La secretaria general de la UAG, Berenice Illades, y el rector Javier Saldaña en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, que de forma virtual se llevó a cabo este lunes Foto: El Sur
Karina Contreras
El sesión extraordinaria virtual, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) aprobó por mayoría de votos el punto de acuerdo donde se solidarizan con los familiares del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Rothan Gómez Peralta, asesinado el jueves por policías estatales y solicitan a las autoridades una “rigurosa investigación”.
Además, se dio un voto de confianza y solidaridad a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador. En el último punto del orden del día, el rector Javier Saldaña Almazán leyó la propuesta, que fue aprobada por mayoría, donde el Consejo Universitario, sobre los hechos donde resultó asesinado un estudiante normalista el pasado jueves y señala que lamentan “la pérdida de la vida de un estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, y nos solidarizamos con los familiares y la comunidad estudiantil de este centro educativo”.
Agrega: “Solicitamos a las autoridades correspondientes realizar una rigurosa investigación, para esclarecer los hechos e impartir la justicia conforme a derecho. Otorgamos un voto de confianza y solidaridad a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes desde su alta responsabilidad sabrán propiciar un debido proceso, que desemboque en la aplicación de la justicia en tal lamentable caso”.
El rector hizo votos por que se haga justicia, “no se cometan errores y sobre todo también apoyar a nuestra gobernadora, que es una mujer de trabajo, sensible y, obviamente, en todos los actos siempre debe pagar quien comete el error, que cada quien pague sus culpas y si los policías se equivocaron, pues que sean sancionados”.
En uno de los puntos de acuerdo, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG) solicitaron la intervención del Consejo Universitario, para que solicite al secretario de Finanzas, Raymundo Segura, que se pague el adeudo del 2023 que asciende a 25 millones 63 mil 180 pesos y que corresponde al pago para las becas al desempeño docente de octubre, noviembre y diciembre, así también, el seguro de vida de los trabajadores universitarios fallecidos del año pasado.
Expulsa a siete docentes
Durante la sesión del consejo, el Tribunal Univesitario pidió la expulsión de siete docentes por acoso sexual y corrupción. A tres de ellos se les comprobaron actos de violencia de género, en la modalidad de acoso sexual, y cuatro por actos de corrupción y cobros indebidos a los estudiantes.
Los docentes expulsados por acoso sexual pertenecían a la Preparatoria 8, ubicada en Ciudad Altamirano, y son: Alejandro Arellano Ramos, Víctor Cortez Rafael y Leoncio Villanueva Rojas.
El rector condenó los actos cometidos por los ahora ex docentes de la UAG. Dijo que todos los universitarios son sus amigos, pero eso no quiere decir que tengan razón en sus actuaciones cuando se infringe la ley, “si son mis amigos compórtense como mis amigos. Yo no ando en bares, no ando acosando niñas ni cobrando nada”.
Señaló que en sus redes sociales, de manera privada, le hacen llegar las acusaciones y advirtió que faltan otros de Odontología y subrayó: “Ya estuvo bien. Los jóvenes son hijos de campesinos, de obreros, de madres divorciadas, muchos viven con sus abuelos y muchos de ustedes se pasan de lanza al estarles metiendo las manos en el bolsillo. Ya párenle, si no, el Consejo Universitario los va a parar vergonzosamente”.
Añadió: “¿No les va dar vergüenza que su familia se entere que están cometiendo actos deshonestos? Vamos, en Derecho también, en las dos escuelas, porque no pueden hacer negocio en la Universidad. Yo hago un esfuerzo tremendo para que les paguemos en tiempo y forma. Exponemos hasta nuestra vida por andar gestionando, pero esa es nuestra obligación. Pero también su obligación es comportarse con honestidad y respeto”.
Los consejeros aprobaron la expulsión de los maestros y se pidió que la resolución se turne al área jurídica de la UAG, para que se les haga la liquidación correspondiente.
A propuesta del rector, el pleno aprobó por unanimidad realizar una auditoría financiera y académica a la Escuela Superior de Diseño y Arquitectura, así como a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, desde donde se han recibido denuncias por anomalías y en la Preparatoria 8, donde hay 50 administrativos para una matrícula de 400 alumnos, y quieren cerrar la escuela para exigir otras 18 plazas más.
También se aprobaron las convocatorias para elegir a los consejos académicos de unidad, correspondiente a profesores por el periodo 2024-2028 y estudiantes por el periodo 2024-2026.
Del mismo modo, fue aprobada la convocatoria para elegir directoras y directores de unidades académicas de la UAG, para el periodo 2024-2028.
En las convocatorias se establecen las bases, requisitos, reglamentos y normas que deben cumplir los que deseen participar en el proceso interno de la institución.
El rector y presidente del Consejo Universitario, Javier Saldaña, propuso que quienes aspiren a ser director tendrán que cumplir con documentación expedida por el Jurídico Universitario, que compruebe honorabilidad y exclusividad a la UAG, que no trabajen en otras instituciones u ostenten doble plaza, así como no tener antecedentes de acoso sexual o corrupción.
Otro punto aprobado es la convocatoria para designar al despacho contable externo, que auditará los estados financieros del ejercicio fiscal 2023 de la UAG.
La diócesis Chilpancingo-Chilapa “condenó profundamente” la agresión contra el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, ocurrida la noche del martes, en la carretera Chilpancingo-Tixtla, cuando salía de la normal de Ayotzinapa.
En un comunicado de prensa enviado anoche, firmado por el obispo José de Jesús González Hernández y el canciller secretario, Armando Vásquez Rodríguez, se califica al atentado en contra del también director del Centro de Derechos de las Victimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), como un “reprobable suceso”.
Recuerdan que el Centro Minerva Bello ha documentado y dado seguimiento integral a casos de víctimas de desaparición, ejecución extrajudicial, víctimas de desplazamiento forzado interno y otras graves violaciones a los derechos humanos “que desafortunadamente experimenta la sociedad guerrerense”.
