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Se agrava la violencia ante el repliegue de las instituciones de seguridad: Tlachinollan

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, habla en la presentación del informe 28 de Tlachinollan, ayer en Chilpancingo; lo acompañan el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos y el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz Foto: El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó ayer su informe 28 títulado 43: El naufragio por la verdad, ante la presencia del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado Castro, quien destacó la importancia del documento porque dijo que Tlachinollan “es uno de los organismos más importantes de derechos humanos en el país y un referente obligado en Guerrero”.
La presentación del texto fue en un salón Capri del hotel Paradise Inn de Chilpancingo, donde estuvieron representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, colectivos, víctimas directas e indirectas de desapariciones, ejecuciones, y desplazamientos por la violencia en la entidad.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expuso que este informe se presenta en medio del grave problema de la violencia e inseguridad que hay en el estado, así como el debilitamiento de las instituciones de seguridad, “por no decir repliegue”, que impide que se garantice seguridad a la población.
En las distintas intervenciones se denunció que el actual gobierno no ha roto el pacto de impunidad que hay con los grupos delictivos y se insistió en la colusión de las autoridades con el crimen organizado, situación que evidencia que “aquí no hay ley, porque el que manda es el crimen organizado”, dijo Diana Hernández, hija del asesinado luchador social, Ranferi Hernández Acevedo.
Estuvieron en el presídium Maldonado Castro; el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado, Alan García Campos; el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra; el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Marco Antonio Suástegui; la hija del luchador social asesinado, Ranferi Hernández, Diana Hernández; el presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina; la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales; el representante de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Mario García, un representante de ese plantel y una representante de jornaleros agrícolas.
Guillermo Fernández Maldonado, hizo una reseña de todos los temas que incluye el informe de Tlachinollan y elogió el trabajo realizado por el equipo del organismo.
“Pocas son las organizaciones de la sociedad civil en México que presentan año con año un informe de actividades” y dijo que este es sólo uno de los aspectos “positivos” que distingue a Tlachinollan.
Opinó que el informe “es una radiografía exhaustiva y comprometida con lo que acontece en Guerrero” y que Tlachinollan realiza una “infatigable labor de acompañamiento a las víctimas de las dolencias; a los pueblos indígenas, a las personas afromexicanas, a los jornaleros agrícolas, a las personas desaparecidas, a las mujeres discriminadas y a los demás grupos que viven una situación especial de vulnerabilidad”.
Agregó que el informe “desnuda las heridas abiertas provocadas por la violencia y el impacto desgarrador del accionar del crimen organizado, la colusión de la criminalidad de algunas autoridades, las consecuencias negativas de una estrategia errada de militarización de la seguridad pública, la expoliación de los recursos de las comunidades, la rapacidad de algunos proyectos, entre otras fuentes de violencia que corresponde al Estado atender como principal garante de los derechos humanos”.
Destacó que entre los temas resalta el caso Ayotzinapa; “la resistencia de las familias, su infatigable lucha por mantener viva la exigencia de justicia, su capacidad de movilización y de denuncia valiente y constante en distintos espacios públicos”.
Destacó la apuesta de los padres por mantener vivo el diálogo que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables “de un acto de barbarie y ultrajante para la conciencia de toda la humanidad”.

