acordaron en asamblea establecer una coordinación entre los pueblos para impedir la entrada de los grupos de la delincuencia. Están decididos a enfrentarlos y a no tolerar que alguna comunidad haga pactos con algún grupo. Es un movimiento de pueblos al margen de partidos y de grupos delincuenciales. Tomarán el control de la seguridad ante la inacción de los cuerpos de seguridad del estado y la federación.
En agosto pasado se tuvo co-nocimiento que La Familia Mi-choacana utiliza drones para agredir a las comunidades vecinas que tienen en la mira para extender su dominio. Estas agresiones fueron reportadas por comunidades de Plan Verde, Petlacala, Puerto Pro-greso y Linda Vista, en el municipio de San Miguel Totolapan.
En las comunidades mineras de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri y Nuevo Balsas, municipio de Cocula, la violencia no cesa. Los grupos de la delincuencia se han asentado en estos ejidos para someter a la población y a los trabajadores que tienen que dar su cuota para no poner en riesgo su vida ni la de su familia. Protege los intereses de los emporios mineros y también forma parte de las empresas que proveen servicios.
Desde que La Familia Michoacana tomó el control de los municipios de Apaxtla, Teloloapan y una parte de San Miguel Totolapan advirtió a los pobladores que en su mayoría viven de la pesca, por la presa de El Caracol y los que se ubican en las estribaciones de la sierra, que no entraran a Apaxtla, que es la principal cabecera con la que comercian. La primera agresión que se dio contra unos vendedores de pescado que viajaban en su camioneta a Apaxtla, fue una advertencia de lo que podía pasar con demás que se atrevieran viajar a la cabecera de Apaxtla. La gente no tuvo otra alternativa que viajar a Tlacotepec, la cabecera de Heliodoro Castillo. No sólo era impedir la entrada sino emprender la agresión a las comunidades que pertenecen a Heliodoro Castillo y que se ubican cerca de la presa.
En el mes de mayo se intensificaron los desplazamientos forzados de las familias del Nuevo Caracol, y se focalizaron las agresiones a las comunidades de la sierra. Por unos meses estuvo un grupo del Ejército en la región y la situación se calmó. En el mes de diciembre se retiró y de nueva cuenta empezaron los drones a caer en las viviendas de Buenavista. Ante la ausencia del Ejército algunas comunidades como del Nuevo Caracol y Tetela del Río, se organizaron para poner vigilancia en la parte alta de la comunidad de Buenavista de los Hurtado.
El jueves 4 cerca del medio día se encontraban en una loma varias guardias de las comunidades para alertar de alguna incursión armada. Además de los guardias había algunos peones pixcando la mazorca. Comentan que algunos elementos de la guardia apoyaban para agarrar un marrano. Nunca imaginaron que en ese momento el grupo rival atacaría con drones y al mismo tiempo irrumpiría disparando a los pocos pobladores que había y a los guardias que fueron sorprendidos. Arremetieron contra todos, hablan de unas 30 personas que sufrieron la agresión. Diez de ellos fueron ejecutados y 3 fueron decapitados. Sus cuerpos fueron calcinados en la batea de una camioneta que se encontraba en la loma de la comunidad. Los familiares reportaron a 6 personas heridas que fueron trasladadas a Tetela del Río y a la comunidad de Ixtayotla. No permitieron que los cuerpos fueran trasladados al Servicio Médico Forense a Chilpancingo. Colocaron sus restos en bolsas de plástico cubiertas con unas cobijos para velarlos en Tetela del Río y Tlacotepec.
Esta tragedia pudo evitarse si las autoridades hubieran escuchado a la gente de la región que ha reportado los ataques por drones en varias comunidades. Lo más grave es que tienen conocimiento de cómo opera este grupo y en qué lugares se ubica. Identifican también los lugares que están en disputa y las comunidades en riesgo.
Hay decenas de familias desplazadas al grado que hay comunidades donde ya no hay gente como en Casahualillo municipio de Apaxtla, el Trapichal municipio de Apaxtla. También la comunidad de Buenavista, El Nanche, Xochitepec entre otras.
La gente está saliendo de la región porque ya no hay seguridad y tampoco hay trabajo. Los que corren el riesgo de permanecer no pueden salir a sus parcelas porque los venadean. Tampoco están seguros en sus casas por los drones que han explotado en varias viviendas.
Las autoridades en lugar de demostrar su compromiso con las familias que son víctimas de la violencia, evitan acercarse y dialogar con ellos. El helicóptero en que llegó con la fiscal general y el comandante de la IX Región Militar Enrique Martínez estuvo un rato para tomar nota de lo que pasaba. La gente pedía que fueran a la reunión que iniciaría en la comisaría de Tetela del Río. No encontraron eco a su llamado.
El malestar sigue creciendo porque no ven acciones efectivas que contengan la violencia y replieguen a La Familia Michoacana.
La gente sigue esperando la presencia de la gobernadora. Su ausencia deja mucho que decir entre la gente que resiste y enfrenta los estragos de la violencia y de la pobreza.

Toda nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Su trayectoria de 35 años al lado de las víctimas se ha ganado el reconocimiento de la sociedad y el vituperio de los gobernantes.

Como mamás y papás de nuestros 43 hijos desaparecidos, hemos padecido golpes duros por parte de los diferentes gobiernos. A pesar de tantos sinsabores nunca hemos bajado la guardia. En estos 9 años no hay un día que dejemos de pensar en ellos. Nuestra vida está dedicada a dar con su paradero. Mucha gente es la que camina a nuestro lado y la que siempre nos anima y apoya. Las autoridades son las que nos desalientan y defraudan, porque no atienden nuestros planteamientos y más bien buscan desviar nuestra atención. Lo único que les pedimos es que nos digan dónde están nuestros 43 hijos, sin embargo, creen que actuamos con otros intereses o que estamos influenciados por lo que nos dicen nuestros equipos de trabajo. Consideran que no somos capaces de captar que los abogados tienen otros intereses ajenos a los nuestros. Nos dan a entender que estamos supeditados o sometidos a las órdenes que ellos nos dictan. Piensan que no tenemos opinión propia ni un criterio personal de lo que sucede con las investigaciones.
Lamentablemente el presidente Andrés Manuel, en quien depositamos toda nuestra confianza para dar con el paradero de nuestros hijos, nos ha dado el mismo trato como el que recibimos de Peña Nieto. El pasado jueves 14, en su conferencia mañanera dijo que el Centro Prodh se está “echando a perder”. Se le hace raro que “no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada ‘verdad histórica’, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam”. En ese comentario afirmó que como padres no sabemos “que la sentencia que dejó libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, al menos de algunos que participaron, tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando”. También comentó que los abogados del Prodh le reclamaron que se “habían hecho mal las cosas” porque se solicitaron las órdenes de aprehensión y se detuvieron a estos personajes del más alto nivel. “Por un lado defienden a las víctimas, pero, por otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan que fueron torturados”.
Esto no es verdad, nosotros conocemos bien a nuestros abogados y abogadas, quienes en todo momento nos informan y piden nuestra opinión.
Hacemos reuniones para conocer los avances de las investigaciones y siempre solicitamos que nos aclaren las dudas que tenemos. Conocemos todos los informes del GIEI, los de la Comisión Interamericana y los que ha presentado la Subsecretaría de Derechos Humanos. Con todos ellos nos reunimos y somos nosotros los que hacemos las preguntas, tanto a los expertos y expertas del GIEI, como a la misma comisionada Esmeralda. El ex subsecretario Alejandro Encinas nos conoció muy bien, porque constató que en las reuniones de la Covaj siempre dábamos nuestras opiniones y planteábamos nuestras dudas. Sabe muy bien cuál es nuestra posición, independientemente de lo que comenten nuestros abogados.
