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Ya es un año en busca de justicia para la doctora asesinada Adela Rivas; su hijo relata el proceso

 

Familiares de la doctora del IMSS adscrita a la clínica de Petatlán, Adela Rivas Obé, toman evidencia con sus teléfonos celulares de las grabaciones de video cámaras de la Subdelegación administrativa del IMSS en Zihuatanejo, donde fue vista por última vez el jueves 22 de septiembre de 2016. La doctora pasó frente a la cámara con unos documentos en las manos .Foto: Brenda Escobar.

A un año del asesinato de la doctora asesinada, Adela Rivas Obé, su hijo Bolívar Darío Rojas Rivas informó que la primera audiencia que estaba programada para el 7 de agosto fue pospuesta porque los testigos de la defensa no habían sido notificados, y el tribunal integrado por los jueces María Luisa Nava Gregorio, Sergio Guzmán Chávez y Edgardo Mendoza Falcón quien funge como presidente del jurado, difirieron la audiencia para el 11 de septiembre, a pesar de que los testigos de las víctimas sí estaban.
Posteriormente, el 11 de septiembre sí se celebró la audiencia pero únicamente se desahogaron las declaraciones de testigos del lado de la víctima, el primero fue del propio Bolívar, hijo mayor de la doctora Adela Rivas Obé, quien detalló que su mamá el 21 de septiembre de 2016 le mandó un mensaje informándole que había terminado muy tarde de trabajar porque acudió a la clínica del IMSS en Petacalco, porque estaba investigando una pérdida de medicamentos en la farmacia de esa clínica.
El hijo de la víctima agregó que su mamá le dijo que el jueves 22 de septiembre de 2016 llegaría a Acapulco porque tendría una reunión de trabajo el viernes 23 de septiembre en ese puerto.
Sin embargo, la doctora no llegó al puerto y se preocuparon él y sus familiares, pero esperaron a que llegara el viernes 23 de septiembre después de la reunión pero no sucedió, relató.
Agregó que el sábado 24 de septiembre de 2016 él, su papá y otros familiares acudieron a buscar a la doctora a Petatlán, donde tenía su base, y desde donde ella dirigía las demás clínicas que tenía a su cargo que eran las de Petatlán, Papanoa, La Unión y Petacalco. Al llegar ahí platicaron con la señora Ada Peñaloza quien le vendía comida a su mamá, ella les dijo que la doctora había pasado a desayunar temprano con ella y que en días anteriores le había comentado que andaba investigando un robo de medicamentos en la farmacia de Petacalco, por eso estaba supervisando la clínica de ese lugar.
Después los familiares se trasladaron a la ciudad de Zihuatanejo y en la clínica 8 del IMSS de dicho lugar observaron en los videos de las cámaras de seguridad que la doctora Adela Rivas Obé llegó a las instalaciones a las 12:03 del día, y salió a las 12:38 aproximadamente. En ese momento se ve a su mamá con vida por última vez. Ese mismo día presentaron la denuncia en la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro en Acapulco.
Agregó que entre finales de septiembre y principios de octubre de ese año la jefa inmediata de su mamá, María Teresa Díaz le dijo que ella le había ordenado checar un “faltante” de medicamentos en la clínica, y le proporcionó los nombres de los administradores de las tres clínicas que su mamá tenía a su cargo, en esa lista iba el nombre y teléfono de Édgar Arturo, el acusado de su asesinato.
Añadió que el 11 de octubre de 2016 se halló un cuerpo de una mujer en la playa La Majahua en Zihuatanejo, y acudieron a identificarlo pero debido al estado en que estaba no lo reconocieron. Entonces le tomaron muestras de ADN a él y a su tía Angelina Rivas y el 17 de ese mes la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos correspondían a la doctora Adela Rivas Obé.
