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Deslinda Ortiz Ureña a la Sedesol del presunto fraude en un fraccionamiento de Taxco




El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Ignacio Ortiz Ureña deslindó ayer a la dependencia federal de la denuncia por el presunto fraude en la construcción de casas habitación para agremiados de El Barzón, e informó que existe una petición de revisión del caso ante la Contraloría del estado por incumplimiento de la comuna de Taxco que presidió el ex alcalde y ahora diputado local Abraham Ponce Guadarrama.
El funcionario federal advirtió que procederá legalmente en contra del secretario de proyectos productivos de El Barzón, José Clemente Arciniega Reyna, de quien dijo que “con el afán de difamarme” ha publicado la denuncia en distintos medios.
Arciniega Reyna denunció un presunto fraude con la construcción de 226 viviendas en la unidad habitacional El Boliche en la comunidad de San Juan, municipio de Taxco.
El fraude, según dijo el integrante de El Barzón, fue cometido por el ex alcalde y actual coordinador de la fracción de diputados del PRI, Abraham Ponce Guadarrama, así como por el delegado de la Sedesol, Ortiz Ureña, este último por avalar presuntamente la adquisición del terreno al ex alcalde Ponce sin reunir los requisitos; pero además por condicionar la entrega de las 226 viviendas con el pago de 50 mil pesos para la introducción de los servicios públicos.
A ese respecto, en conferencia de prensa ofrecida ayer, el delegado de la Sedesol informó que esa dependencia federal sólo fungió en ese proyecto como auxiliar del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y que la unidad habitacional corrió a cargo del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur), y el Ayuntamiento de Taxco que presidió Ponce.
El delegado federal, quien se dijo de filiación panista, explicó que el fondo del caso tiene un móvil “político partidista”, pues dijo que es bien sabido que Arciniega Reyna fungió como candidato del PRD a la presidencia municipal de Taxco, “y pretende hacer escándalo con un funcionario del gobierno del presidente Vicente Fox en este proceso electoral”.
“El caso tiene un trasfondo político mediático, pues todos sabemos que ya vienen nuevamente las elecciones para presidente municipal y ya se rumora que Ignacio Ortiz Ureña, es uno de los que aspiran a la candidatura a la presidencia municipal”, dijo el funcionario federal.
Con respecto a la unidad habitacional, el delegado explicó que en el 2003 la comuna que presidió el ex presidente municipal Ponce promovió ante la delegación de la Sedesol y a través del programa Habitad, la adquisición de reserva de suelo con la finalidad de promover vivienda social y para lo cual a través de la mezcla de recursos, esa autoridad municipal por acuerdo de cabildo, adquirió el predio denominado El Boliche, y que la operación de compraventa se hizo entre el cabildo y el propietario del predio.
Ortiz deslindó a la delegación de la Sedesol respecto al señalamiento de Arciniega de que él avaló la adquisición del terreno que era propiedad del ex alcalde Ponce a pesar de que no reunía las condiciones para la construcción de viviendas.
Explicó que la autoridad municipal de manera paralela promovió ante Invisur y dentro del programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, la construcción de 226 viviendas.
Explicó que Invisur fue la dependencia ejecutora, mientras que al Ayuntamiento le correspondió la aportación del terreno, así como la construcción e introducción de los servicios.
Informó que en este programa a los beneficiarios les correspondió la aportación de 8 mil pesos, mientras que al gobierno federal 32 mil, los cuales ya fueron ejecutados en la construcción de la vivienda, pero que, el Ayuntamiento incumplió con la introducción de los servicios, “no obstante los requerimientos que les hizo nuestra dependencia con fecha 25 de octubre del 2005”.
Ortiz indicó que la dependencia estatal solicitó a la Contraloría del estado que lleve a cabo la fiscalización, finque las responsabilidades e impugna las sanciones procedentes ante el incumplimiento en que incurrió la anterior administración municipal, “representada por el ex presidente municipal Abraham Ponce Guadarrama”.
Aseguró que la delegación federal no está pidiendo a los beneficiarios el pago de 50 mil pesos para el pago de los servicios públicos, y que, por el contrario, ha gestionado con Invisur para que si alguno de los beneficiarios originales solicita la devolución de sus 8 mil pesos porque ya no se interesan por la vivienda, puede hacerlo, por que señaló que existen muchas familias que si están dispuestas a adquirir los pies de casa.
Advirtió que ante las calumnias de que fue objeto por parte del secretario de proyectos productivos de El Barzón “contempla, previa opinión de la dirección general de Normatividad y Asuntos Contenciosos” de esa Secretaría denunciar penalmente por difamación a José Clemente Arciniega.

