Etiqueta: GIEI

Cierran los padres de los 43 la PGR; exigen una reunión con el procurador y con Osorio Chong

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cerraron la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, para exigir una mesa de diálogo con el procurador Raúl Cervantes Andrade y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que desde las 7:15 de la mañana los padres y manifestantes que desde hace 19 días mantienen un plantón frente a la PGR, cerraron los accesos y clausuraron de manera simbólica las instalaciones, para exigir que las autoridades le den seguimiento a las líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los pasados días de protesta fue cerrada la entrada principal, pero los funcionarios de la PGR podían ingresar a trabajar por accesos aledaños, este lunes sólo se veían guardias al interior del inmueble.
En declaraciones telefónicas, Rosales Sierra dijo que la PGR continuará cerrada hasta que las autoridades respondan a las demandas de los manifestantes.
A las 7:30 de la noche el gobierno federal propuso que la reunión fuera con el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, pero no se llegó a un acuerdo.
En conferencia de prensa a las 10 de la mañana, la madre del normalista desaparecido César González Hernández, Hilda Hernández Rivera exigió que el gobierno federal investigue el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques, además de la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes y de los detenidos por el caso.
Rosales Sierra dijo que tras la conferencia de prensa los padres marcharon acompañados de unos 300 manifestantes desde el plantón frente a la PGR al antimonumento a los 43 ubicado en la avenida Reforma, donde se llevó a cabo un mitin para exigir que las autoridades resuelvan el caso, pues no puede quedar impune.
En su plantón, los padres tienen costales y cajas de papas, cebollas, nopales, hierbas de olor y demás verduras.
También tienen leña para hacer fogatas y usan la reja de la PGR como tendedero de ropa.
Duermen en casas de campaña o en colchonetas sobre un templete de madera en la carpa principal, y cuentan con más de 10 sanitarios móviles.
El bloqueo lo mantienen en las tres entradas del edificio: la principal, sobre Reforma; la del estacionamiento en Río Guadiana, y la de un acceso lateral en Río Neva.
Cientos de empleados no han podido entrar a las instalaciones, por lo que esperan en las inmediaciones a espera de órdenes de sus superiores.

Denuncian agresión a un padre

En la página oficial en Facebook Padres y madres de Ayotzinapa, se denunció que durante el bloqueo de los accesos a la PGR, cerca de las 3 de la tarde un presunto trabajador del gobierno federal intentó entrar por la fuerza a las instalaciones y agredió a Bernardo Campos Santos, padre del normalista desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien es diabético y resultó lesionado en la rodilla izquierda.
“En repetidas ocasiones hemos afirmado que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos lo han arrebatado. Uno de nosotros fue objeto de una agresión el día de hoy. Una persona (probable representante de la Ley) intentó entrar por la fuerza al edificio de la PGR y en su violenta intentona jalonea a Don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, ¡este padre es diabético! Nos faltan 43”, fue el mensaje con el que difundieron fotografías de la lesión de José Ángel Campos.

Tiene un cronograma; en noviembre tendrá resultados de la investigación, dice la PGR

La PGR informó que existe un cronograma elaborado para tener resultados de la investigación en seis meses, es decir, hasta noviembre.
Ordenó realizar vuelos de rastreo con tecnología de última generación en una superficie de 60 kilómetros cuadrados en la zona de Iguala, en busca de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, dieron a conocer que estos vuelos continuarán con el uso de tecnología LiDar, un radar que obtiene imágenes tridimensionales y térmicas.
“En esta ocasión los propios padres pidieron que el área de aplicación del LiDar sea ahora mucho más extensa en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Esto, con independencia de los costos que pudiera tener, el señor procurador lo aprobó de inmediato”, dijo Higuera.
Comentó en conferencia de prensa que desde que la PGR comenzó a utilizar esta tecnología se ha sobrevolado un área de un kilómetro cuadrado, en la que cual encontraron 100 lugares que debían ser sujetos a una revisión de campo.
Después de una inspección del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los representantes de los padres de los normalistas, dijo, no se localizó ningún dato relevante para las investigaciones ministeriales.
Herrerías informó que a más tardar en noviembre próximo la PGR dará cumplimiento a nueve puntos y recomendaciones de líneas de investigación solicitados por organismos internacionales y los padres de los estudiantes.
Se trata de los puntos recomendados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un mensaje leído a la prensa, Sara Irene Herrerías informó que el 20 de abril se realizó una reunión con representantes de los padres, el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y el procurador Raúl Cervantes, en la que les ofrecieron seguir con “todas las líneas de investigación” y presentar un cronograma sobre los puntos que el mecanismo de la CIDH planteó como prioritarios.
La funcionaria agregó que al día siguiente, la dependencia presentó a la CIDH un cronograma con nueve puntos para ir cumpliendo de ahora hasta noviembre.
No obstante recordó que a esa reunión no asistieron los padres de los 43 “por lo que había pasado en la audiencia entre la CIDH, en donde ellos lo consideraron como un rompimiento y nosotros reiteramos en que como PGR teníamos abiertas todas las líneas de investigación”.
Por otra parte, informó que aún faltan por detener a siete personas más relacionadas directamente con la desaparición de los estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Sabemos, comprendemos y tenemos empatía y lo sabemos el dolor de los padres y queremos darle una respuesta a ellos. En este sentido sabemos que lo más importante es la investigación y nos hemos concentrado en eso en este tiempo”, argumentó.
Luego aseguró que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, “está en la mejor disposición de reunirse con ellos dentro de este marco de la Comisión Interamericana, que sería a finales del mes de mayo, cuando toca la siguiente reunión”.

