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Preocupa a la CNDH que el Estado cierre el caso Ayotzinapa sin encontrar a los 43

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez expresó su preocupación por la declaración de funcionarios federales de que el gobierno pretende dar por concluida la investigación del caso Iguala antes de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El ombudsman sostuvo que el gobierno federal debe garantizar que se han agotado todas las líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Tras participar en un foro en el Senado, González Pérez señaló que la indagatoria debe garantizar el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas, castigar a los culpables y, ante todo, conocer el paradero de los desaparecidos.
“La CNDH ha sido enfática en que se tienen que agotar todas las líneas de investigación que nos permitan conocer la verdad, fincar las responsabilidades de quienes hayan cometido estas atrocidades de desaparecer a 43 jóvenes, el que haya reparación integral del daño y que haya garantías de no repetición”, planteó en entrevista.
González Pérez advirtió que el organismo evaluará las conclusiones del caso que pretende presentar la PGR.
“La CNDH será puntual desde la perspectiva de derechos humanos. Nosotros no investigamos delitos, nosotros verificaremos que haya una procuración de justicia que responda al reclamo precisamente de justicia que demandan los padres, los padres quieren saber el paradero de sus hijos, desconocemos la información con que cuente la PGR pero en todo caso esa información será evaluada por la CNDH”, afirmó.
La semana pasada en audiencia pública en Bogotá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas admitió que el Ejecutivo federal tiene la intención de presentar conclusiones este mismo año.
A su vez el fiscal especial de la PGR para el caso Iguala, Alfredo Higuera informó que en las últimas semanas se obtuvo información que confirmaría el móvil de la desaparición de los normalistas y la colusión de policías municipales con la organización criminal Guerreros Unidos.
Por su parte el defensor de los padres de los estudiantes, Mario Patrón expresó su preocupación de que exista urgencia de cerrar el caso sin localizar a los desaparecidos.(Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Toman alumnos de Ayotzinapa la caseta de Huitzuco y organizaciones hacen un mitin en la capital por los 43

 

Como parte de la acción global a 41 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, alumnos de dicha escuela tomaron la mañana de ayer la caseta de Paso Morelos de la Autopista del Sol en el municipio de Huitzuco, y por la tarde organizaciones sindicales hicieron un acto político en Chilpancingo.
Según reportes de fuentes policiacas de Seguridad Pública Federal, a las 10:30 de la mañana unos 40 normalistas llegaron a la caseta en un autobús Costa Line con número 2014, iban cubiertos del rostro con playeras y levantaron las plumas de metal y pidieron cooperación a los automovilistas para continuar con sus actividades de lucha en reclamo de justicia y presentación de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala hace tres años y cinco meses.
Los normalistas mostraron una manta en la protesta donde exigían el cumplimiento a las cuatro líneas de investigación sugeridas por el grupo de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Demandaron la investigación a los policías de Huitzuco por su probable responsabilidad en uno de los ataques al grupo de estudiantes que iba en el quinto autobús, donde según las investigaciones también participaron policías federales. Además una investigación a soldados del 27 Batallón de Infantería en Iguala, investigar las líneas telefónicas de los estudiantes que siguieron funcionando después de su desaparición y el trasiego de droga en autobuses del servicio público de la ruta Iguala-Chicago.
Se dio a conocer que la protesta de los normalistas concluyó a las 12 del mediodía y después liberaron la carretera y salieron con dirección a la Ciudad de México.

