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Llama Evelyn a la unidad en el campo, uno de los más afectados por el huracán John

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A puerta cerrada, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la mañana de este miércoles la sesión del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable, en sus oficinas del Palacio de Gobierno, donde dijo que el campo fue uno de los sectores más afectados por las lluvias del huracán John, que requiere la unidad de productores y los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con la transmisión del encuentro, al que asistieron representantes de las organizaciones de productores que integran este consejo, Salgado Pineda dijo que la transformación del campo “es prioridad”, por las miles de familias que dependen de él.
Asistieron a la sesión, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), Alejandro Zepeda Castorena; el de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda; el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, y el de Petatlán, José Popoca Martínez; así como la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Congreso local, Ana Lilia Botello Figueroa, y el de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Joaquín Badillo Escamilla.
A pesar de que organizaciones como la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales han señalado que el presupuesto destinado para el campo y los apoyos que se han dado son insuficientes, la gobernadora dijo en su intervención que “necesitamos del campo, y en estos tres años formulamos una política de desarrollo rural distinta, articulada desde una visión general de bienestar e impulsada desde las enormes capacidades de las mujeres y los hombres del campo”.
Dijo que en su gobierno se da prioridad y se reconocen las capacidades que tienen las mujeres del campo, “esta política ha materializado resultados en beneficio de nuestro campo”, dijo.
“Hemos atendido a productores agrícolas y a ganaderos, con asistencia técnica y transferencia de tecnología, fortaleciendo la autosuficiencia, alimentaria”, aseguró la mandataria estatal.
Presumió que en su gobierno se han apoyado a pequeños y medianos ganaderos con la compra de sementales, “invertimos en la competitividad a través del mejoramiento genético”.
También aseguró que su gobierno invirtió en el control de la movilización animal, para vigilar la sanidad e inocuidad, en coordinación con el gobierno de federal.
En agosto pasado, la Unión Regional Ganadera, que encabeza Atalo Niño Rivera, denunció la falta de incentivos a los ganaderos; así como señaló que no hay un control y vigilancia de la sanidad del ganado por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrocalimentaria (Senasica).
La gobernadora reconoció, demás, que “nos han golpeado primero el huracán Otis en Acapulco y John en el estado. Este último es el que más daños ha dejado en el campo guerrerense, de las ocho regiones”, dijo Salgado Pineda.
“Hemos tenido el impacto de ese fenómeno, sin embargo, desde antes hemos estado apoyando al campo y a las familias”, aseguró, sin que se escuchara alguna objeción de los representantes de las organizaciones que han cuestionado la falta de apoyos en esta administración.
Llamó a la unidad de las agrupaciones de productores, para que “de la mano” de los tres órdenes de gobierno “salgamos adelante”.
Informó que su gobierno invirtió en este último periodo “más de 8 mil millones de pesos en la transformación de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola”, destacó.
Aseguró que en este mismo periodo entregó 15 mil 296 bultos de semilla mejorada de maíz, “de la mano del gobierno federal fertilizamos 539 mil hectáreas del campo”.
“El compromiso sigue firme, hay retos pendientes y lo estamos haciendo con trabajo y con la esperanza de que fortalezca nuestro campo”, destacó y anunció que el próximo año “vienen más recursos, invertiremos más para el campo”, sin mencionar a cuanto asciende esos recursos.
Por su parte, el titular de la Sagadegro, Alejandro Zepeda Castorena, propuso que este consejo priorice la colaboración efectiva entre sus integrantes, para que desde la productividad agrícola haya seguridad alimentaria.
“Que este consejo sea el motor que impulse nuestras decisiones y acciones, para la innovación tecnológica y la conservación de nuestros recursos naturales”, planteó el funcionario.
Igual que la gobernadora, llamó a la unidad de los productores, organizaciones y autoridades, para que, juntos, “hagamos del campo guerrerense un ejemplo de desarrollo social sustentable”.
La gobernadora Salgado Pineda asistió al final de la sesión y los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Marco Antonio Reyes Campos, en representación de los productores del maíz, y el representante de los productores de maguey, Carlos Renato Hernández Rodríguez, sólo le entregaron los resolutivos del consejo, mismos que no se dieron a conocer.
Las sesiones del consejo eran abiertas a los medios de comunicación en anteriores gobiernos pero a partir de la actual, comenzaron a sesionar a puerta cerrada.

