Avala el Congreso las tres designaciones del Ejecutivo como magistrados provisionales al TSJ

Isis Peralta Salvador, Saúl Montúfar Mendoza, y Maria Luisa Nava Gregorio, toman protesta ante el pleno del Congreso como magistrados provisionales del Tribunal Superior de Justicia Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

A propuesta de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el Congreso local aprobó y tomó protesta a Isis Peralta Salvador, María Luisa Nava Gregorio y Saúl Montufar Mendoza, como magistrados provisionales del Tribunal Superior de Justicia(TSJ).
En una sesión extraordinaria celebrada este jueves, los diputados aprobaron tres de las seis propuestas enviadas por la gobernadora Salgado Pineda para ocupar las vacantes que hay en el pleno del TSJ.
Las propuestas de Nava Gregorio y Montúfar Mendoza fueron aprobadas por la unanimidad de los 45 diputados presentes en la sesión; mientras que en la votación para designar a Peralta Salvador fue por mayoría, con el voto en contra de la panista Irene Montiel Servín.
Los tres perfiles fueron propuestos por la gobernadora y permanecerán en el cargo hasta que rindan protesta los magistrados que resulten electos en el proceso electoral judicial, previsto para 2028.
Los nombramientos fueron dictaminados por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación y sometidos a votación este jueves durante un periodo de sesión extraordinaria.

Se nombran pese a contradicciones en las leyes

Los nombramientos aprobados dos por unanimidad y una por mayoría, ocurrieron a pesar de las contradicciones que hay en dos artículos transitorios derivados de las dos últimas reformas al poder Judicial.
El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 25 de agosto, establece que las vacantes que hay en el pleno del TSJ serán designados por única ocasión por la titular del poder Ejecutivo y ratificadas por el Congreso local.
“Por única ocasión, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor del presente Decreto y la toma de protesta de las personas electas en el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, las vacantes en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia serán cubiertas mediante la designación de magistraturas provisionales, nombradas por la persona titular del Poder Ejecutivo y ratificadas por el Congreso del Estado conforme a la normatividad aplicable”, se lee en artículo transitorio número 16 publicado en el Periódico Oficial el 25 de agosto del 2025.
Bajo ese artículo transitorio fue que el Congreso aprobó hoy estos tres nombramientos, aunque un artículo transitorio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de junio pasado, establece expresamente que si existen vacantes estas deberán elegirse hasta el proceso electoral del 2028.
“Los cargos de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales federal y locales que no hayan sido objeto de renovación en la elección judicial del año 2025, así como las vacantes correspondientes, se elegirán sin excepción en las elecciones judiciales federal y locales del año 2028, conforme a lo previsto en este Decreto”, indica el segundo transitorio del decreto público en el DOF el pasado 2 de junio en donde establece realizar la elección judicial hasta el 2028.
Bajo esas dos contradicciones fue que el Legislativo nombró ayer a tres magistrados que podrían ser relevados del cargo después de la elección judicial local.
El transitorio del decreto federal no tiene homologación en lo local, ya que los diputados locales no han armonizado la reforma que aplaza la elección judicial al 2028.

Los perfiles

En agosto de 2025, Isis Peralta Salvador, quien se desempeñaba como  jueza de control en Acapulco, fue atacada a balazos en el fraccionamiento Costa Azul de dicha ciudad, cuando viajaba en su camioneta junto con su hijo.
María Luisa Nava Gregorio se desempeñaba como Jueza Unitaria de Enjuiciamiento Penal con sede en Acapulco.
Saúl Montúfar es un perfil con una trayectoria cercana al PRI: es hermano del ex alcalde priista de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, asesinado en 2018 cuando era candidato a diputado local por el Distrito 18, y es hermano del ex candidato priista a la diputación local por Chilpan-cingo, Bonifacio Montúfar.
Se desempeñó como delegado de la Profeco en Guerrero durante el sexenio del priista Héctor Astudillo Flores. Actualmente se desempeña como subsecretario de Normatividad Jurídica en la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado y es presidente del Colegio de Abogados Juristas de Guerrero.

Ya es un año en busca de justicia para la doctora asesinada Adela Rivas; su hijo relata el proceso

 

Familiares de la doctora del IMSS adscrita a la clínica de Petatlán, Adela Rivas Obé, toman evidencia con sus teléfonos celulares de las grabaciones de video cámaras de la Subdelegación administrativa del IMSS en Zihuatanejo, donde fue vista por última vez el jueves 22 de septiembre de 2016. La doctora pasó frente a la cámara con unos documentos en las manos .Foto: Brenda Escobar.

