Desde San Diego, California, en Estados Unidos, la mamá del normalista de Ayotzinapa desaparecido Benjamín Ascencio, Cristina Bautista Salvador aseguró que no van a descansar hasta que el mundo entero sepa que los madres y padres no se rendirán hasta saber la verdad de dónde se encuentran sus hijos.
Las madres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa se unieron a la caravana Contra la Represión en México desde mediados de octubre, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca, el movimiento de jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, la asociación Luchando Contra el Feminicidio en Ciudad Juárez, y la comunidad Otomí de Xochicuatla del Estado de México. La caravana recorre 12 estados de la unión americana y regresa a México la próxima semana.
Ayer la señora Cristina Bautista informó que participaron en protestas, foros en universidades, acudieron a entrevistas en estaciones de radio, se reunieron con “paisanos” en aquel país y organizaciones sociales para denunciar las violaciones a los derechos humanos. En Chicago hicieron un mitin en el Consulado de México el 25 de octubre.
Relató que en su mensaje las madres llaman a los jóvenes a hacer acciones en el extranjero, en particular los días 26 de cada mes para recordar los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes en Iguala, y exigir que el gobierno mexicano no ponga más obstáculos al Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como hicieron con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contra el que también hubo una campaña de desprestigio.
Asimismo denunciaron que no confían en las autoridades y solicitaron que sus abogados se entrevistaran con uno de los detenidos claves en los hechos de Iguala, el exdirector de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores, pero la petición no fue aceptada.
De los temas recientes mencionó el rechazo al nombramiento del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Hamid García Harfuch, por sus probables nexos con el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Destacó el recibimiento solidario en Estados Unidos, “los jóvenes nos preguntan cómo nos pueden ayudar, qué queremos que realicen, los estamos invitando a hacer reuniones para dar a conocer el tema y el 26 de cada mes a realizar una actividad pública, distribuir volantes, que se de a conocer y que no se cierren, nosotros nos abrazamos con todos porque necesitamos la unión, porque la unidad es la fuerza yo les aseguro a los jóvenes que van a participar, que queremos que lo sepa todo el mundo entero, que los madres y padres no descansamos, que sepan que no nos rendiremos hasta saber la verdad de donde andan nuestros hijos”.
Consideró que las autoridades no comparten esta idea y obstaculizan todo esfuerzo de llegar a la verdad. Recordó que los padres se trasladaron para pedir los expedientes del caso en Matamoros, Tamaulipas, y en Chilpancingo exigieron en el Tribunal Superior de Justicia rinda cuentas de las videograbaciones que guardan evidencia de los hechos criminales de Iguala, y que no fueron investigados sino destruidos, cuando la responsabilidad era de la PGR.
Además, indicó que cuando los padres se encontraban en plantón en la Cámara de diputados en la Ciudad de México, antes de la llegada del mecanismo internacional de la CIDH que dará seguimiento a las investigaciones, se cambió de puesto a la procuradora Arely Gómez, y el presidente nombró en su lugar a Raúl Cervantes Andrade, “eso nos da a entender que no quieren que se avance, (pero) no descansaremos hasta saber donde están nuestros hijos”.
La caravana estuvo en Seattle y Olympia en el estado de Washington y recorrerá varias ciudades de California, antes de regresar a México.
Etiqueta: GIEI
Rechazó el Estado que algún integrante del GIEI participe en el seguimiento del caso Ayotzinapa
El Estado mexicano rechazó que algún miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa fuera parte del equipo de apoyo técnico del nuevo mecanismo de seguimiento, como plantearon los padres de los 43 normalistas desaparecidos, sin embargo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la ultima palabra, aclaró el representante de los padres, Melitón Ortega Martínez.
En declaraciones telefónicas Melitón Ortega no descartó la intervención de alguno de los cinco extranjeros del GIEI en el nueva etapa de acompañamiento internacional. Aseguró que hay muchas posibilidades que alguno de ellos se incorpore, que mañana (hoy) esperan noticias de sus abogados, y el martes, la presentación de los integrantes del equipo de apoyo.
Señaló que durante la negociación con las autoridades los padres lucharon para que el mecanismo internacional tuviera alcances similares al GIEI, es decir, que tengan la oportunidad de volver a entrevistar a los detenidos, a cualquier implicado en el caso y, por supuesto, a los militares que se negaron a hablar con extranjeros en la primera etapa de colaboración.