Chilpancingo

Por otra parte en la capital del estado unos 80 trabajadores de diferentes sindicatos y activistas sociales se reunieron como cada 26 de mes en la glorieta de Banderas donde colocaron el número 43 en una placa que denominaron el antimonumento, en solidaridad con los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes calificó los hechos de Iguala como una barbarie de la que el Estado no ha dado respuesta
Asimismo el secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García también llamó a la movilización de organizaciones en todo el país para impedir la aplicación de la Ley de Seguridad Interior que en estos momentos se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Llamó a mantener la unidad en la lucha y anunció que su sindicato convoca a las organizaciones sindicales a una reunión el 3 y 4 de marzo para discutir las acciones por la abrogación de las reformas estructurales.
“No podemos permitir más agravios a comunicadores, detenciones de luchadores sociales, tenemos muchas tareas y estar alerta porque el primero de julio los mexicanos tenemos la oportunidad de cambiar el estado de indefensión”, dijo sobre las elecciones conjuntas de presidente de la República, Congreso de la Unión, así como los comicios locales de Ayuntamientos y diputados.
De la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame recordó que los ataques a los normalistas en Iguala evidenciaron ante el mundo la colusión de autoridades con la delincuencia organizada.
Informó que el primero de marzo en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) están convocando a la discusión de los procesos de lucha del país, sin olvidar los agravios contra los 43 y miles de desaparecidos en el país.
De UPN el profesor, José Luis Ayala subrayó que además de la actividad simbólica que cada mes se hace en ese lugar por la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, todos los días los activistas deben hacer conciencia con los amigos, los vecinos, compañeros de trabajo sobre la barbarie que ocurre todos los días en la entidad.
“Al terminar este evento debemos transmitir este mensaje a las personas receptivas para que sea multiplicado, ese es el mejor mensaje de solidaridad con los padres de los normalistas y con la sociedad”.
Del Frente Magisterial Popular, Aracely Fierro destacó la caravana de los padres de los 43 normalistas en el norte y sureste del país que terminó hoy con la acción global en la Ciudad de México, “recordemos que muchas familias llegan ahí a dar aliento a su lucha. Por esa razón decimos que ellos han sido un ejemplo de lucha para nosotros”.
Asimismo, del Comité de los mártires del 60, Roberta Campos Adame recordó que desde los ataques en Iguala y la desaparición de los 43 se han abierto muchas fosas clandestinas en el país, la primera en Guerrero.
Denunció que el ex procurador, Jesús Murillo Karam presentó un basurero como una fosa para decir que ahí habían sido incinerados los estudiantes, aunque los padres nunca dieron crédito a esa versión y fue necesaria la intervención de expertos internacionales para descartar la versión de las investigaciones.
Señaló que entre las líneas de investigación que los expertos recomendaron está la que involucra al Ejército, el mismo que en el año 1960 masacró a personas que se solidarizaron con el movimiento estudiantil en Chilpancingo.
Insistió en que a los 43 normalistas se los llevaron los soldados, para confirmarlo destacó que la autoridades se niegan a investigar a las fuerzas castrenses.
Por su parte la secretaria de la sección 18 del SUSPEG, María Adelita Radilla agregó que el antimonumento se instaló en ese lugar para que la población vea todos los días que 43 estudiantes se encuentran desaparecidos y que el mismo número de familias comenzaron una lucha que rompió el silencio de miles que salieron a las calles a buscar a sus hijos desaparecidos.
“En este camino, a tres años con cinco meses ha quedado una madre que no supo dónde quedó su hijo”, en referencia a la señora Minerva Bello, mamá del normalista desaparecido Everardo Rodríguez Bello que falleció el 5 de febrero sin conocer el paradero de su hijo.
Cerró el mitin el coordinador de la Comisión Política de la CETEG con el llamado a la unidad, además anunció que el 9 y 10 de marzo habrá un Congreso Político Extraordinario donde también están convocando a organizaciones y movimientos en el estado.

 

Seguirá un año más el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

No hay avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, informan sus abogados. Los familiares se reunieron con el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, quien es el cuarto responsable de esa institución en este sexenio. Ni siquiera el cronograma que el gobierno se fijó tiene resultados, informa Vidulfo Rosales

Agencia Proceso

Ciudad de México

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Exponen ONG al secretario de Gobierno la gravedad de las desapariciones y asesinatos en el estado

Representantes de Amnistía Internacional, la Red TDT, Serapaz, Tlachinollan, el Centro Morelos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad informaron que en la entidad hay más de 20 defensores asesinados en este sexenio. Acuerdan una reunión con el gobernador

