El pasado 9 de marzo dos equipos interdisciplinarios de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) iniciaron los trabajos de búsqueda en la funeraria Rueda cuyos terrenos colindan con las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala. Cinco meses antes, en octubre de 2025 detuvieron a Rodolfo Rueda Sebastián y Rodolfo Rueda Mazón propietarios de las funerarias Rueda y El Ángel acusados por delincuencia organizada.
Con estas detenciones junto con la del nutriólogo Irvin Arroyo Aranda en el mes de noviembre y la del director de Tránsito y Vialidad Mauro Antonio Mosso, en marzo pasado, el fiscal Mauricio Pazarán, ignorando las líneas de investigación en las que reiteradamente han insistido las madres y padres, como la entrega de los 856 folios que están en manos de la Sedena y la relacionada con el paradero de 17 estudiantes que fueron retenidos en barandilla municipal, el funcionario federal ha focalizado todos los esfuerzos institucionales en las funerarias de Iguala.
Las madres y padres se sorprendieron de la invitación que hizo extensiva el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina, para que conocieran los hallazgos que el equipo de búsqueda en campo había tenido en una funeraria de Iguala. A las 9 de la mañana del 20 marzo acudieron a la cita con el subsecretario que llegó en helicóptero.
Les informaron de las detenciones realizadas y que habían asegurado la funeraria porque encontraron muchas irregularidades. No solo había cámaras frías con cuerpos de 2022, 2023 y 2024, los registros de los cuerpos en lugar de que estuvieran bajo custodia del Semefo, eran los dueños de la funeraria los que tienen el control. Les informaron que habían ubicado un crematorio clandestino y que cuando hicieron el cateo también encontraron una bolsa con restos de 2014. Los funcionarios no supieron explicar cómo llegó ahí. Uno de los padres cuestionó con dureza “hemos estado buscando a nuestros hijos por más de 11 años y ahora resulta que encontraron una bolsa con restos de aquel año. ¿Cómo les vamos a creer? Si antes en este lugar no estaba la funeraria. Antes aquí no había nada, los mismos mapas señalan que era un terreno baldío, ¿cómo nos van a decir que esa bolsa es auténtica? Antes necesitamos que la revisen nuestros expertos, las compañeras del equipo argentino, para saber de qué se trata”.
Algunos padres recordaron que en este lugar no había ninguna funeraria. Un hermano del joven Jhosivan Guerrero de a Cruz, uno de los tres normalistas identificados, relató los recorridos que realizó en varias colonias de Iguala y testificó cómo fue que caminó en varias ocasiones por estos parajes. “Antes no había nada en este lugar, por eso no confiamos en lo que nos dicen, porque ahora ya hablan de una bolsa con restos, sin que nos digan cómo los obtuvieron y quiénes fueron los que identificaron”.
Se sabe que la funeraria Ángel, cuya propietaria es la misma familia Rueda, tenía sus instalaciones cerca de una escuela, sin embargo, desde hace varios años tuvieron que cambiarla porque llegaba el olor a las niñas y niños. Por eso ahora la reubicaron como funeraria Rueda donde actualmente está el Semefo, a unos metros de la gasolinera.
La reunión se realizó en un espacio que sirve de estacionamiento de la funeraria. Las fachadas estaban remodeladas y en partes en obra negra. Las carrozas, rotuladas con “SEMEFO” permanecían en desuso, seguramente porque desde octubre de 2025 el inmueble fue asegurado. Los padres y madres escucharon con extrañeza la información que tanto el fiscal Pasarán como el subsecretario Arturo Medina les relataban. Los rostros de incredulidad eran muy evidentes, porque el relato no tenía lógica y tampoco se sostenía. Fueron pasajes que ya se abordaron en los informes del GIEI y que los familiares recorrieron en varias ocasiones por estos lugares y otros más.
Fue una reunión muy tensa, no solo porque el lugar no era el adecuado, sino porque la información era muy endeble. Aún así las autoridades invitaron a las madres y padres a recorrer el lugar para que vieran el estado en que se encuentran los crematorios, para que vieran las bolsas con cuerpos dentro de las cámaras frías y para que conocieran el crematorio clandestino que no aparece registrado en el mismo Semefo que maneja la familia Rueda.
En el recorrido las autoridades informaron los cambios que tuvieron las instalaciones de la funeraria desde 2014 hasta 2025. Lo más grave es que encontraron muchas irregularidades vinculadas con el Semefo. Con estas calamidades es increíble constatar el trato que les dan a las personas fallecidas. Son instituciones para delinquir, negocios redondos que florecen al amparo del poder. Funcionan como franquicias que establecen alianzas con grupos de la delincuencia para hacer que funcione la maquinaria de la muerte. ¿Qué garantías puede tener un familiar que quiere cremar a un ser querido con este tipo funerarias, que tiene crematorio clandestino y que tiene en sus cámaras a varios cuerpos abandonados?
Hasta después de 11 años se han dado cuenta las autoridades federales (porque las locales lo consentían) cómo funcionaban estas funerarias y en manos de quién estaba el Semefo. Cuántos crímenes se cometieron en este lugar, máxime que la gente del lugar comenta que había un camino de terracería donde entraban camionetas a tirar lo cuerpos en la barranca que colinda con la funeraria.
En este recorrido los familiares encontraron ropa, cuerpos que llevan años sin que se puedan entregar a sus familiares. Lo insólito fueron los crematorios en un estado sumamente desquiciante y un Semefo dado al traste como pasa con la mayoría de ellos en el estado. Funcionando de manera irregular, prestándose a negocios truculentos, trabajando para la delincuencia y haciendo más cruento el dolor de las personas que son víctimas de la violencia.
Los familiares nuevamente manifestaron su enojo porque los llamaron para darles noticias sin sustento. Esto mismo pasó hace varios meses cuando la Covaj los invitó a Iguala para que se les informara de las búsquedas que estaban haciendo en el rancho de el Gil. Al final no hubo algún hallazgo, más bien, se sintieron maltratados y ofendidos porque juegan con su dolor y su pena. Esta visita no solo los obligó a dar la vuelta desde sus comunidades, sino que además les siembran más dudas y desconcierto. Porque están regresando las autoridades a la línea de Peña Nieto, de que los 43 normalistas fue un asunto de la delincuencia local con la participación de policías y autoridades municipales. Una madre con mucha razón decía: “Tenemos experiencia de los engaños del gobierno”, y por eso las autoridades tienen la obligación de explicarnos cómo es que permaneció la bolsa de restos durante más de 11 años y cómo fue que la encontraron. Si no lo aclaran quiere decir que también están diciendo mentiras.
Con la reunión, aparte del coraje la situación se enreda más con las autoridades porque los padres y madres ven que no priorizan las líneas de investigación que las familias y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideran claves.
Reclamaron que a pesar de que un juez ordenó que el Ejército entregue los 856 folios, no se ha atendido esa orden. Han dejado las líneas de investigación que las madres han insistido. Es necesario jalar todos los hilos, pero el hilo más grueso que es el Ejército, no lo han tocado.
