No acudió a Tlacoapa por desacuerdos, pero no hay división en la CRAC, dice la casa matriz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El coordinador y vocero de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, aclaró ayer que tres de las cinco casas de justicia no asistieron al aniversario de la institución comunitaria en Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, no por división, pero sí por desacuerdos en el programa.
El vocero de la casa Matriz expuso que la Casa de Justicia de Espino Blanco de última hora pretendió incluir en el programa la incorporación de una nueva Casa, la de Escalerilla San Juan, municipio de Zapotitlán Tablas, cuando aún no había sido aprobada por el resto.
Este sábado y domingo se celebró el 28 aniversario de la creación de la CRAC en la comunidad indígena de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, pero sólo asistieron autoridades de las Casas de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, Espino Blanco de Malinaltepec y la Casa de Enlace de San Juan Escalerilla, de Zapotitlán Tablas.
Entrevistado por teléfono ayer, el coordinador y vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera aseguró que no hay una división en la institución comunitaria, pero que sí hubo diferencias con respecto al programa.
Explicó que las cinco casas se reunieron antes para acordar el contenido del programa, pero que posteriormente los de Espino Blanco convocaron a una asamblea “de manera muy interna” debido a que les tocaba la organización por ser la sede, y en esa reunión acordaron cambiar el programa.
Concretamente dijo que de manera unilateral decidieron incluir en uno de los puntos el reconocimiento del Comité de Enlace de Escalerilla San Juan como Casa de Justicia, a pesar de que antes se había discutido el caso, y se llegó a la conclusión de que todavía no cumplía lo que establece el reglamento interno.
Sin embargo, dijo que los de Espino Blanco decidieron incluirlo, y que debido a ello las otras cuatro casas (incluida la de El Paraíso que asistió a la celebración) se manifestaron en contra, “porque por reglamento una casa no puede decidir lo que quiera, todo debe ser por acuerdo de todas las casas”.
Informó que derivado de ello las otras casas decidieron no asistir para que no se llegara a una discusión durante las actividades del aniversario, “porque no se trata de festejar un año más de la lucha que emprendieron los pueblos con esas discusiones internas”.
Informó que las casas en desacuerdo fijaron su postura por escrito de que no se estaba respetando el programa, y que “no vamos a caer en juegos de un grupo o de un interés que no va acorde con el sistema”.
Informó que la decisión de no asistir la tomaron por acuerdo de asamblea la Casa de Justicia de Caxitepec, municipio de Acatepec; los de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; los de San Luis Acatlán, así como los de El Paraíso, municipio de Ayutla, aunque dijo que estos debido a que ya habían repartido sus comisiones decidieron asistir, pero con la condición de que no se abordara el tema.
Informó que las autoridades de Espino Blanco cuando se enteraron de la reacción de las cuatro casas convocaron a otra asamblea en la que reviraron y acordaron que ya no iría el punto en la orden del día que estaba ocasionando discordia, pero dijo que ya era tarde, “convocar otra asamblea de autoridades en las otras casas ya era complicado y se decidió que lo hicieran ellos a su modo, en el entendido de que ya habían hecho gastos como anfitriones”.
Informó que hay un acuerdo de que van a convocar a una asamblea las cinco casas para analizar estos asuntos pendientes, que tienen que ver con los comités de enlaces.
Agregó que el Comité de Enlace de Escalerilla San Juan ya está integrado a la Casa de Justicia de Espino Blanco, pero que el reglamento dice que para ascender a Casa de Justicia tiene que cumplir más de tres años, y explicó que el Comité de Enlace de San Juan Escalerilla apenas está cumpliendo esos tres años, “pero hay una urgencia ahí de ascenderlos, y por eso hay una desconfianza del por qué les urge tanto aprobarla”.
Dijo que la CRAC apenas viene de un proceso de revisión y análisis del reglamento interno, “y no se puede violar así, nomás porque alguien así lo desee”.
Insistió en que en la asamblea previa se dijo que el caso del reconocimiento como Casa de Justicia de Escalerilla San Juan se tendría que esperar, y no incluirse su reconocimiento en el aniversario, “sino que se tendrían que ir valorando algunas cosas que nos están ocasionando roces”.
Explicó que hay muchos comentarios de la sociedad y documentos que están cuestionando a ese Comité de Enlace, “y son cuestiones que se tienen que revisar para no cometer errores de los que al rato nos estemos arrepintiendo por haber perdido el objetivo de la creación de la CRAC y su Policía Comunitaria”.
Sin embargo, insistió en que los comisarios de las comunidades de la Casa de Justicia de Espino Blanco tomaron la decisión por su cuenta de que el punto tendría que ir a fuerza, “y fue por eso que las otras casas decidieron no asistir para no generar una discusión en el aniversario”.