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos que integran la Misión Civil de Observación se reunieron este martes con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y expusieron el grave problema de violencia que se expresa en asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, la situación de riesgo en que se desempeñan defensores y periodistas y los desplazamientos forzados.
En la reunión a puerta cerrada en una sala de la Secretaría de Gobierno estuvieron también el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, Luis Camacho Mancilla, y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la misión civil estuvieron Raquel Aguilera de Amnistía Internacional (AI), Fernando Ríos de la Red Todos los Derechos para todos y Todas (Red TDT), Alister Guerrero de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Abel Barrera de Tlachinollan, Manuel Olivares del Centro Morelos y Reymundo Díaz del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Los integrantes de la Misión Civil de Observación acudieron a Chilapa el 19 de septiembre para revisar la situación de violencia en ese municipio, y al día siguiente tendrían una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores pero se suspendió por la emergencia que provocó el sismo del día anterior.
La reunión finalmente se celebró ayer con el secretario, y fue para dar seguimiento a los trabajos que iniciaron en esa misión de observación.
Al final del encuentro los representantes de los organismos civiles ofrecieron una conferencia de prensa en la parte baja del Palacio de Gobierno.
Raquel Aguilera de AI dijo que “para nosotros desde el movimiento internacional es fundamental que las autoridades escuchen y reconozcan las graves violaciones de derechos humanos que existen en la región, y creemos que este espacio (la reunión con el secretario) nos ha permitido empezar a plantearlas”, dijo.
Aclaró que aún tienen pendiente una reunión con el gobernador Astudillo Flores, que es la que estaba programada para el 20 de septiembre, y que lo plantearon al secretario “y quedó como un compromiso del secretario agendar esa reunión”, agregó que esperan que sea antes del 15 de diciembre.
Insistió en que la situación en Guerrero es complicada, y que los organismos nacionales estarán acompañando a los defensores de derechos humanos locales que documentan la situación de violencia en la entidad.
Fernando Ríos de la Red TDT informó que en el encuentro expusieron su preocupación por la desaparición constante de personas que no ha disminuido y los asesinatos “atroces”.
Dijo que Salazar Adame reconoció que Guerrero es la segunda entidad más peligrosa del país, aunque el defensor de derechos humanos dijo que Guerrero ocupa los primeros lugares de violencia “y para las personas defensoras de derechos humanos es una situación sumamente grave”.
Informó que en la entidad hay registradas más de 20 personas defensoras asesinadas en lo que va del actual sexenio, que el caso más reciente es el de Ranferi Hernández Acevedo, “estos hechos nos duelen, sentimos el dolor constante de las víctimas que se ven frente a la incapacidad del propio Estado”.
Añadió que le dijeron al secretario, “que vemos una incapacidad y que no se muestran resultados, o que estos resultados todavía no se ven reflejados en la sociedad, además, que es importante que muestren cuáles son los retos, que así como el actual gobierno argumenta que hay una deuda presupuestal del gobierno anterior, también observamos que del actual gobierno tiene una deuda histórica de dolor, de graves violaciones a los derechos humanos y que tiene que hacerse responsable de esto”.
El director de la Red TDT informó que le dijeron al secretario que “no bastan las inercias de buena voluntad, sino que se necesitan estrategias capaces para responder a la situación que estamos viviendo, que como ciudadanos estamos cansados de esta situación que vivimos”.
Contó que en la reunión los representantes de organismos civiles enumeraron cinco puntos que les preocupan: la inseguridad, la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, la desaparición constante de personas por el crimen organizado y en connivencia con autoridades, el desplazamiento de personas y la situación de violencia de Chilapa, “que tiene múltiples aristas”.
Al final convinieron con el funcionario que se van a reunir con el gobernador para expresarle de manera directa sus puntos de vista, sus preocupaciones y señalarle la incapacidad de los funcionarios.
Por su parte, Aliester Guerrero de Serapaz aclaró que los organismos que integran la misión van a estar muy atentos principalmente en dos puntos: la reunión con el gobernador Astudillo Flores y la debida implementación de la Ley General de Desaparición Forzada que se acaba de aprobar.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera destacó que la presencia de los representantes de los organismos nacionales e internacionales en Guerrero obedece a las graves violaciones a los derechos humanos que están a la alza, y que eso también se lo expresaron al secretario de gobierno.
“Hay una preocupación muy honda por la situación de desapariciones y desplazamientos forzados que se están multiplicando en el estado cada mes que pasa, y vemos que no hay una estrategia que pueda contener esta avalancha delincuencial, y sobre todo por la incapacidad institucional”, agregó.
Informó que los funcionarios argumentaron que hay problemas presupuestales pero que los organismos ven, también, que hace falta eficacia en la implementación de las acciones de las autoridades, “consideramos que el tema de la impunidad, la falta de resultados en las investigaciones y la falta de una atención adecuada y con perspectiva de derechos humanos no se ha podido implementar en nuestro estado”.
Barrera Hernández dijo que los funcionarios, sustentándose en información oficial, aseguraron que las cosas van caminando, pero que los organismos ven que hay una brecha entre la realidad que viven las víctimas con los datos oficiales, “y ese es el Guerrero que nos separa, el Guerrero de las víctimas, el del horror, el de las personas que están sufriendo diariamente las agresiones de parte de la delincuencia organizada, y una autoridad rebasada por el crimen y por las organizaciones criminales”, denunció.
Añadió que en Chilapa se necesita una intervención de alto nivel para poder parar las acciones que están atentando contra la vida. “lo que pasa allí es muy preocupante, la suspensión de clases por la inseguridad, la militarización, las desapariciones, los feminicidios y los desplazamientos es algo grave que preocupa. Este es un tema que se tiene que atender no sólo con la intervención de la federación, sino con toda la voluntad que tiene que haber en el estado”, demandó.
Añadió que otra situación preocupante es el riesgo constante al que se enfrentan los defensores, defensoras y periodistas, “en verdad no vemos que hay condiciones ni garantías para que puedan realizar su trabajo con seguridad, porque existe un patrón de criminalidad, pero también un ambiente de impunidad y de permisibilidad que pone en riesgo su trabajo”.
Anunció que los representantes de los organismos van a entregar un diagnóstico el día que se reúnan con el gobernador, y que en esa medida van a pedir acciones concretas, “primero que las autoridades reconozcan la situación grave de violaciones a derechos humanos, y al mismo tiempo que reconozcan y respeten el trabajo de las víctimas, de las organizaciones civiles, de los periodistas y sobre todo que cualquier acción que se haga sea en coordinación con quienes han sido afectados en sus derechos”, adelantó.