Descarta que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados

Para verificar si hubo tortura el fiscal Alfredo Higuera dijo que la PGR ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, con o sin denuncia de por medio, y hasta ahora sólo ha habido conclusiones en ocho casos.
De ellos, en seis los resultados fueron negativos y en dos hubo datos de tortura contra los detenidos, y en esos casos, los procesados decidieron no continuar la denuncia ante la PGR.
Descartó que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados o el desechamiento del expediente en los tribunales, ya que en caso de comprobarse sólo se anulan las declaraciones de quienes sufrieron los malos tratos.
“Todo eso tendrá las implicaciones y derivaciones que en cada caso concreto corresponda, la consecuencia natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, aseveró.

El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX

El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.

La marcha

La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.

Marchan en CDMX padres de Ayotzinapa; exigen que se retome la investigación parada hace un año

Este mes se cumple un año sin avances en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, denunció el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa,  Vidulfo Rosales Sierra, y afirmó que al Estado mexicano ya no le hacen mella los cuestionamientos de los organismos internacionales sobre las irregularidades reveladas por expertos independientes.
Ayer en la Ciudad de México los padres de los estudiantes desaparecidos marcharon del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez en la Alameda Central. Los manifestantes están en plantón indefinido frente a la Procuraduría General de la República (PGR) el jueves 20, hasta que la PGR dé un indicio de que retomó las líneas de investigación que dejó en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa.
En consulta telefónica, Rosales Sierra confirmó que hace meses los padres y representantes legales denunciaron la tendencia del Estado de administrar este conflicto durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, sin dar resultados, pero abierto el proceso sigue generando saldos negativos en el gobierno, opinó.
Es decir, las instituciones vulnerables a la corrupción que erosiona la imagen de México en el ámbito comercial internacional ya no sólo administran el conflicto, sino que van propiciando el cierre para blindar las campañas presidenciales de 2018, en particular las aspiraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió.
Aseguró que desde abril de 2016 es factible jurídicamente solicitar la consignación de los policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A la fecha dijo que no hay certeza si el condado de Chicago, en Estados Unidos, no ha enviado la información sobre una investigación de trasiego de droga desde Iguala, o si el gobierno de México no la ha solicitado, esto para fortalecer la línea de investigación que planteó el GIEI sobre el trasiego de droga y dinero al extranjero como el móvil de la agresión y la coordinación de agentes del Estado implicados en los ataques y la desaparición forzada de 43 estudiantes.
Siguen esperando el análisis de la información de los números telefónicos de estudiantes, agentes implicados, el contenido de las conversaciones.
Consideró que la única la explicación a tanta omisión ni es incapacidad, la complejidad, ni falta de recursos, sino que viene la contienda electoral en 2018 y Ayotzinapa estará en la agenda de los candidatos, “si estamos hablando es un caso de alto impacto que conmocionó, generó indignación generalizada, abrió grietas en el poder público, abrió heridas que siguen abiertas, eso preocupa a las autoridades”.
Ante los señalamientos de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forman el nuevo mecanismo de seguimiento y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (The Washington Office on Latin America, por sus siglas en inglés y también conocida como WOLA) , que cuestionaron la insistencia en una versión descartada con pruebas científicas.
Opinó que el Estado ha ido creando una coraza resistente, “no hacen mella ya en este gobierno, tiene más preocupación por relaciones diplomáticas de otra naturaleza. Han creado reticencias, se hacen inmunes al escrutinio, es grave porque eso sólo sucede en regímenes totalitarios”.
Señaló que el gobierno mexicano le apostó a las políticas del mercado, facilitó las reformas estructurales de comercialización y privatización y para contener la resistencia de organizaciones sociales que se oponen, tiene un aparato que sirve para cometer desaparición forzada, detener y encarcelar activistas.
Al mismo tiempo, “tenemos el fenómeno del negocio de las drogas que generan los grupos de la delincuencia en el país, que en la disputa del control del territorio genera violencia desbordada creando una especie de autogobierno, se han apoderado de las instituciones y las han puesto en servicio de estos grupos”, señaló.
La particularidad de Guerrero es que concentra mucha más pobreza, el sufrimiento crece y los gobiernos caciquiles tienen un esquema “feudal”. Dijo que gobiernan ganaderos y comerciantes, que frente a la violencia quieren ocultar la realidad.
“Me parece grave que en el gobierno, Héctor Astudillo quiera dar la impresión de que no ocurre la violencia desbordada y se argumenta, incluso se hace llamados a medios de comunicación y a quienes alzamos la voz, a que no lo hagamos porque ahuyenta el turismo”.
Insistió en que se tiene que poner en movimiento todo el aparato del poder Ejecutivo y Judicial en seguridad y justicia, para desmantelar las redes de complicidad.  “Ya es inocultable dado los altos índices de violencia, no puede seguir errando, cuando están matando políticos”.
Planteó al gobierno estatal que no descalifique las críticas, que se reconozca el diagnóstico real de la violencia y llame a cerrar filas con inventiva.

