Etiqueta: padres de los 43 desaparecidos

Queman estudiantes de Ayotzinapa un camión en el 27 Batallón de Iguala y destruyen la fachada

Con un camión en reversa de la empresa Sigma, que después quemaron con el uso de petardos, normalistas de Ayotzinapa abrieron el enorme portón del Campo Militar 35-C de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería Foto: Alejandro Guerrero

Alejandro Guerrero

Iguala

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes, protestaron en su tercer día de jornada de lucha en el Campo Militar 35-C, sede del 27 Batallón de Infantería, donde lanzaron petardos, hicieron pintas y quemaron un camión con el que abrieron el portón, para exigir que se ejecuten las 20 órdenes de aprehensión en contra de mandos militares y soldados vinculados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante el mitin que duró alrededor de 20 minutos antes de iniciar la protesta afuera del cuartel militar ubicado en el Periférico Oriente de Iguala, el abogado de los padres y las madres de los 43 muchachos desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que a casi ocho años de los hechos “nos queda claro que el 27 Batallón de Infantería tuvo una responsabilidad directa en la desaparición de nuestros compañeros”.
Señaló que no sólo es una responsabilidad por omisión, no sólo que ocultaron información, “hoy nos queda claro que de manera directa participaron, hay prueba objetiva de que un coronel ordenó y perpetró el asesinato directo de seis compañeros estudiantes”.
“Eso aquí y en el mundo se llama asesinato, y eso se tiene que castigar con todo el peso de la ley. Que les quede claro a los militares, que los padres y madres de familia no vamos a cesar en nuestra lucha hasta ver en la cárcel a los 20 militares (implicados) y no sólo a los 20 militares, sino también a todos aquellos que tengan responsabilidad, vamos a ir hasta el más alto nivel”, advirtió.
Denunció la infiltración que el 27 Batallón de Infantería y la 35 Zona Militar hicieron en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y advirtió que por eso fue la protesta en este cuartel militar “por la dignidad, por el coraje y por la legitimidad que nos da el ser víctimas de una desaparición forzada y una de las peores y más graves violaciones sin nombre en todo el mundo que se ha cometido en contra de los 43 compañeros. No cejaremos hasta ver en la cárcel a estos militares asesinos”.
Antes, la señora Joaquina, mamá de Martín Getsemany Sánchez García, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, reiteró el reclamo de que no se han ejecutado las órdenes de aprehensión que se les dijo en el informe del 18 de agosto, entre ellas las giradas en contra de miembros del Ejército e insistió en que no es suficiente con la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam, “piensan que con eso ya nos vamos a quedar en las casas a que él diga la verdad, pero no, vamos a seguir en esta lucha hasta que demos con la verdad y sepamos qué pasó con nuestros hijos”.

