Viétnika Batres

Ciudad de México

Ocho años después de creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer este martes su sexto y último Informe Ayotzinapa en voz de los dos integrantes que le quedaban, Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristain.
En el documento, presentado este martes en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), el GIEI ofrece un “ana?lisis te?cnico sobre localización, relaciones comunicacionales y desplazamientos de las fuerzas de seguridad”. Hace énfasis en la necesidad de que termine de esclarecerse “la supuesta versión de la verdad histórica” y no quita el dedo del renglón en cuanto al trasiego de drogas “como contexto y motivo” de los hechos violentos de la noche de Iguala que derivaron en la desaparición forzada de los 43.
También examina la acción del crimen organizado y establece líneas de investigación que deben seguir las autoridades a cargo para establecer con certeza “el destino y paradero” de los normalistas. Aparte, se refiere a la actuación y las responsabilidades de la Polici?a Ministerial, Estatal y Federal; se detiene en el papel de lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en particular de la Secretaría de Marina (Semar).
Nuevas revelaciones en torno a una desconocida intervención de la Semar, junto con una revelación relacionada con el asesinato del estudiante Julio César Mondragón Fontes, es lo más relevante que aporta el grupo en esta ocasión.
“La negación de la verdad”, alerta el informe, supone una nueva forma de maltrato psicológico para las víctimas. “El caso Ayotzinapa se encuentra en este momento, con avances muy importantes y obstáculos clave, es el tiempo en que puede mostrarse como una palanca para el cambio o como la confirmación de la impotencia”.

La Semar ha ocultado
acciones en Guerrero

El detallado reporte del GIEI hace hincapié en actividades de las cuales la Marina no había informado y que apenas ahora se conocen, como detenciones y traslados en helicópteros de la Semar de los detenidos a sedes de Ciudad de México.
En 2014 tuvo actividades en Guerrero desde el 28 de septiembre con grupos tácticos; actividades desde el 18 de octubre en Cocula, y en el basurero de ese lugar el día 27 del mismo mes, así como actividades en el río San Juan desde el 27 de octubre de 2014.
Ahora se sabe que la Semar realizó un traslado de buzos y tuvo una intervención en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, un día antes de que oficialmente fuera “encontrada la bolsa” con presuntos restos de los normalistas. Además, hubo detenciones en instalaciones de la Marina, con torturas a varios detenidos. Lo más grave es que ha salido a la luz información sobre personas cuyo paradero supuestamente se desconoce y de personas muertas o ejecutadas durante sus operativos.
La Semar, se apunta en el documento, “no solo realizó seguridad perimetral como señala, sino que participó en varios operativos y tuvo un papel importante en acciones en las que se basó la construcción de la llamada ‘verdad histórica’, como interrogatorios de detenidos en instalaciones de la Marina y labores de la unidad de inteligencia en la región de Iguala, Cocula y Coatepec de los Costales”.
El GIEI plantea que toda la información con la que contaron u obtuvieron los diversos grupos de la Marina –a través de drones, de medios técnicos telefónicos y de mensajes, e información documental– sea “puesta a disposición de manera integral en la investigación”. Ésta, junto con la que ya se recogió en los archivos por parte del GIEI y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), “debe incorporarse de manera total a la investigación, pues permite comprobar algunos aspectos hasta ahora desconocidos de la participación de la Marina en distintas acciones”.

A Julio César pudieron
haberlo dejado en Taxco

El otro tema del que el GIEI reporta datos inéditos, es el lugar en donde se encontró el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los tres alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron asesinados entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Los otros dos fueron Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
El homicidio de Mondragón adquirió notoriedad porque se filtraron dos fotografías explícitas de su cadáver con evidentes señales de tortura. Luego la necropsia confirmaría que el joven mexiquense de 23 años había sido desollado vivo. Además, porque le robaron su celular y al hacer el rastreo de las últimas llamadas se descubrió que alguien había estado usando ese teléfono hasta abril de 2015, y las huellas llevaban a la oficina del Cisen en Ciudad de México y a un campo de golf del Campo Militar número 1.
De acuerdo con la versión oficial, el cuerpo de Mondragón fue ubicado por el 41 Batallón de Infantería en la zona industrial Iguala gracias a una llamada anónima.
Pero, documentos y declaraciones del 27 Batallón de Infantería señalan que fue éste el que llegó al lugar donde yacía mutilado y sin vida Julio César.
Por si fuera poco, ahora se cuenta con otro documento según el cual fue la 35 Zona Militar la que halló en Mexcaltepec, municipio de Taxco, el cadáver del joven; esta información fue sustentada, incluso, con las dos mismas imágenes que circularon en internet.
En resumen, puntualiza el informe, “existen contradicciones sobre la hora y las autoridades que llegaron, que se muestran al menos en tres documentos de Sedena”. Se desconoce cuál sería la finalidad de que existan distintas versiones sobre este hecho.