Piden la salida del delegado de la Sedesol Ortiz Ureña; lo acusan de fraude en Taxco

 

Unas 226 familias, habitantes de la unidad habitacional El Boliche, en la comunidad de San Juan, municipio de Taxco, afectadas por un presunto fraude demandaron la destitución del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, José Ignacio Ortiz Ureña.
Mediante un escrito enviado al abogado general y jefe de la unidad de esa dependencia federal, Rafael Domínguez Morfín, los afectados denuncian que el fraude en la construcción de las viviendas se habría cometido también con la complicidad del ex presidente municipal de Taxco y actual coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Abraham Ponce Guadarrama.
En el escrito de fecha 11 de mayo, se explica que en el 2003 el entonces alcalde Ponce Guadarrama propuso que los agremiados a El Barzón de ese municipio, que perdieron sus casas con motivo de la devaluación, fueran beneficiados con un pie de casa mediante el programa Tu Casa; explican que los beneficiarios fueron seleccionados según las reglas de operación del programa.
Asimismo se indica que los pies de casa fueron construidos por el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur), y que esta dependencia entregó las construcciones conforme a las reglas de operación, “no así el Ayuntamiento, que debió realizar los servicios bajo la supervisión de Sedesol, porque entendemos fueron programas autorizados por el Congreso de la Unión y la Sedesol tuvo que garantizar su operación de conformidad con las reglas de operación, entre ellas que no se condicione o cobre, pero sobre todo que llegue al que más la necesita”.
Denuncian que el delegado José Ignacio Ortiz Ureña, “realizó todo lo contrario dejando a 226 familias sin poder ocupar un espacio digno y superar la etapa de la pobreza, porque el delegado Ortiz Ureña nos condiciona para poder habitar la casa el pago de 50 mil pesos”.
Explican que este recurso es presuntamente para la introducción de los servicios, cuando en las reglas de operación se señala que estos le corresponden al Ayuntamiento, que en ese entonces era presidido por el alcalde Abraham Ponce Guadarrama y que la comuna incumplió con su parte.
Los afectados señalan en su escrito que otra de las irregularidades es que el terreno en donde se construyó la unidad habitacional era propiedad de Ponce quien lo vendió a la Sedesol a fin de que se construyeran ahí las viviendas de interés social.
Indican que la operación de la compra venta del terreno se realizó a pesar de que no reunía “lo esencial” para que se edificara la unidad habitacional; denuncian que la transacción se realizó con el consentimiento de Ortiz Ureña.
Al final de su escrito las 226 familias señalan que “con el fin de que se puedan realizar las investigaciones del caso y se aplique todo el peso de la ley a los responsables, solicitamos la inmediata destitución del delegado José Ortiz Ureña”.