La protesta

Al finalizar participación del abogado de los padres, Vidulfo Rosales, e iniciar la intervención de un representante estudiantil de la Escuela Normal de Ayotzinapa, alrededor de la 1:50 de la tarde, una comisión de alrededor de 50 jóvenes, todos cubiertos del rostro, iniciaron pintas en las bardas, en el portón y el piso del acceso al batallón con consignas como: “43 razones para seguir”, “fue el Estado”, “maldito Ejército asesino”, y “Ayotzi vive”.
Conforme pasaba el tiempo la protesta iba escalando. Con tubos y fierros que encontraron en la misma zona o que arrancaron de las mismas barricadas puestas en el acceso del batallón empezaron a golpear el portón y la puerta, antes uno de los padres y otro joven lanzaron piedras con resorteras a las dos cámaras de seguridad en la entrada a las instalaciones, pero que no pudieron romper al estar protegidas con maya. También le tiraron a un dron del Ejército que sobrevolaba la zona a más altura.
Otro grupo arrojó gasolina en la puerta y portón, y encima colocaron cinco colchones viejos que después quemaron.
Asimismo bajaron a golpes estacas hechas con tubos gruesos que habían sido soldadas a unas rejas junto al portón del batallón y quitaron vallas de rieles metálicos con alambres de púas. Enseguida, lograron introducir un camión de productos refrigerados de la empresa Sigma que ya llevaban, el cual lograron pasar por encima de una zanja que abre el cuartel para evitar el paso de vehículos, pero que con mucha presión un joven lo pasó sobre dos rieles de metal de este canal que al parecer es de desagüe pluvial.
El joven que manejaba el camión le dio la vuelta y en dos intentos de reversa logró abrir el pesado portón de unos cuatro metros de ancho por cinco de alto. Estando en la mera entrada del cuartel le reventaron el parabrisas con piedras, y le lanzaron varios petardos en la cabina y debajo de él hasta que se incendió.
Las decenas de estudiantes, entre los que se dijo iban de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), lanzaron piedras y petardos al interior del cuartel. También derribaron dos postes de alumbrado público afuera del batallón y parte de un muro de bienvenida al batallón.
Varios proyectiles de estos explosivos fueron lanzados al camión y a la entrada, al grito de algunos de los jóvenes que no dejaran de lanzar hasta que se prendiera bien el vehículo y evitar la salida de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército con equipo antimotines que desde afuera se observó que se empezaban a aproximar al portón, pero que no respondieron a las agresiones regresando piedras como ocurría en el gobierno federal pasado.
Luego de que el camión prendió en su totalidad, tras unos 20 minutos de protesta radical, los jóvenes iniciaron la huida a las 2:11 de la tarde para abordar cerca de 14 autobuses en los que llegaron y se retiraron de Iguala.
Desde dentro del batallón y por el Periférico Oriente, llegaron bomberos de Protección Civil estatal y municipal que iniciaron trabajos para apagar el incendio del camión con el apoyo de pipas con agua.
Soldados colocaron un acordonamiento con cinta amarilla y llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias y posteriormente el camión fue retirado con una grúa y soldados del Ejército iniciaron la limpieza de la zona.
Para este jueves, de acuerdo con la calendarización de las actividades en esta jornada de lucha “Por los caminos de la verdad”, se espera que en las instalaciones de la escuela Raúl Isidro Burgos en Tixtla, a las 11 de la mañana se realice el foro: La Opacidad de las Fuerzas Armadas.

 

Absuelven a Abarca del delito de secuestro de los 43 de Ayotzinapa

Absuelven a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas; seguirá en prisión

La resolución de un juez de Tamaulipas “es un desafortunado acto de impunidad”, dice Alejandro Encinas y asegura que el ex alcalde de Iguala “es uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”

Agencia Reforma

Ciudad de México

Aunque continuará preso en el Penal del Altiplano, un juez federal absolvió a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque consideró que no existen evidencias de su plena responsabilidad.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, calificó la resolución del juez como “un desafortunado acto de impunidad”, porque Abarca es “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”, y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene elementos suficientes para apelar.
El Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dictó la sentencia absolutoria en favor del ex alcalde de Iguala, confirmaron allegados al caso.
La sentencia no es definitiva porque la Fiscalía General de la República (FGR) puede apelar ante un Tribunal Unitario de Circuito.
El ex edil continuará internado en el Penal del Altiplano porque tiene otros tres procesos en curso. Dos de ellos son por el delito de delincuencia organizada, uno relacionado con los supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos y otro con las operaciones de lavado de dinero.
Un tercer juicio fue iniciado a Abarca por el delito de homicidio, pues le atribuyen los asesinatos de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
La absolución de Abarca fue dictada apenas unas semanas después de que Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyera que el ex alcalde ordenó la desaparición de los 43 normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014.
En la conferencia de prensa de aquel día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, mostró un “Análisis de vínculos a partir de mensajes” en el que Abarca es identificado como “A1”, clave utilizada para identificar a quien instruyó el ataque contra los estudiantes y, también, la recuperación de la droga que iba en uno de los autobuses.
–¿Quién dio la orden?, se le preguntó a Encinas en la conferencia de prensa el 18 de agosto.
–Estamos diciendo quiénes dieron la orden: A1, presuntamente José Luis Abarca; los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades que es lo que forma parte de la investigación, respondió Encinas.
Las gráficas presentadas detallaban nombres de integrantes del cártel Guerreros Unidos, policías, militares y autoridades civiles involucrados en el crimen.
De acuerdo con el diagrama, Abarca se coordinaba con el capitán José Martínez Crespo, integrante del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con base en Iguala.
El militar, a su vez, se coordinaba con David H Cruz, alias Chino, identificado como bombero y jefe de comunicaciones, pero también como sicario del cártel Guerreros Unidos.
En un cuadro comparativo, que confronta la denominada “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam y la nueva investigación de la Covaj, se advierte que “A1”, Abarca, es quien ordenó ir contra los normalistas.
“A1 y los líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles un escarmiento ejemplar”, citaba el cuadro.
Además, en el informe completo se señalaba: “A1 dio la orden de recuperar la mercancía: ‘me chingan a todos a discreción’ A1 seguramente ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado ‘mátalos a todos, Iguala es mío’”.

