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Advierte el GIEI en su Informe del riesgo de que “la mentira se institucionalice”

Una de las madres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa escucha el último informe del GIEI sobre los hallazgos, avances, obstáculos y pendientes del caso de la desaparición forzada de los normalistas en Iguala Foto: Cuartoscuro

Viétnika Batres

Ciudad de México

Ocho años después de creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer este martes su sexto y último Informe Ayotzinapa en voz de los dos integrantes que le quedaban, Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristain.
En el documento, presentado este martes en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), el GIEI ofrece un “ana?lisis te?cnico sobre localización, relaciones comunicacionales y desplazamientos de las fuerzas de seguridad”. Hace énfasis en la necesidad de que termine de esclarecerse “la supuesta versión de la verdad histórica” y no quita el dedo del renglón en cuanto al trasiego de drogas “como contexto y motivo” de los hechos violentos de la noche de Iguala que derivaron en la desaparición forzada de los 43.
También examina la acción del crimen organizado y establece líneas de investigación que deben seguir las autoridades a cargo para establecer con certeza “el destino y paradero” de los normalistas. Aparte, se refiere a la actuación y las responsabilidades de la Polici?a Ministerial, Estatal y Federal; se detiene en el papel de lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en particular de la Secretaría de Marina (Semar).
Nuevas revelaciones en torno a una desconocida intervención de la Semar, junto con una revelación relacionada con el asesinato del estudiante Julio César Mondragón Fontes, es lo más relevante que aporta el grupo en esta ocasión.
“La negación de la verdad”, alerta el informe, supone una nueva forma de maltrato psicológico para las víctimas. “El caso Ayotzinapa se encuentra en este momento, con avances muy importantes y obstáculos clave, es el tiempo en que puede mostrarse como una palanca para el cambio o como la confirmación de la impotencia”.

La Semar ha ocultado
acciones en Guerrero

El detallado reporte del GIEI hace hincapié en actividades de las cuales la Marina no había informado y que apenas ahora se conocen, como detenciones y traslados en helicópteros de la Semar de los detenidos a sedes de Ciudad de México.
En 2014 tuvo actividades en Guerrero desde el 28 de septiembre con grupos tácticos; actividades desde el 18 de octubre en Cocula, y en el basurero de ese lugar el día 27 del mismo mes, así como actividades en el río San Juan desde el 27 de octubre de 2014.
Ahora se sabe que la Semar realizó un traslado de buzos y tuvo una intervención en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, un día antes de que oficialmente fuera “encontrada la bolsa” con presuntos restos de los normalistas. Además, hubo detenciones en instalaciones de la Marina, con torturas a varios detenidos. Lo más grave es que ha salido a la luz información sobre personas cuyo paradero supuestamente se desconoce y de personas muertas o ejecutadas durante sus operativos.
La Semar, se apunta en el documento, “no solo realizó seguridad perimetral como señala, sino que participó en varios operativos y tuvo un papel importante en acciones en las que se basó la construcción de la llamada ‘verdad histórica’, como interrogatorios de detenidos en instalaciones de la Marina y labores de la unidad de inteligencia en la región de Iguala, Cocula y Coatepec de los Costales”.
El GIEI plantea que toda la información con la que contaron u obtuvieron los diversos grupos de la Marina –a través de drones, de medios técnicos telefónicos y de mensajes, e información documental– sea “puesta a disposición de manera integral en la investigación”. Ésta, junto con la que ya se recogió en los archivos por parte del GIEI y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), “debe incorporarse de manera total a la investigación, pues permite comprobar algunos aspectos hasta ahora desconocidos de la participación de la Marina en distintas acciones”.

A Julio César pudieron
haberlo dejado en Taxco

El otro tema del que el GIEI reporta datos inéditos, es el lugar en donde se encontró el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los tres alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron asesinados entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Los otros dos fueron Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
El homicidio de Mondragón adquirió notoriedad porque se filtraron dos fotografías explícitas de su cadáver con evidentes señales de tortura. Luego la necropsia confirmaría que el joven mexiquense de 23 años había sido desollado vivo. Además, porque le robaron su celular y al hacer el rastreo de las últimas llamadas se descubrió que alguien había estado usando ese teléfono hasta abril de 2015, y las huellas llevaban a la oficina del Cisen en Ciudad de México y a un campo de golf del Campo Militar número 1.
De acuerdo con la versión oficial, el cuerpo de Mondragón fue ubicado por el 41 Batallón de Infantería en la zona industrial Iguala gracias a una llamada anónima.
Pero, documentos y declaraciones del 27 Batallón de Infantería señalan que fue éste el que llegó al lugar donde yacía mutilado y sin vida Julio César.
Por si fuera poco, ahora se cuenta con otro documento según el cual fue la 35 Zona Militar la que halló en Mexcaltepec, municipio de Taxco, el cadáver del joven; esta información fue sustentada, incluso, con las dos mismas imágenes que circularon en internet.
En resumen, puntualiza el informe, “existen contradicciones sobre la hora y las autoridades que llegaron, que se muestran al menos en tres documentos de Sedena”. Se desconoce cuál sería la finalidad de que existan distintas versiones sobre este hecho.

