Policías municipales de Iguala pararon labores y tomaron las instalaciones del cuartel policial de forma indefinida para exigir al alcalde priista, Herón Delgado Castañeda, la destitución del encargado de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Domingo Tlatempa Vázquez, a quien señalan de abuso de autoridad, acoso sexual, hostigamiento laboral y trato déspota.
Asimismo, piden que les sean regresadas las armas que les fueron decomisadas en octubre de 2014, tras el ataque a normalistas de Ayotzinapa.
Antes de las 8 de la mañana, 70 policías municipales, que están desarmados, pararon labres y se quedaron acuertelados. Una hora después atravesaron dos patrullas de la policía en la entrada a las instalaciones para impedir la entrada y salida de vehículos, entre ellos los de la Policía Federal con quienes comparten las instalaciones. Después de unas dos horas, ya permitían la entrada y salida de los vehículos.
Los paristas exigían la presencia del alcalde Herón Delgado Castañeda para plantearle de manera directa sus inconformidades. Y tras una reunión con el síndico procurador de Justicia, Julio César Catalán Rendón, se les programó una reunión con el alcalde a las 7 de la noche en la sala de presidencia, con una comisión y a puerta cerrada.
Consultados después de las 9 de la noche, un policía municipal dio a conocer que la reunión fue cancelada, pues el alcalde no llegó.
La mañana de ayer, en una reunión los paristas le dieron a conocer al síndico Julio César Catalán, las inconformidades contra el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Domingo Tlatempa.
Los policías se quejaron de que, hace poco más de un mes el secretario de Seguridad chocó una patrulla cuando iba en estado de ebriedad; otra policía lo señaló de acoso sexual y violación, además del acoso laboral y castigos a los que son sometidos por Tlatempa cuando incumplen una orden. Advierten que no lo aceptarán de regreso en la Secretaría de Seguridad.
Minutos después de que la protesta inició, Tlatempa Vázquez fue sacado de su oficina y después expulsado de las instalaciones del cuartel a punta de gritos de, “fuera” “fuera”, y silbidos. Después los paristas colocaron sellos en la puerta de la oficina del secretario.
Al momento de su salida de las instalaciones del cuartel, Tlatempa Vázquez dijo que en su oficina estaba la documentación del caso Ayotzinapa, en el que está integrada la investigación a los policías implicados en los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y advirtió que de extraviarse esos archivos, estarían incurriendo en un delito federal.
Consultado por los reporteros, informó que, de los 72 policías de la corporación sólo 18 de la mitad de los agentes que han sido evaluados están certificados, y nueve reprobaron las evaluaciones de Control y Confianza.
Antes, el 28 de septiembre pasado, los policías municipales ya habían presentado una queja en contra de su jefe Domingo Tlatempa ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), en el que denunciaban los abusos de autoridad y malos tratos. (Alejandro Guerrero / Iguala).
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A 38 meses de la desaparición de los 43
A 38 meses de la desaparición de los 43, organizaciones de Chilpancingo exigen justicia
Como parte de la Acción Global por Ayotzinapa, representantes de organizaciones sociales y sindicales de Chilpancingo realizaron un mitin político a 38 meses de los ataques y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, con la demanda de justicia y presentación con vida de los jóvenes normalistas.
Representantes de la Normal Rural que llegaron en dos autobuses, repudiaron la reaparición del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero en la escena política para contender en las elecciones de 2018.
Denunciaron el “descaro” del político después del “fracaso” de su administración, de la que pidió licencia debido a los ataques de Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa, pero está protegido por la elite política para no dar cuenta de su responsabilidad, en las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron la noche del 26 y 27 de septiembre.
Se dieron cita en la glorieta de Las Banderas, en la avenida Lázaro Cárdenas, junto al antimonumento de los 43 (una placa metálica con el número emblemático de la lucha), integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Guerrerense (APPG), reubicados del fraccionamiento El Mirador, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), integrado en el Colectivo de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero.
Durante una hora de intervenciones, de 11 a 12 del día, los activistas refrendaron el apoyo incondicional a los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa , que también realizaron una acción simbólica en la Ciudad de México, para el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.
La activista de la Frente Magisterial Ciudadano, Arecely Fierro, repudió además el asesinato de la niña Diana Paulina de 13 años, hallada sin vida en Chilapa la semana pasada.
La CETEG anunció una protesta el 6 de diciembre en Acapulco, como parte de las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, contra las reformas estructurales en el país.