La FGR puede apelar la absolución de Abarca: Alejandro Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reprochó la decisión de un juez federal de absolver a José Luis Abarca, señalado por el delito de secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dijo que la FGR tiene elementos suficientes para apelar la decisión del juzgador.
“Lo dicho. Nuevamente el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de #Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”, publicó en su cuenta de Twitter.
“La @FGRMexico tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad. Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de #Ayotzinapa”.
El Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dictó la sentencia absolutoria en favor del ex alcalde de Iguala, al estimar que no existen evidencias de su plena responsabilidad.
En caso de acceder a la petición del subsecretario, la FGR apelaría ante un Tribunal Unitario de Circuito.

Abarca tiene seis acciones penales más, entre ellas por desaparición de los 43: Vidulfo

Hay datos de prueba de que él dio órdenes el 26 de septiembre en Iguala, su responsabilidad es clara y tendrá que responder ante la ley, dice el abogado de los padres

Alejandro Guerrero

Iguala

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra informó que para ellos no es sorpresa el fallo de un juez federal a favor del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, porque se trata de una causa penal por el delito de secuestro elaborada por el gobierno anterior relacionada con las investigaciones de la llamada verdad histórica, sustentada en datos de prueba extraídos de manera ilícita, y puntualizó que el ex edil cuenta con seis acciones penales más, entre ellas de desaparición forzada.
Este miércoles, en la víspera del octavo aniversario de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas, el Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia absolutoria en favor del ex alcalde por el delito de secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al estimar que no existen evidencias de su plena responsabilidad, aunque permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
En declaraciones con reporteros de diversos medios de comunicación en esta ciudad antes del mitin realizado en el Campo Militar 35-C, sede del 27 Batallón de Infantería, el abogado de los padres mencionó que hasta ese momento, la una de la tarde, oficialmente no habían sido notificados de la resolución, aunque dijo que sí tenían conocimiento del fallo a favor del ex alcalde, “formalmente no se nos ha notificado”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que se trata de una causa penal de secuestro (contra los normalistas) que se hizo en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto.
Agregó que básicamente todos los datos de prueba que sustentan esa causa penal tienen que ver con investigación de la llamada verdad histórica, “entonces era obvio que la derrotero y la conclusión de esa investigación iba a derivar en una sentencia absolutoria, porque hay una debilidad probatoria dado que esa investigación está sustentada en datos de prueba extraídos de manera ilícita, por lo que es evidente que iba a ser absuelta esta persona (José Luis Abarca), como todas las causas (penales) que se armaron a la luz de la verdad histórica, y saben cuál ha sido el destino, y ésta también”, dijo a los reporteros.
Indicó que para ellos no es una sorpresa esa resolución del juzgado federal, “pero sí decir que el señor (José Luis Abarca Velázquez) tiene más acciones penales, estamos hablando de unas seis acciones penales más por diversos delitos, entre ellos de desaparición forzada de personas”.
Dijo que “solo cayó ésta” causa penal, que era una acción penal que se realizó con prueba que se obtuvo con esta investigación que se le denominó verdad histórica.
De acuerdo con las investigaciones, el ex alcalde postulado por el PRD, José Luis Abarca, tiene otros procesos en curso: dos por delincuencia organizada; por vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos; otro relacionado con operaciones de lavado de dinero de procedencia ilícita, y el homicidio del dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, este último ocurrido el 30 de mayo de 2013.
En las declaraciones, Rosales Sierra sostuvo que Abarca Velázquez no ha sido judicializado por los delitos de desaparición forzada y otros delitos más relacionados con el caso, pero que las acciones penales ahí están.
A preguntar si a pesar de este fallo seguirán a favor de que el ex alcalde permanezca en la cárcel, el abogado de los padres respondió, “el que desaparece debe ir a la cárcel, y el que es responsable de asesinatos tiene que pagar por la ley”.
Afirmó que sí hay pruebas en contra del ex edil de Iguala y es por eso que se libraron las órdenes de aprehensión en su contra, “estoy hablando que hay seis acciones penales más, lo que quiere decir que los jueces federales ya hicieron un análisis de su probable responsabilidad”.
Asentó que hay indicios razonables por ahora que permiten establecer la responsabilidad de Abarca Velázquez en los hechos, “para nosotros sí es responsable de la desaparición, pues él era el presidente (municipal), tenemos datos de prueba dentro de la investigación que él dio órdenes, para nosotros su responsabilidad es clara y tendrá que responder ante la ley por ello”.
Del caso de los mandos militares implicados, entre ellos el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, Jesús Rodríguez Pérez y del entonces comandante de la 35 Zona Militar, Alejandro Saavedra, el abogado informó que no han tenido noticias respecto a las acciones y las órdenes de aprehensión contra militares, y que lo único que saben “es lo mismo que ustedes saben que había 20 órdenes de aprehensión contra militares y fuera de ahí no se nos ha informado más”, dijo a los reporteros.
Manifestó su preocupación por la “inacción” y por la falta de ejecución de esas órdenes de aprehensión, “nos preocupa que no se hayan ejecutado y que la aprehensión de (Jesús) Murillo Karam sea una estridencia política nada más, y que contra los militares no haya nada, eso es una preocupación que tenemos”.