La investigación del caso Ayotzinapa está plagada de irregularidades, denuncia WOLA

A un año de la partida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) reprochó que el gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”, pero sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes.
El organismo se dio a la tarea de hacer un resumen del estado en que se encuentra la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa.
En el documento difundido este viernes, escrito por Maureen Meyer y Hannah Smith, se menciona que el 20 y 21 de abril, este jueves y viernes, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la coordinadora del mecanismo y también relatora para México, y el secretario ejecutivo de la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente.
Al concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.
“El fin de abril marca un año desde la salida del GIEI de México. El GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano, la CIDH, los representantes legales de las víctimas y sus familias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y atención a víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades mexicanas en su investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el año transcurrido desde la salida del GIEI, ha habido pocos avances en la investigación y el gobierno mexicano no ha descartado su hipótesis original sobre el paradero de los estudiantes”, relatan.
Destaca que el trabajo del GIEI fue esencial para desmentir la llamada “verdad histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados y arrojados al río de Cocula, para contrarrestar la prisa del gobierno mexicano para cerrar el caso.
El grupo descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles para indagar. Además, consideró que un motivo para explicar la magnitud de los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los estudiantes tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y recomendaron perseguir esta línea de investigación. También reveló evidencia que implica a varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia.
Durante su tiempo en México, el GIEI publicó dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo continuar la investigación, el último fue presentado el 24 de abril de 2016.
En julio de 2016 la CIDH estableció el Mecanismo de Seguimiento para el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con el gobierno mexicano, las familias de los estudiantes y sus representantes.
El organismos de defensa de los derechos humanos reprocha que el gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o perdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener declaraciones.
“El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones en el país”, advierte.
Expone que una de las principales recomendaciones del GIEI fue realizar una investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en un video presentado por el Grupo de Expertos, el entonces jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón de Lucio es observado en el río San Juan, donde las bolsas de plástico que contenían restos quemados fueron descubiertas y donde se identificó un fragmento de hueso de uno de los estudiantes, la única identificación positiva en el caso.
Los registros oficiales del gobierno muestran que las bolsas fueron descubiertas el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, este video muestra a Zerón en el río con bolsas de plástico y uno de los acusados clave quien fue removido de la custodia, el 28 de octubre, un día antes de que las autoridades anunciaran oficialmente el hallazgo de esta evidencia.
“Hasta agosto de 2016, César Chávez, titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación del actuar de los funcionarios en el caso. Antes de que sus resultados fueran oficialmente presentados y compartidos con las familias y abogados de los estudiantes, Chávez dejó repentinamente su cargo en septiembre de 2016. Los medios mexicanos y The New York Times obtuvieron el borrador de la investigación de Chávez que encontró 13 graves irregularidades en las actuaciones realizadas por personal de la PGR, incluido a Tomás Zerón. El entonces Visitador había incluso recomendado una investigación más profunda para determinar si la conducta de ciertos funcionarios podría conllevar sanciones penales. Lejos de ser sancionado, Tomás Zerón salió de la PGR y fue nombrado como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad”, relata.
Expone que la revista Proceso obtuvo una resolución judicial en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, un líder del grupo criminal Guerreros Unidos detenido en octubre de 2014, que describe varias evidencias, incluyendo una libreta que tiene números de contacto para funcionarios del estado, entre ellos el actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch, y esta información no fue compartida con el Grupo de Expertos durante su estancia en México.
“Esta libreta también se hace referencia a una persona identificada con el alias El Uruguayo. Los abogados de las víctimas investigaron este alias y descubrieron que El Uruguayo es Gonzalo Martín Souza Neves, un presunto líder de Guerreros Unidos. Souza fue detenido en julio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los estudiantes, en una operación militar conjunta con la PGR en la que se descubrió que estaba en posesión de grandes sumas de dinero en efectivo y drogas ilegales que supuestamente tenía planes de transportar usando compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros”.
“Esta evidencia es clave porque durante su investigación el GIEI concluyó que un posible motivo para el ataque masivo y sostenido de las autoridades contra los estudiantes en los autobuses fue la intervención involuntaria de los estudiantes en una operación de Guerreros Unidos que usaba autobuses comerciales para traficar la heroína a los Estados Unidos, específicamente Chicago, Illinois, como fue evidenciado en un caso que lleva el Departamento de Justicia de este país (Estados Unidos)”.