Nicolás Chávez Adame informó que el próximo sábado 2 de diciembre, se realizará la entrega de la Presea Sentimientos del Pueblo, que se instituyó como un acto de rebeldía al acto institucional del gobierno del estado y el Congreso, para reconocer los aportes de quienes no son tomados en cuenta por las autoridades. En esta ocasión, recibirán los reconocimientos, la nieta y bisnieto del general Emiliano Zapata, Imelda Zapata y Edgar Castro Zapata, y el universitario ex guerrillero, Fernando Pineda Ochoa. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Que Peña Nieto nos entregue a nuestros hijos, él sabe dónde están, piden padres de los 43
Marchan en la Cdmx a 38 meses de la desaparición de los 43 y levantan el plantón al lado de Relaciones Exteriores que duró una semana
Vania Pigeonutt
Corresponsalía / Ciudad de México
Han pasado 3 años y 2 meses desde la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa sin que el movimiento que exige su presentación con vida conozca su paradero. Durante la marcha a 38 meses de estos hechos, padres y madres de los estudiantes denunciaron que de esta última jornada de lucha no obtuvieron resultados “tan favorables”.
Casi a las 17:00 horas, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, apoyados por estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes de más de una veintena de organizaciones sociales, marcharon del Ángel de la Independencia, por avenida Paseo de la Reforma hasta concluir con un mitin en la avenida Juárez, frente al plantón que levantaron ayer, y estuvo desde el lunes pasado a un costado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Al grito de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ¿dónde están, dónde están, nuestros hijos, dónde están?, los contingentes avanzaron hasta llegar a la avenida Juárez, y en un mitin, uno de los voceros de los padres, Melitón Ortega, repasó las actividades que realizaron desde el 18 hasta ayer en la tercera jornada “Rompe el muro de la impunidad”, de la que no lograron avances concretos.
En el trayecto mostraron mantas y pancartas en apoyo a la exigencia de justicia por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, varios movimientos como los migrantes centroamericanos, el Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (FNAMOP), varias secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FCSM), entre otras.
Varios activistas corearon consignas exigiendo la presentación de los 43, recordaron que han pasado mil 140 días, más de 27 mil horas, y varios abrazaron y acompañaron al contingente de los padres que portaban fotografías del rostro y nombre de sus hijos.
En el mitin, por el que bloquearon la calle, los padres colocaron sobre el asfalto un ensamble de pósters con la cara y nombre de cada uno de los 43, abajo de éstos había una leyenda con las cuatro exigencias del movimiento a la Procuraduría General de la República (PGR), que siguen sin cumplirse: investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión, “¿por qué 17 celulares estuvieron activos la noche y madrugada del 27 de septiembre?, ¿por qué los llevaron a Huitzuco?, ¿quién es el patrón y el caminante?, ¿por qué la PGR no investiga al Ejército?”.
Melitón Ortega, dijo a los presentes que se colocaron en un semicírculo alrededor del carro de sonido, que “los resultados no son tan favorables. No hay fecha para un encuentro con Osorio Chong (secretario de Gobernación)… ante la falta de respuestas, como dice la consigna, seguiremos esta lucha, cueste lo que cueste”.
Recordó que la Asamblea Nacional Popular (ANP), integrada por un conjunto de organizaciones, ha determinado continuar con el apoyo a la exigencia de justicia del movimiento pese a que el año que viene hay elecciones, y ven una intención de que esto eclipse al movimiento.
“La ANP tiene claridad total de seguir caminando, necesitamos fortalecer nuestra asamblea, es el instrumento que nos sirve para mantener la lucha, nuestros informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), también el dictamen que de manera muy responsable llevaron peritos argentinos son nuestras máximas armas”.
El viernes pasado, una comisión de padres en compañía de Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quien lleva el caso de los normalistas, se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Derechos Humanos de la SRE; Sara Irene Herrerías, subprocuradora de derechos humanos de la PGR, para exigirles ampliación del tiempo de seguimiento del Mecanismo que vigila que se cumplan las recomendaciones del GIEI, propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El movimiento logró ampliar su mandato hasta octubre de 2018.
Después de Melitón Ortega, Metodia Carrillo, madre de Luis Ángel Abarca Carrillo, aseguró: “Nos cambiaron la vida desde ese día 26… Queremos ver a nuestros hijos de regreso: A dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Que Peña Nieto (presidente) nos entregue a nuestros hijos él sabe dónde fueron. Tiene las pruebas en las manos, hasta que nos dé respuesta seguiremos aquí, nosotros no nos cansamos; pedimos apoyo, que no nos dejen solos, sin ustedes no vamos a encontrar a nuestros hijos”.