“Estamos arañando la
verdad a cada rato”

El GIEI fue creado como coadyuvante en la investigación del caso Ayotzinapa por parte de las madres y padres de 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, además de los tres que fueron asesinados, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En sus inicios, el grupo estuvo conformado por cinco investigadores que comenzaron su trabajo en el caso Ayotzinapa en marzo de 2015, medio año después de los violentos hechos en Iguala: Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, de Colombia; Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Carlos Beristain, de España, y Francisco Cox, de Chile.
Luego de experimentar numerosas presiones, desgaste e impotencia, pasando por un periodo de ausencia en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sólo dos de ellos llegaron hasta lo que parece ser el final de este grupo multinacional que ha sido motor y empuje de la búsqueda de la verdad y la justicia.
No se van porque quieren, han dicho, sino –confió en otro momento un Carlos Beristain triste aunque resignado a no poder seguir avanzando en la investigación– porque “hemos trabajado hasta el límite. No nos han dado la información solicitada, nos mienten, ya no tenemos más con que seguir trabajando. ¿Por qué se miente? Estamos arañando la verdad a cada rato”.
A pesar suyo y, sobre todo, de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, el GIEI se retira del caso Ayotzinapa y ya no extenderá el plazo de su misión en México.
El experto español lo enfatizó al lado de su colega colombiana este martes en el Centro Cultural Tlatelolco, donde hablaron de los últimos “hallazgos, avances, obstáculos y pendientes” sobre el caso.
Visiblemente conmovidos –“nos duele, estamos tristes, nos cuesta hablar”, admitió Beristain en el CCUT– manifestaron su frustración por no poder seguir avanzando. “Hemos llegado hasta el límite con lo que tenemos y con lo que podemos”.

Voluntad política vs
regateo de información

En su VI Informe Ayotzinapa, los investigadores internacionales reconocen que la voluntad política ha sido “determinante” en la creación de nuevos mecanismos, como la fiscalía especial o la comisión de la verdad del caso, la convocatoria al GIEI mismo, “y la respuesta positiva” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a la demanda del grupo de expertos y de los familiares de las víctimas para la apertura de archivos militares u otras gestiones clave frente altas autoridades del Ejército o la Marina, principalmente.
No obstante, advierten, esta voluntad “se da en un contexto político más amplio”, en el que los debates sobre la seguridad y el rol que juega en este sexenio el Ejército, así como “el nivel de cooptación de parte del aparato del Estado” y las violaciones de derechos humanos –por ejemplo, las más de cien mil personas desaparecidas en todo el país–, “muestran el enorme impacto de la violencia y la llamada guerra contra el narcotráfico, y condicionan también las respuestas institucionales y sociales”.
Para el GIEI, la voluntad política debería llevar “al apego irrestricto de las decisiones políticas de entregar toda la información, cosa que no se ha dado hasta el momento”.
El informe insiste en la importancia de “llegar hasta el final en el esclarecimiento de la verdad, proveyendo toda la información que aún hoy no es accesible y no ha sido proporcionada”.
Es fundamental, remarca el GIEI, “que la mentira no se institucionalice

como forma de respuesta frente a preguntas o realidades que se consideran incómodas”. Se necesita “una total apertura de las instituciones del Estado”.
La negativa de los mandos de Sedena a proporcionar la información de la que se conoce sólo algunas partes y que resulta determinante, “muestra la defensa de una concepción institucional corporativa en lugar de una perspectiva crítica respecto a una manera de entender el papel del poder militar que ayude a la construcción de la democracia”.