Todos ellos y ellas están comprometidas con nuestra lucha. Los amigos y amigas del Centro Pro no sólo son nuestros representantes y asesores legales, como los de Tlachinollan, Fundar y Serapaz, también son nuestros amigos y amigas. Ellos nos apoyan para tener un lugar donde hospedarnos, generosamente nos ofrecen de comer y están pendientes de nuestra salud y de otros asuntos personales. Hemos cultivado una relación de respeto y de mucha confianza. Hemos aprendido a convivir y a establecer formas de comunicación directas y transparentes, colocando en primer plano, lo que nosotros decimos y opinamos. Sus puntos de vista son valiosos, pero lo que realmente importa es nuestra decisión, porque somos nosotros los directamente afectados. Su opinión es valiosa porque nos ayudan a contar con un panorama amplio sobre los avances de las investigaciones.
Lo que comentó el presidente sobre el Centro Prodh lo vemos como una falta de respeto a nosotras como madres y padres y a nuestros equipos, en concreto al Centro Prodh. No consideramos que sea una opinión objetiva y serena del presidente, porque no es el modo de actuar de los abogados y abogadas del Pro. Llevan 35 años trabajando con mucha gente y todos son testigos del profesionalismo y el trato respetuoso que tienen con todos. Es muy grande su compromiso con las víctimas. No titubean cuando hay que plantear con claridad lo que demandamos como padres y madres que nos sentimos agraviadas por la forma como actúan las autoridades. Ellos representan nuestro sentir y siempre vemos que se colocan de nuestro lado, independientemente si eso molesta o incomoda a las autoridades. Esa postura es la que nos da confianza porque al igual que nosotras, buscan la verdad, luchan para encontrar a nuestros hijos.
En este comentario del presidente vemos más bien que no quiere aceptar que los implicados en la desaparición de nuestros hijos son los militares. Por eso sentimos que trata de desviar la atención. Ya no escucha lo que le hemos planteado, de que el Ejército entregue toda la información que tiene sobre los 43 y de que se investigue a los militares. En lugar de exigir al secretario de la Defensa Nacional que atienda nuestra solicitud, se hace eco de lo que dicen los mandos militares, al afirmar que ya entregaron toda la información.
Sabemos por el último informe que hizo público el GIEI que existen varios documentos relativos a la desaparición y posible paradero de nuestros hijos. Son documentos que tienen fecha del mes de abril de 2014 al mes de octubre del mismo año. Todos ellos están foliados y fueron encontrados en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) con sede en Iguala, Guerrero. Dentro de estos documentos hay uno de gran relevancia, porque refiere que 17 de nuestros hijos fueron llevados a un lugar para privarlos de la vida. Se trata de una hoja que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo cual enviamos una carta al presidente de la República para que instruya a las autoridades militares que entreguen la comunicación completa, con el fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 estudiantes.
En ese mismo escrito le manifestamos al presidente que el Ejército infiltró a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; que agentes de inteligencia militar dieron seguimiento a nuestros hijos desde su arribo a Iguala; que intervinieron comunicaciones a los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos y que la policía de Iguala daba cuenta de dónde estaban llevando a 17 de nuestros hijos.
A pesar de todos estos esfuerzos que hicimos para avanzar en esta ruta que el GIEI nos trazó con datos precisos y contundentes, el presidente ya no impulsó este planteamiento legítimo y simplemente cerró este capítulo al afirmar que “el Ejército ha entregado toda la información que tiene y que ha ayudado a esclarecer estos casos”. En esa ocasión el presidente fue muy claro al colocarse del lado del Ejército y mostrar su desacuerdo con nosotros.
Después de esa reunión el presidente manifestó que él se encargaría de llevar la investigación. Lo estamos constatando ahora al enfocarse a descalificar el trabajo del Centro Pro, dejando de lado todas las recomendaciones que presentó el GIEI e ignorando nuestra demanda de que el Ejército entregue los folios que solicitamos.
Vamos para 6 años y tampoco tenemos verdad. Tememos que concluya el sexenio y que el presidente descargue sus baterías contra nuestros equipos de trabajo, como la CIDH, el GIEI, el Centro Pro, Tlachinollan, Fundar y Serapaz al afirmar que ellos se encargaron de encubrir a los perpetradores, dejando a salvo al Ejército. Como padres y madres entendemos que la molestia del presidente viene por nuestro señalamiento al Ejército como actor implicado en la desaparición de nuestros 43 hijos. No nos confundimos con la narrativa del presidente, la búsqueda de la verdad pasa necesariamente por garantizar una investigación imparcial, sin sesgos ni encubrimientos de todas las autoridades involucradas en la desaparición de nuestros hijos. Reiteramos que el presidente de la República debe ordenar al Ejército la entrega de toda la información relacionada con los trágicos hechos de 26 y 27 de septiembre de 2014. El acceso a los archivos del Ejército es una demanda central que planteamos como madres y padres para esclarecer el paradero de nuestros 43 hijos. Sólo pedimos que se respete el derecho a defender nuestros derechos y que cesen los ataques contra los organismos internacionales y las organizaciones que nos acompañan, porque son quienes nos han ayudado a desenmascarar la verdad histórica y avanzar en las líneas de investigación que prueban el involucramiento de corporaciones policiacas municipales y estatales, policías ministeriales, policías federales, miembros del Ejército y de la Marina, todos en contubernio con Guerreros Unidos.
Nuestra lucha es para dar con el paradero de nuestros hijos y dar la batalla contra la impunidad. Verdad y justicia es el clamor nacional que demandamos los miles de madres y padres que buscamos a nuestros seres queridos.

A 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en Guerrero aún estamos lejos de que las autoridades del estado hagan realidad estos compromisos internacionales. En estas condiciones de violencia creciente y de profundas desigualdades, los derechos humanos son violados flagrantemente. No se castiga a las autoridades que cometen atrocidades y los encargados de administrar justicia encubren a los perpetradores. Para Volker Türk, el jefe de los derechos humanos de las Naciones Unidas, es paradójico que “aunque la humanidad amplíe las fronteras de la medicina, la tecnología, el medioambiente, las demandas sociales y políticas, las leyes económicas y laborales, además de otros avances pioneros, lo dramático es que el mundo padece niveles de conflicto violento no vistos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con un empeoramiento de las desigualdades, un aumento de la discriminación y el discurso de odio, impunidad, incremento de las divisiones y la polarización, además de la emergencia climática”.
Esto pone de manifiesto aún más la necesidad de hacer balance, aprender lecciones y delinear juntos una visión de futuro basada en los derechos humanos. En Guerrero urge colocar en el centro a las personas que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos e implementar políticas inspiradas en los principios rectores de esta Declaración Universal. Para la ONU la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendida y generalizada del mundo. Se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres –casi una de cada tres– han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en la vida. En Guerrero la violencia contra las mujeres es un mal endémico que se expande en todo el territorio y que las autoridades forman parte de esta red de complicidades al permitir que los agresores sigan libres.