Ortiz Ureña: ninguna autoridad puede lucrar con los programas sociales por votos



Durante el acto Jornada para la transparencia y la legalidad en Guerrero donde concurrieron autoridades estatales, federales y electorales, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Ignacio Ortiz Ureña dijo que los programas sociales utilizados para abatir los índices de marginación y pobreza no tienen una “paternidad política-partidista” y que ninguna autoridad puede “jugar o lucrar con la necesidad de la gente para obtener votos”.
Asimismo, el presidente del Consejo Local del IFE, Luiz Zamora Cobián dijo que están preocupados por la cobertura de los programas que se sustentan con copias de la credencial de elector, porque podrían ser usados de forma inadecuada.
En la jornada, Ortiz Ureña dijo que ese acto es para reafirmar el compromiso del gobierno federal con la “transparencia, que no es una moda u ocurrencia, ese compromiso debe honrarse y hacerse una práctica cotidiana”.
Dijo que mediante los programas federales de la Sedesol se busca cambiar las condiciones de pobreza y marginación de los guerrerenses y negó que exista manipulación y clientelismo electoral, “seremos garantes de que los programas cumplan con su meta social y ningún otro cometido”.
Afirmó que la utilización de programas y recursos públicos para fines electorales, “debe ser una práctica perniciosa que ha quedado enterrada en el pasado. Por ello en este contexto de elecciones el compromiso del gobierno federal es que las políticas públicas no corresponden a una moda sexenal o electoral. No hay otra cosa que nos lastime que la pobreza, pero nos lastima y nos duele más que se utilice la presión para obtener apoyo político-electoral”.
Llamó a los gobernantes de los tres niveles de gobierno a consolidar la “rendición de cuentas y a una actuación pública intachable, para consolidar la democracia” y reconoció el “compromiso con la transparencia” del gobernador del estado, Zeferino Torreblanca, ausente en la actividad.
En su intervención, Zamora Cobián habló sobre las reglas de neutralidad que ha fijado ese órgano a los tres niveles de gobiernos y resaltó que en Guerrero tienen la preocupación principal de la cobertura de los programas sociales “que están sustentados con copias de la credencial de elector de los beneficiarios y eso puede ser utilizado de forma inadecuada”.
Agregó: “El IFE sigue insistiendo en el cumplimiento de las reglas de neutralidad, por ello pedimos especial atención y vigilancia a esos grupos vulnerables que pueden ser presas de grupos que pretendan coaccionar el voto; sin embargo confiamos en que habrá una jornada electoral el 2 de julio, libre, transparente y lejos de presiones, en caso de que esto suceda en el IFE estamos preparados para actuar en consecuencia”.
Pide la Fepade en tener confianza en las instituciones
En su intervención la titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), María de los Ángeles Fromow Rangel dijo que el país se encuentra formado por instituciones como la que encabeza.
Dijo que en cinco años de labor, la Fepade “se ha consolidado” y llamó a los ciudadanos a ser “corresponsables” para vigilar que la elección del 2 de julio sea limpia y transparente.
Fromow Rángel dijo que es necesario comenzar una “cruzada nacional para prevenir el delito electoral y proteger a los grupos vulnerables, que puedan ser sujetos a presiones para obligarlos a votar por determinado partido o candidato”.
En su discurso, dijo que el gobierno federal hace un “esfuerzo por garantizar que se vigilará que el voto será respetado y que se ejercerá sin ninguna presión, necesitamos una mayor participación de la gente para que denuncie hechos ilegales y convertirnos todos en vigilantes de este proceso electoral”.
Agregó: “En los cinco años de vida de la Fepade, tenemos y seguimos ganándonos la confianza institucional urge que haya una cultura de la denuncia para atender las quejas de los ciudadanos; hemos recibido 367 denuncias, de las cuales 130 tienen que ver con la elección federal y están en proceso de desahogo”.
Entrevistada al finalizar el acto dijo que en Guerrero se han levantado seis denuncias, de las cuales dos tienen que ver con la presunta utilización de recursos públicos para fines electorales, “tenemos que ser cuidadosos en dar esta información, porque está reservada y forma parte de una investigación”.
Fromow Rangel tampoco quiso abundar si esas denuncias tienen que ver con el mal uso de los programas sociales de la federación; también se negó a opinar sobre el constante interés del presidente Vicente Fox en las elecciones y las insinuaciones en actos públicos sobre la pertinencia de que se siga por el camino que ha fijado, “no se ha presentado ninguna denuncia al respecto y no podemos actuar de oficio, tenemos reglas y obedecemos a un marco jurídico”.
El acto fue organizado por la delegación estatal de la Sedesol y se llevó a cabo en el auditorio de rectoría de la UAG, al que no asistió ningún funcionario o representante del gobierno estatal de primer nivel, sino que enviaron al subsecretario de Asuntos Jurídicos, Nelson Bello Muñiz. A nombre del rector de la UAG, asistió el secretario general académico, Román Ibarra; el delegado de la PGR, José Martín Godoy Castro; la titular de la Fepade local, Violeta Parra; en representación de la Contraloría del estado, Wendy Hernández Bello.