Las respuestas de
los militares

El VI Informe Ayotzinapa dedica espacio a explicar cómo elementos de la Defensa Nacional han adecuado sus declaraciones, “que cambian según revelaciones del GIEI o avance de investigaciones”.
Por ejemplo, el Ejército tuvo seguimiento, conoció antes y tuvo interceptaciones de comunicaciones en el momento de los hechos y días posteriores, pero no hizo nada por rescatarlos. “Militares están en más lugares de los que reconocen en su versión y ocultan información clave de forma intencional en declaraciones”.
Sin embargo, “el 27 Batallón y Sedena señalan que no se tenía conocimiento, capacidad o deber de actuación”, aunque supieron “lo que estaba pasando mientras estaba pasando”, y a pesar de “tener competencia por disparos y delincuencia organizada, conocer el nivel de cooptación de autoridades de Iguala y saber quiénes eran los estudiantes, estar en los lugares donde ocurrieron los hechos, viendo por lo menos lo que estaban haciendo y los ataques de que fueron objeto en tiempo real”.
No sólo eso. Mandos del 27 y del 41 batallones de infantería y de Apaxtla “tienen lazos previos de colaboración, corrupción” y antecedentes de permitir operaciones de Guerreros Unidos, recuerda el GIEI y aprovecha para recordar que “escuchas de Chicago” implicaron a mandos militares.
Por otro lado, la Sedena “niega tener información sobre lo sucedido a través de seguimiento y monitoreos telefónicos e investigaciones que llevaron a cabo, que nunca fueron puestas a disposición de la investigación de los hechos o del paradero de los estudiantes”.
Dicha información se descubrió siete años después “por la petición del GIEI de acceder a los archivos militares y la voluntad presidencial de llevar a cabo esa apertura”, pero fue entregada en forma parcial “y otra parte de ella se sigue ocultando o negando en la actualidad. No hay cumplimiento de las órdenes ni consecuencias conocidas hasta ahora por ello”, menciona el informe.
Resalta que existe documentación revisada que muestra “el nivel de coordinación de la información entre el 27 Batallón, la 35 Zona Militar, la IX Región y el DN1 “sobre lo sucedido esa noche. Existen numerosos documentos de inteligencia cuya existencia se niega a pesar de la evidencia, y no se proporcionan en respuestas al GIEI, la Covaj y la Unidad Especial de Investigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA)”.

“No es un punto final”

En su última parte, el VI Informe Ayotzinapa indica que “el conjunto de las evidencias” que ha encontrado el GIEI “marca el camino a seguir en las investigaciones con la participación de las víctimas, representantes e instituciones”.
Y si bien es una despedida, “no es un punto final, porque la búsqueda de los desaparecidos, la verdad y la justicia sigue todavía su camino”.
Pese a las limitaciones de la investigación del caso, “que bloquean al GIEI poder seguir el trabajo, los logros han sido muchos y han sido impulsados por la persistencia de los familiares”, como la reactivación de las órdenes de captura contra el personal del 27 y del 41 batallones de infantería, o la captura efectiva del anterior fiscal de SEIDO, que estaba prófugo. Estos avances son “motivo de esperanza de que se seguirá el camino trazado en la investigación y un cumplimiento de las demandas de justicia”.
Para los expertos internacionales, el punto principal de sus informes y del trabajo realizado “han sido las víctimas y familiares”, de quienes se ganaron su confianza.
Lejos ha quedado el día en que “doña Mari” pidió la palabra y les dijo: “Saquen todo lo que tengan, no se queden con nada”. Así hicieron.
“Hemos conocido los nombres de los jóvenes desaparecidos o muertos a través del relato de sus familias, y hemos imaginado su sufrimiento también en los relatos del horror de los que hemos sido testigos, de las historias de desprecio por la vida que tejen de tanta manera la investigación.
“También hemos sido testigos del impulso de los representantes legales y acompañantes que han ayudado a sostener esta lucha. A todos ellos nuestro agradecimiento, por parte de todos los miembros del GIEI, antes y ahora”.
Finalmente, hacen un reconocimiento a las familias de los 43 y las otras víctimas del caso Ayotzinapa, a su “enorme coraje” y cómo han hecho que el amor por sus hijos “sea ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos. ¡Gracias papás, mamás, y familiares!”.

Debe parar la impunidad en México o impactará en las nuevas generaciones, advierte Beristain

 