Los feminicidios en la Montaña se han disparado exponencialmente sobre todo en el municipio de Copanatoyac. Desde el primero de junio de 2016 la población quedó aterrorizada por el feminicidio de la maestra Maricela Arce Campos de 28 años. Fue asfixiada por estrangulamiento. En la mañana fue encontrada en su casa por su mamá. Dejó tres hijas. El agresor, Donicety García Soto, médico general del centro de salud de la cabecera municipal y profesor de bachillerato, huyó después de cometer el infame crimen. El primero de mayo de 2022 dos mujeres, Rosalía y Eleuteria, fueron asesinadas con tiros de gracia en la cabeza, dejando sus cuerpos en la carretera Copanatoyac a Potoichán. Quedaron grabadas las imágenes del terror en sus rostros. Lo mismo pasó en aquella noche trágica del 27 de julio de 2022, cuando Fernando Reyes descargó su pistola contra su esposa Kenia y su cuñada Abelina. El 21 de septiembre de 2023 fue encontrado el cuerpo de Reyna, flotando en el río de la comunidad de Oztocingo. En estos lugares tenebrosos los hombres tienen permiso para matar.
El domingo 3 de diciembre, la señora Margarita Vargas Florentino originaria de Copanatoyac, fue víctima de feminicidio. Su marido Pavel Bernabé, en todo momento la golpeaba. En la madrugada llegaba alcoholizado azotando la puerta y golpeando a Margarita. En una ocasión la bajó con violencia cuando se subió a un carro cuando iba a comprar comida. Le reclamó que no se mandaba sola. Fue un calvario de 12 años. En los últimos meses Margarita decidió irse con sus padres. Por este atrevimiento, Pavel alcoholizado la iba a sacar a golpes. Su suegra Josefa la remataba con regaños y cachetadas.
Llegó el día en que Margarita acudió a Tlapa para interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Con la promesa de su esposo de que cambiaría, su esposa se desistió. La situación empeoró, las agresiones eran constantes y más graves. Su conducta delictiva lo constataron elementos de la Guardia Nacional, que lo encontraron con drogas y armas de fuego.
Permaneció 3 meses en la cárcel de Acapulco, aún así no escarmentó. Además de la golpiza, le advertía a Margarita que la mataría. No le importó el grave daño que ocasionaba a sus dos menores hijas.
Antes de que pasara lo peor, Margarita se fue nuevamente a vivir a la casa de sus padres. Tomó la decisión de interponer una demanda por pensión alimenticia en mayo del 2023. Logró que el juez el autorizara el 40 por ciento de su salario. En octubre de este año la amenazó de que regresara, de lo contrario no respondería por ella. Logró su objetivo, Margarita regresó con su marido el 3 noviembre. Le quitó su celular y le prohibió visitar a su familia. Quedó aislada con sus hijas.
El 2 de diciembre Margarita despertó apesadumbrada, sin embargo, se sobrepuso ante laa necesidad de vender chicharrones para tener algún ingreso. Su hija mayor, de 11 años, notó también que su mamá estaba triste. Eran como las 12 del día cuando le dijo, –hija, “no me dejes sola porque tengo miedo”. El marido se encontraba con sus amigos tomando y presentía que llegaría para vengarse de lo que le había hecho.
Pasó las horas llenas de angustia hasta que cayó la noche. A la una de la mañana llegó drogado el marido. La golpeó con mucha saña. Margarita pedía auxilio, pero nadie atendió sus gritos. Corría para evadirlo. Llegó a una barda que contiene el cauce del río y desde ahí en varias ocasiones gritaba: “ayúdenme, porque mi marido me quiere matar”. Intentó escapar, pero fue sometida con un cable en la garganta. A la 1:40 de la mañana su niña mayor le marcó por teléfono a sus abuelos: “mami Lupe ven a la casa porque mi mamá está muerta. Don Luis y Guadalupe rápido se trasladaron a la casa de su hija. Cuando llegaron algunos vecinos y policías municipales la subían a la patrulla. La llevaron a varios consultorios de Copanatoyac, pero nadie la quiso atender. El centro de salud estaba cerrado. La trasladaron al hospital de Tlapa. Ahí la intubaron, pero en 10 minutos les informaron que había muerto. A pesar del miedo que han sembrado los feminicidas que forman parte de una banda de delincuentes, la gente salió a las calles a exigir justicia. Muchas jóvenes estuvieron presentes en el sepelio de Margarita. También se organizaron para protestar en el ayuntamiento de Tlapa.
En este municipio se registró la historia desgarradora de Reyna, una mujer na savi originaria de Tlapa. Tenía 23 años cuando fue asesinada. Conoció a Alejandro, a los 15 años, cuando trabajaba como cajera y él como cargador en la frutería Tony. Al poco tiempo se fue a vivir con él a la comunidad de Oztocingo, municipio de Copanatoyac. Tuvieron dos hijos, sin embargo, era muy difícil mantenerlos porque Alejandro, en lugar de trabajar, se emborrachaba y drogaba. Reyna tenía que salir a vender ciruelas para mantener a sus hijos.
Su suegra le aconsejó que se fuera a la Ciudad de México, allá su hijo mayor le conseguiría un trabajo. Por falta de dinero, no pudo salir del pueblo. En julio del 2021 decidió regresar con sus padres en la colonia Loma Bonita. Alejandro la buscó y la convenció de que regresara con él. Los golpes la obligaron a dejar definitivamente a Alejandro. Se empleó como trabajadora doméstica para medio sobrevivir. Estudió el bachillerato y en agosto del 2023 entró a estudiar en la Escuela de Parteras en Tlapa. Para pagar su inscripción y la de sus hijos tuvo que vender su mesa y unas sillas.
Reyna nunca se opuso de que sus hijos visitaran a su papá. El pasado 10 de septiembre la ex suegra la mandó llamar con sus nietos. Fue la última vez que la vieron. Dejó un recado a su mamá con su cuñada de que regresaría el lunes 18 de septiembre. Ese día le llamaron a su celular, pero nunca contestó. La preocupación los invadió cuando la ex suegra llamó al papá de Reyna para reclamar que fuera por sus hijos. Esa vez Alejandro la acompañó al crucero.
Ese mismo lunes en Oztocingo se encontró el cuerpo de una mujer flotando en el río. El 21 de septiembre, la familia de Reyna se enteró a través de las redes sociales del hallazgo de una mujer completamente desnuda en estado de putrefacción. Sus padres rápido se dirigieron al Ministerio Público para preguntar si sabían a quién pertenecía el cuerpo, sin embargo, ya lo habían trasladado al Semefo de Chilpancingo. El 22 de septiembre presentaron una denuncia formal por la desaparición de Reyna. Les tomaron muestras de sangre para confrontarlos con el cuerpo encontrado. El 13 de octubre los padres de Reyna recibieron su cuerpo y fueron informados de que se trataba de su hija. Reyna recibió cuatro impactos de bala en la cabeza, tenía fracturas en el pectoral. Fue víctima de agresión sexual y su cuerpo fue quemado en un 70 por ciento. Posteriormente fue arrojado en el río.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hemos acompañado y registrado 27 casos de feminicidios, de 2014 a 2023, entre ellas el de una niña de 16 años, en el 2006. Los municipios más violentos para las mujeres entre 4 a 70 años son Ayutla de los Libres, Olinalá, Acatepec, Malinaltepec, Alpoyeca, Tlacoapa, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Tlapa. La mayoría de los feminicidios no tienen condena, es más, ni siquiera han sido detenidos los agresores. Las autoridades son cómplices de la violencia machista. Han transcurrido más de nueve años sin que se castigue a los feminicidas. Las instituciones de procuración de justicia en lugar de proteger a las mujeres, las revictimizan y reproducen los patrones de la violencia patriarcal.
