Habitantes de la colonia Hermenegildo Galeana, ubicada en la parte alta de Costa Azul, dicen que se sienten abandonados por los tres órdenes de gobierno, debido a que no han subido a conocer las afectaciones que sufrieron en sus casas, las escuelas, templos y toda la zona.
Además, piden el apoyo para la limpieza y recolección de la basura y otros desechos, que representan un riesgo sanitarios para la comunidad.
Marisol Hidalgo Galeana, quien lleva 30 años viviendo en esta colonia, narró que la noche en que el huracán Otis impactó al puerto, su casa perdió el techo de lámina y todas sus pertenencias sufrieron daños y destrucción, por los fuertes vientos, así como por la lluvia.
Con obvio cansancio y con la piel quemada por el sol, escoba en mano y junto a su esposo, Marisol comentó que un diputado, al cual no reconoce porque nunca lo había visto, pero asegura que es de Morena, porque portaban los colores y nombre del partido, ha sido el único que ha subido a dejar una caja de despensa, pero considera que el apoyo ha sido condicionado, porque les pidieron nombre firma y credencial del elector; y además, las despensas traen una leyenda que las distingue como donativo, por parte del gobierno de Oaxaca.
“Hemos recibido despensa de un diputado, nada más, pero notamos que los donativos venían de Oaxaca. Pero nada más. Porque la presidenta ni una vuelta se ha dado por aquí”, señaló al ser entrevistada afuera de su casa.
En esa localidad, desde hace 22 años, vive Alfredo Hernández Cruz, quien lamentó el abandono gubernamental, porque asegura que a pesar de que él y sus vecinos se han esforzado por limpiar sus casas, así como las calles, y destacó que “no se han venido a parar por acá nadie”, refiriéndose a autoridades de los tres órdenes de gobierno.
“Todo está allá abajo -Costa Azul-, para acá arriba ni sus luces y acá estamos los que más necesitamos”, declaró Alfredo Hernández.
En un recorrido realizado por la colonia, se pudo observar cómo el techado de la cancha se desplomó, las bardas de la primaria Emperador Cuauhtémoc y el techado de su cancha también se cayeron.
Las puertas de la capilla San José de la Montaña se cayeron por la fuerza del viento y, de acuerdo con los vecinos, ya no fue un espacio seguro durante el paso del huracán, a pesar de ser el refugio temporal establecido por autoridades de Protección Civil.
En la colonia viven albañiles, prestadores de servicios turísticos, artesanos, trabajadores de hoteles y restaurantes, personas que hacen limpieza de casas.
Las viviendas en su mayoría fueron construidas con paredes de concreto, pero más de la mitad cuenta con techos de lámina y muy pocas tienen losa.
Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.
Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social
Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan
Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.
Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.
Padres de familia y maestros de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, del municipio de Huitzuco, protestan en el Recinto Estatal Foto: Jesús Eduardo Guerrero
En el municipio de Huitzuco, los tres órdenes de gobierno pretenden quitarle su terreno a la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, para construir un cuartel de la Guardia Nacional, denunciaron padres de familia y maestros en una manifestación en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Los manifestantes, provenientes del municipio de Huitzuco, pidieron una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque señalaron que desde hace un año las autoridades les pidieron la donación de dos hectáreas y media de terreno para construir el cuartel.
Uno de los docentes de la escuela, Antonio González García, detalló que en la zona está la secundaria, el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Csaegro) y el Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial y de Servicios (CBTIS), que construir un cuartel en medio de las escuelas es “una bomba de tiempo”.
Recordó que hace un año le notificaron al director que autoridades visitarían la escuela, y acudieron de la Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de la Secretaría General de Gobierno, para convencer a los directivos y al supervisor para que les dieran el terreno.
Dijo que los terrenos fueron donados por las mismas personas del pueblo, para la construcción de la secundaria. Detalló que en la secundaria, los alumnos tienen talleres como de ganadería y siembra, que para eso ocupan los terrenos y también hay canchas para realizar deportes.
Indicó que el alcalde de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, “nos hace a un lado” porque le quieren dar obras públicas a cambio del terreno, “sabemos que ese dinero no es ni de él”.
El maestro precisó que un terreno ejidal no cuenta con una escritura, pero ahora “resulta que hay una escritura a favor del gobierno estatal”.
A la escuela acuden 355 alumnos, pero también realizan sus prácticas los del Csaegro, por ello alrededor de mil alumnos ocupan los terrenos, informó. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo)
Dirigentes del transporte público organizado del estado, aseveraron que están “hartos” de la inseguridad en que se encuentra “hundido” el municipio, y reclamaron por la “ausencia” de una estrategia de seguridad efectiva por parte de los tres órdenes de gobierno.
En un boletín de prensa, los transportistas se quejaron de que la Fiscalía General del Estado (FGE) no da resultados de sus investigaciones, y ejemplicaron con el caso del dirigente de la Confederación Regional de Transportistas del Estado de Guerrero, Raúl Portillo Andraca, asesinado a balazos hace dos semanas.
Indicaron que el “clima” de inseguridad que prevalece en Acapulco se que ha “cobrado la vida” de dirigentes del transporte público en Guerrero y de trabajadores del volante.
Anunciaron que hoy, los choferes de taxis y camionetas Urvan se concentrarán en la zona Diamante, en el bulevar de Las Naciones, en el entronque con el Viaducto Diamante, desde donde se trasladarán hasta las instalaciones de la Promotora Turística (Protur) de Guerrero que son las oficinas de la gobernadora Evelyn Salgado en Acapulco.
Los líderes del transporte público organizado llamaron a la ciudadanía a participar en las protestas para exigir seguridad, pues aseguraron que ésta no solamente afecta al gremio, sino a todos los sectores sociales.
Recomendaron a los automóvilistas no salir de casa, para evitar caos vehicular, y pidieron la solidaridad de la ciudadanía por la manifestación.
Dijeron que la Dirección General de Transporte no puede prevenir, erradicar, ni combatir la violencia en todas sus formas; que se requieren acciones concretas y coordinadas y no la pega de números en el toldo de los taxis o pintarlos color violeta, que son los programas impulsados por el gobierno de Evelyn Salgado Pineda.
Los transportistas tienen presencia en todo el estado y provienen de diferentes organizaciones, para exigir seguridad al gobierno estatal.
