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Seguirá un año más el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

No hay avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, informan sus abogados. Los familiares se reunieron con el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, quien es el cuarto responsable de esa institución en este sexenio. Ni siquiera el cronograma que el gobierno se fijó tiene resultados, informa Vidulfo Rosales

Agencia Proceso

Ciudad de México

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Exponen ONG al secretario de Gobierno la gravedad de las desapariciones y asesinatos en el estado

Representantes de Amnistía Internacional, la Red TDT, Serapaz, Tlachinollan, el Centro Morelos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad informaron que en la entidad hay más de 20 defensores asesinados en este sexenio. Acuerdan una reunión con el gobernador

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos que integran la Misión Civil de Observación se reunieron este martes con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y expusieron el grave problema de violencia que se expresa en asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, la situación de riesgo en que se desempeñan defensores y periodistas y los desplazamientos forzados.
En la reunión a puerta cerrada en una sala de la Secretaría de Gobierno estuvieron también el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, Luis Camacho Mancilla, y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la misión civil estuvieron Raquel Aguilera de Amnistía Internacional (AI), Fernando Ríos de la Red Todos los Derechos para todos y Todas (Red TDT), Alister Guerrero de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Abel Barrera de Tlachinollan, Manuel Olivares del Centro Morelos y Reymundo Díaz del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Los integrantes de la Misión Civil de Observación acudieron a Chilapa el 19 de septiembre para revisar la situación de violencia en ese municipio, y al día siguiente tendrían una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores pero se suspendió por la emergencia que provocó el sismo del día anterior.
La reunión finalmente se celebró ayer con el secretario, y fue para dar seguimiento a los trabajos que iniciaron en esa misión de observación.
Al final del encuentro los representantes de los organismos civiles ofrecieron una conferencia de prensa en la parte baja del Palacio de Gobierno.
Raquel Aguilera de AI dijo que “para nosotros desde el movimiento internacional es fundamental que las autoridades escuchen y reconozcan las graves violaciones de derechos humanos que existen en la región, y creemos que este espacio (la reunión con el secretario) nos ha permitido empezar a plantearlas”, dijo.
Aclaró que aún tienen pendiente una reunión con el gobernador Astudillo Flores, que es la que estaba programada para el 20 de septiembre, y que lo plantearon al secretario “y quedó como un compromiso del secretario agendar esa reunión”, agregó que esperan que sea antes del 15 de diciembre.
Insistió en que la situación en Guerrero es complicada, y que los organismos nacionales estarán acompañando a los defensores de derechos humanos locales que documentan la situación de violencia en la entidad.
Fernando Ríos de la Red TDT informó que en el encuentro expusieron su preocupación por la desaparición constante de personas que no ha disminuido y los asesinatos “atroces”.
Dijo que Salazar Adame reconoció que Guerrero es la segunda entidad más peligrosa del país, aunque el defensor de derechos humanos dijo que Guerrero ocupa los primeros lugares de violencia “y para las personas defensoras de derechos humanos es una situación sumamente grave”.
Informó que en la entidad hay registradas más de 20 personas defensoras asesinadas en lo que va del actual sexenio, que el caso más reciente es el de Ranferi Hernández Acevedo, “estos hechos nos duelen, sentimos el dolor constante de las víctimas que se ven frente a la incapacidad del propio Estado”.
Añadió que le dijeron al secretario, “que vemos una incapacidad y que no se muestran resultados, o que estos resultados todavía no se ven reflejados en la sociedad, además, que es importante que muestren cuáles son los retos, que así como el actual gobierno argumenta que hay una deuda presupuestal del gobierno anterior, también observamos que del actual gobierno tiene una deuda histórica de dolor, de graves violaciones a los derechos humanos y que tiene que hacerse responsable de esto”.
El director de la Red TDT informó que le dijeron al secretario que “no bastan las inercias de buena voluntad, sino que se necesitan estrategias capaces para responder a la situación que estamos viviendo, que como ciudadanos estamos cansados de esta situación que vivimos”.
Contó que en la reunión los representantes de organismos civiles enumeraron cinco puntos que les preocupan: la inseguridad, la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, la desaparición constante de personas por el crimen organizado y en connivencia con autoridades, el desplazamiento de personas y la situación de violencia de Chilapa, “que tiene múltiples aristas”.
Al final convinieron con el funcionario que se van a reunir con el gobernador para expresarle de manera directa sus puntos de vista, sus preocupaciones y señalarle la incapacidad de los funcionarios.
Por su parte, Aliester Guerrero de Serapaz aclaró que los organismos que integran la misión van a estar muy atentos principalmente en dos puntos: la reunión con el gobernador Astudillo Flores y la debida implementación de la Ley General de Desaparición Forzada que se acaba de aprobar.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera destacó que la presencia de los representantes de los organismos nacionales e internacionales en Guerrero obedece a las graves violaciones a los derechos humanos que están a la alza, y que eso también se lo expresaron al secretario de gobierno.
“Hay una preocupación muy honda por la situación de desapariciones y desplazamientos forzados que se están multiplicando en el estado cada mes que pasa, y vemos que no hay una estrategia que pueda contener esta avalancha delincuencial, y sobre todo por la incapacidad institucional”, agregó.
Informó que los funcionarios argumentaron que hay problemas presupuestales pero que los organismos ven, también, que hace falta eficacia en la implementación de las acciones de las autoridades, “consideramos que el tema de la impunidad, la falta de resultados en las investigaciones y la falta de una atención adecuada y con perspectiva de derechos humanos no se ha podido implementar en nuestro estado”.
Barrera Hernández dijo que los funcionarios, sustentándose en información oficial, aseguraron que las cosas van caminando, pero que los organismos ven que hay una brecha entre la realidad que viven las víctimas con los datos oficiales, “y ese es el Guerrero que nos separa, el Guerrero de las víctimas, el del horror, el de las personas que están sufriendo diariamente las agresiones de parte de la delincuencia organizada, y una autoridad rebasada por el crimen y por las organizaciones criminales”, denunció.
Añadió que en Chilapa se necesita una intervención de alto nivel para poder parar las acciones que están atentando contra la vida. “lo que pasa allí es muy preocupante, la suspensión de clases por la inseguridad, la militarización, las desapariciones, los feminicidios y los desplazamientos es algo grave que preocupa. Este es un tema que se tiene que atender no sólo con la intervención de la federación, sino con toda la voluntad que tiene que haber en el estado”, demandó.
Añadió que otra situación preocupante es el riesgo constante al que se enfrentan los defensores, defensoras y periodistas, “en verdad no vemos que hay condiciones ni garantías para que puedan realizar su trabajo con seguridad, porque existe un patrón de criminalidad, pero también un ambiente de impunidad y de permisibilidad que pone en riesgo su trabajo”.
Anunció que los representantes de los organismos van a entregar un diagnóstico el día que se reúnan con el gobernador, y que en esa medida van a pedir acciones concretas, “primero que las autoridades reconozcan la situación grave de violaciones a derechos humanos, y al mismo tiempo que reconozcan y respeten el trabajo de las víctimas, de las organizaciones civiles, de los periodistas y sobre todo que cualquier acción que se haga sea en coordinación con quienes han sido afectados en sus derechos”, adelantó.

