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No habrá prórroga para los expertos que investigan el caso Ayotzinapa, dice Osorio Chong

A pesar del clamor de los padres de los normalistas de Ayotzinapa para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se quede en México hasta saber qué pasó con los jóvenes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que su trabajo concluye en abril y que no habrá prórroga.
En entrevista con Radio Fórmula el funcionario afirmó que hasta ahora se han dado “absolutamente todas las facilidades solicitadas” al grupo de expertos y que el acuerdo con los padres, su defensa y las organizaciones que los acompañan fue que los expertos concluirán su trabajo a finales de abril y así será.
Ante el reclamo de los padres quienes piden que el plazo de la investigación del GIEI sea indefinido o hasta saber qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, Osorio Chong señaló que en lugar de discutir eso se avance en la investigación pues todavía “les falta un mes y seguimos trabajando en el tiempo que nos queda”.
Reiteró que hasta el momento y en lo posible, el gobierno mexicano les ha dado a los expertos “todas las facilidades: los ministerios públicos, equipo, nuevas líneas de búsqueda, absolutamente todo para seguir adelante en la investigación de estos lamentables hechos”.
El titular de la Segob recordó que el año pasado se amplió el plazo para las investigaciones del GIEI, y no cabe otro.
“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, recalcó.

No inició la reparación del daño de los ataques a los normalistas en Iguala, precisa la Segob

Ante el reclamo de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que rechazaron el anuncio del gobierno sobre la reparación del daño a casi 18 meses de  la desaparición de los jóvenes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián aclaró que ese proceso no ha iniciado.
En un comunicado explicó en siete puntos de qué manera se llevarán a cabo las tareas de reparación del daño a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por sicarios y policías el 26 de septiembre de 2014.
En el documento aclara que lo que inició fue el  Diagnóstico de Impacto Psicosocial en las Víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hará un equipo de profesionales independientes “y el gobierno se compromete a aceptarlo”.
El diagnóstico, agrega, incluye a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes asesinados y a los estudiantes heridos y a sus familias.
El inicio de los trabajos se refiere al Diagnóstico Psicosocial y  con base en este, “el Estado elaborará un Plan de Atención y Reparación Integral que será consultado con las víctimas y sus representantes”.
Señala que por mandato de ley el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.
En su quinto punto refiere que la reparación prevista en la ley debe ser “integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron”.
Afirm que la reparación integral del daño “es mucho más que el pago de una compensación, debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y, especialmente, medidas de no repetición”.
Explica que no se ha acordado en este momento ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico mencionado.
“Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos”, al tiempo que destaca que los avances en materia de atención a las víctimas ha sido posible por el trabajo del GIEI.
Tras el anuncio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob de que en próximos días se firmaría un convenio para iniciar los trabajos de reparación a los familiares de los 43 estudiantes, padres de los jóvenes expresaron su rechazo total y calificaron el convenio como “una falta de respeto a los padres de familia”, pues lo que exigen es la presentación con vida de sus hijos, justicia y castigo a los responsables de la desaparición.

Quieren saber de sus hijos, no la reparación del daño, responden padres de los 43

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos no tienen información del convenio de reparación del daño del que habló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián en medios nacionales hace dos días, denunció el vocero Felipe de la Cruz.
Vía telefónica recriminó que el funcionario hable de temas que no se han discutido con ellos, porque uno de los acuerdos con los padres es reservar la información para evitar más agravios a las víctimas.
Campa Cifrián aseguró que la firma del convenio para iniciar el proceso de reparación del año con las familias de los 43 alumnos desaparecidos era cuestión de días.
Felipe de la Cruz consideró que el funcionario ventiló la información de manera intencional, en el marco de la estrategia de desprestigio contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para decir que están concluyendo los temas pendientes antes de que termine el periodo de mandado de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye el 30 de abril.
Dijo que los padres sostienen que no les interesa hablar de la reparación del daño en tanto no sepan dónde están sus hijos y qué pasó la noche de los ataques, “la única forma de reparar el daño es saber qué pasó en alguna medida, es saber qué pasó en el menor tiempo posible, que sepamos qué pasó ese día”.
Denunció que siempre ha habido intentos de las autoridades federales de distraerlos con la reparación del daño, que envían a sus agentes a casa de los padres, y también lo hicieron los primeros días los funcionarios del gobierno estatal.
Consideró que el gobierno federal está fraguando la salida de los expertos de México, es decir, que no se ratifique un tercer periodo para que sigan coadyuvando en las investigaciones de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, con el argumento de que ya no hay más avances ni resultados, al mismo tiempo que termina la campaña contra los integrantes del GIEI.
Aclaró que lo que los padres exigen es un diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para hablar de la continuidad del GIEI en México.
Informó que la próxima reunión de seguimiento del caso Ayotzinapa está programada para el 18 de abril en el puerto de Acapulco, pero los padres han insistido en que se haga en Chilpancingo.
Agregó que los expertos han visitado Iguala y otras partes del estado para hacer inspecciones en los sitios donde se han realizado búsquedas sin vida, en fosas clandestinas.