Abarca “y su banda” son responsables, pero en los juzgados hay corrupción, dice Melitón Ortega

Alejandro Guerrero

Iguala

El vocero de los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, afirmó que el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez “y su banda” son responsables de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 porque eran autoridades, y señaló que hay indicios muy claros de su responsabilidad, pero en los juzgados federales siempre ha habido corrupción en la que impera el dinero, el compadrazgo y las influencias.
El representante de los padres ofreció declaraciones a reporteros antes del mitin realizado en el cuartel militar que alberga al 27 Batallón de Infantería, luego de que se conoció que el Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia absolutoria en favor del ex alcalde José Luis Abarca por el delito de secuestro de los 43 normalistas, al estimar que no existen evidencias de su plena responsabilidad.
A pregunta de un reportero si no es una contradicción del gobierno federal que primero señaló en su informe del 18 de agosto a Abarca Velázquez (A-1), como parte de una estructura que dio la orden para desaparecer a los normalistas y después “dejarlo en libertad”.
Melitón Ortega afirmó que “hay indicios muy claros” de que el ex alcalde es responsable de los hechos, “y que en los juzgados federales siempre ha habido esa corrupción a intereses de los implicados y finalmente porque impera el dinero, el compadrazgo y la influencia que tienen estos personajes, cómo es el caso de (José Luis) Abarca”.
Sostuvo que el ex alcalde de Iguala “es responsable de los hechos y no se puede negar eso”, y destacó que en el reciente informe entregado por la Comisión Presidencial del caso “lo señala que está involucrado en la desaparición de los estudiantes”.
El vocero de las madres y los padres de los 43 muchachos desaparecidos advirtió que hay intereses de desactivar las protestas y considerar a Abarca como inocente, “pero creemos nosotros que si eso pasa es porque los jueces federales lo están permitiendo”.
Considero que en este proceso hay dinero de por medio “nosotros entendemos cómo se practica dentro de los juzgados, hay jueces que comparten esa corrupción”.
A preguntar del apoyo que la clase política ha dado al ex alcalde de Iguala que ha participado en marchas y dado declaraciones para pedir su liberación, entre ellos el actual alcalde priista David Gama Pérez, el vocero de los padres dijo que (los políticos) “siempre han estado apoyando, sin embargo, la lucha de los padres no lo permitirá y siempre vamos a señalar cómo la familia de José Luis Abarca es responsable de la desaparición de los estudiantes, responsable de la agresión y de la coordinación que pasó en el 2014”.
Sostuvo que la liberación de Abarca Velázquez no podría darse “por eso están las instituciones y por eso la lucha de los padres sigue vigente señalando a Abarca y su banda que ellos son los responsables, ellos eran las autoridades en este municipio en 2014, y hoy no se puede decir que no es responsable de los hechos de Iguala”.
Destacó que seguirán señalando y exigiendo que son los responsables de esos hechos graves, de los que hoy se sabe que fue un crimen de Estado en el que participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno durante el periodo de Enrique Peña Nieto.
Asimismo recordó que Abarca Velázquez además está señalado como responsable de asesinar de manos de él al dirigente Arturo Hernández Cardona, “de eso no nos queda duda”.