“¿Cuándo van a hacer lo del GIEI? ¿Cuándo van a empezar con los folios? En 11 años que pasaron ya, ¿no creen que alguien en su momento haya limpiado?”, reclamó don Mario, padre de César Manuel González Hernández. El hermano de Joshivani reiteró “lo buscábamos en vida”, pero en el peor de los escenarios no vamos aceptar pequeños restos, sino “el cuerpo completo”. Ese es mi reclamo.
Las madres y padres con el deseo de tener más indicios sobre el paradero de sus hijos aceptaron hacer el recorrido de la funeraria y del Semefo. “Todo huele a muerto”, decían. Los cuerpos apilados, ropa ensangrentada. Espacios marcados con cinta amarilla. Bajaron unas escaleras donde la tierra tenía rastros de que habían quemado un colchón. En ese lugar las autoridades, los peritos y investigadores encontraron una prótesis y otros objetos.
Vieron un pozo bajo sospecha con varios puntos. En un filo pequeño permanecía el horno clandestino con el piso supuestamente con “grasa” propia de cuerpos humanos. A unos metros los peritos escarbaban la tierra y con cribadora meticulosamente revisaban si había algún indicio. A pesar del ambiente lúgubre no se puede decir o asegurar que haya algo objetivamente que lleve al paradero de los normalistas desaparecidos.
Las madres y padres se fueron desilusionados y enojados, porque notan que a las autoridades no les interesa su dolor y sufrimiento. Lo que quieren es quedar bien con la Presidenta, de presentarle resultados, de hacerle creer que se va avanzando en la investigación. Las autoridades están muy lejos de que se solidaricen y sientan en lo más hondo de su corazón lo que las madres y padres sufren. No hay empatía, más bien prevalece una relación ríspida dominada por un clima de desconfianza.
Lo más duro para las madres y padres es que con estos intentos que hace la Fiscalía, es una mala señal, porque quieren encontrar algún resto en la funeraria. Ya les enseñaron una bolsa con restos del 2014. Aunque nadie sabe quién la llevó, falta saber de quién son. La experiencia del basurero de Cocula les ha enseñado que ya no pueden confiar en el gobierno, que solo depositarán su confianza en personas expertas, para no repetir más el relato falaz de la verdad histórica

El jueves 2 de abril el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, en vista de que ha recibido indicios fundados de que en México se ha cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Tomando como referencia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el CED fundó su petición manifestando que ha recibido información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio del Estado Mexicano, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, determinó llevar la cuestión, con carta de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del secretario general.
El documento presentado por el CED fue rechazado y calificado de tendencioso y falto de rigor jurídico por parte de las autoridades mexicanas, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Subrayan que no toma en cuenta los avances que se han alcanzado desde 2018 y además el CED excede su mandato al ampliar indebidamente el alcance de la desaparición forzada. “El Gobierno Mexicano no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. El marco utilizado por el Comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”. A este diferendo se sumó la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario de Piedra que arremetió contra las organizaciones civiles por manejar información tendenciosa y manipulada. Su postura está lejos de representar a las víctimas al erigirse en vocera de la 4T. Para la presidenta las desapariciones “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”.
Por su parte, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González, destacó que le decisión del CED es una oportunidad porque “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación a fin de consolidar una política integral de Estado… y romper con los círculos de colusión, impunidad y desprotección”. Este domingo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en una postura contraria de la presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, descalificó el documento del CED y manifestó su respaldo firme a la postura de la Presidenta Claudia Sheibaum que rechazó y descalificó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Lo consideró como un uso político para atacar al gobierno de México.
En su informe el Comité contra la Desaparición Forzada reconoce y acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado Mexicano al grado que ha remitido el marco jurídico e institucional mexicano como ejemplo positivo para otros Estados. No obstante, el Comité también ha tenido que subrayar que estos esfuerzos han resultado insuficientes e ineficaces, y que no han permitido contrarrestar las tendencias continuas, como el aumento constante del número de personas desaparecidas; la falta de avances efectivos en la búsqueda y la investigación de la mayoría de los casos denunciados; el ocultamiento de la información; la impunidad casi absoluta de los perpetradores; la alarmante crisis forense y la falta de apoyo a los familiares que luchan a diario para buscar a sus seres queridos.
La impunidad que rodea a la desaparición forzada es avasalladora. En su informe, el Comité hace notar que, hasta 2021, solo entre el 2 % y el 6 % de los casos de desaparición han sido judicializados, mientras que solo se habían dictado 36 sentencias por desaparición forzada de personas. Esto trae a la mente el caso de Arnulfo Cerón, en donde se obtuvo una sentencia de primera instancia. Aunque la pena ha sido controversial, es indudable que representa un caso que puede ofrecer una guía para el combate contra la impunidad.
El CED ha reafirmado que el Estado es responsable por la desaparición forzada de personas incluso cuando esta sea cometida por grupos delincuenciales o empresas privadas. Esto es importante dada la situación de macrocriminalidad que existe en Guerrero, en donde la lucha entre facciones de los cárteles y el contubernio entre el crimen organizado, las empresas y los gobiernos suelen difuminar las responsabilidades que tienen cada uno de estos actores. Más allá de delimitar el grado preciso de participación de cada uno de ellos, lo cierto es que el Estado debe no solo abstenerse de que sus agentes desaparezcan personas, sino también evitar que agentes privados lo hagan. Es por esto que la defensa gubernamental de que la desaparición forzada es una especie de fenómeno entre particulares —generalmente entre grupos criminales— y que por eso no hay responsabilidad estatal no es satisfactoria bajo el derecho internacional de los derechos humanos.
De igual manera, el CED ha reconocido que en muchas ocasiones el impulso de la investigación recae sobre la familia de la persona desaparecida, lo que quiere decir que el Estado está incumpliendo con su obligación de buscar a las personas desaparecidas. Además, existe una seria falta de capacidad financiera y de personal para realizar las investigaciones y diligencias necesarias para localizar a las víctimas.
El CED concluyó que actores no estatales pueden cometer crímenes de lesa humanidad incluso cuando lo hagan sin la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Esto abre la puerta a considerar que, en Guerrero —así como en casi todo el país—, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, más allá de si el Estado participa, apoya o tolera las desapariciones forzadas. Más aún, sabemos que en Guerrero participan —de alguna forma u otra— elementos del Estado en la desaparición de personas, por lo que esta conclusión solo se ve reforzada.
El CED reconoce que existieron desapariciones forzadas durante la segunda mitad del siglo XX —es decir, durante la Guerra Sucia— como un medio de represión política, aunque es enfático en señalar que la crisis —por lo menos en términos numéricos— se da a partir del 2006 con el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico de Felipe Calderón. Para ello, hace notar que, a 2021, el 98 % de las desapariciones se dieron durante el periodo de 2006-2021.
