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Gobiernos acorazados por la mentira

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Hoy se cumple un año y un mes de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Han transcurrido 13 meses sin que el gobierno haya proporcionado información veraz sobre su paradero. Las investigaciones que ha realizado tienen como característica principal el ocultamiento de la verdad y el encubrimiento de los responsables. No hay duda que desde las más altas esferas del poder se urdió la verdad histórica. Fraguaron toda la escena del crimen en el basurero de Cocula. Los expertos en fabricación de pruebas y en la práctica de la tortura se encargaron de someter a los autores materiales para cuadrar todas sus declaraciones. Con el fin perverso de darle mayor crédito a sus testimonios videograbaron la reconstrucción de los hechos y mostraron sus rostros (con visibles huellas de tortura), con tal de vender a la opinión pública una versión creíble sobre la detención, traslado y supuesta incineración de los 43 estudiantes.
La verdad impuesta por el régimen expresa una decisión de Estado que obliga a todos sus súbditos a propalar y defender a ultranza esta versión. Se utilizan los medios masivos de comunicación como los principales portavoces de la verdad oficial. Al mismo tiempo se despliega una campaña de desprestigio contra las organizaciones sociales que apoyan la lucha de los padres y madres de familia y contra sus representantes legales. Buscan la manera de inmiscuirse en la vida privada de las víctimas para socavar su organización y alentar la división. Aprovechan cualquier comentario de los padres y madres que puede utilizarse como un catalizador que ayude a desviar la atención sobre los temas cruciales de la investigación y la búsqueda de los 43 estudiantes.
A pesar de que en esa noche trágica todas las autoridades sabían lo que estaba sucediendo, nadie intervino para impedir esta barbarie. Más bien su insolencia los hizo cómplices de la acción delincuencial perpetrada por los policías municipales de Iguala. Mostraron su talante pérfido y de malvivientes al ser cómplices de los delincuentes que tuvieron permiso para atentar contra la vida y la integridad física de los jóvenes estudiantes. El C-4 dio cuenta paso a paso de cómo todas las corporaciones policiacas y el mismo Ejército se posicionaban en torno a los hechos cruentos.
A la distancia de un año constatamos que todos mintieron y que cada actor gubernamental armó su propia versión de los hechos con tal de ponerse a salvo. Todos sin ningún rubor criminalizaron a los estudiantes, se alinearon a la versión oficial de que los normalistas de Ayotzinapa son vándalos. Les endilgaron acciones propias de los delincuentes y los ubicaron como miembros del crimen organizado. Imperó la versión de que los estudiantes eran parte de un grupo de la delincuencia organizada y que algunos de sus compañeros eran líderes por el simple hecho de identificarlos con apodos.
Las mismas autoridades ensayaron como primera versión de que los asesinatos y desapariciones de los estudiantes respondían a un patrón delincuencial relacionado con el ajuste de cuentas o con las disputas por las plazas. Filtraron información a los medios para mostrar el perfil delincuencial de algunos estudiantes. Con pleno conocimiento de causa catalogaban las protestas de los estudiantes como acciones vandálicas. Siempre trataron de vender la idea de que atrás de los estudiantes existen otros grupos que tienen intereses oscuros y que los utilizaron para fines aviesos. La teoría de la conspiración no les funcionó a pesar de tantos medios y plumas serviles. Este intento fallido los obligó a preparar una versión que se ajustara al ambiente delincuencial que predomina en la región de Iguala. La finalidad era circunscribirlo al ámbito municipal y concentrar todas las baterías contra la autoridad local. Se echó mano de los grupos delincuenciales que están en disputa por la plaza y se armó todo el entramado legal para poner en primer plano al crimen organizado y al eslabón gubernamental más endeble y sacrificable, como fue la policía municipal de Iguala. Se diseccionaron los hechos para poner a salvo a las autoridades estatales y federales, así como a los policías del estado, los federales y al mismo Ejército.
Más que escudriñar la verdad lo que le importó a la autoridad fue poner a salvo a todos los actores gubernamentales, que de diferente modo están inmiscuidos en estos hechos y cuya responsabilidad trastoca los intereses de las cúpulas del poder político. La mentira se erigió como el recurso más efectivo para proteger a los gobernantes que están coludidos con el crimen organizado. El mismo presidente de la República se encargó de oficializar la verdad histórica y a la Secretaría de Relaciones Exteriores se le instruyó intensificar una campaña internacional para convencer a los demás gobiernos de que la tragedia de Iguala fue un hecho aislado cuyos responsables se circunscriben al ámbito municipal.
La mentira del régimen no prosperó, pudo más la palabra sencilla y sincera de los padres y madres de familia, quienes con su propia experiencia en el campo, consideraron inverosímil la versión de que sus hijos fueron incinerados al aire libre. La razón se las dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes apoyados en el dictamen de José Torero, uno de los especialistas en fuego más prestigiados del mundo, concluyó que científicamente era imposible que los 43 estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.
Ante esta mentira histórica que todavía siguen defendiendo varios funcionarios de la PGR, como Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, los padres y madres de familia hicieron llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 156 período de sesiones realizada la semana pasada en Washington su postura: las próximas investigaciones que realice la PGR tienen que indagar el contexto de macrocriminalidad y corrupción política y debe de asumir la existencia de una práctica generalizada de desapariciones forzadas en la región de Iguala y zonas aledañas. No se pueden echar por la borda la localización de 104 cuerpos de personas desaparecidas en ese municipio.
No se puede encapsular el caso de Ayotzinapa como un problema exclusivamente municipal, más bien se tienen que investigar los circuitos de contubernio que a nivel estatal e incluso federal permiten la existencia de territorios en donde las autoridades políticas y policiales actúan para el beneficio del crimen organizado.
Es imprescindible investigar la participación de otras fuerzas de seguridad del orden estatal y federal, incluyendo al Ejército mexicano, pues de acuerdo con el informe del GIEI los sucesos del 26 de septiembre tuvieron un nivel importante de coordinación, en donde por acción u omisión participaron corporaciones de distintos órdenes de gobierno.
Se tiene que indagar si el objetivo del operativo policial fue impedir que los autobuses tomados por los estudiantes salieran de la ciudad de Iguala, dado que estos autobuses podrían estar vinculados con el tráfico trasnacional de drogas.
Es importante no perder tiempo en diligencias sobre cuestiones que ya quedaron esclarecidas en el Informe GIEI y que sólo expresan la persistente intención de estigmatizar a los estudiantes. Por ejemplo, las relacionadas con las causas por las que los normalistas llegaron a Iguala, mismas que ya el GIEI ha clarificado plenamente al mostrar que fue una decisión fortuita. Esto no sólo debió ser determinado desde el inicio de la indagatoria, sino que además al día de hoy no aportará absolutamente nada para dar con el paradero de los estudiantes.
Debe iniciarse una investigación respecto de aquellos funcionarios que por acciones u omisiones obstruyeron la investigación de los hechos.
Debe de concentrarse la evidencia física recabada a lo largo de este año, una vez que sea conformado el nuevo equipo de investigación. Se debe llevar un escrupuloso ejercicio de cadena de custodia para evitar la manipulación de evidencias.
Se tiene que asegurar el tratamiento legal y confidencial de la información y en particular se deben evitar filtraciones bajo intencionalidades políticas que violentan los derechos de las víctimas.
Estos planteamientos fueron leídos por la representación legal el pasado martes 20 de octubre, ante los comisionados y los miembros del GIEI. Por su parte el gobierno mexicano, para aquietar las aguas del malestar de las víctimas y reposicionar su imagen internacional, firmó en la víspera de la audiencia un acuerdo con 10 compromisos planteados por el GIEI, con el fin de dar un nuevo impulso a la investigación a partir de las recomendaciones de su informe preliminar y retomar la búsqueda, con el apoyo de toda la tecnología de punta que está a su alcance.
La lucha que ya escaló a escala internacional tiene el fin de revertir toda la cauda de mentiras y verdades a medias que las autoridades federales han propalado como parte de su estrategia. El gobierno ha tratado por distintos medios desactivar el gran movimiento de los padres y madres de familia que se han erigido como un gran referente moral nacional e internacional. Sin pretenderlo, su lucha es ahora contra un sistema político que ha privilegiado la mentira como forma de gobierno y ha institucionalizado la corrupción y la impunidad como la mejor manera de eternizarse en el poder. Ha cimbrado el aparato gubernamental obsoleto que protege los privilegios de una casta que impúdicamente se ha coludido con el crimen organizado y que se ha acorazado en la mentira para asirse a un poder que ya cruzó el umbral de la barbarie y la ruindad.