Explicó que para las padres todos los detenidos (integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala) están relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, sólo que “no quieren hablar, no quieren asumir la responsabilidad, estamos seguros (que) saben mucho, quién dio las órdenes, ¡no es posible que hayan venido extraterrestres por los estudiantes!” reprochó.
Destacó que el nuevo mecanismo va continuar el trabajo que dejó el GIEI cuando fue despedido del país, y seguirá las nuevas rutas de investigación señaladas en sus informes para descubrir el paradero de los estudiantes.
Destacó que será un trabajo serio, no de simulación como el que han venido tejiendo el gobierno federal y la Procuraduría General de la República (PGR). Denunció que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong operó para que en el Congreso local no pasara un punto de acuerdo para que el Grupo de Trabajo se entrevistara con los militares.
“En el Congreso hubo un amarre, fueron cerrando las puertas para proteger al Ejército, la política es que no se esclarezca nunca lo que pasó, autoridades de alto rango han destruido evidencia”, dijo sobre las videograbaciones de las cámaras de circuito cerrado del Tribunal Superior de Justicia y del Centro de Comunicación, Control y Comando (C4) que operaron soldados la noche de la agresión a los estudiantes.
Asimismo, señaló que no obstante las graves irregularidades dentro de la investigación, mantienen en su puesto al director la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien fue videograbado y es acusado de sembrar evidencias en el río San Juan en Cocula, donde fue hallada una bolsa con restos humanos. “Por eso los padres insistimos ante la lucha, para que respondan quiénes son los verdaderos implicados, quiénes dieron las orden, en el mas alto nivel” expresó.
Recordó en el ex comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo negó absolutamente cualquier intervención de la corporación a su cargo en los ataques y aseguró que nunca enteró en tiempo de las agresiones, “nosotros le creímos, y resulta que estuvieron por lo menos dos policías federales en el Palacio de Justicia, y todas las corporaciones en Iguala tienen bitácoras de los sucesos en los horarios de los ataques”.
Sobre las acciones de los padres informó que desde el sábado se encuentran en la Ciudad de México y participaron en una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y van a seguir llamando a la protesta del 26 de septiembre, cuando se cumplen dos años de los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes.
“Tenemos que trabajar muy fuerte para poder llegar el 26 (de septiembre), han sido dos años de mentiras, de impunidad, de distracciones, de desviar las líneas de investigación, de descalificación del movimiento, de los padres, ese es el papel del Estado”.
Opinó que aunque vengan las mejores personas del mundo, los padres insistieron en la integración de los integrantes del GIEI en el nuevo mecanismo de acompañamiento para continuar sobre lo que ya se ha hecho, y ahora sigue estancado. No tenemos otra esperanza más que la confianza en este equipo, esperando el momento en que va a iniciar, probablemente el 13 de septiembre (mañana), “es la garantía de que vamos a lograr lo que queremos”.
Hoy, informó que habrá una actividad en el Hemiciclo a Juárez para elegir el cartel de promoción de la acción global de este mes, y este jueves, acudirán a la marcha de la CETEG del 15 de septiembre en Chilpancingo.
Se reúnen padres de los 43 y la procuradora; insisten en la salida de Tomás Zerón de la AIC
Una vez más la procuradora general de la República, Arely Gómez González sólo reiteró a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que en la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, se trabaja con “exhaustividad y profesionalismo”.
La reunión entre ambas partes se llevó a cabo un día después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que la causa de la muerte del normalistas de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes, una de las víctimas de Iguala, se debió a la multiplicidad de golpes que recibió de policías y criminales, y de que perros y roedores fueron los responsables del desprendimiento de la piel de su rostro.
En la reunión los padres demandaron que se mantenga presos a los policías que atacaron a Julio César Mondragón y sostuvieron sus anteriores demandas: que se dé seguimiento al libro blanco elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la destitución de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a quien señalan de sembrar pruebas en el basurero de Cocula.
En un comunicado la PGR señaló que en la reunión en la sede central de la dependencia, la procuradora refrendó ante los familiares de los jóvenes normalistas el compromiso indeclinable de la institución de esclarecer el caso.
Durante el encuentro se expusieron los avances en las distintas líneas de investigación y se informó sobre las acciones de búsqueda que se realizan, contando para ello con instrumentos tecnológicos de punta.