Aunque el CED concede que no hay indicios para suponer que existe una política federal que promueva las desapariciones forzadas, sí señala que hay indicios fundados de que estas se han dado en el marco de ataques a lo largo del tiempo y del territorio nacional, de conformidad con una política estatal ejecutada por “organizaciones” —es decir, grupos delincuenciales— actuando de forma autónoma o, por lo menos, con la aquiescencia de servidores públicos de todos los niveles.
El Comité encuentra que el fenómeno es generalizado por la tendencia al alza de las desapariciones y el descubrimiento de fosas clandestinas y sistemático porque se realiza con base en patrones de conducta bien establecidos. Para el Comité las desapariciones forzadas son un fenómeno sistemático y generalizado en México, y que esto solo es posible con cierto grado de participación del Estado.
El informe del CED tendrá un peso muy importante durante los próximos meses y años. Esto, ya que el comité es una institución con legitimidad a nivel internacional dada su independencia y especialización técnica. Además, muchos de los Estados y órganos de la ONU serán deferentes hacia el criterio del CED debido a que este comité ha tenido, durante años, un acceso privilegiado y balanceado al contexto mexicano. Ha escuchado al Estado, a las organizaciones no gubernamentales, víctimas y colectivos, por lo que existe confianza en que su decisión se da en un marco de equilibrio entre los distintos actores que han aportado información y argumentos
Es importante aclarar que el procedimiento previsto por el artículo 34 no es condenatorio. Esto, porque pareciera que la reacción del Estado mexicano surge de la —errónea— creencia de que el CED está buscando señalar culpables, cuando esto no es así. El procedimiento al que se ha dado paso implica reconocer que la situación de las desapariciones forzadas se ha salido de las manos del Estado examinado y que resulta conveniente —para el Estado, las víctimas, la población y la comunidad internacional— buscar una forma de dar a conocer el asunto a nivel internacional.
Pero eso no es todo, ya que el CED recomendó explícitamente que el asunto sea tratado por la Asamblea General para buscar formas de que los Estados cooperen —técnica y financieramente— con México para atender la crisis. Se busca desvirtuar este informe porque las autoridades mexicanas consideran que es una forma de obstruir y opacar todos los esfuerzos que se han logrado, que en su mayoría se debe a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, es más bien una gran oportunidad para que la comunidad internacional asista a nuestro país en la atención de problemas que no hemos podido resolver, como las capacidades de investigación penal, de búsqueda de personas y la misma crisis forense.
El Comité pone a consideración de la Asamblea General de la ONU la necesidad de brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. También, de establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar la asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan. Estaremos en espera de lo que determine la Asamblea General de la ONU.

A más de 11 meses del asesinato de Marco Antonio Suástegui
exigimos la detención inmediata del autor material.
Demandamos investigación pronta y castigo ejemplar
a los autores materiales e intelectuales
del asesinato de Bartolo Casarrubias de los Santos
regidor de Xalpatláhuac

Con este título presentamos el pasado martes 24 nuestro 31 informe de actividades correspondiente al 2025. En esta entrega retomamos los interesantes comentarios que planteó la directora ejecutiva de Oxfam México, Alexandra Hass, sobre cómo se expresa con toda su crudeza la desigualdad social en la Montaña de Guerrero.
Se vive un momento de cambio sistémico sin precedente. La riqueza se transfiere masivamente a pocas manos, el autoritarismo crece, la violencia se normaliza y la crisis climática avanza, golpeando desproporcionadamente a quienes menos tienen. Las instituciones multilaterales atraviesan una crisis de recursos tan seria que su labor se ve amenazada, mientras observamos múltiples ataques a la paz y la seguridad internacionales.
Hay una crisis de gobernanza global, México es un ejemplo muy concreto. Según el informe de Oxfam México Oligarquía o Democracia, 22 personas concentran una fortuna equivalente al PIB de Jalisco y Guanajuato combinados, mientras que el 50% más pobre de la población aporta proporcionalmente más en impuestos que el 1% más rico.
En un escenario de bajo crecimiento económico, mala recaudación y una economía dependiente de un vecino que amenaza con desmantelar el tratado del que dependemos, hay que prestar atención a qué políticas se están planteando: El camino de perpetuar las desigualdades, mantener el extractivismo laboral y natural como estrategia de atracción de inversión, asumiendo que más inversión equivale automáticamente a más bienestar sin cuestionar su calidad y sus efectos a largo plazo, o el camino de repensar la política económica poniendo en el centro a las poblaciones más pobre.
La desigualdad no es un accidente, la desigualdad es por diseño. Guerrero es el segundo estado con mayor pobreza multidimensional del país, con el 58.1% de su población en esa condición, y el segundo con mayor pobreza extrema. El 21.3% de sus habitantes vive en esa situación, una cifra que cuadruplica el promedio nacional de 5.3%. Junto con Chiapas, Veracruz y Oaxaca, Guerrero concentra el 54% de todas las personas en pobreza extrema en el país. En los municipios de la Montaña, esas cifras superan el 80%. Hablamos de comunidades donde la pobreza extrema no es la excepción, es la norma heredada de generación tras generación.
Pero los números más estremecedores no están en la pobreza de ingresos, sino en el acceso a los derechos. Guerrero tiene la segunda tasa de informalidad laboral más alta del país. Casi 8 de cada 10 personas que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguridad social, sin protección alguna. La carencia por acceso a seguridad social afecta a la gran mayoría de la población ocupada del Estado. Y los hogares guerrerenses destinan el 43.3% de su gasto en alimentación, la segunda proporción más alta del país.
Cuando no hay Estado que garantice derechos, el gasto de bolsillo llena el vacío que debería ocupar la política pública. Las y los jornaleros agrícolas de la Montaña lo ilustran con dolorosa claridad. El 79% de los jornaleros agrícolas en Guerrero viven en situación de pobreza. El 94% no tiene contrato laboral. El 88% carece de acceso a la seguridad social. Y el 43% gana por debajo del salario mínimo. De septiembre del 2023 a agosto del 2024, la Casa del Jornalero en Tlapa registró a 3 mil 879 niñas y niños de entre 3 y 15 años que salieron hacia los campos agrícolas del norte, muchos de ellos sin poder estudiar.
Son las personas que ponen los alimentos en la mesa, de todas las y los mexicanos, y el Estado las trata como si no existieran, eso no es informalidad laboral, eso es extractivismo laboral por diseño. Y esta es precisamente la contradicción política que no podemos ignorar. Un gobierno que se precie de atender prioritariamente a la gente que menos tiene no puede eludir la exigencia de una política robusta y sostenida de combate a la pobreza extrema. Esto no debe ser un eslogan, esto requiere de mandato operativo con recursos, presencia territorial y rendición de cuentas. Los datos de Guerrero son la prueba más contundente de que esa política todavía está pendiente. Nombrar la desigualdad por diseño es el primer paso para desmantelarlo.
Lo segundo es la complejidad o la contradicción que encontramos entre el fortalecimiento del Estado como garante de derechos y la percepción y la realidad de que el Estado es el perpetrador de muchas de las violaciones a los derechos.