Continuó: el 23 de octubre del 2016 les informaron que fue detenido el encargado de la clínica de Petacalco, Edgar Arturo, como presunto homicida de la doctora.
Dijo que estaba seguro que Edgar Arturo es el culpable porque un arete de su mamá fue hallado junto a sus restos y el otro estaba en la cajuela del imputado. Además un testigo vio cuando Edgar Arturo estaba quemando unas pertenencias de su mamá el 23 de septiembre, un día después de la desaparición de la doctora, y de acuerdo con los datos de telefonía celular, las coordenadas del asesino indican que estuvo cerca de la clínica número 8 del IMSS de Zihuatanejo el 22 de septiembre del 2016 en la hora que su mamá se encontraba en ese lugar, y que además que ese mismo día ambos equipos celulares se quedan sin señal justo en el camino que conduce a playa La Majahua, en Zihuatanejo.
De la audiencia de ayer Bolívar Dario comentó que se vertieron los alegatos de clausura, donde la familia de la doctora solicitó a los jueces encargados del caso que hagan justicia a casi dos años de su asesinato el 22 de septiembre de 2016.
Indicó que a dos días que se cumplan dos años del asesinato de su mamá los familiares piden a los jueces que hagan valer el estado de Derecho.
Dijo que “no se puede hacer historia sin hacer justicia, pero tampoco se puede hacer justicia sin hacer historia, a casi dos años de la partida de mi mamá queremos pedir a los jueces que hagan historia haciendo justicia, haciendo justicia a nuestra familia, y también a las demás familias que han sido afectadas por la inseguridad en el estado”.
“Se debe hacer justicia también por las familias que han sido agredidas por feminicidas, familias a quienes les han arrebatado hermanas, esposas e hijas, esas familias que también están buscando aún a sus seres queridos, se debe hacer justicia para que nos devuelvan la paz y la tranquilidad, les pedimos a los jueces que no dejen libre a un feminicida porque Guerrero necesita paz”, agregó.
Indicó que los jueces han escuchado las versiones de ambas partes y la defensa del imputado únicamente se dedicó a desacreditar la investigación del robo de medicamentos que su mamá hacía, pero en ningún momento presentó alguna prueba que refutara la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“No se presentó alguna prueba que indicara que el inculpado fuera inocente, al contrario, la defensa presentó a testigos del IMSS quienes sólo defendieron a la institución pero nunca señalaron de ninguna manera que el detenido fuera inocente”, expuso.
Agregó que “nosotros no buscamos aclarar si hubo un robo de medicamentos en el IMSS, lo único que queremos es justicia por el asesinato de mi mamá y ya se dieron a conocer pruebas contundentes indicando la culpabilidad del detenido”.
Dijo que el tribunal para resolver el caso está integrado por los jueces María Luisa Nava Gregorio, Sergio Guzmán Chávez y Edgardo Mendoza Falcón quien funge como presidente.
Reiteró que los tres jueces han actuado de manera profesional, imparcial y con apego a la ley. “Les pidió que en base a las pruebas presentadas y con respeto a la ley dicten sentencia en contra del asesino de mi mamá”.
Agradeció a los agentes e investigadores de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro que testificaron en el juicio y expresó un agradecimiento especial a los ministerios públicos que están en la defensa jurídica del caso.

