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Juicio político para la gobernadora por la violencia en el estado, pide Adrián LeBarón

La madre del normalista asesinado Yanqui Kothan, Liliana Vianey Gómez llega a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, acompañada del padre Filiberto Velázquez Foto: Carlos Carbajal

Alejandro Guerrero

Iguala

El activista Adrián LeBarón solicitó a la Cámara de Diputados federal y al Congreso del Estado que inicien un juicio político contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, y otros hechos de violencia en la entidad, en la que “son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad de miedo”.
Este jueves por la tarde, mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter), Julián LeBarón hizo públicas las peticiones de juicio político que entregó ese mismo día y que están fechadas un día antes. Con los oficios entregados y firmados, acompaña un video en el que justifica su solicitud.
“Pedimos juicio político a la gobernadora Evelyn Salgado. Es muy grave lo que ocurre en Guerrero, un lugar donde no existe el Estado de derecho, y son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad de miedo”, dice el activista en un video corto y un texto que acompaña su publicación.
Menciona que este jueves pidió al Congreso local y al federal, que inicie un juicio político contra Evelyn Salgado porque “ya no es posible que la gente esté pagando los costos de una administración omisa, incapaz de brindar seguridad a su población”.
Menciona, además, el homicidio del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez, cometido por agentes de la Policía Estatal la noche del jueves de la semana pasada, y ante las inconsistencias que se evidenciaron desde el inicio de las investigaciones, consideró que “se quería construir otra verdad histórica, y formar una realidad sesgada, para deslindarse de la responsabilidad”.
Agrega que con la fuga del policía que presuntamente habría matado a Yanqui Kothan, “se demostró que la institución del Estado no sirve y no responde a quienes debería servir. Eso es una muy alta traición”.
El miembro de la comunidad LeBarón, asentada en Chihuahua, y que ha apoyado a víctimas de la violencia en Guerrero, agregó: “No podemos dejar solos a nuestros hermanos guerrerenses, no podemos ser omisos ni voltear la mirada ante lo que sucede. No los dejemos solos y espero que el Congreso atienda este llamado”.
La demanda de juicio político contra la gobernadora se da en medio de la crisis política debida al asesinato del estudiante Yanqui Kothan, que este jueves obligó a la separación del cargo de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el general Rolando Solano Rivera, respectivamente, y a la remoción de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Las solicitudes de juicio político

Las demandas de juicio político contra la gobernadora Evelyn Salgado fueron entregadas este jueves a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, y en la oficialía de partes del Congreso del Estado, dirigido a la presidenta de la mesa directiva, Leticia Mosso Hernández.
Es promovida por el activista Adrián LeBarón Soto, en la que se indica que con fundamento a los artículos 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, 6 y 7 fracción VII, 9 y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “comparezco ante usted, para presentar una denuncia contra Evelyn Cecia Salgado Pineda, actual gobernadora del estado libre y soberano de Guerrero, con la finalidad de que se dé inicio al procedimiento de juicio político”.
Justifica que la procedencia de la denuncia, para que se inicie este juicio político, está de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados”.
En el segundo punto de la petición, establece que es procedente que se inicie el procedimiento en contra de la gobernadora Salgado Pineda, en virtud del artículo 110 de la Constitución, que establece que los ejecutivos de las entidades federativas “sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen”.
Asimismo, indica que es procedente, en virtud de que los hechos sobre los que se sustenta la presente denuncia encuadra en la hipótesis reconocida en el supuesto normativo del numeral 5, en relación con el artículo 7 fracciones VI y VII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “los gobernadores de los estados (…) podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen”.
Mientras que en la denuncia ante el Congreso local, Adrián LeBarón fundamenta su petición de juicio político contra Salgado Pineda en los artículos 195 de la Constitución Política del estado de Guerrero, así como los artículos 9, 10, 11, 13 y 14 de la ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Guerrero.

