Carmen González Benicio
Tlapa
Las presidentes de Tlalixtaquilla, Raquel García Orduño, y de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, mencionaron que es difícil desempeñar sus funciones por el machismo y la violencia política en razón de género de la que son víctimas.
Las alcaldesas estuvieron en el taller Mecanismos de prevención, atención y seguimiento a la violencia política contra las mueres en razón de género, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y realizado en Tlapa este sábado.
En la afueras del lugar, estuvieron elementos de la Policía Estatal que las resguardan, al tener medidas cautelares por su seguridad e integridad.
Sotelo Maldonado comentó, dentro del taller, que desde que era candidata sufrió descalificaciones, amenazas y cierre de pueblos, que no le permitieron hacer campaña y ahora, como alcaldesa, con la toma de la sede del Ayuntamiento, lo que le dificulta hacer acciones.
García Orduño manifestó que desde la campaña, el ahora síndico andaba diciendo que votaran por ella y que él manejaría el recurso, porque ella no sabía. Agregó que ahora no la deja trabajar, en conjunto con los regidores, que la cuestionan por las acciones emprendidas en el municipio y las obras destinadas.
Ambas coincidieron en que seguirán trabajando, pese a las dificultades a las que se enfrentan, y esperan que sus detractores entiendan que ellas son las personas electas y las dejen trabajar.
Estuvo también la síndica municipal de Tlacoapa, Carolina Cantú Morales, quien en octubre denunció públicamente la obstrucción a su trabajo por parte del alcalde. Las asistentes manifestaron que hay falta de sesiones de Cabildo y que las ignoran en sus funciones.
La actividad se organizó en seguimiento de las acciones de la Red de Mujeres Electas en el Estado de Guerrero, edición 2022, del IEPC. Por lo que estuvo la consejera electoral e integrante de la Comisión Especial de Igualdad de Género y no Discriminación, Azucena Cayetano Solano.
La plática fue impartida por presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, con la idea de brindar orientación, seguimiento y acompañamiento sobre sus derechos y obligaciones en la prevención, detección, actuación y erradicación de la violencia política en razón de género.
De manera sustancial, les dijo a las regidoras, síndicas, delegadas y las presidentes, que se debían identificar los tipos de violencia y cómo se ejerce, así como las modalidades donde ocurre, para identificar contextos “no es lo mismo que te lo diga un amigo en una reunión, a un presidente en una sesión pública”, ejemplificó.
Así se puede ver si es discriminación o violencia política en razón de género, la cual dijo, puede ser obstaculizar el trabajo, pagarles de forma desigual, no invitarlas a las sesiones de Cabildo o hacer que no vayan a sesiones relevantes y comisionarlas a otros lugares.
Mencionó que hay 22 conductas de violencia, de las cuales 14 son un delito, que al configurarse las sanciones son de multas y hasta cárcel. Informó que éstas pueden ser del doble cuando se trate de mujeres indígenas.
Habló de las formas en que se pueden exigir justicia, como el Juicio Electoral Ciudadano (JEC), que consiste en la restitución de derechos y el Procedimiento Especial Sancionador (PES), que es cuando se busca una sanción para los responsables. Precisó que se pueden presentar los dos a la vez.
Les habló de casos emblemáticos en la Montaña, como la anulación de la elección en el Ayuntamiento de Iliatenco, por violencia política, donde participó la me’phaa Ruperta Nicolás Hilario, pues es un precedente en América Latina.
También se refirió al caso de las mujeres nahuas de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, representadas por Antonia Ramírez Marcelino, que exigieron ejercer su derecho a votar y ser votadas en una elección de comisaria.
Salina Díaz remarcó la necesidad de que se garantice un recurso económico para atender a las mujeres en los planes de trabajo del municipio.