Maribel Gutiérrez
Hace siete años, la doctora Adela Rivas Obé, directora de cuatro clínicas del IMSS en la Costa Grande, fue asesinada cuando investigaba el robo de medicamentos en la de Petacalco. Por este crimen, perpetrado el 22 de septiembre de 2016, se encuentra en prisión Edgar Arturo Cuéllar Bravo, condenado a 38 años, luego de que se comprobó su culpabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y traición.
Fue sentenciado el 5 de octubre de 2018. Pero actualmente promueve un recurso legal para que se le reduzca la condena.
No es la única vía por la que el autor busca evadir el castigo conforme a la ley del crimen que fue de relevancia en la opinión pública y causó indignación pues la doctora fue asesinada porque cumplía con su deber al descubrir el robo de medicinas en el IMSS cometido por el encargado de la farmacia que debía cuidarlas; es decir, se puso en riesgo y perdió la vida por defender a la institución.
La condena que le fue impuesta corresponde sólo al delito de homicidio calificado. Pero el sentenciado no ha sido juzgado por otros delitos que se cometieron contra la doctora: desaparición, feminicidio y tortura, es decir por los golpes y tormentos a los que fue sometida.
También ha evadido la investigación y enjuiciamiento por el robo de medicinas al IMSS.
El 5 de octubre de 2018 Edgar Arturo Cuéllar Bravo fue condenado a 38 años de prisión; se encuentra en el penal de Zihuatanejo.
En 2022 demandó reabrir el juicio en busca de cambiar la sentencia condenatoria, y un juez resolvió en contra.
En fecha reciente, en el domicilio del hijo de la doctora Adela Rivas, Bolívar Darío Rojas Rivas, en la ciudad de Atoyac, fue entregada una notificación del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tecpan de Galeana.
La cédula que se entregó, fechada el 17 de julio de 2023, es una notificación del 10 de julio, de la jueza de Control y Enjuiciamiento Penal Patricia Lozano Hernández, en relación con el expediente en contra de Edgar Arturo Cuéllar Bravo por el delito de homicidio calificado, en agravio de Adela Rivas Obé.
El documento no dice cuál es el motivo del exhorto. Pero el padre de Bolívar Rojas Rivas, Wilivaldo Rojas Arellano, que recibió el documento, preguntó al notificador, licenciado Francisco Pino Osorio, y éste le informó que el detenido promueve la reducción de la condena de 38 años de prisión.
El homicidio calificado de Adela Rivas es ya cosa juzgada, irrebatible, indiscutible e inmodificable.
En entrevista, Wilivaldo Rojas Arellano manifestó: “Como familia pedimos respeto a la condena”, que está sustentada en diversas pruebas.
Esa condena que el autor del asesinato purga en Zihuatanejo es sólo por el delito de homicidio calificado. Pero la familia de la víctima, y quien aparece en la cédula de notificación como ofendido, Bolívar Darío Rojas Rivas, exigen que se le juzgue también por los delitos que no han sido considerados y en consecuencia que se aumente la condena.
La desaparición de la doctora durante 20 días puede quedar impune
El 22 de septiembre de 2016 desapareció la doctora Adela Rivas Obé, de 52 años de edad. Su familia presentó la denuncia en la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía.
Estuvo desaparecida hasta el 11 de octubre de ese año, cuando fue hallada sin vida.
En febrero de 2023, seis años y 5 meses después, la Fiscalía pidió la vinculación a proceso por el delito de desaparición del ya condenado por homicidio. Y el juez la concedió, pero el Tribunal Colegiado la revocó. La familia de la víctima se inconformó mediante un amparo y actualmente se espera la resolución, para saber si se juzga al imputado también por desaparición.
La doctora Adela Rivas tenía 25 años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y para entonces tenía el cargo de directora de Microzona de esa institución, que consistía en la dirección de cuatro clínicas de la región Costa Grande: Papanoa, Petatlán, La Unión y Petacalco.
Adela Rivas Obé, nacida en Atoyac, era conocida en el medio político, porque desde muy joven participó como activista y como dirigente en los movimientos por la defensa de los derechos sociales y políticos de la población, y fue representante del PRD de entonces en los organismos electorales y regidora de Salud en el trienio 1999-2002. En Atoyac y otras ciudades de la Costa Grande era conocida por su profesión, doctora Adela Rivas.
Cuando fue desaparecida se desplazaba constantemente por las cuatro ciudades costeñas para atender su trabajo en el IMSS. De lunes a viernes vivía en un pequeño departamento en Petatlán, y cuando descansaba usualmente tenía tiempo para pasar el fin de semana con sus dos hijos, estudiantes universitarios, en un departamento en Acapulco: Bolívar Darío y Emiliano Rojas Rivas.
El 22 de septiembre de 2016 los jóvenes esperaban a su mamá, pero no llegó. Al día siguiente, acompañados por su papá, el profesor universitario y dirigente social y político de izquierda en Atoyac, Wilivaldo Rojas Arellano, fueron a buscarla a Petatlán, pero ahí tampoco llegó, y se trasladaron a Zihuatanejo a buscarla.
Supieron que se le vio por última vez en la clínica del IMSS de Zihuatanejo, la número 8, donde acudió a una reunión de trabajo. Obtuvieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la clínica.