Desecha el Congreso demanda de juicio político contra la alcaldesa de Xalpatláhuac

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Congreso local desechó una solicitud de juicio político contra la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, que promovieron ciudadanos del municipio, y reprogramó la votación del proyecto de reformas a la constitución para modificar fecha de instalación de los ayuntamientos que llevan un mes de retraso.
Con una asistencia de 29 diputados locales, con la mayoría de la bancada Morena, ausente por la gira de Claudia Sheinbaum en Guerrero. Tampoco estuvo la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández del PT. La plenaria agotó el orden del día en unos 40 minutos.
Entre otros puntos, el pleno aprobó el dictámen de la Comisión previa que declaró improcedente una denuncia de responsabilidad política contra la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado, que promovieron Jorge Martínez Larios, Francisco Iturvide Salazar, Eloína Villarreal Comonfort y Carmen Pinzón Cillanueva, Fredy Ruiz García, Juan Morán Ruiz y Adelaido Morales Maldonado.
Desde el inicio de su gestión, la presidenta municipal del PRI ha sido confrontada por un grupo ciudadano, con acciones que tribunales electorales confirmaron como violencia política en razón de género.
La Mesa Directiva envió a la siguiente sesión que se celebrará hoy, la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen por el que se reforma el artículo 171 numeral 2 y 176 párrafo primero de la Constitución política del estado, que se dio a conocer desde el 8 de noviembre, para para modificar la fecha de inicio de los gobiernos municipales. El asunto se sigue posponiendo porque se requiere dos tercios de la legislatura para agotar el procedimiento.
En la sección de comunicados, se turnaron a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo el oficio del secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los organismos Públicos Descentralizados, Domingo Salgado Martínez, para que el Congreso realice las gestiones administrativas del pago de salarios de la primera quincena de noviembre de esta organización.
Así como el oficio de trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo sobre el pago de salarios de sindicato independiente, y otra solicitud para la integración de la comisión mixta de escalafón en el ayuntamiento capitalino.
A las comisiones de Cuenta Pública y Presupuesto se turnaron los oficios de autoridades comunitarias, donde solicitan la asignación de recursos para la rehabilitación de la carretera el Portillo-Potrerillo, Coapinole, Tuxtepec, Pueblo Hidalgo, Jicamaltepec de la Montaña, Buenavista y Rïo Huapa, en San Luis Acatlán; para dos kilómetros de pavimentación de Cuapexco al crucero de la carretera federal Zitlala-La Esperanza, en Zitlala, para una pavimentación de 2.5 kilómetros de tramo carretero de Villa Nicolás-Las Anonitas, en Ajuchitlán del Progreso.
También el Comité Gestor Tlaquiltzingo, municipio de Tlapa, pidió recursos para la construcción de un puente vehicular.
A petición de la diputada de Morena, Jessica Alejo Rayo, se pospuso para hoy la presentación de su iniciativa, para la creación de una Ley de Salud Mental en Guerrero.