Esto puede generar resistencia, especialmente entre quienes han vivido el abandono y el maltrato del Estado en carne propia. Oxfam, en su agenda de justicia fiscal, pide más y mejor recaudación, un Estado con mayor capacidad redistributiva, a veces es difícil de comprender porque cómo podemos pedirle a alguien que nunca ha experimentado un Estado que la proteja, que confíe en fortalecer a ese mismo Estado.
En la Montaña hay un Estado que funciona al revés, que fortalece a los fuertes y abandona a quienes viven violaciones a sus derechos. La excusa del crimen organizado, ha profundizado la militarización que las comunidades no viven como mayor seguridad, sino como otra capa de control. La pregunta entonces es si debe haber un Estado fuerte, ¿fuerte para quién y para qué? Y, sobre todo, qué contrapesos y espacios de participación garantizan que la soberanía recaiga en el pueblo y no en instituciones que actualmente no funcionan para la gente. Lo que pedimos, lo que exigen las comunidades de la Montaña, es un Estado garante de derechos, uno que nunca hemos tenido, pero que es la única respuesta posible. Porque sin Estado no hay quien redistribuya, no hay quien ponga las reglas del juego, no hay quien proteja a las personas más vulnerables frente al poder del crimen o del capital. La alternativa al Estado que no funciona no es la ausencia de Estado. Es un Estado diferente, construido desde abajo, con participación real y rendición de cuentas efectiva.

Más de 2.5 millones de personas cosechan frutas y verduras que consumimos en México y que se exportan al mundo. Estas personas son en su abrumadora mayoría mujeres y familias indígenas provenientes de Guerrero y otros estados del sur. La jornada excede las ocho horas, el salario cuando se paga en su totalidad apenas alcanza para sobrevivir, y la modalidad de trabajo a destajo permite al patrón desligarse de toda responsabilidad laboral. Lo que permite este sistema no es la ausencia de regulación, es la impunidad estructural frente a las empresas que se benefician de él.
En los campos agrícolas de exportación del norte del país, contratan a jornaleros a través de enganchadores precisamente para evadir cualquier responsabilidad en caso de accidentes o inconformidades laborales. La inspección laboral en el campo no es un mecanismo de cumplimiento. Entre 2006 y 2017, la Secretaría del Trabajo realizó más de 2 mil visitas de inspección y encontró 55 mil irregularidades, sin embargo, el 97.5% de las multas impuestas fueron revocadas, anuladas por tribunales o simplemente no cobradas. Las empresas agrícolas, muchas de ellas exportadoras certificadas con destino a cadenas de supermercados en Estados Unidos y en Europa, contratan a través de enganchadores y no se hacen cargo de la vivienda, de la alimentación y mucho menos de las prestaciones laborales de quienes viajan desde lejos para hacer producir los campos. Se calcula que uno de cada tres tomates cortados en Sinaloa es producto de esta subcontratación irregular. La cadena de valor que llega a las góndolas de los supermercados descansa sobre esa arquitectura de evasión. Las empresas conocen perfectamente las condiciones en que se cosecha lo que venden, eligen no cambiarlas porque les resulta rentable.
Para las mujeres esta precariedad tiene capas adicionales. El 91% de las trabajadoras agrícolas no cuenta con ninguna prestación laboral. El trabajo de cuidados, alimentar, bañar, acompañar a los hijos al surco porque no hay guardería ni escuela en el campo, se suma a la jornada sin reconocimiento ni pago. Las mujeres guerrerenses han compartido públicamente testimonios que lo dicen todo: hincarse en el lodo con nueve meses de embarazo para no perder el jornal, cargar a un bebé recién nacido mientras se cosecha porque no hay alternativa.
No son casos excepcionales, son la norma documentada por Tlachi, por las redes jornaleras y jornaleros, por la propia Alianza Campo Justo que nos une. Y cuando llegan a los hospitales, como el de la Madre y el Niño en Tlapa, enfrentan violencia obstétrica. Las presionan para ligarse las trompas o aceptar implantes anticonceptivos sin que nadie les explique en su lengua de qué se trata, sin consentimiento. Si denuncian el acceso a la justicia es un laberinto. El sistema no está roto, el sistema está diseñado para excluirlas. Una de estas mujeres, en un evento que tuvimos en la Alianza Campo Justo, dijo sin rodeos: dice la presidenta que es tiempo de mujeres. ¿Tiempo de qué? Dice que hay programas para mujeres, pero hasta los 60 años. Si me morí pronto y no llegué a los 60, ¿qué hay para mí? Esa pregunta no tiene respuesta en las políticas actuales y debería tenerla.
La exigencia entonces no puede dirigirse únicamente al Estado. Tiene que llegar con igual fuerza a las empresas que exportan tomates, pepinos y fresas al mercado norteamericano con sellos de certificación y discursos de responsabilidad social, mientras sus proveedores violan la ley de forma sistemática.
Exigimos que las empresas que se benefician del trabajo de las jornaleras de la Montaña de Guerrero garanticen contratos, seguridad social, vivienda digna y cero tolerancia a la violencia de género en sus cadenas de producción. Que lo que vende el supermercado no lleve trabajo forzado invisible a este precio.
Si miramos la economía como una política que debe crear riqueza para distribuirla correctamente, que no debe agotar los recursos ni contribuir al desplazamiento ni a la fractura del tejido social, podemos imaginar algo diferente. Una economía afincada en la proximidad, en la participación social y en la inversión pública donde más se necesita. Una economía social y solidaria como mecanismo de desarrollo comunitario culturalmente pertinente para pueblos y comunidades rurales, en lugar de seguir apostando únicamente a los capitales extranjeros.

En memoria de
Javier Balderas Castillo,
compañero de lucha.
Un gran defensor del territorio.

Este viernes 13 la maestra Verónica González González, familiar de Bonfilio Rubio Villegas, que fue ejecutado por el Ejército Mexicano en el 2009, dio su testimonio a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 195° periodo ordinario de sesiones en la ciudad de Guatemala. En esta audiencia estuvo presente una delegación del Estado mexicano presidida por el embajador ante la OEA Alejandro Encinas.
La modalidad adoptada en la audiencia consistió en llamar a declarar en primer lugar a la maestra Verónica, hablante de tu’un savi, para que rindiera su testimonio acerca de la ejecución de Bonfilio Rubio. Posteriormente se ofrecieron los alegatos por parte de la defensa de la víctima y en tercer lugar tuvo su participación la representación del Estado mexicano en voz del embajador Encinas. Cada parte pudo interrogar a la familiar de Bonfilio para ampliar o clarificar sus respuestas. La sesión cerró con la participación de las comisionadas y comisionados que realizaron algunas preguntas al Estado mexicano, a la representación de la víctima y a la maestra Verónica. Esta audiencia fue solicitada con anticipación para que la Comisión pudiera revisar y seleccionar los casos que se presentarían en este período de sesiones. Afortunadamente la Comisión tomó en cuenta la solicitud que enviamos el 25 de diciembre, en plena N avidad.