Vinculan a proceso al acusado del asesinato de los tres militares en la emboscada en El Pozo

 

El juez de Control y Enjuiciamiento, Edgardo Mendoza Falcón dictó ayer auto de vinculación a proceso a Lucio por homicidio calificado en agravio de los militares Pedro Chávez González, Patricio Hernández García y Jaime Bernal Jiménez, asesinados la noche del 8 de mayo en la entrada del rancho El Pozo, propiedad de la familia Montúfar Mendoza en Coyuca de Catalán.
El juez consideró que los elementos aportados por el Ministerio Público son suficientes para responsabilizar penalmente al detenido, quien de acuerdo a las autoridades que integraron la carpeta de investigación C-45/2018 forma parte del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Lucio fue detenido la mañana siguiente del asesinato de los militares en el mismo lugar donde fueron atacados cuando iban a resguardar el rancho de la familia Montúfar, pero el gobierno del estado informó de su detención mediante el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia hasta el 13 de mayo.
Según los testigos los integrantes del grupo criminal que mataron a los militares habrían actuado en coordinación con quienes asesinaron el mismo 8 de mayo al candidato del PRI a diputado local por el distrito 17 y alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, o al menos cuando llegaron al rancho de la víctima hicieron mención del asesinato de Abel.
El imputado rechazó intervenir durante el juicio oral y fue asistido por un defensor público.
El juicio en el que se resolvió la situación jurídica de Lucio comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 11 de este jueves en la sala 1 de juicios orales de Ciudad Judicial.
El juez de Control argumentó de entrada la competencia jurisdiccional para atender el caso en Chilpancingo, debido a que el detenido fue trasladado al penal de esta capital porque según las autoridades, entre ellas el subsecretario del Sistema Penitenciario Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, así como la Policía Ministerial mediante el oficio 00683/2018, determinaron que no había condiciones para que el imputado permaneciera en penales como el de Coyuca de Catalán o de Arcelia por los riesgos que implicaba, debido a que forma parte del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
El juez dijo que el señalamiento al imputado fue atribuido por Sergio, un trabajador de la familia Montúfar, quien refirió que aproximadamente a las 2 de la tarde del 8 de mayo iba con el grupo de aproximadamente 30 sicarios que llegaron al rancho de Abel Montúfar a bordo de tres vehículos: una camioneta Ranger, otra Frontier y un vehículo compacto color vino.
Los delincuentes iban provistos de percheras, fornituras y armas largas, y según el testigo eran encabezados por Uriel Tavares, La Parra, originario de Paso de Arenas, municipio de Coyuca de Catalán, y que según el mismo testigo mucho lo había visto en el pueblo de Pineda, del mismo municipio.
Ese día aproximadamente a las 2 de la tarde (cuando apenas se rumoraba el asesinato de Abel Montúfar pero no se confirmaba su muerte, porque su cadáver fue encontrado hasta las 4 de la tarde), Uriel Tavares quien encabezaba el grupo que llegó al rancho de los Montufar le dijo a Sergio, el testigo: “Mira, tu patrón está muerto, entrégame las pertenencias del patrón”. El mismo testigo, dijo en su declaración asentada en el expediente, que entre los integrantes del grupo armado que encabezaba Uriel Tavares ubicó a Lucio a quien vio que llevaba un rifle de asalto AK-47.
El testigo refirió que después los hombres armados lo subieron a un vehículo y a su hijo Daniel a otro y se los llevaron a la población de Pineda. Declaró que los sicarios también se llevaron dos tractores de la familia Montúfar.
Dijo que a él se lo llevaron en una camioneta y a su hijo en un coche, los dos vendados de los ojos y que al llegar a Placeres del Oro los descubrieron y los presentaron con una persona a la que identificó como El Zarco, a quien vio con una pistola con cachas doradas.
Éste le dijo: “tu patrón ya caminó, a ti no te va a pasar nada, sólo dame las propiedades de tu patrón”.
Sergio el trabajador del rancho de los Montúfar y testigo declaró según el juez, que después los integrantes del grupo armado los regresaron a él y a su hijo al rancho El Pozo de los Montúfar con la intención de llevarse el ganado, pero que en la carretera estatal Las Iguanas-Las Cruces, justo en la entrada del rancho El Pozo, se encontraron con la camioneta en la que iban los militares y que los aproximadamente 30 hombres armados les dispararon.
La declaración de un militar testigo del ataque que también se encuentra en el expediente, refiere que en la camioneta Frontier que era manejaba por Amado, un primo de Abel Montúfar quien se ofreció a llevar a los militares para evitar el robo de los integrantes del grupo armado al rancho, iban únicamente siete soldados.
En el ataque murieron los soldados Pedro Chávez González originario de Veracruz, Patricio Hernández García de San Luis Potosí y Jaime Bernal Jiménez de Veracruz. Tres más resultaron heridos y uno resultó ileso y fue quien rindió la declaración que se encuentra en el expediente.
Mientras tanto, Amado huyó del lugar y no ha sido localizado para que rinda su declaración.

