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Protestan en la Base Naval con diversas demandas para hacerlas llegar al presidente López Obrador

Habitantes de Acapulco son atendidos por personal del programa Bienestar tras exigir el pago del apoyo por daños causados por el huracán Otis Foto: El Sur

Karina Contreras

Ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Acapulco, vecinos con diversas demandas protestaron afuera de la Décima Segunda Región Naval, donde se lleva a cabo la conferencia matutina.
Las principales demandas fueron la entrega de los apoyos federales por las afectaciones del huracán Otis, la exigencia de atención a ex braceros y agilizar la búsqueda de una adolescente.
Los familiares de la adolescente desaparecida hace seis días, Adillene Polette Lépez, protestaron porque no hay avances en la investigación.
Su hermana, Nadia Hernández, dijo que hay desesperación en la familia por la desaparición de la adolescente desde hace seis días, que tiene déficit de atención múltiple pasivo.
Indicó que fue “robada” por la Plaza de la Tecnología y no saben nada de ella desde entonces, y aunque se abrió una carpeta de investigación, nada más las autoridades dicen que están buscando, que ya abrieron carpeta y tomaron declaraciones a testigos, pero no saben nada como familiares. Por eso estaban en la protesta para exigir el apoyo para encontrarla.

Los que exigen apoyo

Afuera de las instalaciones de la región Naval también estuvo un nutrido grupo de personas que exigen saber por qué no los llaman para recibir el apoyo del gobierno federal como afectados del huracán Otis.
Los manifestantes bloquearon por momentos la avenida Costera y fueron atendidos por el delegado de los programas federales, Iván Hernández Díaz, quienes les subrayó que no hay nuevos registros.
Los manifestantes le dijeron al delegado que el problema es la falta de información y denunciaron que los “Servidores de la Nación” que atienden en el Zócalo son “groseros”. Manifestaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo bien las cosas y los que están haciendo el problema son los que están alrededor de éste y “nos vemos en la necesidad de hacer este tipo de movimientos porque nos están mintiendo”.
Le dijeron que varios tienen el cintillo y no han recibido el pago, otros que no les han llamado y se registraron en los módulos de atención y en la línea del Bienestar. El delegado Iván Hernández les dijo que los han estado atendiendo y “no había necesidad de esto”.
Ante la exigencia de algunos para ser registrados, el delegado les precisó que quien no se registró en un módulo o en la línea telefónica del Bienestar, ya no iban a ser censados en “concreto, no los podemos registrar. Con mucha franqueza no los vamos a poder atender. Ahora si son casos que ya los registramos en el censo que se hizo en noviembre y tienen un cintillo, se va dar seguimiento al tema”.
Dijo que tienen un registro de 6 mil personas que les han mandado mensaje y no han acudido a cobrar y “ahí es posible que estén ustedes” a lo que le respondieron que no porque han acudido a los módulos y le dicen que no están registrados.
A los manifestantes les recibieron copias de sus documentos para dar seguimiento a los que se censaron en los módulos y líneas telefónicas, porque en ese lugar no podrían dar una respuesta porque no había las condiciones ni la logística para hacerlo.

Piden información sobre cuartel de la Guardia Nacional padres de la Secundaria 200

Mientras que padres de familia de la Escuela Secundaria 200 de la colonia La Postal acudieron para exigir de manera oficial la información sobre la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en terrenos del plantel.
El padre de familia Genaro Silva Nava dijo que estaban solicitando una mesa de diálogo donde las autoridades expliquen a los padres la situación y lo que se va a construir. Señaló que no están inconformes de que el cuartel se construya en esa área, pero sí necesitan saber cómo se va a ayudar a la escuela.
“Lo único que necesitamos es que vayan las autoridades pertinentes para que se nos informe sobre el cuartel en terrenos de la escuela, porque la Guardia Nacional está expropiado ciertas áreas y se nos está quitando el área administrativa, los talleres, la cancha”.
Dijo que la escuela tiene una matrícula de más de 600 alumnos y “para la cantidad y las áreas que se pretende dejar no es suficiente. Nosotros queremos que exista una mesa de diálogo para que se nos informe cómo pueden ayudarnos a nosotros para que la institución de ser afectada sea beneficiada”. Señaló que no se les ha dicho nada sobre el cuartel y que no están inconformes, pero sí quieren que el beneficio sea para todos, que diga el gobierno con qué va a suplir las necesidades que se van a tener en el momento de la expropiación de esas áreas
Por momentos los manifestantes bloquean la avenida Costera, lo que generó un lento tránsito de automovilistas; uno de ellos se bajó de su vehículo y se peleó a golpes con un manifestante que pedía apoyo tras el huracán.