Se disputan 22 grupos el control de los presupuestos municipales

En la presentación del informe, el director de Tlachinollan, Abel Barrera, habló de la violencia, de la grave criminalidad y de la crisis de seguridad que se vive en Guerrero.
Ante el representante del Alto Comisionado de la ONU, dijo que en Guerrero hay en las siete regiones más de 22 grupos de la delincuencia organizada que están usurpando el poder, en términos del control territorial y de su presencia en los poderes municipales, “donde les han cedido espacios y presupuesto los presidentes”.
Sintetizó: “Estamos ante una situación difícil”, y explicó que lo que está ocurriendo en las últimas semanas en la entidad ya no viene en el informe, “los grupos del crimen organizado están tomando el control de ciertos giros comerciales, como el gas en Zihuatanejo, los productos básicos en Atoyac, y en Tierra Caliente “varios presidentes municipales han cedido el control a la delincuencia organizada”.
“En la Tierra Caliente, el crimen organizado se están peleando los presupuestos para tener el control ante una población inerme”,
Dijo que San Miguel Totolapan es el caso más emblemático “de la impunidad y del poder impune del crimen organizado”.
También habló de Chilpancingo, donde, manifestó, hay una disputa desde hace varios meses entre los grupos de la delincuencia, igual que en Tierra Colorada, donde recientemente hubo un despliegue de la Guardia Nacional.
De Acapulco, informó que apenas el lunes le dijeron que “hay un gran número de grupos que se están disputando palmo a palmo las playas”.
Enseguida dijo que el informe de Tlachinollan es el “termómetro de un estado convulso”. Donde, añadió, por un lado hay una población que resiste bloqueando carreteras y calles para que las autoridades cumplan, “como está pasando con los colectivos de la guerra sucia que piden la reparación de daños y han ido hasta Palacio Nacional y no han sido atendidos”.
También mencionó la movilización del domingo cuando víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la guerra sucia protestaron en las puertas de la 35 Zona Militar para exigir que abran los archivos, pero que la respuesta fue “desconcertante”; porque en lugar de acompañar a los colectivos, en su mayoría personas mayores, madres, hijas esposas, dentro de las instalaciones había policías antimotines para proteger las instalaciones.
Barrera se quejó: “vemos a una clase política distraída en otros asuntos, alejada de las demandas básicas. Han abandonado, sobre todo, a los sectores de la Montaña, de la Sierra, de la zona Centro, de los colonos, de la gente de Acapulco que exige lo básico; agua potable educación, salud, trabajo”.
Explicó que la gente se organiza para esas peticiones porque los programas federales son insuficientes, “el techo presupuestal que debe llegar a Guerrero es insuficiente, por eso los jóvenes se están yendo a Nueva York a trabajar, por eso las familias se están quedando abandonadas”.
Informó que más 22 mil jornaleras y jornaleros han salido de la Montaña y de la Costa Chica para ir a buscar trabajo a los campos agrícolas de Sinaloa en condiciones de semi esclavitud, sin ningún apoyo, porque no hay ningún programa para proteger a la población jornalera. “Hay un abandono institucional a los sectores más depauperados en nuestro estado”.
Habló, también, de la situación de las mujeres indígenas y no indígenas, que viven una situación grave; “se han incrementado los feminicidios, las muertes maternas en la Montaña, la violencia contra las niñas y el problema de la venta de niñas lamentablemente ha crecido por el abandono de las autoridades”.
Además, dijo que las madres solteras son víctimas de violencia y de discriminación en sus comunidades, pues no tienen trabajo, y no tienen acceso a la justicia porque se les estigmatiza y criminaliza.
Denunció que hay municipios como Cochoapa y Metlatónoc donde las mujeres que se atreven a solicitar el apoyo de las autoridades municipales las obligan a regresar con sus esposos después de que sufrieron violencia y, de paso, les cobran por el acta que levantan para supuestamente conciliarlos.
“No hay realmente una política gubernamental que este del lado de las mujeres protegiéndolas”, denunció Barrera Hernández.
Agregó que otro problema grave en Guerrero es el de los desplazados de los que hay alrededor de 22 mil personas que han abandonado sus comunidades por la violencia.
Mencionó el caso de los desplazados de Chichihualco de los que hubo una representación, dijo que han resistido porque se han organizado y han tenido que ir a Palacio Nacional y a Gobernación para hacerse visibles pero que el Senado no ha intervenido para que haya una ley que los proteja.
“En Guerrero el problema de los desplazados es un foco rojo”, y que por eso vino la relatora el año pasado para verificar y constar el problema.
Vidulfo Rosales, por su parte, expresó que en un gobierno democrático la primera tarea que debería hacer es establecer una agenda clara para dar respuesta al problema de la violencia, y las ejecuciones de los defensores de derechos humanos; “hubo decenas tan solo en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero”.
Explicó que si bien no ocurrieron en este gobierno, “el actual tendría la responsabilidad de retomar el problema de los asesinatos de los defensores para su esclarecimiento y justicia, pero no estamos teniendo absolutamente nada, no hay la mínima preocupación”, denunció.
Reprochó que no se ven acciones concretas en términos de justicia para los defensores asesinados.
Y se preguntó: “qué está haciendo este gobierno, cuál es la agenda que está trazando, cuáles son las primeras acciones tendientes a resolver el problema de violencia. Nada, sólo pasarelas, frivolidades, acciones fatuas y no se está tocando la grave problemática que estamos viviendo en materia de derechos humanos.
El momento más sensible se percibió cuando habló el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suastegui.
“Llévese este informe y su contenido, lleno de dolor y de sufrimiento, pero también lleno de esperanza. Para nosotros; las víctimas indirectas y directas es muy difícil poder leerlo y adéntranos, porque lo que ahí está escrito es lo que estamos viviendo los familiares de desplazados, de desaparecidos, de asesinados, de encarcelados, de perseguidos. La realidad en Guerrero es muy cruda”, le dijo al representante del Alto Comisionado.
Con largas pausas, voz quebrada y con ojos húmedos, habló de la desaparición de su hermano Vicente y de la negligencia de las autoridades para atender el caso. Mencionó que hay cuatro detenidos pero no por la intervención de las autoridades, sino por la presión de los familiares “con el riesgo de nuestras propias vidas para perseguir a estos criminales que hoy están coludidos con el Ejército y la Marina”.
Denunció que el mismo gobierno le está dando entrada a los grupos de la delincuencia en la zona de Cacahuatepec porque para las autoridades del pasado y actuales representa un gran negocio.
“Nada ha cambiado, al contrario, las cosas siguen empeorando”, denunció.

Imposible, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, resuelve otro tribunal

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

Impugnarán padres de los 43 la resolución; la decisión final será de la Suprema Corte: ONG

Las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 impugnarán la resolución de un magistrado federal, que consideró jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad para investigar los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
En un comunicado, Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de Sabino Pérez García.
El magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR) que considera que no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“La decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión”, dicen las organizaciones, adelantando que impugnarán la resolución.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, agregó.
Para las organizaciones la decisión del magistrado lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso, la cual se había recuperado con la sentencia del Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy (ayer) muestra que aún tenemos en México un poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, advierten.
También consideran que la negativa a la creación de la Comisión de la Verdad responde a una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto”, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos, “presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, plantean.
“Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
La respuesta de las organizaciones se da aunque la resolución no ha sido notificada a las víctimas. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay una decisión política para no resolver el caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional

Las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal contra la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa demuestran que existe una decisión política para no resolver el caso, consideró la organización Amnistía Internacional (AI).
Hoy al resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, resolvió que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordenaba crear la comisión.
Para Erika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, el gobierno federal ha hecho todo lo posible para impedir la creación de esa comisión.
“El gobierno tomó más de 100 acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”, comentó en un comunicado.
“Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, señala.
Guevara menciona que el tribunal colegiado que ordenó la creación de la comisión consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y pruebas fabricadas.
“El gobierno debe de dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, llama. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