Recomienda investigar los vínculos de funcionarios con la delincuencia organizada

El organismo dice que las autoridades mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, y sobre todo debe de respetar los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda.
“Dadas las diferencias significativas en el informe interno final presentado por la Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las autoridades mexicanas deben realizar una nueva investigación interna sobre las autoridades que pudieran haber participado en la obstrucción de la justicia. Además debe indagar sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que ocultaron al GIEI información clave sobre los antecedentes de casos que involucran a grupos criminales con presencia en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades también deben investigar los posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia organizada”.
Dado que se ha descubierto evidencia adicional de la práctica del uso de autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las autoridades mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad de que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su participación no intencional en una operación de narcotráfico, pide.
“Aunque se ha identificado la participación de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques contra los estudiantes, el gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de la Policía Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de los hechos, y tampoco las responsabilidades de otras fuerzas de seguridad de estatal y federal que estuvieron presentes durante los hechos”.

Llama a resolver con seriedad el grave problema con las desapariciones en el país

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos dice que gobierno mexicano aún no ha adoptado suficientes medidas para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como desaparecidas, ni para facilitar la identificación de restos y la localización de fosas.
“El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30 mil casos de desaparición registrados oficialmente en México. La principal obligación del gobierno es evitar que las personas en México sigan desapareciendo a manos de grupos criminales o de funcionarios públicos y, cuando ello pase, buscarlas inmediatamente y con vida e investigar a los responsables.
“Como parte de su trabajo en el caso de Ayotzinapa, el Grupo de Expertos abordó la cuestión más amplia de las desapariciones en México y el GIEI recomendó que el gobierno adoptara un marco legal adecuado para investigar los casos de desapariciones”, menciona.
“El plazo para emitir la ley general de desapariciones en México venció el 6 de enero de 2016. No obstante, la ley sigue atorada en el Senado mexicano y los comentarios sobre el proyecto de dictamen actual enviados por el poder Ejecutivo representan un retroceso a las propuestas de las familias de personas desaparecidas, organizaciones civiles y expertos”, expone.

El gobierno buscaría desprestigiar al mecanismo de la CIDH como hizo con el GIEI, advierten padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que temen que el gobierno federal emprenda una campaña de desprestigio en contra del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como lo hizo contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Puntualizó que los padres no retomarán el diálogo con las autoridades si no les presentan un avance contundente de la investigación del caso, por ejemplo, la detención de los policías federales que estuvieron en los ataques el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala que no han sido imputados ni interrogados al respecto, de lo contrario “no nos sentaremos para que nos escuchen y se repita lo que ya se ha ido diciendo”.
El viernes en conferencia de prensa en la Ciudad de México, la relatora del mecanismo de seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão informaron que el gobierno federal no ha avanzado en el esclarecimiento de líneas de investigación por el caso Ayotzinapa sugeridas desde 2015 por el GIEI.
En su visita de tres días descubrieron que no hay acusaciones formales por la presunta participación de policías municipales de Huitzuco ni por el encubrimiento a manos de dos policías federales, que descubrió y
reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tampoco hay avances para dilucidar la participación del Ejército durante los hechos ni para establecer por qué no protegieron a los normalistas durante el ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014. Del trasiego de drogas de Iguala a Chicago, urgieron priorizar las diligencias y solicitudes de asistencia jurídica al gobierno de Estados Unidos.
Consultado vía telefónica, Felipe de la Cruz dijo que para los comisionados de la CIDH es preocupante que las autoridades federales ignoren las recomendaciones del GIEI, porque eso significa que “están ignorando” a la propia comisión.
Dijo que los padres temen que las autoridades desprestigien al mecanismo de seguimiento como hicieron con el GIEI, y que también les impidan a los comisionados de la CIDH avanzar en la investigación del caso, respetando las líneas que marcó el grupo.
“Casi estamos seguros” de que las autoridades no permitirán que la CIDH resuelva el caso, prueba de ello son las recientes declaraciones del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien afirmó que la teoría de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula es la única válida.
Dijo que la situación se está complicando debido a la falta de respuesta de las autoridades federales, pero los padres continuarán de manera indefinida el plantón que instalaron en la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.

Protestan padres de los 43 en juzgado de CDMX; exigen la admisión de un amparo contra la PGR