Se reúnen padres de Ayotzinapa con la PGR; sigue obstaculizando a los expertos, denuncian

 

La Procuraduría General de la República (PGR) sigue retrasando las diligencias que propone el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de Ayotzinapa, denunció al abogado de os padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, al salir de la reunión mensual de seguimiento con la procuradora Arely Gómez.
Acompañado de los padres, advirtió que la intención de las autoridades es que al final del segundo mandato de los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –el 30 de abril–, digan que sin avances, tampoco es necesaria la coadyuvancia de los expertos en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural.
Al mismo tiempo, denunció, hay una estrategia mediática contra cada integrante del GIEI, y hace dos días contra el secretario técnico de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por el financiamiento público que México aporta al organismo internacional. Rosales Sierra aclaró que los países de Latinoamérica que tienen acompañamiento internacional en temas de justicia, financian los procesos. En todo caso, llamó a cuestionar a las autoridades cuánto aportan a Naciones Unidas, y a la a Organización de Estados Americanos (OEA) de las que forman parte.
Dejó ver que sigue una andanada de ataques para adjudicar al GIEI la falta de resultados y de impartición de justicia en el caso. Pero recordó que es facultad del Estado la investigación y la aplicación de la justicia.
También denunció que la PGR se ha negado a hacer 120 diligencias relacionadas con el mismo número de personas implicadas en los crímenes de Iguala, ya sea por testimonios de las víctimas, de detenidos o señalados en las mantas que se coloraron en Iguala, entre éstas hay soldados, policías federales, políticos y alcaldes de la región Norte de Guerrero.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, denunció que para dar trámite a la petición de los padres, los funcionarios de la Unidad de investigación exigieron que ratifiquen la solicitud que llevaron a la mesa hace un mes, para que comiencen a revisarla.
En el plantón de organizaciones sociales, frente a la PGR en el Paseo de Reforma, Rosales Sierra también dijo que los padres de los desaparecidos, sólo van a aceptar los resultados del cuarto peritaje (en fuego) en la basurero de Cocula, si hay consenso entre los seis expertos que intervienen en la investigación.
Indicó que los trabajos comenzaron a finales de enero, y a la fecha los peritos encargados hacen trabajo de campo, y se espera que entreguen resultados el 31 de marzo.
Enfatizó que no van a aceptar resultados por mayoría, y el vocero insistió: “nosotros decimos que es un teatro (el cuarto peritaje) para dilatar la búsqueda de los estudiantes y hacer una nueva verdad histórica.
Aclaró que para los padres, el peritaje del primer informe de expertos independientes desacreditó la versión oficial de los hechos, porque de acuerdo a la evidencia y las pruebas científicas aplicadas en el lugar, es imposible. Lo mismo hicieron las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense, que se presentó este año.
Demandó una reunión inmediata con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que ratifique su compromiso con los padres de los desaparecidos, de la última reunión el año pasado en Acapulco.
Recordó que entonces llamó a los padres a no seguir especulando (por los señalamientos contra el Ejército, como implicado en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014), pidió que dejaran hablar al trabajo de los expertos de la CIDH, y que para el fin de su periodo ya habría resultados concretos; si no fuera así, les aseguró que extenderían su mandato a un tercer periodo.
Aunque en lugar de colaborar con los expertos para esclarecer los hechos, hay una línea clara para desacreditar su labor, De la Cruz recordó que sin ellos no se habría descubierto la existencia del quinto camión, que no sólo omitió la PGR de las investigación, se estima que manipuló y desapareció evidencia de esta línea de investigación.
Tampoco de la videograbación del circuito cerrado de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Iguala, de la última vez que se supo de 14 normalistas desaparecidos; aunque autoridades reconocen que existe, nadie a la fecha sabe dónde quedó.
Sobre todo, señaló que los expertos invalidaron la tesis oficial, de que los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados y quemados hasta las cenizas en el basurero de Cocula, y sus restos lanzados a un río, en cuestión de horas.
El primer peritaje en el basurero fue presentado por el procurador Jesús Murillo Karam, y lo declaró “la verdad histórica”, de los hechos. El segundo peritaje fue del GIEI, el tercero del Grupo Argentino de Antropología Forense (GAAF). El cuarto, ha dicho la PGR que será definitivo.
En este escenario, Rosales Sierra advirtió que los padres van a analizar si siguen asistiendo a las reuniones si no hay avances, no hay atención a sus peticiones y se siguen obstruyendo la labor de los expertos independientes.