 

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Sin personal ni formación operan las instituciones de justicia, dice Tlachinollan del caso de Yndira


La agresión sexual que denunció la activista Yndira Sandoval Sánchez por una mujer policía de Tlapa, “mostró la precariedad con que trabajan las instituciones que imparten justicia, falta personal y no tienen una formación con perspectiva de género y de derechos humanos”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
La asesora jurídica de Tlachinollan, Neil Arias mencionó que la organización intervino para que Sandoval Sánchez pusiera su denuncia formal cuando sufrió la agresión, ya que los hechos fueron el fin de semana y falta personal en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, pues sólo está la titular Osbelia Blanco Martínez, quien ese día estaba en una diligencia en Atlamajalcingo del Monte, y es la responsable de atender los 19 municipios de La Montaña.
Barrera Hernández dijo que eso mostraba la precariedad con que se trabaja en la región, porque faltan peritos, médicos legistas e infraestructura, no hay perspectiva de género y se revictimiza a las mujeres.
Comentó que los policías trabajan de forma opaca, no se sabe cuántos están acreditados, con qué controles internos se manejan, no hay registros ni control de detenidos, o si aplican protocolos en una detención que garantice el debido proceso, “es una improvisación total”.
Dijo que eso lleva a que haya actuaciones desproporcionadas en el uso de la fuerza, no distinguen entre un delito y falta administrativa, para ellos todo es detención y eso lleva al abuso de poder de todo el aparato local y estatal.
Mencionó que se han documentado casos en que hay deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, donde se revictimiza a las mujeres que denuncian a sus parejas por violencia y son criminalizadas.
Arias Vitinio dijo que hay dificultades estructurales para acceder a la justicia y en el caso de Yndira, quien conoce sus derechos y es defensora, se tardaron dos días en atenderla, recurrió a medidas cautelares ante el hostigamiento y fue custodiada a la ciudad de Puebla por policías estatales.
Agregó que con el nuevo sistema de justicia se pretende que sea eficaz, expedita y gratuita, pero no ocurre así.
Dijo que el delito en contra de Yndira es muy grave y si se contará con personal adecuado y capacitado se debió vincular a proceso porque acudió al Ministerio Público a denunciar la violación y podía pasar como flagrancia, pero como hay impunidad no se integró la carpeta.
Lamentó que ahora se pretendan desvirtuar los hechos y la quieren hacer pasar por una alcohólica mediante la publicación de videos.
Mencionó los casos de Valentina e Inés, violadas por militares, que derivó en la implementación de protocolos para atender a las víctimas y pidió que se apeguen a esos estándares.

Las acusaciones son falsas, responde la policía

En su perfil de Facebook la policía municipal Claudia Juárez Gómez posteó que en un programa de radio Yndira Sandoval, “me acusó de manera falsa e injusta de haberla violado, esta acusación tan grave es una total mentira”.
“Lo único que hice fue protegerla pues se encontraba en total estado de ebriedad, se había quitado su ropa interior, se negaba a pagar un servicio en una clínica y alteraba el orden público, alegando que es muy importante y muy influyente”, afirma.
Dice que tiene tres hijas, dos de seis años y una de cuatro, que es incapaz de hacer lo que se le acusa y que está dispuesta a encarar la verdad “y a la señorita”.
Remarca que ella no es importante ni preparada, pero “no soy una violadora”, y pide a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) que también la defienda a ella.

El caso está en manos de las autoridades competentes, expone el alcalde

El presidente municipal priista, Jesús Noé Abundiz García manifestó que desde el momento en que se enteraron del hecho y fueron notificados por la Codehum y la Fiscalía, han brindado la información que les han solicitado, y de igual forma atenderán a la notificación que llegó hace unos días de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Manifestó que esperan agilidad en las investigaciones para que se determinen los culpables y las sanciones, en caso de que haya responsabilidad de los policías.
Manifestó que no podía dar más información porque el caso está en las instancias judiciales.

Difunden videos de la activista en redes sociales

Este lunes después del mediodía empezaron se difundieron dos videos de Sandoval Sánchez, al parecer grabados por policías, en uno se observa  alcoholizada y le dicen que se suba a la patrulla, ella dice que no es delito tomar, y se identifica como activista de derechos humanos.
En el otro está en la Dirección de Seguridad Pública y los policías le piden que firme y entregue sus pertenencias, ella dice que no firma hasta que le digan para qué, pero entrega pulseras y dice que le incomoda a los policías que una ciudadana sepa sus derechos.

Marcharán para exigir justicia

La vocera de la activista, Rosalinda Pimentel informó que el próximo miércoles marcharán por Yndira en un amplio respaldo nacional e internacional para exigir justicia en Guerrero y Tlapa.
Dijo que ya tienen cinco estados confirmados en los que marcharán y otros aún están por definir las acciones, pero se manifestarán y en breve darán más información sobre el caso.