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir la admisión de un amparo contra la resolución de la Visitaduría General de Procuraduría General de la República (PGR), que diluye la responsabilidad del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio en las graves irregularidades que cometió en la investigación del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que Zerón de Lucio hizo diligencias de las que no notificó ni están en los expedientes del proceso de investigación de los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes y otros civiles en Iguala.
Ayer acompañados de activistas los padres hicieron un mitin de 3 horas afuera de las oficinas del Poder Judicial en la colonia Tláhuac de la delegación Álvaro Obregón, mientras conseguían una entrevista con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, en quien recayó la revisión de la solicitud de amparo bajo el folio 195/2017.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el amparo se entregó hace dos semanas, y señala que la resolución de la Visitaduría de la PGR viola el derecho de los padres al conocimiento de la verdad sobre los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre otros perjuicios.
Pidieron que el juez admita la queja y en el estudio de fondo revise la legalidad de la resolución que emitió la PGR, que revise todas las irregularidades en que incurrió el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuando estuvo al frente de la investigación, y que se restablezca la legalidad quebrantada por él.
Informó que los padres hicieron énfasis en que han recorrido todas las instancias de gobierno en busca de respuestas, y todas las instituciones se aliaron para mantener una versión oficial sobre el destino de sus hijos, descartada en siete ocasiones por expertos independientes mediante pruebas científicas.
Ayer solicitaron al juez que no le tiemblen las manos, si Zerón de Lucio violentó la ley que se le aplique una sanción acorde con el agravio y los delitos que generen sus acciones.
Abundó que hay una crisis en las instituciones y sus órganos de control interno, en los mecanismos anticorrupción y las contralorías que deben regular la función pública y velar por el respeto al Estado de derecho en las estructuras de gobierno, ya que no están dando resultados.
Demandó al juez que no acepte la política federal de solapar por consigna a los funcionarios que incurren en irregularidades y actos de corrupción.
Mencionó que esperan que en este proceso sí se tomen en cuenta todas las irregularidades cometidas la investigación, que llevaron a la tesis del procurador Jesús Murillo Karam que establece que los 43 desaparecidos fueron asesinados e incinerados por un grupo criminal, la cual llamó “verdad histórica”.
Precisó que a la par de este procedimiento la investigación sigue su curso mediante la oficina de investigación del caso Ayotzinapa en la PGR, que también avanza muy lento.
Denunció que los funcionarios de la PGR no quieren profundizar ni perfeccionar las líneas de investigación que recomendó el GIEI en abril, hace un año, sobre la participación de policías de Huitzuco en los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes, y dos policías federales que tuvieron conocimiento del momento en que se los llevaron detenidos.
A la fecha, aseguró que no hay ni siquiera una consignación para detener a los policías de esas corporaciones que están plenamente identificados, y puede dar lugar a que evadan la justicia.
Agregó que los funcionarios de la PGR argumentan que no hay suficientes elementos para consignarlos, sin embargo, más allá de que jurídicamente no haya elementos, aseguró que políticamente no se quiere dar un paso en esa dirección porque implica abandonar la tesis oficial.
“Esa es la molestia, el hartazgo de los padres de familia, nosotros vemos que no hay interés ni voluntad de agilizar, de profundizar en tales líneas, la última detención que tenemos fue en esa ruta (de la verdad histórica), y hay otras 15 o 20 personas con orden de aprehensión ligadas a esa versión”, explicó.
Sin avances importantes, confirmó que no tenía caso acudir a la reunión de ayer en la PGR, que cancelaron con anticipación.
Los temas que quedaron pendientes de respuesta en la anterior sesión, el 9 de febrero, serán discutidos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ahí el gobierno mexicano haga compromisos con el organismo internacional.
Concretamente los temas pendientes son: la consignación de los policías municipales de Huitzuco, de los policías federales, la utilización de todos los recursos de búsqueda en vida o muerte sin escatimar la utilización de tecnología laser, el análisis rápido y exhaustivo de la telefonía celular, “de los que hemos monitoreado hay pocos avances, así la reunión no tiene razón”.
Del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, que tenía programada una visita a México este mes, informó que se pospuso pero hace un seguimiento a distancia, y participará en la audiencia dentro del periodo ordinario de sesiones, en Washington DC.

Debe parar la impunidad en México o impactará en las nuevas generaciones, advierte Beristain

 