En términos generales valoramos que la audiencia fue buena sobre todo porque las comisionadas y comisionados mostraron mucho interés en la declaración de la maestra Verónica. Las preguntas que hicieron fueron claves porque nos dieron la pauta sobre la percepción que tienen del caso. Lo que quedó claro entre los asistentes es que las actuaciones de las autoridades mexicanas fueron deficientes porque en todo momento buscaron encubrir a los militares responsables.
Hubo detalles significativos después de la audiencia cuando varias comisionadas se acercaron para saludar, abrazar y felicitar a la maestra Verónica. Estaban impactadas por la fuerza de su testimonio. Algo que se comentó de manera recurrente fue la postura digna de la maestra: “Qué dignidad de mujer”, decían.
El Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad, sin embargo, su postura dejó mucho qué decir, porque al final de cuentas tratan de justificar las deplorables actuaciones de las autoridades civiles y militares que se confabularon para dejar en estado de indefensión a las víctimas. Por eso su planteamiento de llegar a un acuerdo de solución amistosa (ASA) quedó en al aire, porque falta definir muy bien los alcances de este acuerdo que implica entrar al fondo de los temas torales como el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Por eso como defensa plateamos que cualquier intento de diálogo debe pasar por reconocer las violaciones cometidas por el Ejército y el procesamiento a los responsables. Vimos también que el Estado no mostró interés en negociar, esperó hasta que les notificaron la audiencia, lo más grave fue que sus observaciones las hicieron en el último momento, violando los plazos de la Comisión.
En su declaración, Verónica González señaló que Bonfilio Rubio Villegas era un hombre indígena náhua de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa, Guerrero, trabajador, tranquilo y alegre, que apoyaba económicamente a sus padres y había construido su propia casa. Expuso que el 20 de junio de 2009, cuando viajaba en autobús rumbo a la Ciudad de México para posteriormente irse a trabajar a Estados Unidos, el vehículo fue interceptado en un retén militar en el crucero de Santa Cruz, antes de llegar a Huamutitlán. Tras una revisión a los pasajeros, los militares habrían intentado que el chofer dejara a uno de ellos, pero el conductor se negó. Cuando el autobús reanudó su marcha, a aproximadamente 100 metros comenzaron los disparos contra la unidad, aun cuando se trataba de un autobús de pasajeros. Ya cerca de Huamuxtitlán, la gente se dio cuenta de que Bonfilio había muerto a causa de los disparos.
La maestra originaria de Tlaxco, municipio de Xalpatláhuac, también relató que la familia no fue informada por las autoridades de lo ocurrido y que solo se enteró dos días después por un tercero. Al acudir a reclamar el cuerpo, primero se les negó información y posteriormente se les indicó que había sido trasladado a Chilpancingo. Expuso que el cuerpo fue entregado tarde, en malas condiciones y dentro de una bolsa sellada, por lo que la familia no pudo realizar las prácticas funerarias indígenas conforme a su costumbre, como vestirlo, verle el rostro por última vez y despedirlo conforme a su ritual. Señaló además que militares se acercaron a la familia para ofrecerles un cheque por 160 mil pesos a cambio de que aceptaran el ofrecimiento y dejaran el caso, pero su propuesta fue rechazada.
En cuanto al impacto del caso, Verónica insistió en que la pérdida destruyó a la familia y que nunca pudieron recuperarse. Indicó que José su esposo falleció el 21 de febrero de 2021 y que posteriormente murió el padre de Bonfilio, don Secundino Rubio, y que recientemente el 14 de febrero de 2026 falleció su madre, Margarita del Carmen. Denunció además que la familia no ha tenido acceso real a la investigación, porque permaneció en el fuero militar durante largo tiempo, y únicamente se procesó a un militar, quien posteriormente fue liberado.
Manifestó también que no tuvo contacto con las autoridades para efectos de la reparación del daño, hasta fechas muy recientes. Reiteró que lo único que la familia espera es justicia, sanción a los responsables, reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado y garantías de no repetición, especialmente respecto de los pueblos indígenas.
Por nuestra parte como defensa de las víctimas sostuvimos que el caso no constituye un hecho aislado, sino un ejemplo extremo de los efectos de la militarización de la seguridad pública y de la actuación de retenes militares sobre la población civil, particularmente en contextos indígenas como Guerrero. Señalamos que el caso evidencia la discriminación, el racismo y el aprovechamiento de las necesidades económicas de la familia. Así como negligencias y omisiones en la investigación. Subrayamos que el fuero militar impidió una investigación adecuada, que la declinación de competencia a favor de la jurisdicción militar fue contraria a la jurisprudencia interamericana, además de que no fue comunicado oportunamente a la familia.
Reiteramos que hubo deficiencias graves en la investigación, incluida la falta de esclarecimiento de cuál militar realizó el disparo, la ausencia de recuperación adecuada de evidencia y la exclusión de la familia del proceso. También argumentamos que los hechos constituyeron una ejecución extrajudicial y no un homicidio culposo, y que el uso de la fuerza no superó el test de finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad. También alegamos violación al derecho a la libre circulación por la instalación y operación del retén militar.
Por su parte el Estado mexicano planteó una propuesta de solución amistosa y formuló un reconocimiento parcial de responsabilidad. En términos generales, reconoció responsabilidad por la violación del derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas, por violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial de su familia derivadas de la tramitación del caso en la jurisdicción militar cuando debió ventilarse en el fuero civil, así como por afectaciones vinculadas al derecho a la libertad personal en relación con la detención de Fausto Saavedra. Sin embargo, mantuvo que dicho reconocimiento era parcial y no pleno, y propuso revisar en 30 días las investigaciones para determinar qué personas podrían actualmente ser sujetas a investigación. También manifestó su disposición para discutir medidas de reparación integral, garantías de no repetición y una disculpa pública.
La Primera Vicepresidenta de la Comisión Andrea Pochak preguntó por el alcance de la solución amistosa, en particular si ésta podía incluir medidas de justicia, avances concretos en la investigación y sanción de los responsables, incluyendo no solo a los autores directos de la ejecución, sino también a quienes la permitieron y a quienes intentaron sobornar a la familia, así como medidas de no repetición relacionadas con el uso de fuerzas armadas, retenes y límites de la jurisdicción militar. También preguntó si el reconocimiento parcial de responsabilidad podía ampliarse.
La comisionada Gloria Monique de Mees pidió a la parte peticionaria que precisara qué medidas deberían adoptarse para reparar los daños. La comisionada Marion Bethel preguntó al Estado qué significaba exactamente la responsabilidad parcial y si ello incluía principios como los expuestos por la representación de las víctimas, además de medidas como de atención psicológica. La comisionada Rosa María Payá Acevedo pidió abundar sobre las medidas específicas que esperan que tome el Estado, la posibilidad de revisar la actuación de agentes y las garantías de no repetición. El comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana preguntó al Estado por su posición jurídica respecto de los recursos internos y a la parte peticionaria sobre su postura frente al ofrecimiento amistoso.
