José Miguel Sánchez

Chilpancingo

A propuesta de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el Congreso local aprobó y tomó protesta a Isis Peralta Salvador, María Luisa Nava Gregorio y Saúl Montufar Mendoza, como magistrados provisionales del Tribunal Superior de Justicia(TSJ).
En una sesión extraordinaria celebrada este jueves, los diputados aprobaron tres de las seis propuestas enviadas por la gobernadora Salgado Pineda para ocupar las vacantes que hay en el pleno del TSJ.
Las propuestas de Nava Gregorio y Montúfar Mendoza fueron aprobadas por la unanimidad de los 45 diputados presentes en la sesión; mientras que en la votación para designar a Peralta Salvador fue por mayoría, con el voto en contra de la panista Irene Montiel Servín.
Los tres perfiles fueron propuestos por la gobernadora y permanecerán en el cargo hasta que rindan protesta los magistrados que resulten electos en el proceso electoral judicial, previsto para 2028.
Los nombramientos fueron dictaminados por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación y sometidos a votación este jueves durante un periodo de sesión extraordinaria.

Se nombran pese a contradicciones en las leyes

Los nombramientos aprobados dos por unanimidad y una por mayoría, ocurrieron a pesar de las contradicciones que hay en dos artículos transitorios derivados de las dos últimas reformas al poder Judicial.
El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 25 de agosto, establece que las vacantes que hay en el pleno del TSJ serán designados por única ocasión por la titular del poder Ejecutivo y ratificadas por el Congreso local.
“Por única ocasión, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor del presente Decreto y la toma de protesta de las personas electas en el Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, las vacantes en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia serán cubiertas mediante la designación de magistraturas provisionales, nombradas por la persona titular del Poder Ejecutivo y ratificadas por el Congreso del Estado conforme a la normatividad aplicable”, se lee en artículo transitorio número 16 publicado en el Periódico Oficial el 25 de agosto del 2025.
Bajo ese artículo transitorio fue que el Congreso aprobó hoy estos tres nombramientos, aunque un artículo transitorio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de junio pasado, establece expresamente que si existen vacantes estas deberán elegirse hasta el proceso electoral del 2028.
“Los cargos de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales federal y locales que no hayan sido objeto de renovación en la elección judicial del año 2025, así como las vacantes correspondientes, se elegirán sin excepción en las elecciones judiciales federal y locales del año 2028, conforme a lo previsto en este Decreto”, indica el segundo transitorio del decreto público en el DOF el pasado 2 de junio en donde establece realizar la elección judicial hasta el 2028.
Bajo esas dos contradicciones fue que el Legislativo nombró ayer a tres magistrados que podrían ser relevados del cargo después de la elección judicial local.
El transitorio del decreto federal no tiene homologación en lo local, ya que los diputados locales no han armonizado la reforma que aplaza la elección judicial al 2028.

Los perfiles

En agosto de 2025, Isis Peralta Salvador, quien se desempeñaba como  jueza de control en Acapulco, fue atacada a balazos en el fraccionamiento Costa Azul de dicha ciudad, cuando viajaba en su camioneta junto con su hijo.
María Luisa Nava Gregorio se desempeñaba como Jueza Unitaria de Enjuiciamiento Penal con sede en Acapulco.
Saúl Montúfar es un perfil con una trayectoria cercana al PRI: es hermano del ex alcalde priista de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, asesinado en 2018 cuando era candidato a diputado local por el Distrito 18, y es hermano del ex candidato priista a la diputación local por Chilpan-cingo, Bonifacio Montúfar.
Se desempeñó como delegado de la Profeco en Guerrero durante el sexenio del priista Héctor Astudillo Flores. Actualmente se desempeña como subsecretario de Normatividad Jurídica en la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado y es presidente del Colegio de Abogados Juristas de Guerrero.