El especialista en víctimas de violencia y tortura del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain denunció que por más leyes que se elaboren en México, si no se implementan políticas con empatía hacia las víctimas, si no se quiebra el círculo vicioso de violencia-impunidad-corrupción, se impactará a las nuevas generaciones.
“Si vemos que nada se transforma puede ayudar a generar insensibilidad y falta de conciencia, y ese impacto va proseguir en México en las próximas generaciones, ese es el horizonte, no del próximo año, no del próximo sexenio, de las próximas generaciones”, advirtió preocupado.
Consultado por teléfono en el marco de su visita para presentar su libro El tiempo de Ayotzinapa sobre sus vivencias en el periodo en que cinco expertos extranjeros fueron coadyuvantes de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, dijo que si desde las instituciones siguen llamando levantado a un desaparecido, se le convierte en un subhumano que no genera empatía ni conciencia, como ejemplo del inadecuado tratamiento de las víctimas.
Aseguró que la peor receta para atender la desaparición de personas es mirar a otro lado, como ocurre en el país.
Carlos Beristain es el único de los especialistas extranjeros con labor previa en México del GIEI. Indicó que en 2012 trabajó con familias de desaparecidos en la atención psicosocial con talleres, espacios de dolor y de llanto, y habló entonces de la necesidad de una política de atención a víctimas ante la prensa.
Al volver a México con el GIEI para el caso Ayotzinapa no tenía un conocimiento profundo de la desaparición forzada ni del sistema judicial, lo que sabía era a partir de los relatos de los familiares que recurrían a diferentes leyes, y que mostraba que no era un problema aislado.
Cuando aquellas familias acudieron al Ministerio Público con un caso de desaparición siempre les decían que volvieran después, “y esas son prácticas de desprecio para la gente, es la peor práctica para la atención del problema”, dijo.
Al comenzar la coadyuvancia en el caso Ayotzinapa, cinco meses después del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas, todos los especialistas tenían claro que el caso implicaba una tarea inmensa, muy compleja, que les tocaba desentrañar cosas poco claras y enfrentar el aparato del Estado, relató.
Agregó que empezaron con la convicción de que era un enorme desafío que sí se podía resolver, y también comenzaron a enfrentar obstáculos para llegar a la verdad.
No obstante en el primer informe lograron reconstruir la historia que había sido contada de forma tergiversada o parcial, y las fuentes fundamentales fueron los sobrevivientes y los familiares de la Normal de Ayotzinapa y del equipo de fútbol Los Avispones.
Sin embargo en el segundo informe dependían del avance de la investigación de la PGR, “y no sé por qué no se hicieron (los peritajes y recomendaciones) y eso nos dejó frustrados”.
Recurrieron a otras fuentes, periodistas de Guerrero que hicieron aportaciones, pero los expertos no pudieron intervenir a más.
Insistió en que “sí se puede resolver el caso”, es decir, determinar el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, “incomodamos a ciertos actores y el miedo a la verdad no es positivo para México, con tanto dolor”.
Desde su experiencia en diferentes países, aseguró que la única forma de sanar a las familias es que reciban respuestas desde la verdad, si no hay verdad no habrá paz, no sólo en Ayotzinapa, sino en todas las familias con seres queridos desaparecidos.
Dijo que en otros países los familiares, no los gobiernos, han permitido los movimientos amplios para buscar la verdad, “a pesar del enorme estrés que representa han convertido la lógica del afecto en una conciencia de derechos humanos más amplio”.
No sólo los impulsa el amor a sus hijos, sino la confianza que alcanzan con otros padres.
También es necesaria la atención nacional e internacional, el apoyo colectivo con otras víctimas y abrir la conciencia para moverse hacia una transformación.
En el libro narra su experiencia sin los tecnicismos del informe, cómo lograron avanzar ante los obstáculos y encontraron elementos insólitos que permitieron descubrir situaciones que se intentaron ocultar, como el quinto autobús y el trasiego de droga en el transporte público, que de acuerdo con la tesis de los expertos, pudo ser la razón del ataque indiscriminado y coordinado contra los estudiantes.
Reconoció que desde el primer informe se dieron cuenta que “había un punto de no retorno”, que las autoridades trataban de sostener la versión del basurero de Cocula, que dice que ahí fueron incinerados los desaparecidos, incluso cambiando un poco la historia para adecuarla a las circunstancias que se iban develando.
“Esa fue la peor solución”, pues los nuevos testimonios que se tomaron en el camino “eran como una manta que se tira de un lado y tapa una esquina y deja descubierta otra cosa”, no ajustaba con la realidad y se evidenciaban más irregularidades, como tortura a los inculpados.
Asimismo, la diligencia en el río San Juan donde funcionarios de la PGR sembraron evidencia para colocar el resto de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, “la respuesta dada después por el gobierno es un mal síntoma, la peor receta para el caso y para el país y sólo alarga más una solución”.
En cuanto a si tiene confianza en que se conozca la verdad del caso Ayotzinapa y de los desaparecidos del país, dijo que la verdad siempre se empeña en salir si quien la empuja son los familiares, pero también refirió una frase de su compañera la experta colombiana Ángela Buitrago, “tiempo que pasa, verdad que se aleja”.
Recordó que en el segundo informe de trabajo señalaron los problemas estructurales en la investigación y dejaron en 22 puntos para mejorar el sistema de procuración de justicia.
Aseguró que si se atienden las recomendaciones como lo han visto en otros países, la situación va a cambiar.
“El círculo de violencia-corrupción-impunidad-violación de derechos humanos se quiebra en la impunidad. Si se mantiene la impunidad se mantienen los círculos de complicidades políticas, de corrupción y violencia. No hacerlo contribuiría a fomentar la violencia, lo único que se va a hacer es mirar a otro lado”.

Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa

El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.