Según la PGR, en un “ejercicio de plena transparencia” se dio cuenta de los últimos avances en la investigación, como las diligencias practicadas a raíz de las últimas detenciones de personas relacionadas con el caso, análisis exhaustivo en materia de telefonía y trabajos periciales en curso.
Además, Arely Gómez escuchó con atención los diversos planteamientos de los familiares en relación con el desarrollo de las indagatorias y enfatizó en su disposición para seguir trabajando de manera cercana y conjunta, tanto en los mecanismos de búsqueda como en los demás aspectos de la indagatoria, dice.
En la reunión estuvieron el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres; Alfredo Higuera Bernal titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, así como Luis Grijalva Torrero, responsable del Órgano Interno de Control.
Ninguno de ellos dio respuesta a los planteamientos de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes nuevamente solicitaron la destitución de Zerón de Lucio como uno de “los planteamientos irrenunciables” ya que en opinión del abogado Vidulfo Rosales, el Mecanismo Especial de Seguimiento a Víctimas no dará resultados.
Así, temen que una vez más la PGR cambie las investigaciones y recomendaciones que adelantó el GIEI.
Desde el 25 de abril cuando los padres exigieron por primera vez la destitución de Zerón de Lucio, éste suspendió sus apariciones públicas.
Luego del encuentro con la titular de la PGR, los padres de familia se dirigieron a la sede de la Cancillería, donde quitaron su plantón iniciado hace seis días, luego de agradecer el apoyo de artistas y ciudadanos, quienes se solidarizaron con el movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Insisten padres de Ayotzinapa en que el mecanismo de seguimiento funcione hasta esclarecer los crímenes de Iguala
El mecanismo internacional de seguimiento del caso Ayotzinapa no se ha concretado porque el gobierno pretende que su mandato sea de seis meses, y los abogados de los padres han pedido que se extienda hasta que estén esclarecidos los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, informó el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz.
Dijo que están preocupados porque mientras los preacuerdos alcanzados de consenso entre las tres partes involucradas (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y los padres) no se concreten en un convenio, tampoco hay avances.
Aclaró que la postura de los padres de los 43 desaparecidos es que el mecanismo permanezca en México hasta la conclusión del caso, y seis meses son insuficientes.
Agregó que esa es la razón por la que se ha retrasado la conformación, porque no se han puesto de acuerdo en el tiempo de duración, pese a la disposición que expresaron las autoridades en la reunión con la CIDH, subsidiaria del mecanismo, que se celebró hace doce días en Washington.
El abogado de las víctimas, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón declaró después del encuentro que sería inaudito que el mecanismo no terminara de concretarse la siguiente semana, dadas las señales políticas que dio el Estado.
Concluido el plazo, Felipe de la Cruz informó que han encontrado dificultades para conformar el mecanismo.
Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estuvo dos periodos de seis meses y no encontró indicios de los normalistas desaparecidos debido a los obstáculos burocráticos de las autoridades judiciales y en la investigación.
El vocero de los padres insistió en que seis meses no serán suficientes si las autoridades no tienen intención de llegar a la verdad. La posición de los padres es que el nuevo mecanismo, que inicialmente será coordinado por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, se retire cuando termine el proceso de resolución del caso y se conozca la verdad. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
El mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa ya puede visitar México, informan
El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra informó que hay avances con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa, pero queda pendiente la temporalidad del mismo.
Vía telefónica Rosales Sierra dijo que este viernes terminó el diálogo en Washington, pero no les notifican los resultados de los acuerdos ni de la temporalidad, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) propuso que sea de seis meses, lo que rechazaron los padres.
Informó que también se aceptó que el mecanismo de seguimiento haga visitas al país, tres veces “a partir de este momento” hasta octubre.
“Este mecanismo ya se está concretando, sólo hace falta que se concrete el tema del periodo, por parte del gobierno hay una propuesta y por parte de nosotros otra, me parece que se debe de trabajar en esos acercamientos”, informó Vidulfo Rosales. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Padres de los 43 acuerdan con la canciller crear un mecanismo para seguir recomendaciones del GIEI
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron la mañana de ayer con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, con quien acordaron la creación de un mecanismo que dé seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En la reunión los padres propusieron que el presidente y relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro encabece dicho mecanismo de seguimiento.
Se informó que uno de los acuerdos es que el mecanismo podrá hacer visitas periódicas a México para verificar las recomendaciones establecidas en el primer y segundo informe del GIEI.