 

Queman estudiantes de Ayotzinapa un camión en el 27 Batallón de Iguala y destruyen la fachada

En el tercer día de protestas, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron que sean detenidos los 20 militares implicados en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014. Este batallón “tuvo una responsabilidad directa en la desaparición de nuestros compañeros”, señala el abogado Vidulfo Rosales. Jóvenes encapuchados metieron el vehículo a las instalaciones del Ejército y ya adentro le prendieron fuego mientras lanzaban piedras y petardos e intentaron derribar un dron con el que los vigilaban desde el aire

Alejandro Guerrero

Iguala

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes, protestaron en su tercer día de jornada de lucha en el Campo Militar 35-C, sede del 27 Batallón de Infantería, donde lanzaron petardos, hicieron pintas y quemaron un camión con el que abrieron el portón, para exigir que se ejecuten las 20 órdenes de aprehensión en contra de mandos militares y soldados vinculados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante el mitin que duró alrededor de 20 minutos antes de iniciar la protesta afuera del cuartel militar ubicado en el Periférico Oriente de Iguala, el abogado de los padres y las madres de los 43 muchachos desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que a casi ocho años de los hechos “nos queda claro que el 27 Batallón de Infantería tuvo una responsabilidad directa en la desaparición de nuestros compañeros”.
Señaló que no sólo es una responsabilidad por omisión, no sólo que ocultaron información, “hoy nos queda claro que de manera directa participaron, hay prueba objetiva de que un coronel ordenó y perpetró el asesinato directo de seis compañeros estudiantes”.
“Eso aquí y en el mundo se llama asesinato, y eso se tiene que castigar con todo el peso de la ley. Que les quede claro a los militares, que los padres y madres de familia no vamos a cesar en nuestra lucha hasta ver en la cárcel a los 20 militares (implicados) y no sólo a los 20 militares, sino también a todos aquellos que tengan responsabilidad, vamos a ir hasta el más alto nivel”, advirtió.
Denunció la infiltración que el 27 Batallón de Infantería y la 35 Zona Militar hicieron en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y advirtió que por eso fue la protesta en este cuartel militar “por la dignidad, por el coraje y por la legitimidad que nos da el ser víctimas de una desaparición forzada y una de las peores y más graves violaciones sin nombre en todo el mundo que se ha cometido en contra de los 43 compañeros. No cejaremos hasta ver en la cárcel a estos militares asesinos”.
Antes, la señora Joaquina, mamá de Martín Getsemany Sánchez García, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, reiteró el reclamo de que no se han ejecutado las órdenes de aprehensión que se les dijo en el informe del 18 de agosto, entre ellas las giradas en contra de miembros del Ejército e insistió en que no es suficiente con la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam, “piensan que con eso ya nos vamos a quedar en las casas a que él diga la verdad, pero no, vamos a seguir en esta lucha hasta que demos con la verdad y sepamos qué pasó con nuestros hijos”.