En respuesta, reconocimos el gesto del Estado, pero sostuvimos que, después de 17 años de desgaste emocional y económico, no existen condiciones para una solución amistosa en el corto plazo. Señalamos que cualquier diálogo tendría que partir de un reconocimiento total de responsabilidad, del reconocimiento activo de la actuación de las fuerzas militares, de una propuesta concreta de procesamiento y enjuiciamiento de los responsables y de la discusión de medidas de no repetición. En cuanto a la reparación, pedimos reparaciones individuales y comunitarias, medidas de salud, económicas y psicológicas, así como una medida estructural vinculada al reconocimiento y revisión de la situación de militarización, con criterios claros sobre el uso de la fuerza y la participación de las fuerzas armadas en temas de circulación y seguridad.
El Estado respondió que el reconocimiento formulado era parcial y no pleno, pues considera que la valoración sobre estándares de uso de la fuerza corresponde al análisis del caso. Señaló que los recursos judiciales están agotados, pero propuso revisar nuevamente el desarrollo del proceso y las investigaciones sobre los involucrados para identificar posibles sujetos de investigación. Finalmente, manifestó disposición para adoptar medidas de reparación integral a las víctimas, garantías de no repetición y una disculpa pública en los términos que requieran las víctimas. Esta audiencia mostró la casta de las mujeres indígenas de la Montaña que saben plantarse con argumentos ante las autoridades, el gran problema es que en nuestro país los gobernantes siguen sin atender los justos reclamos de los pueblos indígenas, le apuestan al olvido para que impere la impunidad.

El 28 de febrero de 2002 el subteniente Raquel Méndez recibió instrucciones de sus superiores para hacerse cargo de la base de operaciones del 41 Batallón de Infantería. Su encomienda era trasladarse con un pelotón militar como relevo a la base de operaciones “Ríos” en la comunidad me’phaa de Loma Macho, municipio de Acatepec.
El 22 de marzo de 2002 Raquel Méndez puso al frente del operativo al sargento Andrés Sosa Zepeta para realizar un recorrido en la zona con su pelotón de sanidad y de transmisiones que tenía la finalidad de reconocer, localizar y destruir vía terrestre enervantes, particularmente amapola. Los uniformados se esparcieron en la ladera de un cerro. Poco a poco se fueron acercando a la casa de madera y techo de lámina de Inés Fernández Ortega.
Llegaron empuñando las armas hasta el patio de la casa de adobe y piso de tierra. Inés se asomó de su cocina cuando escuchó el ladrido de los perros. Se atemorizó al ver que le apuntaban y le gritaban. Preguntaron por Fortunato su esposo y exigían que le explicara por qué tenía carne colgada en un tendedero de mecate. Inés guardó silencio porque el castellano no es su idioma materno. Los militares se robaron la carne y se metieron a su cocina, donde estaba con sus niños. El militar Salvador Aguilar Otañez la jaló de las manos y apuntándole con su arma la tiró al suelo para inmovilizarla. La rodearon y el soldado Hugo Humberto García de León participó directamente.
Le infligieron tortura sexual como lo acreditó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que consideró que una violación puede constituir tortura por la intencionalidad con que se comete, por la severidad del sufrimiento que le causan a la víctima y la finalidad con la que se produce el acto. Por ello la CoIDH concluyó que la violación sexual implicó una violación a la integridad personal de la señora Inés Fernández Ortega como la define la Convención Americana en su artículo quinto.
El subteniente Raquel Méndez y el sargento de infantería Andrés Sosa observaron la agresión sexual contra Inés y no impidieron que soldados bajo su mando ingresaran al domicilio de la víctima. Estuvieron en condiciones de evitar la agresión sexual contra Inés Fernández, así como brindarle protección reportando los hechos a los superiores jerárquicos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró y documentó que el “Estado Mexicano mantuvo el caso de Inés Fernández en el fuero militar incompetente, que realizó investigación deficiente, generó obstáculos sistemáticos para el acceso a la justicia, y perpetuó impunidad estructural durante el período que comprendió los años dos mil dos a dos mil diez.”
El camino de la justicia mexicana ha sido largo y difícil para Inés, sin embargó nunca bajó la guardia, se mantuvo firme en una lucha sin cuartel. Encaró y señaló a los militares para que fueran castigados ejemplarmente. Recientemente fueron detenidos Raquel Méndez en el mes de noviembre y Andrés Sosa el pasado mes de febrero. Ellos fueron cómplices de la agresión sexual que sufrió Inés y lo peor de todo es que los encubrieron y le apostaron a que el caso permaneciera en la impunidad. No fue un hecho fortuito, sino parte de una estrategia de contrainsurgencia de denigrar la dignidad de las mujeres, debilitar el tejido comunitario y generar terror entre la población.
Los militares continuaron con sus incursiones a las comunidades de Ayutla de los Libres para amedrentar a las autoridades locales y desalentar la lucha contra los estragos causados por la militarización. Inés emprendió una travesía que le ha costado el asesinato de su hermano Lorenzo, varias amenazas en su domicilio, descalificaciones públicas, descrédito a su palabra y acoso permanente a su familia. Los múltiples riesgos que ha enfrentado en una región insegura y violenta forjaron en Inés y su familia un temple de acero. Demostró a las jueces de la Corte Interamericana que su palabra en el idioma me pháá está cimentada en la verdad, que su testimonio pasó todas las impugnaciones y descalificaciones de la burocracia gubernamental empeñada a encubrir las fechorías de los militares.
El 24 de marzo de 2002 Inés se presentó en el Ministerio Público del fuero común para interponer la denuncia contra los militares. Con mucho esfuerzo habló de lo que le había pasado, pero los agentes del ministerio le dijeron: “no tenemos tiempo de recibir la denuncia”. Por ser mujer y hablar una lengua indígena la discriminaron. No creyeron en su palabra. Lo peor de todo es que las autoridades impusieron su visión clasista para dejarla en estado de indefensión. Tuvo que intervenir la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero para que le tomaran su declaración, pero no realizaron la certificación médica legal ginecológica de las lesiones porque no había personal médico.
Fue canalizada al Hospital General de Ayutla y el 4 de abril las autoridades de salud informaron al Ministerio Público que no pudieron tomarle las muestras a Inés por no contar con reactivos disponibles para los estudios solicitados. El 16 de agosto, el coordinador de química forense de la Procuraduría General de Justicia informó al Ministerio Público militar, (quien llevaba ilegalmente la investigación) que no tenían registro en el archivo biológico de las pruebas porque se habían terminado para los análisis que se realizaron.