Hablaron en el mismo sentido la madre Joaquina García y el padre Emiliano Navarrete, quien lamentó que durante su jornada de lucha, fueron bloqueados para entregar una carta al presidente de la República, metros antes de llegar a Los Pinos, y que no tengan una fecha planteada para reunirse con Osorio Chong, a quien pedirán fechas para que se den las detenciones pendientes qué hay del caso.
Hablaron también estudiantes, el secretario general del comité de alumnos de Ayotzinapa y un representante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM.), Gerardo, de la Normal Rural, dijo: “Ya estamos cansados de los cuentos del Estado y las instituciones que sostienen que los compañeros fueron incinerados en Cocula; la verdad histórica se ha demostrado que fue sembrada por Iñaki Blanco (ex procurador de Guerrero), y Tomás Zerón (titular de la Agencia de Investigación Criminal) y del asesino (ex gobernador guerrerense) Ángel Aguirre Rivero”, exigió que la justicia alcance a estos ex funcionarios también.
Integrantes de organizaciones como la Sexta y Preparatoria Popular Tacuba corearon del 1 al 43 y gritaron justicia. La marcha fue resguardada por la Brigada Marabunta, en el contingente de los padres de los 43; participaron observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y la Avenida Juárez fue resguardada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
Los padres retiraron su plantón, después de cantar el himno socialista Venceremos. Anunciaron que se reunirán el próximo martes con los integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, y este lunes, asistirán a Iguala a continuar con la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 desaparecidos.
A 38 meses de la desaparición de los 43, organizaciones de Chilpancingo exigen justicia
Como parte de la Acción Global por Ayotzinapa, representantes de organizaciones sociales y sindicales de Chilpancingo realizaron un mitin político a 38 meses de los ataques y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, con la demanda de justicia y presentación con vida de los jóvenes normalistas.
Representantes de la Normal Rural que llegaron en dos autobuses, repudiaron la reaparición del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero en la escena política para contender en las elecciones de 2018.
Denunciaron el “descaro” del político después del “fracaso” de su administración, de la que pidió licencia debido a los ataques de Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa, pero está protegido por la elite política para no dar cuenta de su responsabilidad, en las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron la noche del 26 y 27 de septiembre.
Se dieron cita en la glorieta de Las Banderas, en la avenida Lázaro Cárdenas, junto al antimonumento de los 43 (una placa metálica con el número emblemático de la lucha), integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Guerrerense (APPG), reubicados del fraccionamiento El Mirador, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), integrado en el Colectivo de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero.
Durante una hora de intervenciones, de 11 a 12 del día, los activistas refrendaron el apoyo incondicional a los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa , que también realizaron una acción simbólica en la Ciudad de México, para el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.
La activista de la Frente Magisterial Ciudadano, Arecely Fierro, repudió además el asesinato de la niña Diana Paulina de 13 años, hallada sin vida en Chilapa la semana pasada.
La CETEG anunció una protesta el 6 de diciembre en Acapulco, como parte de las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, contra las reformas estructurales en el país.
Nicolás Chávez Adame informó que el próximo sábado 2 de diciembre, se realizará la entrega de la Presea Sentimientos del Pueblo, que se instituyó como un acto de rebeldía al acto institucional del gobierno del estado y el Congreso, para reconocer los aportes de quienes no son tomados en cuenta por las autoridades. En esta ocasión, recibirán los reconocimientos, la nieta y bisnieto del general Emiliano Zapata, Imelda Zapata y Edgar Castro Zapata, y el universitario ex guerrillero, Fernando Pineda Ochoa. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Toman padres de los 43 de Ayotzinapa la caseta de Tlalpan y marchan en la Cdmx
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa tomaron ayer la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México durante cuatro horas y marcharon desde la Procuraduría General de la República hasta el Hemiciclo a Juárez, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
Las manifestaciones son parte de la Acción Global por Ayotzinapa, que se realiza los días 26 de cada mes, para exigir el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, durante los cuales fueron asesinados tres normalistas y 43 desaparecidos.
Ayer se cumplieron 35 meses de los ataques. Los padres de familia encabezaron las protestas en la Ciudad de México, y participaron integrantes de distintas organizaciones sociales del país.
En la marcha, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, avizoró que para 2018, por los tiempos electorales, el gobierno intentará “ensombrecer el tema” de Ayotzinapa, por eso aseguró que de no haber resultados el próximo 29, el movimiento radicalizará sus acciones.