Refieren que el padre Filiberto Velázquez se ha encargado de denunciar públicamente los ataques con drones en distintas comunidades de Guerrero, en el contexto de la pugna entre La Familia Michoacana y el grupo Los Tlacos.
“Desde el pasado mayo hasta la fecha, el Centro Minerva Bello informó que los bombardeos con dispositivos aéreos orquestados por el crimen organizado habían ocasionado la muerte de dos personas, de igual manera, se realizó una caravana de ayuda humanitaria, para llevar medicamentos y comida a las comunidades más afectadas por esta problemática”.
Expresaron en el escrito su “cercanía y apoyo al padre José Filiberto Velázquez Florencio, así como a los integrantes del Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, ante esta agresión injustificada”.
Condenaron la violencia “contraria a la voluntad de Dios y a la enseñanza de la Iglesia, que altera la convivencia pacífica deseada por la inmensa mayoría de la población y que perturba profundamente la vida social”.
Pidieron “al Señor que ayude y conceda al pueblo cristiano una esperanza activa, para trabajar con misericordia por el bien común y que la sociedad pueda gozar de una convivencia en paz”.
El comunicado concluye afirmando que desde la Diócesis de Chilpancingo -Chilapa “se agradece su colaboración a las autoridades, a la espera de que estos hechos se esclarezcan plenamente” y solicitaron a las autoridades que garanticen, tanto la vida como la seguridad física y emocional del padre Filiberto Velázquez Florencio.
Por separado, en otro comunicado, el Centro Minerva Bello “repudió la agresión en contra de nuestro director”.
Sostiene que la agresión no sólo es en contra del director, sino en contra de “quienes trabajamos, a pesar del clima de violencia generalizada, en la creación de mecanismos para la atención real y oportuna de las necesidades de las víctimas de la violencia, en aras de que puedan recuperar y desarrollar un proyecto de vida en condiciones dignas y seguras”.
Los integrantes del Centro Minerva Bello pidieron al Estado mexicano crear las condiciones necesarias de seguridad, para el efectivo goce y disfrute “del derecho a defender nuestros derechos”.
Exigieron a las autoridades que realicen las investigaciones necesarias, para dar con los responsables de estos hechos, “y que el reprobable acto no quede impune”.
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, organizaciones sociales y sindicales, y estudiantes de la escuela participaron en la Asamblea Nacional Popular llevada a cabo el sábado en el comedor del plantel ubicado en las afueras de Tixtla Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez / Redacción
Chilpancingo
En la Asamblea Nacional Popular (ANP), que se realizó el sábado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los padres de los 43 desaparecidos informaron que ven un panorama “complicado”, y de un probable rompimiento con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Además, en un comunicado el Comité de Madres y Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa exhortaron a las organizaciones sociales a converger en una gran asamblea porque en el país sigue habiendo millones de pobres, el gobierno federal implementa programas sociales asistencialistas buscando votos, la violencia contra la mujer y las desapariciones aumentan y los grupos delictivos azotan varias regiones del país.
Este sábado, a las 12:40 del día, en el comedor de la escuela ubicado en Ayotzinapa, municipio de Tixtla, se realizó una reunión encabezada por los padres de los estudiantes desaparecidos y por organizaciones sociales.
En declaraciones, el abogado de las madres y padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, informó que entre los puntos que se trataron en la asamblea fue la exigencia de que se continúen las mesas de trabajo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Además, dijo que hicieron un balance de cómo va el caso por los 43, “se hará un balance de qué es lo que tienen que hacer como movimiento para fortalecer la demanda de los padres y cómo rearticular el movimiento a nivel nacional”.
En la reunión se plantearon algunas salidas en el estado de Guerrero y a nivel nacional; asimismo, se trazó que se realice un encuentro nacional en mayo para ver si se logra articular el movimiento por los 43 alumnos.
Dijo que los padres de los 43 desaparecidos ven un panorama “complicado”, y de un probable rompimiento con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y en los meses junio o julio probablemente se estarían movilizando.
–¿A qué se debe este rompimiento con el gobierno federal?, se le preguntó.
–Por los nulos avances del caso por los 43. Se va a iniciar una jornada de lucha y justamente para estar en condiciones de ese indicio es que se plantea este encuentro en la Ciudad de México.
En cuanto a las mesas de trabajo con López Obrador, el abogado de los padres y madres dijo que están pendiente porque no se han establecido.
En la asamblea también acordaron visitar a las organizaciones sociales en Guerrero y en otros estados del país, para invitarlos a que se unan a la lucha, “vamos a hacer un recorrido en los próximos meses”, destacó Vidulfo Rosales.
A la reunión acudieron integrantes de las organizaciones del Sindicato de Telefonistas, CETEG y del Colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa, así como alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Al finalizar los presentes corearon: “Ayotzi vive, la lucha sigue”, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y entonaron el himno Venceremos; posteriormente se dio por concluida la reunión.
La lucha de las madres y padres de los 43 en el contexto nacional
Más tarde, mediante un comunicado, el Comité de Madres y Padres de los 43 expusieron que en su lucha no pueden evitar analizar el contexto nacional, y argumentaron que en el país sigue habiendo millones de pobres, mientras unos pocos tienen mucho, “la mayoría nos debatimos entre la miseria y la exclusión social, el gran capital es el beneficiario de siempre, sigue acumulando riquezas y esquilmando los bienes naturales de nuestro país”.
Manifestaron que poco han servido los programas sociales del gobierno, porque en realidad, “es un nuevo asistencialismo que cautiva votos para mantener en el poder a la clase política en turno”.
Señalaron que el gobierno federal no ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, porque el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sólo inició algunas consultas que dejó truncas sin que se presentara ninguna iniciativa hasta el día de hoy.