Desconoce Donoso el convenio para el diagnóstico de derechos Humanos: Tlachinollan




El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró ayer que la postura del secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Fernando Donoso Pérez, en torno a que no hay sustento legal para asignar un millón de pesos al diagnóstico sobre derechos humanos, refleja el “desconocimiento” que existe del convenio que firmaron los tres poderes, para que se elabore dicho documento.
Dijo que en ese sentido, lo que preocupa a las Organizaciones No Gubernamentales es que “no se entienda, ni se conciba” a los derechos humanos como un asunto importante en un estado como Guerrero. Sin embargo advirtió que aún cuando no haya esos recursos el comité que se formó en noviembre “va a seguir trabajando”.
Hace cuatro días, el jueves 28 de diciembre, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rossana Mora Patiño, informó que estaba buscando etiquetar un millón de pesos para los trabajados del diagnóstico sobre los derechos humanos en Guerrero, que hará un comité en este año. Un día después Donoso dijo que no existe “sustento legal” para asignar esa cantidad.
Consultado al respecto, Barrera Hernández señaló que si el diputado del PRD, “se refiere a que no existe un escrito, un planteamiento como presupuesto, pues eso es cierto, no lo hay, pero sí existe un compromiso de los tres poderes de gobierno para impulsar la elaboración del diagnóstico y eso debe estar por encima”.
Vía telefónica agregó que la postura de Donoso sólo muestra que “desconoce la naturaleza” del acuerdo tripartita que firmó el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón, y Rossana Mora, en noviembre del año pasado.
Por esta situación, dijo que a las ONG “nos preocupa la manera de concebir este trabajo por parte del diputado Fernando Donoso, nos preocupa que no lo encuadre dentro del compromiso que asumió el Poder Legislativo”.
Barrera Hernández recordó que el dinero se está solicitando porque aún cuando la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que tiene sus propios recursos, “éstos no podrían sustentar todo el trabajo”. Además refirió que con la firma del convenio “se asumió el compromiso en términos de hacer un trabajo colectivo”.
Sin embargo insistió que para eso “se necesitan recursos, porque se van a hacer análisis, investigaciones de campo, consultas a expertos, en fin, no es sólo una cuestión de irnos a sentar e intercambiar opiniones, se trata de ir a las regiones y preguntar a las víctimas cómo ven esta problemática”.
Dijo que por ello, en la reunión que tuvo el comité el 22 de diciembre “se planteó que sea la diputada Rossana Mora quien se encargara de considerar esa situación de los recursos, para poder operar las actividades elementales y necesarias”.
Acerca de si ve viable que el comité acuda al Congreso local para formalizar la asignación de recursos, Barrera Hernández, descartó esa posibilidad y explicó que quienes deberían asegurar las condiciones son los representantes de los tres poderes, la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra por parte del Ejecutivo, Rosana Mora por el Legislativo y Román Pinzón por el Judicial, “ellos tiene la capacidad para hacerlo, su compromiso está implícito en el convenio”.
“Si no se puede desde el Congreso, el gobierno del estado lo puede hacer a través de un fondo que puede formar de sus distintas secretarías, aunque propuso que no se debe ver en qué programa encaja, sino como una investigación propia, lo otro le restaría importancia”, apuntó.