 

Ex braceros denuncian al gobierno en la CIDH para que pague el fondo de ahorro, informan

El asesor jurídico de los ex braceros en Guerrero, Carmelo Loeza Hernández, informó que el 24 de mayo presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado mexicano las pague el 10 por ciento del fondo de ahorro campesino.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, el abogado criticó que el candidato del PRI de la Presidencia de la República, José Antonio Meade, fue gerente del Banrural donde fue depositado el dinero que dio el gobierno de Estados Unidos, por tanto debe él saber qué pasó con el dinero.
Explicó que interpusieron la denuncia ante la CIDH vía electrónica contra el Estado Mexicano y reclaman la devolución del 10 % del fondo de ahorro campesino.
Añadió que el organismo internacional asignó el número de registro p-1009-18, “los ex braceros agotaron la última instancia” que fue la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quien rechazó la demanda de los ex braceros para el pago fondo de ahorro campesino.
Dijo que el organismo internacional tiene muchas demandas de otros países, “vamos a tener que esperar dos años y medio” para que admitan la demanda.
Adelantó que si la CIDH admite la demanda, primero “le van a dar vista al gobierno de México para que pague el asunto de los ex braceros”.
El abogado dijo que posteriormente el caso se turna a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunciará a favor de los ex braceros.
Ante esta situación, mencionó que el gobierno de México buscará la vía conciliatoria y pagar o que no puede pagar, pero se verá obligado a liquidar por el derecho laboral de los ex braceros que adquirieron en los años de 1962 y 1964.
Indicó que son tres demandas contra el gobierno de México donde están 350 ex braceros de 70 mil que hay en el estado de Guerrero.
Dijo que los ex braceros están reclamando la entrega y devolución del fondo campesino del periodo 1942 1964, más el pago de intereses moratorios hasta la actualidad, y sanción por falta de cumplimiento, porque aseguró que el pago ya fue depositado mediante un convenio binacional entre México y Estado Unidos.

 

Irán con la CIDH en caso de que la Suprema Corte no les haga justicia, anuncian ex braceros

Unos 50 ex braceros informaron que si hay resolución negativa de la Suprema Corte de Justicia en su demanda de amparo recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para interponer su queja contra el gobierno mexicano para que obligue a pagar el dinero que se adeuda.
En declaraciones a este reportero después de la reunión informativa que se llevó a cabo en el Zócalo de Acapulco, el asesor jurídico de los ex braceros en Guerrero, Carmelo Loeza Hernández recordó que el primer amparo 1009/16 que está en el Segundo Juzgado fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia.
Añadió que el segundo amparo 278/17 que está en el Octavo Juzgado fue a favor para que se les pagará el dinero a los ex braceros, sin embargo el presidente, Enrique Peña Nieto, metió un recurso de revisión.
Pero estimó que habrá una resolución a favor que emita la Suprema Corte de Justicia, en caso contrario advirtió que están formulando un documento o queja en la CIDH contra el gobierno mexicano.
Criticó que la Suprema Corte de Justicia “protege” los intereses del gobierno, pero en las instancias internacionales “vamos a triunfar”.
Dijo que en Guerrero hay 60 mil ex braceros pero sólo 200 están dentro del amparo.
El dirigente nacional de los ex braceros, Arón Cabañas Marcial pidió a los ex braceros de Guerrero no perder las esperanzas en la resolución de la Corte de Justicia, “vamos a tener resultados positivos, porque todo se está haciendo por medio de la vía legal”.
En caso contrario, amagó que recurrirán a la CIDH para reconocer los derechos de los ex braceros.
En la reunión semanal de los ex braceros asistió la precandidata de Morena para alcaldesa de Acapulco, Adela Román, quien manifestó el apoyo y la lucha de los inconformes.