A dos años 11 meses de que policías municipales de Cocula, Huitzuco e Iguala, presuntamente con miembros del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, y la participación de efectivos del Ejército, la principal consigna de los padres en un mitin fue que las autoridades den resultados de las cuatro líneas de investigación pendientes.
Las acciones en la Ciudad de México comenzaron a las 10 de la mañana. Padres, integrantes de organizaciones sociales y normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FCSM) se reunieron en el antimonumento a los 43 ubicado en el Paseo de Reforma, luego partieron a la caseta de Tlalpan donde estuvieron hasta las 14:00 horas dando paso libre.
Los contingentes llegaron cerca de las 17:00 horas a la Procuraduría General de la República (PGR). Los esperaban otras organizaciones para comenzar la marcha que salió de esa sede hacia el Hemiciclo a Juárez. Faltaba una hora para que lloviera cuando los normalistas junto a los padres gritaron: “¡Ni la lluvia, ni el viento, detendrán el movimiento!”.
“¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”, repitieron miembros de La Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Brigada por Ayotzinapa, Ciudad de México con Ayotzinapa; también personas portando pancartas con tres fechas: 2 de octubre, masacre de Tlatelolco; 10 de junio, Halconazo; 26 de septiembre, desaparición forzada de los 43.
La Brigada Marabunta, como en cada marcha en la ciudad, colocó una cuerda de protección para el primer contingente, el de los padres portando gallardetes con el nombre de sus hijos, luego iban formados los estudiantes de primer año de Ayotzinapa, los llamados “pelones” por su rapado obligatorio al entrar a la normal, después las demás agrupaciones.
Alrededor de las 18:00 horas la lluvia comenzó cuando los manifestantes llegaban al antimonumento que simboliza un número 43 con letras rojas; Melitón Ortega, vocero de los padres, pidió una parada allí para leer los nombres de cada uno de los 43. Luego de que Melitón repetía cada nombre, los demás contestaban: ¡presentación con vida!”.
La parada no duró más de 5 minutos porque comenzó a llover y la gente avanzó. Un activista regaló rosas a las mamás de Ayotzinapa y colocó pétalos en forma de corazón en el piso y una cartulina: ¡35 meses de impunidad y la esperanza de los 43, sigue!”.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, reiteró que son cuatro líneas pendientes, entre éstas que les den un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, que se investigue el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la investigación al Ejército y quedan pendientes consignaciones contra policías de Huitzuco.
Consideró que el tema electoral “va ser un nubarrón que va invisibilizar la justicia para Ayotzinapa. Los padres tenemos que hacer una revisión acuciosa para ver cómo remamos contra esa vorágine electoral que va a venir. Por eso la posición de los padres es poder avanzar en estos meses, arreciar las movilizaciones, para ver si hay un cambio de posición”.
Lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya administrado el conflicto hasta ahora, “dan avances a cuenta gotas, es una estrategia que ya tienen. No quieren ahondar en las líneas de investigación, que se devele las instituciones medradas por la corrupción, que están inmiscuidos con la delincuencia organizada, eso le resta votos al PRI en el 2018, ahondar sería evidenciar a un gobierno corrupto”.
El vocero de los padres, Melitón Ortega, advirtió que si el 29 próximo la PGR no da avances a la comisión de seguimiento de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aumentará el tono de las movilizaciones; el próximo 2 de septiembre inician giras por Guerrero, para que del 15 al 26 las movilizaciones a nivel nacional sean simultáneas.
Hubo varias participaciones durante el mitin que continuó aún con la lluvia, y concluyó con el himno socialista Venceremos.
Toman casetas de Palo Blanco y Feliciano y ponen retenes en Tlapa y Atoyac a 35 meses de la desaparición de los 43
Integrantes de organizaciones magisteriales y sociales tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol, la caseta de Feliciano de la Autopista Siglo XXI, y se manifestaron también en Tlapa, Atoyac para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ayer se cumplieron dos años y 11 meses de los ataques a los normalistas en Iguala, y las manifestaciones simultáneas son un acuerdo de la Asamblea Nacional Popular (ANP) en apoyo a los padres de los jóvenes desaparecidos.
En Palo Blanco, a 18 kilómetros de Chilpancingo, participaron unos 50 agremiados de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG).
Desde las 8 de la mañana, los manifestantes se concentraron frente al museo La Avispa, al sur de la capital, para trasladarse en caravana a la caseta de Palo Blanco, que se encuentra a unos 20 minutos.