Dedica Abel Barrera el premio Amalia Solórzano a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández fue enfático al recibir a título personal y en nombre de la organización que representa el premio Amalia Solórzano: “la violencia es el nuevo coloniaje neoliberal con el que se imponen las autoridades estatales, cómplices de los grupos criminales… no difiere de la violencia caciquil que nos ha sumido en el atraso”.
Dedicó este premio dado por el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, con el que se reconoce su labor y la de Tlachinollan en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado, a las madres y padres de los 43 que en su opinión: “han irrumpido en la escena nacional para desenmascarar el pacto de impunidad que existe entre las altas esferas del poder y las organizaciones criminales”.
Barrera dijo en su mensaje en el Palacio de Minería, que “las madres y padres a más de tres años son el reservorio moral de un país de muertos y desaparecidos, un país que nos duele, donde los rostros de los 43 se han transformado en los emblemas de nuestra esperanza. Son una luz en esta noche turbulenta marcada por la catástrofe y la devastación política. Su inquebrantable búsqueda por la verdad ha desbaratado la verdad histórica”
El Premio Amalia Solórzano de Cárdenas es entregado anualmente desde 2011 como reconocimiento a personas o instituciones que se hayan distinguido por su trabajo y actividad en favor de la independencia nacional, la defensa de la soberanía de los pueblos, el mejoramiento de los pueblos indígenas, la paz, los derechos humanos y la educación.
Los premiados desde 2011 han sido el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el escritor Eduardo Galeano y la feminista Marta Lamas, el ex presidente de Uruguay José Mujica, el dirigente del movimiento estudiantil de 1968 Raúl Álvarez Garín, el historiador Miguel León Portilla y el Instituto Politécnico Nacional.
En su participación el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano reconoció la labor de Tlachinollan, que trabaja mayormente en los pueblos de la Montaña de Guerrero, donde se concentran los cuatro pueblos indígenas del estado: na savi, me’phaa, nauas y ñomnda.
“Tlachinollan ha sido denunciante y defensor de innumerables casos de violaciones, asesinatos, desapariciones, en diversas ocasiones el único, y desde el 26 de septiembre de 2014 ninguna institución como este centro, ha luchado porque se haga justicia y se esclarezca la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, dijo.
Del caso de los 43, el más emblemático de los últimos años en México, Cárdenas refirió: “en ningún caso puede o debe culparse a instituciones por los delitos cometidos. El o los responsables de cualquier hecho que se trate, son siempre individuos con nombres y apellidos… en casos como el de los normalistas de Ayotzinapa se brinda impunidad”.
Seguido de Cárdenas el historiador Adolfo Gilly exaltó la labor de Tlachinollan. Con voz potente y pausada el argentino naturalizado mexicano, integrante del consejo del premio dijo a los presentes que Amalia Solórzano estaría orgullosa de que este premio haya sido entregado a un hombre honesto y leal, y junto con él a la organización que dirige “al abogado a Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos en su tarea de defensa de la vida”.
Equiparó la labor de Tlachinollan y Abel Barrera a la de Rosario Ibarra de Piedra, precursora en la exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos, como su hijo Jesús Ibarra Piedra.
Dijo que “Abel Barrera ha desarrollado su riesgosa e ininterrumpida actividad en casos grandes e individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro crimen de violación de derechos en la República mexicana y en cualquier nación”.
Mencionó que Tlachinollan defiende casos como el de El Coacoyul, una comunidad de Cochoapa El Grande donde carecen de maestros, lo mismo que las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo violadas por militares y a quien el Estado mexicano tuvo que darles disculpas públicas.
Hizo alusión al caso de los 43 estudiantes desaparecidos, “nada, salvo repeticiones elusivas ha podido responder el gobierno federal y sus dependencias a este informe (del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), nada, nada, no diré más de este caso histórico en sí mismo, lo que una vez sucedió ningún tiempo después puede borrar”.
“Con su tenacidad, los colegas y amigos de Tlachinollan y todas las organizaciones de derechos humanos nos protegen a todos… así Abel Barrera, la comuna de Ayotzinapa proviene de la cultura comunitaria de comunidades pequeñas que viven del maíz y tienen adentro el corazón de la comunidad, la tienen adentro de su corazón”, parafraseó uno de los discursos del director de Tlachinollan al recibir otros reconocimientos en su defensa de los derechos humanos.
Abel Barrera vistió un traje negro y corbata del mismo color al recibir la medalla, dedicó el reconocimiento a todos sus defendidos y al coraje de los pueblos indígenas.
Reconoció la lucha de comunidades como San Miguel El Progreso contra la Ley Minera y resaltó la tenacidad de esa gente, que en muchas ocasiones sin saber escribir la palabra justicia ha luchado por ella en las calles y en los tribunales. “Los pueblos indios de La Montaña nos han enseñado que la gesta por los derechos humanos no es en vano, más bien significa reciedumbre, sacrificio y mucho valor, sin evocar este término han dado lecciones al país de lo que representa defender el territorio y la vida con la propia vida, sin aspavientos, avanzan sin retroceder, desde los caminos agrestes de la montaña y desde la penumbra del olvido”, subrayó.
Abel Barrera ha recibido reconocimientos como la Presea del Mérito Civil Nicolás Bravo del gobierno de Guerrero en 2001, el Premio por Instituciones Creativas y Efectivas de la Fundación MacArthur en 2007, la Distinción de Derechos Humanos de la Washington Office on Latin America (WOLA) en 2009, el Premio Robert F. Kennedy de Amnistía Internacional en 2010, en 2011 la rama alemana de Amnistía Internacional le otorgó su Sexto Premio Anual de Derechos Humanos por sus luchas “en gran riesgo personal por los derechos de la población indígena en el estado de Guerrero”, y en 2016 recibió el Reconocimiento por la Igualdad y la no Discriminación 2015 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Al término de su mensaje, Barrera gritó: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, el cual corearon los presentes. Allí estaba parte del equipo de Tlachinollan que se trasladó desde Tlapa, donde están las oficinas de la organización, en el corazón de la Montaña guerrerense.

