Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
En la propuesta de presupuesto de egresos 2024, se destinarán a los órganos autónomos 5 mil 479 millones 904 mil pesos, de los cuales el mayor es para la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), para la que se plantea un incremento de unos 158 millones de pesos. Para el próximo año se proyecta que reciba 3 mil 292 millones 367 mil pesos; en 2023 recibió 3 mil 134 millones 715 mil pesos.
De acuerdo al anexo cuatro de este proyecto de presupuesto, para la Comisión de los Derechos Humanos (Codehum), sólo se propone un incremento en su presupuesto por unos tres millones. En 2023 recibió 89 millones 899 mil pesos y para el próximo año se proponen 93 millones 495 mil pesos; para la Fiscalía General del Estado (FGE) se proponen mil 446 millones 93 mil pesos, 56 millones más que lo que se le aprobó para este año.
En el proyecto de presupuesto al Tribunal Electoral del Estado (TEE) se le etiqueten para 2024, año en el que se desarrollarán elecciones para renovar ayuntamientos y diputaciones locales, 112 millones 835 mil pesos, que son unos 14 millones más que los recibidos para este 2023.
Para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 17 millones; y para el Tribunal de Justicia Administrativa se proponen 124 millones 565 mil pesos, que son unos 14 millones más de los que recibió este año.
También se propone que al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se le etiqueten 862 millones 617 mil pesos, para el actual ejercicio fiscal recibió 853 millones de pesos.
En el anexo 13 de la propuesta de presupuesto de egresos 2024 se detalla el presupuesto para programas enfocados al fortalecimiento de la equidad de género para el que se proponen 912 millones 385 mil pesos.
Con 11 programas transversales y uno exclusivo, la Secretaría de Bienestar recibirá 411 millones 224 mil pesos para fortalecer la equidad de género; para nueve programas transversales, al DIF se le etiquetan 261 millones 918 mil pesos; a la Secretaría de Educación Guerrero 107 millones 116 mil pesos; al Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, se destinan 36 millones 690 mil pesos; a la Secretaría de la Mujer para cuatro programas propios de la dependencia se le etiquetan 34 millones 260 mil pesos.
Para atender este rubro, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se le etiquetó 24 millones 600 mil pesos; a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 11 millones 657 mil pesos; para la Secretaría de Finanzas y Administración con dos programas exclusivos le etiquetan 5 millones 819 mil pesos; a la Secretaría de la Juventud y la Niñez en cuatro programas transversales recibirá 5 millones 120 mil pesos.
Según este anexo a la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico le etiquetaron 4 millones 305 mil pesos.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
El dirigente estatal del Movimiento Laborista Guerrero, Víctor Aguirre Alcaide, urgió a las autoridades electorales a entregar un mapa de las zonas de riesgo en el estado para que los partidos puedan realizar sus actividades sin tener que pedir permiso a grupos de la delincuencia.
En conferencia de prensa en Acapulco, Aguirre Alcaide habló sobre las acciones que su partido realiza en la entidad, como el nombramiento de dirigencias municipales en los 85 municipios del estado y tener representación en los 28 Consejos Distritales, “en esa ruta estamos”.
Dijo que el partido de reciente creación enfocará sus esfuerzos en los 22 municipios de la entidad con mayor población, de lo cuales Acapulco será prioritario.
Consultado sobre la crisis financiera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Aguirre Alcaide dijo que el retraso afecta más a los partidos de nueva creación: “el subsidio es mínimo y se necesita ese recurso para hacer nuestras actividades ordinarias”, pero el principal asunto que se debe atender es la inseguridad, pues hay zonas como la Sierra donde sólo se puede entrar “con permiso”.
“Lo que mas preocupa es que el IEPC ya debe presentar en este momento las zonas de riesgo política a los gobiernos federal, estatal y municipal para que le de paz, tranquilidad y armonía al proceso electoral, eso creo es lo más importante, presentar el mapeo de riesgo en todo el estado, lo debe presentar el IEPC avalado por todos los partidos”.
Dijo que hay zonas de riesgo donde tienen que pedir prmiso para hacer sus actividades, una de ellas es Tierra Caliente, donde dijo tiene muchos amigos pero por la violencia no los puede poner en riesgo.