Se amparan ex braceros ante la negativa del gobierno federal de pagarles el Fondo de Ahorro Campesino

Un grupo de ex braceros tramitó un amparo contra el gobierno federal ante su negativa de pagarles el Fondo de Ahorro Campesino, una alternativa de justicia social para otorgar un apoyo a los a migrantes que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1964, con el argumento de que no hay fuentes de información que otorguen certeza sobre el destino del dinero.
El abogado de los ex braceros, Carmelo Loeza Hernández reprochó que las autoridades no se hagan responsables de los ahorros de los campesinos y se justifiquen diciendo que se perdió toda la información en el terremoto de 1985.
En una reunión pública en el Zócalo de Acapulco, Loeza Hernández informó a los ex braceros y a sus hijos sobre la respuesta a la petición que entregaron el 8 de febrero dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que solicitaron la devolución del dinero del Fondo de Ahorro Campesino que se les descontó semanalmente a los trabajadores.
La Unidad de Enlace y Coordinación con Entidades Federativas, Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migrantes Mexicanos, del gobierno federal, dio a conocer que “no cuenta con la información necesaria para responder a la solicitud”, y que carece de facultades para regresar el dinero por conceptos o prestaciones.
Además, que la escasez de fuentes de información que otorguen certeza sobre el destino del Fondo de Ahorro Campesino, dio origen al Fideicomiso, creado el 25 de mayo de 2005, como una alternativa de justicia social para otorgar un apoyo a aquelos connacionales que laboraron en Estados Unidos los años de 1942 a 1964.
El gobierno federal explicó en su respuesta por escrito, que en sus invetigaciones no encontró la documentción o los registros que amparen la transferencia que dé a conocer el monto y destino de las cantidades que le retuvieron a los mexicanos, y que debido al terremoto del año 1985 se depuraron toneladas de documentos.
Loeza Hernández enfatizó que es algo injustificable que el gobierno de la República le eche la culpa al terremoto, pues ni el edificio de la Secretaría de Gobernación ni el del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) se cayeron con el sismo.
Afirmó que por eso tramitó el amparo número 278 en el Juzgado Octavo de Distrito, para exigir que el gobierno federal entregue los ahorros de los ex braceros, del que aseguró saben que se transfirió de un banco de Estados Unidos al Banrural, y no quieren entregarlo, con el argumento de que se perdieron los documentos.
Dijo que desconoce la cantidad de dinero, y que de no ser otorgado el amparo, pedirán un recurso de revisión y llevarán el procedimiento hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se respeten los derechos de los ex braceros, porque México está obligado a respetar los tratados internacionales que ha firmado.
El abogado estimó que en Guerrero hay unos 60 mil ex braceros, de los que sólo unos 200 pelean el pago que no se les ha hecho del dinero que les descontaron para su ahorro.
Recordó que los ex braceros tienen una demanda laboral porque el gobierno de la República los está despojando del dinero que fue producto de su trabajo.
Uno de los ex braceros, Teodulo Duque Hernández dijo: “Estamos de acuerdo que nos dieran una negativa cuando no tuviéramos derecho, pero tenemos todo el derecho porque trabajamos hasta 14 horas diarias, no es justo que nuestro gobierno digan que no (nos) pagarán”
Afirmó que es un fraude grande el que está comitiendo el gobierno federal con los ex braceros, y dijo, “no nos vamos a dejar”.
Del 2005 al 2008 Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos pagó 38 mil pesos a los ex braceros que comprobaron que trabajaron en Estados Unidos entre los años de 1942 al 1964.
Carmelo Loeza aseguró que esta cantidad fue un apoyo, pero no la cifra que les correspondía de los ahorros hechos por su trabajo.