Preocupa a Comisión de Hacienda
tratamiento a nuevos municipios

La diputada de PRI Alicia Zamora Villalba informó que la Comisión de Hacienda se instaló en sesión permanente hace un mes, para analizar la aprobación de las leyes de Ingreso y Tablas de Valores de los ayuntamientos, y para hacer un planteamiento de la Junta de Coordinación Política sobre cómo atender los asuntos fiscales del proximo ejercicio fiscal de los cuatro nuevos ayuntamientos.
En el caso de los que ya tienen gobiernos constituidos, Ñuu Savi y Santa Cruz del Rincón, indicó que uno de los criterios para hacer el cálculo con la fórmula de asignación de participaciones federales, son los ingresos propios del año anterior, y no los tiene, pero ellos no aceptan remitirse a la Ley General .
Por otro lado, están los cabildos instituyentes de San Nicolás y Las Vigas, que no han sido designados. Adelantó que hoy, antes de la sesión del periodo ordinario,
Aclaró que los municipios de origen ya no van a poder obtener los recursos que corresponde a las nuevas demarcaciones, y estado se vería obligado a reintegrar los fondos correspondientes a la federación
“Mañana lo vamos a definir con la Jucopo, para hacer los planteamientos de que, a diferencia del año pasado, tenemos cuatro situaciones que nos preocupan”.
La Comisión de Hacienda sesionó antes de la plenaria. De acuerdo con un boletín, la Comisión de Hacienda aprobó en sesión siete Leyes de Ingresos de Azoyú, Mártir de Cuilapan, Tlapa de Comonfort, Teloloapan, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas, así como las tablas de Valores y Uso de Suelo de 40 ayuntamientos
Los integrantes de la Comisión, Bernardo Ortega Jiménez, Alicia Zamora Villalba y José Efrén López Cortés, plantearon crear un artículo transitoria para los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez por los efectos del huracán Otis y un artículo Transitorio General, por los efectos del huracán Otis en la recaudación estatal y su impacto en los municipios.

Exhorta El Barzón a diputados a declarar procedente el juicio político contra López Rosas

Los diputados “no deben defender a quien no respetó y no ejecutó la ley que aprobaron”: Javier Taja. Se reunirá el miércoles con la Comisión Instructora del Congreso local

Karina Contreras

El dirigente del Barzón, Javier Taja Mestre, exhortó a los diputados locales para que se ajusten al derecho y no protejan a los presidentes municipales de sus partidos políticos contra quienes hay petición de juicio político, como en el caso del Ayuntamiento de Acapulco, que encabeza el perredista Alberto López Rosas.

En una conferencia de prensa, Taja Mestre, dijo que se trata de defender a la sociedad que fue agraviada por la autoridad municipal, pues en los dos últimos años no fue aplicado el 6 por ciento de descuento al impuesto predial que por derecho le correspondía a los contribuyentes cumplidos.

Hizo un llamado para que los diputados declaren procedente el juicio político contra el Ayuntamiento porteño, pues –dijo– es necesario que tomen con responsabilidad los problemas y se ajusten a un marco de derecho.

Taja Mestre informó que éste miércoles estarán con la comisión instructora del Congreso local para discutir los tiempos para la decisión del juicio político, y advirtió que no van a permitir que por una irregularidad del procedimiento interno del Congreso anulen un juicio político. “No vamos a permitir que se defienda la impunidad y corrupción, pues en el caso de Acapulco no pueden defender a quien no respetó y no ejecutó la ley que aprobaron”, dijo.

Anuncian la fase para presentar pruebas en el juicio político al alcalde de Chilapa

Esta semana se emplaza a Ariza, dice el presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Constantino García

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo El presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, Constantino García Cisneros informó que esta semana se emplazará al alcalde perredista de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo para que presente pruebas en el proceso de juicio político que se instruyó en su contra, y aseguró que está convencido que “alguna” autoridad municipal ordenó el desalojo de integrantes del Frente de Defensa Popular el año pasado.

Consultado antes de la sesión ordinaria, el diputado priísta precisó que a partir de la notificación, Ariza Acevedo tiene cinco días hábiles para responder y presentarse ante la comisión para que aporte sus pruebas.

En esta etapa –añadió– el alcalde tendrá que dar su versión sobre los hechos y desvirtuar los señalamientos que lo responsabilizan de ser quien ordenó el desalojo.

Luego aseveró: “De que alguna autoridad municipal ordenó el desalojo, es cierto. Lo que vamos a investigar los diputados de esta comisión es si él (Maclovio Ariza) dio la orden de desalojar a los integrantes del FDP”.

Por su parte, el alcalde de Chilapa –quien por segundo día consecutivo asiste a la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local en donde se convocó a una conferencia de prensa que fue otra vez suspendida– dijo estar tranquilo y confió en el apoyo de los diputados de su partido.