De la crisis financiera del IEPC, opinó que afecta a todos los partidos pues se han retrasado las prerrogativas, “entiendo que no es un tema del IEPC, es un tema de falta de planeación del secretario de Finanzas (del gobierno del estado) y la falta de compromiso político con los legisladores, permitir que la etiqueta a los órganos electorales sea una etiqueta a los vaivenes del ingreso que percibe el estado”.
Consideró que es una “novatez” del responsable de las finanzas del estado porque el retraso de la entrega de las partidas presupuestales “no solo es para el IEPC, también afecta el Tribunal Electoral y otros organismos, según me han comentado”.
El PRI, PRD y PAN, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que intervenga “como máxima autoridad administrativa electoral, y que pueda conminar y exhortar al gobierno del estado y al Congreso local a emitir los ajustes presupuestales necesarios para garantizar el desarrollo del proceso electoral y la adecuada ministración del financiamiento público de los partidos políticos, lo que es un derecho constitucional”.
La presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama ha informado que necesita para las actividades de este año 57 millones de pesos adicionales al presupuesto de 142 millones de pesos que le fue autorizado este año, para llevar a cabo los trabajos preparativos para el proceso electoral del próximo año, una de las acciones inmediatas es la instalación de los 28 Consejos Distritales.
Este lunes, mediante un escrito los dirigentes estatales de los tres partidos que integran el Frente Amplio por México (FAM) llevaron a la instancia federal el problema que arrastra el gobierno estatal morenista que ha retrasado la entrega de las partidas presupuestales al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
En el documento dirigido a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y a la presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, los dirigentes partidistas exponen que el retraso reiterado del gobierno estatal en la entrega del presupuesto al IEPC no sólo afecta al órgano electoral local sino a los partidos políticos, “nos vemos afectados ante la imposibilidad de desarrollar nuestras actividades partidistas que por ley tenemos derecho, lo cual también nos deja en un estado de inoperatividad e infuncionalidad, y en el marco del proceso electoral nos afecta en el desarrollo de nuestra competitividad electoral”.
Entre los señalamientos que hacen los partidos en el escrito de tres cuartillas es que el gobierno de Guerrero atenta contra el estado de derecho y la democracia. Otra observación que hacen los partidos del FAM es que el gobierno del estado viola la Constitución al incumplir con el calendario de ministraciones al IEPC y el problema se agudiza al considerar que el pasado 8 de septiembre dio inicio el proceso electoral local mediante el cual se renovará el Congreso local y los Ayuntamientos y la falta de recursos “está afectando los actos preparatorios” para los comicios del 2 de junio de 2024.
En el texto los dirigentes partidistas recuerdan que en el Acuerdo 002/SE/13-01-23 se determinó el financiamiento a los partidos políticos y en el apartado cuarto se estableció que los montos de financiamiento público se entregarían cada mes “dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes”.
El documento, fechado en Chilpancingo el pasado 26 de septiembre va suscrito por los presidentes del PAN, Eloy Salmerón Diaz; del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, fue entregado ayer en las oficinas del INE en la Ciudad de México.
El mismo documento junto con otro se entregarán hoy en la Junta Local del INE en Chilpancingo.
Evaluarán hoy consejeros del IEPC acciones ante la crisis financiera
Los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), se reunirán hoy para realizar el balance de la crisis financiera por la que atraviesa a partir de que no han recibido el presupuesto de junio, julio, agosto y septiembre y que no se les ha autorizado la ampliación presupuestal de 57 millones para esteaño.
Ayer se buscó a consejeras y consejeros, incluida la presidenta Luz Fabiola Matildes Gama quien no atendió las llamadas.
Sin embargo, fuentes del IEPC informaron que este día desde temprano habrá reuniones de consejeros para revisar “la gravedad” de la crisis financiera del órgano, cuáles son los asuntos más urgentes, o los que podrían generarse mayores complicaciones si no son atendidos de inmediato.
Ayer, las dirigencias del PRD, PRI y PAN enviaron al INE un documento en el que piden su intervención para que se les liberen las prerrogativas en el que señalan que el IEPC no ha ministrado el recurso y que esto “genera graves afectaciones operativas en las actividades que realizamos”.
Los presidentes del PRI, Alejandro Bravo Abarca; del PRD Alberto Catalán Bastida; y del PAN Eloy Salmerón Díaz, señalaron que “sabemos que ha habido una clara intención del gobierno federal de eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales, por ello, no se ha considerado los incrementos ni las solicitudes de aumento a su presupuesto, por el contrario, han sido objeto de recortes injustificados que inciden en las actividades organizativas, operativas y administrativas del Instituto Electoral Local”.