El Ayuntamiento solicitó 12 millones más para Hábitat, dice Sedesol

 Ya se destinaron 22 millones, recuerda Ortiz Ureña. La controversia entre regidores y el alcalde es un tema “totalmente ajeno a la Secretaría”, dice el delegado

 El delegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Ignacio Ortiz Ureña, informó que en el arranque del programa Hábitat en Guerrero, se destinaron 22 millones de pesos para Acapulco, al haberse enviado ayer el proyecto completo de los 70.6 millones de pesos que comprenden los recursos de ese programa para Guerrero, y agregó que existe una solicitud de ampliación de recursos de 12 millones de pesos por el ayuntamiento porteño.

Consultado sobre la controversia que se dio hace unos días entre los regidores y el alcalde, Alberto López Rosas en donde los primeros acusaron al alcalde de manejar con discreción la designación de dichos recursos, el delegado lamentó el hecho y dijo que era un tema “totalmente ajeno a la Secretaría”.

Agregó que la dependencia federal trata directamente con el alcalde y que es él quien puede o no disponer a consideración de los regidores el programa: “Nosotros nos sujetamos a la propuesta que viene validada por el Ayuntamiento y para nosotros es el presidente municipal quien lo representa”.

Explicó que es el Ayuntamiento, a través de sus instancias de gobierno quien hace llegar su proyecto de inversión, el cual es analizado por la Sedesol para que los recursos sean aplicados en las áreas que la misma marca para combatir la pobreza urbana.

Además señaló que de los 16 municipios que participan esta vez en el programa, 14 han cumplido con la condición de comprar reserva de suelo, para que la delegación –a través del programa Tu Casa–, apoye con subsidios para la construcción de viviendas con un valor total de 40 millones, de los cuales ellos apoyan con 32 millones.

Sobre el proyecto de combate a la pobreza urbana en Acapulco, señaló que la propuesta presentada por el Ayuntamiento, es abarcar las 7 modalidades incluidas por la secretaría, como es la infraestructura urbana y desarrollo humano, a través de apoyos a centros de salud e instancias infantiles.

Especificó que tras el envío del proyecto a la Sedesol federal, éste será analizado por un comité de valoración para que libere los recursos la Secretaría de Hacienda y ésta a su vez los remita a la Tesorería de la federación.

Se levantará denuncia ante la PGR contra los plantonistas, advierte el delegado Ortiz Ureña

Retienen miembros del FPR al delegado de Sedesol y a otros siete funcionarios

Zacarías Cervantes Chilpancingo Indígenas del Frente Popular Revolucionario (FPR), que tomaron desde el lunes pasado las instalaciones de la delegación de la Sedesol, mantuvieron retenidos hasta la 1 de la madrugada de ayer al delegado José Ignacio Ortiz Ureña y a siete funcionarios más.

Los indígenas demandan la entrega de ocho millones de pesos del programa Vivienda Rural y tres más del programa Empleo Temporal, recursos que –según los dirigentes de la organización– corresponden al techo financiero para este 2004.

Luego de ocupar las oficinas de la dependencia federal y retener a los funcionarios, a las 2 de la tarde de ayer el delegado, acompañado por el notario público Hugo Pérez Bautista, se presentó a las instalaciones y exhortó a los dirigentes de la organización para que las abandonen, porque de lo contrario procedería legalmente.

Pero como los dirigentes del FPR se negaron a abandonar las instalaciones, el representante del área jurídica de la dependencia federal se presentó, la tarde de ayer, ante la Agencia del Ministerio Público Federal y presentó la demanda penal.

Uno de los dirigentes de la organización, Saúl Morán Oropeza, dijo que a pesar de las amenazas del delegado de la Sedesol “no nos intimidamos, y advirtió que continuarán con la protesta hasta que les resuelvan sus demandas.

Y es que –dijo– desde enero el delegado de la Sedesol, Ortiz Ureña, le da largas a su demanda de recursos de los programas Vivienda Rural y Empleo Temporal.

Informó que el funcionario federal se excusa con el argumento de que aún no cuenta con las reglas de operación del programa, y que tampoco conoce cuál es el techo financiero que corresponderá a Guerrero.

El dirigente indígena señaló que no es posible qua a estas fechas aún se carezca de esa información, “nosotros lo que suponemos es que se pretenden utilizar los recursos para beneficiar al PAN en este proceso electoral que se avecina”.