Con banderas rojas que tenían las siglas de la CETEG, lonas y mantas en las que se leyó: “Nos faltan 43”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, los manifestantes llegaron a la caseta a las 10 de la mañana, en el lugar se encontraban policías federales del sector Caminos, que observaron la protesta, y los dirigentes de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero, del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, y de la APPG, Nicolás Chávez Adame, acordaron que no habría conflictos y la acción se llevaría a cabo de manera pacífica.
Los manifestantes se apoderaron de las cabinas de cobro y permitieron el paso de los vehículos a cambio de una cooperación voluntaria, también les entregaron un boletín en el que informaron que la Procuraduría General de la República (PGR) ha incurrido en “una dilación deliberada” para no resolver el caso Ayotzinapa.
En declaraciones, Ramírez Perulero dijo que la toma de la caseta se llevó a cabo en solidaridad con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, así como parte de la Acción Global por Ayotzinapa que se realiza los días 26 de cada mes, para exigir el esclarecimiento de los hechos.
Puntualizó que la cooperación voluntaria de los automovilistas se entregará a los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, para que los recursos se utilicen en lo que sea necesario durante la jornada de lucha nacional del 15 al 26 de septiembre próximo, cuando se cumplan tres años de los ataques en Iguala.
Informó que la manifestación en la caseta de Palo Blanco, también se replicó en Atoyac, Iguala y Tlapa, por integrantes de distintas organizaciones sociales y magisteriales.
Durante la toma de la caseta de Palo Blanco, que transcurrió sin incidentes, algunos de los automovilistas hacían sonar el claxon de sus vehículos, manifestando así su solidaridad con los integrantes de las organizaciones sociales.
Mediante un equipo de sonido, que la CETEG transportó en una camioneta, se reprodujo la canción Cuando sea grande quiero ser maestro, del cantautor originario de la Costa Chica, Miguel Carrillo Figueroa, “el 26 de septiembre sucedió todo lo peor: fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor”, versa la canción, que es un relato sobre los ataques en Iguala.
Además, los manifestantes se comunicaron vía telefónica con el vocero de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Melitón Ortega, quien informó que los padres, acompañados de organizaciones sociales, tomaron la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México, como parte de la Acción Global.
Asimismo, agradeció la participación de los maestros y los llamó a continuar en la lucha social por la presentación con vida de los jóvenes.
La toma de la caseta de Palo Blanco concluyó a las 2 de la tarde. Antes de retirarse, los manifestantes ratificaron su apoyo a los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y entonaron el himno Venceremos.
En la carretera federal en Atoyac
En Atoyac, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y del Comité de Cultura y Deporte del municipio repartieron volantes en un retén informativo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en la comunidad de La Y Griega.
Con pancartas y lonas pidieron justicia y mostraron su apoyo a los padres de los normalistas.
La dirigente de la OCSS Norma Mesino manifestó que esta actividad es parte de los acuerdos de las organizaciones con los padres de los 43, que días antes visitaron Atoyac, y se sumarán a la jornada de lucha de un mes a tres años de la desaparición, en septiembre.
Expuso que con este tipo de actividades se busca visibilizar el caso y hacer efectiva la consigna de que los padres no están solos.
Afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes refleja el grado de impunidad que se vive en el país, de la que también la OCSS ha sido víctima, con asesinatos como el de la dirigente Rocío Mesino y desapariciones.
Norma Mesino dijo que los padres de los 43, a pesar del cansancio y el desgaste siguen en la lucha por la justicia “consideramos que a tres años se debe de seguir y dar con el paradero de los miles de desaparecidos en el país, debemos alzar la voz y no quedarnos callados ante este gobierno, y exigir justicia”.
Por separado, el Frente de Defensa Popular Francisco Villa, la CETEG y el Grupo Cultural Atoyaquense manifestaron su solidaridad con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, durante la apertura del espacio del kiosco del Zócalo de Atoyac, que será usado para promover la cultura y darle vida al centro de la ciudad.
Las organizaciones distribuyeron volantes y dieron información sobre el caso de los 43 desaparecidos.
Toman seis horas la caseta de Feliciano en La Unión
Maestros a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la región Lázaro Cárdenas, tomaron durante seis horas la caseta de cobro Feliciano de la Autopista Siglo XXI, Morelia-Lázaro Cárdenas, en el municipio de la Unión, para manifestarse contra la represión al sector educativo, pedir al gobierno de Michoacán que resuelva la entrega de bonos, y pidieron cooperación de 50 pesos que será entregada a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Unos 30 profesores adheridos a la Coordinadora desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde permanecieron en la caseta donde se manifestaron contra la reforma educativa, exigieron el cese a la represión a los profesores, y que se cumpla la entrega de bonos y demás prestaciones.