“Estamos arañando la
verdad a cada rato”

El GIEI fue creado como coadyuvante en la investigación del caso Ayotzinapa por parte de las madres y padres de 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, además de los tres que fueron asesinados, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En sus inicios, el grupo estuvo conformado por cinco investigadores que comenzaron su trabajo en el caso Ayotzinapa en marzo de 2015, medio año después de los violentos hechos en Iguala: Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, de Colombia; Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Carlos Beristain, de España, y Francisco Cox, de Chile.
Luego de experimentar numerosas presiones, desgaste e impotencia, pasando por un periodo de ausencia en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sólo dos de ellos llegaron hasta lo que parece ser el final de este grupo multinacional que ha sido motor y empuje de la búsqueda de la verdad y la justicia.
No se van porque quieren, han dicho, sino –confió en otro momento un Carlos Beristain triste aunque resignado a no poder seguir avanzando en la investigación– porque “hemos trabajado hasta el límite. No nos han dado la información solicitada, nos mienten, ya no tenemos más con que seguir trabajando. ¿Por qué se miente? Estamos arañando la verdad a cada rato”.
A pesar suyo y, sobre todo, de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, el GIEI se retira del caso Ayotzinapa y ya no extenderá el plazo de su misión en México.
El experto español lo enfatizó al lado de su colega colombiana este martes en el Centro Cultural Tlatelolco, donde hablaron de los últimos “hallazgos, avances, obstáculos y pendientes” sobre el caso.
Visiblemente conmovidos –“nos duele, estamos tristes, nos cuesta hablar”, admitió Beristain en el CCUT– manifestaron su frustración por no poder seguir avanzando. “Hemos llegado hasta el límite con lo que tenemos y con lo que podemos”.

Voluntad política vs
regateo de información

En su VI Informe Ayotzinapa, los investigadores internacionales reconocen que la voluntad política ha sido “determinante” en la creación de nuevos mecanismos, como la fiscalía especial o la comisión de la verdad del caso, la convocatoria al GIEI mismo, “y la respuesta positiva” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a la demanda del grupo de expertos y de los familiares de las víctimas para la apertura de archivos militares u otras gestiones clave frente altas autoridades del Ejército o la Marina, principalmente.
No obstante, advierten, esta voluntad “se da en un contexto político más amplio”, en el que los debates sobre la seguridad y el rol que juega en este sexenio el Ejército, así como “el nivel de cooptación de parte del aparato del Estado” y las violaciones de derechos humanos –por ejemplo, las más de cien mil personas desaparecidas en todo el país–, “muestran el enorme impacto de la violencia y la llamada guerra contra el narcotráfico, y condicionan también las respuestas institucionales y sociales”.
Para el GIEI, la voluntad política debería llevar “al apego irrestricto de las decisiones políticas de entregar toda la información, cosa que no se ha dado hasta el momento”.
El informe insiste en la importancia de “llegar hasta el final en el esclarecimiento de la verdad, proveyendo toda la información que aún hoy no es accesible y no ha sido proporcionada”.
Es fundamental, remarca el GIEI, “que la mentira no se institucionalice

como forma de respuesta frente a preguntas o realidades que se consideran incómodas”. Se necesita “una total apertura de las instituciones del Estado”.
La negativa de los mandos de Sedena a proporcionar la información de la que se conoce sólo algunas partes y que resulta determinante, “muestra la defensa de una concepción institucional corporativa en lugar de una perspectiva crítica respecto a una manera de entender el papel del poder militar que ayude a la construcción de la democracia”.