En las imágenes aparece con su bolsa y unos documentos en la mano, vestida con el uniforme del IMSS: blusa amarillo claro con el emblema de la institución impreso en el pecho y pantalón azul marino, zapatos de tacón ancho café, e iba peinada con el cabello recogido.
Se ve que entró a la clínica a las 12:03 y salió a las 12:40. En la noche, el mismo 23 de septiembre, Bolívar Rojas Rivas acudió a presentar la denuncia por desaparición a las 21:00 horas a la Fiscalía Antisecuestros en Acapulco. Antes, en la tarde, la familia dio una conferencia de prensa en Atoyac para dar a conocer la desaparición de la doctora Adela Rivas.
En su estancia en Zihuatanejo, la familia habló con la jefa de la doctora, la directora de las directoras de las Microzonas del IMSS, María Teresa Díaz Mendoza, y con la directora de la Microzona de Tierra Caliente, que les informaron que la médica desaparecida estaba investigando un desabasto de medicamentos controlados en Petacalco y La Unión.
Desde ese momento la familia tuvo el apoyo de otros familiares, compañeros y vecinos, y se dedicaron a buscarla.
Participaron en marchas y conferencias de prensa y difundieron la última imagen captada por la cámara de vigilancia de la clínica del IMSS; en una manta que encabezó una manifestación en Atoyac, y en otras en Acapulco, preguntaban “¿la has visto?”.
El 11 de octubre, el cuerpo de una mujer fue hallado abandonado en un predio en la playa Majahua de Zihuatanejo.
Con exámenes de ADN la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que el cuerpo era el de la doctora Adela Rivas Obé, y señaló que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un objeto contundente, que fue una piedra. La Fiscalía de Guerrero cambió en el expediente de la investigación el delito de secuestro por homicidio calificado. Desde el primer día de la desaparición, Bolívar Darío y la familia habían presentado una denuncia por desaparición en la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía.
El 24 de octubre del mismo 2016 la Fiscalía estatal detuvo al responsable del asesinato, que también era trabajador del IMSS, encargado de farmacia de la clínica 27 de Petacalco, en donde Adela Rivas estaba investigando el desabasto de medicamentos y había descubierto que éste se debía al robo.
Nueva vinculación a proceso
Pasaron más de seis años sin que avanzara en la FGR la investigación por la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé. En febrero de este año, la Fiscalía federal pidió la vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada, y se abrió la causa penal 6/2023.
El 10 de febrero de 2023 se iniciaron las audiencias.
El 21 de febrero de 2023 el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal en el estado de Guerrero con residencia en Acapulco, en funciones de juez de control en la causa penal 6/2023, vinculó a proceso a Edgar Arturo Cuéllar Bravo.
El juez consideró válidos los fundamentos que presentó la Fiscalía para probar que el imputado desapareció a la víctima, desde el 22 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2016.
Según las investigaciones de la Fiscalía, a las 13:18 del 22 de septiembre de 2016, el imputado llamó a su celular a la víctima; en ese momento ambos celulares se localizaron en las inmediaciones de la tienda Sams Club en Zihuatanejo, y a las 15:19 se localizaron en las inmediaciones de la playa Majahua. En esas dos horas, la víctima fue desaparecida, y permaneció desaparecida hasta el 11 de octubre cuando se encontró el cadáver al lado de un basurero en dicha playa.
El cuerpo fue hallado oculto entre la maleza, en una zona aledaña a la playa, en un lugar despoblado, intransitado.
La Fiscalía también estableció que la víctima fue encerrada en la cajuela del automóvil del imputado. En esa cajuela, una inspección el 22 de octubre de 2016, se encontró un arete de bolita de color amarillo, que es el par del que se encontró al lado del cuerpo. Además, el hijo de la víctima reconoció ambos aretes como los que ella usaba.
Es decir, hubo un ocultamiento del destino, suerte y paradero de la víctima, desde el momento en que fue trasladada en el vehículo en la cajuela y posteriormente se ocultó el cuerpo entre la maleza en un basurero cerca de la playa Majahua, en un lugar despoblado, escondido y aíslado.
Además, en la investigación que realizó la Fiscalía de Guerrero y que dio como resultado la condena del imputado por homicidio calificado, aparecen otros elementos que prueban la desaparición.
Una es la destrucción de objetos que pudieran identificar a la víctima, como la quema de la blusa con el emblema del IMSS y los documentos que ella llevaba el día de su desaparición, así como su bolsa de mano. Según la investigación, los objetos fueron incinerados en un lugar escondido, de difícil acceso, a un lado del río Balsas.
El 24 de febrero de 2023 el Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Acapulco recibió el recurso de apelación del imputado contra su vinculación a proceso por el delito de desaparición.
El magistrado ponente presentó un proyecto que ratificaba la vinculación a proceso, pero los otros dos magistrados por mayoría la revocaron.
Los magistrados argumentan, entre otros preceptos, que no se puede juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos, y que el imputado ya fue juzgado y está condenado por homicidio calificado.
En contra de esta visión, se argumenta que la desaparición es un hecho distinto al homicidio.
Además, en la resolución del toca penal 140/2023 se establece que esta resolución inhibe una nueva persecución penal al imputado por los mismos hechos.
El 24 de julio, el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas, por medio del representante legal de la familia, el abogado comisionado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), presentó un amparo para inconformarse por la desvinculación a proceso del imputado.
Así, un tribual deberá resolver si procede el juicio por la desaparición de que fue víctima la doctora Adela Rivas Obé durante 20 días.