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Protestan abogados durante la inauguración del Tribunal Laboral por designación de directivos

Abogados protestan durante la inauguración de las oficinas de los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado y el Centro de Conciliación Laboral en el edificio Costera 125 Foto: Jesús Trigo

Aurora Harrison

Una decena de abogados protestaron frente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raymundo Casarrubias Vázquez, para rechazar la designación de José Manuel Salazar como director del Centro de Conciliación del Estado.
Ayer, antes de la ceremonia de inauguración de las oficinas del Tribunal Laboral en Acapulco, que están en el centro de negocios Costera 125, los abogados llegaron con una lona. Hasta ellos se acercó un empleado de seguridad de la plaza. Les pidió salirse a protestar afuera, porque era un lugar privado. Eso molesto a los manifestantes.
Minutos después los abogados fueron atendidos en privado por el presidente del Tribunal. La reunión duró unos diez minutos. Al salir, los manifestantes dijeron que en el nuevo sistema debe tener personas con perfil, capacitadas en materia laboral, que no haya “dedazos, familiaridad”, porque los más afectados en los procesos son los trabajadores.
El abogado Ricardo Magos dijo que el presidente del Tribunal les pidió “que le diéramos el beneficio de la duda para efectos de cómo van a trabajar los tribunales, y la verdad hay que otorgarlo para que marche bien, y gente que no marque la pauta para desahogar las audiencias se le va a denunciar”.
“Queremos un Tribunal austero donde el trabajador se sienta cómodo, confortable. En estas oficinas se paga un dineral, en las Juntas hay carencias, falta de material, tóner de impresoras y la justicia laboral se detiene. Hay que ser consciente del despilfarro. Ojalá que las instalaciones sirvan para abatir el rezago”, dijo el abogado Ricardo Magos.
Agregó que hay más de 70 mil expedientes en las Juntas en todo el estado, “hoy quieren tapar el ojo con unas lujosas instalaciones donde va estar un señor que ni siquiera sabe de derecho laboral. El director del Centro de Conciliación es especialista en derecho electoral, ¿va haber elecciones en las juntas de conciliaciones?”.
Carmelo Loeza Hernández pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que “no se repitan los errores del pasado, que se asignaban a la gente que no tenían el perfil y le ponían asesores, aquí no queremos eso, porque estamos en otra etapa del proceso y que entienda el presidente del Tribunal que no está gobernando el PRI”.
“Necesitamos jueces que vengan del gremio laboral… están designando a personas que no tienen el perfil, hay dos jueces que son del área civil: ¿qué hacen aquí esas personas, cómo van a resolver un conflicto colectivo de trabajo si no tienen experiencia.? Esa es la protesta de nosotros, queremos justicia laboral, gente eficaz en el nuevo sistema laboral para que no haya un rezago como actualmente existe en las cinco juntas”.
Agregó que en el planteamiento que se hizo al presidente del Tribunal “no estamos de acuerdo con dos designaciones que hicieron, porque tienen el perfil de abogados civiles y uno penalista. Le planteamos que no tiene nada que hacer en el nuevo sistema laboral, porque aquí la ley establece que debe tener tres años de conocimiento en el área”.
Loeza Hernández dijo este nuevo sistema empezará con demandas nuevas y las Juntas van a continuar con los expedientes rezagados y “va a tardar para que terminen unos 10 o 15 años, las Juntas van a seguir con los expedientes registrados”.

 

Se amparan ex braceros para que les paguen del Fondo de Ahorro Campesino

Abel Salgado

Ex braceros que podrían recibir hasta un millón 100 mil pesos, interpusieron un amparo en el segundo juzgado de distrito en Guerrero para obtener esa cantidad, que les descontaron de sus salarios como trabajadores migrantes a Estados Unidos de 1942 a 1964.
Ayer después de una asamblea en las escalinatas del Zócalo de Acapulco, el representante de la Unión de Campesinos y Emigrantes de Guerrero, Carmelo Loaeza informó a 40 ex braceros y familiares que trabajaron en campos agrícolas de Estados Unidos de 1942 a 1964, que el próximo 29 de noviembre les dictaminarán si se les regresará el 10 por ciento del fondo del ahorro para el campesino, como ocurrió en la ciudad de México en marzo pasado.
La mañana de ayer, junto con el dirigente nacional de la Unión de Campesino y Emigrantes de México, Aarón Cabaña Marcial, Carmelo Loaeza recordó que buscan que se repita la sentencia favorable para el pago del fondo que tiene como tope un millón 96 mil pesos, de acuerdo con estudios técnicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la juez segunda de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.
Por su parte, el representante de los campesinos en Guerrero, Carmelo Loaeza contó que ya se integró un amparo con 97 ex braceros y será el 29 de noviembre cuando se les dé la audiencia constitucional.
El amparo es para reclamar al presidente de la República y al secretario de Gobernación, la “omisión y negativa” para dar respuesta a la entrega del Fondo de Ahorro Campesino, un descuento semanal del 10 por ciento de sus salarios entre 1942  y 1964, cuando trabajaron en campos de Estados Unidos. Recordó que el gobierno federal argumenta que, de pagarles a los 4 millones de mexicanos a los que se les descontó el ahorro, se pondría en riesgo la economía del país.
Precisó que no todos los trabajadores migrantes durante esa época recibirían el millón 96 mil pesos, sino que se determinará por el tiempo de estancia en la unión americana, “porque puede ser que un ex bracero haya sido contratado una vez nada más, y hay braceros que hasta 10 veces fueron contratados”.
El proceso en Acapulco seguirá el 29 de noviembre y buscar repetir la sentencia resultado que se obtuvo en la Ciudad de México donde 5 mil trabajadores se les concedió un amparo en marzo pasado. Confió que por la sentencia a favor de sus compañeros de la capital del país, se repita en Guerrero.
Calculó que en Guerrero hay 70 mil braceros que formaron parte del programa, y recordó que en el periodo de más de 20 años del programa surgido durante la Segunda Guerra mundial, más de 4 millones de mexicanos formaron parte del convenio binacional. De la retención del salario de los trabajadores  mexicanos se juntaron 5 billones de pesos que se entregaron a BanRural, recordó.
La jueza en materia administrativa concedió a los ex braceros de la Ciudad de México el amparo, “dijo la juez que los 5 billones repartidos entre 4 millones de ex braceros, les corresponde un millón 96 mil (a cada uno)”.
El gobierno federal solicitó un recurso de revisión constitucional porque está en contra de la sentencia a favor de los ex braceros. Explicó que el juicio está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se definió el 26 de octubre, pero todavía no se emite una sentencia final.
Sus compañeros ex braceros de la Ciudad de México ya anunciaron que si el máximo tribunal dictamina en contra, “se van a ir a los tribunales internacionales”.