Expresaron que la violencia contra las mujeres crece exponencialmente sin que haya acciones y políticas del gobierno contundentes para revertirlas, y que las desapariciones son un lastre social que continúan, y “suman más de 100 mil en el país, tan sólo en este gobierno (del presidente Andrés Manuel López Obrador) van más de 30 mil”.
Denunciaron que la violencia generada por los grupos delictivos azota varias regiones del país, y zonas completas están bajo su imperio, donde “imponen su ley a sangre y fuego, enlutando los hogares de los más pobres”.
Reprocharon que la educación pública se sigue debilitando, porque la reforma educativa no favorece a las maestras y los maestros, las normales públicas continúan en precariedad, y las normales rurales padecen aún la persecución y la represión, con políticas que buscan su exterminio y cierre definitivo.
El Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos afirmó que como en anteriores gobiernos, el actual ha dejado en manos de los militares las tareas de seguridad pública, se les ha dado facultades legales y constitucionales para que contengan la violencia, pero sobre todo para meter “en cintura a los inconformes e insumisos”.
La derecha toma las calles y desplaza a los movimientos sociales de izquierda, dicen
“Es un gobierno con casaca progresista y con bayoneta militar para acallar los que disienten, a los pobres e inconformes”, indicaron.
Argumentó que, por el contrario, el movimiento social está disperso y a la deriva, “aletargado y anquilosado en una ficticia transformación”, mientras la “derecha” retoma demandas sociales como los derechos de las mujeres, la exigencia de contrapeso institucional, toma calles y plazas públicas desplazando a movimientos sociales de izquierda de su quehacer y ruta.
Sostuvo que por ello, es indispensable reorganizarse, tender puentes fraternos de diálogo y entendimiento entre organizaciones sociales y hermanos de clase.
Exhortó a realizar esfuerzos unitarios que permitan converger en una gran asamblea en la que se analice, discuta y ponga en el centro los objetivos, ejes y plan de lucha.
“Es hora de retomar nuestro papel histórico, elevar la lucha de clases e impulsar el caminar del pueblo hacia una patria nueva donde haya pan, techo, verdad y justicia para los de abajo”, expusieron.
Agradeció el apoyo en los más de ocho años de lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y afirmó que los padres y madres continúan con dignidad a toda prueba, “ni gobiernos, ni caciques, ni mercenarios podrán detener nuestros pasos combativos. Tengan la seguridad que iremos hacia adelante, no nos detendremos y más temprano que tarde la verdad y justicia llegarán”.
Añadió que son dolorosas las pérdidas irreparables de madres y padres como Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno, Ezequiel Mora y Tomás Ramírez, pero el amor a sus hijos y el espíritu inclaudicable de sus compañeros que se quedaron en el camino los animan a seguir en su exigencia.
Arriba:?Maestros de la CETEG protestan durante la conmemoración de ocho años del desalojo que cometió la Polícía Federal en el bulevar de Las Naciones, donde murió el maestro Claudio Castillo Peña. Abajo: Los docentes durante la marcha en la avenida Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), alumnos de la Normal de Ayotzinapa y organizaciones sociales marcharon por el bulevar de Las Naciones para conmemorar los ocho años del desalojo por parte de la Policía Federal, donde murió el maestro jubilado Claudio Castillo Peña.
Durante el mitin de la CETEG y organizaciones, en el lugar donde se realizó el desalojo violento hace ocho años, los oradores exigieron justicia para el maestro jubilado y resultados en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Uno de los padres de los normalistas lamentó que, a cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no haya resultados en la investigación para encontrarlos, cuando la promesa fue dar con el paradero de los estudiantes.
Dijo que las investigaciones siguen igual que con el ex presidente Enrique Peña Nieto y que como padres quieren saber dónde están sus hijos, que pasan los años y López Obrador ya va a salir, “no vemos nada claro”. Subrayó que continuarán buscando a sus hijos, porque “a nuestros hijos se los llevaron vivos y por eso los queremos de regresos vivos. Ya es bastante tiempo para que nada más nos sigan engañando”. Dijo que quieren que se los entreguen “porque ellos saben dónde los tienen”.
Durante la marcha, los manifestantes también pidieron la eliminación de la ley de la Usicamm, porque es retrógada y viola los derechos de los trabajadores de la educación; la liberación de los contratos de los docentes y los pagos de horas a los maestros de secundaria federal y técnica.
Uno de los alumnos de Ayotzinapa, en su mensaje, dijo que no hay avances en la investigación del paradero de sus compañeros, por lo que van a seguir marchando para exigir justicia, que no salen por protagonismo, sino por la exigencia de saber dónde están sus compañeros.
Los casi 200 manifestantes salieron del entronque de la autopista Metlapil para llegar frente a la Cruz Roja, lugar donde fue el desalojo que dejó la muerte del maestro jubilado y a muchos más heridos.
En declaraciones, el dirigente de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, dijo que exigen justicia por los hechos del 24 de febrero de 2015 y que los responsables tienen nombre y apellido, como es quien fue el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, del gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Enrique Miranda Nava, “quien hacía el trabajo sucio”.
Dijo que marchan cada 24 de febrero, para que no se quede en el olvido “esa brutal represión” en contra del magisterio democrático y las organizaciones sociales. Agregó que en esa marcha, además de exigir justicia, estaba implícita la reivindicación de todas las demandas que tienen, como que se eche abajo la ley de la Usicamm, porque “es retrógada, que no aporta al profesionalismo ni mejora al magisterio en la parte laboral y tampoco se ha visto que en la parte educativa haya un impacto que podamos palpar, que haya una estrategia pedagógica para poder cambiar el entorno de Guerrero en la parte educativa”.
Además, piden el ingreso a la nómina federal de los trabajadores que todavía faltan, pues recuerda que en esa ocasión marcharon porque más de 17 mil trabajadores habían quedado fuera, y es la fecha que todavía hay fuera de ese fondo, fuera del presupuesto, por lo que es una demanda permanente.