Se amparan ex braceros para que les paguen del Fondo de Ahorro Campesino

Abel Salgado

Ex braceros que podrían recibir hasta un millón 100 mil pesos, interpusieron un amparo en el segundo juzgado de distrito en Guerrero para obtener esa cantidad, que les descontaron de sus salarios como trabajadores migrantes a Estados Unidos de 1942 a 1964.
Ayer después de una asamblea en las escalinatas del Zócalo de Acapulco, el representante de la Unión de Campesinos y Emigrantes de Guerrero, Carmelo Loaeza informó a 40 ex braceros y familiares que trabajaron en campos agrícolas de Estados Unidos de 1942 a 1964, que el próximo 29 de noviembre les dictaminarán si se les regresará el 10 por ciento del fondo del ahorro para el campesino, como ocurrió en la ciudad de México en marzo pasado.
La mañana de ayer, junto con el dirigente nacional de la Unión de Campesino y Emigrantes de México, Aarón Cabaña Marcial, Carmelo Loaeza recordó que buscan que se repita la sentencia favorable para el pago del fondo que tiene como tope un millón 96 mil pesos, de acuerdo con estudios técnicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la juez segunda de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.
Por su parte, el representante de los campesinos en Guerrero, Carmelo Loaeza contó que ya se integró un amparo con 97 ex braceros y será el 29 de noviembre cuando se les dé la audiencia constitucional.
El amparo es para reclamar al presidente de la República y al secretario de Gobernación, la “omisión y negativa” para dar respuesta a la entrega del Fondo de Ahorro Campesino, un descuento semanal del 10 por ciento de sus salarios entre 1942  y 1964, cuando trabajaron en campos de Estados Unidos. Recordó que el gobierno federal argumenta que, de pagarles a los 4 millones de mexicanos a los que se les descontó el ahorro, se pondría en riesgo la economía del país.
Precisó que no todos los trabajadores migrantes durante esa época recibirían el millón 96 mil pesos, sino que se determinará por el tiempo de estancia en la unión americana, “porque puede ser que un ex bracero haya sido contratado una vez nada más, y hay braceros que hasta 10 veces fueron contratados”.
El proceso en Acapulco seguirá el 29 de noviembre y buscar repetir la sentencia resultado que se obtuvo en la Ciudad de México donde 5 mil trabajadores se les concedió un amparo en marzo pasado. Confió que por la sentencia a favor de sus compañeros de la capital del país, se repita en Guerrero.
Calculó que en Guerrero hay 70 mil braceros que formaron parte del programa, y recordó que en el periodo de más de 20 años del programa surgido durante la Segunda Guerra mundial, más de 4 millones de mexicanos formaron parte del convenio binacional. De la retención del salario de los trabajadores  mexicanos se juntaron 5 billones de pesos que se entregaron a BanRural, recordó.
La jueza en materia administrativa concedió a los ex braceros de la Ciudad de México el amparo, “dijo la juez que los 5 billones repartidos entre 4 millones de ex braceros, les corresponde un millón 96 mil (a cada uno)”.
El gobierno federal solicitó un recurso de revisión constitucional porque está en contra de la sentencia a favor de los ex braceros. Explicó que el juicio está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se definió el 26 de octubre, pero todavía no se emite una sentencia final.
Sus compañeros ex braceros de la Ciudad de México ya anunciaron que si el máximo tribunal dictamina en contra, “se van a ir a los tribunales internacionales”.

Para el 15 de noviembre, las propuestas para pagar el fondo de ex braceros, anuncian

 Oracio Lagunas Iguala

El diputado federal Valentín González Bautista, integrante de la Comisión Especial par el seguimiento del fondo de ahorro de los ex braceros entre 1942 y 1967, informó que a más tardar el 15 de noviembre de 2004, la Comisión debe tener propuestas para liquidar ese fondo, conformado con el descuento de 10 por ciento de la percepción de los ex braceros.

Así lo expuso durante el Encuentro Estatal de Ex braceros efectuado en la alameda de Iguala (ya nombrada Alameda de los ex braceros), al que asistieron unas 300 personas en su mayoría hombres mayores de 65 años, convocados por el presidente de la Unión Campesina de Emigrantes de México (UCEM), Taurino Castrejón Salgado.

Además del diputado federal y el presidente de la UCEM estuvieron presentes Salvador Pérez Roque, en representación del delegado de Gobierno en la Zona Norte, José Luis Román Román, y el regidor Nésto Sotelo, en representación del presidente municipal de Taxco, Abraham Ponce Guadarrama.

En su intervención, González Bautista recordó los mecanismos adoptados entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que campesinos mexicanos viajaran al vecino del norte a trabajar mediante un contrato.