La búsqueda sin vida

Como ejemplo de los lentitud y los obstáculos en la investigación, explicó que la única de cuatro líneas de investigación que ha trabajado la PGR es la búsqueda sin vida de los normalistas desaparecidos.
Ayer les informaron de cuatro operativos en los cuatro parajes: Tianquizolco (ya habían informado de este caso el mes pasado), Huerta Vieja, Loma del Coyote y Cerro Las Parotas, todo en Iguala.
Sin embargo, agregó que las autoridades han incumplido el calendario de visitas con los expertos a los lugares, argumentando que no tienen el equipo adecuado cuando se acerca la fecha prevista, o porque la Policía Federal anda en otras actividades. En consecuencia los expertos no han ido a las inspecciones.
También denunció que para iniciar cada búsqueda, la Policía Federal les pide las coordinadas exactas, como si fuera obligación de los coadyuvantes tener esa información, aunado a otras irregularidades señaladas con anterioridad: la fragmentación de expedientes y que la SEIDO sigue teniendo buena parte de la investigación en su poder.
Por ejemplo, indicó que el cerca del basurero de Cocula, hay un lugar conocido como La Carnicería, que los expertos pidieron revisar, porque se menciona a menudo en el expediente, cuando van a hacer el trabajo de campo, resulta que la SEIDO ya estuvo ahí.
Para justificar la intromisión, dice que recibió una denuncia específica de otro caso, cosas como esa obstaculiza el trabajo de los expertos, “nos preocupa cómo caminan las cosas, la lentitud de las investigaciones y los obstáculos al GIEI, cómo están apostando al tiempo”, para agotar el periodo del acompañamiento internacional.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.

Pedirán padres de los 43 hoy a Osorio Chong que el gobierno cumpla los acuerdos con los expertos

Hoy al mediodía en Acapulco se reunirán los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el que será su primer encuentro en Guerrero.
Ayer padres y familiares de las víctimas de desaparición forzada en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 tuvieron una larga sesión en la Normal Rural en Tixtla para prepararse.
El vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz dijo que insistirán en que el gobierno se comprometa a investigar y declaren los soldados del 27 Batallón de Iguala ante la Unidad Especializada para la Investigación del caso Ayotzinapa con la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El vocero se reservó para hablar de los acuerdos que preceden este tipo de reuniones, con funcionarios federales de primer nivel, pero aclaró que tras el encuentro darán una conferencia de prensa.
La intención es que las autoridades se comprometan a cumplir los acuerdos firmados con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Interdependientes (GIEI), antes de la firma de continuidad del convenio entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de asesoría técnica y acompañamiento al caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Este jueves en Chilpancingo tendrán otra reunión con la procuradora Arely Gómez, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos y funcionarios de Seguridad Pública para presentar a los padres de los estudiantes desaparecidos los avances en la integración de la Unidad Especializada para la Investigación del caso Ayotzinapa, que no estaba completa hasta hace dos semanas. Así como las líneas de investigación que seguirán en la nueva etapa de trabajo y los avances hasta el momento.
El jueves pasado padres de los 43 y unos 200 jóvenes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) bloquearon dos carriles de la Autopista del Sol, en la salida de Chilpancingo a Acapulco, para manifestar su molestia ante el cambio de fecha de la reunión con Osorio Chong, y que se reprogramó del 10 de diciembre para mañana.