Etiquetas: México, Guerrero, Chilapa, Chilpancingo, Misión Civil de Observación, secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, violencia, asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, riesgo, defensores, periodistas, desplazamientos forzados

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Cuestiona la CIDH al Estado mexicano por falta de resultados en el caso Ayotzinapa


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó su postura de acompañar a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, al tiempo que el expresidente del organismo, James Cavallaro cuestionó al Estado mexicano por la falta de sanción a Tomás Zerón de Lucio por obstruir las indagatorias.
En la audiencia pública de revisión del Mecanismo de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, durante el 165 periodo de sesiones de la CIDH en Montevideo, Uruguay, la jamaiquina May Macaulay, quien presidio la audiencia, y el colombiano Luis Ernesto Vargas sostuvieron su respaldo a los padres de los 43, representados por Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez y Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, quienes manifestaron su confianza en el organismo.
Fue Navarrete quien llevó a la audiencia el tema de Tomas Zerón, al mostrar una impresión magnificada de una nota periodística sobre las declaraciones del actual secretario técnico de Consejo de Seguridad Nacional (CSN), tras la última visita del Mecanismo a cargo de la comisionada Esmeralda Arozamena en agosto pasado.
En esas declaraciones, Zerón de Lucio insiste en que a tres años de la desaparición de los estudiantes, las investigaciones de la PGR no muestran una línea distinta a la versión oficial, en cuya elaboración él participó mientras estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.
“¿Qué es para ustedes ese señor?, ¿qué han hecho para callarlo?, ¿están de acuerdo con él o qué influencia tiene en la Procuraduría?”, lanzó Navarrete ante los representantes del Estado mexicano, encabezados por los subsecretarios de la Cancillería y de Gobernación, Miguel Ruiz Cabañas y Roberto Campa Cifrián.
El representante de los 43 padres de familia reprochó que admitir las declaraciones de Tomás Zerón es una burla para ellos y la CIDH, “es querer pasar por encima de la investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)… no existen evidencias que sustenten su supuesta ‘verdad histórica’”, además de que con ello se causa daño a los padres y madres de las víctimas.
Tras expresar su empatía con las víctimas, Macaulay pidió a los padres confiar en que la CIDH “va a seguirlos acompañando en su lucha” por encontrar a sus hijos, en tanto que advirtió en tomar medidas ante las declaraciones de Zerón, ya que “lo que se publica en medios exacerba a los familiares”.
El estadunidense James Cavallaro, ex presidente de la CIDH y promotor del GIEI, fue más allá al cuestionar la permanencia de Zerón de Lucio en la administración de Enrique Peña Nieto, pese a que persisten sospechas sobre su actuación irregular en el caso, pues se presume que sembró pruebas para sostener la versión de que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos.
Al preguntar a los representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre las evidencias encontradas por el GIEI de malos tratos y tortura a 77 por ciento de los detenidos por el caso Ayotzinapa, el comisionado recordó que en la investigación del visitador César Chávez, quien fuera cesado por la PGR, se advertía la virtual responsabilidad de Tomás Zerón en sustraer de manera irregular a un detenido que presentaba “40 lesiones corporales”, en el operativo del río San Juan, el 28 de octubre de 2014, no registrado judicialmente.
Para Cavallaro el esclarecimiento de los casos de tortura podría dar luz sobre el destino de los estudiantes, situación que funcionarios del Estado mexicano han pretendido ocultar.
El comisionado Luis Ernesto Vargas lamentó que “el GIEI haya tenido más claridad, haya aportado más elementos jurídicos que el Estado que, o no quiere investigar o es por incompetencia”, ya que es inconcebible que después de tres años no se conozca el grado de responsabilidad de elementos de la fuerza pública.
Vargas, quien forma parte del Mecanismo de Seguimiento, reiteró a los representantes de los padres de las víctimas que “la CIDH no los va abandonar, es un desvelo de toda la comisión, vamos a estar presentes, porque es inconcebible que a estas alturas no sepamos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública, a tres años y unas semanas que no sepamos su grado de responsabilidad”.
En tanto la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño solicitó “al menos” el mapa de fosas clandestinas ubicadas en Guerrero con tecnología LIDAR, y recordó que había requerido en su última visita a México, en agosto pasado, el mapa de las fosas de todo el país, o por lo menos de las entidades donde el problema de desapariciones es más grave.
Cuestionó que no se tengan resultados efectivos en el tema de telefonía celular, una vez que “ya se identificó que al menos los equipos de nueve muchachos siguieron activos, si se siguera al menos esa ubicación, seguramente se tendrían datos de qué pasó con los chicos”.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre resaltó que la PGR “fracasó en hacerle rendir cuentas (a Zerón de Lucio), pues si bien el proyecto de visitador concluía con una trascendencia penal, (César Chávez) fue separado de su cargo y se emitió una resolución que convalida las irregularidades”.
Al destacar que ante el juicio de amparo iniciado por los padres por la resolución de la PGR, esta dependencia ha litigado en contra del instrumento, Aguirre mencionó que el cargo de Zerón es un nombramiento presidencial.