Y acusaron: “no obstante, no puede el gobierno del estado de manera deliberada atentar contra el Instituto electoral, pues se trata de un organismo autónomo importante para nuestra vida democrática, dado que garantizan el ejercicio de los ciudadanos a votar y ser votados, así como a los partidos políticos de promover la participación, postulación e integración de los poderes públicos, por tanto, representa una grave violación al estado de derecho y a la democracia”.
El secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Raymundo Segura, en entrevista en el informe del diputado Joaquín Badillo en Acapulco, donde asistió como invitado Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
El secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, afirmó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) debe ajustarse al presupuesto aprobado por el Congreso porque no se han autorizado ampliaciones.
La presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que por el proceso electoral que empezó el pasado 8 de septiembre el organismo requiere de una ampliación presupuestal por más de 70 millones, pues con las partidas que recibe actualmente no puede instalar los 28 Consejos Distritales.
Los partidos PRD, PRI y PAN denunciaron que la falta de recursos pone en riesgo la elección local mediante la cual se renovarán el Congreso local y los ayuntamientos.
En breves declaraciones a reporteros, en el auditorio del parque Papagayo, después del segundo informe del diputado local Joaquín Badillo Escamilla, Segura Estrada fue consultado sobre la crisis financiera del IEPC y dijo que el Instituto debe hacer “economías” y ajustarse al presupuesto asignado.
“Al IEPC se le entregó lo que le corresponde al mes de agosto, y lo que corresponde a los meses posteriores ellos mismos hicieron la reclasificación de ese presupuesto para mandarlo a otros programas, nosotros como Secretaría de Finanzas estamos obligados a entregarles el monto que autorizó el Congreso, cualquier partida extraordinaria tiene que evaluarse a ver si es posible atender, hasta el momento no ha sido posible y estamos al pendiente de poder evaluarlo”.
Del riesgo de los comicios que alegan los partidos y de la falta de presupuesto para la operatividad del órgano electoral, Segura Estrada dijo “ellos tienen que revisar como organizar un poco, a través de sus economías, tienen que hacer las administraciones correspondientes para que si les alcancen, como nosotros lo hacemos, nosotros atendemos todas las dependencias con el recurso que tenemos autorizado y ellos tendrán que hacer lo propio”.
Ofreció entregar puntualmente las partidas presupuestales al IEPC en los meses que restan del año.
Al PRI y el PRD el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) les adeuda las prerrogativas correspondientes al mes de septiembre, las cuales debió entregar el pasado 15 de septiembre.
Consultados por teléfono, los dirigentes del PRI Alejandro Bravo Abarca, y del PRD Alberto Catalán Bastida, coincidieron que el retraso del gobierno del estado en el pago afecta al Instituto y a la democracia.
El pasado martes, en redes sociales, el PRI mediante un comunicado solicitó al gobierno del estado “que libere los recursos que le corresponden al IEPC, que están etiquetados y contemplados en la Ley de egresos, que se cumpla con lo programado y se instruya al secretario de Finanzas (Raymundo Segura Estrada) a resolver esta situación que no sólo afecta a los partidos, sino a la democracia y a los cientos de familias que tienen en el salario del partido su único ingreso”.
Ayer, la dirigencia estatal PRD tambien difundió una postura en redes sociales a propósito de una reunión que tuvo con la presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama. “Acudimos esta mañana tras conocer el alarmante estado financiero que tiene paralizado al órgano electoral local. Y que pone en riesgo el proceso electoral de 2024 que ya ha dado inicio, al no existir garantías de seguridad y ahora tampoco presupuestarias”.
Catalán Bastida indicó que en la conversacion que tuvo con la presidente del IEPC, les informó que el caso de Guerrero no es aislado, sino hay otros 28 institutos electorales de las entidades que están en la misma situación.
Consideró que la retencion de recursos al IEPC es para tenerlo de rodillas al tener diezmado su presupuesto. Recordó que esto podría ser parte del plan que tenía el gobierno federal en su propuesta de reforma electoral de desaprecer los órganos electorales locales.