El especialista en víctimas de violencia y tortura del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain denunció que por más leyes que se elaboren en México, si no se implementan políticas con empatía hacia las víctimas, si no se quiebra el círculo vicioso de violencia-impunidad-corrupción, se impactará a las nuevas generaciones.
“Si vemos que nada se transforma puede ayudar a generar insensibilidad y falta de conciencia, y ese impacto va proseguir en México en las próximas generaciones, ese es el horizonte, no del próximo año, no del próximo sexenio, de las próximas generaciones”, advirtió preocupado.
Consultado por teléfono en el marco de su visita para presentar su libro El tiempo de Ayotzinapa sobre sus vivencias en el periodo en que cinco expertos extranjeros fueron coadyuvantes de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, dijo que si desde las instituciones siguen llamando levantado a un desaparecido, se le convierte en un subhumano que no genera empatía ni conciencia, como ejemplo del inadecuado tratamiento de las víctimas.
Aseguró que la peor receta para atender la desaparición de personas es mirar a otro lado, como ocurre en el país.
Carlos Beristain es el único de los especialistas extranjeros con labor previa en México del GIEI. Indicó que en 2012 trabajó con familias de desaparecidos en la atención psicosocial con talleres, espacios de dolor y de llanto, y habló entonces de la necesidad de una política de atención a víctimas ante la prensa.
Al volver a México con el GIEI para el caso Ayotzinapa no tenía un conocimiento profundo de la desaparición forzada ni del sistema judicial, lo que sabía era a partir de los relatos de los familiares que recurrían a diferentes leyes, y que mostraba que no era un problema aislado.
Cuando aquellas familias acudieron al Ministerio Público con un caso de desaparición siempre les decían que volvieran después, “y esas son prácticas de desprecio para la gente, es la peor práctica para la atención del problema”, dijo.
Al comenzar la coadyuvancia en el caso Ayotzinapa, cinco meses después del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas, todos los especialistas tenían claro que el caso implicaba una tarea inmensa, muy compleja, que les tocaba desentrañar cosas poco claras y enfrentar el aparato del Estado, relató.
Agregó que empezaron con la convicción de que era un enorme desafío que sí se podía resolver, y también comenzaron a enfrentar obstáculos para llegar a la verdad.
No obstante en el primer informe lograron reconstruir la historia que había sido contada de forma tergiversada o parcial, y las fuentes fundamentales fueron los sobrevivientes y los familiares de la Normal de Ayotzinapa y del equipo de fútbol Los Avispones.
Sin embargo en el segundo informe dependían del avance de la investigación de la PGR, “y no sé por qué no se hicieron (los peritajes y recomendaciones) y eso nos dejó frustrados”.
Recurrieron a otras fuentes, periodistas de Guerrero que hicieron aportaciones, pero los expertos no pudieron intervenir a más.
Insistió en que “sí se puede resolver el caso”, es decir, determinar el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, “incomodamos a ciertos actores y el miedo a la verdad no es positivo para México, con tanto dolor”.
Desde su experiencia en diferentes países, aseguró que la única forma de sanar a las familias es que reciban respuestas desde la verdad, si no hay verdad no habrá paz, no sólo en Ayotzinapa, sino en todas las familias con seres queridos desaparecidos.
Dijo que en otros países los familiares, no los gobiernos, han permitido los movimientos amplios para buscar la verdad, “a pesar del enorme estrés que representa han convertido la lógica del afecto en una conciencia de derechos humanos más amplio”.
No sólo los impulsa el amor a sus hijos, sino la confianza que alcanzan con otros padres.
También es necesaria la atención nacional e internacional, el apoyo colectivo con otras víctimas y abrir la conciencia para moverse hacia una transformación.
En el libro narra su experiencia sin los tecnicismos del informe, cómo lograron avanzar ante los obstáculos y encontraron elementos insólitos que permitieron descubrir situaciones que se intentaron ocultar, como el quinto autobús y el trasiego de droga en el transporte público, que de acuerdo con la tesis de los expertos, pudo ser la razón del ataque indiscriminado y coordinado contra los estudiantes.
Reconoció que desde el primer informe se dieron cuenta que “había un punto de no retorno”, que las autoridades trataban de sostener la versión del basurero de Cocula, que dice que ahí fueron incinerados los desaparecidos, incluso cambiando un poco la historia para adecuarla a las circunstancias que se iban develando.
“Esa fue la peor solución”, pues los nuevos testimonios que se tomaron en el camino “eran como una manta que se tira de un lado y tapa una esquina y deja descubierta otra cosa”, no ajustaba con la realidad y se evidenciaban más irregularidades, como tortura a los inculpados.
Asimismo, la diligencia en el río San Juan donde funcionarios de la PGR sembraron evidencia para colocar el resto de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, “la respuesta dada después por el gobierno es un mal síntoma, la peor receta para el caso y para el país y sólo alarga más una solución”.
En cuanto a si tiene confianza en que se conozca la verdad del caso Ayotzinapa y de los desaparecidos del país, dijo que la verdad siempre se empeña en salir si quien la empuja son los familiares, pero también refirió una frase de su compañera la experta colombiana Ángela Buitrago, “tiempo que pasa, verdad que se aleja”.
Recordó que en el segundo informe de trabajo señalaron los problemas estructurales en la investigación y dejaron en 22 puntos para mejorar el sistema de procuración de justicia.
Aseguró que si se atienden las recomendaciones como lo han visto en otros países, la situación va a cambiar.
“El círculo de violencia-corrupción-impunidad-violación de derechos humanos se quiebra en la impunidad. Si se mantiene la impunidad se mantienen los círculos de complicidades políticas, de corrupción y violencia. No hacerlo contribuiría a fomentar la violencia, lo único que se va a hacer es mirar a otro lado”.

Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa

El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.