Irreal, el conteo del INEGI sobre el crecimiento poblacional: Tlachinollan




El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández consideró ayer que no es “real” que en Guerrero haya un crecimiento anual de casi el cero por ciento en la población, como reporta en su Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); afirmó que más bien “hay un crecimiento mayor” que por “el fenómeno de expulsión de alta densidad” hacia Estados Unidos, éstos no son registrados.
Dijo que ante esa situación, dicho sector “no forma parte en las políticas públicas (del gobierno del estado), ni de una estrategia de cómo garantizar que los que estén naciendo se queden en el lugar de donde son originarios”.
Este miércoles, el INEGI dio a conocer los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2005, mediante el cual informa que en los últimos años la tasa de crecimiento anual en la entidad disminuyó de 1.6 en el 2000, a 0.2 en el 2005; sin embargo, reporta que la tasa de natalidad es de las más altas en el país y que la migración hacia Estados Unidos y otros estados del norte del país la contrarrestan.
Entrevistado al término de la sesión del IFE ayer en Chilpancingo, Barrera Hernández aseguró que “esta baja (poblacional) no es real, más bien se tendría que hablar de un fenómeno de expulsión, de alta densidad hacia Estados Unidos y que no está siendo registrada, y por lo tanto al no ser registrada no forma parte en las políticas públicas ni de una estrategia de cómo garantizar que los que estén naciendo se queden en el lugar donde viven”.
Indicó que por eso, más bien “hay un crecimiento mayor, porque si checamos, las familias indígenas y campesinas siguen teniendo más de cinco hijos; esto no ha bajado realmente, a pesar de todas las campañas de esterilización simulada, campañas de control natal. La gente ha visto que los hijos es el único capital que pueden tener para poder tener un ingreso. Es una fuerza de trabajo, que puede ayudar a paliar las necesidades, entonces es alta la población, está creciendo”.
Dijo que “lo delicado es que ahora ya no se registra, es invisible, ya no aparece en la estadística nacional, porque lo que menos controla la información es el flujo migratorio; y al llegar a Estados Unidos o al llegar a los campos de Sinaloa, ya no hay forma de contabilizarlos o no existen porque son ilegales; en Sinaloa por ser gente flotante, pues tampoco los documentan”.
Indicó que lo único que está documentando el INEGI es que “hay baja población”, pero no investiga cuál es la causa; “no tiene el dato duro, lo infiere y se está infiriendo en esta información, que se debe a la migración pero hace falta mayor trabajo de campo, se han desmantelado los pueblos y ahora no existe otra forma más que la migración”.
Señaló que es precisamente ese fenómeno el que “está creando una gran crisis entre los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero; primero, porque no están encontrando en el estado alternativas para poder trabajar y sobre todo para tener condiciones de educación, de salud. Eso es grave, es un foco rojo que nos indica que la población sigue creciendo en Guerrero, pero no están encontrando en el estado las oportunidades propicias para poder desarrollarse”.
Dijo que esto refleja además que “hay desinterés, poca visión pro parte de las autoridades, sobre todo para arraigar a la población, para generar alternativas y para entender el fenómeno demográfico. No hay una planeación, ni previsión para poder evitar crisis”.
Barrera manifestó que el fenómeno de la migración “es una violencia silenciosa en la que se está expresando; como ocurre con la muerte que encuentran ya sea en campos agrícolas de los estados del norte o de Estados Unidos, esas son muertes que no se cuentan. Desgraciadamente ahora los guerrerenses son invisibles a las estadísticas”.
Más tarde, destacó que “el otro factor en esta expulsión y salida masiva de la población, es la expresión del fracaso de los programas de gobierno; son programas de gobierno inmediatistas, que no están pensados para producir, para desarrollar capacidades, son meramente consuelo de gente que está indefensa, es una de paliar y maquillar la pobreza”.
“No se le ha apostado al desarrollo serio de los pueblos, se sigue dando caridad gubernamental y yo creo que en ese sentido es un llamado a las autoridades. Se tiene que hacer una autocrítica del por qué siguen fracasando los poderes, no sólo echar la culpa a otros gobiernos, porque si la gente ha puesto a las nuevas autoridades es para que con responsabilidad histórica vean en donde está la raíz y también ver hasta donde están los desafíos y retos”, apuntó.
Las estadísticas según Barrera “no perciben el dolor, el sufrimiento, la muerte, el hambre, el estomago vacío y son frías; en cambio, las políticas que pudieran enaltecer la vida tiene necesariamente que partir de las necesidades básicas. Hoy vemos un gran distanciamiento entre los tres niveles de gobierno y la población más pobre, por eso cada comunidad, cada individuo busca como paliar sus necesidades”.
A pregunta expresa, Barrera indicó que “el compromiso (del gobierno de Zeferino Torreblanca) que se ha visto ahora es, sobre todo pensar que sí se va a invertir, sí se va a apoyar a las organizaciones, a las comunidades, es que, a quiénes se les va a dar el dinero, primero, sean garantes de que lo va a ejercer, segundo de que realmente pueda ayudar a resolver determinados problemas. Eso es lo que estamos viendo en los principios básicos de su acción política”.
Pero la “realidad”, según dijo “es que hay mucha buena voluntad, pero no hay realmente un pulso y una ubicación de los problemas que padece la gente; es decir, sigue habiendo este alejamiento de la autoridad hacía los problemas concretos de la gente, se trata más bien de trabajar todavía desde el escritorio”.
Sobre el diagnóstico que realizará la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, afirmó que “la autoridad dijo que no le puede apostar a que una investigación va a detonar una política social, eso es un elemento que puede contribuir, pero no podemos pensar que ahí está la varita mágica”.

En ocho años, 68 casos de violación a los derechos de indígenas por el Ejército en Guerrero: Tlachinollan

Hasta el momento ningún militar ha sido procesado o castigado, revela

 Teresa de la Cruz  

Sesenta y ocho casos de violación a los derechos humanos de indígenas cometidos por el Ejército Mexicano, han sido documentados por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en los últimos ocho años, pero hasta el momento en todos hay “impunidad”, “ningún militar es procesado o castigado aún” por estos actos que “causan daño social y ponen en riesgo la paz”, denuncia la organización no gubernamental en su décimo informe.