“Vemos una estrategia política que está buscando minar las actividades del propio Instituto y de los partidos políticos. Están violando la ley y lo vemos con mucha preocupación porque si a eso le sumamos los temas de violencia que se están presentando en el inicio del proceso electoral y ahora le sumamos este tema que tiene que ver con el recurso y la funcionalidad del propio Instituto, pues vemos una estrategia política orquestada desde el gobierno federal, estatal que repercute en los partidos políticos”.
El adeudo
Tanto PRI como PRD informaron que a ellos solo les adeudan las participaciones correspondientes a septiembre, pero los meses anteriores se les pagó con recursos del Instituto.
El dirigente del PRD indicó que el pago pendiente con ellos es de un millón 200 mil pesos, “pero eso no es lo grave, lo grave es que al Instituto no se le está entregando el recurso que está presupuestado para otras actividades.
Por separado el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Alejandro Bravo Abarca precisó que a su partido también se le adeuda lo correspondiente a septiembre que son aproximadamente 2.4 millones de pesos, menos impuestos.
Indico que los adeudos de junio, julio y agosto fueron saldados de las cuentas del Instituto pero dijo que esa situación no debe continuar porque afecta al órgano electoral.
También se buscó al dirigente estatal de Morena Jacinto González Varona, pero no se pudo hablar con él vía telefónica.
El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura dijo el pasado 2 de septiembre que el retraso en la entrega del financiamiento al IEPC se debe a los recortes por mil 160 millones de pesos que ha hecho el gobierno federal derivado de la disminución en la recaudación de impuestos federales participables.
El Comité Directivo Estatal del PRI, exigió al gobierno estatal entregar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el presupuesto etiquetado a este órgano electoral en el que están incluidas las prerrogativas de los partidos políticos, los cuales se encuentran en una “situación insostenible”.
En el posicionamiento, la dirigencia priista señaló que no solicitan una “concesión graciosa” sino un derecho constitucional. El PRI confió en que se trata de “una administración ineficaz de los recursos y no un intento por minar la participación de los partidos de oposición”.
De acuerdo a lo dicho por la presidenta del IEPC, la consejera Luz Fabiola Matildes Gama, existía el compromiso del gobierno estatal de que a más tardar el 8 de septiembre, día en el que inició el proceso electoral ordinario para renovar ayuntamientos y diputaciones locales, este órgano electoral recibiría el presupuesto de los últimos 4 meses que se debían, pero no ocurrió.
El CDE señaló que “el proceso democratizador” en el país ha generado mecanismos que permitan la pluralidad “uno de los mecanismos que el pacto federal ha establecido es el financiamiento a los partidos políticos”.
Recordaron que el financiamiento público está establecido en la Constitución “y no la voluntad política del gobierno en turno la que define las prerrogativas de las que gozarán los partidos políticos para la recreación democrática de la pluralidad política”.
En este posicionamiento el PRI señaló que desde hace 4 meses en el partido “hemos sido afectados por la dispersión irregular del financiamiento público, al que tenemos derecho de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, a la Constitución Política del Estado de Guerrero, y a las leyes electorales nacional y local; este recurso es utilizado para la operatividad de nuestra estructura, sueldos y salarios”.
Ante la falta de financiamiento por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) señalaron que se “rompe con la armonía institucional con la que se venía trabajando con anterioridad”.
En ese sentido se señala que “en algún momento”, el órgano electoral “hizo un esfuerzo por ayudar a los partidos, pero la situación se ha vuelto insostenible”.
La dirigencia priista señaló que el partido no solicita alguna “concesión graciosa”, sino que están “exigiendo que se cumpla la ley, que se respeten el derecho de la ciudadanía que hace política a través de los partidos políticos”.
En el documento solicitaron al gobierno del estado que “libere los recursos que le corresponden al IEPC, que están etiquetados y contemplados en la ley de egresos, que se cumpla con lo programado y se instruya al secretario de Finanzas a resolver esta situación que no sólo afecta a los partidos, sino a la democracia y a los cientos de familias que tienen en el salario del partido su único ingreso”.
En ese sentido, el PRI apuntó que suponen que se trata de “un problema derivado de una administración ineficaz de los recursos y no un intento por minar la participación de los partidos de oposición; por eso esperamos tener respuestas favorables por el bien de Guerrero”.
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Donaciano Muñoz Loyola, quien reconoció que hay municipios en los que han tenido que posponer actividades del órgano electoral por problemas de inseguridad, pidió al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez que a más tardar en octubre los convoquen a la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz del Estado.