Antes, el delegado de la Sedesol había declarado a los representantes de los medios de información que pretendía evitar en todo lo posible actuar de manera legal en contra de los miembros del FPR que mantenían tomadas las instalaciones de la dependencia federal, “por eso vine a exhortarlos con el notario público, pero si no aceptan no queda otra alternativa que presentar la demanda ante la PGR”.

Insistió en que no puede establecer un compromiso con los inconformes porque la delegación de la Sedesol carece aún de las reglas de operación, y que desconoce también cuál será el monto que ejercerá de esos programes este año.

Retienen miembros del FPR al delegado de Sedesol y a otros siete funcionarios

 Se levantará denuncia ante la PGR contra los plantonistas, advierte el delegado Ortiz Ureña

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Indígenas del Frente Popular Revolucionario (FPR), que tomaron desde el lunes pasado las instalaciones de la delegación de la Sedesol, mantuvieron retenidos hasta la 1 de la madrugada de ayer al delegado José Ignacio Ortiz Ureña y a siete funcionarios más.

Los indígenas demandan la entrega de ocho millones de pesos del programa Vivienda Rural y tres más del programa Empleo Temporal, recursos que –según los dirigentes de la organización– corresponden al techo financiero para este 2004.

Luego de ocupar las oficinas de la dependencia federal y retener a los funcionarios, a las 2 de la tarde de ayer el delegado, acompañado por el notario público Hugo Pérez Bautista, se presentó a las instalaciones y exhortó a los dirigentes de la organización para que las abandonen, porque de lo contrario procedería legalmente.

Pero como los dirigentes del FPR se negaron a abandonar las instalaciones, el representante del área jurídica de la dependencia federal se presentó, la tarde de ayer, ante la Agencia del Ministerio Público Federal y presentó la demanda penal.

Uno de los dirigentes de la organización, Saúl Morán Oropeza, dijo que a pesar de las amenazas del delegado de la Sedesol “no nos intimidamos, y advirtió que continuarán con la protesta hasta que les resuelvan sus demandas.

Y es que –dijo– desde enero el delegado de la Sedesol, Ortiz Ureña, le da largas a su demanda de recursos de los programas Vivienda Rural y Empleo Temporal.

Informó que el funcionario federal se excusa con el argumento de que aún no cuenta con las reglas de operación del programa, y que tampoco conoce cuál es el techo financiero que corresponderá a Guerrero.

El dirigente indígena señaló que no es posible qua a estas fechas aún se carezca de esa información, “nosotros lo que suponemos es que se pretenden utilizar los recursos para beneficiar al PAN en este proceso electoral que se avecina”.

Antes, el delegado de la Sedesol había declarado a los representantes de los medios de información que pretendía evitar en todo lo posible actuar de manera legal en contra de los miembros del FPR que mantenían tomadas las instalaciones de la dependencia federal, “por eso vine a exhortarlos con el notario público, pero si no aceptan no queda otra alternativa que presentar la demanda ante la PGR”.

Insistió en que no puede establecer un compromiso con los inconformes porque la delegación de la Sedesol carece aún de las reglas de operación, y que desconoce también cuál será el monto que ejercerá de esos programes este año.

Pide Sedesol a alcaldes no partidizar ni usar el Oportunidades con fin electorero

* Comienza en Chilpancingo el programa de 2004

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Ignacio Ortiz Ureña, pidió ayer a los presidentes municipales no partidizar ni proponer con fines electorales a los beneficiarios del programa Oportunidades.

Esto durante el acto donde se puso en marcha el programa Más Oportunidades para 5 Millones de familias en 2004, que opera esa dependencia federal, el cual se llevó de manera sincronizada con el que presidió en Puebla la titular de Sedesol, Josefina Vázquez Mota, y en todos los estados del país.

El delegado de Oportunidades informó que en el caso de Guerrero el año pasado se atendieron a 274 mil 100 familias, de 4 mil 92 localidades ubicadas en 77 municipios, y que para 2004 el padrón de familias beneficiarias crecerá a 296 mil 168 familias que serán atendidas.

Indicó que el presupuesto de cierre anual para Guerrero fue de mil 220 millones de pesos, de los cuales 491 millones de pesos fueron para apoyos a la alimentación y 728 millones de pesos para becas educativas. Informó que este presupuesto crecerá este año a mil 400 millones de pesos.