El reporte de Tlachinollan empieza con tres casos que ocurrieron en 1996, y concluye con seis en el año 2004; en ese periodo el mayor número de violaciones a los derechos humanos de los indígenas y mestizos cometidas por el Ejército fueron 14 casos en 1997, cuando era gobernador interino Ángel Aguirre Rivero, y después de la aparición y las acciones armadas del Ejército Popular Revolucionario, a partir del 28 de junio de 1996.

El informe de registra en 1996 tres casos y en 2004 van seis.

Asimismo, señala el documento que los municipios donde militares ha incurrido en más actos de violación a los derechos humanos, es Ayutla de los Libres, con 16 casos; le siguen Metlatónoc y Atlixtac, con ocho; Olinalá con seis y en Acatepec y Tlapa de Comonfort con cinco.

Sobre los hechos más recientes, Tlachinollan cita que el 12 de enero, el 48 Batallón de Infantería “alteró e intimidó” a los habitantes de la comunidad me’phaa de Barranca de Guadalupe, del municipio de Ayutla de los Libres.

Un día después, el 13 de enero, el mismo Batallón también alteró e intimidó a los habitantes de la comunidad Na savi de La Fátima, de Ayutla de los Libres.

El 23 de enero de ese mismo año, de igual manera en Ayutla de los Libres, a un kilómetro de San José la Hacienda, un dirigente de una organización indígena fue intimidado por soldados.

Al siguiente mes, exactamente el 6 de febrero, el 41 Batallón de Infantería “intimidó” a una mujer naua y “cometió abuso de autoridad” al entrar a su vivienda localizada en comunidad de Alpoyecancingo, municipio de Ahuacuotzingo

El 26 de febrero de 2004, el Ejército Mexicano nuevamente se vio involucrado en actos de violación a los derechos humanos en la comunidad de Ayotoxtla, del municipio de Zapotitlán Tablas; ahí fue señalado de cometer “daños en                       propiedad ajena”.

El organismo civil de derechos humanos señala también que a dos meses de rendir su informe, entre el 21 y 23 de abril, el 93 Batallón de Infantería “despojó y cometió daños en propiedad ajena al atentar contra el patrimonio ambiental y comunitario” en la comunidad Na savi de Yucunduta, municipio de Metlatónoc.

Reporta el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, “que fueron detenidos –entre febrero del 2000 y junio de 2001– de manera ilegal, torturados, trasladados a instalaciones militares y víctimas de fabricación de delitos”.

Resaltan los casos de las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército Mexicano cometió en Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca; las violaciones sexuales de dos mujeres na savi de esa misma comunidad, dos mujeres Nauas de Zopilotepec y dos mujeres me’ phaa de Barranca Tecuani y Barranca Bejuco.

El informe enfatiza que a pesar de la documentación que ha presentado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que en algunos casos ha emitido recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “hasta el momento no existe ningún miembro del Ejército Mexicano que se encuentre procesado o que haya sido castigado por violar los derechos humanos”.

Y prepondera que la “impunidad del Ejército se vuelve un factor que atenta contra el Estado de Derecho, y causa un daño social muy alto que pone en riesgo la paz así como la convivencia pacífica”.

Ese organismo resalta además que es a partir de la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en Aguas Blancas, en junio de 1996, cuando el Ejército Mexicano comienza la “detención ilegal de varios indígenas que fueron torturados para arrancarles información relacionada con los grupos armados”.

Expone –asimismo– que en el caso de El Charco, cuando apareció el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en junio de 1998, también “se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, como la ejecución sumaria de 11 personas en el ataque armado, detenciones arbitrarias, torturas, traslados ilegales a las instalaciones militares, un cerco militar y violaciones en el proceso de los 22 detenidos, de los cuales cinco eran menores de edad”.

Tlachinollan indica más adelante que a pesar de que hay conflictos armados en variosestados, particularmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por ellos “no se han suspendido las garantías, pero sí se ha utilizado a las fuerzas armadas y de seguridad en acciones de contrainsurgencia, provocando la ilegalidad de sus acciones, sobre todo en el estado de Guerrero, desde hace diez años”.

Concluye que como Centro de Derechos Humanos de la Montaña han documentando los casos de violaciones a los derechos entre la población indígena y mestiza, cuyo factor común han sido los “interrogatorios, retenciones ilegales e intercepciones de los campesinos en los caminos para preguntarles por gente que siembra droga o por gente encapuchada”.

Las cifras del oprobio, en el décimo informe de Tlachinollan

 En La Montaña, 11 municipios con alta marginación, 71% de analfabetismo y cinco conflictos agrarios de alto riesgo

 Teresa de la Cruz

De los 17 municipios que conforman la región de La Montaña 11 están considerados de muy alta marginación, pues 71 por ciento de la población es analfabeta y hay cinco conflictos agrarios de alto riesgo en los que el gobierno federal actúa con “ineficacia”, informó el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En su décimo informe de labores, efectuado este sábado, el organismo civil de derechos humanos expuso “el binomio indígena-pobreza es producto de las políticas etnocidas del estado mexicano que se caracterizan por el saqueo, maltrato, sometimiento, explotación y el no reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de la población originaria”.

Ahí, en el texto titulado Contra el Silencio y el Olvido, Tlachinollan presenta un panorama de “empobrecimiento y discriminación en que sigue sumida la región de La Montaña”, incluso al primer apartado lo llama Cifras del Aprobio –vergüenza– en éste destaca que Chiapas, Oaxaca y Guerrero forman “el triángulo de la pobreza extrema en el país”.

Menciona que estos tres estados albergan la tercera parte de la población indígena del país, esto es que de 10 millones 253 mil 627 indígenas distribuidos, 3 millones 294 mil 703 se concentran en la “franja de la inequidad y el olvido”.

En la entidad hay cuatro grupos indígenas: mixtecos (Na savi), tlapanecos (Me’ phaa), náhuas y amuzgos (Suljaa’) y conforman el 17.2 por ciento de la población total.

Señala también que Guerrero cuenta con 76 municipios (sin considerar a Marquelia, Cochoapa El Grande y Hueycantenango como nuevos municipios, aprobados por el Congreso local en el 2003) y 17 forman parte de la región de La Montaña, 11 de ellos son considerados como de muy alta marginación y ocho se ubican dentro de las primeras 50 localidades más pobres del país, de un total de 2 mil 443.