Abordado en el acceso principal a la sede del Poder Legislativo, Ariza Acevedo se negó a abundar sobre el tema. Sólo comentó que un despacho jurídico externo se está encargando de preparar su defensa legal y que este día en Acapulco durante la reunión de alcaldes, diputados locales y dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y Estatal se fijara una postura al respecto.

Anuncian la fase para presentar pruebas en el juicio político al alcalde de Chilapa

Esta semana se emplaza a Ariza, dice el presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Constantino García

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, Constantino García Cisneros informó que esta semana se emplazará al alcalde perredista de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo para que presente pruebas en el proceso de juicio político que se instruyó en su contra, y aseguró que está convencido que “alguna” autoridad municipal ordenó el desalojo de integrantes del Frente de Defensa Popular el año pasado.

En esta etapa –añadió– el alcalde tendrá que dar su versión sobre los hechos y desvirtuar los señalamientos que lo responsabilizan de ser quien ordenó el desalojo.

Marchan hoy desde Tixtla en apoyo al juicio político contra alcalde de Chilapa

Integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) efectuarán hoy lunes una marcha de Tixtla a Chilpancingo, para pedir a los diputados del Congreso local que den “seguimiento puntual” al juicio de procedencia para el desafuero del alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo, dijo la dirigente de la organización, Clemencia Guevara Tejedor.

Y es que según la dirigente, los diputados del PRD “como que no le quieren entrar”, y dijo que los diputados de la Comisión, David Jiménez Rumbo y Adela Román, firmaron el dictamen “pero han dicho que el presidente municipal Maclovio Ariza no es culpable”.

Guevara Tejedor rechazó que se haya dado entrada al juicio de procedencia por revanchas políticas al interior del PRD, con miras a la elección interna del candidato a la gubernatura, “nosotros creemos que es porque hemos insistido en que se haga justicia a nuestros compañeros que fueron desalojados con violencia del Palacio Municipal, y del predio que mantenían ocupado el año pasado”.

Los integrantes del FDP marcharán este lunes después del mediodía, de la vecina localidad de Tuxtla a esta capital, para instalar un plantón afuera del Congreso local.

Aprueba el Congreso abrir el proceso de juicio político contra el alcalde de Chilapa

Participan en la mayoría tres diputados del PRD

“No votamos para culparlo sino para que pueda presentar pruebas”, dijo la diputada Adela Román del alcalde de su partido Maclivo Ariza. Se trata de las demandas por un desalojo violento del ayuntamiento

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

Ante la inconformidad de algunos diputados del PRD, el pleno del Congreso del Estado aprobó ayer por mayoría dos dictámenes de la comisión instructora, que “encontró elementos suficientes” para comenzar el proceso de juicio político en contra del alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo.

Dicho juicio se derivó de las demandas interpuestas por miembros del Frente de Defensa Popular, luego del desalojo violento que sufrieron cuando mantenían tomado el ayuntamiento de aquel municipio el 5 de agosto del 2003.

En la víspera de la reunión entre diputados locales, federales, alcaldes, dirigentes municipales y estatales del PRD con el presidente nacional de ese partido, Leonel Godoy Rangel, y encabezados por su coordinador, David Jiménez Rumbo, los legisladores perredistas, Adela Román Ocampo y Marco López García, votaron en dos ocasiones a favor de los dictámenes “por congruencia” con los principios de su partido.

Consultada al término de la sesión, Román Ocampo indicó que la votación no avala que el alcalde perredista sea culpable, sino que de esta forma, Ariza Acevedo podrá demostrar su inocencia “de manera legal”.

Por su parte el coordinador del PRD, David Jiménez Rumbo confió en que no existen elementos legales para desaforar al alcalde de Chilapa, “que no le quede duda (a Maclovio Ariza), que lo vamos a defender con todo”, expresó.

David Jiménez, al igual que Adela Román señalaron –por separado– que el hecho de aprobar la primera etapa del juicio político, que consiste en la aportación de pruebas, es un mensaje a la ciudadanía para que recupere la credibilidad hacia las instituciones de gobierno al dar entrada a las demandas ciudadanas.