El próximo sábado 21 de mayo una comisión de los padres y de funcionarios mexicanos viajará a Washington -sede de la CIDH- para afinar los detalles de dicho mecanismo.
Luego de la reunión de aproximadamente 2 horas con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la comisión de padres de los normalistas se dijo satisfecha con el acuerdo.
Al salir de la reunión el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales expresó que “emplazamos a que el compromiso que hoy se hizo aquí con la canciller se pueda refrendar y llegar ya con esos acuerdos a la Comisión Interamericana en su sesión, que será el día sábado”,
Vidulfo Rosales insistió en el reclamo de quitar a Tomás Zerón de la dirección de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).
De los restos encontrados ayer en Iguala, el abogado planteó que aún hace falta “establecer la autenticidad de la llamada anónima para determinar la relación con los hechos”.
Los restos fueron hallados el pasado martes 17 y miércoles 18 de mayo en Coacoyula, Iguala, debido a una llamada anónima al número de emergencias 066 que reportó la presencia de cinco cuerpos a los que se refería como los de “los estudiantes desaparecidos de Iguala por miembros de la delincuencia”, en alusión a los normalistas de Ayotzinapa que fueron atacados y desaparecidos la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala a manos de policías municipales de ese municipio y de Cocula, además de sicarios de Guerreros Unidos.
Luego del encuentro en la Cancillería, los padres salieron rumbo a la sede de la PGR para exigir la renuncia de Tomás Zerón de Lucio.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón explicó que algunos puntos que quedaron pendientes de definir fueron la periodicidad de las visitas del mecanismo a México y si en ellas van a participar integrantes del GIEI.
Del encuentro dijo que “fue una reunión buena, constructiva, y fue una reunión de la que salimos con puntos de vista de coincidencias en los aspectos centrales del mecanismo, eso se tiene que materializar por escrito en la Comisión Interamericana”.
Por separado, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas coincidió en crear el mecanismo de seguimiento aunque dijo que la posibilidad de que integrantes del GIEI formen parte es un tema que aún debe discutirse.
Consideró que las coincidencias entre los padres de los 43 y la SRE son enormes, “esas coincidencias reflejan que sí tenemos muchos elementos en común y que podemos llegar a un acuerdo, esperemos que (el acuerdo) pueda ser el sábado en Washington”.
Ruiz Cabañas dijo que algunas de las coincidencias entre los padres y la SRE es que haya un mecanismo con el acompañamiento de la CIDH que dé seguimiento a la asistencia técnica del GIEI, así como en continuar labores de investigación, búsqueda y atención a víctimas.
Acompañado de Roberto Campa Cifrián, Ruiz Cabañas calificó de positivo y necesario el encuentro, que muestra que hay voluntad de ambas partes para construir acuerdos, pero también el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de alcanzar la verdad y, eventualmente, la sanción de los responsables.
“Nos pareció muy positivo, un diálogo muy fructífero”, resumió.
Para finalizar, Claudia Ruiz Massieu dijo que podría volver a recibir a los padres si así lo solicitan.
Piden al gobierno alemán que incluya la desaparición forzada en la agenda de la visita del presidente Peña
En vísperas de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Berlín, el 11 y el 12 de abril, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exigió que en su agenda incluya la desapareción forzada y, como ejemplo emblemático, el caso de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En una carta abierta fechada en Stuttgart, Alemania, los firmanes exigieron al presidente Joachim Gauck, y la canciller federal Angela Merkel, que en la visita del presidente de México incluyan en la agenda a los derechos humanos.
Indicaron que la crisis de derechos humanos “ha adquirido dimensiones catastróficas en este país, pues cifras oficiales mencionan que se desconoce el paradero de casi 27 mil personas”.
Sin embargo, denunciaron que las autoridades casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes, por ejemplo, de la “inacción” gubernamental señalaron el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre del 2014.
Recordaron que la desaparicion forzada de 43 normalistas reveló la colaboración entre las autoridades estatales y el crimen organizado, y “desató un gran desconcierto en México y a nivel internacional”.
Pero precisó que el caso es, “sólo la punta del iceberg” de este grave problema, y sólo ante la presión internacional las autoridades mexicanas comenzaron una investigación con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), subsdidiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Destacaron que el Grupo presentó una serie de resultados que refutaron la tesis principal de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el destino de los normalistas, que sigue sin ser aclarado.