Etiquetas: México, Guerrero, Chilapa, Chilpancingo, Misión Civil de Observación, secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, violencia, asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, riesgo, defensores, periodistas, desplazamientos forzados

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Retoma la PGR las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI para el caso Ayotzinapa

La Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en la ruta de las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo el abogado Vidulfo Rosales Sierra, después de una reunión de los padres de Ayotzinapa con el procurador Raúl Cervantes, en la que participó la presidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Rosales Sierra reclamó que en 2016, lejos de retomar las líneas que ya había propuesto el GIEI desde 2015, “nos la pasamos debatiendo el basurero de Cocula y si seguía el mandato del GIEI; hasta ahora, la PGR está dando la razón al GIEI, que son atinadas las líneas de investigación, y vamos en la línea correcta, aunque fue hace dos años”.
A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la dependencia retomó las líneas de investigación propuestas por el GIEI, lo que generó un retraso de dos años, denunciaron familiares y organizaciones que exigen la presentación con vida de los estudiantes.
Padres de familia de los 43 desaparecidos, acompañados de su abogado, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, se reunieron con el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, y la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Vidulfo Rosales explicó en conferencia de prensa, después del encuentro, que esperaban escuchar avances concretos; pero no les satisfizo. La PGR reportó que en tres meses han avanzado 30 por ciento; sin embargo, no hay investigaciones concretas sobre las cuatro líneas pendientes para dar con el paradero de los normalistas: un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, la investigación sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la responsabilidad del Ejército y detenciones de policías.
Dijo que en el cronograma de la PGR les reportaron un avance, durante las casi dos horas que duró la reunión que inició alrededor de las 4 de la tarde, “el tema del quinto camión, del C4, la telefonía, y básicamente es lo que hoy en día están reportando; los avances sustanciales, las detenciones de los policías federales, de Cocula, de Huitzuco, cómo deslindar responsabilidad mandos del Ejército; esos resultados medulares no los tenemos”.
Hay temas pendientes desde 2015, explicó el defensor, como la detención de policías supuestamente implicados de Huitzuco y Cocula, municipios aledaños a Iguala, donde ocurrió la desaparición de 43 normalistas y los asesinatos de seis personas, tres de ellas estudiantes. En ese caso hay un conflicto competencial, dijo, porque ni un juez federal ni otro del nuevo sistema de justicia, admiten que les corresponde revisar. Están en suspenso las detenciones.
No dieron las autoridades una respuesta concreta, se quejan padres de los 43

Felipe de la Cruz, vocero de los padres, explicó que a 35 meses de los ataques “no hay mucho relevante. Nos dijeron que se sigue aplicando la tecnología Lidar (empleada para buscar fosas clandestinas), que investigaron que de las 29 cámaras del C4 (Centro de Cómputo, Control y Comando) sólo funcionaron cuatro”.
Por su parte, el también portavoz de los padres de los 43, Melitón Ortega denunció que, “para nosotros los padres de familia no nos dieron una respuesta concreta. Queda en la laguna lo que queremos. Creemos que es una reunión más, como siempre nos han llevado, diciendo que hay avances las autoridades, pero para nosotros no significa nada, más dolor, desesperación”.
Rosales adelantó que el mecanismo de seguimiento de la CIDH, que se reunió con la PGR antes que con ellos, dará este miércoles a conocer su informe. Rescató que del encuentro “la PGR se encuentra en la ruta de las cuatro líneas propuestas por el GIEI… No vemos una actuación de buena fe, hay un retraso”.
Otro punto importante, especificó el abogado, fue que la dependencia ya admitió que el quinto camión, que señaló el GIEI, siguió por el Periférico Norte de Iguala desde que salió de la central de autobuses de Estrella Blanca hasta llegar a la parte sur y al Palacio de Justicia, tal y como relataron sobrevivientes.
Para Rosales es grave que a casi tres años, el gobierno de Guerrero admita que de las 25 cámaras disponibles para saber qué ocurrió esa noche, fueran sólo cinco las que servían, de cuatro obtuvieron recientemente videos, pero dijo, no hay nada más.
En octubre tienen programada la próxima reunión con la PGR. El titular se comprometió a que sería un encuentro ya con nuevas detenciones. El movimiento continuará sus acciones de protesta previstas cerca del tercer aniversario en varias ciudades del país y municipios de Guerrero.