“De no hacerlo estaríamos imitando la actitud del PRI, un partido que ya perdió toda credibilidad por solapar actos de corrupción y delitos que comenten sus alcaldes y funcionarios públicos”, indicó Román Ocampo.

Negó que su decisión y la de sus dos compañeros se deba “a la división de corrientes”, y señaló como ejemplo que el alcalde de Chilapa ha manifestado su apoyo al diputado federal Zeferino Torreblanca, mientras que el diputado David Jiménez, apoya al senador Armando Chavarría, por lo que “sería indignante condenar a un compañero por su preferencia política”, aseveró Adela Román.

Luego de que Jesús García Rendón y la dirigente del FDP, Clemencia Guevara Tejedor interpusieron, por separado, una demanda de juicio político y revocación de mandato en contra del alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo por los hechos violentos de agosto del 2003, la comisión instructora encontró elementos para determinar procedente que el alcalde impugnado y la parte acusadora presenten sus pruebas.

Ambos dictámenes fueron leídos en tribuna por los diputados priístas, Constantino García Cisneros –presidente de la comisión instructora – y Joaquín Mier Peralta, integrante de la misma, y el argumento legal en el que se basaron fue que en la administración Maclovio Ariza “detectaron” que hubo “una violación sistemática o constante de los derechos humanos”, al referirse al desalojo de los miembros del FDP.

En respuesta, el diputado por el PRD, Ramiro Alonso de Jesús, consideró que la comisión instructora “actuó con revanchismo político” y reprochó que en este caso se apruebe una demanda en contra de un alcalde perredista y que en otras ocasiones han desechado demandas de juicio político en contra de alcaldes priístas.

“Se entiende, porque el PRD le quitó un bastión importante de voto verde al PRI”, expresó en tribuna Alonso de Jesús y afirmó que la labor legislativa se mueve “en torno al interés político”.

En seguida, el priísta Joaquín Mier Peralta refutó los argumentos del diputado perredista y señaló que el dictamen no prejuzga la culpabilidad de Maclovio Ariza, sino que “consideramos que hay elementos que deben ser investigados”, indicó.

Nuevamente, Ramiro Alonso subió a tribuna para afirmar que el dictamen es doloso, pues “le están haciendo el paro a los desestabilizadores profesionales”, dijo el legislador por el PRD al referirse a los integrantes del FDP y afirmó que el gobierno del estado y el PRI financaron el movimiento del FDP para generar conflictos en ese municipio.

Al debate se sumó el perresista, Heriberto Noriega Cantú, quien llamó a no permitir que el Congreso se convierta en un instrumento de venganza en contra de rivales políticos; “pero tampoco se debe convertir en instrumento de impunidad”, atajó el legislador.

Recordó que luego del desalojo violento en Chilapa, una comisión de diputados se trasladó al penal en donde se encontraban detenidos algunos miembros del FDP, y el alcalde negó que hubiera personas heridas y golpeadas.

“Sin embargo, la insistencia de los diputados obligó que nos permitieran el acceso al penal y fue cuando nos percatamos que había más de 10 personas en estado deplorable, a quienes ni siquiera se les había brindado atención médica”, relató el legislador local, quien votó a favor del dictamen.

La diputada priísta Alicia Zamora, originaria de Chilapa, se pronunció en tribuna porque el Congreso “sea garante de la imparcialidad y legalidad”, mientras que el presidente de la comisión instructora, Constantino García Cisneros rechazó estar actuando por intereses políticos y aseguró, que en caso de no encontrar elementos para culpar a Maclovio Ariza, “ténganlo por seguro que será exonerado”, expresó.

El diputado por el PRD, Víctor Buenrostro Marín calificó de ilegal los dictámenes de la comisión instructora, al afirmar que en este caso se esta emitiendo un juicio y no una valoración previa.