El caso Ayotzinapa y las armas alemanas exportadas ilegalmente
Aunque no lo precisan, el caso Ayotzinapa también fue vinculado a la exportación ilegal de armas de Alemania, que policías usaron contra estudiantes de Ayotzinapa en un desalojo en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011, con un saldo de dos estudiantes muertos, y en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecidas 43.
Se trata de la entrada de 9 mil 652 fusiles de asalto G36 alemanes a Guerrero, entregados a policías entre 2006 y 2009, pese a las prohibiciones de venta de este tipo de armas a estados en conflicto, ante las constantes violaciones a los derechos humanos.
Investigaciones alemanes han dado cuenta del uso de estas armas para reprimir movimientos sociales y estudiantiles, y señalaron el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, encontrado con el rostro desollado pocas horas después de los ataques del 26 de septiembre.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México señaló que, tras los hechos de Iguala, en México se perdió la confianza en las instituciones estatales, porque las desapariciones, afirmó, “no únicamente” están relacionadas con el crimen organizado.
Afirmaron que también las fuerzas estatales de seguridad “son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México”.
Informaron que la corrupción, “alcanza niveles más altos en la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.
También denunció detenciones arbitrarias y tortura ejercidas por policías y soldados, “so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.
Señalaron que, a través de la tortura se consigan las confesiones de delitos, y así se agilizan las averiguaciones; y los polícias y militares que torturan no temen a ser acusados porque, en la mayoría de los casos, la víctima permanece en la cárcel, a pesar de la falta de evidencias del delito.
Señalaron que a partir de la presión internacional, el gobierno mexicano presentó un bosquejo de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas, que no corresponden con los estándares internacionales, y rechaza las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y Comités de las Naciones Unidas, para la mejora de la situación de derechos humanos en México.
Así, se atacó y difamó a expertos como el Relator Especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez, y a los integrantes GIEI, que señalaron irregularidades de la administración estatal.
Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Peña Nieto promociona la inversión de mercados internacionales y promueve nuevas leyes en áreas de energía, minería, extración de gas y petróleo, que tendrán repercusiones considerables en unas 32 mil comunidades agrícolas en México, y en las casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales.
No hay en México mecanismos de protección a periodistas y defensores, acusan
Asimismo, informaron que defensores de derechos humanos y periodistas, que señalan las irregularidades y exigen cambios, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato, y no existen mecanismos de protección suficiente a periodistas amenazados como indican los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos.
De acuerdo con la clasificción mundial de la libertad de prensa, de Reporteros sin Fronteras, México es el quinto país en asesinatos de periodistas, y la organización Artículo 19 tiene a la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero como las entidades mas peligrosas para ejercer el oficio de informar.
Asimismo, exigeron que Alemania pida mejoras de la situación de derechos humanos a Peña Nieto, y en particular en la creación de leyes para que las iniciativas contra la tortura y desapariciones forzada correspondan con los estándares internacionales, y que se disponga de mecanismos efectivos de participación y monitoreo de la sociedad civil, y de las asociaciones de víctimas en la realización y aplicación de estas leyes.
De igual manera, solicitaron que en la práctica se garantice el derecho a las comunidades indígenas de su consentimiento, libre, previo e informado en la planeación y desarrollo de megaproyectos, como está establecido en el Convenio 169 de la OIT, y que se fortalezca el Mecanismo de Protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, basándose en las recomendaciones de la sociedad civil.
La Segob no puede decidir si no hay más prórrogas para los expertos, responde el abogado de los padres
El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brinda asistencia técnica en el caso de la desaparición forzada de 43 alumnos de Ayotzinapa, “será de seis meses y puede extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”, dice el acuerdo firmado por el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los beneficiarios de medidas cautelares brindadas por el organismo internacional a víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Por lo tanto la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no habrá otra prórroga para los expertos es una posición política y unilateral que vulnera la responsabilidad que México aceptó ante organismos internacionales, denunció el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica concedió que el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) puede decir que ya no quieren la asistencia técnica del GIEI, pero no puede tomar esa decisión sin un análisis, diálogo y consenso entre las partes que firmaron el acuerdo.
El martes el secretario de Gobernación declaró en radio Fórmula que el periodo del GIEI concluye su mandato el 30 de abril y que no habrá prórroga. Hoy se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue los resultados del cuarto peritaje de fuego que realizó en el basurero de Cocula, con el cual va a concluir en definitiva la tesis oficial sobre el destino de los desaparecidos.