A 75 años de la DUDH, las mujeres indígenas de Guerrero y la Montaña son tratadas como objetos, como seres sin derechos. Las autoridades del estado se han quedado impávidas, en el puro discurso y con actos mediáticos que no se traducen en acciones efectivas que salvaguarden el derecho sagrado de la vida de las mujeres que son víctimas de los crímenes de odio.

El entonces capitán del Ejército Arturo Acosta Chaparro envió el 9 de julio de 1972 al director federal de seguridad el siguiente reporte: “ATOYAC.- Ante la situación que priva principalmente en el área correspondiente a la sierra de Atoyac de Álvarez, Gro, la D.F.S. en lo que corresponde al análisis y proceso de información , así como del conciensudo estudio de los antecedentes en que se inició y fomentó la subversión en la región desde la formación de pequeños círculos de estudio hasta la politización de los sectores magisterial, estudiantil y campesino así como la actuación clandestina de la organización del llamado PARTIDO DE LOS POBRES, en esta primera fase de insurrección, logró lo que ninguna organización había obtenido, la de unificar a los grupos clandestinos de izquierda, actuantes en el país, y por lo que corresponde a esta área donde actúa, tendió su red de información, abastecimientos y protección dentro de las áreas rural y urbana, pudiendo notarse principalmente que si bien los pobladores de la región no participan, no denuncian por temor al grupo operativo lo que significa que cuentan con el apoyo y la simpatía de los habitantes de la zona. Durante el tiempo que llevaba activa esta organización, había operado dentro de la fase subversiva, y sus máximas actividades habían sido las de extorsión a particulares, asaltos a instituciones bancarias y secuestros, de donde sus dirigentes pudieron analizar a los actuantes, tomando principalmente en consideración que eran elementos jóvenes, y así como ideológicamente preparados, política y militarmente definidos en la línea dura”.
El panorama que describía el jefe militar era de alarma, porque veía venir un movimiento disruptor abanderado por un profesor que supo aplicar la pedagogía de los oprimidos a los hombres y mujeres del campo. Lucio Cabañas Barrientos, fue nieto de Pablo Cabañas, un general zapatista. Fue hijo de Cesáreo Cabañas un trabajador del campo que fue asesinado por un cacique. Lucio nació el 15 de diciembre de 1937 en el paraje El Venado, de la comunidad El Porvenir, municipio de Atoyac. Su madre Rafaila Gervacio Barrientos, trabajó arduamente en los cafetales y enfrentó en todo momento la persecución de los militares. Cuando Lucio bajó a la comunidad de Santa Rosa de Lima conoció a María Isabel Ayala Nava. En el baile de la festividad religiosa Lucio bailó con María Isabel hasta que se descargaron las pilas del tocadiscos. En la madrugada se marchó con ella para continuar su lucha. Peleó sin descanso y demostró su gran capacidad para comunicarse con la gente del campo. Su presencia en las comunidades despertó grandes expectativas entre los pobladores. Siempre salía avante porque lograba sumar a su causa tanto a jóvenes como a jefes de familia. Logró conformar su red de informantes y de personas voluntarias dispuestas a enfrentar los peligros con tal de proveer de alimentos a la gente atrincherada en la intricada serranía.
Ante los riesgos que corría su esposa María Isabel, Lucio y sus compañeros decidieron que abandonara el campamento. La acompañaron a San Martín de las Flores donde vivía la mamá de Lucio. En ese lugar nació Micaela su hija, quien desde los 2 meses estuvo en el Campo Militar Número Uno, cuando su mamá y varios familiares de su papá fueron detenidos por elementos del Ejército, en la ciudad de Tixtla. Su primer año de vida la pasó en una celda, donde aprendió a caminar y a pronunciar sus primeras palabras. Los barrotes de las celdas sirvieron de sostén para dar sus primeros pasos. La tía Bartola y su mamá tejían la ropa de Micaela con el estambre que algunas personas de la misma prisión les regalaban.
La única vez que Micaela conoció a su abuela Rafaila fue cuando estuvo en la Iglesia del padre Máximo. Ahí platicó con ella toda la noche. Por ella conoció mejor a su papá, supo cómo era de niño y que pronto salió del pueblo para irse a estudiar. No tenía dinero, por eso buscó un trabajo y se puso a estudiar. Nadie sabe cómo le hizo para salir adelante. Su mamá resentía más que se haya ido de su casa y que anduviera peleando contra el gobierno. Tenía miedo que también se la llevara al Ejército, por eso mejor trató de no bajar a Atoyac.
Desde 2002 Micaela se reencuentra con su padre Lucio, cuando trasladan sus restos al obelisco donde está su figura señera, de un maestro sencillo, hijo de campesino, que se levantó en armas ante tanta explotación y abuso de los caciques. En 2010 colocan con María Isabel la placa que dice: “Comandante contigo está sembrada la esperanza del futuro”. Con esta frase grabada, Micaela guarda con orgullo la trayectoria de su padre. Cada año acude con los compañeros del Partido de los Pobres a rememorar al maestro y combatiente, a renovar el compromiso de seguir dando la pelea en los diferentes frentes de lucha.
En este 49 aniversario del asesinato de Lucio, Micaela con los compañeros de su papá y las organizaciones solidarias encendieron las velas para sanar las heridas y alimentar el espíritu. Velaron para revivir su memoria y estrechar los lazos entre los movimientos con el fin de no perder el rumbo que se trazó el Partido de los Pobres: de pelear contra la injusticia y la desigualdad; estar al lado de la gente que sufre, trabajar con las comunidades impulsando la organización de base, defender los derechos del pobre, levantar la voz contra los explotadores y tumbar a los gobiernos que traicionan los sueños de justicia de los pueblos. Para Lucio lo fundamental fue trabajar de manera colectiva, tomar acuerdos y decisiones en asamblea, ejercer el poder como un servicio, mantener el régimen comunal de la tierra y producir lo básico para garantizar la auto sustentabilidad de las familias.
La presencia de los compañeros y compañeras del Partido de los Pobres en este memorial fue muy significativa, no sólo por el reconocimiento que se les otorgó, sino por lo que representan en este movimiento de emancipación contra un sistema que sigue expoliando a los más pobres. La situación de las comunidades rurales no ha cambiado, siguen siendo el último eslabón de los gobiernos municipales. Son clientelas cautivas que están sometidas a un régimen autoritario controlado por cúpulas partidistas. A las comunidades se les hace creer que con la construcción de una obra al año saldrán de la pobreza extrema. La educación no es un derecho para las familias que viven en pequeñas comunidades, les regatean los recursos para construir escuelas dignas y no contratan a los maestros o maestras que requieren. Las enfermedades de la gente tienen como origen la desnutrición severa que padecen tanto las madres de familia como los recién nacidos. No se garantiza el derecho a la alimentación. Cada familia tiene que ver cómo asegurar alimentos suficientes para los hijos. La producción en las pequeñas parcelas es raquítica, apenas alcanza para medio comer tres meses. Desde pequeños los niños y las niñas tienen que trabajar en las calles o en los surcos para asegurar la comida por lo menos dos veces al día. La salud es inaccesible para las familias pobres porque no hay medicinas en las clínicas ni en los centros hospitalarios. Tampoco hay médicos en las comunidades. Los rezos y las plantas medicinales cubren el gran vacío de los servicios de salud pública que por obligación tienen que proporcionar de manera gratuita.