El funcionario federal dijo que las brigadas que se encargarán de la incorporación de las familias pobres a este programa, tienen la encomienda de acudir a todas las localidades donde no ha entrado hasta ahora, y demandó la participación de los alcaldes para que ayuden a ubicar a la dependencia federal en donde se encuentran esas familias.

“A nosotros no nos sirven los listados que ustedes nos propongan, queremos que nos digan dónde están, dónde viven esas familias para que nuestros brigadistas vayan a visitarlos, verificar y certificar su situación e incorporarlos al programas”, solicitó.

Informó que además de los recursos económicos que reciben las familias beneficiarias, también tienen apoyos como los “suplementos alimenticios” para los niños y las mujeres embarazadas.

El delegado de la Sedesol, el panista Ortiz Ureña, pidió apoyar a la dependencia federal al incorporar a los beneficiarios al programa, “sin politizarlo ni partidizarlo”, porque dijo que se trata de un plan para las personas con “pobreza de capacidades y de patrimonio”.

Mientras tanto el delegado de Oportunidades, Salgado Sánchez, pidió a los alcaldes “desalentar actitudes clientelares, inclusiones masivas, “porque nosotros no trabajamos con asociaciones ni organizaciones, sino con personas en lo individual a quienes vamos a visitar para hacerles el estudio”, explicó.

Por su parte, el alcalde de Chilpancingo, Saúl Alarcón Abarca, criticó el programa asistencialista del gobierno federal panista: “no es suficiente llevar de comer a los pobres, sino que es necesario la creación de empleos para que tengan garantizado un salario seguro y permanente que les permita sobrevivir”.

Asimismo, señaló que tampoco es suficiente llevarles a los pobres “aspirinas para que les retroceda la fiebre, sino que se les debe crear hospitales equipados y con medicamentos para que puedan atenderse”.

Al acto de Chilpancingo asistieron alcaldes y diputados locales y estuvo presidido por el delegado de la Sedesol, Ortiz Ureña, así como por el delegado de Oportunidades, José Carlos Salgado Sánchez.

Otros invitados fueron algunos diputados locales como el panista David Tapia Bravo, los perredistas Rómulo Reza Hurtado y Mauro García Medina, así como alcaldes priistas de Florencio Villarreal, Teodoro Luvio Bernal; de Cuautepec, Hilario Ciriano Tenorio; de Chilpancingo, Saúl Alarcón Abarca; de Tlalixtaquilla, Sofío Ramírez Hernández, y de Azoyú, Consuelo Ivancovich Hernández.

Se reúne Ortiz Ureña con seis alcaldes para informarles su adhesión a Hábitat

* Ya son 16 ciudades incorporadas, informa

 El delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social, José Ignacio Ortiz Ureña, se reunió ayer con los alcaldes de Tixtla, Zumpango del Río, Cuidad Altamirano, Atoyac de Alvarez, Telolopan y Chilapa de Alvarez, para informarles que están en el programa Hábitat y solicitarles una carta compromiso y disposición presupuestal para la mezcla de recursos propios o del Ramo 33, en acciones y obras de cualquiera de sus siete vertientes.

En un boletín de prensa, se informa que se incrementó a 16 las ciudades participantes en el programa, con el fin de avanzar en una planeación más equitativa, justa e integral que incida en el combate a la pobreza urbana de Guerrero.

Con la reunión, se explica, comenzaron las sesiones institucionales para informar sobre su inclusión en la Estrategia Hábitat.

Ortiz Ureña señaló que sostendrá reuniones con los ediles de las 16 ciudades incluidas en Hábitat para este año.

El funcionario explicó que las propuestas que presenten los presidentes municipales de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Tlapa, Ciudad Altamirano, Chilapa de Alvarez, Teloloapan, Zumpango del Río, Tixtla, Petatlán, Atoyac de Alvarez, Ometepec, Argelia y Huitzuco, serán analizadas por el Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg), con lo que se evitará la duplicidad en la asignación de recursos y eliminará la presentación de proyectos en diversas instancias y niveles de gobierno.

El delegado de la Sedesol convocó a los ediles a programar talleres informativos y de capacitación para los cabildos, y personal que operará las acciones del programa Hábitat.