La protesta

Al finalizar participación del abogado de los padres, Vidulfo Rosales, e iniciar la intervención de un representante estudiantil de la Escuela Normal de Ayotzinapa, alrededor de la 1:50 de la tarde, una comisión de alrededor de 50 jóvenes, todos cubiertos del rostro, iniciaron pintas en las bardas, en el portón y el piso del acceso al batallón con consignas como: “43 razones para seguir”, “fue el Estado”, “maldito Ejército asesino”, y “Ayotzi vive”.
Conforme pasaba el tiempo la protesta iba escalando. Con tubos y fierros que encontraron en la misma zona o que arrancaron de las mismas barricadas puestas en el acceso del batallón empezaron a golpear el portón y la puerta, antes uno de los padres y otro joven lanzaron piedras con resorteras a las dos cámaras de seguridad en la entrada a las instalaciones, pero que no pudieron romper al estar protegidas con maya. También le tiraron a un dron del Ejército que sobrevolaba la zona a más altura.
Otro grupo arrojó gasolina en la puerta y portón, y encima colocaron cinco colchones viejos que después quemaron.
Asimismo bajaron a golpes estacas hechas con tubos gruesos que habían sido soldadas a unas rejas junto al portón del batallón y quitaron vallas de rieles metálicos con alambres de púas. Enseguida, lograron introducir un camión de productos refrigerados de la empresa Sigma que ya llevaban, el cual lograron pasar por encima de una zanja que abre el cuartel para evitar el paso de vehículos, pero que con mucha presión un joven lo pasó sobre dos rieles de metal de este canal que al parecer es de desagüe pluvial.
El joven que manejaba el camión le dio la vuelta y en dos intentos de reversa logró abrir el pesado portón de unos cuatro metros de ancho por cinco de alto. Estando en la mera entrada del cuartel le reventaron el parabrisas con piedras, y le lanzaron varios petardos en la cabina y debajo de él hasta que se incendió.
Las decenas de estudiantes, entre los que se dijo iban de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), lanzaron piedras y petardos al interior del cuartel. También derribaron dos postes de alumbrado público afuera del batallón y parte de un muro de bienvenida al batallón.
Varios proyectiles de estos explosivos fueron lanzados al camión y a la entrada, al grito de algunos de los jóvenes que no dejaran de lanzar hasta que se prendiera bien el vehículo y evitar la salida de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército con equipo antimotines que desde afuera se observó que se empezaban a aproximar al portón, pero que no respondieron a las agresiones regresando piedras como ocurría en el gobierno federal pasado.
Luego de que el camión prendió en su totalidad, tras unos 20 minutos de protesta radical, los jóvenes iniciaron la huida a las 2:11 de la tarde para abordar cerca de 14 autobuses en los que llegaron y se retiraron de Iguala.
Desde dentro del batallón y por el Periférico Oriente, llegaron bomberos de Protección Civil estatal y municipal que iniciaron trabajos para apagar el incendio del camión con el apoyo de pipas con agua.
Soldados colocaron un acordonamiento con cinta amarilla y llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias y posteriormente el camión fue retirado con una grúa y soldados del Ejército iniciaron la limpieza de la zona.
Para este jueves, de acuerdo con la calendarización de las actividades en esta jornada de lucha “Por los caminos de la verdad”, se espera que en las instalaciones de la escuela Raúl Isidro Burgos en Tixtla, a las 11 de la mañana se realice el foro: La Opacidad de las Fuerzas Armadas.

 

El gobierno pretende cerrar pero no aclarar lo que pasó con los 43; no lo permitirán, dicen padres

El vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Melitón Ortega, dijo que el gobierno federal pretende “cerrar” más no aclarar qué pasó en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y Clemente Rodríguez Moreno, padre de Alfonso Rodríguez, uno de los 43, dijo que no van a permitir que se cierre la investigación.
El viernes en la audiencia pública en Bogotá, Colombia, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la meta del gobierno federal es concluir la investigación y dar respuestas este año, antes de que concluya el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
En tanto, el fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para el caso Iguala, Alfredo Higuera Beltrán, dijo que en las últimas semanas se obtuvo información relevante que identifica el móvil del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ayer a la una de una tarde, padres de los desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa llegaron a la caseta de La Venta de la Autopista del Sol, en Acapulco, y durante una hora y media tomaron seis de las ocho cajas de cobro con el fin de reunir dinero para su movimiento.
En ese lugar, el padre Clemente Rodríguez indicó: “Solamente que nos maten nos van a quitar del movimiento porque estamos peleando por 43 vidas”.
La toma de la caseta de La Venta fue vigilada en todo momento por Policías Federales. Los alumnos, la mayoría con el rostro cubierto, se hicieron del control de las plumas y pedían a los automovilista una cooperación de lo que quisieran dar.
Con ellos, el padre Clemente Rodríguez declaró que no van a permitir que el gobierno cierre el caso de los normalistas, pues “Enrique Peña Nieto no se puede ir como si nada, sin decir dónde están nuestros hijos”.
Agregó que la toma de la caseta es para tener recursos para seguir en la lucha y el movimiento de la búsqueda de los 43 normalistas; además lo recaudado en la caseta es para los normalistas de Ayotzinapa para que cubran sus necesidades como son las raciones de comida.
Sobre el querer cerrar el caso dijo que al gobierno lo que le preocupa es que vienen las elecciones, quieren que salgan limpias y hacen declaraciones absurdas, pues insisten en decir que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula.
“Lo único que quieren es cerrar el caso y salir limpios”, dijo Clemente Rodríguez.
Agregó que el gobierno federal no se puede ir como si no hubiera pasado nada y que los padres quieren respuestas porque funcionarios han pasado y no han dado respuesta a su demanda de la presentación de sus hijos. “No vamos a dejar pasar que el gobierno quiera cerrar el caso, vamos a seguir en la lucha a pesar de que en el gobierno están en la misma necedad, que los normalistas fueron quemados, pero cuando nos ven no nos lo dicen a nosotros”.
Se le preguntó sobre la información que dieron los representantes del gobierno de México en la sesión de la CIDH en Bogota, de que se descarta como móvil de la desaparición de los estudiantes que hayan tomado un autobús que transportaba droga dirigida a Chicago, y dijo que se tienen que agotar todas las líneas de investigación, porque han pasado más de 3 años y no se sabe nada del paradero de sus hijos.
El padre de familia finalizó diciendo que van a seguir adelante buscando a sus hijos, apoyados por los normalistas y las organizaciones sociales porque “al gobierno le debe quedar claro que no vamos a permitir que se cierre el caso, ni con sus balas nos van a detener, a menos que nos maten nos van a quitar del movimiento”.
Por su parte, consultado vía telefónica, Melitón Ortega declaró que el Estado ha sido el principal responsable no sólo de los hechos sino de entorpecer la investigación que estuvo a cargo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), además de que retrasa cada uno de los pasos y medidas que se acuerdan para poder esclarecer el caso y encontrar a los jóvenes.
Señaló que ante el actual proceso electoral, en el que se definirá quién será el próximo presidente de la República, las autoridades pretenden que la sociedad se olvide del caso Iguala y de los 43 normalistas de Ayotzinapa pero los padres de familia de los jóvenes seguirán en su lucha por encontrarlos con vida.
Expresó que los padres son conscientes de que el gobierno federal pretende “cerrar” el caso pero esto no quiere decir que se dé a conocer la verdad de los hechos o que encuentren a los normalistas, sólo que las autoridades quieren que la sociedad se olvide de lo que pasó.
Melitón Ortega dijo que por ello se llevará a cabo la Convención Nacional el 17 y 18 de marzo en la Ciudad de México, en la que participarán organizaciones sociales y magisteriales del país para acordar las acciones que se llevarán a cabo para seguir con la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el esclarecimiento de los hechos.

 

Toman padres y estudiantes las tres casetas de la autopista a tres años de la desaparición de los 43