Mientras que el representante de la comisión política en Costa Grande, Manuel Salvador Rosas Zúñiga, manifestó que hacían un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque ya tiene semanas pidiendo la atención directa del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, porque no se ha podido concretar una fecha para dar seguimiento a las demandas.
“Pedimos a la gobernadora que regrese a ver esta representación sindical, que regrese a ver a su equipo de funcionarios, porque no se han concretado los compromisos para reparar la infraestructura educativa, como se hizo el compromiso”, señaló el dirigente.
Indicó que hay un rezago enorme en la entrega de plazas a las normales públicas y es algo que no se había visto nunca.
Añadió que no se puede seguir retrazando la entrega de plazas, porque por la falta de docentes ha hecho que haya escuelas cerradas y lo que se ve es que no hay disposición de las autoridades educativas, que sólo están generando más problemas por falta de atención.
Señaló el cetegista que falta empatía por parte de las autoridades de esta Cuarta Transformación y recordó que muchos de ellos lucharon para ello, pero lo que se ve es “que se tienen problemas que antes no se tenían. Hoy, que tenemos un gobierno del cual esperábamos respuestas concretas, lo que estamos viendo son dificultades provocadas por los mismos funcionarios”.
Rosas Zúñiga dijo que se están hablando de más de 20 mil horas adeudos de secundaria, que no se han pagado a los docentes que las tienen dando de hace años y señaló que el director de Personal les mandó a decir que no se van a pagar esas horas, porque no cumplen con el proceso de promoción. Entonces qué le van a decir a los compañeros que tienen desde hace ocho años dando esas clases y lo que se ve es la opacidad del gobierno.
Explicó que no hay transparencia y dijo que apenas se difundió una lista de educación indígena, donde se ve la poca transparencia y dejan mucho que desear las actuales autoridades.
La marcha, que duró casi dos horas, ocupó todo el carril que va de Metlapil hacia el aeropuerto, por lo que el otro carril se habilitó en doble sentido. Participaron en la marcha también maestros de la UPN e integrantes del frente de organizaciones sociales.
Los manifestantes finalizaron con el himno Venceremos y colocaron una corona floral y ramos de rosas rojas en el lugar donde murió el maestro Claudio Castillo, durante el desalojo perpetrado por la Policía Federal, cuando los maestros bloqueaban el bulevar de Las Naciones, frente a la Cruz Roja, para exigir la apertura de la mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación, pues en ese momento la situación era muy álgida por la aplicación de la Reforma Educativa de Peña Nieto. Los manifestantes finalizaron gritando: “Claudio vive, la lucha sigue” y dejaron libre el carril poco después de las 2 de la tarde.
Arriba, normalistas de la FECSM bloquearon la Autopista del Sol en Chilpancingo para celebrar una misa católica para sus compan?eros Gabriel Echeverría de Jesu?s y Alexis Herrera Pino, asesinados el 12 de diciembre de 2011 durante un desalojo en ese lugar. Abajo un estudiante sale por un boquete del edificio del PRD estatal, que los jóvenes abrieron con un pico al momento de protestar Foto: Lenin Ocampo Torres
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Al cumplirse 11 años de las ejecuciones de los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dos alumnos fueron heridos a balazos y dos más están desaparecidos, luego de que agentes de la Policía Estatal les dispararon al querer quitarles vehículos, se reportaron cuatro policías retenidos tras una jornada en la que los alumnos incenciaron la sede del PRD estatal.
El ataque ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche cuando los alumnos se dirigían a la Normal Rural y en la localidad de Metlalapa, municipio de Tixtla, fueron interceptados por policías estatales, quienes dispararon con arma de fuego directamente al autobús en el que viajaban alumnos de la escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, según quedó grabado en un video difundido ayer.
El vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega informó que los policías dispararon al autobús, bajaron a golpes a los jóvenes lo que ocasionó que algunos resultaran heridos, otros corrieron para tratar de protegerse.
En tanto, dos policías lograron quitarles a los alumnos un carro del Inegi que los normalistas se llevaron en una marcha en Chilpancingo, así como un tráiler.
Con cohetones los alumnos incendiaron el coche, y durante ese tiempo los policías dispararon con sus armas a los jóvenes quienes respondieron con piedras y bombas molotov.
El ataque se prolongó casi hasta las 8 de la noche, reporteros llegaron a cubrir los hechos pero los policías estatales no permitieron que pasaran, “porque ensuciarían la escena”, argumentaron, además, a algunos les dijeron que eran delincuentes.
Al pasar por el túnel de Metlalapa se observó el carro incendiado del Inegi y una bala percutida, de acuerdo con los testigos había más, pero los agentes de la Policía Estatal las recogieron para borrar las evidencias.
Dos policías que se escondieron bajaron del cerro y fueron atendidos por sus compañeros, que los trasladaron en una ambulancia para su atención médica.
Los alumnos agredieron, dice la Secretaría de Seguridad
En un comunicado, “la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informa que, la tarde de este lunes un grupo de jóvenes, presuntamente estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, agredieron con piedras y bombas molotov a elementos de la Policía Estatal, quienes iban a bordo de dos patrullas sobre el libramiento a Tixtla resultando un elemento lesionado y cuatro más retenidos”.
Se detalló que aproximadamente a las 7:25 de la noche, dos patrullas de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal circulaban por dicho libramiento, cuando fueron interceptados y chocados de frente por un autobús de pasajeros, en el cual se trasladaban presuntos estudiantes.
En este hecho resultó un elemento lesionado, quien fue trasladado a un hospital para su atención médica. Además de los cuatro policías estatales retenidos, este grupo tiene también bajo su poder un tráiler y una camioneta con su conductor.
“La Secretaría de Seguridad Pública Estatal rechaza de forma contundente está agresión y exige se respeten las garantías de los compañeros policías”, difundió.