La lucha de Lucio dejó una estela de muerte, de personas desaparecidas, ejecutadas de manera arbitraria, desplazadas forzosamente, encarceladas injustamente, torturadas y masacradas. Hasta la fecha las autoridades federales no han garantizado justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Los crímenes cometidos por el Ejército siguen en la impunidad. No hay avances en las investigaciones que llamen a cuentas a los militares que participaron en la aplicación de los planes de contra insurgencia. La justicia por los crímenes del pasado es una deuda que ha causado graves daños a varias generaciones de familias que no encuentran a sus seres queridos y que no encuentran respuestas claras y firmes de que habrá castigo contra los militares que atentaron contra la vida y la integridad física de sus familiares.
Los colectivos de víctimas de Guerrero le han apostado al cambio que prometió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de que no habrá impunidad ni privilegios para nadie. Que se aplicará la ley sin distingos y que se hará justicia al pobre.
En Guerrero la violencia se ensancha y las desapariciones se multiplican. Las víctimas no encuentran la atención y apoyo que se requiere, por el contrario se les ignora y estigmatiza. En este último año de gobierno temen que la justicia no llegue y que tengan que sacar la casta para no sucumbir ante tantas amenazas que se ciernen en sus vidas, a causa de la pobreza, la violencia y tanta impunidad y corrupción.
El mejor homenaje al comandante Lucio Cabañas es cumplir con su lema. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo.

La espera paciente de las niñas y los niños indígenas que habían llegado con sus mamás y papás desde lo más recóndito de la Montaña, para escuchar al presidente de la República, se tornó crítica con la entrada intempestiva de un amplio contingente de la CETEG que derribó la reja rosa de las nuevas instalaciones del CRIT.
El ambiente era abrumador, no sólo por el calor sino por los bloqueos que algunas organizaciones sociales, padres y madres de familia y estudiantes realizaron durante el día sábado. Las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de Ahuatepec Ejido iniciaron el bloqueo de la carretera Tlapa-Chilapa desde el martes 21. Arreciaron sus protestas tomando instituciones bancarias y tiendas departamentales. El viernes 24, funcionarios de la Secretaría de Educación, Igife y Cicaeg se comprometieron a dar cumplimiento a las minutas firmadas con anterioridad, relacionadas con recategorización y nombramientos de maestros, pago de adeudos, dotación de material didáctico y construcción de aulas.
En la mañana del sábado 25 varios contingentes del Frente Popular de la Montaña bloquearon cuatro de las cinco entradas a la ciudad de Tlapa. Llegaron de Yozondacua-Llano del Carmen, San Martín Yukuxaki, del municipio de Cochoapa el Grande, de San Juan Bautista Coapala del municipio de Atlixtac, también de Atzompa del municipio de Metlatónoc, Llano Grande, municipio de Malinaltepec y de la cabecera municipal de Xalpatláhuac.
Acudieron varias autoridades del municipio de Tlapa como Aquilpa, Zacualpan, Acatenco, Tlacuiloya, Atlamajac y de las colonias Filadelfia, Monte Josen, Nazaret, Tepeyac, El Dorado, Nueva Esperanza y San Isidro. La principal demanda que unifica y moviliza a los miembros del Frente es su exigencia de justicia por la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano. Han constatado que los jueces que atienden el caso se fijan más en minucias procedimentales para descartar pruebas y no dimensionan el contexto en que se enmarca este crimen, en la campaña de linchamientos y desprestigio que se urdió desde las esferas del poder municipal contra Arnulfo, tampoco valoran las amenazas de las que fue víctima cuando el Frente realizaba bloqueos de carreteras. No van al fondo para identificar los patrones de criminalidad contra los defensores y la complicidad que se da entre autoridades municipales y grupos de la delincuencia organizada.
Después de cuatro años del asesinato de Arnulfo, las comunidades indígenas lo reivindican como un defensor comunitario, un dirigente que encaró a las autoridades para que rindieran cuentas y cumplieran con los compromisos contraídos. Han planteado la construcción de caminos artesanales en las comunidades más alejadas de los municipios de la Montaña Alta, han demandado aulas, pavimentación de calles, rastrilleo de caminos, clínicas, proyectos básicos. Es decir lo mínimo para subsistir en las comunidades donde no hay obra pública, donde ya los presidentes impusieron que sólo una obra les toca por año. Ni eso se cumple. La lucha de las comunidades y organizaciones es por el piso básico de la vida, lamentablemente las autoridades municipales y estatales les siguen negando los recursos. Les imponen la política de austeridad a familias que a pesar de que trabajan duro en el campo, apenas tienen para comer tortilla con chile.
También en la víspera de la llegada del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador estudiantes de la UPN de Tlapa bloquearon la entrada en dirección a Chilapa. Demandan la apertura de la universidad para que se normalicen las sesiones académicas dentro de sus instalaciones y se asegure su incorporación a las plataformas de la universidad. Las autoridades del estado atendieron sus demandas y se logró que se desbloqueara la entrada a la institución educativa para garantizar que este lunes inicien las sesiones académicas de manera presencial.
Con este telón de fondo marcado por los bloqueos, este domingo Tlapa amaneció en tensa calma. Por un lado, estaba la expectativa de la visita del presidente al CRIT, que es el primero que se construye en una región indígena y que además fue parte del acuerdo entre el patronato de la fundación Teletón con López Obrador. Atendieron con presteza su propuesta y en alrededor de ocho meses lo construyeron. Fue un gran logro y además un desafío porque ahora se trata de un CRIT que tiene que comprender la cultura y aprender la lengua de las familias indígenas de la Montaña. También asumir el compromiso de llegar a las casas de familias sumamente pobres, que no están en posibilidades de viajar cinco o más horas a la ciudad de Tlapa. Además algunos de sus niños y niñas no están en condiciones para viajar en camionetas de pasajeros de redilas y en caminos intrincados.
El CRIT tiene pensado realizar en una segunda etapa recorridos a estas comunidades en una brigada móvil que atienda a la niñez indígena más vulnerable en sus domicilios. Es una gran tarea que si logra concretarse se reducirá la brecha de la exclusión, la discriminación y la desigualdad sociales que por siglos han padecido las comunidades y pueblos indígenas de la Montaña.
En este ambiente cargado de grandes expectativas se dio la llegada de normalistas, maestros y maestras de la CETEG. Marcharon desde el Hospital General y llegaron a la esquina de la Preparatoria número 11 donde se encontraba la primera valla.
A pesar de algunos planteamientos y propuestas que hicieron llegar los funcionarios del gobierno del estado, no lograron persuadir al amplio contingente para que se desistiera de llegar a la entrada del CRIT. Su dirigente Héctor Torres planteó una reunión con el presidente de la República. Recordó la entrega de documentos solicitando que se atiendan sus principales demandas, pero no han tenido respuesta. Por eso valoraron que esta coyuntura era propicia para entregar de nueva cuenta al presidente esta solicitud de diálogo con el fin de que pueda atender sus demandas.
Al calor de la protesta y ante la obstrucción para que pudieran entrar a entregar sus documentos, los contingentes se abalanzaron contra las vallas y las pocas personas que trataban de impedir su paso. Al lograr el objetivo varios maestros y maestras arreciaron el paso para llegar a la reja del CRIT que estaba cerrada. Ya encarrerados forcejearon y tumbaron la reja nueva. Ya no hubo quien les impidiera el paso. El contingente de avanzada corrió con la finalidad de entrar al lugar donde se encontraban los niños y niñas con sus papás esperando al presidente. A gritos, varios maestros de la dirigencia estatal les pedían que no entraran donde sería el evento oficial. Acataron la orden y se colocaron en la entrada del CRIT, para esperar la llegada del presidente.