En una pancarta colocada en la señalética de las tarifas, se leía la frase “ni perdón, ni olvido, 35 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas” y el cobro de la cooperación que será entregada a los padres de los normalistas desaparecidos.
Retén informativo en la carretera en Tlapa
En Tlapa, organizaciones sociales, colectivos y maestros de la CETEG realizaron un retén informativo en la carretera Tlapa-Chilapa, en su jornada de lucha por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Los manifestantes exigieron que el gobierno presente avances en las cuatro líneas de investigación dictadas por los expertos para esclarecer los hechos y denunciaron que pretende que se olvide y quede en la impunidad un hecho aberrante y de lesa humanidad.
La actividad comenzó a las 8:00 de la mañana en el puente de Ahuatepec Ejido donde se colocaron cuerdas para cerrar el paso a vehículos y que éstos disminuyeran su velocidad en los dos carriles donde les pedían una cooperación voluntaria para apoyar a los padres y entregaban volantes con información de su exigencia. Lo terminaron como a las 2: 00 de la tarde.
Participaron en la manifestación el Frente Popular de Tlapa, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, El colectivo El Grito y familiares del activista asesinado por policías federales, Antonio Vivar Díaz.
Colocaron lonas con la exigencia de justicia por Antonio Vivar Díaz, pancartas por los 43 y llamaron a sumarse a las movilizaciones por los tres años de desaparición forzada.
Mencionaron que cada organización tiene peticiones puntuales como la abrogación de las reformas educativa, laboral y energética, pero que el tema que los reunió fue Ayotzinapa.
Protestan organizaciones en el antimonumento de la capital a mil días de los ataques en Iguala
A mil días de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado se reunieron en el antimonumento en esta ciudad.
A las 12:30 del día integrantes de la Coordinara Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), damnificados de El Mirador, integrantes del Frente Democrático de Trabajadores de Salud hicieron un mitin en el monumento a las banderas.
Las organizaciones sociales y estudiantiles se sumaron a la Acción Global por Ayotzinapa, y exigieron la presentación con vida de los normalistas y castigo a los culpables a 33 meses de la desaparición.
Dijeron que no hay información fidedigna de la desaparición de los normalistas a mil días, y exigieron a los tres órdenes de gobierno que investiguen para dar con los responsables.
Resaltaron que se debe de seguir revindicando la lucha y exigir la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, y de todos los demás desaparecidos de Guerrero y del país.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame nombró a cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos y los presentes respondieron gritando “presentación con vida”.
Resaltó que “los cuerpos policiacos fueron los autores intelectuales y materiales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y de la ejecución de vidas de civiles que pasaron ese día trágico, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala”.
Manifestó que ahora le recriminan al gobierno federal que encabeza “el nefasto” Enrique Peña Nieto, y a los tres niveles de gobierno el hostigamiento y persecución de varios luchadores sociales.
Condenó la represión que sufrió la caravana que encabezan las madres y los padres de los 43 normalistas cuando iban a Cancún, “donde los policías les cortaron cartucho y los bajaron como si fueran delincuentes”, y la que sufrieron los estudiantes de la escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, en Michoacán.
“¿Por qué el gobierno federal, estatal y municipal reprime al movimiento social y no detiene a los delincuentes de cuello blanco que se roban el erario público, y tampoco detienen a los delincuentes que cometen asesinatos?”, recriminó.
Dijo que todos los días se siguen cometiendo asesinatos a plena luz de día, y responsabilizó a Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los presidentes municipales que han permitido que sigan las muertes y desapariciones en Guerrero.
“Refrendamos el apoyo incondicional a los padres de los 43 normalistas, pero también nos solidarizamos con el gremio periodista porque han sido reprimidos y por los múltiples asesinatos”, agregó.
Nicolás Chávez también condenó que todos los teléfonos de los luchadores sociales y de la prensa están intervenidos por el gobierno, “parece que no tenemos libertad”.
Incendian normalistas de Ayotzinapa dos camiones y los persiguen policías en Chilpancingo y Tixtla
En respuesta a la agresión que sufrieron padres y otros familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, estudiantes de esa escuela incendiaron dos camiones de la tienda departamental Coppel, ocuparon dos cabinas de radiodifusoras para expresar su condena a la agresión a los padres, y tuvieron un breve enfrentamiento con la Policía Estatal.