Hubo obstáculos del gobierno federal para dar con los 43 desaparecidos en 2016, denuncia Vidulfo Rosales

 

El año 2016 fue de disputas políticas con el gobierno federal, mínimos avances y obstáculos en la investigación para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, consideró el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En un balance y perspectivas del caso, Rosales Sierra dijo que en 2017 el reto para los padres de los estudiantes desaparecidos será mantener vivo el movimiento y esperar la opinión de organismos internacionales, para que la Procuraduría General de la República (PGR) retome con interés las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además informó que los padres solicitaron la revisión del caso en el Comité de Desapariciones Forzadas, las Relatorías de Desaparición Forzada y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso en el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, también de la ONU porque entre los 43 hay 17 jóvenes indígenas, pero reconoció que este proceso es lento.
Este año los expertos extranjeros coadyuvantes en la investigación de la PGR se retiraron del país por falta de condiciones para continuar su mandato a finales de abril, debido a la campaña mediática de desprestigio en su contra impulsada por el gobierno, que comenzó en febrero.
El abogado relató que hubo un “jaloneo político: que si había extranjeros interviniendo en el país, que si querían descarrilar el sistema, que si cayera (el presidente) Enrique Peña Nieto”, así se perdió en disputas la mitad del año, el mismo tiempo que la PGR tardó en atender las líneas de investigación que el GIEI recomendó.
Como parte de la medidas cautelares que otorgó a las víctimas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se aprobó otro mecanismo especial, cuyas características comenzaron a discutirse con las víctimas y el gobierno mexicano en marzo y comenzó a funcionar en noviembre, a seis meses de la salida del GIEI del país.
Aunque Rosales Sierra estimó que en 2015 se agotó la tesis oficial que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre el posible destino final de los estudiantes desaparecidos en el basurero de Cocula, el tema se mantuvo latente.
Los padres explicaron en cada manifestación en distintos puntos del estado y del país, las inconsistencias e irregularidades de la llamada “verdad histórica” que dice que los jóvenes fueron incinerados en el basurero, para intentar revertir la penetración de los medios masivos de comunicación que la presentaron como un hecho irrefutable, pese a las pruebas científicas que distintos grupos de expertos presentaron para descartarla.
En septiembre de este año la revista especializada Science publicó los resultados de un experimento del experto en fuego de la Universidad de Queensland, Australia, José Torero, que descartó en definitiva la explicación del gobierno federal de que un cartel del narcotráfico asesinó a los estudiantes y quemó los cuerpos en un basurero a cielo abierto.
Estableció que en el basurero de Cocula no existen posibilidades de incinerar 43 cuerpos, porque sería necesario apilar entre 20 y 40 toneladas de madera para destruir toda la materia orgánica, al punto en que se hallaban los restos levantados en el lugar.
La obstrucción desde la Presidencia

Según la opinión de Rosales Sierra, la procuradora Arely Gómez González (quien sustituyó a Murillo Karam), sí quiso investigar las líneas que recomendó el GIEI distintas al basurero de Cocula: búsqueda con vida y muerte de los estudiantes desaparecidos, aclarar la actuación de policías federales y de los militares, así como el trasiego de heroína de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques coordinados entre agentes de seguridad pública y sicarios del crimen organizado.
Afirmó que en su gestión -del 3 marzo de 2015 al 15 de octubre de 2016-, se retomaron algunas líneas pero nunca tuvo respaldo institucional del poder Ejecutivo, al contrario, aseguró que la obstaculizaron.
Por ejemplo señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detenía a presuntos implicados en los ataques del 26 de septiembre y no avisaba a la oficina del caso Ayotzinapa. Tampoco permitía que los interrogaran para contrastar datos o preguntarles directamente de los desaparecidos.
Cuando los agentes del Ministerio Público (MP) solicitaban diligencias para un cateo a una casa refugio de criminales o la búsqueda en algún cerro (por ejemplo La Carnicería ubicado cerca del basurero de Cocula), ésta ya se había hecho sin avisar a la oficina del caso.
Dijo que después de la separación del cargo del director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio (investigado por manipular pruebas en el río San Juan pero nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional), la oficina de investigación tampoco pudo entrevistar al secretario de Seguridad Pública de Iguala la noche de los hechos, Felipe Flores Velásquez, detenido el 21 de octubre.
Aceptó que había una orden de aprehensión en su contra por otro delito pero había una oportunidad para que la oficina que lleva la investigación lo interrogara del paradero de los normalistas.
En ese tenor fue que siempre se investigó, junto a la postura institucional del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del presidente Peña Nieto, de que lo más avanzado de la investigación fue lo que presentó Murillo Karam.
Ellos destacan que sí permitieron la intervención de los expertos internacionales para esclarecer los hechos pero no avanzaron, cuando fueron las propias autoridades las que impidieron el trabajo de los enviados de la CIDH. Ahora, siguen mostrando reticencias para abordar las líneas presentadas hace ocho meses.
Estimó que al presidente le reditúa más políticamente de aquí al 2018 que el caso se mantenga como está “en un bache”.
Confió en que el mecanismo de seguimiento de la CIDH puede generar en 2017, “esa palanca de presión que ayuda a impulsar, agilizar la investigación, para impulsar líneas de trabajo, y los padres tenemos el reto de mantener vivo el movimiento para que sea contrapeso al poco interés que ha mostrado la PGR”.