En el informe, Tlachinollan precisa que Metlatónoc ocupa el primer lugar nacional, seguido por Coicoyán de las Flores, Oaxaca, –municipio colindante, enclavado en la mixteca alta–; en ambas “el narcotráfico y la militarización se han erigido como las fuerzas que dominan a la población indígena”, por ello Guerrero forma parte de las 36 zonas prioritarias del país que tienen como denominador común la pobreza, el narcotráfico, la migración, la violencia y la militarización.

Un 45 por ciento de los indígenas no asisten a la escuela

Según Tlachinollan, la educación es entendida como un derecho constitucional al que todo mexicano debe tener acceso para desarrollar sus capacidades personales y colectivas, y así contribuir en el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos y regiones de México, pero en Guerrero “este derecho es violentado gravemente”

Resalta que a nivel estatal hay mil 247 localidades indígenas distribuidas en todos los municipios, aunque son Metlatónoc, Chilapa y Malinaltepec las que cuentan con más de 100 de comunidades; el porcentaje del analfabetismo de esta población a nivel estatal es de 50.5 por ciento, pero se eleva al 71 por ciento en Metlatónoc; 66 por ciento en Ahuacuotzingo; 65.2 por ciento en Tlacoachistlahuaca; 64 por ciento en Xochistlahuaca, y 63.7 por ciento en Chilapa, “lo que muestra las hondas grietas del atraso y la alta vulnerabilidad de la población indígena”.

Asimismo indica que hay 45 por ciento de la población indígena que “no asistió a una escuela y un 21 por ciento que no concluyó la primaria”. Estas cifras conforman el “gran ejército de analfabetas funcionales que son presa fácil de caciques, coyotes y mafiosos, quienes pisotean los derechos laborales de los trabajadores, reproducen el sistema de vasallaje y tratos crueles que remontan al esclavismo colonial”.

Las mujeres, el sector más vulnerable

El sector más vulnerable en la cuestión educativa –según Tlachinollan– son las mujeres, así como la población adulta, en tanto que en el caso de los niños y jóvenes indígenas los primeros se desempeñan como trabajadores domésticos, mientras que los segundos trabajan como subempleados de comerciantes, peones y jornaleros agrícolas, “pero son los más indefensos, son objeto de vejaciones, agresiones físicas, racismo y discriminación por el sólo hecho de ser indígenas”

Tasa muy alta de desempleo

De acuerdo con la información de Tlachinollan, entre la población indígena de la entidad hay una “tasa muy alta de desempleo que nulifica las aspiraciones de los pueblos que luchan sin reposo para cubrir las necesidades básicas, aunque al mismo tiempo buscan revertir el proceso de pauperización causado por el estado mexicano, que ha querido doblegarlos para que se conformen con las migajas del presupuesto y acepten el nuevo marco jurídico que les niega su derecho a la autonomía y a ser sujetos de derecho público”.

Precisa que en relación al ingreso por producto del trabajo asalariado de la población indígena estatal de 15 años en adelante, en la entidad hay 53 mil 41 (45.7 por ciento) trabajadores que no tienen ningún ingreso y 27 mil 964 indígenas (24.1 por ciento) que perciben menos de un salario mínimo mensual.

La dieta básica no es siempre segura.

Según el informe “una familia de La Montaña compuesta por cinco miembros gasta en su alimentación de tres a cuatro litros de maíz diarios, un litro de chile a la semana, de medio a un litro de sal a la semana, un litro de cal a la semana –se emplea para preparar el nixtamal– y medio litro de frijol diario”.

La lista anterior “se trata de una dieta básica que no siempre es segura y es que últimamente está siendo suplantada por la comida envasada, que llega a las comunidades con las familias que emigran a los campos de Sinaloa”.

La comida envasada –de acuerdo con Tlachinollan– no altera los hábitos alimenticios, “pero sí genera mayor dependencia del exterior e implica grandes gastos, inhibiendo la producción de alimentos básicos y debilitando a su vez la identidad étnica”.

Asegura que en otras ocasiones los indígenas mitigan el hambre “tomando atole blanco, que es el alimento que acostumbran dar a los niños para que les caiga algo pesado en el estómago”.

Apunta que “los pobres dentro de los pobres de La Montaña” son quienes viven del tlacolol y es que depositan “sus esperanzas” a la llegada de un buen temporal, junto con los agroquímicos.

Enfatiza el informe que el Estado por su parte “le ha dado la espalda a los indígenas tlacololeros, los ha ignorado, y más bien los señala como responsables del atraso al efectuar sus prácticas agrícolas”, incluso argumenta que ha propuesto transformar el sistema de tenencia de la tierra a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), para crear condiciones jurídicas que le permitan a la iniciativa privada tener acceso a los territorios indígenas.

Cinco conflictos agrarios de alto riesgo por defensa del territorio

En el apartado sobre conflictos agrarios, Tlachinollan resalta que “la fuente de donde emanan los conflictos más graves que enfrentan los pueblos indígenas se encuentra en la defensa del territorio”.

Responsabiliza a las instituciones agrarias de provocar las agresiones físicas, pues en conjunto con las autoridades “actúan con indiferencia, insensibilidad, ineficacia y simplismo” en la solución y derivado de ellos los indígenas “han perdido” la confianza y respeto.

Asegura haber sido testigo de que la Procuraduría Agraria prioriza y centra las resoluciones no en la solución del conflicto, “sino en la incorporación masiva de ejidatarios y comuneros al Procede”, e indica que prevalece más “el sentido práctico y mecanicista” para dictaminar y hacen caso omiso a los documentos reconocidos oficialmente así como los testimonios de las partes en conflicto.

Cita asimismo que en el último informe de la Procuraduría Agraria, ésta reconoce que en la región de La Montaña hay 45 conflictos agrarios, cinco de ellos son considerados como de alto riesgo, entre los cuales está el caso de Zapotitlán Tablas y Acatepec, los que a pesar de haber sido indemnizados por el gobierno federal la disputa agraria sigue.