En esos contratos se asumían compromisos y obligaciones entre ambas partes, de los cuales la mayoría no eran cumplidos por los contratistas extranjeros.

En el contrato, en la cláusula 15, se establecía un descuento de 10 por ciento para la integración de un fondo de ahorro que luego sería entregado al concluir.

Sin embargo –aclaró el legislador federal– ese recurso nunca fue entregado y cuando se reclamó en la calle de Motolíneas, en el Distrito Federal, en las oficinas del banco de Crédito Agrícola –lugar donde recibía y pagaba el fondo de ahorro– sólo hacían dar muchas a los campesinos con la intención de cansar a la gente.

Sin embargo –aclaró– en 1998, el gobierno de Estados Unidos firmó con el de México un convenio en el que se aclara que la West Fargo y el Banco de Chicago entregaron al Banco de Crédito Rural esos recursos, por tanto el problema era nacional.

A partir de ese momento, ex braceros de 27 estados empezaron a preguntar por su dinero al saber que los habían estafado, que no estaba perdido y empezaron a reclamarlo.

“Hoy sabemos que son más de 4 millones 600 mil los braceros que estuvieron en Estados Unidos y que sus recursos deben ser pagados”.

Dijo que a raíz de esta situación la Legislatura 58 propuso la integración de una comisión especial que diera seguimiento al problema, pero al concluir el año pasado dejó su trabajo pendiente, y en diciembre de ese mismo año los trabajos fueron retomados por la actual legislatura y ahora se buscan mecanismos para que le gobierno federal liquide esos recursos.

“Si bien es cierto que dicen que la situación en difícil, pero hemos visto el quebranto financiero de los bancos y hemos salido adelante, hemos visto el quebranto de las carreteras y también se resolvió, porqué no resolver ahora el problema de los ex braceros”, refirió el secretario de la Comisión Especial.

Ante ello, algunos diputados hicieron propuestas como la integración de un fideicomiso o alguna otra figura para liquidar ese adeudo con los campesinos.

Sin embargo –dijo González Bautista– a través de este tipo de reuniones y las sostenidas entre diputados miembros de la Comisión Especial y funcionarios del gobierno federal, se alcanzan acuerdos para que a más tardar el 14 de noviembre de este año, antes de aprobar la presupuesto de egresos del año siguiente, se incorpore alguna figura o mecanismo de pago a los ex braceros.

Luego varios ex braceros preguntaron dónde quedó el dinero de los muertos, de aquellos que no pueden comprobar con documentos que fueron braceros, y qué harán aquellos mexicanos que se quedaron a vivir en Estados Unidos y qué hacer para incorporarse al padrón quienes no lo han hecho.

El legislador federal dijo que “esos recursos habrán de ser entregados a quien corresponda, en este caso, cuando se firmaban los contratos de braceros se ponían de beneficiarios a la esposa e hijos, por lo tanto el gobierno federal tiene listas generales de los contratos y los Ayuntamientos que autorizaban la salida de los conacionales”.

Incluso, González Bautista pidió a quienes no han sido incorporados a recurrir a la oficina de su organización y elaborar sus propios padrones, porque en cualquier momento se podría dar un nuevo periodo de apertura.

Los ex braceros pidieron al legislador federal ya no engañarlos, pues no piden limosna sino lo que el gobierno federal no les ha entregado hasta este momento.

Acusan ex braceros que la federación ofrece salario a líderes para debilitarlos

 

 Insistirán en el pago del fondo de ahorro

Unos 120 integrantes de la Alianza Nacional de Braceros acusaron que el gobierno federal quiere “corporativizar” el movimiento al ofrecer salario para algunos líderes, y que insistirán en la entrega del dinero correspondiente a descuentos del 10 por ciento del salario cuando trabajaron en Estados Unidos, de 1942 a 1956.

Durante un mitin en el Zócalo de la ciudad, el presidente de la Alianza Ciudadana Braceroproa, Felipe Monroy, indicó que los ex braceros rechazan la idea de la federación de “corporativizar el movimiento”, pues en una reunión en la ciudad de México les propusieron entregar un salario a los líderes y pagar viáticos, con lo que pretenden “impedir que sigamos exigiendo el dinero asignado a un fondo económico”.