A un año del asesinato de la doctora asesinada, Adela Rivas Obé, su hijo Bolívar Darío Rojas Rivas informó que la primera audiencia que estaba programada para el 7 de agosto fue pospuesta porque los testigos de la defensa no habían sido notificados, y el tribunal integrado por los jueces María Luisa Nava Gregorio, Sergio Guzmán Chávez y Edgardo Mendoza Falcón quien funge como presidente del jurado, difirieron la audiencia para el 11 de septiembre, a pesar de que los testigos de las víctimas sí estaban.
Posteriormente, el 11 de septiembre sí se celebró la audiencia pero únicamente se desahogaron las declaraciones de testigos del lado de la víctima, el primero fue del propio Bolívar, hijo mayor de la doctora Adela Rivas Obé, quien detalló que su mamá el 21 de septiembre de 2016 le mandó un mensaje informándole que había terminado muy tarde de trabajar porque acudió a la clínica del IMSS en Petacalco, porque estaba investigando una pérdida de medicamentos en la farmacia de esa clínica.
El hijo de la víctima agregó que su mamá le dijo que el jueves 22 de septiembre de 2016 llegaría a Acapulco porque tendría una reunión de trabajo el viernes 23 de septiembre en ese puerto.
Sin embargo, la doctora no llegó al puerto y se preocuparon él y sus familiares, pero esperaron a que llegara el viernes 23 de septiembre después de la reunión pero no sucedió, relató.
Agregó que el sábado 24 de septiembre de 2016 él, su papá y otros familiares acudieron a buscar a la doctora a Petatlán, donde tenía su base, y desde donde ella dirigía las demás clínicas que tenía a su cargo que eran las de Petatlán, Papanoa, La Unión y Petacalco. Al llegar ahí platicaron con la señora Ada Peñaloza quien le vendía comida a su mamá, ella les dijo que la doctora había pasado a desayunar temprano con ella y que en días anteriores le había comentado que andaba investigando un robo de medicamentos en la farmacia de Petacalco, por eso estaba supervisando la clínica de ese lugar.
Después los familiares se trasladaron a la ciudad de Zihuatanejo y en la clínica 8 del IMSS de dicho lugar observaron en los videos de las cámaras de seguridad que la doctora Adela Rivas Obé llegó a las instalaciones a las 12:03 del día, y salió a las 12:38 aproximadamente. En ese momento se ve a su mamá con vida por última vez. Ese mismo día presentaron la denuncia en la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro en Acapulco.
Agregó que entre finales de septiembre y principios de octubre de ese año la jefa inmediata de su mamá, María Teresa Díaz le dijo que ella le había ordenado checar un “faltante” de medicamentos en la clínica, y le proporcionó los nombres de los administradores de las tres clínicas que su mamá tenía a su cargo, en esa lista iba el nombre y teléfono de Édgar Arturo, el acusado de su asesinato.
Añadió que el 11 de octubre de 2016 se halló un cuerpo de una mujer en la playa La Majahua en Zihuatanejo, y acudieron a identificarlo pero debido al estado en que estaba no lo reconocieron. Entonces le tomaron muestras de ADN a él y a su tía Angelina Rivas y el 17 de ese mes la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos correspondían a la doctora Adela Rivas Obé.
Continuó: el 23 de octubre del 2016 les informaron que fue detenido el encargado de la clínica de Petacalco, Edgar Arturo, como presunto homicida de la doctora.
Dijo que estaba seguro que Edgar Arturo es el culpable porque un arete de su mamá fue hallado junto a sus restos y el otro estaba en la cajuela del imputado. Además un testigo vio cuando Edgar Arturo estaba quemando unas pertenencias de su mamá el 23 de septiembre, un día después de la desaparición de la doctora, y de acuerdo con los datos de telefonía celular, las coordenadas del asesino indican que estuvo cerca de la clínica número 8 del IMSS de Zihuatanejo el 22 de septiembre del 2016 en la hora que su mamá se encontraba en ese lugar, y que además que ese mismo día ambos equipos celulares se quedan sin señal justo en el camino que conduce a playa La Majahua, en Zihuatanejo.
De la audiencia de ayer Bolívar Dario comentó que se vertieron los alegatos de clausura, donde la familia de la doctora solicitó a los jueces encargados del caso que hagan justicia a casi dos años de su asesinato el 22 de septiembre de 2016.
Indicó que a dos días que se cumplan dos años del asesinato de su mamá los familiares piden a los jueces que hagan valer el estado de Derecho.
Dijo que “no se puede hacer historia sin hacer justicia, pero tampoco se puede hacer justicia sin hacer historia, a casi dos años de la partida de mi mamá queremos pedir a los jueces que hagan historia haciendo justicia, haciendo justicia a nuestra familia, y también a las demás familias que han sido afectadas por la inseguridad en el estado”.
“Se debe hacer justicia también por las familias que han sido agredidas por feminicidas, familias a quienes les han arrebatado hermanas, esposas e hijas, esas familias que también están buscando aún a sus seres queridos, se debe hacer justicia para que nos devuelvan la paz y la tranquilidad, les pedimos a los jueces que no dejen libre a un feminicida porque Guerrero necesita paz”, agregó.
Indicó que los jueces han escuchado las versiones de ambas partes y la defensa del imputado únicamente se dedicó a desacreditar la investigación del robo de medicamentos que su mamá hacía, pero en ningún momento presentó alguna prueba que refutara la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“No se presentó alguna prueba que indicara que el inculpado fuera inocente, al contrario, la defensa presentó a testigos del IMSS quienes sólo defendieron a la institución pero nunca señalaron de ninguna manera que el detenido fuera inocente”, expuso.
Agregó que “nosotros no buscamos aclarar si hubo un robo de medicamentos en el IMSS, lo único que queremos es justicia por el asesinato de mi mamá y ya se dieron a conocer pruebas contundentes indicando la culpabilidad del detenido”.
Dijo que el tribunal para resolver el caso está integrado por los jueces María Luisa Nava Gregorio, Sergio Guzmán Chávez y Edgardo Mendoza Falcón quien funge como presidente.
Reiteró que los tres jueces han actuado de manera profesional, imparcial y con apego a la ley. “Les pidió que en base a las pruebas presentadas y con respeto a la ley dicten sentencia en contra del asesino de mi mamá”.
Agradeció a los agentes e investigadores de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro que testificaron en el juicio y expresó un agradecimiento especial a los ministerios públicos que están en la defensa jurídica del caso.