La marcha
Antes de las agresiones en la carretera, en la ciudad Chilpancingo unos mil manifestantes salieron en marcha del monumento a Nicolás Bravo en la avenida Insurgentes, al frente llevaban dos coronas de flores, dos ataúdes de cartón y tres monigotes, uno de los cuales representaba al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien acusan de los asesinatos de Gabriel y Alexis.
Entre las organizaciones estuvieron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), Los Olvidados de Ayotzinapa y familiares de desaparecidos.
A su paso los alumnos de Ayotzinapa realizaron pintas y repartieron volantes en los que se dio a conocer lo que ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cuando Aguirre Rivero mandó a “limpiar” la autopista, y en un desalojo violento asesinaron a dos normalistas.
Los destrozos en el PRD
Al llegar la marcha a las oficinas del PRD estatal los alumnos intentaron abrir con un marro y barreta la puerta, pero no lo lograron, por lo que hicieron un hoyo en la pared para ingresar. Además realizaron pintas en la fachada del lugar.
Al ingresar los jóvenes lanzaron cohetones, quemaron papelería y rompieron ventanas, equipo de cómputo entre otras cosas. Durante la acción los alumnos no permitieron que la prensa tomara fotos o videos, colocaron lonas y las quitaron cuando se retiraron.
Los bomberos llegaron a las oficinas y sofocaron el incendio. Al ingresar se observó que los alumnos realizaron también pintas con aerosol en las que se leía “asesinos” y “Ayotzi vive”.
La marcha avanzó hasta llegar al antimonumento ubicado en la avenida Lazaron Cárdenas, ahí en un mitin exigieron la presentación con vida de los 43 alumnos desaparecidos en Iguala.
El crimen está quedando en la impunidad, reclaman en el bloqueo a la autopista
A las 3 de la tarde el contingente llegó al parador del Marqués donde están las cruces de los normalistas ejecutados en el 2011 cuando era gobernador por el PRD Ángel Aguirre Rivero.
“Ayotzia vive, la lucha sigue”, “Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, “Ni con tanques ni metrallas Ayotzi no se calla”, corearon los alumnos y las organizaciones sociales.
En una misa que ofició el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de violencia Minervina Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Vázquez Florencio dijo que cuando las autoridades estatales utilizaron esa fuerza no midieron las consecuencias y deshumanizaron la vida de estos estudiantes.
“Porque pareciera que la vida de un estudiante no tiene valor humano para los poderosos, por lo que es tan fácil asesinar a uno como desparecer a otros y no pasa nada. Esta historia se sigue repitiendo en el normalismo rural”, manifestó.
Vázquez Florencio externó que este día era de unión y grito para decir que están en contra del sistema, “que no haya ni un normalista más que tenga que dar la vida por un derecho que se supone que ya lo tienen adquirido”.
En su participación, el abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario externó que también se cumplieron más de ocho años de la desaparición forzada de los 43 alumnos de Ayotzinapa, y que el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús está quedando en la impunidad.
“Por los hechos ocurridos en el 2011 no hay ningún responsable detenido, pese a que se hizo una reconstrucción de los hechos en la que participaron las corporaciones policiacas en ese desalojo violento”, destacó.
Mencionó que dos agentes de la Policía Ministerial fueron detenidos y más tarde fueron liberados tras ganar un amparo, “el asesinato de los dos compañeros está quedando en la impunidad”.
Al concluir el mitin los alumnos prendieron fuego a los tres monigotes, entonaron el himno Venceremos, se retiraron del lugar y se dirigieron a Tixtla, en el camino retuvieron un automóvil del Inegi y un tráiler con provisiones de comida, fue entonces que los atacaron los policías.
En un video difundido por los alumnos y fotografías se observó que fueron los agentes de la Policía Estatal los que atacaron a balazos al autobús en el que viajaban los normalistas.
Disparan policías a normalistas en Tixtla; hay dos heridos y dos desaparecidos, afirman
Seguridad Pública dice que los jóvenes agredieron a los agentes, que éstos sólo dispararon al aire e informa que hay un elemento lesionado y cuatro más retenidos. El ataque ocurre cuando salieron de Chilpancingo tras una protesta en la que destruyeron las oficinas del PRD estatal para exigir justicia para los asesinados Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría. En su camino a Ayotzinapa incendian un coche, los policías dispararon y los estudiantes respondieron con piedras y bombas molotov
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Arriba, normalistas de la FECSM bloquearon la Autopista del Sol en Chilpancingo para celebrar una misa católica para sus compan?eros Gabriel Echeverría de Jesu?s y Alexis Herrera Pino, asesinados el 12 de diciembre de 2011 durante un desalojo en ese lugar. Abajo un estudiante sale por un boquete del edificio del PRD estatal, que los jóvenes abrieron con un pico al momento de protestar Foto: Lenin Ocampo Torres
Al cumplirse 11 años de las ejecuciones de los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dos alumnos fueron heridos a balazos y dos más están desaparecidos, luego de que agentes de la Policía Estatal les dispararon al querer quitarles vehículos, se reportaron cuatro policías retenidos tras una jornada en la que los alumnos incenciaron la sede del PRD estatal.
El ataque ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche cuando los alumnos se dirigían a la Normal Rural y en la localidad de Metlalapa, municipio de Tixtla, fueron interceptados por policías estatales, quienes dispararon con arma de fuego directamente al autobús en el que viajaban alumnos de la escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, según quedó grabado en un video difundido ayer.
El vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega informó que los policías dispararon al autobús, bajaron a golpes a los jóvenes lo que ocasionó que algunos resultaran heridos, otros corrieron para tratar de protegerse.
En tanto, dos policías lograron quitarles a los alumnos un carro del Inegi que los normalistas se llevaron en una marcha en Chilpancingo, así como un tráiler.
Con cohetones los alumnos incendiaron el coche, y durante ese tiempo los policías dispararon con sus armas a los jóvenes quienes respondieron con piedras y bombas molotov.