Los obstáculos para la justicia de Inés fueron recurrentes. El Ejército mexicano concluyó que no había delito y que la víctima era una mentirosa. Sin posibilidades de acceder a la justicia, Inés acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado Mexicano. El 30 de agosto del 2010 la CoIDH dictó sentencia contra el Estado Mexicano y determinó que la víctima había sufrido tortura sexual y violencia institucional castrense. Emitió varias resoluciones judiciales entre ellas las reparaciones comunitarias, como la creación del Centro Comunitario conocido como la Casa de los Saberes, para atender a las mujeres indígenas que son víctimas de violencia.
En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, el 27 diciembre de 2013 fueron detenidos los militares Hugo Humberto García de León y Salvador Aguilar Otáñez por los delitos de tortura, violación, robo, abuso de autoridad y allanamiento de morada. Fueron recluidos en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México. El 31 de diciembre, el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal les dictó auto de formal prisión pero en la siguiente etapa judicial, el 18 de enero de 2016, se informó a la representación legal de Inés, que el militar Salvador Aguilar Otáñez había sido asesinado dentro de la prisión, sin explicar las causas.
El 23 de mayo del 2025 el Juzgado Sexto de Distrito de Acapulco libró orden de aprehensión contra Raquel Méndez Hernández y Andrés Sosa Zepeta, mandos militares que encubrieron a los militares que agredieron sexualmente a Inés. A las 9:20 de la noche del 29 de octubre fue detenido el subteniente Raquel Méndez, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el 77 Batallón de Infantería en Ciudad de Victoria, Tamaulipas. Al siguiente día fue trasladado al Campo Militar Número 1. Interpuso un amparo, pero no tuvo éxito. El 1 de noviembre se reservó el derecho de declarar, asistido por las abogadas Miriam, Esmeralda y Valente. Ofrecieron pruebas, pero sólo aceptaron la testimonial. El 5 de noviembre sus abogados realizaron sus alegatos, sin embargo, el 7 de noviembre le dictaron auto de formal prisión por el delito de tortura.
A diferencia del militar Raquel que estaba activo, Andrés Sosa Zepeta se dio de baja antes de ser detenido, el primero de febrero de 2026. Quedó a disposición del juzgado interno de la prisión militar en el campo militar número 1 a las 6 de la tarde. El 7 de febrero le dictaron formal prisión por el delito de tortura sexual contra Inés. No pudo acceder al beneficio de la libertad bajo caución porque es acusado por el delito de tortura, catalogado como grave en el Código Penal Federal.
Llevar tras las rejas a dos militares que iban al mando del pelotón cuando perpetraron la violación contra Inés es un paso muy importante para las víctimas de violencia sexual cometida por militares. Lo más valioso es la persistencia y reciedumbre de Inés Fernández que a pesar de los peligros, nunca ha claudicado, mucho menos se ha doblegado.
Desde lo alto de la Montaña sigue caminando los quebrados senderos para acompañar a las mujeres que sufren violencia y que llegan al Centro Comunitario de Ayutla. Nuevamente tendrá que trasladarse a Acapulco para carearse con los perpetradores y seguir el juicio hasta que les dicten sentencia. Espera que el juez tome en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana y la sentencia que emitió un juez federal contra el militar Hugo Humberto García de León.
Inés nunca imaginó que la justicia llegaría por todos los obstáculos que enfrentó. A pesar de esa incertidumbre, nunca titubeó, más bien le puso un gran empeño. Siempre ha contado con el apoyo de Fortunato su esposo y ahora el acompañamiento de su hija Nohemí que es abogada, de Colosio que es ingeniero, Ana Luz psicóloga y Nélida maestra.
La lucha de Inés abrió nuevos senderos de justicia para que las mujeres me’ pháá y na savi de la Montaña sean respetadas por sus parejas y los señores de las comunidades y que los gobernantes sepan que la lucha de Inés no es en vano, que hay muchas mujeres que libran batallas contra la violencia machista y contra un sistema patriarcal que protege a violadores y denigra la honorabilidad de las mujeres.

En la madrugada de este domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco hirieron de muerte a Nemesio Oseguera, El Mencho, el líder criminal más buscado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México y por Estados Unidos. Con información complementaria del gobierno de Washington, El Mencho fue ubicado en plena sierra de Jalisco, a 150 kilómetros de la perla tapatía. Las fuerzas de seguridad llevaban la orden de detenerlo, pero como si se tratara de una zona de guerra se desató la balacera. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó la muerte de cuatro criminales y tres resultaron heridos de gravedad, entre ellos iba El Mencho. De acuerdo con información oficial, los heridos murieron cuando los trasladaban vía aérea a la Ciudad de México.
En la refriega tres efectivos de las fuerzas armadas resultaron heridos y trasladados a la capital del país. Los militares detuvieron a dos miembros del CJNG, les aseguraron armamento, vehículos blindados y lanza cohetes con capacidad de derribar aeronaves y destruir carros blindados.
En el comunicado de la Sedena se lee que “con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben “N” (a) Mencho”.
En el “marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, dice el comunicado de la Sedena: https://bit.ly/4qPstrK). La DEA ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por informes de la ubicación de Oseguera, sin embargo, por varios años se pudo ocultar de la justicia mexicana y estadunidense.
Antes del amanecer de ayer las balaceras se intensificaron en Jalisco. Poco a poco fueron apareciendo tiendas y vehículos incendiados, y bloqueos carrete-ros. Las columnas de humo negro se veían a lo lejos. Las alarmas de los carros no dejaban de sonar. Las calles estaban desiertas por el temor a las balaceras: “Res-guárdense y pónganse a salvo”, anunciaba la Guardia Nacional. A pesar del miedo algunas personas grabaron con sus celulares, otros corrían para cubrirse de las balas.
Las llamaradas de la violencia crecían. A las 11 de la mañana había escalado y se habían expandido a los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas y Quintana Roo. También en Morelos, Estado de México, Tabasco, Coahuila, Nayarit, Puebla, Campeche, Yucatán e Hidalgo.
En el municipio de Mazatepec, Morelos, las autoridades confirmaron dos vehículos siniestrados y un ataque a balazos contra un banco del Bienestar. En Hidalgo se reportaron 18 quemas de vehículos. En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno llamó a la calma y señaló que estaban trabajando para proteger a las ciudadanas y ciudadanos. Chiapas reforzó la vigilancia con Veracrúz y Oaxaca. Guatemala hizo lo mismo.
En el Estado de México se reportó el incendio de una sucursal del Banco de Bienestar. Más de una decena de detenidos en Guanajuato por los incendios a vehículos, tiendas y bloqueos. En Tabasco se replicó la quema de vehículos. En Jalisco fueron detenidos 25; 11 por actos violentos y 14 por rapiña. En Coahuila los operativos de blindaje fueron extraordinarios.
