El abogado de la niña de 2 años y 8 meses que fue abusada sexualmente, Pedro Ramírez Millán informó que la denuncia contra los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable será por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
La denuncia penal ante la Fiscalía será sólo contra los tres magistrados, Vicente Rodríguez Martínez que en ese momento era el presidente de la Primera Sala Penal y ahora lo es de la sala civil, también a Miguel Ángel Barrero Bello y Alfonso Vélez Cabrera que eran integrantes de la sala que absolvió al violador.
No se presentará contra la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez que fue la primera en absolverlo, porque consideró que es mayor la falta de los magistrados por “su investidura”, además de que se trata de un órgano colegiado en el que los tres magistrados tuvieron que valorar las pruebas.
En declaraciones en su despacho, el abogado explicó que el proceso es presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie una carpeta de investigación y determine si hay elementos para el juicio de procedencia, y se pueda realizar el cese de los funcionarios y el caso sea consignado a un juez.
No se trata de la solicitud de un juicio político, con lo que únicamente se consigue una inhabilitación, lo que se busca es que sean castigados penalmente, agregó.
La Fiscalía tendría que informar al Congreso si encontró elementos y pedir un juicio de procedencia para que los diputados destituyan a los tres magistrados y se ordene su consignación, de esa manera el paso inmediato sería que el caso sea revisado por un juez.
En caso de que ningún poder ni padrino político de los magistrados intervengan para que nuevamente se burle la ley, un juez tendría que librar la orden de aprehensión o de comparecencia según la gravedad del delito que determinen, comentó.
Independientemente de la gravedad de este caso, dijo que cualquier otro en el que los magistrados violen la ley, “es grave por la investidura, porque deben tener más cuidado, porque se supone que fueron insaculados entre muchos, y que ellos fueron los mejores y que ellos son unos profesionales excepcionales preparados para impartir justicia”.
Pero por desgracia, dijo, eso no ocurre en Guerrero porque para la designación de magistrados intervienen una serie de compadrazgos e intereses, por eso dijo que el tribunal “hay ignorantes y hay inmorales”.
El abogado mencionó que no se puede perder de vista que los magistrados incumplieron la responsabilidad que tienen encomendada a través del Estado, porque no sólo incumplieron las leyes local y federal, también el tratado internacional de los derechos de los niños y las niñas.
Llamó a la familia de la víctima a hacer un gran frente común con las organizaciones, ciudadanos y víctimas que se sumen a la demanda para que los magistrados sean sancionados.
“Me parece que no es sólo una falta, me parece que ya incursiona su delito dentro de los lineamientos penales, son ya sujetos de derecho penal porque responden a intereses bastardos entre los que está la inmoralidad, omitiendo la misión que tienen tan clara, diáfana que tienen de la justicia”.
Pedro Ramírez dijo que como abogados, están convencidos que hay delitos en el comportamiento de los magistrados, “no me queda duda de que la niña recibió esa afrenta”.
Dijo que los magistrados debieron tomar con mayor seriedad la investigación que el Ministerio Público entregó, porque no tenían elementos para considerar que no era legal y “la investigación es contundente” en la responsabilidad del acusado de abuso sexual.
Dijo que la responsabilidad de la juez y en su momento de los magistrados era atender el caso, “al valor de la investigación ministerial” y no elucubrar en que los familiares aleccionaron a la niña y afirmar que el abuso sexual no ocurrió.
La menor relató ante el Ministerio Público los detalles de cómo fue abusada por la pareja de su madre, pero los magistrados absolvieron al violador argumentando que la menor fue manipulada.
La justicia federal dio un revés a la decisión de los magistrados del estado, y les ordenó dar valor a la declaración de la niña y que se pronuncien por la responsabilidad penal del acusado, que finalmente fue condenado a 5 años de prisión el 18 de enero, a cinco años de los hechos.
El abogado afirmó que en los dictámenes psicológicos, los peritos establecen “clara y contundentemente que a esa edad a los niños no se les puede manipular”, entonces consideró que los magistrados no tenían elementos para que su dictamen fuera en el sentido de que algún adulto aleccionó a la niña.
Al abogado se le preguntó por qué procedería legalmente sólo contra los magistrados y no contra la jueza Rosalinda Sáenz Rodríguez, que después de tener durante tres años el caso su sentencia fue absolutoria.
Ramírez Millán dijo que se trata de un asunto de mayor responsabilidad cuando se refiere a la falta cometida por los magistrados, “por la investidura que representan”.
“Tienen responsabilidad la juez y los magistrados, pero es más grave la de los magistrados, se entiende que ellos son más cultos jurídicamente, sobre una juez que posiblemente se le barre alguna cuestión, pero sobre todo son tres (los integrantes de la sala) aquella es una”, argumentó el abogado.
Dijo que esta no sería la primer denuncia penal contra los tres magistrados, porque hay un caso de hace aproximadamente 5 años, pero la denunciante lo dejó por falta de tiempo y recursos.
Consideró que el seguir sosteniendo a ese tipo de funcionarios es “el infierno para los ciudadanos que no pueden acceder a la justicia”, aún en casos como el de abuso sexual contra una niña”.