El ataque se prolongó casi hasta las 8 de la noche, reporteros llegaron a cubrir los hechos pero los policías estatales no permitieron que pasaran, “porque ensuciarían la escena”, argumentaron, además, a algunos les dijeron que eran delincuentes.
Al pasar por el túnel de Metlalapa se observó el carro incendiado del Inegi y una bala percutida, de acuerdo con los testigos había más, pero los agentes de la Policía Estatal las recogieron para borrar las evidencias.
Dos policías que se escondieron bajaron del cerro y fueron atendidos por sus compañeros, que los trasladaron en una ambulancia para su atención médica.
Los alumnos agredieron, dice la Secretaría de Seguridad
En un comunicado, “la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informa que, la tarde de este lunes un grupo de jóvenes, presuntamente estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, agredieron con piedras y bombas molotov a elementos de la Policía Estatal, quienes iban a bordo de dos patrullas sobre el libramiento a Tixtla resultando un elemento lesionado y cuatro más retenidos”.
Se detalló que aproximadamente a las 7:25 de la noche, dos patrullas de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal circulaban por dicho libramiento, cuando fueron interceptados y chocados de frente por un autobús de pasajeros, en el cual se trasladaban presuntos estudiantes.
En este hecho resultó un elemento lesionado, quien fue trasladado a un hospital para su atención médica. Además de los cuatro policías estatales retenidos, este grupo tiene también bajo su poder un tráiler y una camioneta con su conductor.
“La Secretaría de Seguridad Pública Estatal rechaza de forma contundente está agresión y exige se respeten las garantías de los compañeros policías”, difundió.
La marcha
Antes de las agresiones en la carretera, en la ciudad Chilpancingo unos mil manifestantes salieron en marcha del monumento a Nicolás Bravo en la avenida Insurgentes, al frente llevaban dos coronas de flores, dos ataúdes de cartón y tres monigotes, uno de los cuales representaba al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien acusan de los asesinatos de Gabriel y Alexis.
Entre las organizaciones estuvieron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), Los Olvidados de Ayotzinapa y familiares de desaparecidos.
A su paso los alumnos de Ayotzinapa realizaron pintas y repartieron volantes en los que se dio a conocer lo que ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cuando Aguirre Rivero mandó a “limpiar” la autopista, y en un desalojo violento asesinaron a dos normalistas.
Los destrozos en el PRD
Al llegar la marcha a las oficinas del PRD estatal los alumnos intentaron abrir con un marro y barreta la puerta, pero no lo lograron, por lo que hicieron un hoyo en la pared para ingresar. Además realizaron pintas en la fachada del lugar.
Al ingresar los jóvenes lanzaron cohetones, quemaron papelería y rompieron ventanas, equipo de cómputo entre otras cosas. Durante la acción los alumnos no permitieron que la prensa tomara fotos o videos, colocaron lonas y las quitaron cuando se retiraron.
Los bomberos llegaron a las oficinas y sofocaron el incendio. Al ingresar se observó que los alumnos realizaron también pintas con aerosol en las que se leía “asesinos” y “Ayotzi vive”.
La marcha avanzó hasta llegar al antimonumento ubicado en la avenida Lazaron Cárdenas, ahí en un mitin exigieron la presentación con vida de los 43 alumnos desaparecidos en Iguala.
El crimen está quedando en la impunidad, reclaman en el bloqueo a la autopista
A las 3 de la tarde el contingente llegó al parador del Marqués donde están las cruces de los normalistas ejecutados en el 2011 cuando era gobernador por el PRD Ángel Aguirre Rivero.
“Ayotzia vive, la lucha sigue”, “Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, “Ni con tanques ni metrallas Ayotzi no se calla”, corearon los alumnos y las organizaciones sociales.
En una misa que ofició el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de violencia Minervina Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Vázquez Florencio dijo que cuando las autoridades estatales utilizaron esa fuerza no midieron las consecuencias y deshumanizaron la vida de estos estudiantes.
“Porque pareciera que la vida de un estudiante no tiene valor humano para los poderosos, por lo que es tan fácil asesinar a uno como desparecer a otros y no pasa nada. Esta historia se sigue repitiendo en el normalismo rural”, manifestó.
Vázquez Florencio externó que este día era de unión y grito para decir que están en contra del sistema, “que no haya ni un normalista más que tenga que dar la vida por un derecho que se supone que ya lo tienen adquirido”.
En su participación, el abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario externó que también se cumplieron más de ocho años de la desaparición forzada de los 43 alumnos de Ayotzinapa, y que el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús está quedando en la impunidad.
“Por los hechos ocurridos en el 2011 no hay ningún responsable detenido, pese a que se hizo una reconstrucción de los hechos en la que participaron las corporaciones policiacas en ese desalojo violento”, destacó.
Mencionó que dos agentes de la Policía Ministerial fueron detenidos y más tarde fueron liberados tras ganar un amparo, “el asesinato de los dos compañeros está quedando en la impunidad”.
Al concluir el mitin los alumnos prendieron fuego a los tres monigotes, entonaron el himno Venceremos, se retiraron del lugar y se dirigieron a Tixtla, en el camino retuvieron un automóvil del Inegi y un tráiler con provisiones de comida, fue entonces que los atacaron los policías.
En un video difundido por los alumnos y fotografías se observó que fueron los agentes de la Policía Estatal los que atacaron a balazos al autobús en el que viajaban los normalistas.
La autoridad está rebasada, dice el dirigente estatal del PRD tras destrozos de normalistas
“Guerrero vive una situación de anarquía”, según Alberto Catalán. “El estado se sigue cayendo a pedazos”, afirma el presidente del Consejo Estatal, Mario Ruiz Valencia
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
“Guerrero vive una situación de anarquía, donde el Estado de derecho no existe, y la autoridad es rebasada una y otra vez”, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, horas después de que estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa abrieron un boquete en la pared de las oficinas estatales de ese partido en Chilpancingo y lanzaron cohetones al interior.