Aseveró que la comisión de examen previo o comisión instructora “se erigió en acusador” al emitir un dictamen que va más allá de sus facultades. Acusó a la comisión instructora de escuchar sólo los argumentos de la parte acusadora.

En los dictámenes no se informa si al alcalde Maclovio Ariza se le informó sobre la demanda y sobre todo, de qué forma respondió, aseguró el legislador perredista.

Buenrostro Marín adelantó que el criterio que utilizará la comisión instructora durante el proceso de juicio político “ya lo definieron” en esta ocasión, al cometer una serie de irregularidades de carácter legal y afirmó que el procedimiento de aportación de pruebas será un mero trámite.

La votación en dos ocasiones fue de 21 a favor del dictamen de la comisión instructora, entre ellos los tres diputados perredistas, 11 en contra y cinco abstenciones.

De esta manera inició el primer proceso de juicio político en contra de un alcalde en esta legislatura. En esta ocasión, en contra de un edil perredista que fue impulsado para ganar la alcaldía por la corriente conocida como los cívicos –grupo vinculado estrechamente con Chavarría– y que mantiene problemas de carácter político con esa corriente, luego de que manifestó su apoyo de manera abierta al diputado Zeferino Torreblanca Galindo.

Aprobación de la cuenta pública de alcaldes aliancistas.

En la sesión del Congreso también se aprobaron las cuentas públicas del primer cuatrimestre del 2003 de siete ayuntamientos, entre ellas las de los alcaldes de Zitlala, Tlalixtaquilla y Mochitlán.

Por unanimidad se aprobó el balance cuatrimestral de los alcaldes priístas y miembros de la Alianza por Guerrero, quines anteayer se reunieron con el gobernador, René Juárez Cisneros, al igual que las cuentas públicas de los ayuntamientos perredistas de Metlatónoc y Talchapa.

En el caso de la cuenta pública del ayuntamiento de Acapulco, el diputado por el PVEM, Marco de la Mora votó en contra al argumentar que el alcalde, Alberto López Rosas no aplicó el descuento del 16 por ciento al impuesto predial que se encuentra plasmado en la ley de ingresos.

En tribuna, la diputada Gloria Sierra López defendió al alcalde porteño al afirmar que “el momento de juzgar debe ser en el último cuatrimestre”, porque en los primeros meses “es difícil tener una valoración real” de las presuntas irregularidades, además de que el recurso lo libera el gobierno estatal, “retrasándose en la mayoría de las ocasiones”, indicó.

Mientras que el diputado por el PRS, Heriberto Noriega Cantú consideró que el Congreso “es corresponsable” de las irregularidades en las que incurren los ayuntamientos, al no corregir los problemas que detectaron antes de aprobar en diciembre del 2003 las leyes de ingreso de los ayuntamientos.

Resaltó el hecho de que Alberto López Rosas, a pesar de que en la ley de ingresos del municipio de Acapulco, planteaba aplicar un descuento del 16 por ciento en el impuesto predial a los ciudadanos que cumplieran en tiempo y forma con el pago, “no lo aplicó porque de hacerlo hubiera repercutido negativamente en las finanzas del ayuntamiento”, expresó.

Azueta: promoverá el Cabildo juicio político y demanda penal al síndico

Acusan a Joaquín González de no informar de una demanda laboral de tres ex empleados que ganaron un laudo que ordena su reinstalación y el pago de 745 mil pesos por salarios caídos

El Cabildo de Zihuatanejo acordó promover un juicio político contra el síndico Joaquín González Ramírez, además de integrar una denuncia penal y evidenciarlo ante la Auditoría General del Estado por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, por no haber informado sobre una notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

En la doceava sesión ordinaria de Cabildo, que se llevó a cabo el martes por la tarde, se trató el asunto del fallo del TCA a favor de tres ex empleados del Ayuntamiento, dos de ellos adscritos a Contraloría municipal, Edgar Sálas Téllez y José Luis Jordán Herrerón; y de la sindicatura, Jesús Solís Ramírez.