Un normalista fue lesionado por un impacto de bala de humo lanzado por policías estatales, y fue hospitalizado en Tixtla, informó la dirigencia estudiantil.
El incendio de uno de los dos camiones de Coppel ocurrió a la salida del libramiento de cuota, cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital, cuando el contingente de unos 50 estudiantes se retiraba a la Normal después de haber tomado las dos cabinas de radio en la capital.
Después en su regreso a las instalaciones de la escuela y cerca del entronque del libramiento con la carretera Chilpancingo-Chilapa, en la salida de Tixtla, prendieron fuego a otro camión de la misma tienda departamental, y metros adelante en la estatua a Vicente Guerrero, cerca del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, tuvieron un breve encuentro a pedradas con policías estatales que ya los perseguían, y con otros que los esperaban en el lugar.
Estos hechos que se derivaron del repliegue violento que sufrieron con gas lacrimógeno y toletes de granaderos los padres de los 43 estudiantes que se encontraban afuera de las instalaciones de la Segob, empañaron las actividades culturales en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa con motivo del 91 aniversario de la fundación de esa institución.
Los estudiantes se enteraron al mediodía de la agresión a los padres en la Ciudad de México y de inmediato convocaron a una concentración en la cancha techada de la escuela, a la una de la tarde.
Allí relataron que el plantón en la Ciudad de México comenzó el 20 de abril en la PGR para pedir “investigaciones claras” en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, que se investigue a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala que actuaron esa noche, la participación en esos hechos de la Policía Municipal de Huitzuco, que se dé seguimiento al rastreo de los celulares de los estudiantes que siguieron activos días después de los hechos, e investigar el tráfico de drogas a través de la línea Estrella de Oro que cubre la ruta Iguala-Chicago, debido a que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) habría sido la
Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa
El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.
Marchan, cierran la autopista y encaran padres de los 43 a policías federales en Chilpancingo
A cinco años del desalojo a balazos contra normalistas en la Autopista del Sol unos 700 estudiantes, maestros y activistas sociales encabezados por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la capital y encararon a los policías federales por el asesinato de dos jóvenes en esta carretera, ante la violencia acrecentada pese a la vigilancia policiaca y militar y debido a los vínculos de las fuerzas de seguridad pública y armadas con la delincuencia.
“Ustedes mataron a Alexis y a Gabriel”, “¿qué tiene que cuidar en la carretera?”, “¡váyanse a Acapulco!”, “sigan enriqueciéndose con el narcotráfico”, les gritaron padres de familia y estudiantes mientras unos 200 policías retrocedían fuera del asfalto, en el punto conocido como El Parador del Marqués, donde el 12 de diciembre de 2011 policías federales, ministeriales y estatales disolvieron una protesta a balazos y asesinaron a los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Al final los policías se refugiaron bajo la sombra de los árboles, mientras los manifestantes bloquearon dos horas el paso a la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, para celebrar un acto político.
Después de la ofrenda floral un sobreviviente de aquellos hechos, Edgar Espíritu Olmedo denunció que desde aquella agresión los problemas en la Normal Rural son cada vez mayores.
El estudiante que fue herido de bala en el pecho recordó que en la protesta del 12 de diciembre pedían becas, la aprobación de la matrícula, “en vez de respuestas recibimos balas, dos compañeros muertos y a mi, un grave incidente… a la fecha tengo problemas de salud”.
Denunció que mientras los responsables de los hechos están libres los problemas en la escuela aumentaron, por ejemplo señaló el ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde tres estudiantes fueron asesinados y 43 desaparecidos, aunado al “cobarde” asesinato de dos normalistas en la carretera Chilpancingo-Tixtla el 4 de octubre pasado.
Recriminó que las consecuencias no sean contra los perpetradores, “les decimos a todos los presentes que no están solos, estamos aquí con justa razón, luchando por algo que por ley merecemos, a aquel pueblo y todos los que luchan por algo les decimos que vamos a seguir en la lucha. Desde el 12 de diciembre sigue pasando lo mismo, los que realizan actos criminales siguen en libertad, parece que por pedir algo a los gobernantes tiene que morir un ser humano, es increíble que en estos tiempos sigan muriendo compañeros, haya desaparecidos de otras ciudades y sigamos en la misma”.
La marcha
La protesta comenzó a las 11 de la mañana del monumento a Nicolás Bravo ubicado al norte de la capital, avanzó por el centro de la ciudad hacia el sur al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, donde ocurrió el desalojo en 2011.