También, reprochó que buscó comunicarse con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, vía telefónica y por mensajes pero no le respondió, afirmó que se comunicó con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, quien sólo le dijo que estaría atenta.
Además, el presidente del Consejo Estatal del PRD, Mario Ruiz Valencia llamó al gobierno estatal a ponerse a “gobernar, que dejen de simular, todos los días hacen como que hacen y no hacen absolutamente nada, se la pasan de pachanga en pachanga y el estado se sigue cayendo a pedazos”.
Este lunes minutos después de las 6 de la tarde, en conferencia de prensa luego de que normalistas de Ayotzinapa abrieron un boquete en la pared de las oficinas del PRD estatal en Chilpancingo y lanzaran cohetones al interior, afuera del inmueble ubicado en la avenida Miguel Alemán, Alberto Catalán Bastida afirmó que su partido no tiene nada que ver con el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echevería de Jesús el 12 de diciembre del 2011.
“En aquel tiempo como ustedes saben fue la Policía Federal quien arremetió en contra de los normalistas y sus actos de protesta”, dijo.
“Rechazamos la actitud omisa de las autoridades estatales y municipales que declinaron intervenir ante la flagrancia de la agresión a la sede del PRD, como ustedes fueron testigos, fueron más de 35 o 40 minutos en los que con toda impunidad este grupo de seudoestudiantes estuvieron aquí tratando de abrir la puerta de estas instalaciones, no pudieron y tuvieron que hacer un hoyo en la pared para ingresar y vandalizar estas oficinas”, declaró.
Dijo que año con año “la impunidad brinda cobertura a los normalistas y a cada uno de sus actos violentos. Advertimos que si estos hechos ocurren es porque se permiten, porque las autoridades no han asumido su papel”.
Aseguró que la agresión le confirma “que Guerrero vive una situación de anarquía, donde el estado de Derecho no existe, que la autoridad es rebasada una y otra vez”.
Argumentó que el pasado viernes la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada al sur de la ciudad, también “fue atacada” por
los normalistas, y el domingo “se apoderaron por un par de horas de la Autopista del Sol”.
“¿Qué se sigue, cuál será su siguiente atentado, la autoridad competente seguirá permitiendo está barbarie?”, preguntó Catalán Bastida.
Señaló que el movimiento estudiantil de Ayotzinapa ha tomado “un rumbo distinto al de su fundación. Distintos intereses políticos han atentado contra la identidad y la verdadera lucha estudiantil. El fruto de sus malas decisiones consiste en el repudio de la ciudadanía hacia su movimiento y la falta de credibilidad hacia todo lo que dicen representar”.
Sostuvo que “los actos vandálicos” son parte de una “turbulencia política” y que los ataques constantes a la imagen de su partido, “son acciones desesperadas por opacar la amplia representación política y la fuerza” que tiene en Guerrero.
“El PRD de Guerrero está exento de toda culpa, no tiene facultades para impartir justicia ni mucho menos es la instancia de dar con los responsables de ningún delito”, mencionó.
Dijo que la autoridad estatal debe asumir su papel y dejar “de ser inoperante ante estos tipos de actos vandálicos”.
Al dirigente estatal se le preguntó si ya habían cuantificado las pérdidas por los daños, respondió que aún no porque su abogado les recomendó esperar a que se levanten las actas para después cuantificar los daños.
Aseguró que han destrozado sus instalaciones en cinco ocasiones, lo que significa “una suma cuantiosa de dinero, millones de pesos hemos destinado en remodelar las oficinas una y otra vez, ¿quién se hace responsable de estos gastos, quiénes lo pagan?, somos nosotros los que tenemos que hacer frente ante esta situación”.
Indicó que el Jurídico del partido ya se presentó ante la FGE, y que sería en el transcurso de la noche o posiblemente este martes cuando se revise y se levanten las actas correspondientes ante el Ministerio Público.
Reprochó que estuvo buscando comunicarse con Ludwig Marcial Reynoso vía telefónica y mensajes pero hasta ese momento aún no se había comunicado con él, “tuve oportunidad de comentarle a la gobernadora (durante el ataque) nos comentó que estaría atenta de esta circunstancia, pero aquí están los resultados de no tener ninguna estrategia o protocolo para evitar que estas circunstancias ocurran”.
Catalán Bastida mencionó que no encuentran lógica en la consigna de dañar sus instalaciones, sólo “porque el gobernador en ese momento (del asesinato de los dos estudiantes en 2011) era Ángel Aguirre Rivero”, añadió que son un partido con vigencia que ha gobernado durante dos periodos en Guerrero, pero “no podemos asumir la responsabilidad por las cosas que pasaron en su momento y que era responsabilidad del gobernante en turno”.
“Es un acto de terrorismo”
Por su parte, el presidente del Consejo Estatal del PRD, Mario Ruiz Valencia acusó que los estudiantes realizaron “un acto de terrorismo”, debido a las “explosiones que se llevaron a cabo dentro de las instalaciones, “hay fotografías donde se demuestra cómo explotaron las bombas y entonces es lo único que le faltaba a Guerrero”.
Afirmó que el estado “se está cayendo a pedazos”, y que “más allá del daño y el perjuicio que le hicieron al edificio no pensaron en las vidas que se pusieron en riesgo”, porque a un costado hay un negocio de venta comida, “tienen tanques de gas y las explosiones pudieron haber generado cosas peores”.
Llamó al gobierno estatal a ponerse a “gobernar, que dejen de simular, todos los días hacen como que hacen y no hacen absolutamente nada, se la pasan de pachanga en pachanga y el estado se sigue cayendo a pedazos”.
“No estamos ni estaremos jamás en contra de las luchas sociales, pero se les ha desvirtuado el camino a los muchachos. Hoy vemos a un movimiento infiltrado, a un movimiento que va más allá de la lucha social y que solamente les interesan los actos protagónicos de violencia”, mencionó.
