El informe final del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala la destrucción de 16 rifles y nueve fusiles de H&K vinculados a los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que todos los policías federales activos de la estación de Iguala fueron removidos justo después de los ataques a civiles y estudiantes en esa ciudad.
También indica la probable salida del país de dos policías municipales de Pilcaya, que habrían tenido acceso a las llamadas de emergencia el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4), que se generaron en Iguala la noche de las agresiones, entre otras situaciones que establecen la complicidad de distintas entidades de gobierno, para ocular la verdad de los hechos y la posible localización de los estudiantes desaparecidos.
Asimismo, el Mecanismo indicó que sigue abierta la investigación hacia las autoridades estatales, en la época en que seis personas fueron ejecutadas, tres de ellos estudiantes, y 43 normalistas fueron detenidos-desaparecidos.
Luego de dos años de seguimiento a la medida cautelar brindada a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el Mecanismo precisó que la Procuraduría General de la República no hizo las diligencias suficientes para determinar posibles responsabilidad de autoridades estatales de alto nivel, en los hechos ocurridos la noche de Iguala.
Sin embargo, aclaró que el Estado respondió a la CIDH que sigue abierta la investigación para determinar el conocimiento de todas las autoridades de tipo policial, ministerial y político en los eventos del 26 y 27 de septiembre.
Indicó que están señalados el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, su coordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Guerrero, el entonces secretario de Salud en Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, el ex fiscal general Iñaki Blanco, el ex secretario de Seguridad Pública y un ex diputado local.
En este contexto, el Mecanismo de la CIDH consideró que “es oportuno investigar (también) a los alcaldes que se encontraban en septiembre de 2014 alrededor de Iguala, y que pudieron haber tenido conocimiento de los hechos”.
El Caminante y El Patrón
Uno de los temas que trató el mecanismo en el informe, es el análisis de la telefonía celular que permitió aportar elementos para la búsqueda de los jóvenes, y determinar las identidades de El Caminante y El Patrón.
Del primero, indica que se desempeñó como supervisor de turno de la Policía Municipal de Iguala, la noche de los ataques, y el segundo, –al que policías habrían llevado a un grupo de los estudiantes desaparecidos–, de acuerdo con el Estado Mexicano, se trata de una persona identificada como jefe de la plaza del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
El Mecanismo pidió continuar con las investigaciones para tener certeza en la identidad de El Caminante y El Patrón. Estimó que hacen falta elementos para establecer la identificación completa.
Asimismo, confirma que nueve teléfonos de estudiantes desaparecidos continuaron activados después del 27 de septiembre, al menos uno de ellos fue localizado en manos de un funcionario de Seguridad Pública estatal.
Señalo que un policía estatal asignado al Cereso de Iguala el día de los hechos, tenía un teléfono con un IMEI asociado al número del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño. El implicado declaró que su hermana le vendió el aparato. Al concluir este informe, el mecanismo señaló que se desconoce aún cómo llegó a su familiar.
Por otro lado, el teléfono celular del normalista Martín Getsemani Sánchez García, estaba en posesión de la pareja del chofer del secretario de Seguridad Pública de Iguala. Ella indicó que su pareja le entregó una bolsa con celulares envueltos en papel aluminio. La cuestión pendiente de resolver, señalada por el Mecanismo, es “¿cómo se apoderó el chofer de esta bolsa de celulares?”.
Una empleada de un bar tenía el teléfono celular del normalista Miguel Ángel Hernández Martínez. Ella declaró que el teléfono fue un regalo de un familiar. A su vez, el familiar declaró a la PGR que lo obtuvo de una persona que sólo conoció por el sobrenombre de La Gallina.
Este declarante identificó a tres personas detenidas por la desaparición de los estudiantes: El Baldo, El Pozole, y el Komala. A la fecha, sigue la búsqueda de La Gallina.
Las armas
A partir del análisis de balística en el expediente, el Mecanismo descubrió que armas asignadas a policías municipales de Iguala, detenidos por la desaparición de los normalistas, fueron destruidas, y el hecho “podría constituir una grave falta en el cuidado de las evidencias y de las pruebas que implican a los responsables”.
Señaló la destrucción de 16 rifles y nueve fusiles de H&K que se encontraban en custodia de la oficina de Iguala-PGR, y que pertenecían a la Policía Municipal de Iguala. De entrada, señaló que “unas de estas armas podrían estar involucradas en los hechos de violencia del 26 y 27 de septiembre”.
Una de las armas pudo ser usada por un policía municipal de Iguala, no obstante que en su declaración dijo que no portaba arma de fuego porque se dedicaba a tareas administrativas.
Del caso, el fiscal general de Justicia Militar respondió que los 16 fusiles mencionados fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, y que se destruyeron el 9 de diciembre de 2016. Mientras las autoridades estatales señalaron que la Sedena destruyó 300 armas de fuego que se encontraban a disposición, y que incluyen los 16 fusiles en cuestión.
El Mecanismo recordó que en enero de 2017, el Estado informó a la CIDH que se habían tomado muestras de balas usadas por diferentes dependencias municipales estatales, federales, y al confrontar la evidencia balística con la evidencia balística recogida en la escena del crimen del crucero de Santa Teresa (donde fue atacado el autobús del equipo de fútbol de los Avispones), y la Avenida Álvarez, (donde policías y personas no identificadas atacaron a un grupo de estudiantes), “se tuvo coincidencia con un arma de una policía de Huitzuco en el crucero de Santa Teresa”.
Asimismo, indicó que otra de estas 16 armas habría sido utilizada por una policía de Iguala detenida el 14 de octubre de 2014 en el campo militar 23-B en Tlaxcala, junto a otros integrantes de la corporación, por su supuesta participación en los hechos. Recordó que el caso fue analizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y concluyó que la mujer policía fue víctima de tortura.
En el informe del Estado a la CIDH de octubre de 2017, el gobierno señaló que se obtuvo resultado positivo con el arma de un policía municipal de Huitzuco. Añadió que la investigación de balística se amplió a las policías municipales de la zona Norte, pero no hay información respecto a la confronta de datos balísticos.
Se detalla también parte de la investigación a las policías de los municipios aledaños a Iguala. En el caso de Pilcaya, hay evidencias de que ahí se recibían las llamadas o urgencias de C-4, pero no se encontraron respaldo de las comunicaciones.
También señala que el 27 Batallón Infantería decomisó las armas de Pilcaya sin explicación.
Sólo dos policías, presuntamente asignados a actividades administrativas y que recibieron los reportes de C-4, no declararon. A los dos, la Secretaría de Relaciones Exteriores les expidió pasaportes el 12 y 14 de octubre de 2014.