 

Deje de criminalizar a los normalistas y busque a los 43, demandan padres de Ayotzinapa al gobierno

 

El vocero de los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz, demandó al gobierno federal que deje de criminalizar a los estudiantes de la Normal Rural.
La respuesta fue luego de que se filtró en Milenio diario una llamada telefónica de un dirigente estudiantil, donde se menciona que un “grupo” quiso entrar a la Normal presumiblemente para llevarse a cuatro estudiantes a mediados de octubre.
El diario relacionó la información con las versiones que la Procuraduría General de la República (PGR) integró a la investigación de los crímenes el 26 y 27 de septiembre, que vinculan a estudiantes con el grupo de narcotraficantes Los Rojos, y que a su llegada a Iguala motivó la agresión contra los normalistas por el grupo criminal Guerreros Unidos.
El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que da asistencia técnica el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa descartó esa posibilidad, y subrayó que los estudiantes iban por camiones a Iguala, y de ello estaban enteradas distintas autoridades de gobierno que vigilaron sus acciones en todo momento.
Ayer Felipe de la Cruz agregó que en más de un año que llevan en la Normal Rural desde la desaparición forzada de los 43, han podido corroborar que los normalistas no tienen relaciones con grupos de narcotraficantes, como sugirieron algunas versiones de la PGR.
Cuestionó que las autoridades las impulsen para desviar la atención de la desaparición forzada de los 43 desaparecidos y su localización, y para alargar los plazos de la investigación.
“Porque el gobierno siempre le ha apostado al cansancio de los padres de familia y de las organizaciones que los apoyan”, denunció.
Insistió en que el GIEI ya aclaró que los estudiantes no iban armados ni en plan de confrontación, fue un asunto fortuito que tomaran un quinto autobús de la Estrella de Oro, que pudo generar la reacción violenta de policías y sicarios contra ellos porque se presume que estaba cargada de drogas.
También cuestionó que se intervengan los teléfonos de los normalistas sobrevivientes, “es sorprendente cómo intervienen los celulares de los jóvenes, sobre todo porque Omar (García, el líder estudiantil que mencionan en el nota y sobreviviente de los ataques en Iguala) hace dos o tres meses está fuera (de Guerrero) en comisiones, no me explico cómo hoy sale la nota de esta manera”.
Insistió en que los estudiantes de la Normal son hijos de campesinos, “por eso insistimos en que dejen de buscar donde no hay nada y comiencen a buscar donde debe de ser, que para nosotros sigue siendo el gobierno de México, y que ya dejen de hostigar a los estudiantes”.
De Tixtla, en donde la población acordó un toque de queda por la violencia y el gobierno municipal reconoció la presencia de un grupo delictivo (extraoficialmente se habla de que Los Ardillos, sacaron a Los Rojos desde la pasada administración municipal), De la Cruz aclaró que la Normal y la cabecera municipal son comunidades distintas.
Dijo que los hechos de violencia son parte de la estrategia para imponer las elecciones extraordinarias del Ayuntamiento, suspendidas el 7 de junio por el boicot que impulsaron los padres de familia.
“Es claro que están peleando los políticos del PRI la imposición de su dictadura, quieren imponer mediante el miedo y el terror las elecciones, como hicieron en el pasado proceso electoral, pero eso no quiere decir que esos grupos estén en la Normal”, afirmó.

La CNDH debe de ser más exigente con las autoridades

Por otro lado informó que la PGR ya envió la investigación de Iguala a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y los expertos trabajan en la conformación de una unidad especializada de investigación que se va a encargar de todo.
En esta unidad estarían alrededor de 50 personas cuyos perfiles son revisados por el GIEI, para que sean confiables, dijo.
La investigación, como lo recomendaron los expertos, ya salió de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En cuanto a la falta de cumplimiento de la PGR a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado de la investigación del caso Ayotzinapa, demandó que el organismo sea más exigente con las autoridades.
Dijo que pasaron más de tres meses para informar la falta de cumplimiento de 26 observaciones y recomendaciones, para corregir distintas diligencias de la investigación, y los padres están enfermando ante el tormento sicológico que implica la espera de noticias de sus hijos.