Los ánimos subieron de tono cuando se dieron cuenta de que las llaves de la camioneta que transportaba el sonido de la CETEG, alguien las había sacado, para que ya no avanzara su marcha. Por el megáfono, la voz de un maestro advirtió que si en 5 minutos no aparecían las llaves la situación se iba a complicar más. Nadie sabía quién las tenía. Entre los funcionarios del estado se preguntaban qué había pasado y quién las había sacado. No hubo respuesta. Al final aparecieron. Al interior de la carpa, una persona pidió a las mamás que no se movieran de sus lugares, que no iba a pasar nada. Hubo preocupación de los asistentes, ante la posibilidad de que algunos maestros o maestras decidieran entrar al lugar del evento, sin embargo, la instrucción ya la habían dado, de no ser motivo de perturbación.
Alrededor de las 2:20 de la tarde dio inicio la ceremonia de inauguración del CRIT. Fueron más de 3 horas de espera. A pesar de este largo tiempo, las niñas y niños que fueron invitados de honor, esperaron pacientemente el momento de la inauguración. Mostraron aplomo, fortaleza y un gran corazón. Llegaron para ocupar un lugar digno en la sociedad que los ignora, estuvieron presentes para sensibilizar a las autoridades locales, de que tienen obligación de atenderlos, que no pueden ser gobiernos que sigan reproduciendo la discriminación y la exclusión social.
En el presídium movieron las sillas para que subieran seis niñas y seis niños con sus mamás y ocuparan ellas los lugares. En ese momento se corrió la voz, que el presidente de la República no llegaría a inaugurar el CRIT. En su representación estuvo la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel y por parte de la Fundación Teletón su presidente Fernando Landeros. “Traer vida, amor y esperanza a los niños y niñas de la Montaña es el sueño del CRIT. En esta región se junta el amor de un país con las necesidades más grandes de la Montaña de Guerrero. Se van a beneficiar mil 868 familias. Todos tendrán su beca de rehabilitación y se brindará la atención más cálida y amable con especialistas con gran calidad humana”.
Por su parte, la secretaria Ariadna recordó que hace cinco años el presidente de la República vino a Tlapa para iniciar la pensión para las personas con discapacidad. Tlapa es el ícono de esta nueva etapa de atender a las personas con discapacidad. Lo más importante es que se haya establecido como un derecho en la Constitución. Lo crucial es estar cerca de la gente. Y la meta es atender un millón y medio de personas en este 2023.
En esta conjunción de esfuerzos lo que se busca es que los niños y niñas indígenas de la Montaña sientan el abrazo del México que los quiere. Que sientan vibras positivas como se leía en la playera de una niña. Necesitamos sentir el corazón de las niñas y niños de la Montaña para ser más humanos y entender que su sueño más hermoso es sentir nuestro abrazo y nuestro cariño. A quienes nos gobiernan les falta mucho entender el mundo de las niñas y niños que sufren en la Montaña.

Genaro quería hablar conmigo, pero yo andaba en la Sierra. Cuando me llegó su recado luego pensé que era algo urgente y delicado. Pronto me organicé para el regreso. A él no le podía fallar porque era un amigo que se la jugaba por todo. Al verme, me abrazo muy fuerte. ¿cómo has estado Santiago?… pues así jodido como siempre. Mira te mandé traer porque andaré por acá y quiero que me acompañes. Voy a visitar varios pueblos y tú me vas a guiar. Me vas ayudar en mis traslados. Tú sabes que no puedo estar en un solo pueblo.
Lo primero que hice fue contarle a mi esposa. Me escuchó, pero no la sentí muy convencida. No me dijo nada y sólo levantó los hombros. Le expliqué que era mi primo, más bien mi hermano. Somos familia muy cercana y no me puedo negar. Me mandó traer porque sabe que yo no le puedo fallar. A quién más va acudir sino es con la familia. Quiere que yo le ayude a cambiarlo de pueblo en pueblo, porque el gobierno lo quiere agarrar.
Empezamos a caminar los cerros. Pensé que no iba aguantar, pero luego me di cuenta que tiene resistencia. No me llamó para que le enseñara a caminar, sino para tomar el camino más seguro y estar vigilante de la llegada de los guachos.
Empezamos a visitar los pueblos. Al principio no sabía lo que tenía que hacer para que no se fuera a topar con el gobierno. En lo que él platicaba con la gente, me dedicaba caminar por los cerros y las veredas. Quería estar seguro que nadie lo seguía. Era como el águila, veía a lo lejos y en el momento menos esperado tomaba el camino. Tuve que acostumbrarme a caminar de noche y dormir en el cerro. Genaro tenía mucha fibra porque nunca se cansaba.
Lo que nunca entendí fue la forma como establecía contactos con las comunidades que visitaría. Simplemente me decía “llévame al Carmen”. El sabía que lo llevaría por veredas seguras. Lo que temía es que en la comunidad no hubiera gente que lo recibiera. Era todo lo contrario. Ya tenían preparada la comida y el lugar donde se reunirían. Nunca decía en qué momentos saldría ni a qué lugar iría. Cada viaje aprendía algo nuevo de Genaro. Estaba bien informado de lo que pasaba en el estado y en México. Tenía algo extraordinario porque donde quiera tenía amigos que lo esperaban y contactos que le mandaban mensajes. Poco entendí cómo se relacionaba con tantas personas. Nunca dejé de admirarlo y a veces ni creía que fuera su amigo y que además hubiera confiado en mí para visitar los pueblos de la Montaña.
Tengo bien grabada en mi mente la tarde cuando caminábamos al Carmen. Ahí conocía varias veredas. Todas eran seguras. En esa ocasión iban varios compañeros. Siento que me fue mal. Yo venía adelante como guía y miré que Genaro venía atrás, Bracho más atrás y otros compañeros iban al último. De repente escuché a Genaro que dijo ¡bájate! ¡Tírate al suelo! ¡Listo con las armas! No entendí de qué se trataba. Lo que hice fue tirarme y quedar quieto. Todavía escuché decir a Genaro “hay pisada de guacho”. Todos quedamos puestos con las armas. Enseguida vi pasar de a tres, de a cuatro, de a dos los guachos por toda la carretera. Iban en el mismo sentido, y nosotros estábamos cerca. Estábamos listos con el M-1, con la metralleta. Nos dijo ya levántense, ya acabaron de pasar. Pasamos el río por el chivato. Me dijo que quería bañarse porque ya llevaba varios días que no tocaba el agua.
En el Carmen estuvo un tiempecito, luego me dijo ya no puedo estar aquí primo, cámbiame a Tlaxca. Ahora sí ya me preparé mejor. Me aseguré que no hubiera gente sospechosa en los caminos y escogí la vereda más difícil pero más segura. Siempre me preocupaba que no hubiera amigos que lo recibieran. Se las ingeniaba para enviar recados. Cuando llegamos ya estaba asegurado el lugar donde iba a llegar. Pasamos el río, pronto llegamos al pueblo. Vi que lo recibió familia mía que vive allá. A mí me tocaba organizar la salida. Teníamos que emprender el viaje sin que se diera cuenta la gente. Esa vez me dijo “primo, ahora sí me quedo con los muchachos”. Luego llegaron las autoridades. Ahí lo recibió casi todo el pueblo, fue una bienvenida que no se me olvida, porque la gente se sentía honrada por su visita. Tenían mucha fe en él.