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) tomaron simultáneamente durante alrededor de cuatro horas las tres casetas de cobro de la Autopista del Sol que hay en Guerrero: Palo Blanco en Chilpancingo, Paso Morelos en Huitzuco, y La Venta en Acapulco.
Es parte de la jornada de lucha a tres años de los ataques en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, y en solidaridad con las víctimas del sismo del 19 de septiembre.
En la capital, los manifestantes explicaron que las casetas de cobro en la Ciudad de México y el servicio público son gratis debido a la contingencia, y estimaron que esta regla tendría que aplicarse en todas las carreteras de cuota.
El viernes se realizó sólo la toma de casetas de cuota en Palo Blanco, donde permitieron el paso libre a los vehículos, y convocaron a la población a tomar las casetas de cuota y permitir el paso libre en diferentes estados de la República.
Durante la protesta en la capital se observó pasar en ambos sentidos de la circulación varias camionetas con víveres hacia el sur, posiblemente en apoyo para a los damnificados en  Costa Chica, por las inundaciones provocadas durante el huracán Max, o al norte, hacia los municipios u otros estados de la república afectados por el sismo ocurrido el martes de 7.1 grados. Uno de los vehículos, una camioneta roja, llevaba una manta con la leyenda de Costa Grande, su región de origen.
Aunque el tránsito vehicular se observó muy disminuido en relación con otros fines de semana, en Palo Blanco se presentaron expresiones de apoyo a los padres de familia, con pulgares en alto, varias frases de aliento como, “ánimo”, “sigan adelante”, y algunos golpes rítmicos del claxon en respaldo.
La caravana de autobuses salió antes de las 10 de la mañana de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa con estudiantes, en Tixtla, y se desviaron a los tres destinos, para evitar el cobro de peaje. Hubo personas que intentaron aportar una cooperación al movimiento, ninguna se aceptó.
María Elena Guerrero Vásquez, mamá de Giovanni Galindes Guerrero, subrayó que la única intención de la actividad fue liberar el paso en las carreteras de cuota.
En la caseta de La Venta de Acapulco, padres y unos cien estudiantes mantuvieron el paso libre de las 11:30 de la mañana y hasta las 2:25 de la tarde, para automovilistas, camiones de carga y autobuses.
Ante la presencia de Policías Federales, las mamás de los estudiantes desaparecidos Luis Ángel Abarca Carrillo y José Eduardo Bartolo Tlatempa reclamaron a dos uniformados la presentación con vida de sus hijos, y éstos optaron por retirarse cuando les dijeron que la movilización es parte de una jornada nacional de lucha.
En la manifestación pacífica, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, reiteró que no dejarán la lucha, que seguirán en las calles, hasta que los estudiantes aparezcan, y reprochó al gobierno mexicano la desatención del caso pese a los reclamos de la sociedad y de los padres que no han descansado un día desde el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La señora María de Jesús, mamá de José Eduardo, en su mensaje a los automovilistas dijo que los padres y madres ya no son los mismos que hace tres años, “porque nos destruyeron totalmente la vida”.
En sus participaciones los padres manifestaron que no estaban porque querían en el lugar protestando, sino por una obligación ante la desatención de las autoridades.
Recordaron que estaban haciendo uso del derecho constitucional al libre tránsito por el país.
Recriminaron que el gobierno haya entregado las carreteras construidas con los impuestos de los mexicanos a empresarios sin que éstos paguen y retribuyan nada a los ciudadanos. “No tenemos porque seguir pagando lo que se hizo con nuestros impuestos y que sólo beneficia a los empresarios”, se escuchó.
Los padres también reclaman el condicionamiento de las despensas para las familias afectadas por el sismo en los estados del centro y sur de México. La protesta fue pacífica y no hubo incidentes.
Los normalistas que llegaron con los rostros cubiertos y portaron los rostros de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos, voltearon las cámaras y desconectaron las alarmas.
En Chilpancingo, unos 120 normalistas, principalmente hombres, también se cubrieron el rostro con playeras y pañuelos, y colocaron un número 43 en uno de los cimientos aledaños a la caseta de cobro.
En la caseta de Paso Morelos, municipio de Huitzuco, unos 200 estudiantes de la FECSM, levantaron las plumas y dejaron el paso libre a los automovilistas de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde.
Los estudiantes llegaron a bordo de cuatro autobuses y la mayoría cubiertos del rostro, hombres y mujeres, realizaron pintas en las paredes de las instalaciones en las que exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron detenidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala y después desaparecidos.
Durante el movimiento, hubo beneplácito de los automovilistas que pasaron sin pagar los 82 pesos en el caso de los automóviles compactos.
Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos informó que la acción no sólo fue para exigir a las autoridades la presentación con vida de sus hijos desaparecidos, sino también una forma de solidarizarse con las familias damnificadas por el sismo ocurrido el martes pasado. “Hay automovilistas que van a ver a sus familiares en desgracia, otros llevan víveres y con ellos nos estamos solidarizando”, dijo.
Añadió que, igualmente, el movimiento fue una forma de protesta por el incremento a las tarifas de peaje en la Autopista del Sol desde el primero de septiembre pasado.
Las protestas concluyeron sin incidentes, con la presencia a distancia de la Policía Federal, en Chilpancingo y Paso Moreno, donde ni siquiera se acercaron a hablar con los manifestantes.