 

Los engañaron para que quitaran su bloqueo, denuncian vecinos que piden ser censados

Damnificados por el huraca?n John de las colonias San Rafael Norte, Villas del Sol, Las Joyitas, Nacionalista, Lucía Alcocer, Los Tanques y Nueva Alborada que se encuentran en el albergue temporal en el gimnasio de la Universidad Auto?noma de Guerrero, ayer en conferencia de prensa Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Damnificados de varias colonias de Chilpancingo denunciaron en conferencia de prensa, que a mes y medio de las lluvias del huracán John, no han recibido ningún apoyo de los tres órdenes de gobierno y tampoco han sido censados por la Secretaría de Bienestar.
Los inconformes son parte del grupo de colonos que el 29 de octubre bloquearon durante tres horas las calles Benito Juárez y Nicolás Catalán, frente a la alameda Francisco Granados Maldonado.
Este miércoles, denunciaron que esa vez sólo fueron engañados con la promesa de que serían censados, para que retiraran el bloqueo.
Moisés González, uno de los representantes, recordó que ese día, el coordinador de Protección Civil municipal, Sergio del Moral Benítez, les dijo que realizarían un dictamen de cada una de sus casas y que el lunes pasado les entregarían el dictamen, para que el personal de la Secretaría de Bienestar fuera a censarlos.
Sin embargo, denunció que hasta este miércoles “no nos han llamado, hasta el momento no nos han dicho qué pasó o qué va a pasar, si nos van a censar”.
Informó que son 105 dictámenes de riesgo que se comprometió entregarles el funcionario municipal, con quien firmaron el acuerdo el 29 de octubre pasado, es decir, el día que realizaron el bloqueo. “Es la fecha que no ha incumplido”, insistió.
Las familias damnificadas son de las colonias Nacionalista, Los Tanques, San Rafael Norte, Nueva Alborada y Lucía Alcocer, ubicadas al norponiente de la capital, y los afectados se encuentran en el refugio del gimnasio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
“No hemos recibido ni un reporte, nada de apoyo. Mucho menos los ‘Servidores de la Nación’ nos han visitado para censarnos”, reprochó el representante de las familias.
Explicó que son unas 300 familias de distintas colonias, que están en espera de ser censados, aunque aclaró que en el refugio solamente hay 50.
Las familias llegaron a la conferencia de prensa con pancartas en las que exigen a la Secretaría de Bienestar que los censen, para que reciban el apoyo del gobierno federal.
“Queremos que nos censen, pero el delegado Iván Hernández no ha respondido”, dijo otro de los afectados.
Una ama de casa de la colonia San Rafael Norte declaró que a esa colonia no ha ido nadie de los “Servidores de la Nación” a censarlos, pero que, además, a más de un mes de que sufrieron los daños por las lluvias del huracán John, nadie de las dependencias de los tres órdenes de gobierno les ha llevado apoyo.
“En esa colonia estamos completamente olvidados. Nadie ha ido a visitarnos, nadie se ha tomado la molestia de ir a ver cómo están nuestras casas destruidas”.
En esa colonia, algunas familias sufrieron daños por el desbordamiento del agua del encauzamiento del río Huacapa, otras por hundimientos y cuarteaduras, derivadas de la falla geológica que atraviesa por las colonias de la zona norponiente de la capital, en donde por las intensas lluvias hubo nuevos daños en viviendas.
“Pedimos que se den la vuelta y vayan a verificar los daños que sufrimos”, pidió Rocío Mendoza, una de las damnificadas.
Omar Catalán demandó que los volteen a ver y agregó que por eso realizaron el bloqueo el 29 de octubre, en las calles Nicolás Catalán y Benito Juárez, “pero ni así, nos han ido a ver y menos nos han atendido”.
Indicó que a raíz de la protesta de ese día, personal de Protección Civil municipal fue a revisar “unas cuantas casas” y se comprometieron a realizar un dictamen, cuyo resultado les entregarían el lunes pasado, para que con ello, los “Servidores de la Nación” fueran a censarlos. Sin embargo, insistió en que ni el dictamen les han entregado.
Contó que en reuniones que han tenido con algunos funcionarios, les han dicho que en Chilpancingo no hubo daños graves y que por eso la atención está centrada en Acapulco, pero indicó que en realidad los funcionarios no saben ni conocen las colonias que hay, menos los daños que ocasionaron las lluvias.
“Hubo muchas afectaciones en Chilpancingo, igual que en varios lugares del estado, y es lo que pedimos al gobierno federal y a la gobernadora Evelyn Salgado, y al presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, que intervengan para que el gobierno federal nos apoye”.