Llama la presidenta del mecanismo de seguimiento de la CIDH a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa

La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidenta del mecanismo de seguimiento del caso Iguala, Esmeralda Arosamena Troitiño llamó a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa, en una emotiva visita a la Normal Rural donde prometió a los padres y estudiantes que hará todos los esfuerzos y diligencias para alcanzar lo que ellos esperan, “y a lo que tienen derecho”.
Luego, en entrevista precisó que los padres esperan, en primer lugar encontrar a los muchachos y justicia por los tres jóvenes asesinados el mismo 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos.
Confió que en el periodo de vigencia del mecanismo, que termina en noviembre, puedan concluir el caso.
También señaló que si no hay avances en la investigación, el mecanismo no tendrá con qué trabajar. Adelantó que, de manera anticipada, la CIDH envió un cuestionario puntual a las autoridades mexicanas para esta reunión.
Por separado, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra adelantó que si en esta reunión no hay avances en las cuatro líneas de investigación planteadas por los padres (el Ejército, la Policía Federal y la Policía Municipal de Huitzco, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la telefonía celular), romperán el diálogo con la PGR y van a intensificar sus acciones de protesta.
La comisionada de la CIDH llegó a Tixtla a las 11 de la mañana con el equipo operativo técnico del mecanismo internacional de seguimiento. Los padres de los normalistas desaparecidos y alumnos de la Normal los recibieron en el arco de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, donde está la desviación hacia la Normal, con consignas de lucha y collares de flores amarillas, habituales en la zona para las fiestas tradicionales.
Después de abrazos y saludos, marcharon hacia la escuela, aproximadamente un kilómetro, pero la comisionada abordó antes la camioneta de sonido, que conducía un normalista rural.
En un acto público en la explanada de la escuela, Arosamena contó que en ese trayecto un joven de 19 años compartió con ella que “hoy, Ayotzinapa es la conciencia no sólo de los estudiantes, sino de la nación”.
Expresó su reconocimiento a la lucha de los padres y de los estudiantes, y llamó a no claudicar, sino sumar a todos , “a no dejar de levantar esta bandera de la dignidad de un pueblo, la dignidad de una nación. Eso deben entender nuestros gobernantes, que el centro de nuestros países es su gente”.
En el acto, la señora Hilda Hernández, mamá del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dio la bienvenida a los visitantes e insistió en que la CIDH no los deje solos, “queremos una solución, no más mentiras, no más engaños. A tres años es muy difícil esta situación que estamos viviendo, esperemos que con ustedes a nuestro lado, tengamos la verdad”.
Luego de la presentación de una danza azteca a cargo de los alumnos de nuevo ingreso, el secretario general del Comité Directivo Estudiantil Ricardo Flores Magón, detalló el perfil de los estudiantes de Ayotzinapa, pobres sin muchas alternativas, que en la escuela puede desarrollar destrezas, artes, cultura, adoptar los principios de solidaridad y colectividad, que para las autoridades representan un peligro.
Dijo que se cuentan 10 estudiantes muertos desde 1988 a manos de funcionarios públicos, por ello, “en Ayotzinapa nos une el dolor, pero también la necesidad de seguir estudiando”.
En su discurso, la comisionada Arosamena, de origen panameño, respondió que, “en el día de hoy, mi sentimiento de solidaridad humana, de compromiso personal pero también institucional. La desaparición de personas es un acto cruel y perverso, afecta no sólo la vida y la integridad física elemental de las víctimas, también de los familiares que cada día, que cada momento sigue viviendo el dolor no sólo de la ausencia, de no saber, de no tener una respuesta, de no poder tener acceso a la verdad”.
Recordó que el objetivo del mecanismo es el seguimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero también tiene un compromiso con la vida. Ahí recordó la charla con el normalista en el breve trayecto final hacia la escuela, de que esta lucha convirtió a la Normal Rural de Ayotzinapa en la consciencia de la nación, a propósito de la frase escrita en la portón: “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”.
Siguió la reunión privada con los padres de los 43 estudiantes y sus representantes legales en el auditorio, que duró poco más de dos horas.