Dentro de los focos rojos Tlachinollan menciona que además de Acatepec-Zapotitlán Tablas se encuentran Atlixtac-Coapala, que diputan 2 mil 400 hectáreas; Ahuacuotzingo-Pequeños propietarios, que discuten por una invasión gradual de gente de Xitopontla hacia tierras de los pequeños propietarios; Malinaltepec- Alacatlatzala que pelean por posesión de tierras; y Alcozauca- San Martín Peras, Oaxaca, que           pelean 600 hectaáreas.

Exige Tlachinollan el retiro del Ejército y una ley contra la desaparición forzosa

 Demandan también reconocimiento constitucional a sus derechos como pueblos indígenas, que garanticen su libre autodeterminación y acceso digno a la educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo, agua, seguridad, justicia y a la preservación y respeto a su territorio y recursos naturales

 Retiro del Ejército Mexicano de los territorios indígenas y la aprobación de la iniciativa ciudadana de Ley Especial para Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero en el presente periodo ordinario de sesiones, demandaron a las autoridades federales, estatales y municipales el centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

En su declaratoria del encuentro estatal de pueblos, autoridades y organizaciones indígenas Contra el Silencio y el Olvido, emitida como parte de su décimo aniversario y dado a conocer por medio de un boletín de prensa, demandaron también el reconocimiento constitucional a sus derechos como pueblos indígenas, que garanticen su libre autodeterminación y acceso digno a la educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo, agua, seguridad, justicia y a la preservación y respeto de su territorio y recursos naturales.

Respeto al sistema de seguridad y justicia comunitaria aplicado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa Montaña, investigación, procesamiento y sanción a militares que han cometido violaciones a los derechos humanos en su perjuicio.

Además, la transformación radical del sistema oficial de administración y procuración de justicia incorporando su visión indígena en todas sus dimensiones, con el fin de garantizar un acceso pleno a la justicia, “se respete nuestras autoridades y se reconozcan nuestras  estructuras y reglamentos como instancias legítimas que regulan, administran y vigilan todos los aspectos de nuestra vida comunitaria”; así como la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género.

En otro apartado, destacaron que los pueblos indígenas Na savi, Me phaa, náhuas y suljá de Guerrero reunidos en el encuentro estatal, declararon que su territorios siguen siendo la reserva más preciada de la riqueza del país y que han sido preservados y protegidos por todos los pueblos que originalmente desarrollan las culturas del México profundo.

Firman la declaración la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía, el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, el Consejo de Pueblos Náhuas del Alto Balsas, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa Montaña, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, el Consejo de la Nación Amuzga, el Consejo de Autoridades Tradicionales de Xochistlahuaca, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos,

también la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos, la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa, el Frente Popular Revolucionario, el Colectivo de Mujeres Indígenas Me Phaa, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, el Programa de Aprovechamiento Integral de los Recuros Naturales PAIR A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Comité de Gestión de la Carretera Tlapa Metlatónoc, la Unión de Pueblos Indígenas de Acapulco y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.

Tlachinollan

Tratan de preservar en La Montaña esa centenaria tradición

Alrededor de 750 mujeres, ancianas y niñas Na savi (mixtecas) participaron en el Primer Concurso Regional de Hilado y Tejido del Huipil Carlota Mapelli Mozzi que tuvo lugar el sábado pasado en Metlatónoc.

Todas ellas, convocadas por la Organización Ña’a Isavi de ese municipio de La Montaña, vestían sus tradicionales huipiles y sus enaguas de colores. Frente al ayuntamiento esperaban en largas filas para que el jurado calificara sus artesanías y protegían sus cabezas del fuerte sol del mediodía con los huipiles que traían para concursar.

Las niñas, por su parte, cargaban con sus pequeños telares, malacates e hilos. Ellas debían exhibir su destreza en el lugar del concurso, trabajar en el momento para demostrar que podían bordar ellas solitas, sin ayuda de nadie.

El objetivo principal del concurso fue dar a conocer el trabajo que realizan las artesanas indígenas de Metlatónoc, para que las personas “valoren el arte y lo usen” y también para “buscarles un financiamiento a las mujeres”, afirmó una de las integrantes de Ña’a Isavi y organizadora del evento, Florencia Sierra Mendoza.

Las expectativas acerca de la convocatoria que se hizo a “todas las mujeres y niñas tejedoras” de La Montaña fueron ampliamente superadas. Las participantes, atraídas por la posibilidad de vender sus huipiles, llegaron no sólo desde Metlatónoc sino también desde comunidades cercanas como Cochoapa El Grande, San Lucas, Ocotepec, Mininuma, Los Llanos, San Miguel Amaltepec, Yuvi Tikunu, Santa Catarina, Yuvicani y Loma San Marcos.

Rafaela Villanueva Castillo tiene 40 años y es de Ocotepec. Intérprete mediante, cuenta que vino a participar porque si le compran su huipil, podrá “comprar más estambre y seguir tejiendo”.

“Necesitamos un mercado, necesitamos salida, necesitamos promoción para que las mujeres nos empleemos y no nos digan que los indígenas no sabemos hacer nada ni producir”, sostiene Sierra Mendoza.

Las cuatro categorías del concurso, realizado con el apoyo de Medicina y Asistencia Social A.C (MAS), fueron huipil relleno, huipil de hilo pasado, huipil blanco y huipil de amarre. Hubo premios monetarios para el primer, segundo y tercer lugar, tanto para niñas como para mujeres. Además de menciones honoríficas, constancias de participación y paquete con hilos para todas las participantes.

“Quisimos ser muy estrictos con las artesanas porque la educación de los artesanos se inicia al momento en que tomamos una decisión con respecto a la obra, si una pieza es buena o es mala, si continúa con la tradición o no”, informó uno de los miembros del jurado, Eduardo Berrocal López, jefe de Concursos de Arte Popular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).

La finalidad del concurso fue “rescatar el huipil tradicional”, según explicó otra integrante del jurado, la directora del Laboratorio de Arte Alameda, Paloma Porraz Fraser. Por esa razón, se evaluó tomando en cuenta “los parámetros del huipil tradicional”.