Ha analizado más de 5 mil líneas telefónicas e identificado 276 sitios en los que podría haber fosas clandestinas, responde el Estado

La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías citó el comunicado de prensa 231/2017, en el que se señala que, sobre el tema Ayotzinapa, “el único canal de comunicación es la PGR”, en tanto que de las decenas de detenidos sólo 39 accedieron a que se les aplicara el Protocolo de Estambul para confirmar actos de tortura, de los que “sólo dos han resultado positivos y el resto negativos”.
El responsable de la Oficina Especial para el caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal aseguró que se ha hecho análisis a más de 5 mil líneas telefónicas, entre ellas las de funcionarios públicos y policías, en tanto que se han identificado 276 sitios en los que podría haber fosas clandestinas.
Higuera Bernal dijo que debido a los daños que el sismo del 19 de septiembre causó al edificio de la PGR, el trabajo de investigación se complicó, aunque continuaron los interrogatorios.
En la Ciudad de México el director del Centro Prodh, Mario Patrón reprobó que el Estado mexicano recurra a los efectos del sismo del mes pasado para tratar de justificar la falta de avances en la investigación.
“Mientras que no haya policías de Huitzuco y policías federales detenidos, o no se conozca el grado de participación de miembros del Ejército en los hechos, no se puede hablar de avances”, alertó.

El Estado administra el caso con fines políticos y encubre a funcionarios, señala Tlachinollan

Después de la audiencia el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña en la defensa legal a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, consideró que “el Estado Mexicano sigue administrando el caso con fines políticos ajenos a los afanes de justicia de las víctimas, dado que en cada audiencia o reunión dosifica la información y los avances que presenta”.
En un boletín de prensa dice que “tenemos la convicción de que la Procuraduría encubre a funcionarios que obstruyeron la investigación como Tomás Zerón de Lucio, cuando otros funcionarios como el fiscal electoral son sancionados sin más por la PGR”, dice en referencia a la destitución de Santiago Nieto Castillo.
Informa que los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos rechazaron que exista un avance del 70 por ciento en las investigaciones del caso, como dice la PGR, y demandaron al Estado mexicano que deje de mentir y de burlarse de los familiares de los jóvenes, durante la tercera audiencia pública del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa.
Afirma que en la reunión se demostró que el caso Ayotzinapa sigue estancado, pues “el Estado no ofreció mayores avances en las indagatorias. De acuerdo a un cronograma que el mismo Estado entregó a la CIDH en anteriores reuniones, en octubre de este año deberían estar dilucidados los once temas allí establecidos”.
Menciona que estos temas comprenden las cuatro líneas de investigación que planteó el GIEI y que los padres y madres de los 43 exigen esclarecer.
“Sin embargo en la audiencia quedó evidenciado que el Estado mexicano  no ha detenido a ningún policía de Huitzuco ni  de la Policía Federal, no ha responsabilizado a ningún militar, ni ha avanzado en fincar responsabilidad a las autoridades de Guerrero”, señala.
Informa que la Comisión mostró su preocupación por los pocos avances en las investigaciones, urgió al Estado a investigar y sancionar a los funcionarios que incurrieron en actos de tortura a los detenidos.
Blanca Luz Nava, madre de Jorge Álvarez, narró durante su participación que viven con desesperación e impotencia y criticó la postura del gobierno quien el pasado 26 de septiembre dijo que había un avance del 70 por ciento, lo que tachó de mentira,  “si así fuera ya estuvieran diciendo el paradero, ya tuvieran cuando menos la pista de dónde podrían estar… se han burlado desde un principio, cada mentira que sacan es destruirnos más a la familia, no se tientan el corazón para decir una mentira, nos están matando poco a poco”, se lee en la misiva.