Dicha versión, descartada por científicos de la UNAM, el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense en estudios independientes, pero sostenida por la PGR, dice que todos los estudiantes fueron cremados en un basurero a cielo abierto y sus cenizas lanzadas a un río.
Medidas cautelares por los heridos y los 43
Rosales Sierra estimó que a Osorio Chong le faltó un análisis del Acuerdo de Asistencia Técnica desde la perspectiva de Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de los 43 Estudiantes de la Normal Rural, antes de fijar una posición pública.
El acuerdo depende de las medidas cautelares MC 409/2014 que emitió la CIDH en favor de los 43 alumnos desparecidos y los heridos de los ataques de policías a estudiantes y civiles en Iguala, que México está obligado a cumplir porque firmó la Convención Americana de Derechos Humanos.
Precisó que en este procedimiento México no está siendo prejuzgado de alguna responsabilidad en los hechos de Iguala, pero el organismo consideró que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que está en riesgo la vida de 43 estudiantes. Por lo tanto el Estado debe tomar medidas para salvaguardar esas vidas.
A partir de las medidas cautelares, México debe informar qué hizo para dar con los desaparecidos, la investigación para esclarecer los hechos y a dar asistencia médica y sicológica a los afectados.
En este marco las víctimas solicitaron asistencia técnica internacional y un requisito es que el gobierno mexicano hiciera la solicitud a la CIDH.
Después de las pláticas el 12 de noviembre de 2014 se estableció la creación del GIEI, sus objetivos y su primer periodo de mandato, que se prorrogó seis meses el 19 de octubre de 2015.
En estricto, consideró que debe haber una valoración técnica sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, y revisión del acuerdo entre las partes, antes de fijar una posición.
Sin embargo indicó que la declaración no es casual, se da en un contexto de descalificación de agresión a los cinco integrantes del GIEI, y una serie de obstáculos para que desarrollen su labor.
Con anticipación los padres y abogados han considerado que la intención de las autoridades es delegar su responsabilidad de investigar y esclarecer en hechos en los expertos independientes, y acusarlos de la falta de resultados.
Osorio prometió la permanencia del GIEI, que ahora rechaza: padres
El señor Mario González, papá del normalista desparecido Mario César González Hernández, recordó que en la última reunión que sostuvieron el año pasado en Acapulco con el secretario de Gobernación, éste les prometió que el GIEI permanecería hasta esclarecer los hechos.
“Ayer (martes) lo supimos, en realidad ellos dicen sus cosas pero que recuerde lo que prometió en Acapulco, que no veía ningún problema si se acababa el tiempo de los expertos, (dijo) que daba la vida por saber la verdad, que la permanencia del Grupo se podía extender el tiempo necesario y no había necesidad de que él lo consultara con el presidente, porque era el segundo y tenía autoridad”, relató.
Insistió en que la verdad se va a saber cuando permitan que declaren los militares y los policías federales implicados en los hechos, bajo la supervisión de los expertos, “sabemos quién participó y a quiénes están protegiendo, pero la verdad de lo que aconteció todavía no la sabemos, mientras no declaren los tipos que tienen los videos”, dijo en relación a los soldados que observaron y documentaron algunos ataques.
Consideró que tal vez el gobierno quiere utilizar el último peritaje del basurero para encubrir a las corporaciones policiacas y militares, pero advirtió que los padres no se van a dejar engañar.
Diputados de la comisión para Ayotzinapa se reunirán con Murillo y expresarán si apoyan que siga el GIEI
El próximo 6 de abril la comisión especial sobre el caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados se reunirá en privado, fuera de las instalaciones de San Lázaro, con el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, para hablar de la actuación de la dependencia federal.
Durante la sesión ordinaria de la comisión especial que preside la panista Guadalupe Murguía se notificó la fecha del encuentro, y se aclaró que será una “reunión de trabajo”, debido a que no están facultados para llamar a comparecer a funcionarios o ex funcionarios, como Murillo Karam.
El encuentro será en un lugar “rentado” y no se permitirán grabaciones ni el ingreso de celulares.
Ayer también se decidió que el mismo 6 de abril, en reunión extraordinaria, los miembros de cada partido político externen si apoyan la idea de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) continúe en México por un periodo más.
La diputada de Morena, Araceli Damián aclaró que la permanencia o no del GIEI no va aparejada con la disolución de la comisión especial, pues esa instancia, explicó, es para “dar seguimiento” a las recomendaciones de los expertos, “y muchas de ellas aún no se han cumplido”.