Se fortalece la organización

El abogado Vidulfo Rosales consideró que el núcleo organizativo en torno a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, representado en la Asamblea Nacional Popular (ANP), se fortaleció.
Pese a las dificultades señaló que en la ANP siguen entre 70 y 90 organizaciones constantes, que hacen posibles las caravanas a distintos puntos del país.
Relató que en los primeros meses de los ataques se registraban hasta 600 organizaciones en la asamblea que se celebra en Ayotzinapa. Vino un reflujo en 2015 y este año se consolidó con grupos permanentes.
Destacó que en las regiones también hay un apoyo sólido: en Chilpancingo y Tixtla con el magisterio, en la Montaña con maestros y organizaciones sociales y en el corredor de Costa Chica de donde son la mayoría de los estudiantes desaparecidos que se conjugó con los asesinatos de Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro el 5 octubre, “lamentablemente otra desgracia engarza la indignación con los desaparecidos”.
Se refirió a las organizaciones de Atoyac con años de trayectoria, y en Ometepec donde el magisterio mantenía la demanda de los padres de familia.
Afirmó que ahora se tiene claridad en sus principios, se tiene una agenda con una mirada nacional que se condensa en nueve puntos, los primeros son la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los más de 20 mil desaparecidos en el país, derogación de las reformas estructurales, libertad de los presos políticos, y el cambio gobierno y régimen político.

 

Siguen impunes los asesinos de los normalistas en el desalojo a la autopista, denuncia Felipe de la Cruz

 

El plan de acción de fin de año de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos comienza el próximo sábado, en la Asamblea Nacional Popular que se reúne en la Normal Rural en Tixtla, y continúa con la conmemoración del desalojo a balazos de una manifestación de normalistas en la Autopista del Sol ocurrida el 12 de diciembre de 2011, informó el vocero Felipe de la Cruz.
En Chilpancingo a donde acudió a invitar a organizaciones magisteriales y sociales a que vuelvan a participar en la ANP de Ayotzinapa, el activista añadió que el 20 de diciembre comenzará una caravana que llegará el 26 de diciembre a la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y ahí los padres participarán en una misa de 27 meses de los crímenes de Iguala.
Señaló que algunos de los puntos de la caravana serán Taxco y Cuernavaca, y que se tiene previsto un mitin en la caseta de cuota de Tlalpan el día que lleguen a la Ciudad de México, y de ahí ir a la basílica.
Como de costumbre el día 27 llevarán una ofrenda floral a los sitios donde fueron asesinados los normalistas César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en los ataques de la fuerza pública en Iguala.
De los hechos del 12 de diciembre donde policías estatales, federales y ministeriales desalojaron a balazos el bloqueo de los normalistas, asesinaron a dos estudiantes, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexander Herrera Pino e hirieron a tres más de bala, De la Cruz denunció que sigue la impunidad y los perpetradores materiales e intelectuales siguen “como si nada paseando por las calles, como si no hubieran matado, sigue el encubrimiento (de los políticos) entre ellos mismos”.
Mencionó que Ángel Aguirre Rivero era gobernador cuando ocurrió la agresión a los estudiantes, así como la noche en que fueron atacados, asesinados y desaparecidos los normalistas en Iguala, en 2014.
Agregó que con los padres de los desaparecidos están visitando las regiones para llamar a la unidad el 12 de diciembre, para que las muertes de Gabriel y Alexis no queden impunes, aunque es una fecha dolorosa para sus padres, consideró que debe ser también un día de dignidad y de rabia.

Encubrimiento político y militar

Por otro lado, informó que el mecanismo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisa las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de salir del país, particularmente de la participación de los policías de Huitzuco y del personaje identificado como El Patrón, a quien se presume fueron llevados un grupo de los 43 normalistas desaparecidos.
También la participación de los militares, que se negaron a ser entrevistados por los expertos independientes, y que nuevas investigaciones periodísticas los colocan en los ataques a estudiantes, así como en los escenarios de la desaparición.
Aclaró que aún mantienen la posición de no reunirse con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras no sean investigados y sancionados los funcionarios responsables de graves irregularidades cometidas durante la primera fase de la investigación, principalmente, el anterior director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio
Desde que los padres se levantaron de la mesa ha habido rotaciones en los cargos federales relacionados con el caso Iguala. De entrada Zerón de Lucio fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad nacional. En octubre la procuradora Arely Gómez se fue presidir la Secretaría de la Función Pública y fue sustituida en la PGR por Raúl Cervantes Andrade. Hace un mes el subprocurador de Derechos Humanos, y responsable de la oficina de investigación del caso Iguala, Eder Omar Betanzos, fue nombrado subsecretario de la Función Pública, y en su lugar en la PGR quedó Sara Irene Herrerías Guerra.
De las actuaciones de la Oficina de Investigación, De la Cruz aclaró que no están de acuerdo en que todos los esfuerzos están dirigidos a buscar a los 43 normalistas muertos, “son dos años y meses de los crímenes y la PGR no pueden demostrar que están fallecidos. Por eso la insistencia nuestra de que los busquen en vida”.
Insistió en que se abran los cuarteles, ya que los militares también son protegidos, dijo en relación con el nombramiento del exjefe militar de Iguala, Alejandro Saavedra Hernández, que fue nombrado inspector y Contralor General de la Secretaría de la Defensa Nacional.