 

La consulta del IEPC sí escuchó a comunidades indígenas: CRAC

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera, dijo que los partidos políticos son los que se oponen a que los indígenas ejerzan sus derechos políticos, y por eso el Congreso local desestimó las propuestas que plantearon en la reciente consulta en materia electoral organizada por el IEPC.
En respuesta a la exclusión de las propuestas que hicieron los pueblos indígenas en esa consulta, dijo que sabían que los partidos políticos se iban a oponer a través de sus representantes en el Congreso.
Confirmó que una de estas propuestas que fueron desdeñadas es que ya no sea una simple constancia de autoadscripción la que presente un aspirante a encabezar una candidatura indígena, sino que realmente sea el pueblo quien lo nombre y lo proponga.
De Jesús Cabrera fue consultado al respecto al término de la conferencia de prensa en la que cuatro casas de justicia de la CRAC recriminaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta y las reformas a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena que aprobó el Congreso local el año pasado.
El miércoles, entre los dictámenes que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso local, no tomó en cuenta la propuesta que plantearon los pueblos indígenas y afromexicanos en la reciente consulta en materia electoral, una de ellas la referente a la expedición de las constancias de autoadscripción.
“Ahora que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) sí nos tomó en cuenta a la CRAC, el Congreso desestimó nuestras propuestas que plantearon los pueblos en sus asambleas”, lamentó el vocero de la CRAC.
Explicó que esta vez los pueblos indígena y afromexicanos opinaron como quieren trabajar en sus municipios como indígenas, y añadió que pidieron que en los municipios donde haya una población indígena de más del 40 por ciento que sean estos los que encabecen las planillas de cualquier partido.
Dijo que también propusieron candados para que ya no sea una simple constancia la que se expida a quien aspire a representar en cargos públicos a los indígenas, “y ya no ocurran casos como los del actual diputado de Morena Alfredo Sánchez Esquivel quien se dice representante de los Me phaa, sin serlo”.
Explicó que la propuesta es que sea realmente el pueblo el que los elija y los proponga, además que hablen la lengua de la que se autoadscriben.
“Pero sabíamos que los partidos políticos se iban a oponer porque no les conviene esa propuesta”,

 

Votará la CRAC actualizaciones a su reglamento; propone hasta 30 años de prisión a violadores