Los ex trabajadores argumentaron que fueron despedidas de manera injustificada desde el 16 de julio de 2003, por lo que se falló a su favor y se ordenó al gobierno municipal que sean reinstalados y además les paguen 745 mil 195 pesos por concepto de salarios caídos.

La inconformidad de los ediles contra González Ramírez fue porque él recibió la notificación el 26 de agosto de 2003, y no avisó a las áreas correspondientes para que procedieran, por lo que se dio oportunidad a los demandantes de ganar el pleito legal.

El martes, en la sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad que González Ramírez sea sometido a un juicio político y que se le denuncie ante la Auditoría General del Estado.

También se propuso que sea demandado penalmente por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, y a favor de esta iniciativa votaron siete ediles y se abstuvieron cuatro.

Trascendió que en la sesión, el síndico explicó al Cabildo que no dio a conocer la notificación del TCA por considerar que los tres empleados fueron despedidos de manera injustificada, y reiteró que asume su responsabilidad “estrictamente legal” por su acción.

Luego, en entrevista, Joaquín González sostuvo que al haber votado a favor del juicio político, los regidores le dan la razón en el sentido de que “argumentan que es facultad del síndico representar al Ayuntamiento y defender y promover el patrimonio del mismo, pero eso lo reconocen cuando les conviene”.

Agregó que “cuando no les conviene a los regidores, el síndico no tiene facultad (y entonces) el presidente usurpa mis funciones, pero cuando sienten que les afecta (…) reconocen que el síndico tiene sus facultades”.

Dijo que “si bien es cierto que tengo que defender los derechos del Ayuntamiento, también tengo que defender los derechos de los empleados, no es capricho personal de Joaquín González o de algún funcionario correr a los empleados sin razón ni justificación (y), ahora quieren colgarme la irresponsabilidad de caprichosamente correr a los empleados”.

Ayer miércoles trascendió que tanto en la dirección de Asuntos Jurídicos, como en la Secretaría General del Ayuntamiento, ya se integraba la denuncia penal que presentarán ante la autoridad correspondiente.

Iniciativa de Adela para juicio político a un gobernador

Ezequiel Flores Contreras

Chilpancingo

Ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Adela Román Ocampo presentó dos iniciativas de decreto para reformar la Constitución local, con el objetivo de especificar que el gobernador en turno podrá ser sometido a juicio político. También se nombró a la mesa directiva que presidirá el segundo periodo ordinario de sesiones.

Las reformas planteadas por la diputada perredista son a los artículos 80, 110 y 112 de la Constitución local, y el secretario de la mesa directiva, el diputado Constantino García, dio lectura a los oficios y se turnaron a comisiones unidad para su análisis.

Posteriormente, Román Ocampo informó que la reforma al articulo 80 propone especificar, “de manera clara”, que el gobernador puede ser sometido a juicio político como “cualquier” servidor publico, expresó. La otra propuesta está enfocada a reformar algunos apartados de la Fiscalia Especial para Delitos Electorales.

En la misma sesión se dio lectura al escrito que envió el regidor del ayuntamiento de Cuautepec, Anicacio Verónica Urbano, para solicitar licencia por tiempo indefinido al cargo.

Posteriormente se clausuró el primer periodo de receso. Inmediatamente se instaló la junta preparatoria para designar a la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones.

El diputado panista Arturo Martínez Pérez fue quien propuso a la planilla que fue electa por unanimidad, por los 34 diputados presentes.

De esta forma quedó conformada la mesa directiva que se encargará de recibir la glosa del gobierno estatal, y coordinará las comparecencias de los secretarios de despacho de la administración renejuarista.

En la presidencia de la mesa directiva quedó el diputado por el PT, Fredy García Guevara; como primero y segundo vicepresidentes, el priísta Raúl Salgado, y por el PRD, Mauro García; como secretarias, la panista Porfiria Sandoval y Gloria Sierra.