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Regresan a la Casa de Justicia de Cochoapa de la CRAC comunidades de Juchitán y Marquelia

 

Comunidades de Juchitán y Marquelia, se reintegraron el domingo a la Casa de Justicia de Cochoapa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la zona amuzga; y el sábado próximo, comunidades de Xochistlahuaca decidirán en asamblea si vuelven a la Casa de Justicia.
La desintegración de algunas comunidades de la Casa de Justicia de Cochoapa se dio luego de la inconformidad de las comunidades ante los manejos del ex coordinador Eliseo Villar Castillo, quien el 30 de abril fue detenido y encarcelado en el penal de La Cruces.
A tres meses de cumplirse el año de la detención de Villar Castillo los integrantes de la Casa de Justicia se ocupan en reagrupar a las comunidades que, en su mayoría, son de lengua amuzga.
El domingo por la mañana, representantes de las comunidades de El Aguacate y El Recodo, Juchitán, además de la comunidad de Nuevo Marquelia, Marquelia, se presentaron en la Casa de Justicia de Cochoapa, municipio de Ometepec, para solicitar su reingreso, que fue aceptado por los coordinadores de la organización.
Se informó que los policías comunitarios mantuvieron su labor en las comunidades luego de que fueron expulsados de la cabecera municipal en Juchitán, el 28 de septiembre de 2015, acusados de excesos contra la población, y donde desde el 24 de diciembre opera la Policía Ejidal creada por ganaderos para evitar el abigeato.
La tarde del domingo, en Xochistlahuaca se reunieron con representes de la Policía Comunitaria de las colonias Luis Donaldo Colosio y Llano del Carmen, quienes luego de dialogar con los representantes de la Casa de Justicia de Cochoapa, informaron que el sábado, en asamblea junto a otras comunidades decidirán si se reintegran.
A excepción de las comunidades de Guadalupe Victoria y Plan de Pierna, que fueron reintegradas el 24 de enero pasado a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC, las comunidades de Cozoyoapan, y Manantial Mojarra trabajan con la Casa de Justicia, y las otras dos comunidades acordarán en asamblea la tarde del sábado si se unen a la Casa de Justicia.

Solicita el alcalde de Ometepec a la CRAC de Cochoapa que deje de operar en la cabecera municipal

El coordinador de la Casa de Justicia de Cochoapa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) afín a Eliseo Villar Castillo, Rolando Romero informó que el alcalde perredista de Ometepec, Omar Estrada Bustos solicitó a la organización que deje de operar en la cabecera municipal.
Vía telefónica el coordinador dijo que el alcalde sostiene su exigencia en quejas y solicitudes de la población, pero manifestó que contrario al argumento del alcalde, comerciantes y vecinos que han sido víctimas de la delincuencia acuden a solicitar apoyo a la organización.
Agregó que buscan desde hace un mes una reunión con el alcalde, pero no hace caso a la solicitud, y reiteró un llamado al diálogo. Expuso que en Tlacoachistlahuaca hay coordinación con las autoridades del Ayuntamiento para la seguridad en las comunidades y la cabecera.
Dijo que desconoce el reingreso de las comunidades de Xochistlahuaca a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. El domingo, representantes de la Policía Comunitaria de Xochistlahuaca solicitaron en asamblea su reincorporación, en desacuerdo con los representantes de la Casa de Justicia de Cochoapa.

Propondrá la CRAC al Congreso una reforma a la Ley 701 o que la ratifique, dice Abad García

 

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Abad García informó que la institución planteará al Congreso local una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, o que la ratifique tal como está, para mantenerla vigente.
En consulta telefónica, dijo que buscan una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para conocer su postura sobre la Ley 701, y en las comunidades la Policía Comunitaria está levantando firmas de apoyo y actas de cabildo de los ayuntamientos de respaldo a la legislación estatal.
La ley estatal indica que, por sus funciones, la CRAC también es parte del sistema de seguridad pública del estado, pero la legislación podría quedar sin efecto debido a un artículo transitorio de la nueva Constitución del estado que indica que, a más tardar en abril de este año, se deben adecuar las leyes secundarias con la nueva legislación.
El dirigente de la CRAC adelantó que en la asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el 24 de enero, van a proponer acciones de protesta para evitar que en lo inmediato se derogue la legislación, así como para exigir la libertad de los presos de la CRAC recluidos en Ayutla de los Libres y en la Cuidad de México.
Aclaró que la amnistía que se planteó con el gobierno anterior, como posibilidad de la libertad de los detenidos, quedó rebasada, y la exigencia será por la libertad inmediata de 10 detenidos de manera arbitraria. Entre los presos de la CRAC están la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco.
Aunque la Ley 701 reconoce como autoridad a los integrantes de la CRAC, precisó que existen más de 100 averiguaciones previas en las que señalan a integrantes de la institución comunitaria, personas que se inconformaron con el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que es necesario volver a discutir la relación de respeto y coordinación que debe haber en las dos instancias.
En tanto, dijo que en los pueblos siguen trabajando en la unificación de la institución comunitaria, fraccionada por distintos liderazgos e intervenciones del Estado, y revisando la posibilidad de realizar foros de defensa de la Ley 701.
Para ello, también están buscando una relación con otros sistemas de seguridad que funcionan en el estado, pero cuando se le preguntó si hay comunicación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), solo confirmó que han tenido pláticas con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.
Sobre las reuniones del fin de semana, donde participaron representantes de Morena, aclaró que estos políticos están apoyando de manera externa, harán sus propuestas, pero la CRAC llevará su propio planteamiento a la mesa de trabajo con las autoridades estatales.

Convoca la CRAC a una asamblea el 23 en San Luis Acatlán para defender la Ley 701

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) convocó a una asamblea microrregional el 23 de diciembre en San Luis Acatlán, para tratar como único punto del orden del día la defensa de la Ley 701, que sería reformada por mandato constitucional a más tardar el 29 de abril de 2016, informó la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
En los artículos transitorios de la Constitución Política del estado de Guerrero, aprobada en 2014, se señaló un plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto “para hacer concordar las leyes locales con las nuevas disposiciones constitucionales”.
En este caso se encuentra la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena que se aprobó al final el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, que reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña, del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria, como un cuerpo de seguridad.
La Ley 701 establece que los órganos del poder público y los particulares deben respetar sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones “como actos de autoridad”, y que el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Incluso, dice que “la autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.
Coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán aseguraron que no van a permitir que se derogue o acote la legislación que concede facultades amplias a la CRAC. No obstante, reconocieron que esta asamblea se programó para el domingo 6 de diciembre y se pospuso para el 23, por falta de quórum.
En consulta telefónica sobre la asamblea, insistieron en que el Estado ha lanzado varias embestidas a la CRAC para destruir cualquier referente de organización de los pueblos, particularmente durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, para imponer los proyectos mineros autorizados en la región Costa-Montaña.
Se precisó que el punto único es la defensa de la Ley 701, pero de manera extraoficial se sabe que, a nivel interno se discute la posibilidad de cambiar a los coordinadores de la Casa Matriz, que cubrieron a los primeros electos en asamblea, entre ellos Eliseo Villar Castillo, separados de los cargos el año pasado, en medio de una fuerte confrontación interna.
La reunión microrregional, se informó, es de preparación para la asamblea regional que se celebrará a mediados de enero de 2016.