El contingente conformado principalmente de jóvenes integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cantó en todo el recorrido consignas revolucionarias, mientras otros estudiantes y activistas a su paso hicieron pintas y colocaron carteles alusivos al 12 de diciembre y al 26 de septiembre, en edificios de gobierno y algunas tiendas Oxxo, leyendas como “pueblo toma conciencia y lucha”.
Avanzaron sobre las principales avenidas de la ciudad y el bulevar Vicente Guerrero que se conecta con la autopista de cuota.
Antes, desde las 10 de la mañana se observó la llegada de policías federales en El Parador del Marqués. Apenas se asomó la manifestación como a las 2 de la tarde, los policías con equipo antimotines ocuparon la mitad de la carretera.
Varios padres y madres en la vanguardia se dirigieron molestos hacia los uniformados que impedían el paso de los camiones del servicio público en que viajaban los normalistas, y querían estacionarlos sobre la carretera federal.
Mientras los mandos comenzaron el diálogo protocolario para pedir que la manifestación no afectara a terceros, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos recriminaron a los federales la agresión a los jóvenes en 2011.
Intensamente reclamaron los asesinatos, los cuerpos desmembrados en Chilpancingo y Acapulco, los desaparecidos y levantados en la entidad y los llamaron a detener a los delincuentes: “ustedes le dispararon a Alexis (Herrera Pino) y a Gabriel (Echeverría de Jesús)”, “pinches maricones, qué tienen que cuidar en la carretera, vayan a buscar los muchachos aquí no hay nada que ver”, gritó una madre de familia.
Los policías retrocedieron varios pasos ante la presión de los manifestantes y mientras aguardaban órdenes de sus superiores, en medio de la discusión -registrada en video con teléfonos celulares de manifestantes y policías-, accedieron a salir de la carretera y a observar la protesta desde la sombra de los arboles, donde estaban antes de que llegara el contingente.
En la carretera un padre de familia hizo una oración mientras estudiantes chaponaban el monte del lugar donde se encontraba la cruz que marca el sitio donde cayó el normalista Gabriel Echeverría, a poca distancia de un letrero de lámina que señala la ubicación de un taller mecánico, y que conserva los huecos de bala de dos diferentes calibres accionados hace cinco años.
Ahí colocaron también la corona de flores en recuerdo de Alexis Herrera, el normalista que recibió un balazo en la nuca, en el carril contrario. El letrero está justo enfrente al acceso de la tienda departamental Liverpool, donde se ubicaron los policías ministeriales y estatales que dispararon a los manifestantes en 2011.
En cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes
Ayer el señor Emiliano Navarrete, papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, llamó a no olvidar “porque es lo que el gobierno ha querido siempre”, y ratificó el compromiso de los padres de los desaparecidos a mantener la lucha hasta saber en dónde están sus hijos y que los responsables “personas corruptas” reciban su castigo.
La señora Blanca Nava, mamá del normalista desaparecido Jorge Álvarez, denunció que en cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes, “es algo que nosotros tenemos que evitar, esto no puede sucederle a nuestros hijos”.
Consideró una burla para los padres que todos los delitos sigan impunes, “que nos siga pisoteando, que no nos tengan una respuesta. De aquí le digo a (el gobernador Héctor) Astudillo y (al exgobernador Ángel) Aguirre que ya quiero de regreso a mi hijo, no me pienso ir, tengo que saber qué pasó con él y sus compañeros. Este dolor que sentimos no se lo merece nadie, no queremos repetición, pero sobre todo queremos que los regresen vivos”.
Demandó que no manden policías a sus manifestaciones “nosotros no andamos buscando pleito”, asimismo que retiren a los militares de las calles porque “no sirven para nada, nada más están para desaparecer, para andar levantando y matando”.
El vocero Felipe de la Cruz demandó que se investigue y se castigue al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y a sus colabores por los crímenes del 12 de diciembre, y luego se refirió a la muerte del trabajador de la gasolinera ocurrido en estos mismos hechos, Gonzalo Rivas Cámara, a quién el senado entregó post mortem la medalla Belisario Domínguez, para hacer creer a la sociedad que los estudiantes son responsables de aquella muerte.
El representante de la Normal Rural señaló que el premio del Senado tuvo la intención de criminalizar a los normalistas, que también son víctimas de la represión de los cuerpos policiacos a la protesta social.
Debido a la intensidad del sol cuatro personas recibieron auxilios por desvanecimientos. El mitin acabó a las 4 de la tarde, cuando estudiantes y activistas abordaron unos 10 camiones del servicio público, y regresaron a la Normal en Tixtla.
Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.