Se dio “prioridad a la ramba, en vez de al listón” y “a que ellas hilen”, porque muchas mujeres “compran la tela y ya no hilan”, prosiguió Sylvia Zapata Casali, otra evaluadora de los trabajos presentados.

También se tomó en consideración la nitidez del bordado –“entre más cerrado, más bonito”, consideraron-, que no estuviera combinado y que el diseño estuviera “bien definido”.

A su vez, muchos huipiles fueron seleccionados para formar parte de dos exposiciones que se Harán fuera del estado de Guerrero. Planean llevarlos a consignación “a otro contexto donde haya más poder adquisitivo (…) y tratar de ayudarles a venderlos”, comentó Porraz Fraser.

“Porque, geográficamente, para ellas es muy costoso sacarlos de aquí”, agregó Zapata Casali.

A Benita López Martinez le hubiera gustado ganar el concurso. Ella tiene 14 años, es de Metlatónoc y vende sus huipiles a 400 pesos. En sus manos se lleva un paquete de hilos de colores, igual al del resto de las participantes cuyas artesanías no fueron seleccionadas.

“Antes ellas preparaban el algodón, lo recolectaban en Tierra Caliente. Después de que preparaban el algodón hacían el hilo, y luego ya empezaban a bordar la tela y a bordar sus vestidos”, relata Sierra Mendoza.

Pero ahora la mayoría de las mujeres Na savi de Metlatónoc ya no usa hilo.

“Empezaron a adquirir el estambre que no despinta, que es más barato, que con poco les rinde mucho. Por eso es que cambiaron”, continúa la organizadora. Entonces, la entrega de hilos de algodón es “para incentivarlas” pero también para “que cambien el hilo que utilizan y ya sea de más calidad”.

Ante la carencia de programas económicos y sociales que realmente les ofrezcan soluciones a largo plazo y la inexistencia de producción en la región que les provea de empleos y ante la falta de un mercado donde puedan comerciar sus productos de manera directa y de una carretera pavimentada que las saque del aislamiento y les facilite el intercambio comercial, las mujeres Na savi del municipio más pobre de México vislumbraron en un concurso de arte popular la única posibilidad de vender lo que producen sus manos curtidas y de ganar algún dinero que les permita apalear el hambre y la pobreza. Aunque sólo sea durante los días que les duren los pesos obtenidos con la venta de un huipil o de una enagua.

René Juárez apoya su ley sobre desapariciones, dicen miembros de ONG

Exigen activistas al Congreso aprobar su propuesta sobre desapariciones

 Teresa de la Cruz Chilpancingo Representantes de organismos civiles de derechos humanos exigieron al Congreso del Estado que “dictamine y apruebe”, en este periodo ordinario de sesiones, la Ley Especial para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada de personas, que “respete los estándares más altos” de protección a los derechos humanos”.

En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expuso que ayer jueves los representantes organismos civiles de derechos humanos y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos se reunieron en Casa Guerrero, con el gobernador René Juárez Cisneros.

En la reunión –según Barrera Hernández– plantearon al mandatario estatal “la necesidad” de tener una ley especial para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada de personas, que contenga “los más altos estándares de protección de derechos humanos”.

Acompañado por representantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Barrera Hernández dijo que también solicitaron al gobernador “su adhesión” a la propuesta que hicieron llegar al Congreso del Estado en abril de este año, y que actualmente se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos.

Barrera Hernández aseguró que el planteamiento que el gobernador hizo llegar al Congreso del Estado, en enero del año pasado, y que establecía sólo reformas al Código Penal, “se nos hace importante porque reconoce la situación delicada sobre desaparición forzada, pero le pedimos que se apropie de nuestra propuesta y que la impulse desde su competencia”.

Producto de la reunión, el gobernador se comprometió con los organismos civiles a “impulsar y a hacer todo lo necesario” como Poder Ejecutivo para que la propuesta de Ley Especial sea aprobada por el Congreso del Estado.

Mencionó que el gobernador durante la reunión remarcó que a pesar de las diferencias que hay con los organismos de derechos humanos, “hay un punto de coincidencia y es el tema de la Ley Especial” sobre desaparición forzada.

Entonces, dijo “si el gobernador se comprometió a impulsar la propuesta, pues ahora le pedimos al Congreso del Estado que dictamine y apruebe la iniciativa de Ley Especial durante este periodo ordinario de sesiones, misma en la que deben respetar los estándares que otorgan mayor protección a las victimas de desaparición así como mayor protección de los derechos humanos”, concluyó Barrera Hernández.

René Juárez apoya su ley sobre desapariciones, dicen miembros de ONG

 

 Exigen activistas al Congreso aprobar su propuesta sobre desapariciones

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

Representantes de organismos civiles de derechos humanos exigieron al Congreso del Estado que “dictamine y apruebe”, en este periodo ordinario de sesiones, la Ley Especial para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada de personas, que “respete los estándares más altos” de protección a los derechos humanos”.

En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expuso que ayer jueves los representantes organismos civiles de derechos humanos y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos se reunieron en Casa Guerrero, con el gobernador René Juárez Cisneros.

En la reunión –según Barrera Hernández– plantearon al mandatario estatal “la necesidad” de tener una ley especial para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada de personas, que contenga “los más altos estándares de protección de derechos humanos”.

Acompañado por representantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Barrera Hernández dijo que también solicitaron al gobernador “su adhesión” a la propuesta que hicieron llegar al Congreso del Estado en abril de este año, y que actualmente se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos.

Barrera Hernández aseguró que el planteamiento que el gobernador hizo llegar al Congreso del Estado, en enero del año pasado, y que establecía sólo reformas al Código Penal, “se nos hace importante porque reconoce la situación delicada sobre desaparición forzada, pero le pedimos que se apropie de nuestra propuesta y que la impulse desde su competencia”.

Producto de la reunión, el gobernador se comprometió con los organismos civiles a “impulsar y a hacer todo lo necesario” como Poder Ejecutivo para que la propuesta de Ley Especial sea aprobada por el Congreso del Estado.