Están abandonados por el gobierno, dicen colonos de la parte alta de Costa Azul

 

Redacción

Habitantes de la colonia Hermenegildo Galeana, ubicada en la parte alta de Costa Azul, dicen que se sienten abandonados por los tres órdenes de gobierno, debido a que no han subido a conocer las afectaciones que sufrieron en sus casas, las escuelas, templos y toda la zona.
Además, piden el apoyo para la limpieza y recolección de la basura y otros desechos, que representan un riesgo sanitarios para la comunidad.
Marisol Hidalgo Galeana, quien lleva 30 años viviendo en esta colonia, narró que la noche en que el huracán Otis impactó al puerto, su casa perdió el techo de lámina y todas sus pertenencias sufrieron daños y destrucción, por los fuertes vientos, así como por la lluvia.
Con obvio cansancio y con la piel quemada por el sol, escoba en mano y junto a su esposo, Marisol comentó que un diputado, al cual no reconoce porque nunca lo había visto, pero asegura que es de Morena, porque portaban los colores y nombre del partido, ha sido el único que ha subido a dejar una caja de despensa, pero considera que el apoyo ha sido condicionado, porque les pidieron nombre firma y credencial del elector; y además, las despensas traen una leyenda que las distingue como donativo, por parte del gobierno de Oaxaca.
“Hemos recibido despensa de un diputado, nada más, pero notamos que los donativos venían de Oaxaca. Pero nada más. Porque la presidenta ni una vuelta se ha dado por aquí”, señaló al ser entrevistada afuera de su casa.
En esa localidad, desde hace 22 años, vive Alfredo Hernández Cruz, quien lamentó el abandono gubernamental, porque asegura que a pesar de que él y sus vecinos se han esforzado por limpiar sus casas, así como las calles, y destacó que “no se han venido a parar por acá nadie”, refiriéndose a autoridades de los tres órdenes de gobierno.
“Todo está allá abajo -Costa Azul-, para acá arriba ni sus luces y acá estamos los que más necesitamos”, declaró Alfredo Hernández.
En un recorrido realizado por la colonia, se pudo observar cómo el techado de la cancha se desplomó, las bardas de la primaria Emperador Cuauhtémoc y el techado de su cancha también se cayeron.
Las puertas de la capilla San José de la Montaña se cayeron por la fuerza del viento y, de acuerdo con los vecinos, ya no fue un espacio seguro durante el paso del huracán, a pesar de ser el refugio temporal establecido por autoridades de Protección Civil.
En la colonia viven albañiles, prestadores de servicios turísticos, artesanos, trabajadores de hoteles y restaurantes, personas que hacen limpieza de casas.
Las viviendas en su mayoría fueron construidas con paredes de concreto, pero más de la mitad cuenta con techos de lámina y muy pocas tienen losa.