Corresponde al GIEI y a la PGR revisar versiones de vecinos de Carrizalillo, dicen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Procuraduría General de la República (PGR) están a cargo de la investigación de la desaparición forzada de los normalistas y ellos revisarán las versiones señaladas por los vecinos de Carrizalillo.
Los pobladores han insistido en que en las fosas de la banda criminal Guerreros Unidos, halladas en la zona, podrían estar enterrados los estudiantes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
De la Cruz ratificó que los padres no van a buscar a los normalistas en las fosas de Carrizalillo, porque los primeros días de búsqueda fueron a la región y no hubo información de su paradero.
Estimó que continuarán los hallazgos de fosas y muertos, pero corresponde a las instancias de justicia hacerse cargo de la investigación, es decir, la PGR y el GIEI. Por medio de ellos, los padres recibirán información de resultados científicos.
Dijo que la información de las fosas surgió de pronto, tras la detención de policías federales y un supuesto integrante de Guerreros unidos por vecinos de Carrizalillo, cuando pretendieron llevarse al presidente del Comisariado Ejidal, quien renta sus tierras a la minera Gold Corp.
En este sentido, señaló que tienen muchas dudas y desconfianza de la posibilidad de que en las fosas estén los desaparecidos de Ayotzinapa, ya que el gobierno está muy interesado en mantener la versión de que los normalistas están muertos y que la delincuencia organizada perpetró los crímenes.
Pero aclaró que los padres saben que los hechos de Iguala constituyen un crimen de Estado y de lesa humanidad, y si la delincuencia organizada participó fue en segundo término.
Demandó que el gobierno mexicano dé todas las facilidades a los expertos para que inicien a trabajar en su segundo periodo de mandato, que comenzó a su llegada al país, el 4 de noviembre.
Sin embargo, denunció que las autoridades están retrasando la entrega del expediente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, como se acordó con los expertos el 19 de octubre en Washington previo al informe del primer periodo de mandato en la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).
Aclaró que mientras el expediente siga en la SEIDO los expertos no pueden entregar su plan de trabajo, porque desconfían en los funcionarios de esa oficina.
En relación con Carrizalillo, puntualizó que los padres se reunieron con el GIEI el jueves en la Ciudad de México, y ellos les dijeron que iban a encargarse de toda la investigación, “porque para eso vienen a México, para decirnos la verdad, y nosotros confiamos en su trabajo”.
A las autoridades reiteró el llamado a que les den todas las facilidades para que realicen su labor, y que busquen vivos a los desaparecidos, ya que la nueva versión de que pueden estar en fosas de Carrizalillo, parece una forma de deslindarse de responsabilidades.

Se reunirán hoy en Bogotá dos padres de los 43 con el presidente de Colombia, informan

 

Familiares de los normalistas desaparecidos forzadamente en Iguala, quienes viajaron la semana pasada a Colombia para informar sobre los hechos criminales de hace más de un año, exigieron que el gobierno mexicano reactive urgentemente la búsqueda con vida de sus hijos, y que además asuma las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al respecto.
Desde la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, las madres y padres de los estudiantes han visitado decenas de países de casi todos los continentes, para informar a la sociedad del dolor y la desesperación que han experimentado durante más de un año del impune ataque criminal.
Como parte de esas caravanas informativas de madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Bautista, viajó desde el martes 20 de octubre a Colombia en compañía de Bernabé Abrajam Gaspar, padre de Adán Abrajam de la Cruz, también desaparecido.
Desde el país sudamericano, Bautista informó vía telefónica que el paso siguiente en sus exigencias es pedir la reactivación urgente de la búsqueda con vida de los normalistas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
No obstante –detalló–, la búsqueda debe ser coordinada con el GIEI, al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió su tiempo de estancia en México hasta el 30 de abril próximo.
Cristina Bautista explicó que las madres y padres de los normalistas siempre han estado y están en la disposición de organizarse para ir a buscar ellos mismos a sus hijos, donde la gente les diga que pueden estar.
Pero dijo que las familias esperarán a que el GIEI determine el procedimiento por el que se reactivará la búsqueda y con el que se trabajará coordinadamente con las familias y con el gobierno federal, con el fin de garantizar el uso de tecnología de punta, así como mapa de fosas y otros lugares identificados.
La mujer expuso que en su estancia en Colombia que durará hasta el próximo lunes 9, ha sido bien recibida por estudiantes y grupos civiles, quienes los han acompañado y manifestado su solidaridad.
También adelantó que mañana ambos representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos serán recibidos por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en la capital Bogotá, a fin de escuchar los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Guerrero.
Según el informe que presentó el GIEI el 6 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) suspendió la búsqueda de los normalistas después de que informara su “verdad histórica”, la cual fue desmentida científicamente por las y los expertos.