Mencionó que el gobernador durante la reunión remarcó que a pesar de las diferencias que hay con los organismos de derechos humanos, “hay un punto de coincidencia y es el tema de la Ley Especial” sobre desaparición forzada.

Entonces, dijo “si el gobernador se comprometió a impulsar la propuesta, pues ahora le pedimos al Congreso del Estado que dictamine y apruebe la iniciativa de Ley Especial durante este periodo ordinario de sesiones, misma en la que deben respetar los estándares que otorgan mayor protección a las victimas de desaparición así como mayor protección de los derechos humanos”, concluyó Barrera Hernández.

Tlachinollan

El municipio cuestionado

Desde hace tiempo, la esfera municipal no deja de dar razones para ser   cuestionada debido a las arbitrariedades que en ella se suscitan. En particular, a un año de la muerte de cinco integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), en la comunidad de Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas. Éste caso fue ampliamente difundido e incluso llegaron a cuestionarse ciertas reuniones del ex presidente municipal Silvino Mosso Porfirio con dirigentes de fracciones parlamentarias y con el propio procurador general de Justicia del Estado.

En el mismo tenor, en los últimos tiempos se han “ventilado” en el Congreso del Estado los diversos juicios de desafuero contra los presidentes municipales Silvino Mosso Porfirio de Zapotitlán Tablas, Genaro Vázquez Solís de San Luis Acatlán, Maclovio Ariza Acevedo de Chilapa y Serafín Ayala Ramos de Tetipac, entre otros. Lo que indica que la crisis de las autoridades municipales no es exclusiva de un solo partido, ya que hay presidentes municipales del PAN, del PRI y del PRD involucrados en irregularidades.

Constantemente las autoridades municipales conciben sus cargos como fuente de poder, la cual es ejercida de manera discrecional, porque el marco jurídico se los permite en diversas materias. La función pública municipal es mal entendida por muchas autoridades y en repetidas ocasiones las comunidades se quejan de arbitrariedades y del uso anómalo de los recursos financieros.

La arbitrariedad municipal llega a extremos, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias o la negligencia de los síndicos en el auxilio del Ministerio Público. Son ejemplos de esta arbitrariedad los casos del joven Me’ phaa –tlapaneco– Sócrates Tolentino González Genaro y el de los menores Na savi –mixtecos– Nancy y Froilán Pinzón Chávez, de 8 y 10 años, respectivamente.

González Genaro fue detenido arbitrariamente por policías preventivos municipales de Zapotitlán Tablas. Fue ejecutado extrajudicialmente la madrugada del 15 de febrero de este año mientras estaba encarcelado en el Ayuntamiento. Las autoridades municipales de inmediato intentaron disfrazar los hechos al pretender que se trataba de un suicidio. Incluso, mediante engaños, obligaron a la madre del joven a firmar unos documentos en donde hacían constar que la mujer aceptaba que se trataba de un suicidio y se oponía a que le aplicaran una necropsia al cuerpo.

A pesar de ello, se solicitó la exhumación del cadáver y se efectuó la necropsia de ley. El dictamen médico concluyó que el cuerpo de González Genaro presentaba dos fracturas de cráneo, una fractura en costillar derecho y otra en la tibia de la pierna izquierda. Es evidente que estamos en presencia de una ejecución extrajudicial.

El caso de los niños Nancy y Froilán no es menos grave. El 17 de abril pasado fueron detenidos por el síndico procurador del municipio de Metlatónoc. Acusados de robo, Nancy permaneció encarcelada durante 24 horas y Froilán sufrió 6 días de encarcelamiento ilegal.

Según el testimonio de los menores, mientras Froilán estuvo preso, el síndico lo llevaba a su oficina y lo amenazaba diciéndole: “Tú te robaste los 40 mil pesos. ¿Con quién te metiste? Si nos dices, te dejamos en libertad. Y cada vez que niegues, te vamos a regresar a la celda. Voy a conectar un cable de luz y lo voy a poner en una silla de fierro y te voy a sentar ahí y te vas a quemar todito”. El niño también informó que, en una ocasión, el funcionario se quitó el cinturón y amagó con golpearlo.

La liberación de Froilán se debió a la intervención del Juez de Paz, pues la madre de los menores, Carmela Chávez, acudió ante éste. Aún así, al momento de poner al niño en libertad, obligó a la mujer, quien no sabe leer ni escribir, a firmar un acta de la que se desconoce su contenido. Si no lo hacía, el síndico le aseguró que no iba a sacar a su hijo de la cárcel.

Ya liberados los menores, el 30 de abril –Día del Niño, por cierto– el denunciante del robo, Lorenzo Guerrero, se presentó en el domicilio de los niños cuando su madre no se encontraba allí. A gritos les exigió la entrega del dinero y con una vara los agredió. Golpeó a Nancy en la cara y en la espalda y a Froilán le provocó una lesión en la parte posterior de la cabeza, herida que requirió cuatro puntos de sutura.

Los casos mencionados son muestra de la extrema arbitrariedad con que actúan algunas autoridades municipales. Esta esfera de gobierno, que históricamente fue concebida como la célula democrática y que significa el primer contacto de la población con el Estado, ha sido utilizada por muchos funcionarios como un espacio privilegiado de poder y arbitrariedad. Los mecanismos de control y revisión municipal parecen inexistentes, el Congreso es un instrumento político –y no jurídico– de control y esto ocasiona que cada fracción parlamentaria defienda al presidente municipal que forma parte de su ideología partidista.

Para finalizar, los dos casos son ejemplos de que el actuar violatorio de las autoridades y la impunidad de la que gozan lo único que generan es mayor violencia. Si en el caso de los integrantes asesinados de LARSEZ en Escalerilla Lagunas se hubiese hecho justicia mediante la detención a tiempo del presidente municipal, del síndico y de los policías que participaron, González Genaro no hubiese sido asesinado, pues los responsables son los mismos.

En el caso de los niños Nancy y Froilán, tal vez si el síndico hubiese actuado legalmente desde el inicio, dando parte a las autoridades investigadoras e instaurándose el procedimiento que compete, se habría evitado que Lorenzo Guerrero recurriera a la venganza privada en un intento de lograr justicia por mano propia.