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE fue consultado en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), después de la Firma de Convenio Multilateral de Apoyo y Colaboración para establecer bases de coordinación y colaboración a víctimas y la elaboración de análisis de riesgo en caso de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Consultado respecto a los problemas de inseguridad en diferentes municipios y regiones enteras en el estado a los que no hayan podido entrar, y si esto no ha dificultado el trabajo del INE, en un primer momento Donaciano Muñoz comentó que este órgano electoral “ha podido recorrer todos los municipios, todas las localidades” en las que se programan visitas del Módulo de Atención Ciudadana (MAC).
Sin embargo, corrigió y reconoció que han tenido casos en los que “en algunos casos se han tenido que detener por si hay un conflicto en algún lugar específico, ahí sí, detenemos la operación del módulo”. Especificó que se refiere “conflictos que tienen que ver con la seguridad y ante estas eventualidades, el instituto si ha cambiado o detenido la visita que al final de cuentas terminamos por visitar”.
Pero dijo que no tienen “la restricción en algún lugar específico, esto hasta ahorita no ha sucedido”.
Un reportero preguntó sobre si ya tenían por parte del gobierno del estado el mapa de riesgo para identificar zonas en las que se debe tener precaución o limitar las acciones, o en su caso pedir acompañamiento de alguna institución de seguridad. Donaciano Muñoz comentó que “hasta el momento no tenemos ninguna información de esta naturaleza”.
Dijo que “el encargado de hacer este mapa es la Secretaría de Seguridad Pública hasta donde nosotros tenemos entendido, nosotros tenemos esa información, quizás cuando nos inviten a la Mesa de Coordinación de seguridad, es muy probable que nos compartan esa información”.
Lo cual, consideró que para el INE es importante “para que nosotros podamos tener y desarrollar el trabajo en campo de una mejor manera puesto que vamos a recorrer prácticamente todo el territorio del estado”.
Aprovechó el encuentro con el secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez para plantearle que a más tardar en octubre “cuando se invite al INE a participar en estas mesas”.
El secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, informó que de enero a junio de 2023, la federación ha disminuido la entrega de participaciones proyectadas para Guerrero, por mil 160 millones de pesos, derivado de la disminución en la recaudación de impuestos federales participables.
En breve consulta telefónica, señaló que esa es la razón del retraso en la entrega del presupuesto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que reclamaron representantes de partidos políticos el jueves.
Sin embargo, añadió que esperan poder entregar la próxima semana los recursos al organismo, para evitar dificultades en el proceso electoral.
En sesión pública, representantes del PRD, PVEM, PRI, PAN y Morena ante el Consejo general del IEPC denunciaron que estaban a una semana del comienzo formal del proceso electoral 2023-2024, de ayuntamientos y diputados, y el gobierno estatal no había enviado los recursos correspondientes a junio, julio y agosto, del presupuesto aprobado para este año fiscal.
El representante del PRD, Mariano Hansel Patricio Abarca, pidió al IEPC implementar “una cadena de responsabilidades”, para determinar qué persona o funcionario, por omisión o acción, ha colocado al instituto ante una posible “parálisis financiera”.
La presidenta del organismo, Luz Fabiola Matildes Gama, accedió a plantear por escrito sus requerimientos al gobierno del estado.
En breve declaración, el funcionario estatal confirmó el retraso de las entregas al IEPC debido a la reducción de las participaciones federales, que esperan resolver la próxima semana.
A principios de año, se mencionaba en prensa nacional la reducción de los recursos federales provenientes del Ramo 28, los que se transfieren a estados y municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos.
De acuerdo con el decreto del presupuesto de Egresos para el Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2023, el estado esperaba recibir por este concepto, 27 mil 69.4 millones de pesos.
Pero el documento también precisa que estas asignaciones “están en función de la recaudación federal, además de que son susceptibles de sufrir modificaciones durante el Ejercicio Fiscal concurrente”.
La disminución de las participaciones que informó el titular de la Sefina, representa 4.2 por ciento de la estimación anual, y de 8.5 por ciento de medio año.
No son recursos etiquetados para obra, programas o servicios. Son fondos para gasto no programable, que incluye operación, nómina e Inversión Estatal Directa. Ahora se sabe que también afecta el presupuesto del IEPC.