Dos palabras claves, encontrar y justicia

Antes de ir al comedor del internado, alrededor de las 3 de tarde, Arosamena Troitiño declaró sobre el encentro. Dijo que la demanda de los padres se traduce en dos palabras claves: encontrar y justicia.
“Primero, encontrar a los muchachos, saber dónde están y sabiendo dónde están, los familiares van a recibir por lo menos parte de la repuesta, que quieren o al unísono la justicia, tiene que determinarse las responsabilidades de las personas involucradas”.
Indicó que también hay tres alumnos ejecutados, y sus padres también merecen una respuesta, “si no hay justicia, no habrá consideración de que el mecanismo de seguimiento pueda evaluar avances”.
A pregunta de un periodista, descartó la tesis del basurero Cocula, de que ahí habrían sido asesinados y quemados los 43 desaparecidos. Aclaró que para la CIDH no representa una línea de investigación, pues el GIEI determinó con dictámenes técnicos-científicos que no hay forma de identificar esa posibilidad.
Adelantó que, antes de concluir el mandato del mecanismo, habrá una última sesión pública en el periodo de sesiones de la CIDH en Uruguay.
Confió que en esta reunión, la penúltima programada en México, puedan recoger las posiciones del gobierno mexicano, “nosotros hemos girado un segundo cuestionario con cosas específicas y esperamos tener esas respuestas el día de mañana (hoy)”.
Aceptó que casi tres años sin resultados, “es demasiado tiempo para una tragedia de tal magnitud, hace que los familiares estén en desesperanza absoluta, pero tengo la confianza de que antes de finalizar este año, nosotros podamos tener una respuesta más concreta de lo que este caso ha significado para Ayotzinapa”.
De la posibilidad de ampliar el mandato del mecanismo, si no hubiera respuesta hasta noviembre, aclaró que será decisión de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero aclaró que la Comisión no quiere que haya “una dilación indefinida, eterna”, que los actores necesitan respuestas en concreto, y concluyó, “tengo fe y conciencia de que en esta oportunidad nosotros vamos a concluir el caso”.

 

Confirman que los integrantes del GIEI fueron espiados cuando investigaban el caso Ayotzinapa

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron blanco de espionaje.
Según información que presenta este lunes el diario estadunidense The New York Times, un análisis independiente fue elaborado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía Pegasus.
John Scott-Railton investigador senior de Citizen Lab, que ha colaborado para identificar los rastros de Pegasus en los teléfonos de personas afectadas, señaló: “Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”.
“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, agregó.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.
Además los miembros del GIEI dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles, ya que el software ha sido descargado inadvertidamente.
“El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus”, dice el rotativo.
Añade: “No obstante la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto”.
Según las leyes mexicanas la vigilancia sólo puede ser con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.
“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.
“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, agregó.
El gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto ha negado que esté detrás del espionaje a periodistas y activistas, aunque el programa Pegasus, de acuerdo con la empresa israelí NSO Group, sólo es vendido a gobiernos y con la condición de que sea utilizado únicamente en contra de delincuentes y terroristas. Sin embargo una investigación del The New York Times y analistas forenses determinaron que el software en el que México ha gastado al menos 80 millones de dólares desde 2011, ha sido empleado contra académicos, abogados, periodistas y sus familiares, incluido un adolescente.
El 19 de junio ese diario publicó que periodistas y activistas mexicanos como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han sido espiados con un software adquirido por el gobierno: Pegasus.
La PGR inició una investigación sobre el caso y anunció que solicitaría apoyo al FBI y a las Naciones Unidas. Sin embargo según el rotativo, Roberta Jacobson, la embajadora estadunidense en México dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación.
John Scott-Railton investigador senior de Citizen Lab, que ha colaborado para identificar los rastros de Pegasus en los teléfonos de personas afectadas, señaló: “Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”.
“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, agregó.
El 6 de julio, la CIDH informó en su sesión en Lima, Perú sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, que los integrantes del GIEI, durante su estancia en México, fueron espiados con el malware Pegasus.