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) acordaron en asamblea este sábado en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, que entre las actualizaciones que harán a su reglamento interno son la sentencias de tres meses hasta 30 años de prisión a quienes abusen sexualmente de familiares o personas con discapacidades y definirán cuándo ocurren los casos de venta de niñas.
También modificarán en su reglamento que los coordinadores de las casas de justicia podrán pedir una prórroga ante sus asamblea para sentenciar a los detenidos y evitar que se violen sus derechos humanos.
Ayer en declaraciones vía telefónica, el vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera informó que el sábado se celebró la quinta asamblea en la comunidad El Paraíso, en el municipio de Ayutla de los Libres.
Expuso que esta asamblea es parte de los acuerdos que tomaron en San Luis Acatlán el 14 de octubre pasado, cuando celebraron el aniversario 27 de la Coordinadora, con el objetivo de actualizar su reglamento interno, y para ello recorrieron las cinco casas de justicia, la primera asamblea se hizo ese 14 cuando se instaló la mesa para modificar las fallas de dicho reglamento.
Detalló que el 30 de octubre se reunieron en Zitlaltepec, en la Casa de Justicia de Metlatónoc; otra reunión se hizo el 17 de noviembre en Colombia de Guadalupe, con las autoridades de la Casa de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; el 27 de noviembre se hizo la cuarta reunión en la Casa de justicia de Las Juntas-Caxitepec, municipio de Acatepec; y la quinta se realizó el sábado en El Paraíso, con cerca de 800 autoridades comunitarias que pertenecen a esa Casa de Justicia.
Mencionó que en la asamblea debatieron acerca de la reeducación y el derecho de las mujeres, “a la gente le interesa y tenían preparadas sus observaciones. También se les explicó lo que ya se ha discutido en cada Casa de Justicia para no volverlo a repetir, y ellos tenían varios artículos que solamente se someterán a votación en la reunión regional de todas las casas el próximo 17 de diciembre que será en San Luis Acatlán”.
Dijo que en la asamblea regional tienen contemplado la asistencia de 200 autoridades de las 5 Casas de Justicia, en la que aprobarán las modificaciones y presentarán cómo quedará el reglamento interno de la institución comunitaria.
Precisó que en la asamblea del sábado en Ayutla, dialogaron acerca de la venta de niñas, porque aseguró que actualmente en su reglamento interno dice que está prohibida la venta de niñas, “pero no específica en qué momento (se considera venta de niñas), la duda de las personas es que en todas las casas recorridas la única donde ha pasado este problema es en Dos Ríos, municipio de Metlatónoc, y en las demás casas no tienen el mismo problema”.
Manifestó que aclararon que la venta de niñas es cuando le ponen precio o pagan por una menor, “es cuando se habla de una venta de menores”, porque afirmó que en el caso de que voluntariamente las parejas se juntan y así lo acuerden los padres, “al hacer un convivio es una tradición que se hace en las comunidades y por respeto se hace una comida en convivio, y ahí no se habla de venta de los niños”.
Sostuvo que también discutieron del “incumplimiento del matrimonio”, que modificarán porque su reglamento decía que tenían que ir a la cárcel los padres que sus hijos se separaran, y que en la actualidad eso pasa con los jóvenes que se juntan por un rato, y no es culpa de los padres sino que los jóvenes ya no se entienden o ven algo que no les gusta y se separan, y mientras no haya una demanda no se puede actuar.
Destacó que otro acuerdo que modificarán es el castigo a los violadores sexuales, comentó que hay casos que hombres se juntan con mujeres que ya tienen hijas y han ocurrido casos de abuso sexual, por lo que acordaron “un castigo a las personas que cometan ese tipo de actos con sus familiares o también con personas discapacitadas que están indefensos, hay personas que abusan sexualmente de esas ellos y se está diciendo que la sanción mínima sea de tres meses hasta 30 años, es lo que se aprobó que será el castigo, dependiendo el delito que se cometa”.
Raúl de Jesus afirmó que para también se actualizará el tiempo máximo para un proceso de investigación, que actualmente dijo son tres meses, porque detectaron que en las Casas de Justicia hay personas detenidas que llevan más tiempo sin ser sentenciados, y tampoco son liberados, “entonces por reglamento se le debe poner en libertad, se habló de que llegando un plazo de tres meses los coordinadores podemos pedir una prórroga de un mes justificado”.
Argumentó que jueces les han observado que una persona después de los tres meses detenido sin sentencia y sin delito debe ser liberado, entonces “para no cometer más errores se está hablando de una prórroga justificada en una asamblea donde se explique porque se necesita más tiempo, para no violar los derechos de los detenidos”.
Contó que desde hace años se había intentado modificar el reglamento interno de la institución comunitaria, pero por falta de recursos no se había logrado. Dijo que en 2017 se intentó avanzar con una parte, en 2018 se avanzó con otra, pero nunca se culminó, y ahora gracias a un proyecto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) pudieron costear el traslado a las 5 casas de justicia, y que el próximo 17 culminará con la asamblea regional donde se renovará dicho reglamento.
Sostuvo que serán 200 autoridades de las que deberán asistir al menos 150 autoridades, para tener mayoría y aprobar los cambios. Expuso que como CRAC-PC les anima la participación y reacción de la gente, porque “quiere decir que les interesa actualizar (el reglamento interno) y la misma gente habla de dónde estamos mal y no se está respetando”.
Adelantó que ya invitaron a varios personajes políticos sobre todo de la lucha social, aunque no quiso detallar nombres, para que observen la participación de la gente en la asamblea, “porque nos han comprado con otros grupos que de que somos iguales, pero no es así, aquí se decide en la asamblea, se tiene otra estructura y una base social, nosotros tenemos un reglamento que nadie puede salirse de él, desde la forma en cómo se elige a nuestros policías, a los comandantes y a nuestras autoridades”.
Detalló que el sábado en la reunión de El Paraíso, estuvo el delegado en Guerrero del INPI, Manuel Vásquez Quintero, “para que se dé cuenta que se está aplicando el proyecto conforme lo acordado, y de acuerdo a los lineamientos”.

