Organismos de derechos humanos exhortaron a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que se dieron en el último periodo legislativo para aprobar las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada; y demandaron que la ley que se apruebe incorpore los más altos estándares de protección de derechos humanos, conforme la constitucionalidad vigente.
Además, debe eliminar cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas “crueles, inhumanas o degradantes”, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en el país, y armonizarlos con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos.
En un comunicado de organizaciones de derechos humanos del país, entre ellos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República emitieron su postura al respecto.
El 5 de enero se cumplió la fecha límite que señaló el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días, que se contaron a partir del 10 de julio del 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada.
En el documento señalaron que, en diversas ocasiones se han pronunciado contra la grave crisis de tortura generalizada que existe en México. Agregaron que en 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México.
Agregaron que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU han señalado la necesidad de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales, que conlleven a la erradicación de esta grave práctica.
Explicaron que, “en un primer momento en la sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos”.
Agregaron que esa minuta de ley se encuentra en la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y con expertos que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate.
Originó que el 15 de diciembre de 2016, último día de periodo legislativo, la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen, sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original, detallaron.
Los organismos indicaron que la comisión de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendió eliminar causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal.
Además abundaron que se pretendía “restringir la facultad actual de los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando ésta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema”.
También se quiso limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, pues señalaron que es necesario para evitar que los implicados se investiguen a sí mismos; además de construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal.
Las organizaciones consideran que estas propuestas van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura, y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial.
Refieren que las comisiones no mejoraron ni elevaron los estándares de la ley que aprobó el Senado, que contiene importantes avances, que tiene deficiencias, como el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura, la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, consideraron que genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad.
Además, están ausentes las disposiciones claras para establecer responsabilidades de los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o incurran en responsabilidad por actos de tortura.
“En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”, expone el comunicado.