En el centro de Guadalajara se suscitaron varias balaceras. En el aeropuerto se dio una persecución. En Puerto Vallarta se suspendieron los vuelos internacionales y la mayoría de vuelos nacionales. Hubo bloqueos en las calles, enfrentamientos armados y varias columnas de humo negro se elevaban por varios metros. En Reynosa, Tamaulipas hubo bloqueos, quema de vehículo y de llantas que se extendieron a Miguel Alemán. Se registraron despojos de autos, camionetas y hasta vehículos de carga. El pánico invadió a la población. El tráfico estaba al tope. Bloqueos en el libramiento Reynosa-Monterrey, a la altura de la colonia Cumbres, en la carretera Matamoros-Reynosa, en el sector Las Urracas, colonia Anzaldúas. En el bulevar Miguel Hidalgo y Costilla, a la altura de Oriente Dos, Valle Alto y Vista Hermosa. carretera a Río Bravo, a la altura de la colonia Aeropuerto.
Fueron 21 estados que vivieron la ola de violencia y que estuvieron en alerta roja por los disturbios que se multiplicaron. En Guerrero en tres municipios hubo carros incendiados y bloqueos. En Acapulco, el transporte público fue suspendido por las acciones violentas que se dieron. Las principales rutas afectadas fueron Hospital-Retorno, el Acabús y la ruta de la zona poniente ante el caos vial y los vehículos incendiados.

Un camión de la ruta Hospital-Sector 6, fue quemado después de las 9:50 de la mañana, cerca del retorno trébol de la colonia Las Cruces, a unos metros del retén de la Guardia Nacional. Acudieron bomberos a sofocar las llamas, mientras elementos de la Guardia Nacional colocaban una cinta amarilla, ocasionando un congestionamiento vial. Más tarde se reportó el incendio de un tráiler que se encontraba atravesado en la carretera federal hacia México, cerca de la caseta de La Venta, frente a las instalaciones de la Guardia Nacional sector caminos. De acuerdo con los reportes, hombres armados bajaron al chofer, rociaron la unidad con gasolina y le prendieron fuego. Los bomberos municipales llegaron para sofocar el fuego.
Los hechos violentos continuaron en el puerto con la quema de una camioneta de pasajeros en el bulevar Vicente Guerrero y una Urvan en el fraccionamiento Mozimba. En la colonia Emiliano Zapata la comandancia de la Policía Ministerial fue atacada a balazos por personas armadas a bordo de motocicletas. El resultado fue un elemento de la Guardia Nacional y un civil heridos.
En la plataforma Aliado by Aleph se observan a través de un mapa de riesgos en tiempo real, alertas catalogadas como “situaciones de riesgo” en Acapulco, con la etiqueta “ataque armado” y “narco bloqueo con quema de unidades”. En medios de comunicación se pudo corroborar la información de la mayoría de alertas.
Cientos de transeúntes acapulqueños quedaron varados por la paralización del transporte público por las acciones violentas. Algunas empresas de transporte foráneo como Estrella Blanca emitieron comunicados informando la suspensión temporal del servicio por el cierre total de carreteras; se cancelaron y retrasaron vuelos desde el aeropuerto de Acapulco hacia Guadalajara por la confrontación armada con la gente de El Mencho. Las escuelas del municipio costero también suspendieron clases por la incertidumbre y el miedo que se respira en las calles. Hay el temor de que en cualquier momento ocurran hechos violentos.
En la Costa Grande de Guerrero se reportó la quema de vehículos. En la localidad de Pantla, Zihuatanejo un camión de una empresa de paquetería del Estado de México fue interceptado por un grupo de hombres armados que obligaron al chofer a bajar de la unidad para prenderle fuego. Bomberos, elementos de la Marina y la Guardia Nacional acudieron a sofocar el incendio. Más tarde recibieron el reporte de otros vehículos incendiados en la colonia Nuevo Amanecer y La Noria, a un costado del bulevar Paseo de Zihuatanejo.
Al mismo tiempo, dos camionetas del transporte público y un carro particular fueron calcinados en la carretera Zihuatanejo-Lázaro-Cárdenas, cerca de Lagunillas y San Jerónimo. En otro momento varios hombres trataron de incendiar otra Urvan de la ruta del Aeropuerto, frente a la tienda Chedraui. Dos horas más tarde en la calle Palmas ubicada en el centro de la ciudad un automóvil fue incendiado, pero la situación fue atendida por los bomberos, con el apoyo de la Marina, el Ejército, Policía Estatal, Policía Municipal y Guardia Nacional. A las 6 de la tarde se reportó otro vehículo en llamas afuera del mercado de La Noria, donde vecinos ayudaron a apagar el fuego hasta que llegaron las autoridades.
Por la situación de violencia, las clases fueron suspendidas tanto en Zihuatanejo como en Ixtapa. El temor se extendió entre la población y muchos comercios decidieron dejar de laborar ante el riesgo de que continuaran las acciones vandálicas. Cristian, alias El Piter, operador del Cártel Independiente de Acapulco (Cida) y del CJNG, fue detenido por las autoridades estatales y federales presuntamente por participar en los incendios de vehículos y por el ataque armado contra las instalaciones del Ministerio Público de la colonia Zapata de Acapulco.
Este clima de violencia se mantiene al alza en la Montaña, en lo poco que va del 2026. El primero de enero un joven fue asesinado a balazos por policías municipales en Copanatoyac; el martes 13, una mujer de 30 años fue víctima de feminicidio en Olinalá luego de que hombres armados le dispararan en repetidas ocasiones, y el 30 de enero fue encontrado sin vida un vendedor de carne que había sido privado de la libertad dos días antes en San Cristobalito, municipio de Cochoapa el Grande.
El 13 de febrero un joven de 24 años fue asesinado a balazos en la cabecera municipal de Olinalá cuando conducía una motocicleta que ocupaba para dar servicio a domicilio. El martes 17 se reportó una emboscada en la carretera Tlapa-Marquelia, en el crucero de Tototepec, municipio de Tlapa, donde dos personas perdieron la vida y una más resultó herida. El hecho de violencia que indignó a la población ocurrió este sábado 21 en la gasolinera de Atlamajac, municipio de Tlapa, cuando bala-cearon a quema ropa al líder transportista, Juan Manuel Gómez Sánchez, quien un día antes había impedido con el apoyo de camio-netas mixtas, que una grúa del ayuntamiento tratara de remolcar una de las unidades de su gremio.
En la noche de este domingo el gabinete de seguridad del Gobierno de México reportó 252 narcobloqueos en vialidades de 20 estados del país, además de incendios de vehículos y ataques a gasolineras y comercios. La alerta roja está encendida en la mayoría de los estados de la república, saben que puede haber una reacción virulenta de las organizaciones criminales vinculadas con el CJNG. El temor crece entre la población que se siente inerme, y desamparada. La preocupación mayor es que la violencia se incremente y que sean las armas las que impongan el orden a sangre y fuego. El terror no puede normalizarse en nuestra sociedad ni el miedo debe instalarse en nuestras vidas. El gran desafío es avanzar a una seguridad humana centrada en el cuidado de las personas, en la protección de las personas y la garantía de sus derechos. En nuestra entidad tiene que darse una lucha frontal contra la impunidad y la corrupción que se ha instalado en las instituciones del estado, donde se encuentra la fuente de todos los males.