Si los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) logran la mayoría de votos para no brindarle apoyo al GIEI, puntualizó, “ello no va a significar de modo alguno la desaparición de la comisión especial”.
Por otro lado, los representantes de partidos afines al gobierno de Enrique Peña Nieto propusieron que la comisión especial “votara” si acepta o no el uso de la tribuna de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La legisladora de Morena calificó de “absurdo” ese hecho, debido a que –subrayó– es la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que debe aceptar o rechazar la petición de los padres de familia.
En enero pasado la Jucopo señaló que la petición del uso de la tribuna debe surgir de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, y no como propuesta del poder Legislativo.
Ese mes, 22 de los 43 padres solicitaron el uso de la tribuna de San Lázaro en un documento que fue entregado a la comisión especial para que lo remitiera a la Jucopo. Ahora la comisión tiene una nueva petición con la firma de los 43 padres, quienes desean exponer desde la “máxima tribuna” los hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ayer el PRI buscó que la comisión especial “votara” de una vez si se les daba la tribuna, pero finalmente el tema se trasladó para la siguiente semana. Y dado que fue la propia Jucopo la que determinó desde un inicio el mecanismo, es esa instancia la que debe aceptar o rechazar la demanda de los 43 padres.
Ayer cuando los coordinadores parlamentarios abordaron el tema y presentaron la carta con la firma de los 43 padres de familia, el priista César Camacho, quien encabeza la Jucopo, dijo que es “inviable jurídicamente” que “comparezcan” en la Cámara de Diputados para exponer su posición respecto de los avances en las indagatorias del caso Ayotzinapa. Añadió: “Se buscará el mecanismo” para que se pueda llevar a cabo un encuentro con los padres, “pero no a manera de comparecencia”.
Condena la CIDH la campaña de desprestigio contra Álvarez Icaza y los expertos independientes
De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.
En un comunicado el organismo consideró inadmisible la denuncia contra Álvarez Icaza que interpuso el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, fechada el 15 de marzo, por fraude al gobierno federal y los contribuyentes por un millón 250 mil pesos, que el Estado mexicano aportó para gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica internacional que México solicitó a la CIDH.
El secretario técnico firmó el acuerdo internacional en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisa.
La denuncia fue interpuesta por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal AC, pero el tema fue llevado a debate por la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace hace seis meses, cuando terminó el primer periodo de mandato del GIEI. Entonces la empresaria dijo que Álvarez Icaza cayó en un conflicto de intereses en un caso del que debió excusarse por su nacionalidad.
En el escrito fechado en Washington, DC, la CIDH (órgano autónomo de la OEA) expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre esta base, “porque no constituye ningún delito, (la denuncia) resulta temeraria e infundada”.
Explica que Icaza Longoria firmó el convenio de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, a través de la figura de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, la CIDH no administró los recursos ni lo hizo el secretario Ejecutivo.
Para aclarar el caso el organismo cita el argumento que usó en la querella para desacreditar la labor de los expertos y del funcionario de la CIDH: que Álvarez Icaza “incorporó a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes”.
Sin embargo los quejosos señalaron que Álvarez Icaza “engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
Antes de esta denuncia hubo una campaña dirigida a cada integrante del GIEI para poner en duda su calidad moral y su trabajo en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y en especial en América Latina. Los expertos son Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Carlos Beristáin y Francisco Cox.
La CIDH precisó que las partes que firmaron el acuerdo de asistencia técnica internacional (los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Estado mexicano representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República), estuvieron de acuerdo en la selección de los expertos y expertas.
Recordó que se integró el grupo de trabajo a partir de la solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer una verificación técnica de las acciones de las autoridades y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Durante un periodo de seis meses analizarían las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y harían un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Tras el primer informe de trabajo, el 6 de septiembre de 2015, se renovó su mandato por un periodo adicional de seis meses, que vence el 30 de abril.
Del primer informe y conclusiones del GIEI, la CIDH destacó las irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, de las autoridades estatales.
En particular los cuestionamientos a la tesis oficial “la versión histórica” de los hechos de Iguala que dio a conocer el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (desacreditada científicamente por expertos independientes), y la apertura de nuevas líneas de investigación para llegar a la verdad de los hechos.
La Comisión reiteró su respaldo al trabajo del GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones que presenta, asimismo, al secretario Ejecutivo de la CIDH, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.