Evidencian los datos del Coneval el fracaso de las políticas públicas, señala Abel Barrera

 

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) que revelan que el 64.4 por ciento de los guerrerenses (2 millones 315 mil 400 personas) vive en pobreza, y el 23 por ciento en pobreza extrema y no tiene para comprar la canasta básica, evidencian el fracaso de las políticas públicas, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El antropólogo dijo que ese es el resultado de la apuesta del gobierno solamente a la inversión extranjera, sobre todo a las empresas extractivas, como las mineras, y de que no invierta para el desarrollo en el campo. Añadió que también es el resultado de la corrupción y de la aplicación “clientelista” de los programas sociales. Dijo que a la clase política del país le conviene que sigan así las condiciones para tener clientela política cautiva.
Consultado por teléfono sobre los resultados del estudio del Coneval, Barrera Hernández declaró que el modelo económico que se ha impuesto en el país y en el estado, “es un modelo para generar programas compensatorios que solamente van paliando el problema del hambre, de la salud, de la educación”.
Expresó que no existe una política construida desde la base comunitaria y pensando en el bienestar de la comunidad, y que esas estadísticas reflejan los contrastes abismales entre los municipios de alto poder adquisitivo, como Nuevo León, con los municipios más empobrecidos de la Montaña de Guerrero, como Metlatónoc o Cochoapa El Grande.
“Es la expresión de la desigualdad al máximo. Estamos en un estado totalmente desigual y totalmente marginal de las políticas sociales que solamente son corporativas, clientelares y los programas netamente asistencialistas para asegurar clientela cautiva entre los sectores empobrecidos y, sobre todo, tratar a la población como objeto de conmiseración, no como sujeto de cambio o como actor que transforme la realidad”, denunció Barrera Hernández.
El antropólogo declaró que por eso no se consulta a los pueblos y se imponen modelos de desarrollo extractivistas, como la entrada de empresas extranjeras para extraer los minerales, “porque ese es el modelo a nivel global, y las autoridades mexicanas lo siguen a pie juntillas y a lo único que le están apostando las autoridades es a que venga la inversión extranjera a hacer una derrama de inversión, pero su inversión no se compara con la riqueza y el tesoro que se llevan”, lamentó.
Barrera dijo que, además esas empresas vienen a destruir el hábitat, a contaminar los ríos y a devastar toda la riqueza natural, “y vemos, en contraste, que no hay una apuesta por reactivar el campo, por recuperar los cultivos tradicionales como la siembra mesoamericana del maíz, frijol, calabaza y el chile”.
Dijo que esa política ha llevado a que a las comunidades de la Montaña se lleve hasta chile, maíz y frijol de las ciudades, porque el gobierno retiró el subsidio al campo para hacer dependientes del sector empresarial urbano a los campesinos, “por eso ha descapitalizado al campo”, acusó.
La reforma del campo fue para volcar la estructura agraria hacia el capital, señala

Explicó que la reforma agraria fue precisamente para transformar la estructura agraria e irla volcando hacia el capital. “Ahora, las estructuras corporativas imponen los paquetes tecnológicos al sector agrario para tener el control de los electores, y eso, lamentablemente es lo más perverso que se está dando en la implementación de políticas para el desarrollo… En verdad, la información del Coneval está constatando el fracaso de esas políticas públicas que no están apostándole al desarrollo local, al desarrollo comunitario, y están trayendo tecnología basada en el petróleo, que lo único que está haciendo es acelerar el problema del calentamiento global”, dijo Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan alertó que “nos vamos a seguir hundiendo, lamentablemente, si se sigue este modelo extractivista, privatizador, depredador y saqueador sistemático de los recursos naturales”.
Denunció que otra de las causas de los resultados del Coneval es la corrupción endémica de las empresas que han llegado a construir obra pública y que sólo se vienen a llevar los recursos porque no hacen la obra pública.
Agregó que los programas que ha implantado el gobierno son sólo un negocio de los proveedores, y que hay un contubernio entre funcionarios públicos que aprueban los proyectos con grupos de proveedores para hacer negocio con la venta de los insumos.
“Todo es un robadero en los proyectos, al campesino solamente le queda de recuerdo de los programas de PESA (Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria) es un alambre tirado y raído, una parcela montosa, y pequeñas aulas de lo que fue la granja, o los invernaderos todos abandonados… se implementan para sacarse la fotografía o enriquecer a los políticos”.
Aseguró que en el campo no se ve un programa que invierta directamente en las familias del campesino.
“El campo se trasformó en una mina de oro, pero para los grandes inversionistas de empresas tanto agroindustriales, como farmacéuticas o metalúrgicas, para una explotación a escala global”, dijo Barrera.