No se acerquen cabrones porque me los chingo o me mato, advirtió el detenido

El ataque a los militares comenzó aproximadamente a las 9 de la noche, y según los testigos alrededor de las 9:20 otro grupo de militares que se había rezagado llegaba también al rancho El Pozo y alcanzó a escuchar los disparos, por lo que aceleró la marcha y alcanzó a ver cuándo los sicarios corrían en distintas direcciones hacia el monte para escapar.
Uno de los militares que testificó dijo que vio entre 25 y 30 hombres que se dispersaban hacia el monte. Uno de los rezagados era Lucio. El militar que testificó dijo que su superior le ordenó a él y a otro de sus compañeros que fueran por él cuando vieron que se atrincheró en la maleza y entre unos árboles.
Desde allí oyeron que les advirtió: “no se acerquen cabrones porque me los chingo o me mato”. Los militares rodearon la zona y se mantuvieron hasta las 6 de la mañana del día siguiente (9 de mayo) cuando volvió a gritar: “me rindo, voy a declarar todo pero no disparen, no me vayan a matar”.
Aunque Lucio fue detenido desde la mañana del 9 de mayo el vocero Roberto Álvarez informó de su detención hasta el 13 de mayo.
Ese día el gobierno del estado difundió una fotografía del detenido en el que aparece un hombre muy joven calzando huaraches con unas fornituras con cuatro cargadores para arma AK-47.
En el boletín no informó el día, la hora ni en lugar donde fue detenido Lucio.
El juez de Control y Enjuiciamiento, Edgardo Mendoza resolvió en la audiencia de vinculación a proceso de ayer que con los elementos aportados por la autoridad investigadora, “está evidenciada la probable responsabilidad penal de Lucio” y que existen los elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Agregó que la defensa del imputado no presentó ningún medio de prueba para demostrar su inocencia.
Al inicio del juicio el defensor público que asesoró al imputado, Jesús Pérez González dijo que “no son suficientes ni coherentes los señalamientos del Ministerio Público en contra de Lucio”, y pidió al juez que tomara en cuenta la presunción de su inocencia, porque “no se acredita” que él privó de la vida a los tres militares.
Según el juez además de la declaración de los testigos que identificaron a Lucio entre los integrantes del grupo armado que fue al rancho y atacó a los militares, existe como medio de prueba el peritaje de rodizonato de sodio que dictaminó que el detenido contaba con residuos de plomo y bario en las manos, asimismo dijo que las características de las lesiones que recibieron los militares muertos coincide con las que produce el arma que portaba Lucio cuando fue detenido.
Fue trasladado de Tierra Caliente a Chilpancingo para que fuera juzgado aquí, debido a que en un oficio del subsecretario del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Orihuela Hernández y otro de la Policía Ministerial 00683/2018 no había condiciones para que permaneciera en los penales de Coyuca de Catalán o de Arcelia porque pertenece al grupo criminal Los Caballeros Templarios.
El expediente refiere que cuando fue detenido Lucio portaba un arma AK-47, de las conocidas como Cuerno de Chivo, así como cuatro cargadores con 26 cartuchos útiles cada uno.
Al término de la audiencia el Ministerio Público solicitó al juez un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, pues dijo que aún falta por recibir la declaración de los tres militares que resultaron heridos y de Amado, el primo de Abel que manejaba la camioneta en que se trasladaban al rancho El Pozo los militares atacados, petición que fue concedida por el juez, quien además aclaró que su resolución es susceptible de impugnación.