Para burlar los cercos del Ejército, Genaro me comisionaba para que me encargara de llevar los alimentos. Las tortillas no podían faltar, por eso dejaba mi guardia para bajar a los pueblos cercanos que en todo momento nos apoyaban. En la región siempre salí bien librado y entregué buenas cuentas, porque a Genaro nunca lo ubicaron los del gobierno. Llegaban a los pueblos para hacer maldad, porque se sentían burlados y nunca encontraron la forma de tenderle una trampa.
Me siento muy orgulloso de haber sido un compañero de Genaro, de caminar muchas horas por todos estos cerros de la Costa Montaña. Fueron muchas noches en vela, siempre en las cimas vigilando a los del gobierno.
Mi vida fue triste, porque nunca tuve un beneficio, al contrario, siempre anduve luchando para que saliéramos de pobres. Me siento satisfecho porque sé que luché por la liberación del pueblo al lado de mi comandante Genaro Vázquez.
Ahora estoy aquí en mi humilde casita, sufriendo porque no tengo quien me ayude. Casi todos mis compañeros ya murieron. De los que anduvimos en esta región creo que nada más yo quedé. Varias personas cuentan que Genaro vive, yo también digo que vive. Tenía muchas vidas. Dicen que se convertía en tigre, por eso los guachos tenían miedo de subir a la Montaña. Tenía un gran nahual porque cuando había peligro se podía convertir en algún animal. Esto mismo lo comentó la esposa de un soldado. Estaba en una casa horneando pan, mientras esperaban que se cociera la señora comentó “me da miedo que mi marido suba a buscar a ese hombre, porque es muy peligroso y dicen que se que se vuelve animal, pájaro”.
Como ciudadano siento que también cumplí con mi pueblo. La preparatoria de San Luis, que ahora lleva el nombre de Genaro, fue promovida cuando era comisariado de bienes ejidales. Al principio eran como 15 alumnos. La gente todavía no le daba importancia al estudio, sin embargo, ahora hay cientos de alumnos y eso me da mucho gusto. También puedo decir que me tocó donar el terreno para la cancha deportiva, es un lugar donde ahora van muchos jóvenes a jugar y a divertirse sanamente.
Las comunidades indígenas de San Luis Acatlán quisieron mucho a Genaro, no tanto porque era como los políticos, que cuando quieren un hueso ahí andan regalando cubetas. La gente estaba con él por su ideales, por su lucha. Siempre lo querían escuchar porque le decía sus verdades al gobierno y también porque se enfrentaba a los ricos de San Luis, a los acaparadores de terreno. Les decía que eran unos caciques explotadores. Por eso los ricos y los políticos no lo querían, más bien, trataban de que el Ejército lo matara. Sabían que Genaro no se vendía y que estaba dispuesto a pelear con el gobierno para que hubiera justicia para el pobre.
A mí me gustó mucho cuando me dijo “quiero luchar por esto hermano”. Eso fue lo que me hizo llegar a él y a perder el amor a mis hijos, a mi vida, porque yo podía regresar vivo o muerto. Y aquí estoy todavía. Recuerdo una pregunta que me hizo Genaro, bueno primo ¿Si te agarran los guachos o te agarran los judiciales, vas a cantar? Le dije, primo yo no sé cantar ni corrido, así que no puedo cantar. Te voy a decir de una vez, si yo me rajo de que fulano o zutano andaban en la lucha, como quiera me van a matar y si no digo nada, también me van a matar. Mejor que me maten y no digo nada. No sé de aquí no me van a sacar, yo no sé lo que me pregunta usted primo. Me van a quebrar mis brazos o mis pies, pero yo no sé nada. Morir como un héroe ¡hijo de la chingada!
Por eso le digo que ser guerrillero es una vida muy difícil, muy sufridora. Pero todo tiene su recompensa, porque luchas no por cosas materiales ni para beneficio personal, luchas por ideales. Eso a pocos les interesa, sobre todo a los políticos, porque ellos todo lo quieren para sus bolsillos y su barriga.
Vivir en el cerro es también una experiencia única, hay que saber caminar. Todo tiene su chiste o su arte. A Genaro no había quien le ganara caminando. Nunca lo vi que se cansara. Siempre me decía ¿vas a subir conmigo primo el cerro? Le contestaba vamos a subir y ya de aquí me voy a tirar. Yo estaba muy cansado por la mochila, y él como si nada con el M1 aquí atravesada.
Un último recuerdo es cuando me mandaron a traer una caja. No sabía de qué se trataba. Me dijeron te van a entregar una caja no recuerdo el nombre del señor. Era de Jolotichán. Me dijo “hay te subes a la camioneta. En Jolotichán te bajas a la orilla del pueblo. Agarras la vereda ya conoces. Traía la caja pesada, iba caminando, cuando de repente vi ¡hijo de la chingada! Estaba todo el Ejército, estaban con las armas parando. Dije ahora no sé ni lo que traigo, pensé en dejar la caja y correr, pero más que sería peor y luego me reclamarían, ¿por qué corriste?. Me decidí a pasar, si me dicen ¡párate!, pues ya ni modo. Me pasé y ya cuando bajé yo aquí, porque pase por aquí (por San Luis) llegué al Carmen y le conté. Me dijo mira lo que traes cabrón, un montón de parque, una pistola, una metralleta chiquita. Ve lo que traes, si me agarran los guachos ahí se acabó Santiago Vázquez Rosas, el héroe desconocido.

La lucha por el agua en el puerto de Acapulco es la demanda generalizada de la población. Este problema añejo colapsó con el huracán. Repartir agua y despensas está muy lejos de satisfacer la sed y el hambre que padecen miles de familias. No solo hay que consumir lo necesario para mitigar la sed, también hay que preparar la comida y usarla para la higiene personal. En la mayoría de casas los tinacos rotoplás volaron. En las casas no tienen dónde almacenar agua. Una bomba purificadora que puso el Ejército, en la zona de hospitales, es apenas una gota ante la demanda generalizada de la población que camina muchos kilómetros para conseguir un garrafón o algunas botellas de agua. Todo es en vano porque no hay nada en las pequeñas misceláneas mucho menos en las tiendas departamentales.
La gente nota que el servicio de luz está focalizado en las zonas ricas como Las Brisas, en la mayoría de colonias pobres siguen en tinieblas. En el zócalo tampoco hay luz. Ante el temor de que la situación se desborde por la desesperación de mucha gente que no encuentra comida, ni agua, varias colonias aledañas a los barrios históricos se están organizando para colocar barricadas y asignar guardias durante la noche. Los vecinos de las colonias Hogar Moderno, Ejido, la Progreso y la Sinaí, se han reunido para cerrar sus calles con ramas y láminas que volaron de sus techos. Han prendido fogatas para alertar a propios y extraños que están vigilantes. Son fuertes los rumores de que hay robos en las casas, aunque no se tienen reportes precisos. El temor que circunda por las noches es propicio para que estas versiones cobren fuerza. Los vecinos dejan en claro que su defensa es por su sobrevivencia y su seguridad.
