La dirigencia del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), denunció este martes amenazas contra dos de sus integrantes.
Mediante un comunicado enviado a distintas agrupaciones sociales, organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación, responsabilizó a los gobiernos estatal y federal, “en caso de que se llegaran a consumar dichas amenazas”.
De acuerdo con el comunicado, los integrantes de la agrupación, Jesús Plácido Galindo y Francisco Vázquez Mendoza, recibieron llamadas telefónicas del número 7471352147 en las que les advierten que les van a “partir su madre”, que “los tienen ubicados” y que ya le “bajen de huevos”.
El comunicado fue enviado ayer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al Congreso Nacional Indígena (CNI), al Consejo Indígena de Gobierno (CIG), a las Redes de Resistencia y Rebeldía, a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación, a fin de que “estén alertas”.
“Con mucha preocupación les compartimos que el día 15 de julio nuestro hermano delegado del Congreso Nacional Indígena y promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, Jesús Plácido Galindo y otro compañero del Cipog-EZ de nombre Francisco Vázquez Mendoza, recibieron llamadas telefónicas del número 7471352147 en las que fueron amenazados con partirles la madre, les dijeron que los tienen ubicados y que ya le bajen de huevos”, refiere el escrito.
“Es de todos sabido el panorama del estado de Guerrero, donde el crimen organizado está por encima de cualquier institución y autoridad, e incluso, éstas mismas son la delincuencia y forman parte de los grupos narco-paramilitares que azotan a nuestro estado”, señala el Cipog-EZ, que tiene presencia en las comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y de San Luis Acatlán.
Agrega: “es por eso que nos queda claro que las llamadas telefónicas vienen de grupos narco-paramilitares que por muchos años han asesinado, torturado y aterrorizado a nuestras comunidades, valiéndose de la red de complicidad que han tejido con autoridades y policías municipales, estatales, con la Fiscalía y con el gobierno del estado”.
El Cipog-EZ llama a las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, a “que en la medida de lo posible estén alertas por lo que pueda suceder y que hagan llamados a quienes se supone que gobiernan al país y al estado de Guerrero para que detengan la violencia que vivimos”.
Responsabilizan en su documento al gobierno federal, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) “y demás autoridades de lo que pueda suceder a algún compañero o compañera del Cipog-EZ, pues a estas autoridades les hemos pedido durante varios años que desarticulen a los grupos delincuenciales y lo único que hemos obtenido ha sido su silencio”. (Zacarías Cervantes /?Chilpancingo).