Sostuvo que los jóvenes estudiantes sabían a lo que iban y que no podrían abrir la puerta, por eso “traían herramientas para hacer este boquete en la pared”.
Ruiz Valencia expuso que “hay un señalamiento directo contra el PRD, hay alguien que mueve la cuna. Es cuando nosotros decimos basta ya de este tipo de situaciones”.
Aseguró que es la quinta ocasión que vandalizan sus oficinas, y que siempre tienen que dejar otras actividades partidistas para pagar las cosas materiales “que vienen a deshacer”.
Agregó, “mañana y pasado si se les vuelve a ocurrir a hacerlo, los niños ya saben que nadie les hace nada. Aquí hay una alta irresponsabilidad de la gente que se encarga de cuidar el orden, más de una hora estuvieron aquí golpeando la puerta y todos fueron testigos, está grabado. ¿Ustedes creen que en esa hora no pudieron las autoridades venir a disuadir a la gente que estaba ocasionando este daño? por supuesto que sí, está claro que no lo quisieron hacer”.
Reiteró su llamado al gobierno del estado “a que se pongan a gobernar, que dejen de simular, aunque sea que hagan un 10 por ciento de lo que se dedicaron a ofertar y engañar en las campañas políticas, es ahora o nunca, tienen que entenderlo, esto es un acto que nunca antes había pasado y que ojalá nunca vuelva a suceder”.
En la conferencia también estuvieron el secretario de Planeación Estratégica, Jesús Guatemala Aguilar; el de Gobierno y Asuntos Políticos, Eleazar Sierra Oropeza; el vicepresidente del Consejo Estatal, Marco Antonio Organiz; el secretario de Asuntos Electorales y Alianzas, Moisés Acevedo Rodríguez; y el coordinador de Patrimonio, Jesús Basilio Goitia.
Unos 150 miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) marcharon en la capital para exigir a las autoridades el esclarecimiento de la muerte del egresado de la Normal de Ayotzinapa, Fidel Benítez Rodríguez y conmemorar su octavo aniversario luctuoso.
Cerca del mediodía, los integrantes de la APPG marcharon de Palacio de Gobierno a la gasolinera Eva Tres, en la salida sur de la capital, en el crucero de la carretera federal a Acapulco y la Autopsita del Sol, donde el 12 de diciembre de 2011 también fueron reprimidos los normalistas de Ayotzinapa.
Los manifestantes portaban una lona en la que se leía: “APPG nos solidarizamos con la Normal de Ayotzinapa y con el equipo de Los Avispones, ¡cárcel a los asesinos! ¡presentación con vida de los desaparecidos!”, en referencia a los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron asesinados los normalistas Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, el jugador de 15 años del equipo de futbol Los Avispones, David Josué García Evangelista, el chofer del camión del equipo, Víctor Manuel Lugo Ortiz, la pasajera de un taxi, Blanca Montiel Sánchez y 43 normalistas desaparecidos.
Durante el recorrido sobre los carriles norte a sur del bulevar Vicente Guerrero, los manifestantes entonaron el himno Venceremos y se manifestaron de manera simbólica frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde fue encontrado el cadáver de Fidel Benítez el 26 de diciembre de 2008, quien según las autoridades murió en un accidente automovilístico.
El dirigen Nicolás Chávez Adame, exigió el esclarecimiento de la muerte de Fidel Benítez, ya que la organización desconfía del informe de la Fiscalía, antes Procuraduría.
Miembros de organizaciones sociales que integran la Coordinadora Estatal de la Otra Campaña realizaron la tarde de ayer una campaña de propaganda en la Autopista del Sol en la caseta de cobro de Palo Blanco, como parte del llamado del subcomandante Marcos del EZLN para exigir la libertad de los detenidos en San Salvador Atenco.
Mientras tanto dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Unión de Selvicultores de la Región Centro, Asociación Tierra y Libertad y Comuneros de Teloloapan, acordaron por la mañana sumarse a partir de este lunes a los bloqueos convocados en todo el país por el subcomandante Marcos para exigir la libertad de los detenidos de San Salvador Atenco.
Poco después de las 4 de la tarde unos 150 integrantes de organizaciones como el Frente de Defensa Popular (FDP) y del Frente Popular Revolucionario (FPR), organizaciones integrantes de la Otra Campaña se trasladaron a la caseta de cobro de la Autopista del Sol, en Palo Blanco, en donde distribuyeron propaganda en la que se exige la libertad de los presos políticos que fueron aprehendidos durante los hechos de violencia del 3 y 4 de mayo en Texcoco y en San Salvado Atenco.
Mientras tanto por la mañana en conferencia de prensa, el dirigente del FODEG, Pedro Nava Rodríguez, quien encabezó a otro grupo de organizaciones, dijo que: “a partir de ahora estaremos atentos a cualquier nueva acción de represión de los gobiernos federal o estatal en contra de los compañeros de otras organizaciones”.
Informó que aquí en Guerrero podrían ser víctimas de acciones violencia por el gobierno federal y estatal, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los campesinos opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota.
“El gobierno federal ya fue con los obreros de Sicartsa, en Michoacán, con los floricultores y con los ejidatarios de San Salvador Atenco, en el estado de México y ahora seguramente se vendrá a Guerrero con los normalistas y con los ejidatarios de La Parota”, dijo.
Agregó que si no es así, “que el gobernador Zeferino Torreblanca lo diga; que se manifieste y diga algo, queremos conocer la opinión de un gobierno supuestamente democrático, sobre estos acontecimientos de represión que se están dando”, dijo Nava Rodríguez.
Mientras tanto el dirigente estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, Omar Delgado, dijo que el gobierno federal quiere revivir acontecimientos como el 2 de octubre de 1968, y añadió que también estarán atentos por lo que pueda ocurrir no sólo en contra de su escuela, sino en contra de otros movimientos que han estado amenazados por el gobierno federal y estatal como el de los campesinos que se oponen a La Parota.