La acumulación de basura en las calles es un problema que ha desbordado a las autoridades locales. Las acciones del gobierno municipal son diminutas y dispersas. No hay brigadas de camiones que se dediquen a levantar los cerros de basura que se han transformado en focos de infección. Es uno de los servicios más descuidado porque no hay suficientes vehículos ni equipo para hacer las maniobras. Los trabajadores sufren el maltrato de sus jefes y se tienen que conformar con pagos raquíticos. ¿Cómo asegurar que los centenares de toneladas de basura no generen mayores problemas de contaminación en los mantos freáticos?
Ante la escasez de alimentos muchas familias se forman por varias horas para conseguir gasolina. Emprenden su peregrinar a Chilpancingo en busca de productos de primera necesidad. La población local empieza a resentir su llegada porque temen que haya desabasto. La población que se ubica en la salida hacia la Costa Chica se desplaza a San Marcos para surtirse de lo más indispensable. Las que más están padeciendo los estragos del hambre son las comunidades rurales que se encuentran en la rivera del Papagayo. En estos rumbos el abandono de las autoridades es ancestral, a pesar de que en su territorio se encuentran las afluentes de agua que surten las zonas hoteleras de Acapulco. La totalidad de comunidades que pertenecen al núcleo comunal de Cacahuatepec están incomunicadas. Sus terrenos inundados y todo su entorno destruido. Las familias pobres que sobreviven de la siembra del maíz y de la pesca han perdido todo: sus siembras, sus huertas, sus redes y sus lanchas. No sabemos si llegaron a esos lugares intransitables los servidores de la nación. Falta que tampoco aparezcan en el censo de las familias damnificadas.
Hay testimonios de que la gente sale a la carretera para pedir víveres y agua. Las familias sobreviven en la precariedad. No tienen ingresos seguros y muchos jefes de familia van en busca de trabajo al puerto de Acapulco. La agricultura es de autoconsumo y la pesca es también una actividad para irla pasando. Los jóvenes no tienen posibilidades de estudiar en las universidades, prefieren migrar para trabajar en los hoteles o se aventuran a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Son muchas las localidades que están aisladas y que hasta la fecha no les han enviado alguna ayuda. Tienen que caminar varias horas para llegar a la carretera federal. Es más complicada la situación de las comunidades que están del otro lado del río. Nadie escucha sus gritos de auxilio ni encuentra forma de hacer llegar su reclamo a las autoridades. Los dueños del agua como la comunidad de Salsipuedes no tienen agua para consumo humano. La arena, la grava y el agua está en manos de empresarios gravilleros y hoteleros, que sobre explotan a los campesinos que se ven obligados a trabajar jornadas extenuantes extrayendo su propia riqueza natural.
Las 82 comunidades rurales de San Marcos también están en una situación grave porque no tienen forma de llegar a la cabecera municipal y están totalmente incomunicados. No tienen luz y los alimentos se están agotando. Sobreviven de lo que cosecharon la temporada pasada. La mayoría camina varias horas para surtirse de lo poco que queda en la cabecera municipal. Muchas familias viven a la intemperie porque no tienen forma de techar sus casas porque no cuentan con laminas o tejas. No está dentro de sus posibilidades cimbrar, comprar acero y ponerle cemento a su techo. No se sabe cómo están enfrentando los estragos del huracán. Resisten como por siglos han aprendido, a sobrevivir con lo que la madre naturaleza les pródiga.
En la región de Ayutla y la Montaña Alta los vientos fueron fatales porque tumbaron todas las milpas. Muchos árboles grandes no resistieron el embate de Otis. No habrá cosecha en esta navidad. Con la fiesta de los difuntos la gente tendrá que endeudarse más porque ni siquiera el maíz nuevo lo podrán cosechar, para hacer sus atoles y elaborar los xatos, que son los panes que son hechos con maíz nuevo. Los tamales serán un producto caro porque tendrán que comprar maíz y hasta las mismas hojas de la milpa. Las flores y las frutas son bienes suntuosos pero que son indispensables para las ofrendas de los difuntos. Las velas y los cohetes forman parte del ritual que sirven para anunciar su llegada e iluminar su camino. Cada vela representa un difunto y por lo mismo, en las ofrendas tiene que servirse la misma cantidad de platos con comida, tazas de café, panes, refrescos, cervezas, mezcal y aguardiente.
El huracán no solo profundizará el hambre sino que traerá enfermedades y más problemas entre las familias y las comunidades. Son los temores que persisten en las personas mayores, por eso los sabios y las sabias ya iniciaron sus rezos en las cimas de los cerros. Tienen que preparar el encuentro con sus familiares difuntos. Piden perdón a las potencias sagradas porque saben que el viento, la lluvia y las nubes están enojadas. La mejor manera de congraciarse con ellas es rezar y presentar la ofrenda. Les solicitan que alejen todos los males y que la estancia de sus familiares transcurra en calma. Para que la plegaria surte efectos, la ofrenda debe ser copiosa, como muestra de su agradecimiento y de su fe inquebrantable en sus ancestros.
La preocupación de las familias de Acapulco y los pueblos de las Costas y la Montaña es cómo hacer frente al grave problema del hambre. En estas condiciones adversas es imposible que recuperen lo perdido y que en el corto plazo tengan opciones para solventar sus necesidades apremiantes. Las tierras están anegadas, las milpas trozadas y los jilotes sin granos de maíz. No hay nada que cosechar, ni el rastrojo porque está podrido. Sin maíz no hay posibilidades de poner de pie a la gente del puerto y a las comunidades rurales.
En Acapulco la gente tiene que concentrar sus energías en la reconstrucción de sus viviendas y los empresarios en la reparación de la infraestructura hotelera. Los desafíos para las autoridades son enormes, porque se requiere una inversión muy alta para sacar del fango en que se encuentra la población de Acapulco y al mismo tiempo, tienen que atender las comunidades rurales que están en total desamparo. Los servicios básicos como la luz, el agua, el drenaje urgen rehabilitarlos. Las familias requieren apoyos para la reparación de sus techos y el reforzamiento de sus viviendas. No puede faltar la dieta básica en los hogares, se tiene que garantizar el consumo suficiente de tortillas, frijoles, chiles y huevos. También hay que aprovechar toda la riqueza marítima para alimentar a una población que requiere de muchas proteínas.
Urge buscar a las personas desaparecidas y rescatar los cuerpos que siguen enterrados, las familias requieren el apoyo efectivo para que se atiendan con presteza estas búsquedas y se logre la identificación de las personas fallecidas. Esta tarea debe realizarse con sumo respeto para no hacer más cruento el sufrimiento de sus familiares. La presencia de los titulares de las dependencias federales, de la gobernadora y todo su gabinete debe traducirse en acciones contundentes que reviertan los problemas del agua, el desabasto de alimentos, la inhabilitación de sus viviendas, la carencia de bienes muebles, la falta de utensilios para la cocina, la perdida de tinacos y tanques de gas. Son paquetes básicos que se requieren para que las familias emprendan el camino de la recuperación y la confianza de que es posible ponerse de pie. Para ello es imprescindible el concurso de todas las instancias de gobierno, pero también de la sociedad civil, que en momentos de emergencia ha sabido solidarizarse y responder con eficacia a las demandas más sentidas de la población. Su presencia da confianza a la gente pobre que no se siente atendida por las autoridades y más bien es víctima de la discriminación, el despotismo y la exclusión de quienes ostentan algún cargo público. La lucha diaria de la gente para revertir esta realidad que trunca su porvenir es la fuerza que logrará sacar del fango el paraíso perdido.