La gran tarea en el caso Ayotzinapa es dar con los 43 y sancionar a los responsables, dice la CIDH

En las investigaciones del caso Ayotzinapa “hay avances importantes”, pero “la gran tarea” es tener pronto noticias del paradero de los 43 normalistas desaparecidos y una sanción ejemplar a los responsables del crimen, demandó el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren Praeli.
“Se reconocen avances importantes en la tarea de investigación, pero la gran tarea, lo que da sentido al mecanismo de seguimiento (de la CIDH) es que muy pronto tengamos noticias del paradero de estos estudiantes desaparecidos, de ellos o de sus cuerpos”, dijo frente al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, durante la inauguración de los trabajos del 164 periodo de sesiones extraordinarias del organismo en la Ciudad de México.
Para el titular de la Comisión, otro elemento relevante es “la identificación, investigación y sanción ejemplar a todos aquellos que sean responsables, de ser el caso, de estas desapariciones o crímenes”.
Aunque destacó la importancia de que el Estado mexicano haya aprobado una ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura u otros tratos crueles y degradantes, recordó que en su informe del año pasado, la CIDH destacó la necesidad en México de contar con una normativa como la aprobada.
En su discurso Osorio Chong dijo que para México “los derechos humanos no son una opción, sino la ruta para el desarrollo y el bienestar duradero de toda nación”.
Agregó que el gobierno federal ha dado muestra de su interés en el tema pues en lo que va del sexenio se han dado más de 20 visitas de diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos al país, y se han acatado las recomendaciones.
Según dijo, ha logrado reducir en 30 por ciento las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las fuerzas de seguridad federal.
Consultado al término del acto, Osorio Chong destacó que el presidente de la CIDH haya reconocido los avances en materia de derechos humanos en México, y sobre el caso Ayotzinapa dijo:
“Escucharon al presidente de la CIDH, hemos venido acatando todos los señalamientos, las recomendaciones. Hemos mostrado toda la disposición, queremos que quede completamente satisfecha por todos, me refiero al Estado mexicano en su conjunto, a lo que se defina respecto a estas investigaciones”.

Urge la CIDH al Estado mexicano a acelerar los trabajos de búsqueda de los 43 desaparecidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó que, a menos de un mes de que se cumplan tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, “su situación y paradero siguen siendo desconocidos”, por lo que urgió al Estado mexicano a “acelerar los trabajos relativos a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”.
En el contexto de la visita de la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora especial para México y presidenta del Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar sobre la desaparición de los estudiantes y del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CIDH emitió un comunicado sobre las reuniones de trabajo sostenidas por la relatora e integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.
Entrevistada por Apro en la Cámara de Diputados, Arosemena de Troitiño declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a transmitirle la próxima semana avances de las investigaciones sobre el caso.
Dijo: “Esperamos que en dos meses haya avances sustanciales para poder llegar a un tercer año con mayor claridad sobre lo que ocurrió con los estudiantes”. Recordó que, en noviembre próximo, el Mecanismo de Seguimiento emitirá un informe sobre el caso y se evaluará su continuidad.
El organismo destacó la inconformidad de los padres de los jóvenes desaparecidos manifestada en una reunión en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en la que expresaron “su frustración por la falta de avances concretos para encontrar a sus seres queridos y su angustia ante la inminencia del tercer aniversario de los trágicos eventos sin alcanzar verdad y justicia”.
Respecto al encuentro con el procurador, Raúl Cervantes, y su equipo, la CIDH urgió a la detención de policías del municipio de Huitzuco, “como medida tendiente a esclarecer lo ocurrido y sancionar a las personas responsables”, así como avanzar en la investigación contra policías federales “como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos”.
Asimismo, el organismo exhortó a detener a personas que la PGR identificó como “relevantes para la investigación”. Con ello, dijo, “se contribuiría a obtener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes”.
Tras reconocer el esfuerzo de la PGR por conformar un equipo de 90 personas que trabajan exclusivamente en la averiguación del caso Iguala, la CIDH puntualizó que la hipótesis de que los estudiantes y todas sus pertenencias habrían sido incinerados en el basurero de Cocula debe ser suprimida del discurso oficial, ante la imposibilidad de que haya ocurrido, como lo confirmó el GIEI y el avance de las propias investigaciones de la dependencia.
Al señalar que mantener vigente la “verdad histórica” que postuló el entonces procurador Jesús Murillo Karam, “provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”, la Comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó que durante la reunión con personal de la PGR se informó que “se tiene certeza que los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, hecho que, aunado a otros elementos de prueba, corrobora la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”.
Durante el encuentro de Arosemena con el procurador Cervantes, se le notificó sobre la “asistencia jurídica” que la dependencia recibió del gobierno estadunidense para abordar el asunto de la ruta del tráfico de estupefacientes y dinero de Iguala a Chicago.
La CIDH instó a profundizar esa línea de investigación, así como “priorizar pruebas y diligencias en relación con la ubicación del quinto autobús”, en el que viajaban los estudiantes, que podría estar relacionado con ese tráfico y que hasta ahora no ha sido identificado.
Sobre las acciones de búsqueda, la Comisión valoró positivamente el empleo de tecnología LIDAR para la obtención de información de cuadrantes de los alrededores de Iguala, así como que próximamente personal de la PGR junto con peritos propuestos por los familiares “trabajarán de manera conjunta en el análisis de las imágenes para posteriormente llevar a cabo visitas al terreno con un equipo multidisciplinario”.
La Comisión informó que Arosemena se reunió además con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, así como con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Confirman que los integrantes del GIEI fueron espiados cuando investigaban el caso Ayotzinapa

