Deslinda Ortiz Ureña a la Sedesol del presunto fraude en un fraccionamiento de Taxco




El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Ignacio Ortiz Ureña deslindó ayer a la dependencia federal de la denuncia por el presunto fraude en la construcción de casas habitación para agremiados de El Barzón, e informó que existe una petición de revisión del caso ante la Contraloría del estado por incumplimiento de la comuna de Taxco que presidió el ex alcalde y ahora diputado local Abraham Ponce Guadarrama.
El funcionario federal advirtió que procederá legalmente en contra del secretario de proyectos productivos de El Barzón, José Clemente Arciniega Reyna, de quien dijo que “con el afán de difamarme” ha publicado la denuncia en distintos medios.
Arciniega Reyna denunció un presunto fraude con la construcción de 226 viviendas en la unidad habitacional El Boliche en la comunidad de San Juan, municipio de Taxco.
El fraude, según dijo el integrante de El Barzón, fue cometido por el ex alcalde y actual coordinador de la fracción de diputados del PRI, Abraham Ponce Guadarrama, así como por el delegado de la Sedesol, Ortiz Ureña, este último por avalar presuntamente la adquisición del terreno al ex alcalde Ponce sin reunir los requisitos; pero además por condicionar la entrega de las 226 viviendas con el pago de 50 mil pesos para la introducción de los servicios públicos.
A ese respecto, en conferencia de prensa ofrecida ayer, el delegado de la Sedesol informó que esa dependencia federal sólo fungió en ese proyecto como auxiliar del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y que la unidad habitacional corrió a cargo del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur), y el Ayuntamiento de Taxco que presidió Ponce.
El delegado federal, quien se dijo de filiación panista, explicó que el fondo del caso tiene un móvil “político partidista”, pues dijo que es bien sabido que Arciniega Reyna fungió como candidato del PRD a la presidencia municipal de Taxco, “y pretende hacer escándalo con un funcionario del gobierno del presidente Vicente Fox en este proceso electoral”.
“El caso tiene un trasfondo político mediático, pues todos sabemos que ya vienen nuevamente las elecciones para presidente municipal y ya se rumora que Ignacio Ortiz Ureña, es uno de los que aspiran a la candidatura a la presidencia municipal”, dijo el funcionario federal.
Con respecto a la unidad habitacional, el delegado explicó que en el 2003 la comuna que presidió el ex presidente municipal Ponce promovió ante la delegación de la Sedesol y a través del programa Habitad, la adquisición de reserva de suelo con la finalidad de promover vivienda social y para lo cual a través de la mezcla de recursos, esa autoridad municipal por acuerdo de cabildo, adquirió el predio denominado El Boliche, y que la operación de compraventa se hizo entre el cabildo y el propietario del predio.
Ortiz deslindó a la delegación de la Sedesol respecto al señalamiento de Arciniega de que él avaló la adquisición del terreno que era propiedad del ex alcalde Ponce a pesar de que no reunía las condiciones para la construcción de viviendas.
Explicó que la autoridad municipal de manera paralela promovió ante Invisur y dentro del programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, la construcción de 226 viviendas.
Explicó que Invisur fue la dependencia ejecutora, mientras que al Ayuntamiento le correspondió la aportación del terreno, así como la construcción e introducción de los servicios.
Informó que en este programa a los beneficiarios les correspondió la aportación de 8 mil pesos, mientras que al gobierno federal 32 mil, los cuales ya fueron ejecutados en la construcción de la vivienda, pero que, el Ayuntamiento incumplió con la introducción de los servicios, “no obstante los requerimientos que les hizo nuestra dependencia con fecha 25 de octubre del 2005”.
Ortiz indicó que la dependencia estatal solicitó a la Contraloría del estado que lleve a cabo la fiscalización, finque las responsabilidades e impugna las sanciones procedentes ante el incumplimiento en que incurrió la anterior administración municipal, “representada por el ex presidente municipal Abraham Ponce Guadarrama”.
Aseguró que la delegación federal no está pidiendo a los beneficiarios el pago de 50 mil pesos para el pago de los servicios públicos, y que, por el contrario, ha gestionado con Invisur para que si alguno de los beneficiarios originales solicita la devolución de sus 8 mil pesos porque ya no se interesan por la vivienda, puede hacerlo, por que señaló que existen muchas familias que si están dispuestas a adquirir los pies de casa.
Advirtió que ante las calumnias de que fue objeto por parte del secretario de proyectos productivos de El Barzón “contempla, previa opinión de la dirección general de Normatividad y Asuntos Contenciosos” de esa Secretaría denunciar penalmente por difamación a José Clemente Arciniega.

Exhorta El Barzón a diputados a declarar procedente el juicio político contra López Rosas

 

 Los diputados “no deben defender a quien no respetó y no ejecutó la ley que aprobaron”: Javier Taja. Se reunirá el miércoles con la Comisión Instructora del Congreso local

 Karina Contreras

El dirigente del Barzón, Javier Taja Mestre, exhortó a los diputados locales para que se ajusten al derecho y no protejan a los presidentes municipales de sus partidos políticos contra quienes hay petición de juicio político, como en el caso del Ayuntamiento de Acapulco, que encabeza el perredista Alberto López Rosas.

En una conferencia de prensa, Taja Mestre, dijo que se trata de defender a la sociedad que fue agraviada por la autoridad municipal, pues en los dos últimos años no fue aplicado el 6 por ciento de descuento al impuesto predial que por derecho le correspondía a los contribuyentes cumplidos.

Hizo un llamado para que los diputados declaren procedente el juicio político contra el Ayuntamiento porteño, pues –dijo– es necesario que tomen con responsabilidad los problemas y se ajusten a un marco de derecho.

Taja Mestre informó que éste miércoles estarán con la comisión instructora del Congreso local para discutir los tiempos para la decisión del juicio político, y advirtió que no van a permitir que por una irregularidad del procedimiento interno del Congreso anulen un juicio político. “No vamos a permitir que se defienda la impunidad y corrupción, pues en el caso de Acapulco no pueden defender a quien no respetó y no ejecutó la ley que aprobaron”, dijo.