 

Sigue la vigilancia del Ejército a la CRAC en la 4T y sus reportes son falsos, señala coordinador

Soldados del Ejército, ayer en un recorrido en los carriles centrales de la Autopista del Sol en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El vocero y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera declaró que el Ejército siempre ha vigilado a la institución comunitaria, y que esa práctica sigue en el actual gobierno de la 4T, que monitorea sus asambleas e interviene sus teléfonos celulares, derivado de ello, añadió, los han acusado de muchas cosas.
En declaraciones por teléfono respecto a los reportes hackeados por el grupo Guacamaya, que señalan que el Ejército los vigila desde el 2015, el vocero de la institución comunitaria informó que sabían eso, pero rechazó que la Policía Comunitaria de la CRAC realice detenciones arbitrarias como dicen esos reportes, y aseguró que se realizan conforme al reglamento de la agrupación y en contra de quienes tienen órdenes de aprehensión porque cometieron delitos.
Según los documentos hackeados por el grupo Guacamaya, la CRAC ha sido vigilada por el Ejército desde el 2015, pero según el vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, son monitoreados desde que surgió la institución comunitaria en 1995.
De Jesús cabrera rechazó que las divisiones internas que se han dado en la CRAC sean por la disputa del recurso que les daba el gobierno, como refieren esos reportes.
Aseguró que desde la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero que terminó en el 2014, después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, ya no reciben dinero del gobierno.
Denunció que la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha servido para acusarlos de muchas cosas, “nos han acusado de tener vínculos con la guerrilla, de proteger a la delincuencia organizada, de recibir dinero del gobierno, entre otros señalamientos”.
Informó que saben que actualmente hay personal de inteligencia militar destacamentado en territorio comunitario, “como siempre han monitoreado constantemente nuestro movimiento”, denunció.
Agregó que recientemente los comenzaron a vigilar por el conflicto que hay entre los gobiernos federal y estatal con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), “les interesa ver cuál es nuestra reacción o postura ante ese conflicto, aunque saben que nosotros nada tenemos que ver con esa agrupación ni nos preocupa ese sistema, nosotros ya tenemos un sistema establecido y lo estamos echando a trabajar”.
Agregó que en cuestiones de seguridad, vigilancia y monitoreo de las actividades de las organizaciones sociales, el actual gobierno federal no ha cambiado la infraestructura que tenía el anterior, “incluso (ahora) hay cuestiones más complicadas porque durante las manifestaciones y reuniones nos intervienen nuestros teléfonos”, denunció.
El coordinador de la CRAC dijo que los reportes “falsos” que han emitido como las “detenciones arbitrarias” son para “hacer quedar mal a la institución comunitaria”.
Aseguró que el gobierno sabe que todos los detenidos por la Policía Comunitaria son personas que portan armas o que han cometido algún delito y que tienen orden de aprehensión de la CRAC, por lo que los detenidos son sometidos a reeducación, de acuerdo con el reglamento de la organización.
Del señalamiento de que los conflictos internos son por la disputa de los recursos que les entrega el gobierno (un millón de pesos según los documentos hackeados), el coordinador de la CRAC aseguró que desde el gobierno de Aguirre Rivero dejaron de recibir ese recurso.
Mencionó que la CRAC comenzó recibiendo 500 mil pesos mensuales del gobernador Ángel Aguirre, mismos que se distribuían en las cuatro casas de justicia que había (actualmente son cinco).
Agregó que Aguirre aumentó el apoyo a un millón de pesos e igual se distribuía entre las cuatro casas, pero informó que cuando dejó el gobierno estatal derivado del caso Ayotzinapa, la institución comunitaria dejó de recibir ese apoyo.
Expuso que los constantes conflictos internos que ha tenido la CRAC, más que por el recurso hna sido por el control de la Policía Comunitaria.
Añadió que en la historia de la CRAC el conflicto más fuerte es el que hubo en el 2013 con el ahora dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, debido a que éste quería imponer a los coordinadores para tener el control, pero lograron “hacerlo a un lado”.
Dijo que después vino el conflicto con el coordinador Eliseo Villar Castillo (actualmente preso en un penal de Oaxaca), quien quiso controlar todo el sistema comunitario y se extendió en casi toda la Costa Chica ingresando al sistema comunitario a comunidades que ni siquiera estaban respetando el reglamento interno, “lo hizo como si fuera una campaña porque quería el control, su idea era mantenerse utilizando a la CRAC”, pero añadió que igual lograron su destitución.
Indicó que afortunadamente ambos conflictos fuertes pudieron superarlos e insistió en que no han sido por el dinero, sino por el control de la agrupación.