Termina el ciclo escolar y la SEG no envió seis maestros que faltan para los niños de El Coyul

Está por culminar el ciclo del preescolar 30 de Abril y la primaria bilingüe Ignacio Manuel Altamirano, de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande y los niños no tuvieron los seis maestros que necesitan.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha cumplido con la recomendación 022/2017 que emitió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para garantizar en estas escuelas el derecho a la educación con personal e infraestructura necesaria.
“Que el gobernador (Héctor Astudillo Flores) se entere de que el secretario (de Educación) José Luis González de la Vega Otero no está cumpliendo con esta recomendación, y que más bien ni siquiera la tiene dentro de su agenda prioritaria, para darle respuesta a una demanda legítima, que en justicia están planteando los papás, los maestros y los mismos niños”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
En consulta telefónica, el director lamentó que no se haya cumplido la recomendación de la Codehum.
El 2 de mayo, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, expuso que la SEG había pedido una prórroga por el periodo vacacional de Semana Santa para cumplir con la recomendación, y dijo que ya estaba por vencerse.
Abel Barrera abundó que no se ha recibido ninguna respuesta formal de la SEG, y dijo que entendía que todo quedó por parte de la dependencia estatal en un mero trámite burocrático, que para las autoridades no les representa ninguna prioridad, ningún interés, ni mucho menos les preocupa que los niños y niñas estén cerrando este ciclo escolar sin haber contado con los maestros y maestras que recomendó la Codehum.
“Tampoco sabemos formalmente cuál es la postura en términos de cómo dar cumplimiento a la recomendación, lo que sí hemos percibido de la autoridades es que no tienen pues el dato así muy claro, muy preciso de lo que significa esta recomendación, de lo que implica en términos de atender un planteamiento de una comisión pública de derechos humanos. Eso es clave porque está muy distante el sentir de la gente, el sentir de los niños y pues la manera en cómo está atendiendo y entendiendo la autoridad educativa del estado esta urgencia”, detalló el director.
Contó que el miércoles estará en El Coyul en las clausuras de las escuelas, porque el organismo será el padrino, y que aprovechará para decirles que tiene que redoblar esfuerzos, porque la autoridad educativa hasta el momento no ha dicho cuándo va a mandar a los docentes.
Resaltó que el llamado que hace a González de la Vega Otero es que la mejor forma de mostrar compromiso es asignar personal docente para este nuevo ciclo escolar, porque también le debe quedar claro que van a entrar nuevos niños y que esto implica que se requerirán más docentes, y lamentó que eso no se estaba previendo.
Recordó que el preescolar mínimo necesita dos maestros y en la primaria cuatro.
Barrera Hernández indicó que se ve una dilación y desinterés de las autoridades por atender hasta las mínimas recomendaciones públicas de derechos humanos, que serían precisamente unos planteamientos que hay que darle solución, que son para niños indígenas que ya llevan años sin tener maestros.
Dijo que se ve que no se está viendo cómo ir resolviendo estas necesidades urgentes en las regiones más olvidadas, que es algo grave, que habla del trato discriminatorio que se le da a estos niños.
“Vamos a seguir buscando los recursos jurídicos que están a nuestro alcance para hacer valer este derecho, porque no podemos continuar con esa indolencia de las autoridades, ser cómplices de este trato desigual y discriminatorio”, sostuvo.

Situación de otras escuelas en la Montaña

El director de Tlachinollan manifestó que hay problemas como en El Coyul en otras escuelas de la región, en términos de quejas no se han formalizado, que en la mayoría de las escuelas han apelado más a la movilización social, a la presión pública y a los plantones.
Dijo que así está sucediendo con las escuelas de Atlixtac, de Acatepec, que ya llevan tres años movilizándose para ir desahogando sus demandas, y que hasta la fecha todavía no han sido satisfactoriamente cumplidas.
Dijo que igual pasa en Tlapa, que son varias escuelas, que también ha sido por la manifestación por donde han encontrado solución.
“Hemos planteado la necesidad de documentar los casos, hay maestros que sí la han solicitado, pero el procedimiento que es lento, que es burocrático y que pues al final concluyen con una recomendación como pasó con las de El Coyul, que es en verdad reconocer que se está violentando el derechos a los niños a la educación, sin embargo para las autoridades esta recomendación es letra muerta”, indicó.
Agregó que eso pasa porque no son vinculantes, no se les obliga por ley a que cumplan las recomendaciones, sino que son recomendaciones de índole moral.
La autoridad no hace caso a estos planteamientos, por eso es lamentable que la gente deje de creer en los recursos jurídicos y en las mismas instituciones, porque las mismas autoridades se encargan de denostarlas, de ignorarlas, de no cumplir con el mandato que tienen y de hacer ver al ciudadano que de nada sirve que hagan el procedimiento, recalcó.

Piden que acabe el ambiente hostil y haya respeto a los trabajadores de los medios

 