Las respuestas de
los militares

El VI Informe Ayotzinapa dedica espacio a explicar cómo elementos de la Defensa Nacional han adecuado sus declaraciones, “que cambian según revelaciones del GIEI o avance de investigaciones”.
Por ejemplo, el Ejército tuvo seguimiento, conoció antes y tuvo interceptaciones de comunicaciones en el momento de los hechos y días posteriores, pero no hizo nada por rescatarlos. “Militares están en más lugares de los que reconocen en su versión y ocultan información clave de forma intencional en declaraciones”.
Sin embargo, “el 27 Batallón y Sedena señalan que no se tenía conocimiento, capacidad o deber de actuación”, aunque supieron “lo que estaba pasando mientras estaba pasando”, y a pesar de “tener competencia por disparos y delincuencia organizada, conocer el nivel de cooptación de autoridades de Iguala y saber quiénes eran los estudiantes, estar en los lugares donde ocurrieron los hechos, viendo por lo menos lo que estaban haciendo y los ataques de que fueron objeto en tiempo real”.
No sólo eso. Mandos del 27 y del 41 batallones de infantería y de Apaxtla “tienen lazos previos de colaboración, corrupción” y antecedentes de permitir operaciones de Guerreros Unidos, recuerda el GIEI y aprovecha para recordar que “escuchas de Chicago” implicaron a mandos militares.
Por otro lado, la Sedena “niega tener información sobre lo sucedido a través de seguimiento y monitoreos telefónicos e investigaciones que llevaron a cabo, que nunca fueron puestas a disposición de la investigación de los hechos o del paradero de los estudiantes”.
Dicha información se descubrió siete años después “por la petición del GIEI de acceder a los archivos militares y la voluntad presidencial de llevar a cabo esa apertura”, pero fue entregada en forma parcial “y otra parte de ella se sigue ocultando o negando en la actualidad. No hay cumplimiento de las órdenes ni consecuencias conocidas hasta ahora por ello”, menciona el informe.
Resalta que existe documentación revisada que muestra “el nivel de coordinación de la información entre el 27 Batallón, la 35 Zona Militar, la IX Región y el DN1 “sobre lo sucedido esa noche. Existen numerosos documentos de inteligencia cuya existencia se niega a pesar de la evidencia, y no se proporcionan en respuestas al GIEI, la Covaj y la Unidad Especial de Investigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA)”.

“No es un punto final”

En su última parte, el VI Informe Ayotzinapa indica que “el conjunto de las evidencias” que ha encontrado el GIEI “marca el camino a seguir en las investigaciones con la participación de las víctimas, representantes e instituciones”.
Y si bien es una despedida, “no es un punto final, porque la búsqueda de los desaparecidos, la verdad y la justicia sigue todavía su camino”.
Pese a las limitaciones de la investigación del caso, “que bloquean al GIEI poder seguir el trabajo, los logros han sido muchos y han sido impulsados por la persistencia de los familiares”, como la reactivación de las órdenes de captura contra el personal del 27 y del 41 batallones de infantería, o la captura efectiva del anterior fiscal de SEIDO, que estaba prófugo. Estos avances son “motivo de esperanza de que se seguirá el camino trazado en la investigación y un cumplimiento de las demandas de justicia”.
Para los expertos internacionales, el punto principal de sus informes y del trabajo realizado “han sido las víctimas y familiares”, de quienes se ganaron su confianza.
Lejos ha quedado el día en que “doña Mari” pidió la palabra y les dijo: “Saquen todo lo que tengan, no se queden con nada”. Así hicieron.
“Hemos conocido los nombres de los jóvenes desaparecidos o muertos a través del relato de sus familias, y hemos imaginado su sufrimiento también en los relatos del horror de los que hemos sido testigos, de las historias de desprecio por la vida que tejen de tanta manera la investigación.
“También hemos sido testigos del impulso de los representantes legales y acompañantes que han ayudado a sostener esta lucha. A todos ellos nuestro agradecimiento, por parte de todos los miembros del GIEI, antes y ahora”.
Finalmente, hacen un reconocimiento a las familias de los 43 y las otras víctimas del caso Ayotzinapa, a su “enorme coraje” y cómo han hecho que el amor por sus hijos “sea ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos. ¡Gracias papás, mamás, y familiares!”.