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

El Ejército y la GN se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan gobierno, alcaldesa y CRAC

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

Quieren hacer un cuartel en el terreno de una secundaria de Huitzuco, denuncian padres

Padres de familia y maestros de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, del municipio de Huitzuco, protestan en el Recinto Estatal Foto: Jesús Eduardo Guerrero

En el municipio de Huitzuco, los tres órdenes de gobierno pretenden quitarle su terreno a la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, para construir un cuartel de la Guardia Nacional, denunciaron padres de familia y maestros en una manifestación en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Los manifestantes, provenientes del municipio de Huitzuco, pidieron una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque señalaron que desde hace un año las autoridades les pidieron la donación de dos hectáreas y media de terreno para construir el cuartel.
Uno de los docentes de la escuela, Antonio González García, detalló que en la zona está la secundaria, el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Csaegro) y el Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial y de Servicios (CBTIS), que construir un cuartel en medio de las escuelas es “una bomba de tiempo”.
Recordó que hace un año le notificaron al director que autoridades visitarían la escuela, y acudieron de la Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de la Secretaría General de Gobierno, para convencer a los directivos y al supervisor para que les dieran el terreno.
Dijo que los terrenos fueron donados por las mismas personas del pueblo, para la construcción de la secundaria. Detalló que en la secundaria, los alumnos tienen talleres como de ganadería y siembra, que para eso ocupan los terrenos y también hay canchas para realizar deportes.
Indicó que el alcalde de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, “nos hace a un lado” porque le quieren dar obras públicas a cambio del terreno, “sabemos que ese dinero no es ni de él”.
El maestro precisó que un terreno ejidal no cuenta con una escritura, pero ahora “resulta que hay una escritura a favor del gobierno estatal”.
A la escuela acuden 355 alumnos, pero también realizan sus prácticas los del Csaegro, por ello alrededor de mil alumnos ocupan los terrenos, informó. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo)

Transportistas están “hartos” de la inseguridad; se movilizarán hoy hacia Protur

 

Argenis Salmerón

Dirigentes del transporte público organizado del estado, aseveraron que están “hartos” de la inseguridad en que se encuentra “hundido” el municipio, y reclamaron por la “ausencia” de una estrategia de seguridad efectiva por parte de los tres órdenes de gobierno.
En un boletín de prensa, los transportistas se quejaron de que la Fiscalía General del Estado (FGE) no da resultados de sus investigaciones, y ejemplicaron con el caso del dirigente de la Confederación Regional de Transportistas del Estado de Guerrero, Raúl Portillo Andraca, asesinado a balazos hace dos semanas.
Indicaron que el “clima” de inseguridad que prevalece en Acapulco se que ha “cobrado la vida” de dirigentes del transporte público en Guerrero y de trabajadores del volante.
Anunciaron que hoy, los choferes de taxis y camionetas Urvan se concentrarán en la zona Diamante, en el bulevar de Las Naciones, en el entronque con el Viaducto Diamante, desde donde se trasladarán hasta las instalaciones de la Promotora Turística (Protur) de Guerrero que son las oficinas de la gobernadora Evelyn Salgado en Acapulco.
Los líderes del transporte público organizado llamaron a la ciudadanía a participar en las protestas para exigir seguridad, pues aseguraron que ésta no solamente afecta al gremio, sino a todos los sectores sociales.
Recomendaron a los automóvilistas no salir de casa, para evitar caos vehicular, y pidieron la solidaridad de la ciudadanía por la manifestación.
Dijeron que la Dirección General de Transporte no puede prevenir, erradicar, ni combatir la violencia en todas sus formas; que se requieren acciones concretas y coordinadas y no la pega de números en el toldo de los taxis o pintarlos color violeta, que son los programas impulsados por el gobierno de Evelyn Salgado Pineda.
Los transportistas tienen presencia en todo el estado y provienen de diferentes organizaciones, para exigir seguridad al gobierno estatal.