Ante el incremento de las agresiones, amenazas y hostigamiento a periodistas en las últimas semanas, reporteros de la entidad emplazaron este domingo a los tres poderes del estado para que frenen el ambiente hostil y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
En un recuento que abarca del 13 de mayo al 27 de junio, se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, en las que 21 periodistas se vieron agraviados.
Las cifras se dieron a conocer en la asamblea extraordinaria de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), en donde comunicadores de distintas regiones del estado contaron sus testimonios del ambiente de violencia en el que realizan su trabajo.
Mientras tanto, representantes de organismos civiles de derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales, expresaron su respaldo a los comunicadores.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, propuso elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para que sea enviado al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque dijo que “es importante que los organismos internacionales de derechos humanos volteen su mirada al trabajo periodístico” de Guerrero.
Los periodistas convocaron a representantes de organismos civiles de derechos humanos y a dirigentes de organizaciones sociales, a su asamblea extraordinaria, que se realizó en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo, en donde demandaron que estén observantes y el respaldo ante el clima hostil que se está generando hacia su labor.
“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego; gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas pareciera que nos tienen bajo la mira”, dice el pronunciamiento final de los comunicadores.
“En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos”, citan en el texto al periodista Tomás Eloy Martínez.
Y agrega: “El encuentro de hoy con ustedes (los representantes de organismos civiles y organizaciones sociales), es precisamente un acto de sensatez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas”.
Subrayan que en un recuento del 13 de mayo al 27 de junio pasado se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que 21 reporteros se vieron agraviados.
Destacan los casos de Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, quienes el 13 de mayo fueron privados de su libertad cerca de Acapetlahuaya por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban.
Otro de los casos que citan es el de Marcela de Jesús Natalia, quien fue atacada a balazos en Ometepec el 3 de junio, cuando salía de su turno laboral y que sigue restableciéndose.
Mencionan, además, los casos de Ruth Tamayo, Noé Aguirre, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, quienes el 19 de mayo sufrieron hostigamiento verbal por el presidente municipal de Zihuatanejo, Gustavo García. Además, presentaron el caso del corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores quien el 11 de junio, denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
Dos casos más que denunciaron fueron los de las reporteras de El Sur, Brenda Escobar, quien sufrió hostigamiento y amenazas por familiares del presunto responsable del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo, y el de María Avilez, quien sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, “quien fue complaciente con su subalterna”.
Otro de los casos fue el del reportero Héctor Briseño, a quien el 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE le impidieron realizar su labor “y después, justificaron su acción con el aspecto sudoroso del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra”. A la lista de agravios sumaron los dos periodistas asesinados en los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Altamirano, en marzo pasado. “El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”, anotaron los reporteros en su pronunciamiento.
“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección, simplemente el cese de la impunidad y el castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”, dice el escrito.
Los reporteros emplazaron al gobernador Héctor Astudillo, “responsable de lo que pasa en Guerrero”, y a los poderes legislativo y judicial, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
“A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores, para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad”, dice el escrito.
Durante las intervenciones, el corresponsal de El Sur en Tierra Caliente, Israel Flores, quien había confirmado su asistencia a la reunión, vía telefónica explicó que no pudo asistir “por lo complicado para salir de la región” y que “nos sentimos amenazados”.
Reconoció que, en esa zona, por la violencia se han perdido ya todas las garantías, incluida la de libertad de expresión, porque los reporteros recurren a la autocensura como mecanismo de protección.
En cambio, Luís Daniel Nava, corresponsal en Chilapa, otra de las zonas violentas, dijo que a pesar del ambiente hostil en que trabajan los reporteros no cuentan con protocolos de seguridad, “nos cuidamos por instinto”, y luego agregó:
“Ésta es nuestra labor y vamos a continuar, no permitiremos que gane la corrupción, la impunidad ni la barbarie”.
La reportera de Zihuatanejo, Hercilia Castro, denunció que en esa región los periodistas se ven amenazados lo mismo que por sicarios, que por funcionarios públicos o por burócratas. Expuso la necesidad de que se instale una casa refugio de seguridad para los periodistas que se sientan en riesgo, además de la elaboración de un plan emergente y estrategias de seguridad más eficaces por parte de las autoridades.
Carmen González, corresponsal de El Sur en Tlapa, explicó que en La Montaña el riesgo no es por la violencia del crimen organizado, sino porque las organizaciones sociales aún no saben diferenciar lo que es un periodista que igual puede ser linchado por una confusión o simplemente porque alguien lo pida en una manifestación de inconformes.
A su vez Antonia Ramírez, también corresponsal de este periódico en Tlapa, agregó que ser reportera es un doble riesgo; por ser periodista y por ser mujer, porque dijo que en una zona machista es más difícil que las mujeres ob-tengan información de sus fuentes.
Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación (API), reconoció que en la zona Norte, por el temor, los reporteros han caído en la autocensura por el riesgo que implica escribir algo que incomode a los grupos de poder o al crimen organizado, sobre todo después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al encuentro asistieron representantes de organismos civiles de derechos humanos, como el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz. Así como dirigentes de organizaciones sociales como Nicolás Chávez, de la Asamblea Popular de los Pueblos Guerrero (APPG), el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán.
Los representantes de organismos civiles ofrecieron su respaldo a los periodistas. Barrera Hernández consideró que se debe elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la CIDH.
Olivares Hernández dijo por su parte que “es necesario que defensores y periodistas unan fuerzas para enfrentar la embestida del Gobierno del Estado”. En tanto, el director del CCTI, Díaz Taboada, dijo que se pretende con este ambiente de agresiones a la prensa miedo para que se recurra a la censura y Chávez Adame pidió que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales se unan para defender la libertad de expresión.
Presidieron la asamblea los reporteros de La Jornada Sergio Ocampo y Margena de la O, y el corresponsal de El Universal, Arturo de Dios Palma y asistieron entre otros Jesús Guerrero, Beatriz García, Jonathan Cuevas, Kau Sirenio, Hercilia Castro, Yener de los Santos, Ulises Domínguez, Vania Pigeonutt y Marlen Castro.