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron blanco de espionaje.
Según información que presenta este lunes el diario estadunidense The New York Times, un análisis independiente fue elaborado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía Pegasus.
John Scott-Railton investigador senior de Citizen Lab, que ha colaborado para identificar los rastros de Pegasus en los teléfonos de personas afectadas, señaló: “Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”.
“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, agregó.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.
Además los miembros del GIEI dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles, ya que el software ha sido descargado inadvertidamente.
“El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus”, dice el rotativo.
Añade: “No obstante la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto”.
Según las leyes mexicanas la vigilancia sólo puede ser con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.
“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.
“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, agregó.
El gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto ha negado que esté detrás del espionaje a periodistas y activistas, aunque el programa Pegasus, de acuerdo con la empresa israelí NSO Group, sólo es vendido a gobiernos y con la condición de que sea utilizado únicamente en contra de delincuentes y terroristas. Sin embargo una investigación del The New York Times y analistas forenses determinaron que el software en el que México ha gastado al menos 80 millones de dólares desde 2011, ha sido empleado contra académicos, abogados, periodistas y sus familiares, incluido un adolescente.
El 19 de junio ese diario publicó que periodistas y activistas mexicanos como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han sido espiados con un software adquirido por el gobierno: Pegasus.
La PGR inició una investigación sobre el caso y anunció que solicitaría apoyo al FBI y a las Naciones Unidas. Sin embargo según el rotativo, Roberta Jacobson, la embajadora estadunidense en México dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación.
John Scott-Railton investigador senior de Citizen Lab, que ha colaborado para identificar los rastros de Pegasus en los teléfonos de personas afectadas, señaló: “Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”.
“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, agregó.
El 6 de julio, la CIDH informó en su sesión en Lima, Perú sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, que los integrantes del GIEI, durante su estancia en México, fueron espiados con el malware Pegasus.

El gobierno mexicano habría espiado al GIEI cuando investigaba el caso Ayotzinapa: CIDH

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados de coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa, también habrían sido espiados con el malware Pegasus mientras se encontraban en México; en marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y políticos mexicanos, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la audiencia transmitida por Internet, la comisionada Esmeralda de Troitiño, quie presidió ayer la audiencia de la CIDH sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta del GIEI, en la que le notificó que recibió mensajes de texto con enlaces a páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus. “Vamos a comunicarle formalmente esta carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro –quien fue integrante del GIEI-, e insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la CIDH, la cual esta semana celebra su 163 periodo de sesiones en Lima, Perú.
En un año los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Su labor obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de investigación y desacreditó la llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno federal que dice que los estudiantes fueron atacados por narcotraficantes, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan de Cocula, con lo que pretendía cerrar el caso de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 septiembre de 2014.
Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, manifestaron que es preocupante que el gobierno de México emplee la tecnología para vigilarlos, en lugar de utilizarla para dar con el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.
Cristina Bautista dijo que gracias a la investigación que hizo el GIEI los padres supieron que 17 celulares de los normalistas continuaron activos luego de los ataques en Iguala, “eso nos da a entender que las autoridades no han utilizado la tecnología para encontrar a nuestros hijos, el gobierno no tiene interés en buscarlos, utilizó la tecnología para espiarnos, a nosotros y a nuestros abogados”.
Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, recordó que en la última audiencia del mecanismo de seguimiento, el gobierno de México dijo que los padres no tienen disposición de aceptar los hechos, pero “nosotros vamos a aceptar los resultados científicos que den las investigaciones”.
Relató las manifestaciones y el plantón frente a la PGR de los padres, así como la represión con gases lacrimógenos de las que fueron víctimas en su movimiento para exigir respuesta a sus demandas.
Del cronograma que se hizo con las autoridades para dar resultados del caso dijo que “es mucho tiempo” el que solicitaron, y pidió que la CIDH intervenga para que los avances se den a conocer la segunda semana de agosto y no hasta octubre de este año.
“Los 43 padres de familia le decimos a la CIDH y al comisionado Vargas (Luis Ernesto Vargas Silva), no se deje engañar por este Estado mentiroso, que esté con la verdad, no con los padres, que exija la verdad del Estado Mexicano, porque ha sido mentiroso y nunca hace su trabajo”, expresó.