Advierte Artículo 19 de “graves implicaciones” en derecho internacional ante el espionaje al GIEI

 

La organización internacional defensora de los derechos de los periodistas, Artículo 19 afirmó que la confirmación de Citizen Lab de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue espiado mediante el spyware Pegasus podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional.
Además el organismo en un comunicado dice que se refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria sobre el espionaje, como lo han señalado los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
“La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica” señala Artículo 19 en su comunicado.
El caso del GIEI confirmado por Citizen Lab, abunda, es “especialmente grave” dado que fue el Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la CIDH.
Consideró que el espionaje contra el GIEI podría tener “graves implicaciones” en términos de derecho internacional.
La gravedad de la revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que han lanzado: Primero generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos.
Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por todas las dependencias que pudieron haber adquirido el spyware de la empresa NSO o similares, vendedoras de servicios de espionaje.
“Las personas denunciantes hemos manifestado nuestra absoluta disposición para colaborar con la investigación, sin embargo sin estos mínimos las condiciones para que el espionaje se investigue con seriedad no estarían garantizadas”, subraya Artículo 19.
Este lunes el diario The New York Times hizo público un informe de Citizen Lab en el que se confirma que el GIEI fue objeto del uso del spyware Pegasus.
El análisis confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo, que escondía el programa espía Pegasus.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.

 

El gobierno mexicano habría espiado al GIEI cuando investigaba el caso Ayotzinapa: CIDH

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados de coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa, también habrían sido espiados con el malware Pegasus mientras se encontraban en México; en marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y políticos mexicanos, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la audiencia transmitida por Internet, la comisionada Esmeralda de Troitiño, quie presidió ayer la audiencia de la CIDH sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta del GIEI, en la que le notificó que recibió mensajes de texto con enlaces a páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus. “Vamos a comunicarle formalmente esta carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro –quien fue integrante del GIEI-, e insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la CIDH, la cual esta semana celebra su 163 periodo de sesiones en Lima, Perú.
En un año los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Su labor obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de investigación y desacreditó la llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno federal que dice que los estudiantes fueron atacados por narcotraficantes, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan de Cocula, con lo que pretendía cerrar el caso de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 septiembre de 2014.
Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, manifestaron que es preocupante que el gobierno de México emplee la tecnología para vigilarlos, en lugar de utilizarla para dar con el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.
Cristina Bautista dijo que gracias a la investigación que hizo el GIEI los padres supieron que 17 celulares de los normalistas continuaron activos luego de los ataques en Iguala, “eso nos da a entender que las autoridades no han utilizado la tecnología para encontrar a nuestros hijos, el gobierno no tiene interés en buscarlos, utilizó la tecnología para espiarnos, a nosotros y a nuestros abogados”.
Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, recordó que en la última audiencia del mecanismo de seguimiento, el gobierno de México dijo que los padres no tienen disposición de aceptar los hechos, pero “nosotros vamos a aceptar los resultados científicos que den las investigaciones”.
Relató las manifestaciones y el plantón frente a la PGR de los padres, así como la represión con gases lacrimógenos de las que fueron víctimas en su movimiento para exigir respuesta a sus demandas.
Del cronograma que se hizo con las autoridades para dar resultados del caso dijo que “es mucho tiempo” el que solicitaron, y pidió que la CIDH intervenga para que los avances se den a conocer la segunda semana de agosto y no hasta octubre de este año.
“Los 43 padres de familia le decimos a la CIDH y al comisionado Vargas (Luis Ernesto Vargas Silva), no se deje engañar por este Estado mentiroso, que esté con la verdad, no con los padres, que exija la verdad del Estado Mexicano, porque ha sido mentiroso y nunca hace su trabajo”, expresó.