 

Falta una parte de la tercera entrega de granos a damnificados de la Montaña

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña acordaron buscar reuniones con autoridades estatales y federales para que les entreguen los granos básicos faltantes, maíz, frijol y arroz, de la tercera remesa en 63 comunidades, por lo que además generarán acciones para que se los entreguen.
Asimismo, señalaron que está pendiente la cuarta entrega a la que se comprometió el gobernador priista Héctor Astudillo Flores, pero no tiene fecha de inicio, y que quedan pendientes la quinta y la sexta entregas que pedirán al gobierno federal.
Luego de la revisión de los asuntos de la reunión, los nahuas, me’phaa y na savi participantes dijeron que buscarán los acercamientos, por lo que acordaron que una comisión de 11 representantes acuda a la Ciudad de México a una reunión con el senador Armando Ríos Piter, este 27 de abril, para que medie en la entrega de los granos para las familias de los 13 municipios que integran el Consejo.
Buscarán que los atienda el secretario de Desarrollo Social, Gustavo Miranda, con quien tuvieron acuerdos cuando era subsecretario de Gobernación federal, ya que el actual, René Juárez, los ha ignorado, para que les resuelvan la quinta y la sexta entrega de los granos básicos.
Asimismo, acordaron que en la semana buscarán platicar con el gobernador para que les diga cuándo iniciará la cuarta entrega a la que se comprometió su gobierno.
Dijeron que esperarán una respuesta de las autoridades antes del 6 de mayo, o de lo contrario iniciarán movilizaciones para exigir el derecho a la alimentación y que se ve vulnerado porque sus tierras quedaron dañadas luego de la tormenta Manuel de septiembre de 2013, y no pueden producir.
En la reunión estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y representantes de los municipios de Malinaltepc, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Atlixtac, Zapotiltán Tablas y Tlacoapa, entre otros.
La reunión inició a las 10 de la mañana y terminó alrededor de las 2 de la tarde.

Defraudó el Estado a los padres de los 43; reunirse con autoridades será improductivo, dice Abel Barrera

 

El Estado defraudó a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y a la comunidad internacional al reactivar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña legalmente a los familiares de las víctimas.
En el cierre del periodo de sesiones de la CIDH en Washington los comisionados se refirieron al caso Ayotzinapa que se abordó en la sesión del 17 de marzo, y confirmaron que hubo una ruptura entre los familiares de las víctimas y el Estado mexicano, a la que siguió una reunión de trabajo “bastante difícil” donde hubo diálogo, dijo la comisionada Esmeralda Arosamena Troitiño.
Ayer en consulta telefónica, Barrera Hernández informó que en este momento no se van a reunir con las autoridades porque “será improductivo”, los padres van a esperar la mesa de trabajo con los comisionados de la CIDH en México, prevista para abril.
Denunció que la postura del Estado, que dio el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián de considerar válida la tesis del basurero de Cocula, “fue abiertamente a la defensiva” y desconcertó a las mismas instancias internacionales que, en la sede de la Comisión, se haya desacreditado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con pruebas científicas descartó la tesis oficial del Estado.
Barrera Hernández añadió que hay 130 detenidos, y de ellos no más de 16 están vinculados con los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y no están acusadas de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada a pesar de que hay videos y testimonios de que estuvieron involucrados policías y militares.
Además de las irregularidades en el proceso de investigación, donde se presumen actos de tortura, detenciones que no están relacionadas con este caso, el gobierno sigue sosteniendo que es la versión más consolidada.
En el informe del Estado también se informó que se había atendido el 94 por ciento de las recomendaciones del GIEI, y el defensor aseguró que también es una falacia, porque no han entregado resultados.
Las autoridades “le apostaron a dar un informe, dieron datos vacuos para sobrellevar 20 minutos que le tocaban y el último minuto para reivindicar su postura dura del caso Ayotzinapa, para seguir administrando el caso políticamente, y es lo más perverso”.
Aclaró que lo que las víctimas pelean a las autoridades encargadas de la investigación de delitos, es que las actuaciones estuvieron viciadas para fabricar culpables.
“Hay una postura política que ha defraudado a los padres y ha defraudado a la comunidad internacional, cuando en la sesión pública vuelve reivindicar la hipótesis del basurero de Cocula como la más consolidada. Tiran todo el trabajo riguroso, científico, de alto profesionalismo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y desautorizan la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
Para el gobierno, por encima de todo ese trabajo está su versión que construyó desde diferentes instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, denunció.
Ahora queda esperar la reunión con la CIDH y el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa en la Ciudad de México, con integrantes del equipo técnico.
De esta visita precisó que va más allá de que el gobierno declare que tiene disposición a seguir las líneas de investigación propuestas por el GIEI, sino que exprese apertura y voluntad, en la vía de los hechos, con resultados.
Mencionó que en la CIDH los padres y representantes hicieron solicitudes concretas: saber en qué fechas van a proceder contra los policías de Huitzuco y los policías federales implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuándo van a enviar los citatorios a los militares, en qué tiempo van a tener los resultados del análisis de la telefonía celular de los estudiantes desaparecidos y de los implicados, así como de la identificación de El Patrón y de El Caminante señalados en la investigación del GIEI, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los normalistas.
“Más allá de decir ‘sí queremos avanzar’, de manera concreta deben decir en qué tiempo habrá resultados en estos puntos”. Después, que se renueve el compromiso del gobierno de que hay una decisión firme del gobierno de llegar a la verdad.
Mientras tanto, dijo que los padres y madres están recibiendo información más completa de lo que significa la posición política que asumió el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para tener una valoración objetiva y al mismo tiempo puedan tener entrevistas y reuniones que serán en abril.
“El punto de la crisis está precisamente en que la PGR ha perdido credibilidad por estos manoseos, formas de investigar más centradas en el manejo faccioso de la escena de los hechos, creo que ese es el punto de discusión de fondo, y la importancia de que este mecanismo internacional ayude a desmantelar estos vicios de las investigaciones”, agregó.
“La ayuda internacional radica en que se obligue a las autoridades a corregir las inconsistencias, la falta de voluntad, porque sigue anclado a su verdad histórica, porque es la que más le acomoda a un gobierno que no quiere desarraigar la corrupción y los vicios de proteger a los responsables”, explicó.