#GobiernoEspía

La empresa NSO Group de origen israelí desarrolla el malware Pegasus y lo vende de manera exclusiva a las agencias de gobierno. En los últimos dos años este programa fue utilizado, presuntamente, por instituciones gubernamentales mexicanas para tomar el control de los celulares de activistas, periodistas y políticos mexicanos, pese a violar la ley.
El creciente escándalo de espionaje gubernamental operado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se introdujo ayer en las audiencias de la CIDH dedicadas a los casos mexicanos, -integrantes de la sociedad civil instalaron frente a ellos una cartulina con la consigna #GobiernoEspía-, pero se agudizó en la sesión sobre Ayotzinapa.
Frente a los representantes del gobierno mexicano se encontraban algunos padres de los normalistas, acompañados por sus abogados Vidulfo Rosales, Mario Patrón Sánchez y Santiago Aguirre Espinosa, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes fueron víctimas de tentativas de espionaje en 2016.
Desde los primeros momentos de la sesión, Patrón marcó el tono de la audiencia que se llevaría a cabo a lo largo de la siguiente hora: “Venimos a denunciar que el gobierno mexicano espía en vez de investigar el paradero de los 43 normalistas”, sostuvo.
Los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se vieron acorralados por los cuestionamientos de los comisionados de la CIDH.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, planteó que la PGR abrió una investigación para determinar responsabilidades penales contra las “personas” que interceptaron las comunicaciones privadas.
“No hay imputaciones directas a personas, sino a instituciones”, respondió Patrón, al añadir que “la gran pregunta es si el Estado querrá y tendrá la capacidad de investigarse a sí mismo”.
El defensor de derechos humanos recordó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -dependiente de la PGR-, el Centro de Inteligencia en Seguridad Nacional (Cisen) -parte de la Segob- y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deben de ser investigados, pues existen evidencias de que compraron el programa Pegasus.
El 17 marzo en los últimos minutos de la sesión, Roberto Campa Cifrián relanzó la “verdad histórica” del gobierno federal sobre la noche de Iguala y planteó que “no se ha consolidado otra hipótesis”.
En esa ocasión el funcionario intervino para “rescatar” a Alfredo Higuera Bernal, el fiscal que la PGR adscrito al caso Ayotzinapa, quien eludía de manera burda la serie de preguntas que le hizo el comisionado James Cavallaro de por qué se ejercieron presiones sobre el exvisitador interno de la PGR, César Chávez, debido a las conclusiones de su informe, de los probables actos de tortura contra siete de cada diez detenidos, y por qué no se ha investigado el trasiego de heroína de Iguala a Chicago, además de la posible participación de policías municipales de Huitzuco y de militares en los ataques a los normalistas.

Teléfonos de los 43 desaparecidos siguieron activos, acepta la PGR contrario a su versión oficial

Más de un año después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejara el país, la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a las mismas conclusiones que contradicen la versión oficial del caso Ayotzinapa.
En una audiencia del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Lima, Perú, transmitida por Internet, Alfredo Higuera Bernal, fiscal que encabeza la Oficina del Caso Iguala en la PGR, informó de avances en las investigaciones referentes a la telefonía celular y al llamado quinto autobús que según la hipótesis del GIEI era usado para transportar heroína a Estados Unidos.
Ante los padres de los normalistas reveló que después de las pruebas periciales confirmaron que los chips y nueve equipos celulares, vinculados a normalistas de Ayotzinapa, fueron usados después de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos los 43 normalistas.
“Esto concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI, que aparatos y chips correspondientes al número que se ha indicado de estudiantes no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron con uso y eso está confirmado técnicamente”, dijo Higuera Bernal.
Desde abril de 2016 cuando el GIEI presentó su último informe, los expertos consideraron que la llamada “verdad histórica”, presentada por Jesús Murillo Karam y en la que se aseguró que los estudiantes fueron incinerados junto con sus pertenencias, no era sostenible, entre otras cosas porque algunos celulares siguieron activos los días siguientes.
Ayer durante la audiencia Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a los padres de los estudiantes desaparecidos, recordó que el GIEI hizo referencia a siete celulares y ahora la PGR aumentó ese número a nueve.
“Lo que echa por tierra la versión de que los estudiantes junto con sus celulares fueron calcinados en el basurero de Cocula”, expuso.
“¿Por qué no se investigaron esos teléfonos en octubre, en noviembre, diciembre de 2014? ¿Por qué en esos meses, en vez de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes lo portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?”, reprochó.
Del llamado quinto autobús, el fiscal Higuera Bernal informó que a través de imágenes satelitales confirmaron que el vehículo realizó cuatro paradas la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Este es un punto que también fue señalado, realizó cuatro altos de algunos minutos antes de salir de iguala, y el más prolongado fue en el momento que los jóvenes descendieron de la unidad y que, de acuerdo a lo declarado, los hicieron descender debido a una acometida policial”, declaró.
Aunque dijo que las pruebas periciales no revelaron que el autobús tuviera rastros de droga o compartimientos secretos, reconoció que el vehículo quedó sin custodia después de los hechos y que no se descarta la línea de investigación que señala el trasiego de droga como móvil de los ataques a los estudiantes, quienes no sabrían que tomaron un vehículo cargado con droga.
“Ese es un aspecto que naturalmente lo tenemos muy contemplado y obviamente está un rubro en investigación que es el trasiego de drogas, que seguiremos profundizado”, dijo.
En su réplica, Santiago Aguirre planteó la necesidad de que estas revelaciones sean presentadas ante los tribunales en México para que se pueda esclarecer la desaparición de 43 normalistas.

Se cumplen “mil días de impunidad y corrupción”, denuncian padres de los 43 en marcha en la Cdmx