#GobiernoEspía

La empresa NSO Group de origen israelí desarrolla el malware Pegasus y lo vende de manera exclusiva a las agencias de gobierno. En los últimos dos años este programa fue utilizado, presuntamente, por instituciones gubernamentales mexicanas para tomar el control de los celulares de activistas, periodistas y políticos mexicanos, pese a violar la ley.
El creciente escándalo de espionaje gubernamental operado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se introdujo ayer en las audiencias de la CIDH dedicadas a los casos mexicanos, -integrantes de la sociedad civil instalaron frente a ellos una cartulina con la consigna #GobiernoEspía-, pero se agudizó en la sesión sobre Ayotzinapa.
Frente a los representantes del gobierno mexicano se encontraban algunos padres de los normalistas, acompañados por sus abogados Vidulfo Rosales, Mario Patrón Sánchez y Santiago Aguirre Espinosa, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes fueron víctimas de tentativas de espionaje en 2016.
Desde los primeros momentos de la sesión, Patrón marcó el tono de la audiencia que se llevaría a cabo a lo largo de la siguiente hora: “Venimos a denunciar que el gobierno mexicano espía en vez de investigar el paradero de los 43 normalistas”, sostuvo.
Los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se vieron acorralados por los cuestionamientos de los comisionados de la CIDH.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, planteó que la PGR abrió una investigación para determinar responsabilidades penales contra las “personas” que interceptaron las comunicaciones privadas.
“No hay imputaciones directas a personas, sino a instituciones”, respondió Patrón, al añadir que “la gran pregunta es si el Estado querrá y tendrá la capacidad de investigarse a sí mismo”.
El defensor de derechos humanos recordó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -dependiente de la PGR-, el Centro de Inteligencia en Seguridad Nacional (Cisen) -parte de la Segob- y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deben de ser investigados, pues existen evidencias de que compraron el programa Pegasus.
El 17 marzo en los últimos minutos de la sesión, Roberto Campa Cifrián relanzó la “verdad histórica” del gobierno federal sobre la noche de Iguala y planteó que “no se ha consolidado otra hipótesis”.
En esa ocasión el funcionario intervino para “rescatar” a Alfredo Higuera Bernal, el fiscal que la PGR adscrito al caso Ayotzinapa, quien eludía de manera burda la serie de preguntas que le hizo el comisionado James Cavallaro de por qué se ejercieron presiones sobre el exvisitador interno de la PGR, César Chávez, debido a las conclusiones de su informe, de los probables actos de tortura contra siete de cada diez detenidos, y por qué no se ha investigado el trasiego de heroína de Iguala a Chicago, además de la posible participación de policías municipales de Huitzuco y de militares en los ataques a los normalistas.

Teléfonos de los 43 desaparecidos siguieron activos, acepta la PGR contrario a su versión oficial

Más de un año después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejara el país, la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a las mismas conclusiones que contradicen la versión oficial del caso Ayotzinapa.
En una audiencia del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Lima, Perú, transmitida por Internet, Alfredo Higuera Bernal, fiscal que encabeza la Oficina del Caso Iguala en la PGR, informó de avances en las investigaciones referentes a la telefonía celular y al llamado quinto autobús que según la hipótesis del GIEI era usado para transportar heroína a Estados Unidos.
Ante los padres de los normalistas reveló que después de las pruebas periciales confirmaron que los chips y nueve equipos celulares, vinculados a normalistas de Ayotzinapa, fueron usados después de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos los 43 normalistas.
“Esto concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI, que aparatos y chips correspondientes al número que se ha indicado de estudiantes no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron con uso y eso está confirmado técnicamente”, dijo Higuera Bernal.
Desde abril de 2016 cuando el GIEI presentó su último informe, los expertos consideraron que la llamada “verdad histórica”, presentada por Jesús Murillo Karam y en la que se aseguró que los estudiantes fueron incinerados junto con sus pertenencias, no era sostenible, entre otras cosas porque algunos celulares siguieron activos los días siguientes.
Ayer durante la audiencia Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a los padres de los estudiantes desaparecidos, recordó que el GIEI hizo referencia a siete celulares y ahora la PGR aumentó ese número a nueve.
“Lo que echa por tierra la versión de que los estudiantes junto con sus celulares fueron calcinados en el basurero de Cocula”, expuso.
“¿Por qué no se investigaron esos teléfonos en octubre, en noviembre, diciembre de 2014? ¿Por qué en esos meses, en vez de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes lo portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?”, reprochó.
Del llamado quinto autobús, el fiscal Higuera Bernal informó que a través de imágenes satelitales confirmaron que el vehículo realizó cuatro paradas la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Este es un punto que también fue señalado, realizó cuatro altos de algunos minutos antes de salir de iguala, y el más prolongado fue en el momento que los jóvenes descendieron de la unidad y que, de acuerdo a lo declarado, los hicieron descender debido a una acometida policial”, declaró.
Aunque dijo que las pruebas periciales no revelaron que el autobús tuviera rastros de droga o compartimientos secretos, reconoció que el vehículo quedó sin custodia después de los hechos y que no se descarta la línea de investigación que señala el trasiego de droga como móvil de los ataques a los estudiantes, quienes no sabrían que tomaron un vehículo cargado con droga.
“Ese es un aspecto que naturalmente lo tenemos muy contemplado y obviamente está un rubro en investigación que es el trasiego de drogas, que seguiremos profundizado”, dijo.
En su réplica, Santiago Aguirre planteó la necesidad de que estas revelaciones sean presentadas ante los tribunales en México para que se pueda esclarecer la desaparición de 43 normalistas.