Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El vocero y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera declaró que el Ejército siempre ha vigilado a la institución comunitaria, y que esa práctica sigue en el actual gobierno de la 4T, que monitorea sus asambleas e interviene sus teléfonos celulares, derivado de ello, añadió, los han acusado de muchas cosas.
En declaraciones por teléfono respecto a los reportes hackeados por el grupo Guacamaya, que señalan que el Ejército los vigila desde el 2015, el vocero de la institución comunitaria informó que sabían eso, pero rechazó que la Policía Comunitaria de la CRAC realice detenciones arbitrarias como dicen esos reportes, y aseguró que se realizan conforme al reglamento de la agrupación y en contra de quienes tienen órdenes de aprehensión porque cometieron delitos.
Según los documentos hackeados por el grupo Guacamaya, la CRAC ha sido vigilada por el Ejército desde el 2015, pero según el vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, son monitoreados desde que surgió la institución comunitaria en 1995.
De Jesús cabrera rechazó que las divisiones internas que se han dado en la CRAC sean por la disputa del recurso que les daba el gobierno, como refieren esos reportes.
Aseguró que desde la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero que terminó en el 2014, después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, ya no reciben dinero del gobierno.
Denunció que la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha servido para acusarlos de muchas cosas, “nos han acusado de tener vínculos con la guerrilla, de proteger a la delincuencia organizada, de recibir dinero del gobierno, entre otros señalamientos”.
Informó que saben que actualmente hay personal de inteligencia militar destacamentado en territorio comunitario, “como siempre han monitoreado constantemente nuestro movimiento”, denunció.
Agregó que recientemente los comenzaron a vigilar por el conflicto que hay entre los gobiernos federal y estatal con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), “les interesa ver cuál es nuestra reacción o postura ante ese conflicto, aunque saben que nosotros nada tenemos que ver con esa agrupación ni nos preocupa ese sistema, nosotros ya tenemos un sistema establecido y lo estamos echando a trabajar”.
Agregó que en cuestiones de seguridad, vigilancia y monitoreo de las actividades de las organizaciones sociales, el actual gobierno federal no ha cambiado la infraestructura que tenía el anterior, “incluso (ahora) hay cuestiones más complicadas porque durante las manifestaciones y reuniones nos intervienen nuestros teléfonos”, denunció.
El coordinador de la CRAC dijo que los reportes “falsos” que han emitido como las “detenciones arbitrarias” son para “hacer quedar mal a la institución comunitaria”.
Aseguró que el gobierno sabe que todos los detenidos por la Policía Comunitaria son personas que portan armas o que han cometido algún delito y que tienen orden de aprehensión de la CRAC, por lo que los detenidos son sometidos a reeducación, de acuerdo con el reglamento de la organización.
Del señalamiento de que los conflictos internos son por la disputa de los recursos que les entrega el gobierno (un millón de pesos según los documentos hackeados), el coordinador de la CRAC aseguró que desde el gobierno de Aguirre Rivero dejaron de recibir ese recurso.
Mencionó que la CRAC comenzó recibiendo 500 mil pesos mensuales del gobernador Ángel Aguirre, mismos que se distribuían en las cuatro casas de justicia que había (actualmente son cinco).
Agregó que Aguirre aumentó el apoyo a un millón de pesos e igual se distribuía entre las cuatro casas, pero informó que cuando dejó el gobierno estatal derivado del caso Ayotzinapa, la institución comunitaria dejó de recibir ese apoyo.
Expuso que los constantes conflictos internos que ha tenido la CRAC, más que por el recurso hna sido por el control de la Policía Comunitaria.
Añadió que en la historia de la CRAC el conflicto más fuerte es el que hubo en el 2013 con el ahora dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, debido a que éste quería imponer a los coordinadores para tener el control, pero lograron “hacerlo a un lado”.
Dijo que después vino el conflicto con el coordinador Eliseo Villar Castillo (actualmente preso en un penal de Oaxaca), quien quiso controlar todo el sistema comunitario y se extendió en casi toda la Costa Chica ingresando al sistema comunitario a comunidades que ni siquiera estaban respetando el reglamento interno, “lo hizo como si fuera una campaña porque quería el control, su idea era mantenerse utilizando a la CRAC”, pero añadió que igual lograron su destitución.
Indicó que afortunadamente ambos conflictos fuertes pudieron superarlos e insistió en que no han sido por el dinero, sino por el control de la agrupación.