En una marcha que partió de la columna del Ángel de la Independencia, padres y defensores de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron que llevan “mil días de impunidad y corrupción” en las instituciones y el gobierno mexicano.
Con pancartas y consignas que exigían justicia, unos mil manifestantes protestaron con sus rostros cada vez más graves y cerrados, gritando los lemas de siempre: “¡Ni perdón ni olvido!”, “¡26 de septiembre no se olvida!”, “¡Ayotzinapa vive!”.
Los acompañaron miembros del Frente del Pueblo, del Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (Fnamop) y de otras varias agrupaciones.
“Mil días representan un largo caminar de dolor y de incertidumbre para nosotros”, dijo la madre de un normalista desaparecido al arrancar la marcha.
“Mil días demuestran también la evidencia de la impunidad y la corrupción que hay en México, que las instituciones no funcionan, que el gobierno no cumple su compromiso de respetar los derechos”, comentó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de las víctimas.
En mayo emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a que diera a conocer resultados concretos sobre las cuatro líneas de investigación del caso que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a más tardar en la segunda semana de agosto.
Las líneas son la posible participación del Estado en los hechos, la cooperación de la policía de Huitzuco, el análisis de la telefonía celular de los normalistas y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, en Estados Unidos.
“Es impresionante cómo a mil días la gente ayuda de manera espontánea. Los padres viven de la solidaridad y eso les da ánimo”, añadió Vidulfo Rosales.
Advirtió que “si no hay avances (en agosto), nos movilizaremos de nuevo. Es vital resolver este asunto antes de octubre. Después, la elección presidencial va a ocupar la agenda nacional y ya no se va a hablar de nosotros”, aseguró el abogado al terminar la marcha en el hemiciclo a Juárez.
En la marcha se vio a normalistas de distintas escuelas rurales del país, integrantes de sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos y magisteriales, partieron a las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia, hicieron una parada en la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en el antimonumento a los 43 sobre la avenida Reforma.
Pese a la lluvia continuaron su camino, en la calle 2 de abril adyacente al monumento, había al menos seis patrullas y policías auxiliares de la Ciudad de México esperando la movilización, del lado del Palacio de Bellas Artes un grupo de unos 200 policías antimotines vigilaba el inmueble.
Durante el mitin el vocero del movimiento, Melitón Ortega explicó que la exigencia a las autoridades es que se investigue al Ejército, den información de las búsquedas en los celulares de los implicados esa noche, que se detenga a los policías federales y de Huitzuco -municipio vecino a Iguala-, que de acuerdo a las investigaciones del GIEI detuvieron a 25 jóvenes.
Vidulfo Rosales agregó que “todo se mueve en torno a las cuatro líneas. Nos llevarán indefectiblemente al paradero de los 43, el tema de Huitzuco, además de detener a los policías hay que verificar a dónde fueron llevados los 25 estudiantes”.
Otro requerimiento dijo, son los juicios políticos contra el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien responsabilizó de la desaparición y asesinato de tres normalistas y otros tres civiles en Iguala hace casi tres años, y el del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles quien reprimió a normalistas en ese estado.
A casi tres años de los ataques contra los estudiantes en Iguala, a nivel internacional hay medidas cautelares de la CIDH, lo que permitió la investigación del GIEI y el Mecanismo de Seguimiento, “el tema está en el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, hay una acción, hay un procedimiento ante el Comité de Tortura, ante el Comité de Detenciones Arbitraria, el Foro Permanente de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, casi todos los mecanismos, las relatorías de todos los temas tienen un caso abierto”.
Sin embargo, Vidulfo Rosales lamentó que la exigencia no puede avanzar a nivel internacional si el Estado no entrega resultados para el 15 de agosto, y sigue retrasando las respuestas como hasta ahora.
“Lo que nosotros estamos exigiendo es que haya una jornada de lucha del 15 de septiembre al 26 de septiembre, particularmente en ocho estados: Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Guerrero y la Ciudad de México, habría un conjunto de movilizaciones coordinadas”, informó.
La actividad fue encabezada por padres de los normalistas, quienes pidieron paciencia a la sociedad y comprensión porque han dejado todo por su búsqueda. Iban al frente con las fotografías de José Ángel Campos, Jorge Álvarez, Benjamín Ascencio, César Manuel González, Martín Sánchez, la mamá de Benjamín, Cristina Bautista dijo que a casi 3 años de no ver a su hijo seguirá hasta encontrarlo.
Participaron en el mitin la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM. Denunciaron la irrupción de policías para disolver una protesta de alumnas de la Normal Rural Justo Sierra Mández de Can?ada Honda, en Aguascalientes, y que “elementos de la Policía de Michoacán se metieron a la Normal de Tiripetío mientras estudiantes brigadeaban e hirieron a un compañero en la cara, que está postrado en el hospital”.
Los padres anunciaron que los próximos 6 y 7 de julio una comisión asistirá a Lima, Perú, a audiencias extraordinarias de la CIDH, y convocaron a la creación de carteles de los tres años de la desaparición de los 43, para que con la reproducción de los mismos recaben fondos.
Fueron a la protesta la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato de Telefonistas, integrantes de La Sexta, del Frente Popular Revolucionario y Brigadas de Paz Marabunta.
Un periodista independiente vestido de árbol acompañado de dos activistas exigieron la presentación con vida de los 43, y justicia para los periodistas asesinados en el país, ya que sólo en este año van siete. Cargaron una calavera de cartón y los nombres de los periodistas de La Jornada asesinados este año: Miroslava Breach y Javier Valdez.

Cierran los padres de los 43 la PGR; exigen una reunión con el procurador y con Osorio Chong