Explicó que en la Cámara de Diputados “sólo se nombró una subcomisión” para que investigue dónde quedó el dinero, “es un remedo de la pasada legislatura”. Agregó que legisladores citaron a unas 40 organizaciones, 30 de ellas fantasmas.

Dijo que no aceptarán la propuesta porque “es corrupción, queremos transparencia, queremos pruebas y las enseñamos, no queremos más engaños y más mentiras”.

Ante reporteros, informó que hoy lunes estará una comisión de ex braceros en el Palacio Nacional, para recibir por escrito una propuesta sobre sus demandas.

Además dijo que los ex migrantes participarán en la cuarta asamblea nacional que se llevará a cabo en San Luis Potosí, el 24 y 25 de abril.

Indicó que ex braceros de Zacatecas, Yucatán, Coahuila, Jaliscoy y Quintana Roo han pedido integrarse a la Alianza Nacional de Braceros porque “es una de las organizaciones honestas que han luchado sin pretensiones de ninguna clase, ni aceptamos dinero ni nada que no sea luchar para que se haga justicia”.

Felipe Monroy señaló que no piden “dádivas ni despensas, pedimos que nos reconozcan los derechos laborales, vamos a exigir el 10 por ciento hasta las últimas consecuencias”.

Señaló que “nos da vergüenza que el partido del pueblo (PRD), de la esperanza, estuviera envuelto en escándalos, el que nos iba a representar es un partido más de los que existen en este país de corruptos, los braceros creímos en sus promesas”.

Otro de los ex migrantes, Teódulo Avila, recordó que el miércoles 24, durante una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación –que sería para buscar soluciones a las demandas– tuvieron la sorpresa de que “sólo nos mostraron películas sobre las bondades de los programas asistenciales. Trataron de engañarnos y mentirnos”.

Antes, los ex braceros tuvieron una asamblea en sus oficinas, donde acordaron seguir en el movimiento para exigir sus ahorros. (Magdalena Cisneros).

Proponen a diputados tomar recursos por alza del petróleo para pagar a ex braceros

* No hay avances en el caso, dice dirigente

 Karina Contreras * El dirigente de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos (UCEM), Taurino Castrejón Salgado, informó que propusieron a diputados federales, integrantes de las comisiones encargadas de atender los casos de los ex braceros, obtener recursos del incremento a los precios al petróleo y por la legalización de vehículos extranjeros para pagar lo que se les debe a los ex braceros.

En una visita a la redacción de El Sur, Castrejón Salgado dijo que los ex braceros están desesperados porque no ven avances en las negociaciones con los funcionarios, aun cuando ya han hecho propuestas, como las antes mencionadas, para tener el dinero que les corresponde del fondo de ahorro cuando trabajaron en Estados Unidos.

El dirigente no descartó que algunos ex braceros acudan a la Convención Nacional Bancaria, donde se espera la presencia del presidente Vicente Fox Quesada, para exigir un trato preferencial como el que se da a los banqueros, ya que las negociaciones están lentas.

Dijo que en días pasados sostuvieron una reunión con representantes del IMSS, del programa Oportunidades y el Instituto Nacional de los Adultos Mayores, Sedesol-oportunidades, para empezar a buscar la forma de ingresar a los ex braceros a los planes federales de esas dependencias, pero no hubo grandes avances.

Señaló que otra reunión que sostuvieron con algunos diputados federales, entre los que estaban el presidente de la Comisión de ex braceros, Valentín González Bautista; el senador Adrián Alanis Quiñonez, y Amaryn Yabul, propusieron algunas formas de obtener dinero para pagar, ya que –según ellos– no hay recursos.

Señaló que dos formas de obtener recursos es por el petróleo y el pago por la legalización de vehículos extranjeros, e incluso le informaron que se puede pagar hasta donde alcance y la otra parte en el próximo año fiscal con recursos aprobados por el Congreso, pero los diputados sólo comentaron que se lo propondrían a la Secretaría de Hacienda.

Dijo que el gobierno federal tiene que hacer caso a los ex braceros y debe pagarles así como lo hace con los banqueros, el rescate carretero y en los ingenios azucareros, pero la diferencia es que este dinero es de ellos y lo ganaron con trabajo de muchos años en Estados Unidos.