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cerraron la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, para exigir una mesa de diálogo con el procurador Raúl Cervantes Andrade y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que desde las 7:15 de la mañana los padres y manifestantes que desde hace 19 días mantienen un plantón frente a la PGR, cerraron los accesos y clausuraron de manera simbólica las instalaciones, para exigir que las autoridades le den seguimiento a las líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los pasados días de protesta fue cerrada la entrada principal, pero los funcionarios de la PGR podían ingresar a trabajar por accesos aledaños, este lunes sólo se veían guardias al interior del inmueble.
En declaraciones telefónicas, Rosales Sierra dijo que la PGR continuará cerrada hasta que las autoridades respondan a las demandas de los manifestantes.
A las 7:30 de la noche el gobierno federal propuso que la reunión fuera con el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, pero no se llegó a un acuerdo.
En conferencia de prensa a las 10 de la mañana, la madre del normalista desaparecido César González Hernández, Hilda Hernández Rivera exigió que el gobierno federal investigue el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques, además de la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes y de los detenidos por el caso.
Rosales Sierra dijo que tras la conferencia de prensa los padres marcharon acompañados de unos 300 manifestantes desde el plantón frente a la PGR al antimonumento a los 43 ubicado en la avenida Reforma, donde se llevó a cabo un mitin para exigir que las autoridades resuelvan el caso, pues no puede quedar impune.
En su plantón, los padres tienen costales y cajas de papas, cebollas, nopales, hierbas de olor y demás verduras.
También tienen leña para hacer fogatas y usan la reja de la PGR como tendedero de ropa.
Duermen en casas de campaña o en colchonetas sobre un templete de madera en la carpa principal, y cuentan con más de 10 sanitarios móviles.
El bloqueo lo mantienen en las tres entradas del edificio: la principal, sobre Reforma; la del estacionamiento en Río Guadiana, y la de un acceso lateral en Río Neva.
Cientos de empleados no han podido entrar a las instalaciones, por lo que esperan en las inmediaciones a espera de órdenes de sus superiores.

Denuncian agresión a un padre

En la página oficial en Facebook Padres y madres de Ayotzinapa, se denunció que durante el bloqueo de los accesos a la PGR, cerca de las 3 de la tarde un presunto trabajador del gobierno federal intentó entrar por la fuerza a las instalaciones y agredió a Bernardo Campos Santos, padre del normalista desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien es diabético y resultó lesionado en la rodilla izquierda.
“En repetidas ocasiones hemos afirmado que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos lo han arrebatado. Uno de nosotros fue objeto de una agresión el día de hoy. Una persona (probable representante de la Ley) intentó entrar por la fuerza al edificio de la PGR y en su violenta intentona jalonea a Don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, ¡este padre es diabético! Nos faltan 43”, fue el mensaje con el que difundieron fotografías de la lesión de José Ángel Campos.

Tiene un cronograma; en noviembre tendrá resultados de la investigación, dice la PGR

La PGR informó que existe un cronograma elaborado para tener resultados de la investigación en seis meses, es decir, hasta noviembre.
Ordenó realizar vuelos de rastreo con tecnología de última generación en una superficie de 60 kilómetros cuadrados en la zona de Iguala, en busca de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, dieron a conocer que estos vuelos continuarán con el uso de tecnología LiDar, un radar que obtiene imágenes tridimensionales y térmicas.
“En esta ocasión los propios padres pidieron que el área de aplicación del LiDar sea ahora mucho más extensa en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Esto, con independencia de los costos que pudiera tener, el señor procurador lo aprobó de inmediato”, dijo Higuera.
Comentó en conferencia de prensa que desde que la PGR comenzó a utilizar esta tecnología se ha sobrevolado un área de un kilómetro cuadrado, en la que cual encontraron 100 lugares que debían ser sujetos a una revisión de campo.
Después de una inspección del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los representantes de los padres de los normalistas, dijo, no se localizó ningún dato relevante para las investigaciones ministeriales.
Herrerías informó que a más tardar en noviembre próximo la PGR dará cumplimiento a nueve puntos y recomendaciones de líneas de investigación solicitados por organismos internacionales y los padres de los estudiantes.
Se trata de los puntos recomendados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un mensaje leído a la prensa, Sara Irene Herrerías informó que el 20 de abril se realizó una reunión con representantes de los padres, el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y el procurador Raúl Cervantes, en la que les ofrecieron seguir con “todas las líneas de investigación” y presentar un cronograma sobre los puntos que el mecanismo de la CIDH planteó como prioritarios.
La funcionaria agregó que al día siguiente, la dependencia presentó a la CIDH un cronograma con nueve puntos para ir cumpliendo de ahora hasta noviembre.
No obstante recordó que a esa reunión no asistieron los padres de los 43 “por lo que había pasado en la audiencia entre la CIDH, en donde ellos lo consideraron como un rompimiento y nosotros reiteramos en que como PGR teníamos abiertas todas las líneas de investigación”.
Por otra parte, informó que aún faltan por detener a siete personas más relacionadas directamente con la desaparición de los estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Sabemos, comprendemos y tenemos empatía y lo sabemos el dolor de los padres y queremos darle una respuesta a ellos. En este sentido sabemos que lo más importante es la investigación y nos hemos concentrado en eso en este tiempo”, argumentó.
Luego aseguró que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, “está en la mejor disposición de reunirse con ellos dentro de este marco de la Comisión Interamericana, que sería a finales del mes de mayo, cuando toca la siguiente reunión”.

Descarta que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados

Para verificar si hubo tortura el fiscal Alfredo Higuera dijo que la PGR ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, con o sin denuncia de por medio, y hasta ahora sólo ha habido conclusiones en ocho casos.
De ellos, en seis los resultados fueron negativos y en dos hubo datos de tortura contra los detenidos, y en esos casos, los procesados decidieron no continuar la denuncia ante la PGR.
Descartó que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados o el desechamiento del expediente en los tribunales, ya que en caso de comprobarse sólo se anulan las declaraciones de quienes sufrieron los malos tratos.
“Todo eso tendrá las implicaciones y derivaciones que en cada caso concreto corresponda, la consecuencia natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, aseveró.